Servicio universal y contabilidad regulatoria

El Servicio Universal es el conjunto de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible. Los distintos servicios que lo conforman son:

El derecho de conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija que permita el acceso funcional a Internet y al servicio telefónico disponible al público,
el derecho a disponer de guías y servicios de consultas de abonados,
los teléfonos públicos de pago,
las tarifas y condiciones especiales para usuarios con discapacidades y con necesidades específicas,
la gratuidad de las llamadas a los servicios de emergencia y
el servicio de consulta telefónica sobre números de abonado (11818). El 11818 dejó de prestarse el 1 de enero de 2012 dado que los números de consulta (118) se ofrecían en competencia y no era necesario su mantenimiento como parte del servicio universal.

La Ley de Economía Sostenible estableció que, a partir de 2012, la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas con capacidad de acceso funcional a Internet, garantizada por el servicio universal de telecomunicaciones, deberá permitir comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad en sentido descendente de 1 Mb/s.

Verificamos y aprobamos la declaración anual del coste neto del servicio universal realizada por los operadores obligados a su prestación. Posteriormente, determinamos el coste neto del servicio universal para cada año y, por otro lado, si dicho coste supone una carga injustificada para los operadores obligados a su prestación, en cuyo caso debe procederse a la apertura del mecanismo de financiación del servicio universal.

En ese caso, establecemos qué operadores están obligados a compartir el coste neto de ese ejercicio y concretamos los importes exactos con que cada uno de los operadores debe contribuir a lo que se denomina el Fondo Nacional del Servicio Universal (FNSU). La normativa actual, encomienda a la CNMC el cobro de los importes anteriores así como su transferencia a los operadores prestadores del SU.

Por otra parte, establecemos los sistemas de contabilidad de costes que deben aplicarse a los operadores declarados con poder significativo de mercado y que están obligados a mantener una contabilidad regulatoria para hacer posible la fijación de precios regulados, concretando además el formato y los métodos contables que éstos deben utilizar.

Realizamos la revisión anual de los resultados de costes de los operadores obligados con el objeto de tener información sobre ingresos, costes y márgenes de los servicios. En dicha revisión, comprobamos que los operadores cumplan los criterios establecidos y ordenamos, en su caso, las modificaciones pertinentes, aportando información relevante para diversas decisiones regulatorias.

También determinamos las tasas de retorno a considerar para el cálculo de los costes de capital en la contabilidad de costes regulatoria, al objeto de contemplar una tasa razonable de rendimiento sobre las inversiones realizadas.