- El objetivo es evitar los enganches ilegales a la red o la manipulación de los contadores que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.
- El procedimiento agiliza la detección y el cobro y reduce las cargas administrativas de las Comunidades Autónomas.
Las conexiones ilegales a la red o la manipulación de los contadores son prácticas que van en aumento y suponen un fraude para el sistema gasista. Además de encarecer los costes para las compañías y los consumidores, generan riesgos relacionados con la seguridad ciudadana.
La CNMC propone agilizar el procedimiento para que los titulares de las redes (distribuidores) detecten el fraude y facturen los importes asociados. A su vez, es garantista con los derechos de los consumidores (INF/DE/302/25):
- Visita de inspección y levantamiento del acta de inspección.
- Apertura del expediente de fraude.
- Determinación de la cantidad de energía defraudada y valoración.
- Notificación al consumidor del expediente y trámite de alegaciones.
- Facturación del fraude detectado.
El documento incluye criterios para estimar las cantidades de gas defraudadas y su valoración económica. Como novedad, está la posibilidad de reducir los recargos aplicados al defraudador si acepta el importe de la deuda y se acoge a la modalidad de pronto pago.
La norma puede suponer una menor carga para las Comunidades Autónomas cuando tramitan los expedientes de fraude en las instalaciones.
