Id. Cendoj: 28079230062016100426
ECLI: ES:AN:2016:4835
ROJ: SAN 4835/2016
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 38/2016
Fecha de Resolución: 17/12/2016
Nº de Recurso: 2/2015
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: ANA ISABEL RESA GOMEZ
Procedimiento: Derechos Fundamentales
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    INTIMIDAD E INVIOLABILIDAD DOMICILIO  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000002 / 2015

 Tipo de Recurso: DERECHOS FUNDAMENTALES

 Núm. Registro General: 01217/2015

 Demandante: FHISASTUR S.L.

 Procurador: D. JOSÉ NUÑEZ ARMENDÁRIZ

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IIma. Sra.: Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. Berta Santillan Pedrosa

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil dieciséis.

 Visto el recurso contencioso-administrativo, que ante esta Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y bajo el número 2/2015, se tramita a instancia de FHISASTUR S.L. representada por el Procurador D. José Núñez Armendáriz, frente a la ilegal actuación inspectora desarrollada por la CNMC en el domicilio social de la actora durante los días 20 y 21 de enero de 2015, en tanto que constitutiva de vía de hecho; interpuesto al amparo de lo previsto en los arts. 114 y siguientes de la Ley 29/98 , de 13 de julio, para la protección de los derechos fundamentales de la persona, ha emitido dictamen el Ministerio Fiscal; y en el que la Administración demandada ha estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado. La cuantía del mismo es indeterminada y habiendo sido Ponente la Ilma. Sra. Dª ANA ISABEL RESA GÓMEZ, Magistrada de la Sección.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO: La parte actora interpuso, en fecha 2 de marzo de 2015, este recurso respecto de los actos antes aludidos; admitido a trámite y reclamado el expediente se le dio traslado para que formalizara la demanda, lo que hizo en tiempo; y en ella realizó una exposición fáctica y la alegación de los preceptos legales que estimó aplicables, concretando su petición en el suplico de la misma, en el que solicitó se dicte sentencia declarando que la actuación inspectora desarrollada por la CNMC los días 20 y 21 de enero de 2015 en el domicilio social de Fhisatur S.L., en tanto que constitutiva de vía de hecho, ha vulnerado los derechos fundamentales a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones consagrados en el art. 18.2 y 3 de la Constitución , declarando la nulidad de la misma, condenándose a la CNMC a la devolución de todos aquellos documentos que se hubieran recabado así como a la inmediata destrucción de los archivos obtenidos.

 SEGUNDO: De la demanda se dio traslado al Ministerio Fiscal, que emitió su dictamen en fecha 28 de abril de 2015, concluyendo que procede la desestimación del recurso al no apreciar que se haya producido infracción alguna de derechos constitucionales.

 TERCERO: Asimismo, se confirió traslado al Sr. Abogado del Estado, quien en nombre de la Administración demandada contestó en un relato fáctico y una argumentación jurídica que sirvió al mismo para concretar su oposición al recurso en el suplico de la misma, en el cual solicitó, la desestimación del recurso.

 CUARTO: Solicitado el recibimiento del pleito a prueba, fue practicada la que propuesta se declaró pertinente con el resultado obrante en autos y tras evacuar las partes el trámite de conclusiones quedaron los autos conclusos y pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 16 de diciembre de 2015, en el que efectivamente se deliberó, votó y falló, habiéndose observado en la tramitación del presente recurso todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO: Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la actuación inspectora realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en el domicilio social de Fhisastur S.L. los días 20 y 21 de enero de 2015, por entender la parte actora que es constitutiva de la vía de hecho y que vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones.

 SEGUNDO: Alega la actora como hechos que fundamentan la denuncia, los siguientes:

 Durante los días 20 y 21 de enero de 2015, la Dirección de Competencia de la CNMC, a través de sus inspectores y en el curso de una actuación inspectora dirigida respecto de Fabrica de Hormigones Industriales SA (FHISA) (arrendadora de las dependencias en las que se sitúa el domicilio social de Fhisastur S.L), llevó a cabo un registro en el domicilio social de FHISASTUR, sin mostrar resolución administrativa o autorización judicial que diese cobertura a tal actuación, así como sin obtener el consentimiento expreso y válido de la misma, ni del empleado de Fhisastur SL que se encontraba presente en aquel momento (D.          Luis Pablo ) ni de ningún representante de Fhisatur. Destaca que la Orden de Inspección de la CNMC se dirigía frente a Fhisa y no frente a Fhisastur S.L. que es una sociedad independiente y con un objeto social distinto de Fhisa, y cuyo domicilio social radica en un local u oficina arrendado por Fhisa, circunstancias éstas de las que fueron debidamente informados los inspectores de la CNMC a los que se aportó el contrato de arrendamiento.

 Es más, D.          Luis Pablo (empleado de Fhisastur S.L.) mostró a los inspectores de la CNMC en todo momento su expresa oposición a la entrada y registro del interior del domicilio social de dicha empresa, a pesar de lo cual , los inspectores de la CNMC continuaron con su actividad recopilando cuanta documentación (tanto en soporte físico - papel- como digital -archivos electrónicos- estimaron, y todo ello con la expresa oposición del empleado de Fhisastur S.L., sin el consentimiento válido de ningún representante de la sociedad y sin contar con resolución judicial que permitiera esa actuación.

 En cuanto a la conculcación del derecho al secreto de las comunicaciones, refiere que adentrándose los inspectores de la CNMC en el domicilio social de Fhisastur S.L. y con expresa oposición de su empleado allí presente, intervinieron los equipos informáticos (ordenador y teléfono móvil) ubicados en su interior de los que extrajeron archivos varios adjuntos a mensajes del programa de correo electrónico (Microsoft Outlook) y mensajería instantánea (aplicación Whatsapp), instalados en aquéllos.

 TERCERO: El Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal consideran que no se han vulnerado los derechos aludidos por cuanto si bien D.          Luis Pablo se opone a la entrada en un principio, posteriormente la admite y permite la inspección de su ordenador personal, de su maletín e incluso de su teléfono, consentimiento que no se ve invalidado por las advertencias que la inspección realiza ante una posible actitud de obstrucción a la labor inspectora , pero no con respecto a él, sino con respecto a la sociedad inspeccionada. Añaden que consta también el consentimiento de una de las máximas responsables de Fhisastur, Dª           Lina , socia fundadora de la sociedad, que además de estar presente consintió expresamente la inspección. Añaden que refiriéndose toda la documentación recabada a la sociedad inspeccionada y no a la parte actora, la inspección es válida y que en el supuesto de que pudiese figurar documentación relativa a dicha parte procedería ordenar su devolución.

 CUARTO: La problemática aquí planteada requiere considerar que de las SSTC 144/1999 y 119/2001 se colige que el derecho a la intimidad personal y familiar ( art. 18.1 CE ) tiene por objeto la protección de un ámbito reservado de la vida de las personas excluido del conocimiento de terceros, sean éstos poderes públicos o particulares, mientras que el derecho a la inviolabilidad del domicilio protege un ámbito espacial determinado, el "domicilio", por ser aquél en el que los individuos, libres de toda sujeción a los usos y convenciones sociales, ejercen su libertad más íntima, siendo objeto de protección de este derecho tanto el espacio físico en sí mismo considerado, como lo que en él hay de emanación de la persona y de su esfera privada ( SSTC 22/1984 , 94/1999 y 119/2001 ).

 Ahora bien, la anterior construcción, estructurada más bien desde una perspectiva más próxima a la noción de individuo, no obsta, a que el propio Tribunal Constitucional, haya reconocido asimismo el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, a las personas jurídicas. Así, en sus Sentencias 137/1985, de 17 de febrero y 149/1987, de 17 de octubre , ha venido a dar una respuesta afirmativa a la cuestión de si las personas jurídicas gozan del derecho fundamental de la inviolabilidad domiciliaria.

 En efecto, el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que la libertad del domicilio se califica como reflejo directo de la protección acordada en el ordenamiento a la persona, pero no necesariamente a la persona física, desde el momento en que la persona jurídica viene a colocarse en el lugar del sujeto privado comprendido dentro del área de la tutela constitucional.

 Siguiendo con los razonamientos del máximo intérprete de la Constitución, cabe afirmar que garantizar la inviolabilidad del domicilio, presupone partir del reconocimiento de éste, como un ámbito espacial de privacidad de la persona que por tanto debe resultar inmune a cualquier tipo de agresión y a otras personas sean públicas o privadas, y como consecuencia de ello, dicha garantía ha de extenderse asimismo a la interdicción como posibles formas de injerencia en el domicilio, de entradas y registros en la medida que sólo serán constitucionalmente legítimos en los supuestos de flagrante delito, o en los casos en que hubiese mediado consentimiento del titular o resolución judicial, teniendo como nos recuerda la STC 136/2000 de 29 de mayo , carácter taxativo las excepciones a la expresada interdicción.

 Dado que la Constitución no ofrece una definición expresa del domicilio como objeto de protección del artículo 18 , este concepto ha venido siendo perfilado por el Tribunal Constitucional poniendo de manifiesto en primer término que "la idea de domicilio que utiliza el artículo 18 de la Constitución no coincide plenamente con la que se utiliza en materia de Derecho privado y en especial en el artículo 40 del Código Civil como punto de localización de la persona o lugar de ejercicio por ésta de sus derechos y obligaciones".

 En segundo lugar, que el concepto constitucional de domicilio tiene "mayor amplitud que el concepto jurídico privado o jurídico- administrativo "( STC 94/1999 ), y no "admite concepciones reduccionistas como las que lo equiparan al concepto jurídico-penal de morada habitual o habitación "( STC 94/1999 ).

 En aplicación de esta genérica doctrina, el Tribunal Constitucional ha considerado domicilio a una vivienda aun cuando en el momento del registro no esté habitada (STC 94/1999) y, sin embargo, rechaza predicar dicha conceptuación a los locales destinados a almacén de mercancías ( STC 228/1997 ), a un bar y un almacén ( STC 283/2000 ) o a unas oficinas de una empresa ( ATC 171/1989 ).

 Pues bien, interesa resaltar aquí, que el Tribunal Constitucional, ( STC 76/1992, de 14 de mayo ) ha negado en general la consideración como domicilio de "los restantes edificios o lugares de acceso dependiente del consentimiento de sus titulares" a los que el artículo 87.2 LOPJ extendía (y hoy hace lo propio artículo 8.6 de la Ley 29/1998 ) la necesidad de autorización judicial para su entrada cuando ello sea necesario para la ejecución forzosa de los actos administrativos.

 Del análisis de la doctrina del Tribunal Constitucional acometido en las líneas anteriores, podemos concluir que el artículo 8.6 LRJCA , otorga efectivamente un mecanismo de control al Juez Contencioso- Administrativo, a los efectos, no sólo de preservar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, sino también, y como presupuesto de éste, el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, erigiéndose en consecuencia dicho mecanismo de control, en un auténtico filtro a efectos de evitar comportamientos arbitrarios de la Administración cuya interdicción viene proclamada ya por el artículo 9.3 de la Constitución y específicamente a través de la necesidad de que la Administración Pública actúe con sometimiento pleno a la ley y al derecho, como expresamente preceptúa el artículo 103.1 de nuestra Norma Fundamental.

 Sin perjuicio de lo expuesto, asistimos en la actualidad a lo que quizás podríamos denominar una interpretación restrictiva de la necesidad de solicitar del órgano jurisdiccional la correspondiente autorización para la entrada tanto en domicilios, como en lugares cuyo acceso depende del consentimiento de su titular, lo cual obtiene oportuno reflejo en ámbitos sectoriales, como acontece por ejemplo con la Ley de Defensa de la Competencia que en su artículo 27 faculta al personal de la CNMC, debidamente autorizado por el director correspondiente, entre otras a acceder a cualquier local, instalación, terreno y medio de transporte de las empresas y asociaciones de empresas y al domicilio particular de los empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas y a verificar los libros, registros y otros documentos relativos a la actividad de que se trate, cualquiera que sea su soporte material, incluidos los programas informáticos y los archivos magnéticos, ópticos o de cualquier otra clase. qué requerirá el previo consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial.

 QUINTO: Por lo que se refiere al derecho a la inviolabilidad del domicilio de las personas jurídicas, señala la STC 69/1999 que " Respecto al concepto de domicilio y a los titulares del derecho a su inviolabilidad ha de tenerse presente que no todo local sobre cuyo acceso posee poder de disposición su titular debe ser considerado como domicilio a los fines de la protección que el art. 18.2 C.E . garantiza [ SSTC 149/1991, fundamento jurídico 6 º, y 76/1992 , fundamento jurídico 3º, así como, respecto a distintos locales, los AATC 272/1985 , 349/1988 , 171/1989 , 198/1991 , 58/1992 , 223/1993 y 333/1993 ]. Y la razón que impide esta extensión es que el derecho fundamental aquí considerado no puede confundirse con la protección de la propiedad de los inmuebles ni de otras titularidades reales u obligacionales relativas a dichos bienes que puedan otorgar una facultad de exclusión de los terceros.

 De otra parte, tampoco existe una plena correlación entre el concepto legal de domicilio de las personas jurídicas, en el presente caso el establecido por la legislación mercantil, con el del domicilio constitucionalmente protegido, ya que éste es un concepto «de mayor amplitud que el concepto jurídico privado o jurídico administrativo» ( SSTC 22/1984, fundamentos 2 º y 5º; 160/1991, fundamento jurídico 8 º, y 50/1995 , fundamento jurídico 5º, entre otras) (...)

 La Constitución, «al establecer el derecho a la inviolabilidad del domicilio, no lo circunscribe a las personas físicas, siendo pues extensivo o predicable igualmente de las personas jurídicas» Si bien esta afirmación de principio se ha hecho no sin matizaciones relevantes, entre ellas la consideración de la «naturaleza y especialidad de fines» de dichas personas ( STC 137/1985 , fundamento jurídico 5º).

 Tal afirmación no implica, pues, que el mencionado derecho fundamental tenga un contenido enteramente idéntico con el que se predica de las personas físicas. Basta reparar, en efecto, que, respecto a éstas, el domicilio constitucionalmente protegido, en cuanto morada o habitación de la persona, entraña una estrecha vinculación con su ámbito de intimidad, como hemos declarado desde la STC 22/1984 , fundamento jurídico 5º; pues lo que se protege no es sólo un espacio físico sino también lo que en él hay de emanación de una persona física y de su esfera privada ( STC 22/1984 y ATC 171/1989 ), lo que indudablemente no concurre en el caso de las personas jurídicas. Aunque no es menos cierto, sin embargo, que éstas también son titulares de ciertos espacios que, por la actividad que en ellos se lleva a cabo, requieren una protección frente a la intromisión ajena.

 (...) En atención a la naturaleza y la especificidad de los fines de los entes aquí considerados, ha de entenderse que en este ámbito la protección constitucional del domicilio de las personas jurídicas y, en lo que aquí importa, de las sociedades mercantiles, sólo se extiende a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas, por constituir el centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la misma o servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento que quedan reservados al conocimiento de terceros.

 En el presente supuesto el día 12 de enero de 2015 la DI adoptó una Orden de Investigación que tenía como objeto la realización de una inspección domiciliaria a FHISA en el marco de un trámite de información reservada de los previstos en el artículo 49.2 LDC .

 La citada Orden de Investigación autorizaba a varios funcionarios de la CNMC a llevar a cabo las actuaciones inspectoras en la sede de la empresa citada los días 20 y 21 de enero de 2015, recogía las facultades que la ley les otorgaba y una breve descripción de la forma en que la inspección se llevaría a cabo, así como una relación de las actuaciones por parte de la empresa que podrían considerarse obstrucción a la labor inspectora...

 SEXTO : A la hora de aplicar la jurisprudencia citada al presente supuesto con carácter previo, deben hacerse constar las siguientes precisiones, deducidas de los autos y del expediente administrativo:

 1.- Que la entidad Fhisastur S.L. se constituyó por escritura pública de fecha 24 de mayo de 1.994. por Dª          Lina y Dª          Manuela , siendo esta última nombrada administradora única de la misma quien fue reelegida por escritura pública de fecha 7 de octubre de 1.997.

 2.- Como documento nº 6 consta contrato de arrendamiento de inmueble para uso distinto de vivienda, en concreto Local Comercial nº 1 , en la Calle Luis Treillard, número 23, en Salinas, Concejo de Castrillón, destinado a oficina, celebrado entre Fhisa SA como arrendadora y Fhisastur S.L. como arrendataria, por un plazo de 10 años.

 3.- Que por escritura de fecha 13 de noviembre de 2012 se procedió a elevar a público el cambio de domicilio social a la Calle Luis Treillard, nº 21, bajo derecha en Salinas, Concejo de Castrillón.

 4.- Que dicho despacho no es ocupado por ninguna de las dos socias de la mercantil recurrente, sino por un trabajador D.          Luis Pablo , que no acredita ningún tipo de representación o apoderamiento y que además presta servicios para la sociedad inspeccionada, destacando como su correo electrónico es          DIRECCION000 .

 5.- Que no consta centralizada definitivamente su gestión administrativa ni la dirección de sus negocios, ni que sea el centro de la dirección de la sociedad o que sirva a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la misma, sino todo lo contrario, en el despacho que utiliza D.          Luis Pablo y tal y como este reconoce expresamente, lleva la contabilidad de Fhisa y está integrado en la organización de la vida de dicha sociedad, pues tiene conocimiento de la identidad de los socios y apoderados, se comunica con todos los socios, es reconocido por el resto de los trabajadores y tiene conocimiento exacto del organigrama y estructura de la empresa, la cuenta de correo como hemos dicho es de Fhisa y no de Fhisastur y la documentación incautada se refiere a la primera y no a la segunda. Debe añadirse que los directivos y trabajadores de Fhisa entran en el despacho del Sr.          Luis Pablo , cuando no está, lo que sería impensable si se tratase de otra empresa distinta.

 6.- .Consta en el acta de la inspección (51) que Dª          Lina -vocal del Consejo de Administración de Fhisa-, firmó el recibí y conforme de la Orden de Investigación, accediendo a la práctica de dicha actuación y que la misma, cotitular de Fhisastur no se opuso a la entrada en el referido despacho, aún cuando el Sr.          Luis Pablo , que solo era un empleado sin poder de representación si lo hiciera.

 Todo este conjunto de circunstancias nos llevan a concluir que el despacho del Sr.          Luis Pablo , aun cuando pudiera considerarse como domicilio social de Fhisastur, a efectos mercantiles, no es domicilio constitucionalmente protegido, al considerarse como integrante de Fhisa, por lo que la entrada resultó amparada en la Orden de Investigación, no habiéndose vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio, consagrado en el art. 18 de la Constitución .

 SÉPTIMO: En segundo lugar alega la actora que la actuación inspectora ha vulnerado su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, alegación con la que no podemos mostrarnos tampoco conformes, por cuanto y como resulta del acta, toda la documentación incautada no era de la actora sino de la inspeccionada, por lo que la eventual vulneración de dicho derecho únicamente podría ser invocado por esta última, de haber considerado que con la actuación inspectora se produjo una injerencia o intromisión ilegítima a tal derecho.

 Efectivamente del acta se desprende que es el Sr.          Luis Pablo , empleado de Fhisastur S.L., el que admite poder tener documentación de Fhisa en su despacho (66) y que es en el curso de la inspección y durante el día 20 de enero de 2015 donde se revisa y obtiene copias de determinada documentación en soporte papel, recabada del despacho del Sr.          Luis Pablo y de la mesa de Dª          Carmen , como en soporte electrónico procedentes de dispositivos Smartphone de D.          Saturnino y del Sr.          Luis Pablo ante su presencia y en la misma fecha (68, 69, y 70).

 Consta asimismo que el acceso a la cuenta particular de correo electrónico del Sr.          Luis Pablo , su ordenador portátil y su documentación privada en papel, se realiza a efectos de comprobar que su contenido no está relacionado con el objeto de la inspección (87).

 Toda la información obtenida queda contenida en un archivo contenedor denominado FHISA.zip al que se le ha asignado un código o valor de verificación de identidad.

 Por tanto la documentación recabada pertenece a la empresa inspeccionada y no a la actora, no existe ningún dato que nos permita afirmar lo contrario. Es más en el acta con el nº 82 consta que el equipo inspector ha procedido al borrado de toda la información intermedia recabada.

 Por tanto, como quiera que la información obtenida pertenece a la inspeccionada y no a la actora, la posible vulneración del secreto de las comunicaciones única y exclusivamente puede ser invocada por el titular de las mismas, en este caso FHISA, pero no por la actora, por lo que procede desestimar este motivo. Todo ello sin perjuicio, como dice el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, que de haber aprehendido algún documento relativo a la actora y no a la inspeccionada, se proceda a su devolución y sin que en base a ella pudiera iniciarse expediente sancionador alguno, al haber sido obtenido ilícitamente, pero repetimos sólo en este caso.

 En este sentido la Sentencia del Tribunal General de la UE de 14 de noviembre de 2012 en el asunto T-135/09 Nexans, subraya la posibilidad, o incluso obligación, de los funcionarios de competencia de comprobar, examinar o acceder a documentos ajenos al objeto de la inspección durante el transcurso de la misma: "No obstante, a pesar de lo anterior, cuando la Comisión realiza una inspección en los locales de una empresa en virtud del artículo 20, apartado 4, del Reglamento n° 1/2003 , está obliga a limitar su indagación a las actividades de dicha empresa relacionadas con los sectores indicados en la decisión por la que se ordena la inspección y, por consiguiente, una vez que ha comprobado, tras efectuar su examen, que un documento o una información no están comprendidos en dichas actividades, debe abstenerse de utilizarlos para su investigación".

 OCTAVO: A tenor de lo establecido en el artículo 139 de la LRJCA , en su redacción dada por la Ley 37/2011 de 10 de octubre, aplicable por razón de la fecha de interposición del presente recurso, procede imponer las costas a la parte actora.

FALLAMOS

 En atención a lo expuesto la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido:

 DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de FHISASTUR S.L. frente a la actuación inspectora desarrollada por la CNMC en el domicilio social de la actora durante los días 20 y 21 de enero de 2015, que consideramos ajustada a Derecho, no habiéndose vulnerado el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio ni el secreto de las comunicaciones de la actora, con las salvedades contenidas en el fundamento de derecho séptimo. Con costas.

 Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la misma cabe recurso de casación, siguiendo las indicaciones prescritas en el articulo 248 de la Ley Orgánica 6/1985 , y testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 29/01/2016 doy fe.