Id. Cendoj: 28079230062016100475
ECLI: ES:AN:2016:4953
ROJ: SAN 4953/2016
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 10/2017
Fecha de Resolución: 22/12/2016
Nº de Recurso: 347/2013
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: BERTA MARIA SANTILLAN PEDROSA
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000347 / 2013

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 03266/2013

 Demandante: COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

 Procurador: D. ALBERTO COLLADO MARTIN

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IIma. Sra.: Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a veintidos de diciembre de dos mil dieciséis.

 Visto el presente recurso contencioso administrativo tramitado ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional con el nº 347/2013 promovido por el COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS representado por el Procurador D. Alberto Collado Martín, contra la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia dictada en fecha 4 de junio de 2013, recaída en el expediente S/0356/11 Tecniberia y Colegio de Ingenieros de Caminos, que impone la sanción de multa por importe de 200.000 euros. Ha sido parte en autos, el Abogado del Estado en defensa y en representación de la Administración demandada.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO- . Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la ley, se emplazó al recurrente para que formalizase la demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que entendió oportunos solicitó a la Sala que:

 "Con carácter principal, dicte sentencia y declare nula de pleno derecho la Resolución recurrida; o, alternativamente

 Con carácter subsidiario, dicte sentencia y anule parcialmente la resolución recurrida, anulando la multa impuesta; o, alternativamente

 Con carácter totalmente subsidiario, dicte sentencia y anule parcialmente la resolución recurrida, reduciendo significativamente la multa impuesta".

 SEGUNDO.- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que suplicó se dicte sentencia por la que se desestime el recurso contencioso administrativo interpuesto.

 TERCERO.- Una vez practicadas las pruebas admitidas a tramite, se dio traslado a las partes para que presentaran escritos de conclusiones y, una vez aportados, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

 CUARTO.- Para votación y fallo del presente proceso se señaló el día 14 de diciembre de 2016, fecha en la que tuvo lugar.

 VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.

 Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dña. BERTA SANTILLAN PEDROSA.

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

 PRIMERO.- Es objeto de impugnación en este recurso contencioso-administrativo la resolución dictada por la Comisión Nacional de la Competencia en fecha 4 de junio de 2013 en el expediente sancionador S/0356/11, Tecniberia y Colegio de Ingenieros de Caminos, incoado por la Dirección de Investigación de la CNC por supuestas prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC ).

 Concretamente, la resolución impugnada acuerda:

 "PRIMERO.- Declarar que en este expediente ha resultado acreditada una infracción del Artículo 1.1.a) de la Ley de Defensa de la Competencia consistente en una recomendación de precios, de la que son autores el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) y la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA).

 SEGUNDO.- Imponer a los autores de la conducta infractora las siguientes multas sancionadoras:

 Doscientos mil euros (200.000¤) al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

 Doscientos mil euros (200.000¤) a la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos.

 TERCERO.- Intimar a los autores para que en lo sucesivo se abstengan de cometer prácticas como las sancionadas u otras similares que puedan obstaculizar la competencia.

 CUARTO- Instar a la Dirección de Investigación para que vigile el cumplimiento íntegro de esta Resolución".

 Y ello porque la CNC entendió que tanto el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos como TECNIBERIA habían realizado una pluralidad de acciones que tenían una lógica común de actuación dentro del plan global que sus autores perseguían; como fue la posibilidad de afectar a la formación de precios en el sector de la ingeniería civil para evitar la tendencia deflacionista detectada. Conductas que la CNC consideró que eran una recomendación colectiva de precios con aptitud para distorsionar la competencia en precios en los servicios de ingeniería civil. Y para llegar a esa conclusión la CNC sostiene que es obvio que pretenden influir sobre las Administraciones Publicas y el marco normativo, pero también sobre la manera en que los profesionales y las empresas determinan el precio de sus proyectos. Y para alcanzar ese objetivo TECNIBERIA y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos han elaborado o han colaborado en la realización de determinados trabajos sobre los costes y estructura tarifaria de las empresas del sector y sobre los métodos de calculo de precios que posteriormente han publicado y difundido con un objetivo común. Actuaciones que según la CNC pretendían establecer un estándar de costes de la actividad y, a partir de ello, disponer de una metodología de calculo de los precios que asegurase el beneficio y evitase las bajas temerarias y, con ello, además, reforzar su capacidad de negociación frente a los clientes, tratando de preservar un margen de beneficio y evitando, según sus propios términos, "tendencias deflacionistas".

 SEGUNDO.- Para poder centrar adecuadamente el objeto del presente proceso se destacan los siguientes hechos que se deducen del expediente administrativo:

 1.- La DI tuvo conocimiento en septiembre de 2011, a través de la prensa, de la publicación y distribución por parte del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de TECNIBERIA - Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos que es la patronal española de este sector- de dos estudios titulados "Los costes en el ejercicio de la consultoría e ingeniería de proyecto" (cuaderno nº 6 para la ordenación del ejercicio profesional) y "Los costes unitarios de los profesionales que intervienen en la redacción de proyectos y asistencias técnicas para la construcción de obras civiles" (cuaderno nº 18 para la ordenación del ejercicio profesional) que, entre otros aspectos, especificaban los precios unitarios de venta (por mes y hora de trabajo) para las diferentes categorías profesionales (diferenciando entre experto, titulado senior, titulado, técnico y auxiliar o entre ingenieros de caminos, otros titulados superiores, titulados medios, auxiliares técnicos, delineantes, administrativos, e inspectores de campo) y cuantificaban las bajas que debían reputarse temerarias en las licitaciones así como el beneficio industrial mínimo.

 2. El 14 de octubre de 2011, la DI acordó la incoación de expediente sancionador contra el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y contra TECNIBERIA, por conductas prohibidas por el artículo 1 de la LDC consistentes en la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio; expediente que finalizó tras la tramitación pertinente con la resolución ahora impugnada.

 3.- Por lo que se refiere a las publicaciones difundidas, la DI entendió que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y TECNIBERIA han elaborado o colaborado en la realización de determinados trabajos sobre los costes y estructura tarifaria de las empresas del sector que posteriormente han publicado y difundido y que fueron:

 - Publicaciones de 2006: El folleto "Las crecientes bajas en los concursos de ingeniería " (folios 311-312) aportado por el CICCP y publicado en septiembre de 2006 cuyo contenido es similar al folleto "La calidad y el justo precio en los trabajos profesionales de inge niería" (folios 418-423). Este segundo folleto ha estado disponible en la Web del CICCP, hasta al menos el 5 de junio de 2012.

 - Publicaciones de 2007:

 a) CICCP y ECNIBERIA encargaron un trabajo de investigación a la consultora Deloitte sobre estructura de costes de las empresas de consultoría e ingeniería, denominado "Determinación de bases de referencia para el calculo de las tarifas del Sector" (folios 358-385). Con los resultados de este informe se publicó un folleto díptico titulado "Determinación de bases de referencia para el cálculo de las tarifas del sector de la ingeniería" (folios 280, 283-284 y 354, 386-388). Y en este folleto se refleja que el objetivo del Informe de Deloitte es "determinar la estructura tarifaria de las empresas del sector a partir de la estructura de costes, mediante encuestación de las empresas asociadas de TECNIBERIA (...)."

 b) Cuaderno nº 6 publicado por el CICCP "Los costes en el ejercicio de la consultoría e ingeniería de proyecto" , noviembre de 2007 y actualización de enero de 2010.

 -Publicaciones en 2009:

 a) Cuaderno nº 18 publicado por el CICCP en el que se recogen los datos facilitados por TECNIBERIA en relación con los resultados de varias encuestas realizadas a sus asociados. Y en consecuencia en dicho cuaderno se recoge una tabla con una estimación de los niveles salariales de las distintas categorías de ingenieros preparada por los servicios técnicos de TECNIBERIA sobre la base de la información que contenía el Cuaderno 6 (folios 355-356).

 b) Publicación de TECNIBERIA "Los costes unitarios de los profesionales en las empresas de ingeniería" (folios 389-406) de enero de 2010 que también se denomina encuesta 2009 (folio 390) y en la que TECNIBERIA reconoce en referencia a la actualización del cuaderno nº 6, que "recientemente el Colegio ha publicado una actualización para la que ha contado como dato de partida con la encuesta salarial que Tecniberia ha realizado entre sus asociados" y en la que también afirma, al igual que en el cuaderno nº 18, que "Tecniberia realiza periódicamente encuestas entre sus empresas del sector de la ingeniería civil asociadas con objeto de conocer los costes salariales de mercado que se están aplicando. La última de estas encuestas se ha llevado a cabo el año 2009, y con ella se pretende obtener, no sólo los costes actuales de mercado para los distintos profesionales, sino, además, corroborar y afinar la estructura de costes aplicables a los trabajos de ingeniería civil...".

 - Publicaciones de 2010:

 a) Informe y resumen ejecutivo "Los costes unitarios de los profesionales en las empresas de ingeniería" (folios 389-406) de enero de 2010. La participación del CICCP en estos documentos queda recogida en las portadas de los mismos donde junto al logotipo de TECNIBERIA aparece el del CICCP. Asimismo, en el preámbulo del informe se indica "Tanto por su contribución a la redacción del mismo como por su identificación con los datos que en el se ofrecen, Tecniberia agradece el trabajo realizado por el CICCP y realiza esta edición para contribuir a su mayor difusión entre las empresas, profesionales y clientes del sector de la ingeniería" (folio 391).

 b) En enero de 2010 se publico el cuaderno nº 18 para la ordenación del ejercicio profesional del CICCP denominado "Los costes unitarios de los profesionales que intervienen en la redacción de proyectos y asistencias técnicas para la construcción de obras civiles" indicando que para su elaboración se partía de los documentos de 2007 y la encuesta de 2009 realizada por TECNIBERIA.

 c) Actualización del cuaderno nº 6, en abril de 2010. El CICCP difundió los cuadernos nº 6 y nº 18 a través de su página Web.

 La CNC, a la vista de esas publicaciones, concluyó que tanto TECNIBERIA como el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos establecieron un método para la elaboración de presupuestos a partir del cálculo de costes indicando cómo debían fijarse los precios de los servicios que prestaban los profesionales de las empresas de ingeniería, de forma que se mantuviera un beneficio del 6% (Cuaderno nº 18, enero de 2010 e informe "Los costes unitarios de los profesionales en las empresas de ingeniería) o del 10% (Cuaderno nº 6, noviembre de 2007 y abril de 2010), y el intervalo en el que los precios podían oscilar, cuantificando en un 15% las bajas que debían reputarse temerarias, además de señalar cuáles serían los precios "razonables" de licitación y su posible dispersión".

 TERCERO. - En el escrito de demanda presentado por la recurrente se solicita la nulidad de la resolución impugnada y ello en virtud de las siguientes consideraciones:

 1.- Alega defectos formales determinantes de nulidad como es que en la resolución impugnada no se haya aplicado el articulo 101 del TFUE a pesar de ser una conducta que podía afectar al comercio entre Estado miembros de la Unión Europea.

 2.- Niega que los documentos elaborados por el Colegio supusieran una recomendación indirecta de precios dirigidas a los colegiados como así se calificó por la CNC. Al contrario, perseguían una reforma del sistema y estaban dirigidos a la Administración ya que estaban preocupados por la evolución de los precios en los concursos y como afectaban dichos precios a la calidad de los proyectos de ingeniería ya que entendían que los precios que había no permitían realizar los proyectos de ingeniería con una dedicación y calidad suficiente y ello perjudicaba al interés publico.

 Admite que en el año 2006 adoptó dos cuadernos en los que se analizaban la evolución de los precios y su incidencia en la calidad. Y que la asociación de consultorías de ingeniería, Tecniberia, que también era consciente del problema, encargó en 2007 a la Consultoria Deloitte analizar la estructura de costes de las empresas de consultoría e ingeniería y su relación con la calidad de los proyectos. El Colegio de Ingenieros que entendió que el estudio encargado por Tecniberia podría ser útil para analizar y solucionar el problema detectado acordó financiar una parte de su coste y utilizar así los datos que ahí figuraban para hacer propuestas a la Administración y crear un debate en el sector para promover una reforma de los concursos públicos y para ello los documentos se difundieron en su web. Y esos documentos fueron: (a) un estudio de Deloitte sobre los coste de proyectos de ingeniería y su resumen ejecutivo; (b) el documento "determinación de bases de referencia para el calculo de las tarifas del sector de la ingeniería; (c) encuestas sobre los costes salariales del sector; (d) documento "resumen ejecutivo de los costes unitarios de los profesionales".

 3.- La recurrente en su defensa destaca especialmente que según la CNC su participación en la conducta infractora ha consistido, por una parte, en el encargo de un primer informe (Deloitte) unido a su publicación y por otra en la elaboración del informe de 2010 y su resumen ejecutivo, con su publicación, considerándose ambas actuaciones, como integrantes de una misma conducta.

 Pues bien sostiene la actora que el objeto del informe Deloitte no consiste en la fijación de precios (directa ni indirecta) sino en el análisis de la estructura de costes en las empresas del sector, a partir de las encuestas realizadas en ese concreto ámbito y en cuanto al objeto del informe de 2010, este toma de partida el informe Deloitte y se trata, de nuevo, de un análisis de costes.

 De este modo considera que la conducta por su objeto no es sancionable, sino que en todo caso su carácter ilícito vendría determinado por sus efectos, reales o potenciales, que desde luego niega, así como niega que se trate de una recomendación, pues se trata simplemente de la elaboración de estudios o informes, a partir de los conocimientos técnicos de una consultora, con ulterior aplicación de datos obtenidos de fuentes públicas, para la transparencia y mejor conocimiento de los costes existentes en el sector.

 4.- Que en todo caso se trataría de recomendaciones no vinculantes puesto que no se ha acreditado que fueran objeto de seguimiento ni se adoptaron medidas para garantizar su cumplimiento y por tanto no se ha vulnerado la competencia.

 5.- Se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia puesto que no concurre culpa.

 6.- La multa impuesta vulnera el principio de proporcionalidad.

 CUARTO.- Visto el planteamiento del presente recurso corresponde determinar si los documentos elaborados y publicados por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos junto con TECNIBERIA pueden calificarse como contrarios a la competencia por cuanto según la CNC han supuesto una recomendación de precios dirigidas a los colegiados y a las empresas de consultoría de ingeniería.

 Esta Sala destaca que esta misma Sección en fecha 5 de junio de 2015 dictó sentencia desestimando el recurso contencioso administrativo nº 322/2013 que había interpuesto TECNIBERIA frente a la misma resolución sancionadora que ahora constituye el objeto del presente proceso. En el recurso nº 322/2013 y en el presente no solo se esta impugnando la misma resolución sancionadora sino que, además, dada la naturaleza especifica de las conductas que se tipifican en el articulo 1 de la LDC , resulta que las publicaciones en las que, según la CNC, se ha recogido una recomendación colectiva de precios se han realizado de común acuerdo por TECNIBERIA y el Colegio de Ingenieros ahora recurrente. Y esa identidad nos lleva ahora por razones de seguridad jurídica y de unidad de doctrina a desestimar igualmente el presente proceso al tratarse en ambos recursos cuestiones semejantes que deben obtener una misma respuesta para así evitar no solo sentencias contradictorias sino para lograr seguridad jurídica. Y para dar una respuesta a las alegaciones de la recurrente nos remitimos a los fundamentos de derecho de la sentencia dictada en el recurso nº 322/2013 en el que TECNIBERIA realizaba asimismo alegaciones semejantes a las que ahora se examinan. Concretamente, en la sentencia de 5 de junio de 2015 decíamos:

 " SEPTIMO.-

 ......

 Las conductas realizadas propician una pauta común de comportamiento para las empresas de ingeniería y los ingenieros de caminos, canales y puertos que limita la competencia entre ellos en una variable fundamental para la competencia como es el precio, por lo que son aptas para restringir la competencia efectiva en el mercado.

 Como señaló esta Sala en la sentencia de 29 de junio de 2011 :

 "Ha resultado suficientemente probada la existencia de recomendación colectiva tendente a limitar la competencia en la libre formación de los precios. Tal conducta consiste en una acción coordinada tendente a eliminar la incertidumbre en el comportamiento del competidor. Pues bien, en el supuesto que contemplamos, es evidente que una recomendación colectiva de varias entidades que integran a los principales profesionales en el sector de la alimentación, tiende directamente a unificar comportamientos con la correspondiente eliminación de la incertidumbre de los individuales competidores. La recomendación, atendiendo a los entes del que procedía, revestía la aptitud suficiente para provocar la unificación en el comportamiento. Y a ello no es obstáculo que los profesionales del sector tuviesen libertad para fijar los precios, porque lo importante es la eliminación de la incertidumbre mediante la recomendación.

 Por otra parte la coordinación pude ser, como señala el precepto, mediante una conducta conscientemente paralela, sin que sea necesario un acuerdo expreso. La conducta, dada la temporalidad de publicación de las notas, así como el contenido de las mismas, refleja una consciencia en el comportamiento paralelo."

 La conducta es apta para afectar la libre competencia: tal aptitud está claramente descrita en la resolución impugnada, al señalar que las publicaciones divulgadas entre empresas y colegiados:

 Estandariza la manera en que se computan los costes y se deben calcular los precios de los servicios de ingeniería civil. Con ello, se refuerza la capacidad de negociación frente a clientes y puede tener el efecto de homogeneizar las ofertas. No debe olvidarse a este respecto que gran parte de los servicios se demandan a través de licitaciones públicas. En este contexto, la homogeneización de las ofertas puede resultar especialmente perversa.

 Además, con este tipo de estrategia se desincentiva la reducción de costes. El cálculo de costes que se propone no sólo tiende a homogeneizar cómo se computan los mismos entre empresas, sino que parte de la base de que éstas deben recuperar todo gasto en el que incurran, relacionado o no con el proyecto, eficiente o no. De esta forma, lejos de difundir una cultura de racionalidad y presión a la baja en los costes se trata de asentar la idea de que se deben trasladar a los clientes.

 Como declaran los documentos, este tipo de iniciativa va dirigida también y fundamentalmente a los profesionales más jóvenes, que son aquellos entrantes con mayor incentivo y capacidad para competir en precio.

 Imputados al proyecto todos estos costes y el beneficio empresarial, el CICCP considera que: "Para que los trabajos de consultoría e ingeniería se hagan con la profesionalidad y experiencia requeridas y tengan la calidad necesaria, es preciso que sean retribuidos correctamente a precios reales de mercado. Estos precios, de acuerdo con las pautas metodológicas ofrecidas, podrán oscilar en un entorno del 15%. Cualquier baja superior debe considerarse temeraria ya que no garantiza que los trabajos estén completos y tengan la calidad necesaria, pudiendo dar lugar, además, a costes excesivos e inesperados al llevar a cabo las inversiones previstas".

 "En el Anexo se incluye un listado de precios unitarios de venta para diferentes profesionales y recursos humanos, calculado con arreglo a los criterios anteriores".

 El mensaje que se lanza en el cuaderno nº 18 del CICCP "Los costes unitarios de los profesionales que intervienen en la redacción de proyectos y asistencias técnicas para la construcción de obras civiles", con base en datos de 2009 es similar al anterior:

 "...Como extensión de dicho trabajo y tomando como base los precios de mercado obtenidos por la asociación de empresas de ingeniería Tecniberia, se presentan ahora los distintos costes asociados a las prestaciones profesionales en el campo de la ingeniería y asistencias técnicas para la construcción de obras de ingeniería civil, lo que arroja los precios de mercado y de licitación que en la actualidad deben estimarse como los que corresponden con la calidad exigible a los citados trabajos.

 El presente trabajo no constituye pues una recomendación sobre precios unitarios de venta, sino tan sólo la plasmación de los precios de mercado actuales, tal como demandaban conocer muchos colegiados, toda vez que habiendo desaparecido los honorarios orientativos, querían tener una herramienta de conocimiento sobre los costes de mercado".

 TECNIBERIA, por su parte, en 2010 elabora el informe "Los costes unitarios de los profesionales en las empresas de ingeniería" y un resumen ejecutivo del mismo, aplicando datos numéricos actualizados a las fórmulas propuestas (folio 34). A partir de ello se calcula el "Precio Medio de venta en obra" que actúa como precio orientativo, aunque señala:

 "Esta dispersión, manteniendo una calidad aceptable, nunca será superior al 15% en más y en menos, de acuerdo con lo expuesto en el folleto del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos...(...).

 Y concluye:

 "Una vez más, la encuesta de Tecniberia ha corroborado la estructura de costes en las empresas dedicadas a la redacción de proyectos y asistencias técnicas para la construcción de obras civiles, siendo coherentes los datos resultantes con los que se habían obtenido en los trabajos realizados anteriormente, al respecto, por el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos y por Tecniberia.

 Además, con los salarios brutos de mercado y los datos de estructura obtenidos en la nueva encuesta realizada, se han calculado los costes directos del personal los precios de venta y los precios de licitación razonables para asegurar un beneficio mínimo de un 6% (folio 38).

 OCTAVO.- La parte actora señala la ausencia de efectos anticompetitivos y en este sentido debemos recordar que, según reiterada jurisprudencia, de cara a la aplicación del artículo 101 TFUE , apartado 1, la ponderación de los efectos concretos de un acuerdo es superflua cuando resulte que éstos tienen por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión, 56/64 y 58/64, Rec. p. 429 , y de 8 de diciembre de 2011, KME Germany y otros/Comisión, C-272/09 P, Rec. p. I-0000, apartado 65, y KME Germany y otros/Comisión, C-389/10 P, Rec. p. I-0000, apartado 75).

 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la distinción entre «infracciones por objeto» e «infracciones por efecto» reside en el hecho de que determinadas formas de colusión entre empresas pueden considerarse, por su propia naturaleza, perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia (sentencias de 20 de noviembre de 2008, Beef Industry Development Society y Barry Brothers, C-209/07 , Rec. p . I- 8637, apartado 17 , y de 4 de junio de 2009, T- Mobile Netherlands y otros, C-8/08 , Rec. p. I-4529, apartado 29).

 Esto viene a significar que un acuerdo que puede afectar al comercio y que tiene un objeto contrario a la competencia constituye, por su propia naturaleza e independientemente de sus efectos concretos, una restricción sensible del juego de la competencia, por lo que la falta de seguimiento o la ausencia de efectos, de ser cierta, no evita el carácter ilícito de la conducta.

 Tampoco puede admitirse la vulneración del derecho de creación literaria, científica o técnica consagrada en el art. 20 de la Constitución , pues la protección especial o acrecida de tales derechos, no pueden amparar en modo alguno conductas prohibidas por la Ley como es el caso.

 NOVENO.- Y en cuanto a los restantes motivos aducidos por la actora igual suerte desestimatoria deben correr.

 Efectivamente mantiene la recurrente que de considerar su conducta constitutiva de infracción, se trataría de una conducta exenta al amparo del art. 1.3 de la LDC .

 Dicho precepto dispone: "La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que contribuyan a mejorar la producción o la comercialización y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico, sin que sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto, siempre que:

 a) Permitan a los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de sus ventajas.

 b) No impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para la consecución de aquellos objetivos, y

 c) No consientan a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios contemplados.

 En este supuesto la estandarización de costes y precios en los servicios de ingeniería civil no reporta eficiencias o, al menos, no se han acreditado ni tiene traslado o reflejo a los consumidores y presumir, como dice la resolución impugnada, que la iniciativa es necesaria para mejorar la comercialización o producción de bienes y servicios es tanto como dar a entender que sin ella las partes, empresarios, administración y empresas, no denotan interés por el resultado de sus trabajos.

 Tampoco cabe acoger el argumento de que en la actuación de la actora no intervino ni dolo ni culpa al no perseguirse efecto anticompetitivo alguno y que en todo caso la sanción era desproporcionada.

 Las actuaciones que son tipificadas por la Ley como infracción pueden ser realizadas tanto a título de dolo como de negligencia y en la actuación de la actora no se ha destacado la más mínima diligencia que le llevara a entender que estaba ante una conducta no amparada por la Ley, dado que la recomendación sobre precios se realizó a los propios profesionales. Dicha falta de diligencia con independencia de su intencionalidad le hace merecedora de sanción.

 A su vez el art. 63 de la LDC dispone en su apartado 1 que "Los órganos competentes podrán imponer a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en la presente Ley las siguientes sanciones...":

 Por su parte el art. 64 El importe de las sanciones se fijará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:

 a) La dimensión y características del mercado afectado por la infracción.

 b) La cuota de mercado de la empresa o empresas responsables.

 c) El alcance de la infracción.

 d) La duración de la infracción.

 e) El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos.

 f) Los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia de la infracción.

 g) Las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en relación con cada una de las empresas responsables. (...)

 3. Para fijar el importe de la sanción se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias atenuantes:

 a) La realización de actuaciones que pongan fin a la infracción.

 b) La no aplicación efectiva de las conductas prohibidas.

 c) La realización de actuaciones tendentes a reparar el daño causado.

 d) La colaboración activa y efectiva con la Comisión Nacional de la Competencia llevada a cabo fuera de los supuestos de exención y de reducción del importe de la multa regulados en los artículos 65 y 66 de esta Ley.

 No puede acogerse la atenuante de realización de actuaciones que pusieran fin a la infracción, pues la retirada de las publicaciones de la página web se adoptó una vez que la DI inició su investigación. Tampoco la de colaborar activamente pues la Asociación se ha limitado al cumplimiento del deber de colaboración establecido en el art. 39 de la LDC y en cuanto a la no aplicación efectiva de las conductas prohibidas, consta, la parte actora no lo niega, que el informe se publicó en los términos expuestos, y en cuanto a la ausencia de efectos, obviamente dicha circunstancia ha sido tomada en consideración, cuando el importe de la multa se ha fijado en 200.000¤.

 Como dice la resolución impugnada, se tratan de recomendaciones no vinculantes, no se ha acreditado que fueran objeto de seguimiento ni que se adoptaran medidas para garantizar su cumplimiento. La CNC considera que de la cifra máxima de 901.518,16¤, establecida como tope máximo para las Asociaciones, procede imponer 200.000¤., que consideramos ajustada a Derecho".

 QUINTO .- Los anteriores razonamientos nos llevan a desestimar el recurso y por lo que se refiere a las costas a tenor de lo establecido en el artículo 139 de la LRJCA , procede imponer las costas a la parte actora.

FALLAMOS

 Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo nº 347/2013 promovido por el COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS representado por el Procurador D. Alberto Collado Martín, contra la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia dictada en fecha 4 de junio de 2013, recaída en el expediente S/0356/11 Tecniberia y Colegio de Ingenieros de Caminos, que impone la sanción de multa por importe de 200.000 euros y, en consecuencia, se confirma al ser ajustada a derecho.

 Se imponen a la parte actora las costas procesales causadas en esta instancia.

 Así por esta nuestra Sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , y contra la que cabe recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 11/01/2017 doy fe.