Id. Cendoj: 28079230062017100411
ECLI: ES:AN:2017:5080
ROJ: SAN 5080/2017
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 24/11/2017
Nº de Recurso: 61/2014
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: BERTA MARIA SANTILLAN PEDROSA
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000061 / 2014

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 00753/2014

 Demandante: INDUSTRIA DESMOTADORA ANDALUZA; S.L. (INDESA)

 Procurador: D. RAMÓN RODRÍGUEZ NOGUEIRA

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: ALGODONERA BLANCA PALOMA S.A., ADESUR Y ASOCIACIÓN DE DESMOTADORAS DEL SUR

 Abogado Del Estado

 Ponente IIma. Sra.: Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete.

 VISTO el presente recurso contencioso-administrativo núm. 61/2014 promovido por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira en nombre y representación de "INDUSTRIA DESMOTADORA ANDALUZA; S.L." (INDESA) contra la resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dictada en el expediente sancionador        NUM000 , Desmotadoras de Algodón. Ha sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado. Y como partes codemandadas han intervenido la entidad ALGODONERA BLANCA PALOMA S.A., representada por la Procuradora Dª Olga Rodríguez Herranz; la entidad ADESUR, representada por la Procuradora Dª María José Bueno Ramírez y la Asociación de Desmotadoras del Sur representada por el Procurador D. Gabriel María Diego Quevedo.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO .- Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando se dictase sentencia por la que:

 "...la Resolución adoptada por el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el 27 de diciembre de 2013 en el expediente          NUM000 - Desmotadoras de Algodón-, Resolución que deberá ser declarada contraria a Derecho en su integridad y, como consecuencia de ello, anuladas todas sus declaraciones e intimaciones, incluida la multa impuesta a nuestra mandante.

 Subsidiariamente, para el caso de que la Sala a la que tengo el honor de dirigirme desestime los argumentos de nulidad de la resolución, a título subsidiario, que anule o reduzca sustancialmente la multa de 98.565,97 euros impuesta a INDESA por las razones y en cuantías que han quedado expuestas a lo largo del presente escrito.

 En cualquiera de los casos anteriores, se solicita que se acuerde expresa imposición de costas a la Administración demandada y que se ordene a la CNMC la publicación, a su costa, de la parte dispositiva de la sentencia que se dicte".

 SEGUNDO .- El Abogado del Estado y la defensa de la mercantil codemandada ALGODONERA BLANCA PALOMA, S.A. contestaron a la demanda mediante sendos escritos en los que suplicaban se dictase sentencia por la que se confirmase el acto recurrido en todos sus extremos.

 TERCERO .- Pendiente el recurso de señalamiento para votación y fallo cuando por turno le correspondiera, se fijó para ello la audiencia del día 13 de septiembre de 2017, en que tuvo lugar.

 Ha sido ponente la Ilma. Sra. Dña. BERTA SANTILLAN PEDROSA, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO .- A través de este proceso la mercantil "Industria Desmotadora Andaluza, S.L." (en adelante, INDESA) impugna la resolución de fecha 19 de diciembre de 2013 dictada por el Consejo de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el expediente          NUM000 DESMOTADORAS DE ALGODÓN cuya parte dispositiva acuerda:

 "PRIMERO .- Declarar la existencia de conductas prohibidas por el Artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia y del Artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de Julio , de Defesa de la Competencia, consistentes de una infracción única y continuada, que engloba prácticas de fijación de precios, reparto de mercado y cierre de mercado a otras empresas.

 SEGUNDO .- Las conductas anteriormente descritas y concretadas suponen una infracción muy grave tipificada en el Artículo 62.4.a) de la Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia .

 TERCERO. - Declarar responsables de dichas infracciones a las siguientes Empresas y Asociaciones sectoriales:

 ...

 INDESA (Industria Desmotadora Andaluza)

 CUARTO .- Procede, con amparo en lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 16/1989 de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia , imponerles las siguientes sanciones:

 (...)

 - Industria Desmotadora Andaluza (INDESA) ... 98.565,97 euros.

 QUINTO .- Intimar a las Asociaciones sectoriales y Empresas sancionadas para que, en el futuro, se abstengan de realizar conductas iguales o semejantes, del tenor de las anteriormente tipificadas.

 (...)".

 La referida resolución sancionadora recurrida ha concluido que los acuerdos anticompetitivos sancionados se han acordado por empresas y asociaciones del sector del algodón y, más concretamente, del algodón bruto, que es la materia prima para la industria desmotadora en particular. Y en dicha resolución se identifica como mercado afectado el del aprovisionamiento de dicho algodón bruto y el del desmotado del mismo.

 Por otra parte, la resolución impugnada sitúa el mercado geográfico afectado en un 99,5% en Andalucía al encontrarse en dicha Comunidad ese porcentaje de la tierra cultivada, y el resto en Murcia, por lo que el mercado geográfico entiende la CNMC que sería el mercado nacional, al verse afectada más de una Comunidad Autónoma.

 Sobre la delimitación del mercado la resolución de 19 de diciembre de 2013 hace la siguiente precisión, de evidente interés a tal objeto:

 "El mercado investigado es el primer eslabón de una cadena (materia prima: algodón fibra de algodón tejidos de algodón de recursos prendas textiles) que en sí misma no se enfrenta a impedimentos naturales y/o legales para operar en condiciones de competencia en toda su extensión. Por ello, una conducta como la investigada, en el primer eslabón genera una asignación sub-óptima de recursos, ya sea porque distorsiona el precio competitivo del insumo inicial, bien porque da lugar a un margen de beneficio superior al natural competitivo. Así pues, de producirse, la conducta investigada en este expediente sancionador a fortiori altera el normal desarrollo competitivo de la toda la actividad productiva construida alrededor de ese insumo inicial, con incidencia aguas abajo y afectatorio a todo el territorio nacional".

 La misma resolución incluye diversas consideraciones en torno a las ayudas asignadas a este mercado por su incidencia en las conductas investigadas y finalmente sancionadas, conductas que la CNMC califica como una infracción única y continuada, acreditada por "... la existencia de reuniones y contactos sucesivos y reiterados, así como suficiente documentación probatoria que conforman un todo armónico e indesligable, llevados a cabo por las empresas desmotadoras de algodón y las asociaciones sectoriales, durante el periodo de tiempo comprendido entre las campañas 2004/2005 hasta la campaña 2012/2013 con el fin de consensuar y adoptar una estrategia común, mediante acuerdos de voluntades, con el fin último de controlar el mercado de aprovisionamiento de algodón bruto y de desmotado de algodón" ; y que en el caso de la entidad aquí recurrente, INDESA, -cuya área de actuación abarca toda Andalucía y la región de Murcia- concreta de este modo:

 INDESA (que no pertenece a ningún grupo empresarial y pertenece a la Asociación Sectorial AEDA) es responsable de las siguientes prácticas:

 a) Acuerdo de fijación, directa o indirecta, de precios concretamente de correcciones de precios por calidad, desde la campaña 2007/2008 hasta la 2012/2013 incluida; y por fijación de precios de anticipo o de salida por las campañas 2009/2010 y 2010/2011.

 b) Acuerdo de reparto y boicot a la empresa ALGODONERA LA BLANCA PALOMA desde el año 2009 al 2012.

 Y al abordar la tipificación de las conductas objeto de sanción, parte la Comisión de la existencia de una infracción única y continuada en función del objetivo final común que persiguen todas ellas, cuál sería el control del mercado de aprovisionamiento de algodón bruto y de desmotado del algodón durante el periodo comprendido, al menos, entre el 2004 y 2012.

 Tales conductas se habrían materializado en un acuerdo de fijación de precios de anticipo, correcciones por calidad y precios de transporte, conceptos cuyo análisis individualizado aborda la resolución, que se refiere también al cierre de mercado y boicot sufrido por la empresa Algodonera La Blanca Paloma. Todo lo cual lleva a la CNMC a concluir que se trata de conductas prohibidas por el Artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia y del Artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de Julio , de Defesa de la Competencia.

 SEGUNDO.- Con el fin de centrar adecuadamente el objeto del presente proceso se destacan los siguientes hechos que se deducen del expediente administrativo:

 1) Con fecha 7 de septiembre del 2011 se recibió en la extinta CNC denuncia de la UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE ANDALUCIA (UPA- ANDALUCIA) contra Algodonera del Sur S.A. (ALGOSUR), Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas S.A. (DAFISA), Eurosemillas S.A. (EUROSEMILLAS), SURCOTTON S.A., Industria Desmotadora Andaluza S.L. (INDESA), y Colectivo Algodoneras del Sur de Andalucía S.L. (COALSA), por supuestas conductas prohibidas por la Ley 15/2007 de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia, "consistentes en la adopción de acuerdos tendentes, de forma directa o indirecta, a fijar los precios pagados a los productores de algodón".

 2) Iniciada información reservada por la entonces Dirección de Investigación (DI) al amparo de lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , y practicados los requerimientos de información que obran en el expediente, con el resultado que igualmente consta, mediante resolución de 24 de febrero de 2012 la DI acordó la incoación de expediente sancionador contra ALGOSUR, DAFISA, EUROSEMILLAS (por las actuaciones de Eurosemillas y de Surcotton, su filial), INDESA y COALSA por posibles conductas prohibidas e incardinables en el Artículo 1 de la Ley 15/2007 , consistentes en un supuesto acuerdo de fijación del precio de anticipo para la compra del algodón sin desmotar. Al propio tiempo, notificó a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía la incoación de dicho expediente sancionador de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.2.d) de la Ley 1/2002 de 21 de Febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, atendida la especial incidencia en esa Comunidad de los hechos advertidos.

 3) Practicadas las actuaciones que documenta el expediente administrativo, mediante acuerdo de 25 de febrero de 2013 la DI dispuso la ampliación de la incoación a AGRUPACION ESPAÑOLA DE DESMOTADORAS DE ALGODÓN (AEDA) "por posibles prácticas anticompetitivas, consistentes en la adopción de acuerdos tendentes, de forma directa o indirecta, a fijar los precios pagados a los productores de algodón, prohibidas tanto por el Artículo 1 de la Ley 16/1989 de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia , como por el Artículo 1 de la vigente Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia " . Asimismo, se acordó ampliar la incoación por una eventual conducta anticompetitiva consistente en un acuerdo de reparto de mercado de algodón bruto a las empresas EUROSEMILLAS, SURCOTTON, DAFISA, ALGOSUR, INDESA y COALSA; y por "una posible conducta anticompetitiva consistente en el cierre de mercado a otras empresas desmotadoras de algodón" po r parte de las empresas EUROSEMILLAS, SURCOTTON, DAFISA, ALGOSUR, INDESA, COALSA y COMASA, así como a su matriz AGRICOLA CONAGRALSA SL., y a las Asociaciones sectoriales AEDA y ADESUR.

 Con fecha 20 de marzo del 2013, se amplió también la incoación contra COALSA y su matriz al 100% AGRICOLA CONAGRALSA por "posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la adopción de acuerdos tendentes, de forma directa o indirecta, a fijar los precios pagados a los productores de algodón, prohibidas tanto por el Artículo 1 de la Ley 16/1989 de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia , como por el Artículo 1 de la vigente Ley 15/2007 de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia " . Incoación que se extendió por acuerdo de 29 de Mayo del 2013 a PRODUCTORES DEL CAMPO DE ALCALA DEL RIO (PRODUCTORES), LAS PALMERAS, ECIJANA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS (COESAGRO), AGRICOLA Y GANADERA DEL PINZON (PINZON), LAS MARISMAS DE LEBRIJA (LAS MARISMAS) y AGROQUIVIR "por posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la adopción de acuerdos tendentes, de forma directa o indirecta, a fijar los precios pagados a los productores de algodón con anterioridad a la fecha de constitución de COALSA en 2009, prohibidas tanto por el Artículo 1 de la Ley 16/1989 de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia , como por el Artículo 1 de la vigente Ley 15/2007 de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia " .

 4) Formulado con fecha 13 de junio de 2013 el correspondiente pliego de concreción de hechos -que completaba el de 22 de mayo anterior-, y emitida el 16 de julio siguiente propuesta de resolución, la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dictó con fecha 19 de diciembre de 2013 la resolución ahora recurrida.

 5) Ha de destacarse, además, que este mismo sector había sido ya investigado con anterioridad en el precedente expediente          NUM001 "Desmotadoras de Algodón" que concluyó con la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 10 de Junio de 1997 que sancionaba a las siguientes empresas, asociaciones y/o cooperativas: Cooperativa Levantina de Cultivadores de Algodón, Sociedad Agraria de Transformación nº 1381, Surcotton, Cooperativa Cordobesa de Cultivadores de Algodón, Eurosemillas SA., Alysol SA, Cooperativa Andaluza Ecijana de Servicios Agropecuarios, Algodonera La Palma SA, Moratalla SA, Algodonera La Blanca Paloma SA, Las Marismas de Lebrija Sociedad Cooperativa Andaluza, Las Palmeras Sociedad Cooperativa Andaluza, Pinzón Sociedad Cooperativa Andaluza, Trajano Sociedad Cooperativa Andaluza, Carthagosur SCA, Cooperativa Agrícola del Sureste y Nueva Desmotadora Sevillana.

 Tal resolución fue impugnada ante esta Audiencia Nacional, que desestimó el recurso mediante sentencia dictada en fecha 22 de marzo de 2001 , confirmada en casación por otra del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2005, recurso núm. 3668/2002 .

 TERCERO .- En el escrito de demanda presentado por la mercantil recurrente se solicita la nulidad de la sanción impuesta y ello en virtud de las siguientes consideraciones.

 Por una parte refiere vicios en la tramitación del procedimiento sancionador determinantes de nulidad de la resolución sancionadora como son:

 1. La falta de competencia de la CNMC para instruir y sancionar porque entiende que las supuestas conductas anticompetitivas no producen efectos suprautonomicos.

 2. Se ha vulnerado su derecho de defensa por cuanto no se le ha permitido realizar alegaciones sobre la cuantía de la sanción en la propuesta de resolución.

 3. Se han vulnerado las normas de procedimiento en lo que se refiere a la suspensión y a la ampliación del plazo máximo para resolver el expediente administrativo sancionador y notificar a las partes la resolución final. Y concluye que como la CNM ha excedido dicho plazo el citado plazo ello determina la caducidad del expediente administrativo.

 En cuanto al fondo afirma que es errónea la interpretación de prácticas anticompetitivas que la CNMC ha realizado respecto de los hechos que sustentan las conductas que se imputan a la recurrente.

 1. Discrepa de la imputación que la CNMC ha realizado a la recurrente relativa a su participación en un acuerdo de reparto de cierre de mercado y de boicot a la empresa Algodonera La Blanca Paloma desde el año 2009 al 2012. En su defensa afirma que es una imputación absolutamente infundada por cuanto la CNMC confunde una infracción de las normas de defensa de la competencia con una actuación legitima como el cumplimiento de la legislación agrícola vigente o la defensa legitima de los intereses de INDESA. Al respecto sostiene que la implantación del nuevo programa de ayudas en aplicación del Reglamento CE nº 637/2008 pretendía conseguir una mejor viabilidad de la industria mediante el equilibrio entre las fases de producción y transformación del algodón. Y ello determinó múltiples reuniones y consultas entre el sector del desmotado y las correspondientes autoridades y, además, se encargaron estudios de viabilidad del sector. Y es en este contexto donde surge el Real Decreto 169/2010 y la Disposición Adicional Única del mismo según el cual se debía limitar la participación de las plantas de desmotado en el régimen de ayudas al algodón para preservar así dicho equilibrio entre las fases de producción y transformación del algodón a aquellas plantas de desmotado afectadas por la reestructuración que hubieran participado en, al menos, tres de las cuatro siguientes campañas: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 y/o 2009-2010. Por lo que la recurrente concluye que no persiguió en ningún momento prohibir la actividad de desmotado o su presencia en el mercado de la empresa La Algodonera La Blanca Paloma sino que únicamente se defendía que no podía ser partícipe del régimen de ayudas al no haber estado en actividad durante las campañas que señalaba el artículo 7 del Reglamento CE nº 637/2008 así como la citada Disposición Adicional Única. Y en esta misma línea la actora refiere que tampoco es anticompetitiva la defensa por parte de INDESA de sus intereses en el procedimiento de elaboración de la posterior modificación de la Disposición Adicional Única del Real Decreto 169/201.

 2. Igualmente considera que no participó en la adopción de acuerdos ni en reuniones dirigidas a la fijación de correcciones de calidad en los precios desde la campaña 2007/2008 hasta la 2012/2013. Niega que tengan valor de prueba las tablas de correcciones de calidad en el sector desmotador para penalizar o bonificar los precios pactados con el agricultor.

 3. Y, en relación con la imputación de haber participado en el acuerdo de fijación de precios de anticipo en las campañas 2009/2010 y 2010/2011, la recurrente niega igualmente su carácter anticompetitivo. Afirma que los anticipos son un instrumento frecuente en los mercados agrícolas y que sirven para financiar de la manera más rápida posible a los agricultores por los gastos de producción realizados en su explotación ya que el precio final será liquidado mucho más tarde. Y añade que INDESA en ningún momento pactó con competidores el precio de anticipo o salida.

 Finalmente, la recurrente apoya su defensa refiriendo la errónea cuantificación de la multa impuesta en cuanto la CNMC parte para su cálculo de la cifra máxima que se detalla en la Ley 16/1989 - esto es, 901.518 euros- sin motivar las razones para ello.

 CUARTO.- Una vez centrado el objeto de debate iniciaremos el análisis por las cuestiones formales planteadas por la recurrente. Y uno de los argumentos esgrimidos en la demanda es que todo lo actuado en el expediente sancionador es nulo de pleno derecho por aplicación del artículo 62.1.b) de la Ley 30/1992 , de 30 de noviembre, al carecer de competencia la extinta CNC, y después de la CNMC, para instruirlo y resolverlo. Y ello por cuanto la misma correspondería al órgano de competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Agencia de Defensa de Competencia de Andalucía, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, ya que las conductas sancionadas no afectarían a un ámbito superior al de una Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado nacional.

 No podemos asumir dicha alegación si se advierte, como pone de manifiesto la resolución sancionadora, que el mercado geográfico afectado alcanza a la Comunidad Autónoma de Murcia "... siendo los hechos constitutivos de la infracción instruida afectatorios al mercado nacional. De ahí las manifestaciones de UPA (escrito de denuncia previa y ampliación de la misma) de INDESA (área de actuación Andalucía y Murcia), siendo las asociaciones sectoriales de carácter nacional y no simplemente autonómico".

 También argumenta la resolución que "... los hechos constitutivos de la infracción afectan al comercio intracomunitario, habiéndose adoptado estos acuerdos en España, siendo por ello la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la mejor situada en Europa para analizarlos...".

 Por lo demás, el informe emitido por el Consejo de Defensa de Competencia de Andalucía de fecha 14 de mayo de 2013, folios 12310 a 12344 del expediente, y no obstante las consideraciones que contiene sobre la conveniencia de reconocer la existencia de dos mercados afectados -producción de algodón bruto y desmotación de algodón-, con eventual incidencia sobre el mercado geográfico, claramente reconoce la afectación al territorio de la Comunidad Autónoma de Murcia, si bien su participación sería muy limitada; y así, al tratar de las consecuencias de la evolución del mercado de producción de algodón en bruto en el mercado conexo del desmotado, indica que "... para la campaña 2005/2006 el algodón bruto desmotado de la Comunidad Autónoma de Murcia representa sólo un 5,2% con respecto del total".

 Entendemos que todo ello pone de manifiesto que el ámbito geográfico de las conductas investigadas no se limita solo al territorio de una comunidad autónoma, lo que justifica la inicial competencia de la CNC y, posteriormente, de la CNMC para conocer de los hechos investigados.

 QUINTO.- La recurrente, por otra parte, invoca la caducidad del expediente sancionador al haber transcurrido con exceso, se dice, el plazo máximo que para su tramitación y resolución establece la Ley 15/2007, cuyo artículo 36.1 lo fija en dieciocho meses contados desde la incoación del procedimiento y hasta su notificación a los interesados.

 Advierte la parte actora que dicha incoación se produjo mediante acuerdo de 24 de febrero de 2012, siendo así que la resolución sancionadora fue notificada a la recurrente el día 2 de enero de 2014, por lo que habrían transcurrido 19 meses y 11 días. Muestra por ello su disconformidad con el cómputo de las suspensiones de dicho plazo que lleva a cabo la CNMC.

 Así, considera que la resolución de 11 de diciembre de 2013 -folio 16219 del expediente-, por la cual se acordaba levantar, con efectos de 12 de diciembre de 2013, la suspensión acordada el 8 de noviembre anterior, es nula por vulnerar lo dispuesto en el artículo 12.2 del Real Decreto 261/2008 al no fijar dicho acuerdo la nueva fecha del plazo máximo para resolver el procedimiento, en los términos que exige ese precepto.

 Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado esta Sección en la sentencia dictada en fecha 27 de octubre de 2017, recurso nº 89/2014 , y razones de unidad de doctrina y de seguridad jurídica aconsejan adoptar la misma solución y por ello nos remitimos a lo que ya dijimos al respecto en dicha sentencia:

 "TERCERO....

 Sin embargo, y constatada tal omisión, consideramos que el efecto que cabe atribuirle no es el de la nulidad del acuerdo al punto de no considerar suspendido el plazo desde el 19 de noviembre hasta el 12 de diciembre, como pretende la recurrente.

 La determinación de la nueva fecha del plazo máximo para resolver el procedimiento resultaba de una mera operación aritmética teniendo en cuenta que la resolución cuestionada recordaba el día en que se inició la suspensión -8 de noviembre de 2013-, y establecía el día en que se alzaban los efectos de la misma -12 de diciembre de 2013-.

 Por tanto, solo de acreditarse que la circunstancia de no haber reflejado la nueva fecha del plazo máximo de resolución constituye una causa de las previstas en el artículo 62 de la Ley 30/1992 , de 30 de noviembre, podría declararse su pretendida nulidad. Y es lo cierto que dicha acreditación no existe, pues la prueba solicitada en la demanda, y admitida por la Sala, se limitó a la documental obrante en el expediente y a la que se acompañaba con el escrito de formalización, ajena a esta cuestión.

 Entendemos que, en este concreto supuesto, la omisión de la exigencia del invocado artículo 12.2 del Real Decreto 261/2008 es una mera irregularidad no invalidante que no puede arrastrar la ineficacia de la resolución de 11 de diciembre de 2013 ni, por ende, determinar la caducidad del procedimiento, pues el período por el cual se mantuvo la suspensión resulta, insistimos, con toda claridad de su texto en el que se refleja el día a partir del cual se produjo la suspensión y aquel otro en que se procedía a levantar sus efectos.

 Por lo demás, tampoco compartimos el criterio de la parte actora según el cual el recurso interpuesto por ALGOSUR frente al acuerdo de aceptación parcial de confidencialidad de 23 de mayo de 2012 no debió suspender el plazo máximo de resolución del procedimiento, suspensión que fue decidida mediante acuerdo de 31 de mayo de 2012 -folio 4722 del expediente-. Y no lo compartimos por cuanto la decisión que refleja este acuerdo aparece motivada de forma bastante pues indica de manera expresa el precepto que habilita la suspensión en tales casos, artículo 37.1.d) de la Ley 15/2007 , y la razón misma que llevó a acordarla, la garantía de la defensa de los intereses de la mercantil que recurrió el acuerdo de confidencialidad, ALGOSUR.

 La afirmación de que dicha motivación es insuficiente obedece entonces al particular criterio de las entidades aquí recurrentes más que a una razón objetiva, por lo que debe rechazarse la pretendida caducidad del procedimiento".

 SEXTO .- La parte actora también refiere que son nulos de pleno derecho los acuerdos de ampliación de la incoación del expediente adoptados con fechas 25 de febrero y 29 de mayo de 2013; los pliegos de concreción de hechos de 18 de abril y 3 de junio de 2013; y la propuesta de resolución de 26 de junio de 2013. En particular, sostiene que el dictado de dos sucesivos pliegos de concreción de hechos vulnera lo dispuesto en los artículos 50.3 de la LDC y 33.1 del Real Decreto 261/2008 , pues el primero no contempla la posibilidad de que en un mismo expediente recaigan dos pliegos de concreción de hechos; y el segundo no permite a la Dirección de Investigación que siga instruyendo un procedimiento sancionador cuando ha recaído el referido pliego. De lo cual se seguiría, según la demandante, la nulidad del acuerdo de ampliación de incoación y de la propuesta de resolución.

 Tampoco apreciamos en este caso un supuesto de nulidad. El artículo 50.3 de la LDC se refiere, en efecto, a que los "hechos que puedan ser constitutivos de infracción se recogerán en un pliego de concreción de hechos que se notificará a los interesados para que, en un plazo de quince días, puedan contestarlo y, en su caso, proponer las pruebas que consideren pertinentes". Pero esto no quiere decir que si, como sucedió aquí, se hubiera acordado la ampliación de la incoación a otras entidades y, en consecuencia, formulado nuevo pliego de concreción de hechos, se produzca por ello un supuesto de nulidad cuando se han observado todas las garantías que la Ley establece con el fin de preservar los derechos de las entidades expedientadas, fundamentalmente la posibilidad de hacer alegaciones y presentar pruebas.

 SÉPTIMO.- Finalmente, en relación con los vicios del procedimiento, la recurrente señala que se ha vulnerado su derecho de defensa porque no se le ha dado tramite de alegaciones después de la propuesta de resolución en cuanto al importe de la sanción de multa.

 Esta alegación tampoco puede prosperar porque no es cierto que se haya vulnerado su derecho de defensa. Y ello por dos motivos. Primero, porque la propuesta de resolución -folios 15028 a 15211 del expediente administrativo- cumple todas las exigencias previstas en el artículo 34 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero , por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Defensa de la Competencia. Precepto que no impone que la propuesta de resolución cuantifique el importe de la sanción de multa que se determinará por la Sala de Competencia de la CNMC. Y segundo porque el interesado si ha podido formular alegaciones a dicha propuesta de resolución a través de las cuales pudo ejercer su derecho de defensa respecto del criterio que iba a tenerse en cuenta respecto a la determinación de la cuantía de la multa que se impondría por la Sala de Competencia de la CNMC.

 OCTAVO.- En cuanto al fondo, la recurrente, INDESA, rechaza la comisión de las infracciones que se le imputan y denuncia la falta de prueba suficiente de las conductas atribuidas por la CNMC.

 Niega así, en primer lugar, su intervención en un acuerdo de fijación, directa o indirecta, de correcciones de precios por calidad desde la campaña 2007/2008 hasta la campaña 2012/2013 incluida; así como su participación en un acuerdo de fijación de precios de anticipo o de salida por las campañas 2009/2010 y 2010/2011.

 Sin embargo, la abundante prueba recogida en el expediente administrativo, como veremos a continuación, permite constatar que INDESA si ha intervenido en las reuniones en las que las empresas del sector regulaban las condiciones de la campaña del algodón y, entre ellas, el precio de compra del algodón bruto. Acuerdos que se han calificado por la CNMC como acuerdos anticompetitivos que constituyen una infracción única y continuada desde la campaña 2004/2005 hasta la campaña 2012/2013 cuyo fin consistiría, según la CNMC, en "consensuar y adoptar una estrategia común, mediante acuerdos de voluntades, con el fin último de controlar el mercado de aprovisionamiento de algodón bruto y de desmotado de algodón".

 No podemos compartir la afirmación de la recurrente de que no existe ninguna prueba directa ni sobre esa supuesta fijación, directa o indirecta, de precios entre las empresas desmotadoras ni tampoco sobre su participación. Por el contrario, figuran en el expediente administrativo diversas pruebas que ponen de manifiesto que la recurrente sí participó en diversas reuniones en las que se trataban las condiciones de la campaña del algodón y particularmente se analizaban los aspectos relativos al precio de compra del algodón bruto y, por tanto, sí conocía los acuerdos de fijación de precios de anticipo y de fijación de correcciones de precios por calidad. No obstante, para una mejor comprensión de los acuerdos adoptados y la participación de la recurrente debemos señalar previamente que AEDA (AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE DESMOTADORAS DE ALGODÓN) es una asociación privada, sin ánimo de lucro, y que su papel era representar y defender los intereses generales del sector desmotador español, tanto ante las administraciones españolas como ante los organismos de la UE, y proporcionar a sus asociados toda clase de información sobre los asuntos relacionados con su actividad. Dentro de la Agrupación, se establecían dos clases distintas de socios: (1) Socios activos, que son las personas físicas o jurídicas titulares de entidades desmotadoras de algodón legalmente establecidas y con actividad de desmotación efectiva o que mantengan la actividad a través de acuerdos empresariales con entidades desmotadoras y (2) Socios inactivos, que son las personas físicas o jurídicas, que sean o hayan sido titulares de entidades desmotadoras de algodón, y que estén dadas de baja en la actividad o carezcan de actividad de desmotación. Los socios en activo eran en las fechas analizadas en la resolución sancionadora: COMASA, ALGOSUR, COALSA, DAFISA e INDESA.

 Efectuada la anterior aclaración destacamos ahora los medios de prueba que figuran en el expediente administrativo y que acreditan la comisión de la infracción analizada por parte de la recurrente. Son:

 a)correo electrónico recabado en las sedes de COALSA y de AEDA, por el cual el Sr.          Humberto , directivo de COALSA y entonces secretario de AEDA, informa con fecha 18 de septiembre de 2010 a otros directivos de la empresa COALSA sobre el desarrollo de las reuniones mantenidas con otras desmotadoras. Bajo el asunto "REUNIÓN CASTILLO Y OTRAS DESMOTADORAS" se indica (folios 7968 y 9157):

 "Para informar a los que están "de vacaciones o de Feria": como sabéis ayer tuvimos dos reuniones: - Primero nos vimos con Castillo            Rodolfo ,            Carlos Antonio ,            Anselmo y yo (no estuvo presente            Eusebio de Dafisa, pero me llamó antes (...)", directivos correspondientes a las empresas ALGOSUR, INDESA, COALSA y DAFISA.

 Literalmente, en el referido correo electrónico se decía que: "A continuación se incorporó            Ricardo y            Luis María -directivos correspondientes de COALSA y SURCOTTON-EUROSEMILLAS- para concretar los temas de campaña. Después de las típicas echadas en cara de lo que había hecho fulano y mengano en tal sitio (el tema estaba caliente con las Lomas en Cádiz, Dafisa que ha tocado a Tepro" y los líos de Indesa), que parecía que todo se iba al carajo y cada uno por su lado, se calmó la cosa y fuimos al grano. Hemos quedado: Anticipo: 60 ptas/kg más IVA. Coalsa hemos dicho Grado 4,5 Husillos y 5 Stripper. Eurosemillas dicen que ponen grado 5 a todo. Algodón de Stripper rendimiento máximo 29 %. Aplicamos la hoja de compensación de puntos H-1 75 con descuento en rendimiento. El transporte sólo el directo a factoría: la tablilla que teníamos Coalsa del año pasado se lo pagamos al agricultor directamente pero no lometemos en la liquidación del anticipo, sino al final campaña (Nov-Dic).[...]"

 Además, consta que la Dirección de Investigación realiza un análisis de las facturas, de los contratos y de los anexos a los contratos referentes a correcciones de precio por calidad aportados por las empresas, y de ello concluye de manera razonada que se ha producido, efectivamente, la aplicación de las condiciones sobre precios de anticipo y correcciones acordadas para determinadas campañas. En este punto, en cuanto a la campaña 2007/2008, advierte la DI que "Del análisis de los contratos aportados por las empresas desmotadoras, se desprende que el valor de los anticipos en las fechas de inicio de la campaña 2007/2008 es igual a 27¤/100kgs, es decir, 45 ptas./kg, como se recogía en las actas del apartado 5.1.2. Se observa que en noviembre de 2007 algunas de las empresas que han presentado los contratos cambian de precio, incluso el mismo día, pagando 33¤/kg. Los folios donde constan estos contratos son los siguientes: ALGOSUR para los algodones que no son de variedad INTERCOTP 1 (folios 10032 a 10068), LAS MARISMAS (folios 11613 a 11654), AGROQUIVIR (folios 11579 a 11602), LAS PALMERAS (folios 11394 a 11420), PRODUCTORES DEL CAMPO (folio 11371 a 11391), EUROSEMILLAS (folios 10635 a 10659), SURCOTTON (folios 10937 a 10961). Los contratos de la empresa INDESA comienzan en noviembre (folios 11206 a 11221), pagando como anticipo 0,3304 ¤/kg y presentando contratos con valores de anticipo más diversos, y COMASA pagó un anticipo de 0,30 ¤/kg en septiembre, y todos los posteriores ascendieron a 0,3300 ¤/kg (folios 11071 a 11091)".

 Por lo que se refiere a la campaña 2009/2010, consta en el expediente que, del análisis de las facturas facilitadas por las empresas desmotadoras, se desprende que "... el valor de los anticipos en la campaña 2009/2010 es idéntico, e igual a 0,2100 ¤/kg, es decir, 34,88 ptas/kg salvo en el caso de COALSA, en el que en algunas facturas es idéntico y en otra varía a partir del 3° decimal. Los folios donde constan estas facturas son los siguientes:... INDESA (folios 1094 a 1111)".

 En relación a la campaña 2010/2011, la DI pone de manifiesto que "Del análisis de las facturas facilitadas por las empresas desmotadoras se desprende que el valor de los anticipos en la campaña 2010/2011 comenzó en septiembre siendo idéntico para todas las empresas desmotadoras menos para COMASA 96 hasta el 3° decima, siendo igual a 0,360¤/kg de algodón bruto, lo que equivale a 60 ptas./kg ALGOSUR (folios 1151 a 119198) INDESA (folios 1609 a 162099), EUROSEMILLAS (folios 3731 a 3730), SURCOTTON (folios 3838 a 3885), DAFISA (folios 1718 a 17321)...".

 Por otra parte, se acredita que en las campañas de algodón comprendidas entre 2010/2011 y 2011/2012 existieron contactos frecuentes entre las empresas desmotadoras COALSA, ALGOSUR, INDESA, SURCOTTON, EUROSEMILLAS y DAFISA referentes a las cantidades de algodón recepcionadas por cada una de ellas, y así, y en cuanto a la campaña 2010/2011, alude la DI a las anotaciones de una reunión de personal directivo de COALSA de fecha 18 de octubre de 2010 en la cual se relacionan las empresas desmotadoras activas en esa campaña, con indicación de la cantidad recibida en cada una de ellas a fecha 14 de octubre de 2010, en plena campaña del algodón (contenido del folio 8387, nota escrita a mano pero que permite apreciar con claridad la referencia a la reunión de AEDA y ADESUR).

 En relación a la campaña 2011/2012, la realidad de los acuerdos se plasma en el correo electrónico de fecha 14 de octubre de 2011, cuyo asunto era "REUNIÓN DE HOY AEDA-ADESUR", y en el cual se comunica a directivos de COALSA un resumen de la reunión mantenida entre los responsables de las empresas desmotadoras DAFISA, ALGOSUR, INDESA, EUROSEMILLAS-SURCOTTON y COALSA (folio 7978). En él, de manera muy gráfica, se dice lo siguiente:

 "[ ...] Como resumen de la reunión a la que hemos asistido:          Eusebio ,          Rodolfo ,          Carlos Antonio ,          Luis María ,          Gabino ,          Marino ,          Teodoro y yo. El tono de la reunión ha sido bueno y distendido (se ve que tenemos la panza llena de algodón), nos han pegado algún tirito porque llevamos mucho algodón en Coalsa. En cuanto al reparto de Kilos entrados hasta ayer en factoría más o menos cuadran los que ha dicho cada uno:

 Dafisa 12.800 Tm, Surcotton 15.000 Tm, Ecija 10.000 Tm, Algosur 29-30.000 Tm, Indesa 16.000 Tm, Coalsa 30.000 Tm y Las Lomas 3-4.000 Tm (no ha venido). En los almacenes se ha comentado que pueden haber 15-16.000 Tm en total.[...]".

 b)el acta de fecha 24 de septiembre de 2007 de la sesión extraordinaria del Consejo Rector de LAS MARISMAS DE LEBRIJA, acredita la existencia de un acuerdo para fijar el precio de salida provisional, e incluso las condiciones de pago, de la campaña 2006-2007 y 2007/2008 (folios 8712 a 8713)-esta última afecta a la mercantil ahora recurrente-. Acta en la que se recoge:

 "Campaña de algodón. El Sr. Gerente informa que ha habido un acuerdo entre las desmotadoras para salir a un precio provisional de 45 pesetas, precio que, si no pasa una catástrofe, es susceptible de incrementarse.

 El Sr.            Alvaro dice que se está comentando en la calle que puede estar entre 60 a 70 pesetas.

 El Sr. Gerente informa que hoy se podrían pagar las 53 pesetas y dentro de un mes no se sabe, puede que esté en 60 pesetas o en 50 pesetas. Explica que al incremento de precio también ayuda que la semilla de algodón entra en la composición de la alimentación del ganado. Por tanto entre lo que sube la fibra, la semilla que va a subir mucho y la bajada del dólar, hoy en día se podrían pagar 53 pesetas por kilo. En el acuerdo entre desmotadoras también está el liquidarlo todo antes de fin de año".

 c) correo electrónico de fecha 29 de septiembre de 2006, y asunto "Tablas de corrección por rendimiento", la presidenta de AEDA difunde entre sus asociados, una tabla extensa de correcciones por rendimiento, en función de lo acordado en reunión

 (folios 9148-9149):

 "En base a lo acordado en la reunión de esta tarde, remito tablas de adaptación por rendimiento y ampliación de la tabla de longitud.

 Para facilitar la aplicación de la tabla de correcciones según clasificación, he desglosado la tabla de rendimiento por décimas.

 Espero que este todo correcto.

 Saludos cordiales."

 d)Correo electrónico de fecha 6 de octubre de 2008 que la presidenta de AEDA difunde entre sus asociados con el nombre de "Modelo de contrato 2008-2009" que cuenta, por un lado, con el contrato tipo y por otro, con una tabla de correcciones (folios 7933 a 7936). En el cuerpo del mensaje se especifica:

 "Estimados asociados:

 Les adjunto el modelo definitivo de contrato con la corrección realizada el viernes pasado.

 Saludos cordiales".

 e)correo electrónico de fecha 20 de febrero de 2012 con el asunto "COLABORACIÓN" enviado por el representante de la desmotadora INDESA al representante de una de las cooperativas que forman parte de COALSA, y que confirma el intenso contacto que mantienen las empresas desmotadoras. En esta ocasión, el representante de INDESA ofrece al representante de COALSA desmotar el algodón excedente de COALSA de algunos de sus socios a elegir según cooperativa, zona o almacén.

 "HOLA            Luis María , TE COMENTO OTRA POSIBILIDAD DE COLABORACION, ENTRE NUESTRAS EMPRESAS.

 ESTA OPCION SERIA VALIDA SI OS INTERESARA QUE OS DESMOTE Y LACONSEJERIA NO LO AUTORIZARA".

 f)las anotaciones realizadas a mano en la carpeta de actas "Actas 2008- 2012" recabada en el curso de la inspección del despacho del Sr.          Humberto , Presidente de AEDA hasta julio de 2012, y situadas a continuación de la copia del "Acuerdo sectorial sobre el proceso de reestructuración del sector desmotador en el ámbito del reglamento CE n° 1145/2008" realizado en el seno de una reunión de AEDA, celebrada el 11 de marzo de 2009. Tales anotaciones recogen una serie de cálculos para determinar el precio del algodón, y en las que se llega a la conclusión de que "... será de 44 pts/kg condicionado a que la fibra alcance un determinado valor. Asimismo se hace mención a "Anticipo de hace 2 años: 35 pts/kg" y más adelante, tras una serie de cálculos, la anotación "46 PB, 28 cts ¤." ( Folios 6808 a 6809).

 No cabe duda de que los anteriores documentos refuerzan la idea de la existencia de una voluntad clara de estrategia entre las empresas desmotadoras de algodón para fijar posiciones comunes o coordinadas en relación con los diversos aspectos comerciales que implica la compra del algodón bruto lo que implicaba que se estuviera impidiendo la entrada de nuevas empresas desmotadoras de algodón en el mercado.

 NOVENO.- Por último, también consta en el expediente sancionador diversa prueba que acredita la comisión de segunda infracción imputada a la mercantil recurrente, como es la adopción de acuerdos y la participación en reuniones dirigidas al cierre del mercado y a la voluntad conjunta de impedir su apertura a la empresa desmotadora LA BLANCA PALOMA. Cabe destacar en este punto, y entre otras pruebas a las que alude la Dirección de Investigación, que, con fecha 26 de julio de 2011, el Presidente de AEDA, remitió un correo electrónico con asunto "CONVERSACION CON          Rosaura ", entre otros destinatarios, a INDESA, con este contenido:

 "Hola, buenas tardes:

 Esta mañana he hablado con          Rosaura :

 (...)

 - En relación a Blanca Paloma me ha comentado que            Delfina - entonces la Secretaria General del Medio Rural y la Producción Ecológica de la CAP- va a convocar a todo el sector (Organizaciones, Faeca, Aeda, Adesur y a cada una de las desmotadoras) para presentar Aforo de Producción y decidir si es necesaria o no la apertura de Blanca Paloma. La reunión está prevista para el día 12 de Agosto a las 13:00 horas. Os convocarán directamente. Creo que es importante si para el aforo de producción os piden opinión no decir una barbaridad de kilos que les den argumento para la autorización de Blanca Paloma. Saludos".

 La prueba descrita, que no es sino una parte de toda la que recoge el expediente y toma en consideración la CNMC para entender acreditada la responsabilidad de INDESA, permite concluir a esta Sala, en el ejercicio de las potestades sobre libre valoración de la prueba que le son propias, que la resolución sancionadora tiene una base fáctica suficiente; especialmente si se advierte que la prueba propuesta por la actora en su escrito de demanda, admitida en su totalidad, se limitaba a la "Documental: La totalidad del expediente administrativo".

 DECIMO.- Por otra parte, también está suficientemente acreditado que en las campañas de algodón comprendidas entre 2010/2011 y 2011/2012 existieron contactos frecuentes entre las empresas desmotadoras COALSA, ALGOSUR, INDESA, SURCOTTON, EUROSEMILLAS y DAFISA referentes a las cantidades de algodón recepcionadas por cada una de ellas. Así, respecto a la campaña 2011/2012, la realidad de los acuerdos se plasma en el correo electrónico de fecha 14 de octubre de 2011, cuyo asunto era "REUNIÓN DE HOY AEDA-ADESUR", y en el cual se comunica a directivos de COALSA un resumen de la reunión mantenida entre los responsables de las empresas desmotadoras DAFISA, ALGOSUR, INDESA, EUROSEMILLAS-SURCOTTON y COALSA (folio 7978). En él, de manera muy gráfica, se dice lo siguiente:

 "[...] Como resumen de la reunión a la que hemos asistido:            Eusebio ,            Rodolfo ,            Carlos Antonio ,            Luis María ,            Gabino ,            Marino ,            Teodoro y yo. El tono de la reunión ha sido bueno y distendido (se ve que tenemos la panza llena de algodón), nos han pegado algún tirito porque llevamos mucho algodón en Coalsa. En cuanto al reparto de Kilos entrados hasta ayer en factoría más o menos cuadran los que ha dicho cada uno:

 Dafisa 12.800 Tm, Surcotton 15.000 Tm, Ecija 10.000 Tm, Algosur 29-30.000 Tm, Indesa 16.000 Tm, Coalsa 30.000 Tm y Las Lomas 3-4.000 Tm (no ha venido). En los almacenes se ha comentado que pueden haber 15-16.000 Tm en total.[...]".

 Asimismo, también existen en el expediente administrativo notas y comunicaciones sobre las reuniones y contactos entre las empresas para impedir concretamente la apertura de la empresa desmotadora ALGODONERA LA BLANCA PALOMA. En este sentido se destaca que con fecha 26 de julio de 2011, el Sr.          Humberto , Presidente de AEDA, remite un correo electrónico con asunto "CONVERSACION CON          Rosaura " a los siguientes destinatarios: "          Ricardo MARISMAS;          Rodolfo ALGOSUR;          Carlos Antonio INDESA, MOVIL;          Carlos Antonio INDESA;          Jose Miguel LAS LOMAS;          Eusebio DAFISA; INDESA" con el siguiente texto:

 "Hola, buenas tardes:

 Esta mañana he hablado con          Rosaura :

 (...)

 En relación a Blanca Paloma me ha comentado que            Delfina va a convocar a todo el sector (Organizaciones, Faeca, Aeda, Adesur y a cada una de las desmotadoras) para presentar Aforo de Producción y decidir si es necesaria o no la apertura de Blanca Paloma. La reunión está prevista para el día 12 de Agosto a las 13:00 horas. Os convocarán directamente. Creo que es importante si para el aforo de producción os piden opinión no decir una barbaridad de kilos que les den argumento para la autorización de Blanca Paloma.

 Saludos".

 Y en el correo electrónico interno de EUROSEMILLAS de fecha 19 de diciembre de 2011, y asunto "RV: Superficies algodón campañas 2010-11-12", el vicepresidente de ADESUR, y directivo de EUROSEMILLAS informa a otros directivos del grupo sobre la reunión mantenida con el sector desmotador. En dicho correo comenta (folio 7490):

 "Situación Blanca Paloma:

 COALSA expone que en base al nuevo Gobierno del PP es más que probable que la disposición transitoria del Decreto de Reestructuración que le impide su participación, pueda ser derogado, y más teniendo en cuenta su proposición presentada en el Parlamento de Andalucía. Ante esto plantea que deberíamos de iniciar nosotros las negociaciones ante la Administración para que no se modifique esa Disposición aunque permitiendo como excepcionalidad que pudiese participar B. Paloma en la próxima campaña pero impidiendo otras posibles y futuras solicitudes de participación en el periodo de Reestructuración.

 El resto de empresas se manifiesta contrario a esta idea y que nos debemos de mantener firmes y utilizar en caso necesario la vía legal para defender nuestros derechos reconocidos y si finalmente hubiese que negociar hacerlo desde la firmeza y no de la debilidad".

 DECIMOPRIMERO.- Es cierto que en el mercado del algodón, en las fechas afectadas por este expediente sancionador, hubo una nueva regulación tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel nacional con el fin de obtener una mejor viabilidad de las empresas desmotadoras así como la rentabilidad del cultivo de algodón. Y para ello se fijó un sistema de ayudas que, entre otros requisitos, se exigía para su obtención ser una empresa activa en el sector en determinadas campañas. Regulación que el Tribunal Supremo en la sentencia dictada en fecha 27 de septiembre de 2012 declaró que era conforme a derecho.

 La mercantil recurrente sostiene que esa nueva regulación supuso la necesidad de realizar numerosas reuniones tanto entre las empresas del sector como con diversas autoridades administrativas y fue precisamente el cumplimiento de la nueva legislación lo que determinó el contenido y los acuerdos adoptados en dichas reuniones. De todo lo cual concluye que no hubo infracción de las normas de defensa de la competencia.

 Esta Sala no comparte estas afirmaciones. Ni la nueva regulación del sector ni las reuniones mantenidas por las empresas desmotadoras de algodón con las autoridades de la Administración sobre esta reestructuración pueden excluir el elemento de la culpabilidad en las conductas referidas realizadas por la recurrente, especialmente del boicot a la empresa La Blanca Paloma toda vez que no puede ampararse en las reuniones aludidas legítimas y legales para restructurar el sector y para aconsejar sobre los criterios necesarios para obtener, en su caso, ayudas económicas para justificar así actuaciones concretas dirigidas a impedir la entrada en el sector de un importante competidor que superan ese interés legítimo de reestructurar el sector. Tampoco puede hablarse de que concurre el principio de confianza legítima que pudiera amparar la participación de la mercantil recurrente en la comisión de dicha conducta que la CNMC ha considerado contraria a la libre competencia.

 El Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas sentencias sobre el principio de confianza legitima y en este sentido destacamos la sentencia de 9 de marzo de 2015 que precisa:

 "Por tanto, no es en una norma legal sino en el acuerdo al que se refiere la controversia donde se establece ese régimen de dispensación y de turnos rotatorios. Pues bien, el hecho de que el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y el Servicio de Salud de Castilla La Mancha alcanzasen ese acuerdo no implica que, por el mero hecho de haber actuado una y otra entidad en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el acuerdo alcanzado sea sin más conforme con el derecho de la competencia. Dicho de otro modo, las normas que regulan las atribuciones Servicio de Salud de Castilla La Mancha y el ámbito de actuación Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos pueden amparar que dichas entidades alcancen y formalicen acuerdos; pero no de manera específica desde la perspectiva del derecho de la competencia, esto es, no desde la perspectiva del artículo 4.1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (antes, artículo 2.1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio de Defensa de la Competencia ). Este precepto tiene un alcance mucho más circunscrito, pues se refiere a conductas que por sí mismas estarían incursas en el artículo 1 de la propia Ley pero que, por estar contempladas en una Ley o en las disposiciones reglamentarias dictadas en su ejecución, quedarían amparadas frente a las prohibiciones que enumera el citado artículo 1.

 En definitiva, el artículo 4.1 de la Ley 15/2007 -como el anterior artículo 2.1 de la Ley 16/1989 - no pretende sustraer del ámbito de aplicación del Derecho de la Competencia cualquier conducta que se realice al amparo de una norma sino, únicamente, aquéllas conductas a las que una Ley autorice con la específica finalidad - expresa o implícita- de excluirlas del ámbito de aplicación de las prohibiciones del artículo 1 de la propia Ley 15/2007 . Y tal cosa no sucede en el caso que estamos examinando".

 Igualmente sobre este principio esta Sección ha indicado en la sentencia dictada en fecha 30 de diciembre de 2.013, recurso 196/2012 , que:

 "QUINTO: Considera el recurrente que la resolución ha infringido el principio de confianza legítima. Señala que cuando determinadas situaciones han sido auspiciadas por la propia Administración y prácticamente exigidas por esta, el ciudadano tiene derecho a confiar que no se le va a imponer una sanción por haber llevado a cabo lo que la propia Administración le venía a exigir. Alega que la CNC ha manifestado su aquiescencia en la formación y operativa de la Comunidad de Bienes por un lado y el resto de las autoridades administrativas no han formulado oposición alguna durante 12 años en que la Comunidad de Bienes ha operado en dicho mercado con absoluta transparencia y el Consell de Formentera siempre ha avalado el funcionamiento y solo puso de manifiesto en su denuncia la existencia de un incremento de precios en el año 2004.

 En cuanto al principio de confianza legítima la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2013 asunto C-681/11 señala que:

 "(40) debe recordarse que las autoridades nacionales de defensa de la competencia pueden decidir excepcionalmente no imponer una multa aun cuando una empresa haya infringido deliberadamente o por negligencia el artículo 101 TFUE . Puede darse ese caso cuando un principio general del Derecho de la Unión, como el de protección de la confianza legítima, se opone a la imposición de una multa.

 (41)Sin embargo, nadie puede invocar la violación del principio de protección de la confianza legítima si la Administración competente no le ha dado garantías concretas (véanse las sentencias de 17 de marzo de 2011, AJD Tuna, C-221/09 , Rec. p. I- 1655, apartado 72, y de 14 de marzo de 2013, Agrargenossenschaft Neuzelle, C-545/11 , Rec. p. I-0000, apartado 25)...".

 Es obligado concluir entonces que las reuniones mantenidas por las empresas desmotadoras de algodón con autoridades de la Administración tenían una finalidad concreta como era alcanzar una reestructuración del sector contando para ello con las empresas afectadas; pero esas reuniones no justificarían la actuación de la recurrente cuando ésta incurre, conforme a lo ya razonado, en la prohibición que contempla el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia .

 En el presente caso, la recurrente, como hemos visto, conocía las exigencias derivadas del principio de libre competencia y de la legislación sobre la materia, pese a lo cual, y de manera sin duda consciente, procedió a participar en reuniones dirigidas a adoptar medidas para propiciar con ello un boicot a una empresa competidora.

 DECIMOSEGUNDO.- Denuncia la parte demandante la errónea cuantificación de la multa impuesta. Entiende que la CNMC para determinar el importe de la sanción ha partido erróneamente del límite máximo de 901.518 euros fijado en el artículo 10 de la Ley 16/1989 ya que según la recurrente al no existir, en su caso, agravantes se debió partir para la determinación de la cuantía de la multa del punto medio del intervalo que va desde los 0 euros, que entiende que debe ser el limite mínimo, a los 901.518 euros que debe ser el límite máximo.

 La literalidad del artículo 10 de la Ley 16/1989 no permite la interpretación que realiza el recurrente con la finalidad de que se reduzca el importe de la multa impuesta partiendo del límite medio aludido.

 No existe, en definitiva, el pretendido error de cálculo ni la arbitrariedad de la CNMC en la determinación del importe de la multa, lo que determina que haya de rechazarse también este último motivo al existir una justificación suficiente y no desvirtuada de contrario del importe de la multa.

 DECIMOTERCERO. - Las costas de esta instancia habrán de ser satisfechas por la parte actora conforme a lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .

 Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

 Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo nº 61/2014 promovido por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira en nombre y representación de "INDUSTRIA DESMOTADORA ANDALUZA; S.L." (INDESA) contra la resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dictada en el expediente sancionador        NUM000 , Desmotadoras de Algodón, mediante la cual se le impuso una sanción de 98.565,97 euros de multa y, en consecuencia, se confirma al ser dicha resolución ajustada a Derecho.

 Se imponen a la parte actora las costas procesales causadas en esta instancia.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 28/11/2017 doy fe