Id. Cendoj: 28079230062017100447
ECLI: ES:AN:2017:5459
ROJ: SAN 5459/2017
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 28/12/2017
Nº de Recurso: 136/2015
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000136 / 2015

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 01529/2015

 Demandante: GESTIÓN Y VALORIZACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO SL

 Procurador: D. RAMÓN RODRÍGUEZ NOGUEIRA

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.

 VISTO , en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, el recurso nº 136/15 , seguido a instancia de la mercantil "Gestión y Valorización Integral del Centro SL" , representada por el Procurador de los Tribunales D. Ramón Rodríguez Nogueira, con asistencia letrada, y como Administración demandada la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado. El recurso versó sobre impugnación de la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) dictada en el expediente S/0429/12 Residuos, la cuantía se fijó en 223.215 ¤, e intervino como ponente el Magistrado Don SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO. La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO:.- Para el correcto enjuiciamiento de la cuestión planteada es necesario el conocimiento de los siguientes hechos:

 1. La recurrente, Gestión y valorización Integral del Centro SL (GVC), es una empresa con sede en Getafe que es propiedad a partes iguales de Fomento de Construcciones y Contratas Ámbito SL y la mercantil Befesa Gestión de Residuos Industriales SL. GVC aglutina las instalaciones y personal de sus propietarios, en materia de gestión de residuos peligrosos industriales en la zona centro de España.

 2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la LDCL y a la vista de determinadas denuncias sobre la existencia de prácticas colusorias en el mercado de recogida de residuos, la División de Investigación (DI), inició el 16 de julio de 2012, la información reservada número de referencia S/0429/12. Dichas actuaciones desembocaron en la incoación de un expediente sancionador el 4 de julio de 2013 en el que la recurrente fue sancionada como autora de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio , con una multa de 223.215 euros.

 3. Uno de los rasgos más sobresalientes del expediente tramitado por la CNMC, es la ausencia de una delimitación exacta de los mercados de producto, que se sustituye por una delimitación de los sectores afectados a la vista de la multitud potencial de mercados afectados y la dificultad de distinguir los distintos mercados de producto.

 4. A los efectos expuestos, la resolución impugnada distingue entre la gestión de residuos y el saneamiento urbano.

 5. La gestión de residuos:

 -Comprende una serie de fases, que pueden ser asumidas por un mismo operador o varias empresas distintas y que se resumen en la recogida y transporte del residuo, almacenamiento y triaje (separación de materiales), tratamiento para eliminar sustancias tóxicas y/o su valorización (recuperación vía reciclaje, obtención de biogás, combustible derivado de residuo sólido, o compost -que es un tipo de abono y, en ausencia de valor residual, su eliminación (vía incineración o depósito en vertedero).

 - Pueden ser clasificados con arreglo a dos criterios principales:

 a)La naturaleza del cliente, dividiéndose en públicos (como los residuos sólidos urbanos -RSU-, cuyos clientes son las Entidades Locales) o privados (también conocidos como industriales). Se trata de los residuos generados por particulares en sus hogares o pequeños comercios.

 b)Su toxicidad, que les separa en residuos peligrosos (también conocidos como especiales) o no peligrosos.

 Entre los no peligrosos destaca con autonomía propia el segmento de la recuperación de papel y cartón.

 Entre los peligrosos se encuentran las pilas (alcalinas, botón) y baterías, absorbentes sólidos, aerosoles, alcalinos fuertes, hidrocarburos (aceites...), residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), disolventes no halogenados, filtros de ventilación, pinturas y barnices al agua, residuos, de laboratorio, tubos fluorescentes y bombillas de bajo consumo, CFC, contenidos en neveras, equipos de refrigeración y aire acondicionado; halones, contenidos en extintores y sistemas de protección contra incendios.

 -La legislación general aplicable a la gestión de residuos viene recogida en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Asimismo, cabe observar que la gestión de residuos peligrosos es objeto de regulación adicional por parte de las CC.AA.

 6. El sector del saneamiento urbano comprende todo aquello que resulta ajeno a la gestión de residuos urbanos (RSU), como es el caso de la gestión de zonas verdes, tales como espacios municipales, y servicios forestales, limpieza viaria, de playas, de alcantarillado, y el tratamiento de aguas.

 Estas actividades se caracterizan normalmente por ser objeto de contratación por parte de las Entidades Locales con operadores privados, y por la presencia de operadores grandes y solventes, especialmente en los grandes municipios (lo cual supone barrera de entrada para las empresas pequeñas/locales), con experiencia en contratas similares, que unido a las inversiones necesarias para licitar, ocasiona que este segmento de negocio esté concentrado.

 7. En cuanto al mercado geográfico, la resolución recurrida señala que en principio es de carácter regional dadas la importancia de los costes de transporte del producto, aunque no descarta que los operadores más importantes operen en un ámbito nacional.

 8. En su FJ undécimo, la resolución señala que se ha cometido por las empresas sancionadas una infracción única y continuada descrita en el artículo 1 de la LDC en el sector de gestión de residuos y saneamiento urbano, y la concreta en las conductas que se describen a continuación:

 a)En el sector de la gestión de residuos industriales e hidrocarburos las empresas imputadas habrían actuado bajo un patrón común de reparto de mercado, ya mediante pactos bilaterales, sociedades conjuntas o UTE, con el fin de repartirse la clientela y las fuentes de aprovisionamiento, estableciendo mecanismos de compensación y de vigilancia de dichos acuerdos para garantizar su sostenibilidad.

 Dicho reparto de mercado estaría asociado a la recomendación colectiva que la Asociación ACESER realizó a sus asociados en 2013, por la que se les recordaba que tenían que respetar sus clientes respectivos, siendo éste un principio sobre el que se formó la asociación.

 b) En el sector de la recuperación de papel y cartón, las empresas imputadas en este ámbito habrían acordado el reparto del mercado a través de dos vías:

 -Mediante las actuaciones de la asociación AREMA en Madrid:

 AREMA operaría como monopsonista frente el Ayuntamiento de Madrid, mientras que los socios se beneficiarían por ser los destinatarios de dicho materia, y por el reparto mediante un pacto al margen de las fuerzas del mercado que eliminaría no sólo la competencia entre los socios sino con los potenciales competidor es que quedarían excluidos al no estar asociados a AREMA.

 La Asociación de la Recuperación y el Reciclado de Madrid (AREMA) es una asociación empresarial que tiene como objetivo fundamental promocionar la recuperación del papel y cartón, favoreciendo su adecuada recogida y selección. Pueden ser miembros de AREMA las empresas dedicadas a recuperar y reciclar papel y cartón usados con implantación en la Comunidad de Madrid.

 -A través de los pactos de reparto de mercado bilaterales entre Saica Natur o alguna de sus filiales y otras empresas recuperadoras competidoras.

 Saica tiene su sede en Zaragoza y es la sociedad cabecera del Grupo Saica, que integra verticalmente las distintas fases de la fabricación de papel para ondular a través de una organización en tres áreas:

 Saica Natur, S.L.: Gestión de residuos industriales y, en especial, la recuperación de papel y cartón como fuente de abastecimiento de materia prima (papel y cartón ondulado) para el proceso productivo de Saica Paper;

 Saica Paper: Fabricación de papel y cartón ondulado (siendo en este segundo caso el fabricante más importante de España); y

 Saica Pack, S.L.: Provisión de soluciones de embalaje.

 Saica Natur y otras empresas recuperadoras competidoras de papel y cartón habrían suprimido la competencia entre ellas a través de acuerdos bilaterales de respeto mutuo de clientes que también constituirían repartos de mercado

 c) En el sector de saneamiento urbano, las conductas incluyen, por un lado, las recomendaciones colectivas de ASELIP a sus asociados, materializadas en la elaboración y aprobación de un Código de Conducta que recoge diversas recomendaciones. A título de ejemplo señala la abstención de las asociadas a presentarse a una licitación, cuando la Administración no estuviera al corriente del pago a la empresa concesionario.

 Además, ha actuado como facilitador de la implementación de dicho Código de Conducta desde su emisión, ya que se ha encargado del seguimiento y ha contribuido al cumplimiento del citado código por parte de sus socios.

 La Asociación de Empresas de Limpieza Pública (ASELIP) es la asociación de ámbito nacional más importante por lo que se refiere al sector del saneamiento urbano.

 Por otro lado, empresas competidoras dentro del ámbito de saneamiento urbano habrían creado empresas en participación, UTE o pactos bilaterales cuya finalidad ha sido la supresión de la competencia mediante la presentación de ofertas únicas en licitaciones con entidades locales al menos en Andalucía, Madrid y País Vasco

 9. La concreta conducta que se imputa a la recurrente, según se indica en el FJ 12. 16 de la resolución recurrida, consiste en presentarse, desde 2011, como un operador independiente, pero actuar en realidad como un instrumento para el reparto de mercado en el sector de los residuos industriales peligrosos en la zona Centro de España, beneficiando a sus matrices FCC Ámbito y Befesa.

 10. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), mediante resolución de fecha ocho de enero de 2015, adoptó, en lo que afecta a la recurrente, las siguientes decisiones:

 1. Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 16/1989 y del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Undécimo de esta Resolución

 2. De acuerdo con la responsabilidad atribuida en el Fundamento de Derecho Duodécimo, declarar responsable de la citada infracción a las siguientes empresas y asociaciones (en número de 43), que son sancionadas con las multas que se indican:

 ......

 -"Gestión y Valorización Integral del Centro SL", 223.215 ¤.

 ...

 3. Instar a la Dirección de Competencia de esta Comisión Nacional de los

 Mercados y la Competencia para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de la resolución.

 SEGUNDO:.- Por la representación de la actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución precedente, formalizando demanda con la súplica de que se dictara sentencia declarando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme a derecho. La fundamentación jurídica de la demanda se basó en las siguientes consideraciones:

 1. Caducidad del procedimiento sancionador:

 -El procedimiento fue incoado el 4 de julio de 2013 por lo que el plazo legal de 18 meses para instruir y fallar ( artículos 36 , 38.1 LDC y 28.4 del RDC), finalizó el 4 de enero de 2015. Sin embargo la resolución impugnada se dictó el 8 de enero de 2015 y se notificó a la recurrente el 15 de enero siguiente, una vez transcurrido el plazo señalado. Por ello, dicha resolución es anulable de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63.1 y 63.3 de la Ley 30/1992 .

 -La notificación a la recurrente el 15 de enero de 2015, del acuerdo del Consejo de la CNMV de 18 de diciembre anterior por el que se decidía el levantamiento de la suspensión del procedimiento acordada el 27 de noviembre de 2014, es irrelevante a los efectos pretendidos:

 El acuerdo de suspensión debió notificarse a la recurrente de forma inmediata ( artículo 37.5 LDC ). Dicha notificación es preceptiva para tener por interrumpido el plazo de duración del procedimiento.

 Invoca la SAN de 9 de marzo de 2015 en el sentido indicado.

 2. Infracción del artículo 51.2 , 36 RDC y 20 de la Ley 20/2013 , por no haber notificado al resto de interesados la suspensión del procedimiento y carecer el Consejo de competencias para reclamar directamente la información solicitada, a lo que añade un cúmulo de irregularidades procesales, que ponen de manifiesto la existencia de un cambio de calificación de la conducta imputada respecto de la establecida en el pliego de concreción de hechos, lo que supone además una infracción del artículo 51.4 de la LDC .

 3. Inexistencia de una infracción única y continuada:

 -Las empresas sancionadas no son competidoras, pues actúan en ámbitos distintos y no se conocen entre sí, existiendo una alta competitividad entre ellas.

 -La recurrente no ha asistido a ninguna reunión ni ha tenido relación alguna con las otras mercantiles sancionadas.

 -Invoca la jurisprudencia europea de la AN y del TS para concluir que no concurren los requisitos establecidos en la misma para apreciar la existencia de una infracción continuada.

 -Destaca la falta de conexión espacio-temporal de los distintos contratos y la falta de identidad de los sujetos responsables, y niega la existencia de un plan global de actuación preconcebido.

 4. Niega que los hechos que se le imputan sean constitutivos de una infracción anticompetitiva e invoca para acreditar el carácter procompetitivo de su actuación las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del TFUE .

 5. Infracción de los artículos 62 y ss de la LDC al efectuar el cálculo de la sanción.

 -La resolución aplica la Comunicación de la CNC de febrero de 2009, resolución que resulta contraria a nuestro sistema jurídico según la jurisprudencia del TS desde la inicial STS de 29 de enero de 2015 .

 -Infracción de los principios de proporcionalidad e individualización de la sanción.

 TERCERO :. - La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella con la súplica de que se dicte sentencia desestimando el recurso y declarando ajustada a derecho la resolución recurrida.

 CUARTO :. - Practicada la prueba declarada pertinente, las partes evacuaron el trámite de conclusiones.

 QUINTO: .- Señalado el día 11 de octubre de 2017 para la deliberación, votación y fallo ésta se desarrolló en diferentes sesiones, siendo la última el 20 de diciembre de 2017

 SEXTO :. - Aparecen observadas las formalidades de tramitación, que son las del procedimiento ordinario.

FU NDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO : La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la resolución de fecha ocho de enero de 2015, dictada por el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en el expediente S/0429/12 Residuos, en cuya virtud se acordó:

 1. Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 16/1989 y del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC ), en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Undécimo de esta Resolución (ver Antecedente de Hecho nº 9 de esta sentencia).

 2. De acuerdo con la responsabilidad atribuida en el Fundamento de Derecho Duodécimo, declarar responsable de la citada infracción a las siguientes empresas y asociaciones que son sancionadas con las multas que se indican:

 ......

 -"Gestión y Valorización Integral del Centro SL", 223.215 ¤.

 ...

 3. Instar a la Dirección de Competencia de esta Comisión Nacional de los

 Mercados y la Competencia para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de la resolución.

 SEGUNDO : La primera cuestión que debe tratarse en el presente asunto es la relativa a la caducidad del procedimiento a cuyos efectos debemos recordar los siguientes datos:

 1. El expediente sancionador S/0429/12 residuos, fue incoado el 4 de julio de 2013, por lo que el plazo legal de 18 meses para instruir y fallar ( artículo 38.1 LDC y 28.4 del Real Decreto 261/2008 por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Defensa de la Competencia, RDC), finalizó el 4 de enero de 2015.

 2. Sin embargo, la resolución impugnada se dictó el 8 de enero de 2015 y notificó a la recurrente el 15 de enero siguiente, es decir una vez transcurrido el plazo de los 18 meses reseñado.

 3. Sin perjuicio de lo anterior, mediante acuerdo del 27 de noviembre de 2014 y con amparo en el artículo 37 a) de la LDC , el Consejo de la CNMC decidió suspender la tramitación del procedimiento por término máximo de 10 días, para requerir a cinco empresas a fin de que aportasen los datos relativos al volumen de negocio consolidado en el sector de residuos y saneamiento urbano, relativo a los años 2010 a 2013.

 4. Las empresas requeridas por el acuerdo de 27 de noviembre de 2014, fueron notificadas en las fechas siguientes, todas de 2014:

 -Recuperaciones Lapuerta SC el 11 de diciembre.

 -Garcés Recuperación SL, el 9 de diciembre.

 -Recuperaciones de residuos petrolíferos SL, el 4 de diciembre.

 -Amboil, Aprovisionamiento y Logística SL: la notificación fue fallida.

 -Marpol Levante SA, el 9 de diciembre de 2014

 5. Por otra parte, el acuerdo de 27 de noviembre de 2014 fue notificado al resto de empresas sancionadas en el presente expediente, como la recurrente, el 15 de enero de 2015 conjuntamente con la resolución que pone fin al procedimiento.

 6. La suspensión de dicho acuerdo fue levantada por nuevo acuerdo dictado el 18 de diciembre, con efectos del día 16 anterior.

 Así las cosas la cuestión que debemos resolver consiste en determinar si la suspensión del procedimiento acordada el 27 de noviembre tiene o no, efectos interruptivos del plazo de 18 meses conferido a la CNMC para tramitar y resolver el expediente.

 TERCERO : Por lo que respecta a la legislación aplicable a este caso deben tenerse en cuenta, en particular, los siguientes preceptos:

 A) De la LDC:

 -Artículo 36.1: "El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador por conductas restrictivas de la competencia será de dieciocho meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo y su distribución entre las fases de instrucción y resolución se fijará reglamentariamente"

 -Artículo 37.1 a), según el cual "El transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para resolver un procedimiento se podrá suspender, mediante resolución motivada, en los siguientes casos:

 a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios.

 -Artículo 37.5 : "Contra el acuerdo que resuelva sobre la suspensión o sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno en vía administrativa".

 - Artículo 51.1 de la LDC : "El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá ordenar, de oficio o a instancia de algún interesado, la práctica de pruebas distintas de las ya practicadas ante la Dirección de Investigación en la fase de instrucción así como la realización de actuaciones complementarias con el fin de aclarar cuestiones precisas para la formación de su juicio. El acuerdo de práctica de pruebas y de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndose un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes. Dicho acuerdo fijará, siempre que sea posible, el plazo para su realización.

 - Artículo 11.2 del RDC: 2. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , se entenderá cumplida la obligación de notificar con el intento de notificación, que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, debidamente acreditado dentro del plazo máximo establecido.

 - Artículo 12.1 a) del RDC "En caso de suspensión del plazo máximo, el órgano competente de la Comisión Nacional de la Competencia deberá adoptar un acuerdo en el que se señale la causa de la suspensión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 15/2007, de 3 de julio , entendiéndose suspendido el cómputo del plazo:

 a) En los supuestos previstos en el artículo 37.1.a ) y b) de la Ley 15/2007, de 3 de julio , por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, durante el plazo concedido.

 -Artículo 12.2. del RDC: "Para el levantamiento de la suspensión del plazo máximo, el órgano competente de la Comisión Nacional de la Competencia deberá dictar un nuevo acuerdo en el que se determinará que se entiende reanudado el cómputo del plazo desde el día siguiente al de la resolución del incidente que dio lugar a la suspensión y la nueva fecha del plazo máximo para resolver el procedimiento. Este acuerdo de levantamiento de la suspensión será igualmente notificado a los interesados".

 -Artículo 12.3 del RDC "En los casos de suspensión del plazo, el día final del plazo se determinará añadiendo al término del plazo inicial, los días naturales durante los que ha quedado suspendido el plazo".

 CUARTO : Esta primera cuestión planteada es común a todas las empresa sancionadas en el cártel objeto de enjuiciamiento y por ello debe ser objeto de la misma respuesta. A estos efectos nos referimos a lo ya dicho en la sentencia de 22 de diciembre de 2017, recurso nº 93/15 , en los siguientes términos: Para abordar esta cuestión es importante constatar que, con fecha 15 de enero de 2015, se notificó al representante de la recurrente el acuerdo de 13 de enero anterior en el que se indica lo siguiente: "En el expediente n° S/0429/12, seguido ante esta Comisión, se ha dictado con fecha 18 de diciembre del presente año, Acuerdo que literalmente dice: "ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN (EXPTE. S/0429/12, RESIDUOS). En Madrid, a 18 de diciembre de 2014.

 Por Acuerdo de fecha 27 de noviembre de 2014, la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC, acordó suspender el plazo máximo para resolver el expediente de referencia hasta que por parte de los interesados se aportara determinada documentación o en su caso transcurriera el plazo concedido.

 Transcurrido el plazo concedido, procede pues efectuar el levantamiento de la suspensión con efectos de 16 de diciembre de 2014.

 Por su parte, en el citado acuerdo de 27 de noviembre de 2014 resolvía la Sala de Competencia requerir a las empresas que relacionaba a fin de que aportasen determinada documentación y, en cuanto ahora interesa, también lo siguiente:

 "TERCERO.- Siendo la información solicitada un elemento de juicio necesario para resolver, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1 a) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , suspender el plazo máximo para resolver hasta que se aporte la información requerida o, en su caso, transcurra el término concedido para su aportación.

 (...)

 Comuníquese este Acuerdo a la Dirección de Competencia y notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que contra el mismo no cabe otro recurso que el contencioso administrativo que, en su momento, proceda contra la Resolución que ponga fin al expediente en vía administrativa".

 De admitirse la validez y eficacia de aquella notificación habría de coincidirse con el Abogado del Estado en que el procedimiento no caducó pues, al ampliarse en 14 días el plazo máximo para resolverlo, la resolución sancionadora se habría notificado dentro del mismo.

 Y tal es la conclusión a la que llegamos tras analizar las normas que regulan esta materia e interpretarlas con arreglo a los principios inspiradores del procedimiento establecido en la Ley 15/2007, de 3 de julio, y en su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero.

 En efecto, el artículo 37.1.a) de la Ley de Defensa de la Competencia , al que se remite el acuerdo de 27 de noviembre de 2014, habilita para suspender el transcurso del plazo máximo para resolver el procedimiento cuando deba requerirse a cualquier interesado para la aportación de documentos u otros elementos de juicio necesarios, proporcionando cobertura legal a la suspensión acordada.

 Cabe plantearse entonces cual pueda ser la consecuencia de no haberse notificado a la empresa actora, que solo tuvo conocimiento de la suspensión cuando el 15 de enero de 2015 le fue notificado el acuerdo de 13 de enero anterior, antes transcrito, en el que se ponía en su conocimiento el levantamiento de la suspensión decidido el 18 de diciembre de 2014.

 No albergamos duda alguna de que la recurrente tiene la condición de interesada en el procedimiento, y que la decisión de suspenderlo debía serle notificada en cumplimiento de lo exigido por el artículo 37.5 de la LDC : es evidente su interés en el correcto cómputo del plazo máximo para resolver, en el que incide la suspensión, por lo que ha de tener conocimiento de la misma para poder, en su caso, cuestionar su validez y su eficacia en orden a la determinación de aquel plazo.

 Pero la consecuencia de que el acuerdo de 27 de noviembre de 2014 no se le notificase entonces no le priva del efecto de suspender el plazo máximo para resolver si se advierte que:

 -El artículo 12 del Real Decreto 261/2008 desconecta la eficacia del acuerdo de suspensión, para el cómputo del plazo máximo del procedimiento del momento en que se notifique a los interesados, pues le atribuye efectos desde la fecha misma en que se dicte.

 Así lo refleja de manera expresa en su apartado 1.f) para todos los supuestos del artículo 37.1 de la Ley no mencionados en los apartados anteriores, en los que se entenderá suspendido el cómputo del plazo "... desde la fecha del acuerdo de suspensión, que habrá de notificarse a los interesados". Y ello se desprende también del apartado 1.a) del mismo artículo 12, que se refiere, precisamente, a los casos del artículo 37.1.a ) y b) de la Ley 15/2007 en los cuales la suspensión se prolongará, dice el precepto, "por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, durante el plazo concedido".

 Es decir, lo que determina el dies a quo de la suspensión es la notificación del requerimiento a aquel a quien específicamente se dirige -no a los interesados, que serían todos aquellos frente a quienes se sigue el procedimiento, como vimos-, y el dies ad quem el efectivo cumplimiento del requerimiento por el concreto destinatario, con independencia del momento en que se notifique a todos y cada uno de los interesados.

 -El mismo artículo 37.5 de la Ley se cuida de indicar que contra el acuerdo que resuelva la suspensión o ampliación del plazo "no cabrá recurso alguno en vía administrativa". De este modo, las eventuales infracciones que pudieran afectar al acuerdo de suspensión o ampliación del plazo y, en su caso, provocar la caducidad del procedimiento por razón de su ineficacia -cual es lo que se plantea en el supuesto que analizamos, en el que la parte recurrente pretende que se declare la caducidad al no poder computarse una suspensión que entiende inválida- han de hacerse valer impugnando la resolución que ponga fin al procedimiento.

 Ambas normas atienden a la necesidad de tramitar un procedimiento único pese a ser varias las empresas frente a las cuales se hubiera incoado toda vez que la conducta colusoria que sanciona el artículo 1 de la LDC presupone un "... acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela", es decir, la intervención de una pluralidad de sujetos.

 No puede desconocerse que, al propio tiempo, tanto la Ley como el reglamento exigen la notificación de los acuerdos de suspensión a los interesados, identificados, estos sí, con todos los que intervienen en el procedimiento y han de verse afectados por la decisión de suspensión y por la determinación del plazo máximo de duración del procedimiento.

 Consideramos, sin embargo, que esta exigencia se cumple cuando se ha puesto en conocimiento de los mismos, antes de que transcurra el plazo máximo para resolver, la existencia del acuerdo de suspensión y el período por el que se ha prolongado, teniendo en cuenta, insistimos, que los acuerdos de suspensión o ampliación no son recurribles en vía administrativa - artículo 37.5 de la LDC -.

 Así ha sucedido en el caso que enjuiciamos pues a la entidad recurrente se le notificó el acuerdo de 18 de diciembre de 2014 por el cual se levantaba la suspensión del procedimiento acordada con fecha 27 de noviembre anterior, de tal forma que la recurrente tuvo conocimiento del hecho mismo de la suspensión y del período por el cual se había extendido, con la consecuente prolongación del plazo máximo para resolver.

 No vemos entonces indefensión determinante de nulidad alguna pues, como ha tenido ocasión de manifestar el Tribunal Constitucional al referirse, precisamente, a los requisitos de las notificaciones, únicamente lesiona el artículo 24 de la CE la llamada indefensión material y no la formal que impide "el cumplimiento de su finalidad, tendente a comunicar la resolución en términos que permitan mantener las alegaciones o formular los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico frente a dicha resolución" ( sentencia 155/1989, de 5 de octubre , FJ 3 ; 184/2000, de 10 de julio , FJ 2; y 113/2001, de 7 de mayo ), con el "consiguiente perjuicio real y efectivo para los interesados afectados" ( sentencia 155/1988 , FJ 4; 112/1989 , FJ 2; 91/2000, de 30 de marzo ; 184/2000, de 10 de julio, FJ 2 ; 19/2004, de 23 de febrero ; y 130/2006, de 24 de abril , FJ 6).

 Lo anterior implica que si a pesar de los defectos de la notificación, el interesado llegó a conocer el acto o resolución por cualquier medio y, por lo tanto, pudo defenderse frente al mismo, o no lo hizo exclusivamente por causas a él imputables, no cabe alegar lesión alguna de las garantías constitucionales ( sentencias TC 101/1990, de 4 de junio ; 126/1996, de 9 de julio ; 34/2001, de 12 de febrero ; 55/2003, de 24 de marzo ; 90/2003, de 19 de mayo y 43/2006, de 13 de febrero ).

 En el mismo sentido, el Tribunal Supremo ha señalado que "lo relevante, pues, no es tanto que se cumplan las previsiones legales sobre cómo se llevan a efecto las notificaciones, sino el hecho de que los administrados lleguen a tener conocimiento de ellas», de manera que «cuando se discute acerca del cumplimiento de las formalidades legales, sobre el cómo han de hacerse las notificaciones, lo decisivo no es que se cumplan esas previsiones legales, sino que efectivamente el sujeto pasivo tenga o haya podido tener conocimiento efectivo del acto notificado» ( sentencia de 7 de mayo de 2009, recurso casación núm. 7637/2005 ).

 Por otra parte, no puede sostenerse, como afirma la recurrente, que concurra un supuesto de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , por ausencia de procedimiento, lo que relaciona con que le fue notificada la resolución sancionadora, ahora recurrida, cuando el procedimiento ya había caducado "... y, por tanto, en completa ausencia de procedimiento".

 Conforme a lo que venimos razonando, la suspensión fue válidamente adoptada, por lo que la resolución sancionadora se notificó a dicha parte dentro del plazo máximo para resolver.

 Este criterio no contradice el acogido en la sentencia de esta misma Sala y Sección de 9 de marzo de 2015, recurso núm. 145/2013 , en la que se apreció la caducidad del procedimiento respecto de aquéllos interesados a quienes no se notificó la suspensión, lo que determina que su situación fuera entonces distinta.

 Todo lo cual ha de conducir al rechazo del motivo relativo a la caducidad del procedimiento.

 QUINTO: La segunda de las cuestiones planteadas se refiere a la denunciada inexistencia de una infracción única y continuada que se imputa a la entidad recurrente, que formalmente la plantea como una infracción del principio de tipicidad. El examen de esta cuestión puede ser determinante pues en caso de estimarse haría innecesario el examen de las restantes.

 Nuevamente y por las mismas razones expuestas en el FJ anterior debemos referirnos a nuestra sentencia de 22 de diciembre de 2017, recurso nº 93/15 , en los siguientes términos:

 Recordemos que, en efecto, la parte dispositiva de la resolución de 8 de enero de 2015 declara que "... se ha acreditado una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 16/1989 y del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Undécimo de esta Resolución", infracción de la que hace responsable a la recurrente junto con las demás empresas que relaciona en el dispositivo segundos.

 Además, en el citado fundamento de derecho undécimo se refiere a la acreditación de una infracción de esa clase "... en el sector de gestión de residuos y saneamiento urbano, con diversas manifestaciones en las diferentes actividades del sector, que se plasman en concreto en las siguientes conductas: En el sector de la gestión de residuos industriales e hidrocarburos las empresas imputadas han actuado, en general, bajo un patrón común de reparto de mercado y que se plasma de múltiples formas, como pactos bilaterales, sociedades conjuntas o UTE, cuya finalidad no es otra que la del reparto de clientes finales así como las fuentes de aprovisionamiento, y que habrían eliminado el incentivo a que estos mismos operadores puedan buscar una participación en el mercado diferente a la que mantienen en la actualidad. Se observan también mecanismos de compensación y de vigilancia de dichos acuerdos para garantizar su sostenibilidad. El reparto de mercado también está conectado con la recomendación colectiva que la Asociación ACESER realizó a sus asociados en 2013, por la que se les recordaba que tenían que respetar sus clientes respectivos, siendo éste un principio sobre el que se formó la asociación. En segundo lugar, en el ámbito de la recuperación de papel y cartón, las empresas imputadas en este ámbito habrían acordado el reparto del mercado a través de dos vías. Por un lado, a través de las actuaciones de la asociación AREMA en Madrid, y, por otro, a través de los pactos de reparto de mercado bilaterales entre SAICA NATUR o alguna de sus filiales y otras empresas recuperadoras competidoras. Como se ha visto en los hechos acreditados, AREMA opera como monopsonista frente el Ayuntamiento de Madrid, mientras que los socios se benefician por ser los destinatarios de dicho material, y por el reparto mediante un pacto al margen de las fuerzas del mercado que elimina no sólo la competencia entre los socios sino con los potenciales competidores que quedan excluidos al no estar asociados a AREMA. En segundo lugar, SAICA NATUR y otras empresas recuperadoras competidoras de papel y cartón han suprimido la competencia entre ellas a través de acuerdos bilaterales de respeto mutuo de clientes que también constituyen repartos de mercado en línea con lo comentado en el primer bloque. En tercer lugar, en el segmento de saneamiento urbano, las conductas incluyen, por un lado, las recomendaciones colectivas de ASELIP a sus asociados, materializadas en la elaboración y aprobación de un Código de Conducta que recoge diversas recomendaciones como la abstención de las asociadas a presentarse a una licitación cuando la Administración no estuviera al corriente del pago a la empresa concesionario. Además, ha actuado como facilitador de la implementación de dicho Código de Conducta desde su emisión, ya que se ha encargado del seguimiento y ha contribuido al cumplimiento del citado código por parte de sus socios. Por otro lado, empresas competidoras dentro del ámbito de saneamiento urbano habrían creado empresas en participación, UTE o pactos bilaterales cuya finalidad ha sido la supresión de la competencia mediante la presentación de ofertas únicas en licitaciones con entidades locales al menos en Andalucía, Madrid y País Vasco".

 SEXTO : Con objeto de determinar si la conducta de la empresa recurrente se ajusta o no al concepto de infracción única y continuada es necesario partir de la jurisprudencia europea sobre la cuestión.

 Entre las más recientes, la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 junio 2015, asunto C-263/2013 sintetiza el criterio seguido en esta materia al señalar lo siguiente:

 "156 Según reiterada jurisprudencia, una infracción del artículo 81 CE , apartado 1, puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir, por sí mismos y aisladamente considerados, una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto», debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto (sentencia Comisión/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778 , apartado 41 y la jurisprudencia citada).

 157 Una empresa que haya participado en tal infracción única y compleja mediante comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de acuerdo o de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 81 CE , apartado 1, y que pretendían contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede así ser también responsable de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el período de su participación en dicha infracción. Así sucede cuando se acredita que la citada empresa intentaba contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes y que tuvo conocimiento de los comportamientos infractores previstos o ejecutados por otras empresas para alcanzar los mismos objetivos o que pudo de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo (sentencia Comisión/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778 , apartado 42 y la jurisprudencia citada).

 158 En consecuencia, una empresa puede haber participado directamente en todos los comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción única y continuada, en cuyo caso la Comisión puede imputarle conforme a Derecho la responsabilidad de todos esos comportamientos y, por tanto, de dicha infracción en su totalidad. Asimismo, una empresa puede haber participado directamente sólo en una parte de los comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción única y continuada, pero haber tenido conocimiento de todos los otros comportamientos infractores previstos o ejecutados por los demás participantes en el cartel para alcanzar los mismos objetivos o haber podido preverlos de forma razonable y haber estado dispuesta a asumir el riesgo. En tal caso, la Comisión también puede lícitamente imputarle a dicha empresa la responsabilidad de la totalidad de los comportamientos contrarios a la competencia que componen tal infracción y, por consiguiente, de ésta en su totalidad (sentencia Comisión/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778 , apartado 43).

 159 Por el contrario, si una empresa ha participado directamente en uno o varios comportamientos contrarios a la competencia que componen una infracción única y continuada, pero no se ha acreditado que, mediante su propio comportamiento, intentase contribuir a la totalidad de los objetivos comunes perseguidos por los otros participantes en el cártel y que tenía conocimiento de todos los otros comportamientos infractores previstos o ejecutados por dichos participantes para alcanzar los mismos objetivos o que pudiera de forma razonable haberlos previsto y estuviera dispuesta a asumir el riesgo, la Comisión únicamente puede imputarle la responsabilidad de los comportamientos en los que participó directamente y de los comportamientos previstos o ejecutados por los otros participantes para alcanzar los mismos objetivos que los que ella perseguía y de los que se acredite que tenía conocimiento o podía haberlos previsto razonablemente y estaba dispuesta a asumir el riesgo (sentencia Comisión/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778 , apartado 44)".

 Reproduce así la interpretación seguida en otros asuntos que parten también, para advertir la existencia de una infracción única y continuada, del presupuesto ineludible de la concertación de un plan único de actuación conjunta entre las distintas entidades implicadas.

 Además de la mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2012, Asunto Verhuizongen Coppens, C- 441/11 , también el Tribunal General, sin perjuicio, obviamente, de aplicar esta jurisprudencia, ha puntualizado los siguientes extremos:

 1º En la sentencia de 6 de febrero de 2014, asunto T-27/10 AC- Treuhand AG, apartados 240 y 241, señala que no puede identificarse de forma genérica el concepto "objetivo único", que subyace en el plan conjunto de las empresas implicadas, con la simple distorsión de la competencia, pues ese es el presupuesto de la calificación de la práctica como anticompetitiva. Esa interpretación tendría como consecuencia, que varios comportamientos relativos a un sector económico, contrarios al artículo 81 CE , apartado 1, deberían calificarse sistemáticamente como elementos constitutivos de una infracción única (véase la sentencia del Tribunal de 30 de noviembre de 2011, Quinn Barlo y otros/Comisión, T-208/06 , Rec. p. II-7953, apartado 149, y la jurisprudencia citada).

 Por ello, debe siempre verificarse el grado de complementariedad de los distintos comportamientos que integran la infracción única.

 A este respecto, habrá que tener en cuenta cualquier circunstancia que pueda demostrar o desmentir dicho vínculo, como el período de aplicación, el contenido (incluyendo los métodos empleados) y, correlativamente, el objetivo de los diversos comportamientos de que se trata (véase la sentencia Amann &amp; Söhne y Cousin Filterie/Comisión, antes citada, apartado 92, y la jurisprudencia citada).

 2º La sentencia de 17 de mayo de 2013 Asunto T-147/09 Trelleborg Industrie, apartados 59 y ss, precisa que:

 a) En el marco de una infracción que dura varios años, no impide la calificación de infracción única el hecho de que las distintas manifestaciones de los acuerdos se produzcan en períodos diferentes, siempre que pueda identificarse el elemento de unidad de actuación y finalidad

 b) De acuerdo con una práctica jurisprudencial constante se han identificado una serie de criterios que ayudan a calificar una infracción como única y continuada, a saber: la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos y servicios, de las empresas participantes, y de las formas de ejecución, pudiéndose tener en cuenta, además, la identidad de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas implicadas y la identidad del ámbito de aplicación geográfico de las prácticas consideradas.

 c) La Comisión puede, en consecuencia, presumir la permanencia de una empresa durante todo el período de duración del cártel, aunque no se haya acreditado la participación de la empresa en cuestión en fases concretas, siempre que concurran los elementos suficientes para acreditar la participación de la empresa en un plan conjunto con una finalidad específica, que se prolonga en el tiempo. La consecuencia inmediata de ello, es que el "dies a quo" del plazo de prescripción, se computa a partir del cese de la última conducta.

 Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad conferida a la empresa implicada de desvirtuar esta presunción.

 Dicha doctrina ha sido plenamente asumida por esta Sala de la Audiencia Nacional en las Sentencias de 15 de julio de 2014 (recursos nº 150/2013 y 176/2013 , asuntos Torres Epic y Tepol).

 Finalmente, la sentencia de 16 de junio de 2011, Asunto T-211/08 , Putters International NV, a propósito del Mercado de los servicios de mudanzas internacionales en Bélgica, advierte que:

 "Las prácticas colusorias sólo pueden ser consideradas elementos constitutivos de un acuerdo único restrictivo de la competencia si se acredita que se inscriben en un plan global que persigue un objetivo común. Además, sólo si la empresa supo, o debería haber sabido, cuando participó en las prácticas colusorias que, al hacerlo, se integraba en el acuerdo único, su participación en las prácticas colusorias de que se trata puede constituir la expresión de su adhesión a dicho acuerdo ( sentencia del Tribunal de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T 25/95 , T 26/95, T 30/95 a T 32/95, T 34/95 a T 39/95, T 42/95 a T 46/95, T 48/95, T 50/95 a T 65/95, T 68/95 a T 71/95, T 87/95, T 88/95, T 103/95 y T 104/95, Rec. p. II 491, apartados 4027 y 4112).

 Así pues, de esa jurisprudencia se deduce que deben concurrir tres requisitos para acreditar la participación en una infracción única y continuada, a saber, la existencia de un plan global que persigue un objetivo común, la contribución intencional de la empresa a ese plan y el hecho de que tenía conocimiento (demostrado o presunto) de los comportamientos infractores de los demás participantes".

 SÉPTIMO : Sobre la base de esta construcción jurisprudencial, la determinación de si nos encontramos ahora con una infracción única exige partir de la definición del mercado afectado que la resolución sancionadora hace en el apartado II de los Hechos Acreditados donde se refiere, en primer lugar, al mercado de producto -apartado 1- con esta indicación: "A efectos del presente expediente la DC no ha procedido a una delimitación exacta de los mercados de producto, sino a la descripción de los sectores afectados, debido a los siguientes motivos recogidos en el PCH: - Multitud de mercados potencialmente afectados, - dificultad en distinguir nítidamente entre los distintos posibles mercados de producto dentro de la gestión de residuos y el saneamiento urbano, y - no afecta a las conclusiones del análisis en el expediente de referencia, en el que se analizan posibles infracciones del artículo 1 de la LDC , que por su naturaleza, no pueden beneficiarse de la exención de minimis recogida en el artículo 5 de la LDC sea cual sea la cuota de mercado, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 del RDC. - Se distingue, a efectos de la descripción sectorial, entre Gestión de residuos y Saneamiento urbano -actividades que quedan al margen de la gestión de residuos urbanos-".

 Se trata de unas consideraciones de indudable relevancia a los efectos que ahora analizamos por cuanto ponen ya de manifiesto la dificultad de poder apreciar la existencia de una infracción única en la que participan una pluralidad de empresas que actúan en sectores bien distintos, que lo son hasta el punto de que la propia CNMC alerta de la existencia de "multitud de mercados potencialmente afectados".

 La CNMC hace una clasificación dentro de este epígrafe del mercado de producto, que le lleva a diferenciar entre la gestión de residuos donde incluye los residuos sólidos urbanos, los residuos industriales, peligrosos y no peligrosos, y la recuperación de papel y cartón -apartado A- y, por otra parte, el saneamiento urbano -apartado B-, que comprendería todas las actividades relacionadas con el saneamiento urbano pero que resultan ajenas a la gestión de residuos urbanos.

 A la falta de concisión en la determinación del mercado contribuye que en el transcrito fundamento de derecho undécimo la resolución alude a la acreditación de una infracción única "... en el sector de gestión de residuos y saneamiento urbano, con diversas manifestaciones en las diferentes actividades del sector, que se plasman en concreto en las siguientes conductas:

 En el sector de la gestión de residuos industriales e hidrocarburos las empresas imputadas han actuado (...). En segundo lugar, en el ámbito de la recuperación de papel y cartón, las empresas imputadas en este ámbito habrían acordado el reparto del mercado (...). En tercer lugar, en el segmento de saneamiento urbano, las conductas incluyen... ".

 Se emplean así los términos sector, ámbito o segmento de manera indistinta y, sobre todo, sin precisar de modo convincente la conexión entre ellos o entre las empresas que actúan en los mismos, por lo que no se ofrece ninguna base que pudiera sostener la idea de actuación conjunta y de plan único de actuación, consustanciales a la existencia de la infracción única conforme a la jurisprudencia europea que citábamos.

 Al tratar de las conductas investigadas -apartado III de los hechos acreditados-, la resolución impugnada insiste en esta compartimentación cuando señala lo siguiente:

 "Con la finalidad de facilitar una lectura ordenada de las conductas acreditadas se dividen los mismos en los siguientes tres grandes bloques en función del sector de actividad afectado: (i) la gestión de residuos industriales (fundamentalmente de clientes privados); (ii) la recuperación de papel y cartón; y (iii) el saneamiento urbano, que incluye la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU), la limpieza viaria y aguas, actividades en las que el cliente suele ser una Administración local o agrupaciones de éstas. Si bien estos tres sectores de actividad se encuentran conectados entre sí en la medida en que en los mismos se produce simultáneamente la participación de las grandes empresas a nivel nacional y/o sus filiales o entidades participadas, a continuación se describen los hechos acreditados en dichos sectores por separado".

 Con arreglo al concepto de infracción única a que aludíamos antes, el mantenimiento de esta calificación exige que todas y cada una de las empresas sancionadas participen de ese "plan conjunto" al que se refiere el TJUE en la sentencia de 24 de junio de 2015 .

 No obstante, en el caso concreto de la aquí recurrente, y como resulta de la misma descripción de la responsabilidad de las empresas que hace la resolución en el fundamento jurídico duodécimo. 16, su responsabilidad se vincula a lo siguiente: Presentarse, desde 2011, como un operador independiente, pero actuar en realidad como un instrumento para el reparto de mercado en el sector de los residuos industriales peligrosos en la zona Centro de España, beneficiando a sus matrices FCC Ámbito y Befesa.

 Llegados a este punto debemos decir que no se discute aquí si la conducta de la recurrente en el referido sector y en el ámbito geográfico que se menciona pueda ser reprochable desde el punto de vista de las normas de competencia, sino si dicha conducta tiene encaje o no en la infracción única y continuada que le imputa la CNMC y que le ha llevado a sancionarla cuando no hay en todo ello base para suponer que participase o tuviera conocimiento, en un objetivo común de un plan conjunto de actuación en el que intervinieran otras empresas cuya relación con la recurrente, es, simplemente, inexistente.

 Los argumentos empleados en la resolución recurrida en respuesta a las alegaciones formuladas sobre esta cuestión por las entidades afectadas no consiguen, a juicio de la Sala, solventar el escollo de la ausencia de cualquier prueba que acredite la concurrencia, en cuanto a la empresa ahora recurrente, de los requisitos que definen la infracción única y continuada según la jurisprudencia europea, cuales son, insistimos, la existencia de un plan global que persiga un objetivo común, la contribución intencional de la empresa a ese plan, y el hecho de que hubiera tenido conocimiento (demostrado o presunto) de los comportamientos infractores de los demás participantes.

 A este respecto debemos traer a colación la doctrina de la STJUE de 06/12/2012, asunto C-411/11 , que partiendo del apartado 44 de la misma, antes citado, exonera de responsabilidad como autora de una infracción única y continuada a la empresa por los actos cuyo conocimiento o participación en el plan conjunto anticompetitivo no se hayan acreditado.

 Ello no obstante, los apartados 45 a 47 de dicha sentencia subrayan, con la misma intensidad, la imposibilidad de exonerar de responsabilidad a las empresas por los actos anticompetitivos en los que, efectivamente hayan participado y ello resulte acreditado, cuestión que no es objeto de examen en este procedimiento.

 En todo caso, continúa el TJUE, únicamente puede dividirse así una Decisión de la Comisión que califica un cartel global de infracción única y continuada si, por una parte, a la citada empresa se le dio la oportunidad, durante el procedimiento administrativo, de comprender que también se le reprochaba cada uno de los comportamientos que lo componen, y, por tanto, de defenderse sobre este punto, y si, por otra, la citada Decisión es suficientemente clara a este respecto.

 No consta en el presente caso que la CNMC haya procedido a la división de su resolución en los términos señalados y la consecuencia de todo ello es que el recurso debe estimarse, pues no se ha acreditado, en definitiva, que la sancionada haya cometido la infracción única y continuada que se le imputa.

 OCTAVO : De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , las costas de esta instancia deberán ser satisfechas por la Administración demandada.

 VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FA LLO

 Estimamos el recurso interpuesto y en consecuencia anulamos el acto impugnado. Se imponen las costas a la Administración demandada.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

VOTO PARTICULAR 

 CONCURRENTE DE LOS MAGISTRADOS ANA ISABEL RESA GÓMEZ Y JOSÉ GUERRERO ZAPLANA.

 Con respeto a la decisión mayoritaria de la Sección, los Magistrados firmantes del presente voto particular consideran que, si bien el fallo de la presente sentencia debería ser igualmente estimatorio de las pretensiones de la parte recurrente, ello debería haber sido por una motivación diferente.

 Entendemos que debería haberse declarado la caducidad del procedimiento administrativo sancionador por haberse superado el plazo máximo de dieciocho meses, previsto en el artículo 36 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia , a computar desde la fecha del acuerdo de incoación y hasta la notificación de la resolución.

 PRIMERO.- Identificación de las resoluciones y relato de hechos.

 La resolución impugnada en este recurso, y en todos aquellos en los que se debe dictar idéntico voto particular, es la de fecha 8 de Enero de 2015 procedente de la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dictada en el expediente S/0429/12 Residuos, incoado de oficio por la Dirección de Investigación de la extinta Comisión Nacional de la Competencia con fecha 4 de julio de 2013 contra 37 empresas y dos asociaciones, y ampliado el 13 de marzo de 2014 contra 17 empresas y una asociación más por la existencia de indicios racionales de la comisión por parte de las empresas incoadas de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia .

 · La cuestión respecto de la que se plantea la discrepancia con el voto mayoritario de la Sección, con cuyo sentido discrepamos, procede del siguiente relato de hechos que es, en lo sustancial, idéntico en todos los recursos de los que ha conocido esta Sección en relación a la impugnación de la resolución que acabamos de mencionar y que se ha dictado en el mismo expediente: S/429/12 Residuos.

 - El expediente en cuestión se inició con fecha 4 de Julio de 2013. El plazo de dieciocho meses vencía el 4 de Enero de 2015.

 - Con fecha 27 de Noviembre de 2014 la Sala de Competencia dictó acuerdo de requerimiento de información al amparo del artículo 37.1.a) de la Ley 15/2007 en relación a cinco empresas que se mencionan en aquel requerimiento (ya adelantamos que ninguna de estas cinco empresas se verán afectadas por la caducidad que mantenemos en el presente voto particular).

 - El mencionado requerimiento de información fue notificado a las cinco empresas destinatarias de dicha petición de información o aportación de datos.

 - Con fecha 18 de Diciembre de 2014 se dictó acuerdo de levantamiento de suspensión con efectos de 16 de Diciembre de 2014.

 - Finalmente, la resolución frente a la que se interpone el recurso contencioso, como ya hemos dicho, se dictó con fecha 8 de Enero de 2015.

 - Consta en el expediente administrativo que la notificación de la resolución impugnada se realizó el día 15 de Enero de 2015 y, junto a la notificación de la resolución, se notificó el Acuerdo de fecha 18 de Diciembre de 2014 que acordaba el levantamiento de la suspensión, al que hemos hecho referencia más arriba.

 SEGUNDO.- Planteamiento de las partes

 Las empresas recurrentes, y que no fueron las cinco afectadas por el requerimiento de información al que se ha hecho referencia de fecha 27 de Noviembre de 2014, consideran que se ha producido la caducidad del procedimiento administrativo incoado el 4 de Julio de 2013 y ello pues debía haberse dictado la oportuna resolución antes del 4 de Enero de 2015; no obstante, la resolución se dictó el día 8 de Enero de 2015 y no se notificó hasta el día 15 de Enero de 2015.

 Entienden que no se puede descontar en el cómputo del plazo de dieciocho meses, los días transcurridos entre el 27 de Noviembre y el 16 de Diciembre de 2014 por lo que cuando se produce la notificación el día 15 de Enero, el procedimiento ya estaba caducado.

 Efectivamente, el mismo día de la notificación de la resolución que ponía fin al procedimiento, se les notificó la resolución que acordaba el levantamiento de la suspensión que, supuestamente, se había producido entre el 27 de Noviembre y el 16 de Diciembre de 2014.

 Consideran los recurrentes que, dentro del plazo de 18 meses para dictar la resolución, no se había notificado ni la resolución que acordaba la suspensión ni el levantamiento de la misma. Entienden que no debe tener efecto interruptivo de la caducidad la notificación del levantamiento de la suspensión del procedimiento cuando esta notificación se produjo fuera del periodo para la resolución del expediente y, además, no se notificó la resolución que acordaba la suspensión sino solo aquella que acordaba el levantamiento.

 Por el contrario, la resolución recurrida (y el voto de la mayoría de los integrantes de esta Sección) entiende que, una vez que, el día 15 de Enero, con la notificación de la resolución de fecha 8 de Enero se notificó la resolución de levantamiento de la suspensión de fecha 18 de Diciembre de 2014, la parte recurrente conoció que el plazo de 18 meses se debió ampliar con ocasión de la suspensión acordada el día 27 de Noviembre de 2014 por lo que concluyen que la caducidad no se ha producido.

 TERCERO.- Motivo de la discrepancia.

 Los Magistrados firmantes del presente voto particular consideramos que el respeto a las garantías de los administrados obliga a efectuar una interpretación literal de lo que establece la Ley de Defensa de la Competencia en su artículo 37 lo que debió haber conllevado que la Sentencia declarase la caducidad del procedimiento administrativo.

 Es necesario partir de que la propia Sala de Competencia, en el Acuerdo de requerimiento de Información (de fecha 27 de Noviembre de 2014), entiende que dicha petición de información se realiza al amparo de lo previsto en el artículo 37.1.a) de la ley: "El transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para resolver un procedimiento se podrá suspender, mediante resolución motivada, en los siguientes casos: a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios".

 La aplicación de este apartado tiene trascendencia en cuanto al cómputo del plazo de la suspensión, ya que no deberemos aplicar los criterios que establece la propia Ley y el Reglamento en cuanto a los demás supuestos de suspensión y las reglas de cómputo que se mencionan en el artículo 12 del Reglamento.

 En este sentido, resulta aplicable lo previsto en el artículo 37.5 de la Ley: "Contra el acuerdo que resuelva sobre la suspensión o sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno en vía administrativa".

 La exigencia de notificación a los interesados debe interpretarse como que dicha notificación debería haberse efectuado a todas aquellas empresas, que son parte en el procedimiento administrativo, que en caso de descontar el tiempo de suspensión del procedimiento administrativo sancionador se produciría, respecto de ellos, el efecto de que el procedimiento no estaría caducado.

 El concepto de interesado procede de lo que señala el artículo 31.1.b) de la Ley 30/92 (vigente al momento de iniciarse el procedimiento) cuando señala que son interesados: "Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte".

 Por lo tanto, la empresas no destinatarias del requerimiento de información previsto en el artículo 37.1.a) de la LDC estaban claramente interesadas en la suspensión acordaba, y al no habérseles notificado dicho Acuerdo de suspensión no les puede afectar y, para ellos, el procedimiento estaba caducado el día 4 de Enero por lo que al notificarles el día 15, dicha notificación es claramente extemporánea y no enerva la caducidad ya producida.

 La regulación conjunta de la Ley 15/2007 y su Reglamento (aprobado por R.D. 261/2008) obliga a entender que la suspensión exige la adopción de dos resoluciones: en primer lugar, la que acuerda la suspensión y, en segundo lugar, la que acuerda el levantamiento de la misma y que ambas deben ser notificadas a las partes para que tales resoluciones produzcan el efecto de interrumpir el procedimiento.

 Así resulta de lo previsto en el artículo 12.2 del Reglamento cuando señala que: "Para el levantamiento de la suspensión del plazo máximo, el órgano competente de la Comisión Nacional de la Competencia deberá dictar un nuevo acuerdo en el que se determinará qué se entiende reanudado el cómputo del plazo desde el día siguiente al de la resolución del incidente que dio lugar a la suspensión y la nueva fecha del plazo máximo para resolver el procedimiento. Este acuerdo de levantamiento de la suspensión será igualmente notificado a los interesados".

 Por lo tanto, y sin ánimo de ser exhaustivos, hay que señalar las irregularidades que se produjeron en el procedimiento administrativo y que obligan a que no tenga efecto suspensivo el Acuerdo de Requerimiento de información de fecha 27 de Noviembre:

 - Dicho Acuerdo no se notificó nunca a las empresas no destinatarias del requerimiento pero respecto de las que se pretende que se entienda suspendido el plazo de 18 meses.

 - Se les notificó el Acuerdo de levantamiento de la suspensión pero tal notificación se produjo el día 15 de Enero, una vez que el procedimiento estaba caducado desde el día 4 de Enero.

 - Se notificó el levantamiento de la suspensión pero no la adopción de la misma.

 - No se indicó la nueva fecha del plazo máximo para resolver.

 El hecho de que contra el Acuerdo de suspensión no se admita recurso alguno ( artículo 37.5 LDC ) no afecta a la conclusión que aquí se obtiene y ello puesto que los recurrentes interesados pero no notificados, si bien no podían recurrir, si tenían derecho a conocer cuando caducaba el procedimiento sancionador abierto contra ellos; y no es posible que cuando se notifique la resolución (que ellos ya consideraban dictada en un procedimiento caducado) conozcan que se había producido una suspensión a la que habían sido ajenos con la que la Administración había conseguido una ampliación de plazo máximo para resolver.

 El criterio mantenido en este Voto Particular mantiene la línea marcada por la Sentencia dictada por esta Sala y Sección en el recurso 145/2013 cuando se afirmó que: "Por consiguiente, si dicho trámite de suspensión en modo alguno le fue notificado no puede invocarse como trámite idóneo para que tenga lugar la suspensión del plazo de duración del procedimiento, debiéndose tener en cuenta que el art.12.5 del mencionado Real Decreto exige que los acuerdos de suspensión del plazo y los que alcen dichos acuerdos han de ser notificados a los afectados, por lo que un acuerdo de suspensión o de alzamiento sólo puede tener eficacia si tiene lugar su notificación al interesado ".

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 17/01/2018 doy fe.