Id. Cendoj: 28079230062017100449
ECLI: ES:AN:2017:5466
ROJ: SAN 5466/2017
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 28/12/2017
Nº de Recurso: 140/2015
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    EN EL MEDIO AMBIENTE  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000140 / 2015

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 01537/2015

 Demandante: MARPOL LEVANTE SL

 Procurador: Dª ROSA SORRIBES CALLE

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.

 VISTO , en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el recurso nº 140/15, seguido a instancia de la mercantil "Marpol Levante SL" , representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Rosa Sorribes Calle, con asistencia letrada, y como Administración demandada la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado. El recurso versó sobre impugnación de la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) dictada en el expediente S/0429/12 Residuos, la cuantía se fijó en 208.264 ¤, e intervino como ponente el Magistrado Don SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO. La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:

AN TECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO :. - Para el correcto enjuiciamiento de la cuestión planteada es necesario el conocimiento de los siguientes hechos:

 1. La recurrente, Marpol Levante, es una empresa con sede en Valencia que en 1997 constituyó junto con Urbaser, S.A., una UTE dedicada a la gestión de residuos de hidrocarburos, tales que aceites y residuos oleosos procedentes de las sentinas de buques.

 2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la LDCL y a la vista de determinadas denuncias sobre la existencia de prácticas colusorias en el mercado de recogida de residuos, la División de Investigación (DI), inició el 16 de julio de 2012 la información reservada número de referencia S/0429/12. Dichas actuaciones desembocaron en la incoación de un expediente sancionador el 4 de julio de 2013 en el que la recurrente fue sancionada como autora de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio , con la multa de 208.264 euros.

 3. Uno de los rasgos más sobresalientes del expediente tramitado por la CNMC, es la ausencia de una delimitación exacta de los mercados de producto, que se sustituye por una delimitación de los sectores afectados a la vista de la multitud potencial de mercados afectados y la dificultad de distinguir los distintos mercados de producto.

 4. A los efectos expuestos, la resolución impugnada distingue entre la gestión de residuos y el saneamiento urbano.

 5. La gestión de residuos:

 -Comprende una serie de fases, que pueden ser asumidas por un mismo operador o varias empresas distintas y que se resumen en la recogida y transporte del residuo, almacenamiento y triaje (separación de materiales), tratamiento para eliminar sustancias tóxicas y/o su valorización (recuperación vía reciclaje, obtención de biogás, combustible derivado de residuo sólido, o compost -que es un tipo de abono y, en ausencia de valor residual, su eliminación (vía incineración o depósito en vertedero).

 - Pueden ser clasificados con arreglo a dos criterios principales:

 a)La naturaleza del cliente, dividiéndose en públicos (como los residuos sólidos urbanos -RSU-, cuyos clientes son las Entidades Locales) o privados (también conocidos como industriales). Se trata de los residuos generados por particulares en sus hogares o pequeños comercios.

 b)Su toxicidad, que les separa en residuos peligrosos (también conocidos como especiales) o no peligrosos.

 Entre los no peligrosos destaca con autonomía propia el segmento de la recuperación de papel y cartón.

 Entre los peligrosos se encuentran las pilas (alcalinas, botón) y baterías, absorbentes sólidos, aerosoles, alcalinos fuertes, hidrocarburos (aceites...), residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), disolventes no halogenados, filtros de ventilación, pinturas y barnices al agua, residuos, de laboratorio, tubos fluorescentes y bombillas de bajo consumo, CFC, contenidos en neveras, equipos de refrigeración y aire acondicionado; halones, contenidos en extintores y sistemas de protección contra incendios.

 -La legislación general aplicable a la gestión de residuos viene recogida en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Asimismo, cabe observar que la gestión de residuos peligrosos es objeto de regulación adicional por parte de las CC.AA.

 6. El sector del saneamiento urbano comprende todo aquello que resulta ajeno a la gestión de residuos urbanos (RSU), como es el caso de la gestión de zonas verdes, tales como espacios municipales, y servicios forestales, limpieza viaria, de playas, de alcantarillado, y el tratamiento de aguas.

 Estas actividades se caracterizan normalmente por ser objeto de contratación por parte de las Entidades Locales con operadores privados, y por la presencia de operadores grandes y solventes, especialmente en los grandes municipios (lo cual supone barrera de entrada para las empresas pequeñas/locales), con experiencia en contratas similares, que unido a las inversiones necesarias para licitar, ocasiona que este segmento de negocio esté concentrado.

 7. En cuanto al mercado geográfico, la resolución recurrida señala que en principio es de carácter regional dadas la importancia de los costes de transporte del producto, aunque no descarta que los operadores más importantes operen en un ámbito nacional.

 8. En su FJ undécimo, la resolución señala que se ha cometido por las empresas sancionadas una infracción única y continuada descrita en el artículo 1 de la LDC en el sector de gestión de residuos y saneamiento urbano, y la concreta en las conductas que se describen a continuación:

 a) En el sector de la gestión de residuos industriales e hidrocarburos las empresas imputadas habrían actuado bajo un patrón común de reparto de mercado, ya mediante pactos bilaterales, sociedades conjuntas o UTE, con el fin de repartirse la clientela y las fuentes de aprovisionamiento, estableciendo mecanismos de compensación y de vigilancia de dichos acuerdos para garantizar su sostenibilidad.

 Dicho reparto de mercado estaría asociado a la recomendación colectiva que la Asociación ACESER realizó a sus asociados en 2013, por la que se les recordaba que tenían que respetar sus clientes respectivos, siendo éste un principio sobre el que se formó la asociación.

 b) En el sector de la recuperación de papel y cartón, las empresas imputadas en este ámbito habrían acordado el reparto del mercado a través de dos vías.

 -Mediante las actuaciones de la asociación AREMA en Madrid:

 AREMA operaría como monopsonista frente el Ayuntamiento de Madrid, mientras que los socios se beneficiarían por ser los destinatarios de dicho materia, y por el reparto mediante un pacto al margen de las fuerzas del mercado que eliminaría no sólo la competencia entre los socios sino con los potenciales competidor es que quedarían excluidos al no estar asociados a AREMA.

 La Asociación de la Recuperación y el Reciclado de Madrid (AREMA) es una asociación empresarial que tiene como objetivo fundamental promocionar la recuperación del papel y cartón, favoreciendo su adecuada recogida y selección. Pueden ser miembros de AREMA las empresas dedicadas a recuperar y reciclar papel y cartón usados con implantación en la Comunidad de Madrid.

 -A través de los pactos de reparto de mercado bilaterales entre Saica Natur o alguna de sus filiales y otras empresas recuperadoras competidoras.

 Saica tiene su sede en Zaragoza y es la sociedad cabecera del Grupo Saica, que integra verticalmente las distintas fases de la fabricación de papel para ondular a través de una organización en tres áreas:

 Saica Natur, S.L.: Gestión de residuos industriales y, en especial, la recuperación de papel y cartón como fuente de abastecimiento de materia prima (papel y cartón ondulado) para el proceso productivo de Saica Paper;

 Saica Paper: Fabricación de papel y cartón ondulado (siendo en este segundo caso el fabricante más importante de España); y

 Saica Pack, S.L.: Provisión de soluciones de embalaje.

 Saica Natur y otras empresas recuperadoras competidoras de papel y cartón habrían suprimido la competencia entre ellas a través de acuerdos bilaterales de respeto mutuo de clientes que también constituirían repartos de mercado

 c) En el segmento de saneamiento urbano, las conductas incluyen, por un lado, las recomendaciones colectivas de ASELIP a sus asociados, materializadas en la elaboración y aprobación de un Código de Conducta que recoge diversas recomendaciones como la abstención de las asociadas a presentarse a una licitación cuando la Administración no estuviera al corriente del pago a la empresa concesionario.

 Además, ha actuado como facilitador de la implementación de dicho Código de Conducta desde su emisión, ya que se ha encargado del seguimiento y ha contribuido al cumplimiento del citado código por parte de sus socios.

 La Asociación de Empresas de Limpieza Pública (ASELIP) es la asociación de ámbito nacional más importante por lo que se refiere al sector del saneamiento urbano.

 Por otro lado, empresas competidoras dentro del ámbito de saneamiento urbano habrían creado empresas en participación, UTE o pactos bilaterales cuya finalidad ha sido la supresión de la competencia mediante la presentación de ofertas únicas en licitaciones con entidades locales al menos en Andalucía, Madrid y País Vasco

 9. La concreta conducta que se imputa a la recurrente consiste en el acuerdo realizado a partir de diciembre de 2010 entre la mercantil FCC Ámbito y la UTE Urbamar Levante, formada por la recurrente y la mercantil Urbaser, según el cual FCC Ámbito enviaría a dicha UTE el aceite que recuperase en su cliente Arcelor Mittal Sagunto SA y a cambio dicha UTE no ofertaría a dicho cliente.

 Este supuesto pone de manifiesto una práctica generalizada de reparto de clientes o de mercados, puesta en común de estrategias y establecimientos de pautas de comportamiento comunes, algunas relacionadas con los precios, que va más allá de las normales relaciones bilaterales compatibles con la normativa de la libre competencia.

 Existe una evidente interrelación en los diferentes ámbitos de actividad en los que las empresas están presentes, pues se ha advertido que existen grandes operadores nacionales integrados verticalmente (FCC, Cespa, Saica, Urbaser), que operan en todos o en parte de los mercados analizados y desde esa oposición implementan un acuerdo global de actuación.

 10. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), mediante resolución de fecha ocho de enero de 2015, adoptó, en lo que afecta a la recurrente, las siguientes decisiones:

 1. Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 16/1989 y del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Undécimo de esta Resolución

 2. De acuerdo con la responsabilidad atribuida en el Fundamento de Derecho Duodécimo, declarar responsable de la citada infracción a las siguientes empresas y asociaciones (en número de 43), que son sancionadas con las multas que se indican:

 ......

 - Marpol Levante SL: 208.264 euros.

 ...

 3. Instar a la Dirección de Competencia de esta Comisión Nacional de los

 Mercados y la Competencia para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de la resolución.

 SEGUNDO:.- Po r la representación de la actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución precedente, formalizando demanda con la súplica de que se dictara sentencia declarando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme a derecho. La fundamentación jurídica de la demanda se basó en las siguientes consideraciones:

 1. Infracción del principio de responsabilidad ( artículo 61 de la LDC ).

 -La eventual infractora sería la UTE Urbamar Levante o su sucesora, la sociedad mercantil Urbamar Levante Residuos Industriales, pero no la recurrente.

 A partir del 16 de julio de 2013, la UTE de la que formaba parte la recurrente cedió a la referida sociedad la totalidad de su negocio y más en concreto las autorizaciones y la concesión de dominio público donde ejercía la actividad de almacenamiento y tratamiento de residuos oleosos que le había sido otorgada por la Autoridad Portuaria de Valencia.

 -Invoca la STJUE Autorita Garante della Concorrenza e del mercato v. EIT SpA, sobre el principio de la personalidad de la pena y su transferencia: La nueva mercantil continúa la misma actividad que la UTE, con los mismos socios, medios y autorizaciones.

 2. Caducidad del procedimiento sancionador:

 -El procedimiento fue incoado el 4 de julio de 2013 por lo que el plazo legal de 18 meses para instruir y fallar ( artículo 38.1 LDC y 28.2 del RDC), finalizó el 4 de enero de 2015.

 -La recurrente analiza la suspensión acordada el 27 de noviembre de 2014 y estima que produce efectos desde el 9 de diciembre al ser ésta la fecha en la que dicho acuerdo le fue notificado. Dado que la suspensión duró hasta el 16 de diciembre siguiente, al haber sido levantada por acuerdo de 18 de diciembre con efectos de la fecha antes indicada, solo pueden computarse 7 días naturales de suspensión.

 Esta suspensión fue acordada con apoyo en el artículo 37.1 a) de la LDC para requerir a las partes para que aportasen las cifras de volumen de negocio consolidado de los años 2010 a 2013.

 -A este respecto señala que de conformidad con el artículo 12.3 del RDC, al término del plazo inicial deben computarse los días naturales durante los cuales el plazo quedó suspendido, por lo que, en todo caso, el plazo máximo para la notificación finalizó el 11 de enero de 2015.

 -En todo caso subraya que esta suspensión no estaba justificada pues la información que le fue requerida ya estaba en poder de la CNMC.

 3.Ausencia de delimitación del mercado.

 -La resolución es contradictoria, ya que la CNMC en realidad ha distinguido entre distintos tipos de residuos por lo que no se justifica la ausencia de delimitación del mercado de producto.

 - Dicha técnica permite justificar un supuesto acuerdo global de reparto de mercado que incluyen múltiples pactos bilaterales que no guardan relación entre ellos. No es posible en ese caso identificar a los infractores.

 -Invoca la Comunicación de la Comisión Europea 97/C 372/03 relativa a la definición del mercado de referencia a efectos de la aplicación de los artículos 81 y 82 del TFE.

 A) En relación con el mercado de producto:

 -Hay que tener en cuenta la tipología del residuo y la actividad concreta de gestión que se lleva a cabo, para determinar el mercado de producto.

 -La actividad de recogida de los distintos tipos de residuos no es sustituible, ni desde el punto de vista de la oferta, ni del de la demanda, por lo que no puede definirse el mercado de producto incluyendo la totalidad de todos los tipos de residuo.

 -La Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos, distingue y da un tratamiento distinto a los diferentes tipos de residuos, exigiéndose autorizaciones e instalaciones diferentes para cada sector de actividad. En el mismo sentido, la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados.

 -La CNMC no ha analizado el mercado desde la óptica de la oferta ni de la demanda, ni ha establecido cuotas de mercado. Afirma sin mayor prueba que los mercados afectados están totalmente interrelacionados.

 B) Mercado geográfico:

 -Es regional, como reconoce la propia resolución y el caso de la recurrente limitado a la Comunidad Valenciana.

 -Califica de absurdo que se vea sancionada como autora de un acuerdo global que engloba todos los sectores de la recogida de residuos, cuando su única actividad es la almacenamiento y valorización de residuos peligrosos concretos.

 Señala el folio 17520 del expediente en el que la CNMC afirma que se delimitado la responsabilidad de acuerdo con el ámbito material y geográfico pertinente.

 4. Incompetencia de la CNMC para sancionar a la recurrente:

 -Invoca el artículo 1 de la Ley 1/2002 y el Decreto 50/2012 de 23 de marzo del Consell que creó la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana

 -En todo caso se ha vulnerado el procedimiento establecido en el artículo 5.4 de la Ley 1/2002 , al no haberse recabado informe alguno por la CNMC.

 5. Nulidad de la orden de investigación:

 -La orden se dictó en términos muy generales incompatibles con la STS de 27 de febrero de 2015 , no señalando las presunciones que se pretenden comprobar y la documentación que se pretende obtener.

 -No existía indicio alguno que vinculara a la recurrente con las prácticas investigadas, no se identificaban los sectores afectados.

 6. Infracción del principio de culpabilidad.

 -No hay prueba alguna sobre la participación de la recurrente en las prácticas sancionadas y la CNMC se negó a reclamar a las empresas implicadas el supuesto contrato que vinculaba a la recurrente con el cártel.

 -Únicamente un correo interno de la empresa FCC Ámbito en el que se menciona la supuesta intención de la UTE en la que se integra la recurrente, de participar en el acuerdo.

 -Tampoco se encuentra elemente incriminatorio alguno respecto de Urbaser, el otro integrante de la UTE.

 7. Falta de concurrencia de los requisitos para calificar la infracción como única y continuada:

 -Las empresas sancionadas no son competidoras, pues actúan en ámbitos distintos.

 -El correo que implica a la recurrente se refiere a un acuerdo bilateral, pero nada dice sobre un reparto global de mercado.

 -La recurrente no ha asistido a ninguna reunión ni ha tenido relación alguna con las otras mercantiles sancionadas.

 -Invoca la SAN de 10 de diciembre de 2009 (Cajas Vascas) y subraya que no concurren los requisitos establecidos en la misma para apreciar la existencia de una infracción continuada.

 -Destaca la falta de conexión espacio-temporal de los distintos contratos y la falta de identidad de los sujetos responsables, y niega la existencia de un plan de actuación preconcebido.

 8. Infracción del principio de legalidad:

 -La subcontratación entre empresas con un pacto de no competencia no es necesariamente contrario al Derecho de la Competencia, pues, al no tratarse de una infracción por objeto, hay que probar sus efectos anticompetitivos.

 -Al no haber definido la CNMC el mercado de referencia, ni haber acreditado el objeto concreto de la subcontratación, no puede precisarse si el acuerdo denunciado es vertical u horizontal.

 -Invoca las Directrices relativas a los acuerdos de cooperación horizontal (apartados 29, 237 y 243) y destaca que la recurrente es una empresa pequeña, dedicada a la gestión de residuos oleosos procedentes de las sentinas de los buques, que no puede competir con la empresa subcontratante FCC Ámbito SA, que la CNMC califica como grupo empresarial de presencia nacional que opera en varios sectores de la recogida de residuos.

 -No se ha acreditado la vulneración de la competencia. No se ha analizado el volumen de mercado de las empresas afectadas, ni se ha tomado en consideración que existen múltiples empresas gestoras de residuos que compiten con la recurrente

 9. Errónea tipificación de la sanción:

 -La infracción imputada a la recurrente ha sido calificada como muy grave ( artículo 62.4 a. LDC ), por haber realizado un pacto colusorio con la mercantil FCC, a la que califica de competidora real o potencial de la recurrente.

 -Sin embargo, la resolución no concreta la función desempeñada por la recurrente en dicho acuerdo, cuya realidad niega.

 -En todo caso, la infracción, de existir, sería grave.

 10. Infracción del principio de legalidad al imponerle la sanción por constituir una UTE:

 -La constitución de la UTE era necesaria para poder realizar una oferta competitiva y nunca tuvo por objeto restringir la competencia, sin que se haya acreditado lo contrario.

 11. Infracción de los artículos 62 y ss de la LDC al efectuar el cálculo de la sanción.

 -La resolución aplica la Comunicación de la CNC de febrero de 2009, resolución que resulta contraria a nuestro sistema jurídico según la jurisprudencia del TS desde la inicial STS de 29 de enero de 2015 .

 12. Infracción de los principios de proporcionalidad e individualización de la sanción.

 TERCERO:.- La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella con la súplica de que se dicte sentencia desestimando el recurso y declarando ajustada a derecho la resolución recurrida.

 CUARTO:.- Pr acticada la prueba declarada pertinente, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.

 QUINTO:.- Señalado el día cuatro de octubre de 2017 para la deliberación, votación y fallo, se celebraron sucesivas reuniones a dicho efecto, siendo las última el 20 de diciembre de 2017.

 SEXTO:.- Aparecen observadas las formalidades de tramitación, que son las del procedimiento ordinario.

FU NDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO: La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la resolución de fecha ocho de enero de 2015, dictada por el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en el expediente S/0429/12 Residuos, en cuya virtud se acordó:

 1. Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 16/1989 y del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Undécimo de esta Resolución (ver Antecedente de Hecho nº 9 de esta sentencia).

 2. De acuerdo con la responsabilidad atribuida en el Fundamento de Derecho Duodécimo, declarar responsable de la citada infracción a las siguientes empresas y asociaciones que son sancionadas con las multas que se indican:

 ......

 - Marpol Levante SL: 208.264 euros.

 ...

 3. Instar a la Dirección de Competencia de esta Comisión Nacional de los

 Mercados y la Competencia para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de la resolución.

 SEGUNDO: La primera cuestión que debe tratarse en el presente asunto es la relativa a la caducidad del procedimiento a cuyos efectos debemos recordar los siguientes datos:

 1. El expediente sancionador S/0429/12 residuos, fue incoado el 4 de julio de 2013, por lo que el plazo legal de 18 meses para instruir y fallar ( artículo 38.1 LDC y 28.4 del Real Decreto 261/2008 por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Defensa de la Competencia, RDC), finalizó el 4 de enero de 2015.

 2. Sin embargo, la resolución impugnada se dictó el 8 de enero de 2015 y notificó a la recurrente el 15 de enero siguiente, es decir una vez transcurrido el plazo de los 18 meses reseñado.

 3. Sin perjuicio de lo anterior, mediante acuerdo del 27 de noviembre de 2014 y con amparo en el artículo 37 a) de la LDC , el Consejo de la CNMC decidió suspender la tramitación del procedimiento por término máximo de 10 días, para requerir a cinco empresas a fin de que aportasen los datos relativos al volumen de negocio consolidado en el sector de residuos y saneamiento urbano, relativo a los años 2010 a 2013.

 4. Las empresas requeridas por el acuerdo de 27 de noviembre de 2014, fueron notificadas en las fechas siguientes, todas de 2014:

 -Recuperaciones Lapuerta SC el 11 de diciembre.

 -Garcés Recuperación SL, el 9 de diciembre.

 -Recuperaciones de residuos petrolíferos SL, el 2 de diciembre.

 -Amboil, Aprovisionamiento y Logística SL: la notificación fue fallida.

 -Marpol Levante SA, el 9 de diciembre de 2014

 5. Por otra parte, el acuerdo de 27 de noviembre de 2014 fue notificado al resto de empresas sancionadas en el presente expediente, como la recurrente, el 15 de enero de 2015 conjuntamente con la resolución que pone fin al procedimiento.

 6. La suspensión de dicho acuerdo fue levantada por nuevo acuerdo dictado el 18 de diciembre, con efectos del día 16 anterior.

 Así las cosas la cuestión que debemos resolver consiste en determinar si la suspensión del procedimiento acordada el 27 de noviembre tiene o no, efectos interruptivos del plazo de 18 meses conferido a la CNMC para tramitar y resolver el expediente.

 TERCERO : Por lo que respecta a la legislación aplicable a este caso deben tenerse en cuenta, en particular, los siguientes preceptos:

 A) De la LDC:

 -Artículo 36.1: "El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador por conductas restrictivas de la competencia será de dieciocho meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo y su distribución entre las fases de instrucción y resolución se fijará reglamentariamente"

 -Artículo 37.1 a), según el cual "El transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para resolver un procedimiento se podrá suspender, mediante resolución motivada, en los siguientes casos:

 a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios.

 -Artículo 37.5 : "Contra el acuerdo que resuelva sobre la suspensión o sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno en vía administrativa".

 - Artículo 51.1 de la LDC : "El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá ordenar, de oficio o a instancia de algún interesado, la práctica de pruebas distintas de las ya practicadas ante la Dirección de Investigación en la fase de instrucción así como la realización de actuaciones complementarias con el fin de aclarar cuestiones precisas para la formación de su juicio. El acuerdo de práctica de pruebas y de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndose un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes. Dicho acuerdo fijará, siempre que sea posible, el plazo para su realización.

 - Artículo 11.2 del RDC: 2. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , se entenderá cumplida la obligación de notificar con el intento de notificación, que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, debidamente acreditado dentro del plazo máximo establecido.

 - Artículo 12.1 a) del RDC "En caso de suspensión del plazo máximo, el órgano competente de la Comisión Nacional de la Competencia deberá adoptar un acuerdo en el que se señale la causa de la suspensión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 15/2007, de 3 de julio , entendiéndose suspendido el cómputo del plazo:

 a) En los supuestos previstos en el artículo 37.1.a ) y b) de la Ley 15/2007, de 3 de julio , por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, durante el plazo concedido.

 -Artículo 12.2. del RDC: "Para el levantamiento de la suspensión del plazo máximo, el órgano competente de la Comisión Nacional de la Competencia deberá dictar un nuevo acuerdo en el que se determinará que se entiende reanudado el cómputo del plazo desde el día siguiente al de la resolución del incidente que dio lugar a la suspensión y la nueva fecha del plazo máximo para resolver el procedimiento. Este acuerdo de levantamiento de la suspensión será igualmente notificado a los interesados".

 -Artículo 12.3 del RDC "En los casos de suspensión del plazo, el día final del plazo se determinará añadiendo al término del plazo inicial, los días naturales durante los que ha quedado suspendido el plazo".

 CUARTO : Esta primera cuestión planteada es común a todas las empresa sancionadas en el cártel objeto de enjuiciamiento y por ello debe ser objeto de una respuesta que se pronuncie sustancialmente en los mismos términos.

 Para abordar esta cuestión es importante constatar que, con fecha 9 de diciembre de 2014, se notificó al representante de la recurrente el Acuerdo de fecha 27 de noviembre de 2014, la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC, por el que se acordó suspender el plazo máximo para resolver el expediente de referencia hasta que por parte de los interesados se aportara determinada documentación o en su caso transcurriera el plazo concedido. Dicho acuerdo fue notificado personalmente a solo cinco de las empresas sancionadas, siendo la primera en recibir la notificación la mercantil "Recuperaciones de residuos petrolíferos SL", en concreto el 2 de diciembre de 2014 (folio 17189.1.1). Transcurrido el plazo concedido, se efectuó el levantamiento de la suspensión con efectos de 16 de diciembre de 2014, por lo que en total el procedimiento estuvo suspendido 14 días naturales.

 Contrariamente a lo que afirma la recurrente, el inicio del cómputo del plazo de caducidad en un supuesto como el presente en el que son varias las empresas sancionadas por la mima resolución, debe considerarse en el marco de un procedimiento único. Por ello el plazo de suspensión se inicia en la fecha en la que se notifica el requerimiento a la primera de las empresas afectadas, que es la mercantil "Recuperaciones de residuos petrolíferos SL", al que se le notificó el requerimiento el 2 de diciembre de 2014 (folio 17189.1.1) y termina en la fecha en que dicho requerimiento fue cumplido por todos los afectados o se venció el plazo concedido parta ello, esto es, el 16 de diciembre de 2014.

 En atención a lo expuesto, son 154 los días naturales en los que el procedimiento estuvo suspendido, por lo que añadidos al 4 de enero de 2015, constatamos que la notificación efectuada el 15 de enero siguiente se realizó en plazo, por lo que el procedimiento no ha caducado.

 QUINTO : La segunda de las cuestiones planteadas se refiere a la denunciada inexistencia de una infracción única y continuada que se imputa a la entidad recurrente, subrayando que la estimación de tal motivo haría innecesario el análisis de los demás.

 Nuevamente y por las mismas razones expuestas en el FJ anterior debemos referirnos a nuestra sentencia de 22 de diciembre de 2017, recurso nº 93/15 , en los siguientes términos:

 Recordemos que, en efecto, la parte dispositiva de la resolución de 8 de enero de 2015 declara que "... se ha acreditado una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 16/1989 y del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Undécimo de esta Resolución", infracción de la que hace responsable a la recurrente junto con las demás empresas que relaciona en el dispositivo segundos.

 Además, en el citado fundamento de derecho undécimo se refiere a la acreditación de una infracción de esa clase "... en el sector de gestión de residuos y saneamiento urbano, con diversas manifestaciones en las diferentes actividades del sector, que se plasman en concreto en las siguientes conductas: En el sector de la gestión de residuos industriales e hidrocarburos las empresas imputadas han actuado, en general, bajo un patrón común de reparto de mercado y que se plasma de múltiples formas, como pactos bilaterales, sociedades conjuntas o UTE, cuya finalidad no es otra que la del reparto de clientes finales así como las fuentes de aprovisionamiento, y que habrían eliminado el incentivo a que estos mismos operadores puedan buscar una participación en el mercado diferente a la que mantienen en la actualidad. Se observan también mecanismos de compensación y de vigilancia de dichos acuerdos para garantizar su sostenibilidad. El reparto de mercado también está conectado con la recomendación colectiva que la Asociación ACESER realizó a sus asociados en 2013, por la que se les recordaba que tenían que respetar sus clientes respectivos, siendo éste un principio sobre el que se formó la asociación. En segundo lugar, en el ámbito de la recuperación de papel y cartón, las empresas imputadas en este ámbito habrían acordado el reparto del mercado a través de dos vías. Por un lado, a través de las actuaciones de la asociación AREMA en Madrid, y, por otro, a través de los pactos de reparto de mercado bilaterales entre SAICA NATUR o alguna de sus filiales y otras empresas recuperadoras competidoras. Como se ha visto en los hechos acreditados, AREMA opera como monopsonista frente el Ayuntamiento de Madrid, mientras que los socios se benefician por ser los destinatarios de dicho material, y por el reparto mediante un pacto al margen de las fuerzas del mercado que elimina no sólo la competencia entre los socios sino con los potenciales competidores que quedan excluidos al no estar asociados a AREMA. En segundo lugar, SAICA NATUR y otras empresas recuperadoras competidoras de papel y cartón han suprimido la competencia entre ellas a través de acuerdos bilaterales de respeto mutuo de clientes que también constituyen repartos de mercado en línea con lo comentado en el primer bloque. En tercer lugar, en el segmento de saneamiento urbano, las conductas incluyen, por un lado, las recomendaciones colectivas de ASELIP a sus asociados, materializadas en la elaboración y aprobación de un Código de Conducta que recoge diversas recomendaciones como la abstención de las asociadas a presentarse a una licitación cuando la Administración no estuviera al corriente del pago a la empresa concesionario. Además, ha actuado como facilitador de la implementación de dicho Código de Conducta desde su emisión, ya que se ha encargado del seguimiento y ha contribuido al cumplimiento del citado código por parte de sus socios. Por otro lado, empresas competidoras dentro del ámbito de saneamiento urbano habrían creado empresas en participación, UTE o pactos bilaterales cuya finalidad ha sido la supresión de la competencia mediante la presentación de ofertas únicas en licitaciones con entidades locales al menos en Andalucía, Madrid y País Vasco".

 SEXTO : Con objeto de determinar si la conducta de la empresa recurrente se ajusta o no al concepto de infracción única y continuada es necesario partir de la jurisprudencia europea sobre la cuestión.

 Entre las más recientes, la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 junio 2015, asunto C-263/2013 sintetiza el criterio seguido en esta materia al señalar lo siguiente:

 "156 Según reiterada jurisprudencia, una infracción del artículo 81 CE , apartado 1, puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir, por sí mismos y aisladamente considerados, una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto», debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto (sentencia Comisión/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778 , apartado 41 y la jurisprudencia citada).

 157 Una empresa que haya participado en tal infracción única y compleja mediante comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de acuerdo o de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 81 CE , apartado 1, y que pretendían contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede así ser también responsable de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el período de su participación en dicha infracción. Así sucede cuando se acredita que la citada empresa intentaba contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes y que tuvo conocimiento de los comportamientos infractores previstos o ejecutados por otras empresas para alcanzar los mismos objetivos o que pudo de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo (sentencia Comisión/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778 , apartado 42 y la jurisprudencia citada).

 158 En consecuencia, una empresa puede haber participado directamente en todos los comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción única y continuada, en cuyo caso la Comisión puede imputarle conforme a Derecho la responsabilidad de todos esos comportamientos y, por tanto, de dicha infracción en su totalidad. Asimismo, una empresa puede haber participado directamente sólo en una parte de los comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción única y continuada, pero haber tenido conocimiento de todos los otros comportamientos infractores previstos o ejecutados por los demás participantes en el cartel para alcanzar los mismos objetivos o haber podido preverlos de forma razonable y haber estado dispuesta a asumir el riesgo. En tal caso, la Comisión también puede lícitamente imputarle a dicha empresa la responsabilidad de la totalidad de los comportamientos contrarios a la competencia que componen tal infracción y, por consiguiente, de ésta en su totalidad (sentencia Comisión/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778 , apartado 43).

 159 Por el contrario, si una empresa ha participado directamente en uno o varios comportamientos contrarios a la competencia que componen una infracción única y continuada, pero no se ha acreditado que, mediante su propio comportamiento, intentase contribuir a la totalidad de los objetivos comunes perseguidos por los otros participantes en el cártel y que tenía conocimiento de todos los otros comportamientos infractores previstos o ejecutados por dichos participantes para alcanzar los mismos objetivos o que pudiera de forma razonable haberlos previsto y estuviera dispuesta a asumir el riesgo, la Comisión únicamente puede imputarle la responsabilidad de los comportamientos en los que participó directamente y de los comportamientos previstos o ejecutados por los otros participantes para alcanzar los mismos objetivos que los que ella perseguía y de los que se acredite que tenía conocimiento o podía haberlos previsto razonablemente y estaba dispuesta a asumir el riesgo (sentencia Comisión/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778 , apartado 44)".

 Reproduce así la interpretación seguida en otros asuntos que parten también, para advertir la existencia de una infracción única y continuada, del presupuesto ineludible de la concertación de un plan único de actuación conjunta entre las distintas entidades implicadas.

 Además de la mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2012, Asunto Verhuizongen Coppens, C- 441/11 , también el Tribunal General, sin perjuicio, obviamente, de aplicar esta jurisprudencia, ha puntualizado los siguientes extremos:

 1º En la sentencia de 6 de febrero de 2014, asunto T-27/10 AC- Treuhand AG, apartados 240 y 241, señala que no puede identificarse de forma genérica el concepto "objetivo único", que subyace en el plan conjunto de las empresas implicadas, con la simple distorsión de la competencia, pues ese es el presupuesto de la calificación de la práctica como anticompetitiva. Esa interpretación tendría como consecuencia, que varios comportamientos relativos a un sector económico, contrarios al artículo 81 CE , apartado 1, deberían calificarse sistemáticamente como elementos constitutivos de una infracción única (véase la sentencia del Tribunal de 30 de noviembre de 2011, Quinn Barlo y otros/Comisión, T-208/06 , Rec. p. II-7953, apartado 149, y la jurisprudencia citada).

 Por ello, debe siempre verificarse el grado de complementariedad de los distintos comportamientos que integran la infracción única.

 A este respecto, habrá que tener en cuenta cualquier circunstancia que pueda demostrar o desmentir dicho vínculo, como el período de aplicación, el contenido (incluyendo los métodos empleados) y, correlativamente, el objetivo de los diversos comportamientos de que se trata (véase la sentencia Amann &amp; Söhne y Cousin Filterie/Comisión, antes citada, apartado 92, y la jurisprudencia citada).

 2º La sentencia de 17 de mayo de 2013 Asunto T-147/09 Trelleborg Industrie, apartados 59 y ss, precisa que:

 a) En el marco de una infracción que dura varios años, no impide la calificación de infracción única el hecho de que las distintas manifestaciones de los acuerdos se produzcan en períodos diferentes, siempre que pueda identificarse el elemento de unidad de actuación y finalidad

 b) De acuerdo con una práctica jurisprudencial constante se han identificado una serie de criterios que ayudan a calificar una infracción como única y continuada, a saber: la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos y servicios, de las empresas participantes, y de las formas de ejecución, pudiéndose tener en cuenta, además, la identidad de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas implicadas y la identidad del ámbito de aplicación geográfico de las prácticas consideradas.

 c) La Comisión puede, en consecuencia, presumir la permanencia de una empresa durante todo el período de duración del cártel, aunque no se haya acreditado la participación de la empresa en cuestión en fases concretas, siempre que concurran los elementos suficientes para acreditar la participación de la empresa en un plan conjunto con una finalidad específica, que se prolonga en el tiempo. La consecuencia inmediata de ello, es que el "dies a quo" del plazo de prescripción, se computa a partir del cese de la última conducta.

 Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad conferida a la empresa implicada de desvirtuar esta presunción.

 Dicha doctrina ha sido plenamente asumida por esta Sala de la Audiencia Nacional en las Sentencias de 15 de julio de 2014 (recursos nº 150/2013 y 176/2013 , asuntos Torres Epic y Tepol).

 Finalmente, la sentencia de 16 de junio de 2011, Asunto T-211/08 , Putters International NV, a propósito del Mercado de los servicios de mudanzas internacionales en Bélgica, advierte que:

 "Las prácticas colusorias sólo pueden ser consideradas elementos constitutivos de un acuerdo único restrictivo de la competencia si se acredita que se inscriben en un plan global que persigue un objetivo común. Además, sólo si la empresa supo, o debería haber sabido, cuando participó en las prácticas colusorias que, al hacerlo, se integraba en el acuerdo único, su participación en las prácticas colusorias de que se trata puede constituir la expresión de su adhesión a dicho acuerdo ( sentencia del Tribunal de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T 25/95 , T 26/95, T 30/95 a T 32/95, T 34/95 a T 39/95, T 42/95 a T 46/95, T 48/95, T 50/95 a T 65/95, T 68/95 a T 71/95, T 87/95, T 88/95, T 103/95 y T 104/95, Rec. p. II 491, apartados 4027 y 4112).

 Así pues, de esa jurisprudencia se deduce que deben concurrir tres requisitos para acreditar la participación en una infracción única y continuada, a saber, la existencia de un plan global que persigue un objetivo común, la contribución intencional de la empresa a ese plan y el hecho de que tenía conocimiento (demostrado o presunto) de los comportamientos infractores de los demás participantes".

 SÉPTIMO : Sobre la base de esta construcción jurisprudencial, la determinación de si nos encontramos ahora con una infracción única exige partir de la definición del mercado afectado que la resolución sancionadora hace en el apartado II de los Hechos Acreditados donde se refiere, en primer lugar, al mercado de producto -apartado 1- con esta indicación: "A efectos del presente expediente la DC no ha procedido a una delimitación exacta de los mercados de producto, sino a la descripción de los sectores afectados, debido a los siguientes motivos recogidos en el PCH: - Multitud de mercados potencialmente afectados, - dificultad en distinguir nítidamente entre los distintos posibles mercados de producto dentro de la gestión de residuos y el saneamiento urbano, y - no afecta a las conclusiones del análisis en el expediente de referencia, en el que se analizan posibles infracciones del artículo 1 de la LDC , que por su naturaleza, no pueden beneficiarse de la exención de minimis recogida en el artículo 5 de la LDC sea cual sea la cuota de mercado, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 del RDC. - Se distingue, a efectos de la descripción sectorial, entre Gestión de residuos y Saneamiento urbano -actividades que quedan al margen de la gestión de residuos urbanos-".

 Se trata de unas consideraciones de indudable relevancia a los efectos que ahora analizamos por cuanto ponen ya de manifiesto la dificultad de poder apreciar la existencia de una infracción única en la que participan una pluralidad de empresas que actúan en sectores bien distintos, que lo son hasta el punto de que la propia CNMC alerta de la existencia de "multitud de mercados potencialmente afectados".

 La CNMC hace una clasificación dentro de este epígrafe del mercado de producto, que le lleva a diferenciar entre la gestión de residuos donde incluye los residuos sólidos urbanos, los residuos industriales, peligrosos y no peligrosos, y la recuperación de papel y cartón -apartado A- y, por otra parte, el saneamiento urbano -apartado B-, que comprendería todas las actividades relacionadas con el saneamiento urbano pero que resultan ajenas a la gestión de residuos urbanos.

 A la falta de concisión en la determinación del mercado contribuye que en el transcrito fundamento de derecho undécimo la resolución alude a la acreditación de una infracción única "... en el sector de gestión de residuos y saneamiento urbano, con diversas manifestaciones en las diferentes actividades del sector, que se plasman en concreto en las siguientes conductas:

 En el sector de la gestión de residuos industriales e hidrocarburos las empresas imputadas han actuado (...). En segundo lugar, en el ámbito de la recuperación de papel y cartón, las empresas imputadas en este ámbito habrían acordado el reparto del mercado (...). En tercer lugar, en el segmento de saneamiento urbano, las conductas incluyen... ".

 Se emplean así los términos sector, ámbito o segmento de manera indistinta y, sobre todo, sin precisar de modo convincente la conexión entre ellos o entre las empresas que actúan en los mismos, por lo que no se ofrece ninguna base que pudiera sostener la idea de actuación conjunta y de plan único de actuación, consustanciales a la existencia de la infracción única conforme a la jurisprudencia europea que citábamos.

 Al tratar de las conductas investigadas -apartado III de los hechos acreditados-, la resolución impugnada insiste en esta compartimentación cuando señala lo siguiente:

 "Con la finalidad de facilitar una lectura ordenada de las conductas acreditadas se dividen los mismos en los siguientes tres grandes bloques en función del sector de actividad afectado: (i) la gestión de residuos industriales (fundamentalmente de clientes privados); (ii) la recuperación de papel y cartón; y (iii) el saneamiento urbano, que incluye la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU), la limpieza viaria y aguas, actividades en las que el cliente suele ser una Administración local o agrupaciones de éstas. Si bien estos tres sectores de actividad se encuentran conectados entre sí en la medida en que en los mismos se produce simultáneamente la participación de las grandes empresas a nivel nacional y/o sus filiales o entidades participadas, a continuación se describen los hechos acreditados en dichos sectores por separado".

 Con arreglo al concepto de infracción única a que aludíamos antes, el mantenimiento de esta calificación exige que todas y cada una de las empresas sancionadas participen de ese "plan conjunto" al que se refiere el TJUE en la sentencia de 24 de junio de 2015 .

 No obstante, en el caso concreto de la aquí recurrente, y como resulta de la misma descripción de la responsabilidad de las empresas que hace la resolución en el fundamento jurídico duodécimo. 25, su responsabilidad se vincula a una actuación concertada de reparto de mercado implementada en el ámbito de la gestión de residuos industriales desde 2010. Se le imputa que como miembro de la UTE Urbamar Levante que forma con Urbaser, se eliminaron presiones competitivas entre ambos operadores y además llegó a acuerdos con competidores para no competir por determinados clientes y cita en concreto el acuerdo alcanzado con FCC Ámbito en relación con Arcelor Mittal.

 Todo ello, según se indica en el FJ 8 de la resolución recurrida, resulta del correo interno de FCC Ámbito de 1 de diciembre de 2010 que revela un pacto por el que la UTE Urbamar se convierte en subcontratista renunciando a competir con FCC Ámbito. La resolución señala que se trata de un ejemplo más de la implicación de la recurrente en prácticas anticompetitivas, pero, en realidad, no describe ningún otro caso.

 Llegados a este punto debemos decir que no se discute aquí si la conducta de la recurrente en el referido sector y en el ámbito geográfico que se menciona pueda ser reprochable desde el punto de vista de las normas de competencia, sino si dicha conducta tiene encaje o no en la infracción única y continuada que le imputa la CNMC y que le ha llevado a sancionarla cuando no hay en todo ello base para suponer que participase o tuviera conocimiento, en un objetivo común de un plan conjunto de actuación en el que intervinieran otras empresas cuya relación con la recurrente, es, simplemente, inexistente.

 Los argumentos empleados en la resolución recurrida en respuesta a las alegaciones formuladas sobre esta cuestión por las entidades afectadas no consiguen, a juicio de la Sala, solventar el escollo de la ausencia de cualquier prueba que acredite la concurrencia, en cuanto a la empresa ahora recurrente, de los requisitos que definen la infracción única y continuada según la jurisprudencia europea, cuales son, insistimos, la existencia de un plan global que persiga un objetivo común, la contribución intencional de la empresa a ese plan, y el hecho de que hubiera tenido conocimiento (demostrado o presunto) de los comportamientos infractores de los demás participantes.

 A este respecto debemos traer a colación la doctrina de la STJUE de 06/12/2012, asunto C-411/11 , que partiendo del apartado 44 de la misma, antes citado, exonera de responsabilidad como autora de una infracción única y continuada a la empresa por los actos cuyo conocimiento o participación en el plan conjunto anticompetitivo no se hayan acreditado.

 Ello no obstante, los apartados 45 a 47 de dicha sentencia subrayan, con la misma intensidad, la imposibilidad de exonerar de responsabilidad a las empresas por los actos anticompetitivos en los que, efectivamente hayan participado y ello resulte acreditado

 En todo caso, continúa el TJUE, únicamente puede dividirse así una Decisión de la Comisión que califica un cartel global de infracción única y continuada si, por una parte, a la citada empresa se le dio la oportunidad, durante el procedimiento administrativo, de comprender que también se le reprochaba cada uno de los comportamientos que lo componen, y, por tanto, de defenderse sobre este punto, y si, por otra, la citada Decisión es suficientemente clara a este respecto.

 No consta en el presente caso que la CNMC haya procedido a la división de su resolución en los términos señalados y la consecuencia de todo ello es que el recurso debe estimarse, pues no se ha acreditado, en definitiva, que la sancionada haya cometido la infracción única y continuada que se le imputa.

 OCTAVO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , las costas de esta instancia deberán ser satisfechas por la Administración demandada.

 VISTOS, los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación venimos en pronunciar el siguiente

FA LLO

 Estimamos el recurso interpuesto y en consecuencia anulamos el acto impugnado. Se imponen las costas a la Administración demandada.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 17/01/2018 doy fe.