Id. Cendoj: 28079230062017100465
ECLI: ES:AN:2017:5505
ROJ: SAN 5505/2017
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 28/12/2017
Nº de Recurso: 121/2015
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: BERTA MARIA SANTILLAN PEDROSA
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000121 / 2015

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 01480/2015

 Demandante: RECUPERACIONES DE RESIDUOS PETROLIFEROS, S.L. (RECREP)

 Procurador: D. ALBERTO HIDALGO MARTÍNEZ

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IIma. Sra.: Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.

 VISTO el presente recurso contencioso-administrativo núm. 121/15 promovido por el Procurador D. Alberto Hidalgo Martínez, en nombre y representación de RECUPERACIONES DE RESIDUOS PETROLIFEROS, S.L. (RECREP), contra la resolución de 8 de enero de 2015, de la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mediante la cual se les impuso una sanción de 189.747 euros de multa. Ha sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO .- Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando se dictase sentencia por la que estimando el presente recurso:

 "1º declare nula o, subsidiariamente, anule la Resolución de 8 de enero de 2015, de la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC, por la que se declara a RECREP responsable de la comisión de una infracción muy grave del articulo1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y se le impone una multa de 189.747 euros por su participación directa en el acuerdo tomado en Cataluña para la no agresión de clientes,

 2º subsidiariamente respecto de lo anterior, anule parcialmente la resolución citada y reduzca la mencionada multa conforme a lo expuesto en el cuerpo del presente escrito,

 3º ordene la publicación de la sentencia total o parcialmente estimatoria y de una nota de prensa relativa a la misma en el sitio web www.cnmc.es de la misma manera y forma en que se ha hecho pública la resolución impugnada, con el fin de reparar el daño reputacional infligido a mi representada,

 4º todo ello con imposición de las costas devengadas en el presente proceso a la parte demandada".

 SEGUNDO .- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que suplicaba se dictase sentencia por la que se confirmasen los actos recurridos en todos sus extremos.

 TERCERO .- Pendiente el recurso de señalamiento para votación y fallo cuando por turno le correspondiera, se fijó para ello la audiencia del día 11 de octubre de 2017, en que tuvo lugar, continuándose las deliberaciones en fechas sucesivas siendo la última la del 20 de diciembre de 2017.

 Ha sido designada ponente la Ilma. Sra. Dña. BERTA SANTILLAN PEDROSA, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO .- A través de este proceso la entidad actora impugna la resolución dictada con fecha 8 de enero de 2015 por la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el expediente          NUM000 RESIDUOS cuya parte dispositiva era del siguiente tenor literal:

 "PRIMERO. - Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 16/1989 y del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Undécimo de esta Resolución.

 SEGUNDO .- De acuerdo con la responsabilidad atribuida en el Fundamento de Derecho Duodécimo, declarar responsables de las citadas infracciones a las siguientes empresas:

 (...)

 - RECUPERACIONES DE RESIDUOS PETROLIFEROS, S.L.

 (...)

 TERCERO. - Imponer a las autoras responsables de las conductas infractoras las siguientes multas:

 (...)

 - RECUPERACIONES DERESIDUOS PETROLIFEROS, S.L.: 189.747 euros.

 (...)

 DÉCIMO . - Instar a la Dirección de Competencia de esta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta Resolución.

 (...) ".

 SEGUNDO.- Como antecedentes procedimentales de dicha resolución merecen destacarse, atendidos los documentos que integran el expediente administrativo, los siguientes:

 1) A la vista de la información a la que tuvo acceso la Dirección de Investigación (DI) de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC), relacionada con posibles prácticas anticompetitivas en el sector de gestión de residuos en España, dicho órgano inició con fecha 16 de julio de 2012 una información reservada (número de referencia          NUM000 ) en cuyo marco llevó a cabo inspecciones en las sedes de FIDOTEC, S.L., y de CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A. y su filial CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.A., el 6 y 7 de marzo de 2013; en las sedes de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. y su filial FCC ÁMBITO, S.A.; URBASER, S.A., y su filial SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.; SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA, y su filial SAICA NATUR, S.L.; HERA HOLDING HÁBITAT, ECOLOGÍA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL, S.L. y su filial HERA TRATESA, S.A.; y VERINSUR, S.A., y el 2 de julio de 2013, en la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA PÚBLICA (ASELIP).

 2) Con fecha 4 de julio de 2013 la DI incoó de oficio expediente sancionador, bajo la referencia          NUM000 , contra CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A. y su filial CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.A.; FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. y su filial FCC ÁMBITO, S.A.; URBASER, S.A., y su filial SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.; SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA, y sus filiales SAICA NATUR, S.L., SAICA NATUR NORESTE, S.L. y SAICA NATUR NORTE, S.L.; HERA TRATESA, S.A.; VERINSUR, S.A; BEFESA GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S.L.; TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L.; GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD LIMITADA; GRIÑÓ ECOLÒGIC,S.A.; ECOGESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.; ANSAREO SANEAMIENTOS SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA; RUA PAPEL GESTIÓN, S.L.; IRMASOL, S.A.; S. SOLIS, S.A.; RECUPERACIONS MARCEL NAVARRO I FILLS, S.L.; SEBASTIÀ LLORENS, S.L.; ALIANPLAST SERVEIS, S.L.; RECUPERACIONES ANTONIO PEREZ ANDREU E HIJOS, S.L.; HERMANOS INGLÉS-VIDAL, S.L.; RECICLAJES ELDA, S.L.; RECUPERACIONES RIOJANAS, S.A.; RECUPERACIONES ÁLVAREZ TORRES, S.L.; ASOCIACIÓN DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLADO DE MADRID (AREMA); SANTOIL, S.L.; AMBOIL APROVISIONAMIENTO Y LOGÍSTICA, S.L.; MARPOL LEVANTE, S.L.; RECUPERACIONES DE RESIDUOS PETROLÍFEROS, S.L.; LOGÍSTICA AMBIENTAL, S.L.; VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.; PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.; LKS MENOSKA, S.L.; y ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA PÚBLICA (ASELIP) por posibles conductas prohibidas por el artículo 1 de la LDC , consistentes en: (i) acuerdos colusorios tendentes a repartos de clientes públicos y privados, y de actividades, y la fijación de condiciones comerciales, así como en (ii) decisiones o recomendaciones colectivas con el objeto y/o efecto de restringir la competencia, todo ello referido a mercados de productos ligados a las actividades de gestión de residuos y de saneamiento urbano (lo cual abarca alcantarillado, tratamiento de aguas, etc.) en varias comunidades autónomas del territorio nacional, e incluso en el conjunto del territorio nacional. El acuerdo de incoación fue notificado a todas las entidades afectadas con fecha 5 de julio de 2013 como resulta de los folios 606 a 749.

 3) Tras los trámites que refleja el expediente administrativo, el 13 de marzo de 2014 la ya Dirección de Competencia (DC) amplió la incoación del mismo contra FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.; TRATAMIENTO Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A.; RECUPERACIÓN DE PEDRERES, S.L.; ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A.; MAGMA TRATAMIENTOS, S.L.U. y su filial MAGMA MEDITERRÁNEO, S.L.U.; GESTIÓN Y VALORIZACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO, S.L.; BETEARTE SOCIEDAD ANÓNIMA; VALDEMINGÓMEZ 2000, S.A.; GARCÉS RECUPERACIÓN, S.L.; RECUPERACIONES LAPUERTA, S.C.; ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES DE SERVEIS DE RESIDUS (ACESER); RECYPILAS, S.A.; HOLMEN PAPER MADRID, S.L.; ALBA SERVICIOS VERDES, S.L.; CARTÓN Y PAPEL RECICLADO, S.A.; HIJOS DE DEMETRIO FERNÁNDEZ, S.A.; y MANIPULACION Y RECUPERACION MAREPA, S.A. El acuerdo de ampliación de la incoación fue notificado a todas las entidades afectadas con fecha 18 de marzo de 2014 (folios 4714 a 4763).

 4) De conformidad con lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC ), con fecha 29 de abril de 2014 la DC formuló el pliego de concreción de hechos (PCH) que fue notificado a los interesados en el expediente con fecha 29 de abril de 2014.

 5) Presentadas alegaciones frente a dicho pliego, el 1 de agosto de 2014 la DC acordó el cierre de la fase de instrucción. Y con fecha 7 de agosto siguiente dictó propuesta de resolución, frente a la cual presentaron igualmente las entidades interesadas las alegaciones que tuvieron por oportunas y que obran a los folios 9760 a 16893 del expediente administrativo.

 6) Elevado el 26 de septiembre de 2014 por la DC informe y propuesta de resolución al Consejo de la CNMC, la Sala de Competencia del mismo dictó con fecha 8 de enero de 2015 la resolución que aquí se recurre.

 TERCERO .- En cuanto a los hechos determinantes del acuerdo sancionador, en la resolución recurrida se describe a la entidad actora RECUPERACIONES DE RESIDUOS PETROLIFEROS; S.L.(RECREP) como una empresa que se dedica a la gestión de residuos industriales (especialmente peligrosos) siendo especialmente activa en la recuperación de aceites usados.

 Y la CNMC ha considerado que RECREP "es responsable de una infracción del artículo 1 de la LDC derivada de su aplicación de un acuerdo o actuación concertada de reparto de mercado en la gestión de residuos industriales peligrosos en Cataluña, y que ha implementado a través del reparto de clientes, al menos desde el año 2012. En el correo interno de SERTEGO de 23 de enero de 2012 se recoge como SERTEGO respeta los clientes de otros gestores de residuos, entre los que se menciona a RECREP".

 Por lo que se refiere a la delimitación del mercado afectado, y en particular, en relación al mercado de producto, la resolución contiene una consideración relevante al indicar que la DC no procedió a una delimitación exacta de los mercados de producto sino a la descripción de los sectores afectados debido a los motivos que ya reflejaba el PCH y que eran, en concreto, la multitud de mercados potencialmente afectados y la dificultad de distinguir nítidamente entre los distintos posibles mercados de producto dentro de la gestión de residuos y el saneamiento urbano; si bien hace constar que se diferencia, a efectos de la descripción sectorial, entre gestión de residuos y saneamiento urbano.

 Respecto de la gestión de residuos, dedica la resolución una parte del relato fáctico a la descripción de los distintos tipos de residuos que se engloban dentro de la gestión, y distingue entre residuos urbanos (residuos generados por particulares en sus hogares o pequeños comercios y cuya gestión, en atención a la legislación, se encomienda a las entidades locales y que es, normalmente, objeto de contratación con operadores privados); residuos industriales no peligrosos (residuos no peligrosos cuya gestión no es responsabilidad de las Administraciones Públicas, por lo que es objeto de contratación entre el cliente privado que los genera, generalmente una empresa, y la empresa gestora de residuos, dentro de los límites que marca la legislación medioambiental); y residuos industriales peligrosos -cita, entre otros, pilas y baterías, absorbentes sólidos, aerosoles, alcalinos fuertes, hidrocarburos, residuos de laboratorio...-, destacando que los principales productores de residuos industriales peligrosos (también llamados especiales) son la industria química, mecánica y farmacéutica, y que la patronal de las entidades que se dedican a la gestión de esta clase de residuos es la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), que recopila distintos datos de toneladas gestionadas y facturación global de este segmento del sector de gestión de residuos en España.

 Tras aludir a las distintas clases de residuos, la CNMC describe la cadena de gestión del residuo y, en atención a ella, la tipología básica de instalaciones implicadas en dicha gestión como serían los centros de transferencia (o centros de recogida y transferencia) en los que se separan y clasifican los residuos para, posteriormente, transportarlos a otro lugar para su valorización, tratamiento o eliminación, optimizando así el transporte; las plantas de tratamiento de residuos peligrosos para reducir la carga contaminante de los mismos; y el vertedero o depósito de seguridad para la deposición controlada de aquellos residuos en los que no cabe otro tipo de tratamiento.

 Además, advierte que, en función de las instalaciones que posee un gestor, suele distinguirse entre las figuras de gestor intermedio y de gestor final, diferenciándose el gestor final por tener capacidad propia de tratamiento o vertido final.

 Y alude, por último, a la recuperación de papel y cartón, segmento de la gestión de residuos que se caracteriza por centrar su actividad en la recuperación de papel y cartón de los residuos para después comercializarlo entre la industria papelera para su reciclaje, incluyendo una relación de empresas intervinientes en la gestión de residuos y distinguiendo entre las que lo hacen en el sector de residuos industriales, en el de residuos sólidos urbanos, y en el de recuperación de papel y cartón.

 En cuanto al saneamiento urbano -que incluye la limpieza viaria, gestión de zonas verdes y tratamiento de aguas-, constituye, como decíamos, el segundo bloque de las actividades afectadas por el expediente. Señala la resolución sancionadora que se trata de actividades caracterizados por ser objeto de contratación por parte de las entidades locales con operadores privados, así como por la presencia de operadores grandes y solventes, especialmente en los grandes municipios (lo cual supone, dice, barrera de entrada para las empresas pequeñas/locales), con experiencia en contratas similares, lo cual, unido a las inversiones necesarias para licitar, ocasionaría que este segmento de negocio esté concentrado.

 Al abordar la cuestión relativa al mercado geográfico, señala la CNMC, literalmente, que "El ámbito geográfico relevante de los posibles mercados podría ser regional, si bien no se puede descartar que sean de ámbito nacional, teniendo en cuenta que los principales operadores actúan a nivel nacional siguiendo una estrategia comercial nacional".

 Delimitado de este modo el mercado afectado, la resolución recurrida plantea la descripción de las conductas investigadas con una advertencia que ha de ser importante, como veremos, en cuanto a la definición y calificación de la conducta sancionada, pues puntualiza lo siguiente:

 "Con la finalidad de facilitar una lectura ordenada de las conductas acreditadas se dividen los mismos en los siguientes tres grandes bloques en función del sector de actividad afectado:(i) la gestión de residuos industriales (fundamentalmente de clientes privados); (ii) la recuperación de papel y cartón; y (iii) el saneamiento urbano, que incluye la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU), la limpieza viaria y aguas, actividades en las que el cliente suele ser una Administración local o agrupaciones de éstas.

 Si bien estos tres sectores de actividad se encuentran conectados entre sí en la medida en que en los mismos se produce simultáneamente la participación de las grandes empresas a nivel nacional y/o sus filiales o entidades participadas, a continuación se describen los hechos acreditados en dichos sectores por separado".

 Así, dice que, en la gestión de residuos industriales, "la existencia de múltiples contactos bilaterales entre las empresas del sector, desarrollados en ámbitos geográficos y temporales distintos, todos ellos referidos a clientes, condiciones contractuales y precios ofertados, así como a acuerdos y pactos de no agresión entre las empresas implicadas en los contactos. Estas conductas (contactos, acuerdos, pactos, etc.) han quedado acreditadas en los siguientes ámbitos geográficos y temporales" , que describe a continuación.

 Y señala que "Todas las anteriores prácticas y conductas acreditadas en el expediente responden a un patrón común: se trata de prácticas de reparto de mercado que se ejecutan de múltiples formas, según las incidencias que van surgiendo en la actividad de las empresas implicadas en relación con antiguos o nuevos clientes y según el ámbito operativo de dichas empresas. Estas conductas desarrolladas entre 1999 y 2013 se acreditan a través de la documentación incorporada al expediente, en la que queda de manifiesto el reparto de clientes entre las entidades involucradas y los pactos de no agresión entre ellas".

 Respecto de la actividad de recuperación de papel y cartón, supone acreditada la CNMC "...la existencia de múltiples contactos bilaterales entre las empresas del sector, desarrollados en ámbitos geográficos y temporales distintos, todos ellos referidos a clientes, condiciones contractuales y precios ofertados, así como a acuerdos y pactos de no agresión entre las empresas implicadas en los contactos. Las conductas (contactos, pactos, acuerdos, etc.) acreditadas se producen habitualmente entre la empresa SAICA NATUR (o alguna de sus filiales) con distintas empresas recuperadoras competidoras. Asimismo ha quedado acreditado, gracias a la documentación incorporada al expediente, las prácticas y conductas relativas a la compra de papel y cartón procedente de la recogida selectiva del Ayuntamiento de Madrid, desarrolladas por la asociación sectorial incoada AREMA y todos sus asociados entre el año 2000 y 2013 (HOLMEN PAPER, DEFESA, Reciclajes DOLAF, CARPA, MAREPA, FCC ÁMBITO, SAICA NATUR, S. SOLÍS e IRMASOL)".

 Y añade que "En ambos bloques se registra una pauta común y semejante a la observada y acreditada en el ámbito de la gestión de residuos industriales: contactos bilaterales o multilaterales desarrollados entre distintas empresas competidoras con objeto de evitar luchas comerciales por clientes".

 Por lo que se refiere a la actividad de saneamiento urbano (que incluye la gestión de residuos sólidos urbanos, la limpieza viaria y de aguas) se refiere en la resolución impugnada que ha quedado acreditado en el expediente, "la existencia de múltiples contactos y acuerdos entre las empresas del sector, desarrollados bien a través de contactos multilaterales ejecutados de forma continua y permanente a través de la asociación sectorial ASELIP, o bien a través de contactos y acuerdos bilaterales entre determinadas empresas del sector, habitualmente grandes operadores en el saneamiento urbano (FCC; FCC MEDIO AMBIENTE; CESPA; URBASER y VALORIZA) para la concurrencia en licitaciones públicas y otras actuaciones en determinadas áreas territoriales (Madrid, Málaga, Ceuta, Melilla y el País Vasco)".

 Finalmente, la resolución impugnada respecto de las conductas desarrolladas en la actividad del saneamiento urbano distingue entre:

 (a) las conductas desarrolladas en el seno de la asociación ASELIP y respecto de ellas destaca que: "Por lo que se refiere a la actividad llevada a cabo por ASELIP, los hechos acreditados evidencian que esta asociación ha efectuado recomendaciones colectivas entre sus socios relativas a la presentación de ofertas a clientes públicos y la participación en licitaciones, lo que permite a sus socios unificar posturas frente a los concursos públicos que se separan de sus intereses. A través de ASEPLIP se adquiere y se implementa un compromiso, formalizado durante más de diez años (2000-2013) en el Código deontológico o de Buena Conducta aprobado por la Asociación de no concurrir a las licitaciones de saneamiento urbano de Administraciones Públicas que tengan deudas con adjudicatarios anteriores".

 (b) acuerdo de colaboración firmado por FCC y URBASER en 2009 en materia de valorización energética de residuos sólidos urbanos mediante incineración. Y la CNMC al respecto destaca que "con fecha 30 de julio de 2009, FCC y URBASER firmaron un acuerdo de colaboración en el que acordaron "participar conjuntamente en el desarrollo de todas las negociaciones, reuniones, estudios, análisis, etc., necesarios para potenciar y reforzar su imagen y sus posibilidades de éxito en los futuros concursos públicos para el diseño, la financiación, la construcción y/o explotación de plantas de aprovechamiento energético de RSU mediante incineración en el territorio nacional". Caso de ser convocado un concurso, FCC y URBASER se comprometieron "expresamente a presentar una oferta conjunta y solidaria con carácter de exclusividad y caso de resultar ellas adjudicatarias, a constituir una UTE o una compañía mercantil, bajo la forma jurídica de SA o SL, que tendrá por objeto el mismo que el especificado en los pliegos de condiciones del concurso de la planta de aprovechamiento energético de RSU".

 (c) conductas relacionadas con las licitaciones convocadas por el Ayuntamiento de Madrid, entre los años 2011 y 2013: Parque Tecnológico de Valdemingomez; Contrato de Limpieza Urgente en Madrid (2011); Contrato de residuos urbanos de la periferia (2012) y contrato de limpieza viaria y jardinería (2013) en Madrid.

 (d) conductas relacionadas con los acuerdos alcanzados por FCC y URBASER en el ámbito geográfico de la provincia de Málaga, Ceuta y Melilla.

 (e) Acuerdos de URBASER con LKS MENOSKA y ASASER limitados al ámbito geográfico del País Vasco.

 A la vista de todo ello, la CNMV concluye que todas las entidades que han sido sancionadas, entre ellas la ahora recurrente, "han infringido el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia , al haber participado e implementado un acuerdo o actuación concertada global de reparto de mercado en el sector de gestión de residuos y saneamiento urbano que abarca todo el territorio nacional. Dicho acuerdo se ha manifestado de diversas formas: en primer lugar, bajo la forma de acuerdos bilaterales, a través de los cuales se ha implementado un reparto de clientes finales y fuentes de aprovisionamiento; en segundo lugar, a través de la creación de empresas en participación o UTE; y finalmente, a través de la actuación conjunta de diversos operadores en el ámbito de las asociaciones sectoriales".

 Y la CNMC entiende que se ha evidenciado "... un acuerdo global de reparto del mercado en el que participan las incoadas, integrado en la política comercial de las mismas en sus respectivos ámbitos de actuación, encontrando su manifestación en: (i) el respeto de los clientes respectivos; (ii) el reparto de nuevos clientes; (iii) el intercambio de información comercialmente sensible (clientes, ofertas presentadas a éstos, etc.); (iv) reparto de las licitaciones públicas a través bien de la presentación de ofertas conjuntas, bien de la no concurrencia de una parte a cambio de la posterior participación en las actividades objeto de la licitación; (v) la utilización de las asociaciones sectoriales para implementar el reparto de mercado o para coordinar las actuaciones de las empresas en determinados ámbitos; y (vi) las recomendaciones colectivas emitidas por estas asociaciones para persuadir a sus socios acerca del respeto del acuerdo global de reparto de mercado en su ámbito de actuación".

 En concreto, y por lo que afecta a la empresa aquí recurrente, la CNMC alude a las conductas desarrolladas por SERTEGO y RECREP dirigidas a respetar los clientes estratégicos de otras empresas que actuaban en el sector de la gestión de residuos peligrosos. Y, por ello, la CNMC ha entendido que RECREP es responsable de una infracción del artículo 1 de la LDC derivada de la aplicación del acuerdo o actuación concertada de reparto de mercado en el sector de la gestión de residuos industriales peligrosos y que ha implementado a través del reparto de clientes, al menos desde el año 2012.

 CUARTO.- Expuestos, de modo resumido, los hechos que la resolución impugnada considera probados y que reflejan la supuesta operativa de funcionamiento de las entidades sancionadas, en su fundamentación jurídica califica tales hechos como constitutivos de una infracción única y continuada prohibida en el artículo 1 de la LDC en el sector de gestión de residuos y saneamiento urbano "... con diversas manifestaciones en las diferentes actividades del sector, que se plasman en concreto en las siguientes conductas:

 - En el sector de la gestión de residuos industriales e hidrocarburos las empresas imputadas han actuado, en general, bajo un patrón común de reparto de mercado y que se plasma de múltiples formas, como pactos bilaterales, sociedades conjuntas o UTE, cuya finalidad no es otra que la del reparto de clientes finales así como las fuentes de aprovisionamiento, y que habrían eliminado el incentivo a que estos mismos operadores puedan buscar una participación en el mercado diferente a la que mantienen en la actualidad. Se observan también mecanismos de compensación y de vigilancia de dichos acuerdos para garantizar su sostenibilidad. El reparto de mercado también está conectado con la recomendación colectiva que la Asociación ACESER realizó a sus asociados en 2013, por la que se les recordaba que tenían que respetar sus clientes respectivos, siendo éste un principio sobre el que se formó la asociación.

 - En segundo lugar, en el ámbito de la recuperación de papel y cartón, las empresas imputadas en este ámbito habrían acordado el reparto del mercado a través de dos vías. Por un lado, a través de las actuaciones de la asociación AREMA en Madrid, y, por otro, a través de los pactos de reparto de mercado bilaterales entre SAICA NATUR o alguna de sus filiales y otras empresas recuperadoras competidoras (...) .

 - En tercer lugar, en el segmento de saneamiento urbano, las conductas incluyen, por un lado, las recomendaciones colectivas de ASELIP a sus asociados, materializadas en la elaboración y aprobación de un Código de Conducta que recoge diversas recomendaciones como la abstención de las asociadas a presentarse a una licitación cuando la Administración no estuviera al corriente del pago a la empresa concesionario. Además, ha actuado como facilitador de la implementación de dicho Código de Conducta desde su emisión, ya que se ha encargado del seguimiento y ha contribuido al cumplimiento del citado código por parte de sus socios. Por otro lado, empresas competidoras dentro del ámbito de saneamiento urbano habrían creado empresas en participación, UTE o pactos bilaterales cuya finalidad ha sido la supresión de la competencia mediante la presentación de ofertas únicas en licitaciones con entidades locales al menos en Andalucía, Madrid y País Vasco".

 QUINTO .- El primero de los motivos en los que la actora funda su impugnación se refiere a la caducidad del procedimiento al afirmar que la resolución sancionadora se notificó una vez excedido el plazo de dieciocho meses que al efecto establece el artículo 36.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia .

 Expone, en síntesis, que el procedimiento se incoó mediante acuerdo de 4 de julio de 2013 por lo que debía concluirse el 5 de enero de 2015; sin embargo, la resolución recurrida se dictó el 8 de enero de 2015 y se notificó el 15 de enero siguiente por lo que, a esta última fecha, el procedimiento habría caducado, con la consecuencia obligada de dictar resolución en que se declarase así y se procediera a su archivo. La recurrente no admite que, en este caso, el plazo de 18 meses que tenía la CNMC para resolver el procedimiento sancionador se pueda entender suspendido por el acuerdo adoptado en fecha 27 de noviembre de 2014 por el que la DC requería información a algunas empresas, entre ellas la ahora recurrente. Y ello, según refiere la recurrente, porque dicho acuerdo de suspensión únicamente se notificó a los afectados por el requerimiento y no al resto de los interesados en el procedimiento sancionador. Y ese defecto, dice, impide que pueda admitirse correctamente suspendida la tramitación del procedimiento sancionador.

 Por otra parte, considera que la notificación el mismo 15 de enero de 2015 de "un acuerdo de levantamiento de suspensión" que habría tenido lugar tras un requerimiento de información dirigido solo a cuatro de las cincuenta y cuatro empresas y tres asociaciones sancionadas no podría enervar la referida caducidad toda vez que el artículo 37.5 de la Ley 15/2007 exige que los acuerdos que resuelvan sobre la suspensión o sobre la ampliación de plazos se notifiquen a los interesados, condición que ostentaría en cualquier caso, como empresas afectadas, todas las entidades investigadas aunque no estuvieran afectadas por el acuerdo de requerimiento de información.

 Frente a tales argumentos aduce el Abogado del Estado que el procedimiento estuvo válidamente suspendido durante 14 días -desde el 2 al 16 de diciembre de 2014- que, sumados al plazo máximo de dieciocho meses de duración del procedimiento, situarían su fecha final en el 19 de enero de 2015. Por tanto, notificado el acuerdo de levantamiento de la suspensión a todos los interesados con fecha 15 de enero de 2015, la resolución se habría dictado y notificado dentro del plazo máximo de duración del procedimiento.

 Expuestas ambas posiciones, para abordar esta cuestión es importante constatar que, con fecha 15 de enero de 2015, se notificó a los representantes de todas las entidades afectadas por el procedimiento sancionador el acuerdo de 13 de enero anterior -folio 17.259.1-, del siguiente tenor literal:

 "En el expediente n°            NUM000 , seguido ante esta Comisión, se ha dictado con fecha 18 de diciembre del presente año, Acuerdo que literalmente dice:

 "ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN (EXPTE.            NUM000 , RESIDUOS).

 En Madrid, a 18 de diciembre de 2014.

 Por Acuerdo de fecha 27 de noviembre de 2014, la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC, acordó suspender el plazo máximo para resolver el expediente de referencia hasta que por parte de los interesados se aportara determinada documentación o en su caso transcurriera el plazo concedido.

 Transcurrido el plazo concedido, procede pues efectuar el levantamiento de la suspensión con efectos de 16 de diciembre de 2014.

 Comuníquese este Acuerdo a la Dirección de Competencia y notifíquese interesados.

 Firmado:          Eugenio ".

 1) Lo que se traslada a Vds., a efectos de notificación.

 2) Lo que se comunica esa Dirección de Competencia.

 Madrid, 13 de enero de 2015".

 Por su parte, en el citado acuerdo de 27 de noviembre de 2014 -folios 17.186 y siguientes- resolvía la Sala de Competencia requerir a las empresas que relacionaba a fin de que aportasen determinada documentación y, en cuanto ahora interesa, también lo siguiente:

 "TERCERO.- Siendo la información solicitada un elemento de juicio necesario para resolver, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1 a) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , suspender el plazo máximo para resolver hasta que se aporte la información requerida o, en su caso, transcurra el término concedido para su aportación.

 (...)

 Comuníquese este Acuerdo a la Dirección de Competencia y notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que contra el mismo no cabe otro recurso que el contencioso administrativo que, en su momento, proceda contra la Resolución que ponga fin al expediente en vía administrativa".

 De admitirse la validez y eficacia de aquella notificación habría de coincidirse con el Abogado del Estado en que el procedimiento no caducó pues, al ampliarse en 14 días el plazo máximo para resolverlo, la resolución sancionadora se habría notificado dentro del mismo.

 Y tal es la conclusión a la que llegamos tras analizar las normas que regulan esta materia e interpretarlas con arreglo a los principios inspiradores del procedimiento regulado en la Ley 15/2007, de 3 de julio, y en su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero.

 En efecto, el artículo 37.1.a) de la Ley de Defensa de la Competencia , al que se remite el acuerdo de 27 de noviembre de 2014, habilita para suspender el transcurso del plazo máximo para resolver el procedimiento cuando deba requerirse a cualquier interesado para la aportación de documentos u otros elementos de juicio necesarios, proporcionando cobertura legal a la suspensión acordada.

 Cabe plantearse entonces cual pueda ser la consecuencia de no haberse notificado a todas las empresas investigadas, salvo a las empresas afectadas por el requerimiento de información, que solo tuvieron conocimiento de la suspensión cuando el 15 de enero de 2015 les fue notificado el acuerdo de 13 de enero anterior, antes transcrito, en el que se ponía en su conocimiento el levantamiento de la suspensión decidido el 18 de diciembre de 2014.

 No albergamos duda alguna de que todas las empresas investigadas tienen la condición de interesadas en el procedimiento, y que la decisión de suspenderlo se les debía notificar en cumplimiento de lo exigido por el artículo 37.5 de la LDC : es evidente su interés en el correcto cómputo del plazo máximo para resolver y en el que incide la suspensión por lo que ha de tener conocimiento de la misma para poder, en su caso, cuestionar su validez y su eficacia en orden a la determinación de aquel plazo.

 Pero la consecuencia de que el acuerdo de 27 de noviembre de 2014 no se les notificase entonces no le priva del efecto de suspender el plazo máximo para resolver si se advierte que:

 - el artículo 12 del Real Decreto 261/2008 desconecta la eficacia del acuerdo de suspensión, para el cómputo del plazo máximo del procedimiento, del momento en que se notifique a los interesados, pues le atribuye efectos desde la fecha misma en que se dicte. Así lo refleja de manera expresa en su apartado 1.f) para todos los supuestos del artículo 37.1 de la Ley no mencionados en los apartados anteriores, en los que se entenderá suspendido el cómputo del plazo "... desde la fecha del acuerdo de suspensión, que habrá de notificarse a los interesados" .&lt; Y ello se desprende también del apartado 1.a) del mismo artículo 12, que se refiere, precisamente, a los casos del artículo 37.1.a ) y b) de la Ley 15/2007 en los cuales la suspensión se prolongará, dice el precepto, "por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, durante el plazo concedido" . Es decir, lo que determina el dies a quo de la suspensión es la notificación del requerimiento a aquel a quien específicamente se dirige -no a los interesados, que serían todos aquellos frente a quienes se sigue el procedimiento, como vimos-, y el dies ad quem el efectivo cumplimiento del requerimiento por el concreto destinatario, con independencia del momento en que se notifique a todos y cada uno de los interesados.

 - el mismo artículo 37.5 de la Ley se cuida de indicar que contra el acuerdo que resuelva la suspensión o ampliación del plazo "n o cabrá recurso alguno en vía administrativa". De este modo, las eventuales infracciones que pudieran afectar al acuerdo de suspensión o ampliación del plazo y, en su caso, provocar la caducidad del procedimiento por razón de su ineficacia -cual es lo que se plantea en el supuesto que analizamos, en el que la parte recurrente pretende que se declare la caducidad al no poder computarse una suspensión que entiende inválida- han de hacerse valer impugnando la resolución que ponga fin al procedimiento.

 Ambas normas atienden a la necesidad de tramitar un procedimiento único pese a ser varias las empresas frente a las cuales se hubiera incoado toda vez que la conducta colusoria que sanciona el artículo 1 de la LDC presupone un "... acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela" , &lt; es decir, la intervención de una pluralidad de sujetos.

 No puede desconocerse que, al propio tiempo, tanto la Ley como el reglamento exigen la notificación de los acuerdos de suspensión a los interesados, identificados, estos sí, con todos los que intervienen en el procedimiento y han de verse afectados por la decisión de suspensión y por la determinación del plazo máximo de duración del procedimiento.

 Consideramos, sin embargo, que esta exigencia se cumple cuando se ha puesto en conocimiento de los mismos, antes de que transcurra el plazo máximo para resolver, la existencia del acuerdo de suspensión y el período por el que se ha prolongado, teniendo en cuenta, insistimos, que los acuerdos de suspensión o ampliación no son recurribles en vía administrativa - artículo 37.5 de la LDC -.

 Conforme a lo que venimos razonando, la suspensión fue válidamente adoptada, por lo que la resolución sancionadora se notificó dentro del plazo máximo para resolver. Este criterio no contradice el acogido en la sentencia de esta misma Sala y Sección de 9 de marzo de 2015, recurso núm. 145/2013 , en la que se apreció la caducidad del procedimiento respecto de aquéllos interesados a quienes no se notificó la suspensión, lo que determina que su situación fuera entonces distinta.

 Todo lo cual ha de conducir al rechazo del motivo relativo a la caducidad del procedimiento.

 SEXTO .- De entre los restantes motivos de la demanda, razones de lógica procesal justifican que nos pronunciemos en primer lugar sobre la existencia de la infracción única y continuada que se imputa a la entidad recurrente y que ésta cuestiona al entender que faltan los requisitos exigidos jurisprudencialmente para considerar acreditada la participación de TRADEBE y ECOIMSA en una infracción única y continuada. Pues la estimación de tal motivo haría innecesario el análisis de los demás.

 Recordemos que, en efecto, la parte dispositiva de la resolución de 8 de enero de 2016 declara que "...se ha acreditado una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 16/1989 y del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Undécimo de esta Resolución" , infracción de la que hace responsable a RECREP, junto con las demás empresas que relaciona en el dispositivo segundo.

 Además, en el citado fundamento de derecho undécimo se refiere a la acreditación de una infracción de esa clase " ( en el sector de gestión de residuos y saneamiento urbano, con diversas manifestaciones en las diferentes actividades del sector, que se plasman en concreto en las siguientes conductas: En el sector de la gestión de residuos industriales e hidrocarburos las empresas imputadas han actuado, en general, bajo un patrón común de reparto de mercado y que se plasma de múltiples formas, como pactos bilaterales, sociedades conjuntas o UTE, cuya finalidad no es otra que la del reparto de clientes finales así como las fuentes de aprovisionamiento, y que habrían eliminado el incentivo a que estos mismos operadores puedan buscar una participación en el mercado diferente a la que mantienen en la actualidad. Se observan también mecanismos de compensación y de vigilancia de dichos acuerdos para garantizar su sostenibilidad. El reparto de mercado también está conectado con la recomendación colectiva que la Asociación ACESER realizó a sus asociados en 2013, por la que se les recordaba que tenían que respetar sus clientes respectivos, siendo éste un principio sobre el que se formó la asociación. En segundo lugar, en el ámbito de la recuperación de papel y cartón, las empresas imputadas en este ámbito habrían acordado el reparto del mercado a través de dos vías. Por un lado, a través de las actuaciones de la asociación AREMA en Madrid, y, por otro, a través de los pactos de reparto de mercado bilaterales entre SAICA NATUR o alguna de sus filiales y otras empresas recuperadoras competidoras. Como se ha visto en los hechos acreditados, AREMA opera como monopolista frente al Ayuntamiento de Madrid, mientras que los socios se benefician por ser los destinatarios de dicho material, y por el reparto mediante un pacto al margen de las fuerzas del mercado que elimina no sólo la competencia entre los socios sino con los potenciales competidores que quedan excluidos al no estar asociados a AREMA. En segundo lugar, SAICA NATUR y otras empresas recuperadoras competidoras de papel y cartón han suprimido la competencia entre ellas a través de acuerdos bilaterales de respeto mutuo de clientes que también constituyen repartos de mercado en línea con lo comentado en el primer bloque. En tercer lugar, en el segmento de saneamiento urbano, las conductas incluyen, por un lado, las recomendaciones colectivas de ASELIP a sus asociados, materializadas en la elaboración y aprobación de un Código de Conducta que recoge diversas recomendaciones como la abstención de las asociadas a presentarse a una licitación cuando la Administración no estuviera al corriente del pago a la empresa concesionaria. Además, ha actuado como facilitador de la implementación de dicho Código de Conducta desde su emisión, ya que se ha encargado del seguimiento y ha contribuido al cumplimiento del citado código por parte de sus socios. Por otro lado, empresas competidoras dentro del ámbito de saneamiento urbano habrían creado empresas en participación, UTE o pactos bilaterales cuya finalidad ha sido la supresión de la competencia mediante la presentación de ofertas únicas en licitaciones con entidades locales al menos en Andalucía, Madrid y País Vasco".

 Con objeto de determinar si la conducta de la empresa recurrente se ajusta o no al concepto de infracción única y continuada es necesario partir de la jurisprudencia europea sobre la cuestión. Entre las más recientes, la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 junio 2015, asunto C-263/2013 sintetiza el criterio seguido en esta materia al señalar lo siguiente:

 "156. Según reiterada jurisprudencia, una infracción del artículo 81 CE , apartado 1, puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir, por sí mismos y aisladamente considerados, una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto», debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto (sentencia Comisión/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778 , apartado 41 y la jurisprudencia citada).

 157. Una empresa que haya participado en tal infracción única y compleja mediante comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de acuerdo o de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 81 CE , apartado 1, y que pretendían contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede así ser también responsable de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el período de su participación en dicha infracción. Así sucede cuando se acredita que la citada empresa intentaba contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes y que tuvo conocimiento de los comportamientos infractores previstos o ejecutados por otras empresas para alcanzar los mismos objetivos o que pudo de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo (sentencia Comisión/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778 , apartado 42 y la jurisprudencia citada).

 158. En consecuencia, una empresa puede haber participado directamente en todos los comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción única y continuada, en cuyo caso la Comisión puede imputarle conforme a Derecho la responsabilidad de todos esos comportamientos y, por tanto, de dicha infracción en su totalidad. Asimismo, una empresa puede haber participado directamente sólo en una parte de los comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción única y continuada, pero haber tenido conocimiento de todos los otros comportamientos infractores previstos o ejecutados por los demás participantes en el cartel para alcanzar los mismos objetivos o haber podido preverlos de forma razonable y haber estado dispuesta a asumir el riesgo. En tal caso, la Comisión también puede lícitamente imputarle a dicha empresa la responsabilidad de la totalidad de los comportamientos contrarios a la competencia que componen tal infracción y, por consiguiente, de ésta en su totalidad (sentencia Comisión/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778 , apartado 43).

 159. Por el contrario, si una empresa ha participado directamente en uno o varios comportamientos contrarios a la competencia que componen una infracción única y continuada, pero no se ha acreditado que, mediante su propio comportamiento, intentase contribuir a la totalidad de los objetivos comunes perseguidos por los otros participantes en el cártel y que tenía conocimiento de todos los otros comportamientos infractores previstos o ejecutados por dichos participantes para alcanzar los mismos objetivos o que pudiera de forma razonable haberlos previsto y estuviera dispuesta a asumir el riesgo, la Comisión únicamente puede imputarle la responsabilidad de los comportamientos en los que participó directamente y de los comportamientos previstos o ejecutados por los otros participantes para alcanzar los mismos objetivos que los que ella perseguía y de los que se acredite que tenía conocimiento o podía haberlos previsto razonablemente y estaba dispuesta a asumir el riesgo (sentencia Comisión/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778 , apartado 44)".

 Reproduce así la interpretación seguida en otros asuntos que parten también, para advertir la existencia de una infracción única y continuada, del presupuesto ineludible de la concertación de un plan único de actuación conjunta entre las distintas entidades implicadas.

 Además de la mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2012, Asunto Verhuizongen Coppens, C- 441/11 , también el Tribunal General, sin perjuicio, obviamente, de aplicar esta jurisprudencia, ha puntualizado los siguientes extremos:

 1º En la sentencia de 6 de febrero de 2014, asunto T-27/10 AC- Treuhand AG, apartados 240 y 241, señala que no puede identificarse de forma genérica el concepto "objetivo único", que subyace en el plan conjunto de las empresas implicadas, con la simple distorsión de la competencia, pues ese es el presupuesto de la calificación de la práctica como anticompetitiva. Esa interpretación tendría como consecuencia, que varios comportamientos relativos a un sector económico, contrarios al artículo 81 CE , apartado 1, deberían calificarse sistemáticamente como elementos constitutivos de una infracción única (véase la sentencia del Tribunal de 30 de noviembre de 2011, Quinn Barlo y otros/Comisión, T-208/06 , Rec. p. II-7953, apartado 149, y la jurisprudencia citada).

 Por ello, debe siempre verificarse el grado de complementariedad de los distintos comportamientos que integran la infracción única.

 A este respecto, habrá que tener en cuenta cualquier circunstancia que pueda demostrar o desmentir dicho vínculo, como el período de aplicación, el contenido (incluyendo los métodos empleados) y, correlativamente, el objetivo de los diversos comportamientos de que se trata (véase la sentencia Amann &amp; Söhne y Cousin Filterie/Comisión, antes citada, apartado 92, y la jurisprudencia citada).

 2º La sentencia de 17 de mayo de 2013 Asunto T-147/09 Trelleborg Industrie, apartados 59 y ss, precisa que:

 a) En el marco de una infracción que dura varios años, no impide la calificación de infracción única el hecho de que las distintas manifestaciones de los acuerdos se produzcan en períodos diferentes, siempre que pueda identificarse el elemento de unidad de actuación y finalidad.

 b) De acuerdo con una práctica jurisprudencial constante se han identificado una serie de criterios que ayudan a calificar una infracción como única y continuada, a saber: la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos y servicios, de las empresas participantes, y de las formas de ejecución, pudiéndose tener en cuenta, además, la identidad de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas implicadas y la identidad del ámbito de aplicación geográfico de las prácticas consideradas.

 c) La Comisión puede, en consecuencia, presumir la permanencia de una empresa durante todo el período de duración del cártel, aunque no se haya acreditado la participación de la empresa en cuestión en fases concretas, siempre que concurran los elementos suficientes para acreditar la participación de la empresa en un plan conjunto con una finalidad específica, que se prolonga en el tiempo. La consecuencia inmediata de ello, es que el "dies a quo" del plazo de prescripción, se computa a partir del cese de la última conducta.

 Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad conferida a la empresa implicada de desvirtuar esta presunción.

 Dicha doctrina ha sido plenamente asumida por esta Sala de la Audiencia Nacional en las Sentencias de 15 de julio de 2014 (recursos nº 150/2013 y 176/2013 , asuntos Torres Epic y Tepol).

 Finalmente, la sentencia de 16 de junio de 2011, Asunto T-211/08 , Putters International NV, a propósito del Mercado de los servicios de mudanzas internacionales en Bélgica, advierte que:

 "las prácticas colusorias sólo pueden ser consideradas elementos constitutivos de un acuerdo único restrictivo de la competencia si se acredita que se inscriben en un plan global que persigue un objetivo común. Además, sólo si la empresa supo, o debería haber sabido, cuando participó en las prácticas colusorias que, al hacerlo, se integraba en el acuerdo único, su participación en las prácticas colusorias de que se trata puede constituir la expresión de su adhesión a dicho acuerdo (sentencia del Tribunal de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T-25/95 , T-26/95 , T-30/95 a T-32/95 , T-34/95 a T-39/95 , T-42/95 a T-46/95 , T-48/95 , T-50/95 a T-65/95 , T-68/95 a T-71/95 , T-87/95 , T-88/95 , T-103/95 y T-104/95 , Rec. p. II-491, apartados 4027 y 4112).

 Así pues, de esa jurisprudencia se deduce que deben concurrir tres requisitos para acreditar la participación en una infracción única y continuada, a saber, la existencia de un plan global que persigue un objetivo común, la contribución intencional de la empresa a ese plan y el hecho de que tenía conocimiento (demostrado o presunto) de los comportamientos infractores de los demás participantes".

 Sobre la base de esta construcción jurisprudencial, la determinación de si nos encontramos ahora con una infracción única exige partir de la definición del mercado afectado que la resolución sancionadora hace en el apartado II de los Hechos Acreditados donde se refiere, en primer lugar, al mercado de producto -apartado 1- con esta indicación:

 "A efectos del presente expediente la DC no ha procedido a una delimitación exacta de los mercados de producto, sino a la descripción de los sectores afectados, debido a los siguientes motivos recogidos en el PCH: - Multitud de mercados potencialmente afectados, - dificultad en distinguir nítidamente entre los distintos posibles mercados de producto dentro de la gestión de residuos y el saneamiento urbano, y - no afecta a las conclusiones del análisis en el expediente de referencia, en el que se analizan posibles infracciones del artículo 1 de la LDC , que por su naturaleza, no pueden beneficiarse de la exención de minimis recogida en el artículo 5 de la LDC sea cual sea la cuota de mercado, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 del RDC. - Se distingue, a efectos de la descripción sectorial, entre Gestión de residuos y Saneamiento urbano -actividades que quedan al margen de la gestión de residuos urbanos-".

 Se trata de unas consideraciones de indudable relevancia a los efectos que ahora analizamos por cuanto ponen ya de manifiesto la dificultad de poder apreciar la existencia de una infracción única en la que participan una pluralidad de empresas que actúan en sectores bien distintos, que lo son hasta el punto de que la propia CNMC alerta de la existencia de "multitud de mercados potencialmente afectados". La Comisión hace una clasificación dentro de este epígrafe del mercado de producto que le lleva a diferenciar entre la gestión de residuos, donde incluye los residuos sólidos urbanos, los residuos industriales, peligrosos y no peligrosos, y la recuperación de papel y cartón -apartado A-; y, por otra parte, el saneamiento urbano -apartado B-, que comprendería todas las actividades relacionadas con el saneamiento urbano pero que resultan ajenas a la gestión de residuos urbanos.

 A la falta de concisión en la determinación del mercado contribuye que en el transcrito fundamento de derecho undécimo la resolución aluda a la acreditación de una infracción única "... en el sector de gestión de residuos y saneamiento urbano, con diversas manifestaciones en las diferentes actividades del sector, que se plasman en concreto en las siguientes conductas: En el sector de la gestión de residuos industriales e hidrocarburos las empresas imputadas han actuado (...). En segundo lugar, en el ámbito de la recuperación de papel y cartón, las empresas imputadas en este ámbito habrían acordado el reparto del mercado (...). En tercer lugar, en el segmento de saneamiento urbano, las conductas incluyen... ".

 Se emplean así los términos sector, ámbito o segmento de manera indistinta y, sobre todo, sin precisar la conexión entre ellos ni entre las empresas que actúan en los mismos, por lo que no se ofrece ninguna base que pudiera sostener la idea de actuación conjunta y de plan único de actuación, consustanciales a la existencia de la infracción única conforme a la jurisprudencia europea que citábamos.

 Al tratar de las conductas investigadas -apartado III de los hechos Acreditados-, la resolución impugnada insiste en esta compartimentación cuando señala lo siguiente:

 "Con la finalidad de facilitar una lectura ordenada de las conductas acreditadas se dividen los mismos en los siguientes tres grandes bloques en función del sector de actividad afectado: (i) la gestión de residuos industriales (fundamentalmente de clientes privados); (ii) la recuperación de papel y cartón; y (iii) el saneamiento urbano, que incluye la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU), la limpieza viaria y aguas, actividades en las que el cliente suele ser una Administración local o agrupaciones de éstas. Si bien estos tres sectores de actividad se encuentran conectados entre sí en la medida en que en los mismos se produce simultáneamente la participación de las grandes empresas a nivel nacional y/o sus filiales o entidades participadas, a continuación se describen los hechos acreditados en dichos sectores por separado".

 Con arreglo al concepto de infracción única a que aludíamos antes, el mantenimiento de esta calificación exige que todas y cada una de las empresas sancionadas participen de ese "plan conjunto" al que se refiere el TJUE en la sentencia de 24 de junio de 2015 .

 No obstante, en el caso concreto de la aquí recurrente, y como manifiesta en su demanda sin que exista prueba en contrario, solo actúa en el mercado de gestión de residuos industriales peligrosos, por lo que no existe base para suponer que participaba de un objetivo común, de un plan conjunto de actuación en el que intervinieran otras empresas cuya relación con RECREP es, simplemente, inexistente.

 La CNMC, respecto de la mercantil ahora recurrente, no ha acreditado la existencia de interrelación entre los diferentes mercados de productos y geográficos a que se refiere la resolución sancionadora y las conductas realizadas en cada una de ellos para que, en su caso, pudiera aceptarse la existencia de un plan conjunto y de una actuación concertada entre todas las empresas que intervienen en los diferentes mercados de productos referidos por la CNMC en su resolución sancionadora. No se ha explicado por la CNMC cómo es posible que la recurrente pueda concertarse con empresas con las que no solo no ha mantenido relación alguna sino que, además, no podía tenerla dados los diferentes ámbitos de actuación tanto en relación con el mercado de los productos como con el ámbito geográfico de actuación.

 Hubiera sido necesaria una explicación por parte de la CNMC de las razones por las cuales RECREP que solo actúa en la gestión de residuos industriales peligrosos puede ser sancionada como participe en una infracción única y continuada mediante la realización de prácticas concertadas y mediante la realización de un plan conjunto de actuación con empresas que actúan en sectores de actividad ajenos al sector de la gestión de residuos industriales peligrosos y en diferentes áreas geográficas.

 No obstante, no se discute aquí si la conducta de la recurrente en el referido mercado - gestión de residuos industriales peligrosos- pudiera ser reprochable desde el punto de vista de las normas de competencia, sino si dicha conducta tiene encaje o no en la infracción única y continuada que le imputa la CNMC y que le ha llevado a sancionarla.

 Los argumentos empleados en la resolución recurrida en respuesta a las alegaciones formuladas sobre esta cuestión por las entidades afectadas -fundamento de derecho décimo, apartado 10.1 "Inexistencia de acuerdo global de reparto de mercado"- no consiguen, a juicio de la Sala, solventar el escollo de la ausencia de cualquier prueba que acredite la concurrencia, en cuanto a la empresa ahora recurrente, de los requisitos que definen la infracción única y continuada según la jurisprudencia europea, cuales son, insistimos, la existencia de un plan global que persiga un objetivo común, la contribución intencional de la empresa a ese plan, y el hecho de que hubiera tenido conocimiento (demostrado o presunto) de los comportamientos infractores de los demás participantes.

 Tampoco en la contestación a la demanda se ofrece dicha justificación. Las conexiones entre RECREP y SERTEGO en las que insiste el Abogado del Estado, no sirven para acreditar, ni la intervención de la actora en el supuesto plan global dirigido a la obtención de un objetivo común, ni tampoco, y por consiguiente, su contribución a dicho plan, ni menos aún que la misma empresa hubiera tenido conocimiento de los comportamientos del resto de los infractores, muchos de los cuales intervienen en sectores claramente diferentes y en ámbitos geográfico no coincidentes.

 La consecuencia de todo ello es que el recurso debe estimarse pues no se ha acreditado, en definitiva, que la sancionada haya cometido la infracción única y continuada que se le imputa; sin perjuicio de que dicha infracción pudiera, eventualmente, ser apreciada en relación a otras entidades frente a las que se siguió el mismo expediente y que resultaron también sancionadas.

 SÉPTIMO .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , las costas de esta instancia deberán ser satisfechas por la Administración demandada.

 VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

 1.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Alberto Hidalgo Martínez, en nombre y representación de RECUPERACIONES DE RESIDUOS PETROLIFEROS, S.L. contra la resolución de 8 de enero de 2015, de la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mediante la cual se le impuso una sanción de 189.747 euros de multa.

 2.- Anular la referida resolución en cuanto a la declaración de responsabilidad y la sanción impuesta a la actora, por no ser, en estos pronunciamientos, ajustada a Derecho.

 3.- Imponer las costas a la Administración demandada.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 17/01/2018 doy fe.