Id. Cendoj: 28079230062017100493
ECLI: ES:AN:2017:5581
ROJ: SAN 5581/2017
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 28/12/2017
Nº de Recurso: 257/2014
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: JOSE GUERRERO ZAPLANA
Procedimiento: Procedimiento ordinario
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000257 / 2014

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 03248/2014

 Demandante: COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

 Procurador: D. LUCIANO ROSCH NADAL

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: CONSEJO GENERAL DE PROTESICOS DENTALES DE ESPAÑA Y COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.

 VISTO por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, el recurso contencioso-administrativo núm. 257/2014, promovido por el Procurador de los Tribunales D. LUCIANO ROSCH NADAL, en nombre y en representación de COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, contra Resolución de fecha 19 de Mayo de 2014 dictada por la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el expediente sancionador SACAN/011/10 incoado por la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad de la Comunidad Autónoma de Canarias, el día 31 de octubre de 2012, contra el Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife por presuntas prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC ).

 Ha sido parte en autos la Administración demandada representada por el Abogado del Estado; también han sido partes el CONSEJO GENERAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE ESPAÑA, representado por el Procurador Sr. FRANCISO JOSE ABAJO ABRIL; el COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, representado por el Procurador Sr. FRANCISCO JOSE ABAJO ABRIL.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO. - Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizase la demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que entendió oportunos solicitó a la Sala que dicte sentencia por la que se declare contraria a derecho la resolución objeto de impugnación y la nulidad de la misma por los motivos esgrimidos en el cuerpo de la demanda y condene a la Administración demandada al pago de las costas.

 SEGUNDO. - El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se desestime el recurso contencioso administrativo interpuesto.

 Las partes codemandadas formularon sus correspondientes escritos de contestación a la demanda en la forma y con el contenido que obra en autos.

 TERCERO. - Tras el trámite de vista y conclusiones se declararon conclusas las presentes actuaciones y quedaron pendientes para votación y fallo.

 CUARTO. - Para votación y fallo del presente proceso se señaló el día 20 de Diciembre, designándose ponente al Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA.

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

 PRIMERO. - Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la Resolución de fecha 19 de Mayo de 2014 dictada por la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el expediente sancionador SACAN/011/10 incoado por la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad de la Comunidad Autónoma de Canarias, el día 31 de octubre de 2012, contra el Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife por presuntas prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC ).

 La resolución recurrida acordaba en su parte dispositiva:

 PRIMERO.- Declarar acreditada la comisión de una infracción muy grave tipificada en el apartado 4.a) del artículo 62 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , de la que se considera responsable al Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife.

 SEGUNDO.- Imponer al Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife una sanción de 18.354 ¤, de acuerdo con lo razonado en el Fundamento de Derecho quinto.

 TERCERO.- Imponer al Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife la obligación de comunicar la presente Resolución a todos los profesionales que lo integran, con el fin de contribuir a la efectiva cesación de la conducta.

 CUARTO.- Instar al Servicio Canario de Defensa de la Competencia para que vigile el cumplimiento de esta Resolución.

 SEGUNDO .- La parte recurrente plantea en su demanda, en primer lugar, la posible caducidad del expediente por haber transcurrido en exceso el plazo de 18 meses que para la tramitación de los expedientes sancionadores prevé el artículo 36 de la Ley 1572007.

 También consideró, como argumentos de forma, que era incorrecta la eliminación de la atenuante prevista en el artículo 64.3.a) en relación a la realización de actuaciones que hayan puesto fin a la actuación y ello sin habérsele dado ocasión para que se opusiera a la eliminación de la atenuante. En segundo lugar se refirió a la incorrecta denegación de la práctica de pruebas que habían sido propuestas en el expediente administrativo.

 En cuanto al fondo entendió que la cuestión que se planteaba no hacía referencia a la materia de la competencia sino al hecho de si era posible imponer a un dentista un determinado protésico dental en contra de su voluntad; además afirmó que el Colegio recurrente, en relación a la cuestión planteada no había hecho sino seguir las directrices del Consejo General correspondiente.

 TERCERO.- La adecuada resolución de la cuestión que se plantea en el presente recurso obliga a establecer una detallada mención de los hechos que han ocurrido a lo largo del expediente administrativo y ello para determinar la concurrencia de los plazos de caducidad:

 - El expediente consta que se incoó el día 31 de Octubre de 2012 y ello tomando la fecha más favorable a la confirmación del acto impugnado y ello puesto que, aunque antes hubo trámites previos, en la fecha señalada es cuando se dirige el procedimiento, precisamente, frente al Colegio ahora recurrente. (No se toma en consideración, a este respecto la propia identificación del procedimiento como procedente del año 2010)

 - Tomando en consideración dicha fecha, el plazo máximo de terminación del procedimiento (con la correspondiente notificación de la resolución) debió de ser el 30 de Abril de 2014.

 - La resolución se dicta en fecha 19 de Mayo de 2014 (y se notifica el día 22 de Mayo de 2014). Por lo tanto, inicialmente, se ha excedido 22 días del plazo máximo para evitar la caducidad.

 - Debe computarse, obviamente, la suspensión del procedimiento y ello por cuanto los días de suspensión no pueden computarse a la hora de calcular el plazo máximo de duración.

 o La suspensión se acordó por resolución de fecha 27 de Febrero de 2014 (folio 570 del expediente); pero fue notificada el día 7 de Marzo de 2014 (folio 581.1)

 o La parte ahora recurrente formuló alegaciones en relación a la suspensión y a la petición de documentación que se había formulado.

 o Finalmente, se acordó el levantamiento de la suspensión a partir del día 25 de Marzo de 2014 (resolución que obra al folio 584 del expediente)

 - Por lo tanto, la suspensión, a los efectos de descontar los días de suspensión, se produjo entre los días 7 y 25 de Marzo, lo que hace un total de 18 días y ello obligaba a que la resolución se hubiera dictado el día 18 de Mayo de 2014; al haberse notificado el día 22, resulta que se dictó de modo extemporáneo habiéndose sobrepasado en cuatro días el plazo máximo exigible.

 Debe tomarse en consideración que en el presente supuesto es aplicable lo previsto por el artículo 42.5 de la Ley 30/92 cuando habla de que: 5. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de la presente Ley . También el artículo 37.2 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia establece el mismo motivo para la suspensión del plazo máximo para dictar la resolución, estableciendo el articulo 38 el efecto de la caducidad del procedimiento cuando se supere el plazo máximo de 18 meses a que se refería el artículo 36. Así ha ocurrido en este caso.

 La suspensión debe computarse, en aplicación literal de lo dicho por esos preceptos entre el día de la notificación del requerimiento de información (7 de Marzo) hasta su efectivo cumplimiento (que sería cuando la ahora recurrente aportó la documentación requerida); no obstante, la caducidad es la consecuencia que se obtiene cuando ese computo se realiza tomando en consideración el día en que la propia Administración considera reanudado el plazo de computo.

 La argumentación de la Administración y las partes codemandadas no puede tomarse en consideración y ello puesto que la suspensión no puede computarse desde que se acuerda (día 27 de Febrero) sino desde que se notifica el día 7 de Marzo, debiendo estarse al cómputo que se ha realizado más arriba.

 CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , procede efectuar expresa imposición de costas a la administración demandada.

FALLAMOS

 Que estimando el presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el Procurador de los Tribunales LUCIANO ROSCH NADAL, en nombre y en representación de COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE contra la Resolución de fecha 19 de Mayo de 2014 dictada por la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el expediente sancionador SACAN/011/10 incoado por la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad de la Comunidad Autónoma de Canarias, el día 31 de octubre de 2012, contra el Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife por presuntas prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC )., debemos declarar la caducidad de dicha resolución.

 Con imposición de costas a la administración demandada.

 La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2. de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 24/01/2018 doy fe.