Id. Cendoj: 28079230062018100052
ECLI: ES:AN:2018:414
ROJ: SAN 414/2018
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 07/02/2018
Nº de Recurso: 23/2015
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS
Procedimiento: Procedimiento ordinario
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000023 / 2015

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 00141/2015

 Demandante: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE)

 Procurador: Dª ROCÍO BLANCO MARTÍNEZ

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: ASOCIACIÓN DE PROMOTORES MUSICALES (APM)

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a siete de febrero de dos mil dieciocho.

 VISTO el presente recurso contencioso-administrativo núm. 23/15 promovido por la Procuradora Dª Rocío Blanco Martínez actuando en nombre y representación de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) , contra la resolución de 6 de noviembre de 2014, del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, mediante la cual se le impuso una sanción de 3.103.196 euros de multa. Ha sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado, e intervenido como codemandada ASOCIACIÓN DE PROMOTORES MUSICALES (APM), representada por la Procuradora Dª María José Bueno Ramírez.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO .- Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando se dictase sentencia por la que "- Estime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por esta representación y anule en consecuencia el referido acto, o - subsidiariamente, anule o reduzca la multa en la cuantía que juzgue adecuada; y anule la obligación impuesta de cesar en la práctica en el plazo de tres meses u ordene a la CNMC que modifique tal obligación para que tenga carácter proporcionado. E imponga en todo caso el pago de las costas a la Administración en virtud de lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA ".

 SEGUNDO .- El Abogado del Estado y la entidad codemandada contestaron a la demanda mediante sendos escritos en los que suplicaban se dictase sentencia por la que se confirmasen los actos recurridos en todos sus extremos.

 TERCERO .- Pendiente el recurso de señalamiento para votación y fallo cuando por turno le correspondiera, se fijó para ello la audiencia del día 10 de enero de 2018, en que tuvo lugar. Prolongándose la deliberación a las sesiones de 17 y 24 de enero siguientes.

 Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO .- A través de este proceso impugna la entidad actora la resolución dictada con fecha 6 de noviembre de 2014 por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el expediente S/0460/13 cuya parte dispositiva era del siguiente tenor literal:

 "PRIMERO.- Declarar que en el presente expediente se ha acreditado la comisión de una infracción del artículo 2 de la LDC y del artículo 102 del TFUE , en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Quinto, de la que es responsable la Sociedad General de Autores de España, SGAE.

 SEGUNDO.- Imponer a la SGAE p or dicha infracción una sanción pecuniaria por importe de 3.103.196 ¤.

 TERCERO.- Intimar a la SGAE para que cese en la conducta en el plazo de tres meses contados desde la notificación de esta Resolución y, en lo sucesivo, se abstenga de cometer prácticas como las sancionadas u otras análogas, que puedan obstaculizar la competencia.

 CUARTO.- Instar a la Dirección de Competencia para que vigile el cumplimiento de esta Resolución".

 Como antecedentes de interés al dictado de dicha resolución merecen destacarse los siguientes:

 1. El 27 de mayo de 2005 la Asociación de Promotores Musicales (APM) denunció a la SGAE ante el Servicio de Defensa de la Competencia por supuestas prácticas restrictivas de la competencia consistentes en imponer condiciones abusivas en los contratos de licencia por los que se concedían a los promotores los derechos de autor de las canciones para poder ser interpretadas en conciertos (expediente sancionador 2619/05). Expediente que fue sobreseído con fecha 13 de octubre de 2006.

 2.- El 3 de noviembre de 2006 la APM interpuso recurso ante el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) contra el acuerdo de sobreseimiento, solicitando la reapertura del proceso de instrucción, recurso que fue desestimado por el TDC con fecha por el 8 de marzo de 2007.

 3.- Frente a esta resolución presentó la Asociación denunciante recurso contencioso-administrativo ante esta Sala de la Audiencia Nacional que, mediante sentencia de 6 de abril de 2009 , lo estimó en parte al considerar que los hechos denunciados no habían sido suficientemente investigados, por lo que ordenó a la entonces CNC que continuase las actividades instructoras "a fin de que se establezcan los hechos denunciados y posteriormente se dicte la resolución que proceda en Derecho..." . Pronunciamiento que fue confirmado por sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2012 .

 4.- En ejecución de lo resuelto, la Dirección de Investigación (DI) acordó, con fecha 18 de febrero de 2013, llevar a cabo una información reservada con objeto de determinar, con carácter preliminar, la concurrencia de circunstancias que justificasen la incoación de expediente sancionador. En el marco de la misma, y a la vista de la información recabada sobre las conductas investigadas, con fecha 15 de abril de 2013 resolvió la incoación del expediente sancionador S/0460/13 SGAE-CONCIERTOS al apreciar indicios racionales de la comisión, por parte de la SGAE, de una infracción del artículo 2 de la LDC y del artículo 102 del TFUE consistente en un abuso de su posición de dominio en el mercado de gestión de derechos de comunicación pública de la propiedad intelectual de los autores de obras musicales que se explotaban en los conciertos musicales celebrados en España (ejecución pública de obras musicales). En el mismo acuerdo de incoación se declaró como interesada a la APM, y se practicaron las diligencias probatorias que refleja el expediente.

 5.- Emitido con fecha 28 de enero de 2014 pliego de concreción de hechos, presentadas las oportunas alegaciones por las partes, y practicadas las pruebas que igualmente constan, con fecha 20 de marzo de 2014 la Dirección de Competencia (DC) notificó a las partes el cierre de la fase de instrucción; formuló el 24 de marzo de 2014 la propuesta de resolución y, elevada al Consejo de la CNMC, dictó éste en su reunión de 6 de noviembre de 2014 la resolución que ahora se impugna.

 SEGUNDO.- Parte la resolución recurrida en su declaración de hechos probados de la descripción de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) como una sociedad privada de ámbito nacional, autorizada por el Ministerio de Cultura como entidad de gestión de las previstas en los artículos 147 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , cuya principal función es la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual. Añade que, en el cumplimiento de sus labores de gestión, la SGAE emite licencias a los usuarios de su repertorio, recauda los derechos generados por su explotación comercial, y los reparte entre los autores y los editores musicales, descontados los costes derivados de esta gestión y la parte dedicada a promoción cultural.

 También alude a la entidad codemandada, denunciante en la vía administrativa, la Asociación de Promotores Musicales, de la que dice es una asociación sometida a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, que agrupa a 41 empresas promotoras de conciertos con una cuota de mercado aproximada del 80% de los conciertos de iniciativa privada celebrados en España. Señala que el objetivo del promotor musical es organizar conciertos y procurar que tengan el mayor éxito de público posible, para lo que debe conciliar la disponibilidad del artista con la de un local apropiado, encajar las pretensiones económicas de ambos con los ingresos previsibles de la venta de entradas, anunciar el concierto, poner las entradas a la venta y negociar y firmar los contratos necesarios, incluidas las licencias pertinentes (como la correspondiente a los derechos de autor).

 Sitúa el marco normativo en que se desenvuelven las conductas analizadas en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y se detiene en la regulación de los derechos de autor, derechos de explotación, de comunicación pública y de remuneración, así como en lo relativo a los derechos y obligaciones de las entidades de gestión y, finalmente, a la regulación de las tarifas.

 Trata, asimismo, del mercado de producto, que incluye las autorizaciones y la correspondiente remuneración derivada del derecho de comunicación pública de obras musicales en conciertos celebrados en España, mercado en el que los demandantes son los promotores musicales que organizan el concierto y que requieren de una licencia que les permita interpretar públicamente las canciones cuyos derechos de autor están protegidos. Destaca que la única sociedad habilitada para gestionar los derechos de autor de obras musicales es la SGAE, sociedad que emite las licencias de uso de las obras protegidas de los autores que le hayan confiado la gestión de sus derechos, que serían la práctica totalidad de los autores de obras musicales -bien por encomienda expresa, bien por haber firmado la SGAE un convenio de representación recíproca con la entidad de gestión extranjera que gestiona derechos de autor de obras musicales-. Y añade que "A efectos de este expediente, por tanto, se considera que el mercado relevante de producto es el de gestión de los derechos de autor para la comunicación pública de obras musicales en conciertos" . Mercado que circunscribe geográficamente al territorio español.

 Finalmente, analiza la resolución de la CNMC las conductas realizadas para lo cual parte de la información recabada en el expediente y, en particular, en el pliego de concreción de hechos, lo que le lleva a considerar acreditados los siguientes hechos relevantes:

 - Existencia de negociaciones entre la APM y la SGAE en el período 2002-2006, que habría evidenciado la falta de acuerdo en los siguientes aspectos: a) exigencia de obtener licencia de los derechos de autor con anterioridad a la venta de entradas, b) importe de la tarifa exigida que asciende al 10% de la recaudación (previa deducción del IVA) o al 9% para locales con aforo inferior a mil espectadores, y c) exigencia de garantías que cubran el importe total adeudado. Fue precisamente la falta de acuerdo en estos extremos lo que llevó a la APM a presentar denuncia ante el SDC, denuncia que dio lugar a la tramitación del expediente 2619/05, al que nos hemos referido antes, y en el cual se produjo una solicitud de inicio de terminación convencional, que no logró acuerdo en los compromisos presentados, particularmente en materia de tarifas. No obstante, la SGAE presentó una nueva propuesta de compromisos que se concretó en nuevos modelos de licencia, en vigor desde el 1 de octubre de 2006.

 - Firma de convenios con operadores de ticketing - distribuidores de entradas- a los que la SGAE exige, antes de poner a la venta las entradas, la constatación de que los promotores disponen de la correspondiente licencia otorgada por la SGAE, eximiendo de fianza a los promotores musicales que autorizan a los operadores de ticketing a retener el importe recaudado en concepto de derechos de autor.

 - En cuanto a las tarifas, indica la CNMC en su resolución que la tarifa general aplicada por la SGAE para remunerar los derechos de autor en la celebración de conciertos musicales es del 10% del producto de taquilla (previa deducción del IVA) o del 9% en locales con aforo inferior a mil plazas. Tarifa superior a la aplicada en otros países en los términos que especifica.

 - También aparece destacado el hecho de que, prácticamente, el 100% de los conciertos celebrados en España han obtenido licencia de la SGAE, si bien en el periodo 2009- 2012 un número muy residual de conciertos (once) se han celebrado obteniendo la licencia de derechos de autor de entidades extranjeras, y en un único caso, del propio autor.

 TERCERO .- Tras concluir que la Ley más favorable y, por tanto, la que resulta aplicable, es la vigente Ley 15/2007, de 12 de julio, de Defensa de la Competencia, frente a la anterior Ley 16/1989, de 17 de julio, y llevar a cabo la valoración jurídica correspondiente, la resolución de 6 de noviembre de 2014 coincide con la apreciación de la DC en el sentido de considerar acreditado que las condiciones exigidas por la SGAE a los promotores para la obtención de licencias para ejecutar públicamente obras musicales en conciertos celebrados en España resultan no equitativas por excesivas y constituyen un abuso de posición de dominio en el sentido de los artículos 2 de la LDC y 102 del TFUE , del mismo modo que otras condiciones impuestas directamente a los promotores en sus relaciones con los distribuidores de entradas constituyen prácticas restrictivas de la competencia que contribuyen a ese abuso.

 Una vez reconocida la posición de dominio de la SGAE, posición que se califica de monopolio de hecho en el mercado de gestión de derechos de autor para poder utilizar las obras musicales protegidas en conciertos celebrados en España, y declarado que, en sí misma, la posición de dominio no es sancionable, aborda la CNMC el análisis del sistema de tarifas previa indicación de que el carácter abusivo de una tarifa vendrá dado por la relación de equidad o falta de equidad que exista entre dicha tarifa y el valor que el bien o servicio al que remunera dicha tarifa otorga al producto final.

 Puesto que está acreditado que la tarifa general aplicada por la SGAE para remunerar los derechos de autor en la celebración de conciertos musicales es el 10% del producto de taquilla (previa deducción del IVA) y el 9% para el caso de aforos inferiores a mil espectadores, tarifa que no habría variado desde hace más de 23 años, la resolución ahora recurrida lleva a cabo un análisis del eventual carácter excesivo de la misma por el método de comparación, que describe y que considera apropiado, consistente en contrastarla, sobre una base homogénea, con las tarifas (porcentaje de los ingresos brutos de taquilla) , aplicadas por otras entidades de gestión extranjeras homólogas para remunerar los derechos de autor en el marco de la ejecución de obras musicales en conciertos.

 Para ello, parte de la tabla elaborada por la DC y que obra al folio 5254 del expediente de la que resulta que catorce Estados miembros de la UE aplican tarifas más reducidas que la SGAE. En particular, señala que Reino Unido tiene tarifas del 3% de los ingresos brutos de taquilla; Dinamarca, tramos entre 2,42% y 5,25% de los ingresos de taquilla; Lituania, tramos desde el 3,5% al 6% del producto de taquilla; Suecia, entre el 3,1% y el 5,5% en función del número de asistentes; Alemania, entre el 5 y el 7,65% según el número de asistentes; Holanda, entre el 3% y el 7% en función del peso del repertorio protegido sobre el total del repertorio; Irlanda, entre el 3% y el 6% de los ingresos netos.

 En tres países la tarifa es superior al 10%, y así en Polonia, donde puede llegar al 12% en determinados casos, Francia donde el importe cobrado es el 8,8% de los ingresos de taquilla, pero se cobra un 4,4% adicional por ingresos anexos (consumiciones, merchandising, etc.); e Italia donde se cobra el 10% del producto de taquilla y de los ingresos publicitarios. Sin embargo, precisa que, incluso en estos casos, las tarifas no son claramente superiores a las aplicadas por la SGAE, pues en Polonia las mismas alcanzan el 8% en el caso de los promotores habituales y asimismo se aplica un amplio escalado del 2 al 12% en función de las obras protegidas; en el caso francés, el 4,4% adicional cobrado por ingresos anexos podrá dar resultados diferentes en el importe final de la tarifa que, en los supuestos donde no se produzcan tales ingresos anexos, resultará inferior al 9%, frente al 10% aplicado por la SGAE.

 Destaca la desproporción con los casos norteamericano y británico, siendo así que en este último las tarifas de la SGAE triplican la tarifa aplicada por la entidad británica (3%).

 Y se remite al criterio mantenido en esta cuestión por el Tribunal de Justicia, con cita de la sentencia de 27 de febrero de 2014, asunto C-351/12 , sobre la conveniencia y oportunidad de utilizar el método de comparación con las tarifas aplicadas en otros Estados miembros para detectar los posibles abusos.

 Si el abuso vendría determinado por esta desviación respecto de las tarifas aplicadas en otros Estados, lo que acreditaría el carácter inequitativo, por excesivas, de las percibidas por la SGAE, incide también la CNMC en la existencia de otras actuaciones adicionales de la sancionada que contribuirían, cumulativamente, al mantenimiento de las tarifas inequitativas, cual serían: (i) la exigencia de obtener la correspondiente licencia de la SGAE antes de iniciar la venta de las entradas, (ii) la obligación de depósito de una fianza/aval que cubra el total de la recaudación correspondiente a los derechos de autor, o bien (iii) la obligación alternativa del promotor, para poder acogerse a la exención de fianza, de distribuir las entradas a través de un operador de ticketing que tenga convenio de colaboración con la SGAE y que, hasta el año 2012, debe retener y liquidar el importe adeudado.

 Todo lo cual conduce a la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC a compartir el criterio de la DC en el sentido de que la SGAE habría incurrido en una infracción única y continuada de los artículos 2 de la LDC y 102 del TFUE consistente en un abuso de posición de dominio derivado de la fijación y aplicación efectiva de tarifas no equitativas y excesivas por derechos de comunicación pública de autores de obras musicales en conciertos en España. Asimismo, ese abuso se ha visto coadyuvado, dice, por otros elementos que efectivamente favorecen a la SGAE en la fijación y aplicación efectiva de esas tarifas, y refuerzan desproporcionadamente la posición de ésta en su negociación con los organizadores de conciertos.

 CUARTO .- Frente a las conclusiones de la CNMC, sostiene en primer lugar la entidad demandante que la decisión recurrida vulnera los artículos 24 de la Constitución y 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , pues carece de una motivación suficiente y le causa indefensión al haber prescindido totalmente de las pruebas aportadas por la SGAE en el expediente y, en particular, de la prueba pericial que desvirtúa, a su juicio, el análisis comparativo de las tarifas aplicadas en otros Estados y que tomó en consideración la Comisión para considerar que las percibidas por la recurrente son inequitativas por excesivas.

 Ha de decirse, no obstante, que la resolución de 6 de noviembre de 2014 sí está motivada desde el momento en que el acuerdo sancionador se asienta sobre unos hechos concretos, que describe, y que considera además probados de acuerdo con las pruebas que igualmente cita, incorporadas al expediente sancionador. Pruebas que son valoradas en la misma resolución con arreglo a los argumentos que explicita.

 Todo ello como resulta de los fundamentos que preceden en los que hemos sintetizado los referidos hechos, las pruebas y la valoración de las mismas llevada a cabo por la Comisión que habría cumplido entonces con las exigencias impuestas por el invocado artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre .

 Cuestión distinta es que la SGAE discrepe de todo ello.

 Con carácter previo ha de señalarse, como anticipamos en sentencia de esta Sala y Sección de 14 de enero de 2004, recurso núm. 867/2000 , que el régimen de explotación de los derechos de autor, o de los derechos afines a éste, como los que gestiona SGAE, no son en absoluto ajenos a las exigencias de la LDC, vinculantes para todos los sujetos, entidades, asociaciones o grupos de intereses que actúan en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, como ha destacado el Tribunal Supremo en sentencia de 1 de marzo de 2001 . "De ello se deriva sin dificultad -decíamos- que la empresa o entidad monopolista, que no se enfrenta a ninguna competencia en su ámbito de actividad, se encuentra en una posición de dominio. A esta conclusión -la existencia de una posición de dominio - llegó el TJCE en relación con la Sociedad de Autores, Compositores y Productores de música (SACEM), que es la sociedad francesa de gestión de derechos de propiedad intelectual en materia musical, en su sentencia de 13 de julio de 1989 (asuntos acumulados 110/88 , 241/88 y 242/88). La constatación de que una empresa o entidad se encuentra en una posición dominante en un determinado mercado tiene dos consecuencias ya clásicas en el derecho de la competencia, formuladas por el TJCE ( sentencia de 9 de septiembre de 1983, asunto Michelin, caso 322/81 ): a) declarar que una empresa tiene una posición dominante no es por sí mismo un reproche, y b) incumbe a la empresa con posición dominante una especial responsabilidad en el mantenimiento en el mercado de unas condiciones no distorsionadas de la competencia, lo que implica que la conducta de la empresa dominante, para ser legítima, debe tener una justificación objetiva".

 También sucede ahora, como en el supuesto abordado entonces, que no se cuestiona la posición de dominio en el mercado de la entidad gestora de los derechos de propiedad intelectual, sino el posible abuso de la misma.

 Además, y en cuanto a la imposición de las tarifas -aquí el 10% sobre el beneficio bruto-, hemos de recordar la doctrina declarada en nuestra sentencia de 4 de diciembre de 2012, recurso núm. 3446/2009 , según la cual "La exigencia de que la remuneración sea equitativa no se deriva para la recurrente únicamente del citado artículo 122 TRLPI , sino también, como para las demás empresas o entidades que se encuentren en posición dominante, del artículo 6 LDC que considera abuso de dicha situación, entre otros supuestos, la imposición de precios u otras condiciones comerciales o de servicio no equitativos. A falta de una definición legal de precio no equitativo, debemos acudir a la jurisprudencia del TJCE, que entiende por tal, desde la sentencia de 14 de febrero de 1978 (caso United Brands, asunto 27/76 , apartado 250), continuada por las de 5 de octubre de 1994 (asunto C- 323/1993 , apartado 25 ) y de 17 de julio de 1997 (asunto C-242/95 , apartado 39) un precio excesivo que no guarde una relación razonable con el valor económico del servicio prestado. No obstante, en casos como el presente, en el que existen dificultades evidentes en determinar el coste o valor económico de los servicios prestados, cabe acudir a otros parámetros para averiguar si el precio es o no equitativo. En concreto, en un caso similar al presente, el TJCE, en su sentencia de 13 de julio de 1989 , antes citada, admitió la comparación con la situación existente en otros países miembros de la limón Europea y señaló que una sociedad nacional de gestión de derechos de propiedad intelectual, que se encuentre en posición dominante,"... impone condiciones de contratación no equitativas cuando las retribuciones que cobra son notablemente más elevadas que las que se aplican en los restantes Estados miembros, siempre que la comparación entre las cuantías de las tarifas se haya llevado a cabo con arreglo a una base homogénea..." (apartado 46)".

 Añadíamos en la referida sentencia que no es, por tanto, indiferente que las tarifas aplicadas sean superiores a las usualmente empleadas en otros países de la UE, siendo necesaria la apreciación de razones que justifiquen tales diferencias para aceptarlas como ajustadas a las exigencias de la libre competencia. Y nos remitíamos a la sentencia del Tribunal Supremo, Sala I, dictada en el recurso de casación 2157/2003, de 18 de febrero de 2009 , la cual afirmaba, en primer lugar, que el hecho de que la Administración no haya opuesto objeciones a las tarifas comunicadas no determinan su obligatoriedad, ya que la LPI no le atribuye competencias de aprobación; en segundo lugar, que la existencia de un proceso negociador previo no implica, per se, que las tarifas se ajusten al requisito de la equidad; y, por último, que no pueden admitirse como equitativas unas tarifas establecidas exclusivamente en atención a los rendimientos de explotación de la licenciataria.

 Por todo lo cual veníamos afirmando que, a) la equidad de las tarifas ha de establecerse en atención a las existentes en los restantes países de la unión; b) la existencia de negociaciones previas no justifica que las tarifas sean equitativas ya que la efectividad de negociación con una entidad en posición de dominio en el mercado, o de la que se tiene dependencia económica, es muy reducida, de ahí las precauciones de la Ley de Defensa de la Competencia al definir como abusiva la imposición de precios o condiciones no equitativas.

 Y remitíamos al necesario estudio pormenorizado por parte dela Comisión de la cuantía de las tarifas y de los criterios de fijación de las mismas en comparación con los países de la UE.

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su reciente sentencia de 14 de septiembre de 2017, asunto C-177/2016, ha declarado lo siguiente en relación con la aplicación del método comparativo para determinar el carácter abusivo de las tarifas aplicadas por una sociedad de gestión de derechos de propiedad intelectual que ostenta una posición de dominio, como aquí ocurre:

 "53 Ante todo, debe recordarse que, cuando una empresa en una posición dominante impone por los servicios que presta tarifas que son notablemente más elevadas que las que se aplican en los restantes Estados miembros, dicha diferencia debe ser considerada el indicio de un abuso de posición dominante ( sentencias de 13 de julio de 1989 , Tournier, 395/87 , EU:C:1989:319 , apartado 38, y de 13 de julio de 1989, Lucazeau y otros, 110/88, 241/88 y 242/88, EU:C:1989:326 , apartado 25).

 (...)

 55 No obstante, no puede deducirse de las sentencias de 13 de julio de 1989 , Tournier (395/87 , EU:C:1989:319 ), y de 13 de julio de 1989, Lucazeau y otros (110/88, 241/88 y 242/88, EU:C:1989:326 ), que diferencias como las apreciadas en el litigio principal no puedan nunca calificarse de «notables». En efecto, no existe un umbral mínimo a partir del cual una tarifa deba considerarse «notablemente más elevada», dado que las circunstancias propias de cada caso son determinantes a tal efecto. De este modo, una diferencia entre cánones podrá calificarse de «notable» si, vistos los hechos, es significativa y persistente, en lo que atañe, concretamente, al mercado de que se trate, lo que incumbe comprobar al tribunal remitente.

 56 Sobre este particular, cabe subrayar que, como señaló el Abogado General en el punto 107 de sus conclusiones, la diferencia debe ser de cierta importancia para que las tarifas controvertidas puedan calificarse de «abusivas». Además, esta diferencia debe persistir durante un determinado período y no ser temporal o episódica.

 57 A continuación, debe señalarse que estos elementos sólo constituyen indicios de un abuso de posición dominante. La sociedad de gestión de derechos de autor tiene la posibilidad de justificar la diferencia, basándose en la existencia de divergencias objetivas entre la situación del Estado miembro de que se trate y la situación que prevalezca en los demás Estados miembros incluidos en la comparación (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de julio de 1989 , Tournier, 395/87 , EU:C:1989:319 , apartado 38, y de 13 de julio de 1989, Lucazeau y otros, 110/88, 241/88 y 242/88, EU:C:1989:326 , apartado 25).

 58 Para justificar esta diferencia, pueden tomarse en consideración algunos elementos, como la relación existente entre la cuantía del canon y el importe efectivamente abonado por los titulares de los derechos. En efecto, cuando la parte del producto de los cánones afectada a los costes de percepción, administración y reparto es notablemente más elevada que la atribuida a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, no puede excluirse que sea precisamente la inexistencia de competencia en el mercado en cuestión lo que permita explicar la magnitud del aparato administrativo y, por tanto, la elevada cuantía de las remuneraciones (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de julio de 1989 , Tournier, 395/87 , EU:C:1989:319 , apartado 42, y de 13 de julio de 1989, Lucazeau y otros, 110/88, 241/88 y 242/88, EU:C:1989:326 , apartado 29).

 (...)

 61 De ello se deduce que procede responder a las cuestiones prejudiciales quinta y sexta que la diferencia entre las tarifas comparadas debe considerarse notable si es significativa y persistente. Tal diferencia constituye un indicio de abuso de posición dominante e incumbe a la sociedad de gestión de derechos de autor en posición dominante demostrar que sus precios son equitativos, basándose en elementos objetivos que incidan en los costes de gestión o en la remuneración de los titulares de los derechos".

 Hechas estas consideraciones generales, y justificada la aplicación del método comparativo, ha de decirse que el informe obrante a los folios 5235 y siguientes del expediente administrativo constituye un sólido elemento de prueba que permite constatar la realidad de los hechos sobre los que se asienta la decisión impugnada al remitirse a los distintos documentos de los que extrae, por un lado, las tarifas aplicadas por la SGAE - página web del 16 de diciembre de 2013, folios 4519 a 4522, y modelos de licencia, folios 3465 y siguientes-, y, por otro, las tarifas aplicadas en diferentes Estados de nuestro entorno -tarifas aplicadas en veintidós Estados miembros de la UE, folios 3376 a 3380, y de las páginas web de las sociedades norteamericanas, incorporadas al expediente, folios 4527 a 4536-, constando al folio 5254 la tabla comparativa de referencia.

 Tales justificaciones documentales, y la respuesta ofrecida por la CNMC -fundamento de derecho quinto de la resolución de 6 de noviembre de 2014- a las alegaciones de la SGAE respecto de la insuficiente acreditación de la infracción sustentadas en el dictamen pericial aportado por la misma recurrente, permiten concluir, en primer término, que la decisión sancionadora cuenta con una motivación suficiente que satisface las exigencias del invocado artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ; y, en segundo lugar, y directamente relacionado con ello, que no se ha producido la denunciada infracción del artículo 24 de la Constitución al no haberse generado indefensión alguna a la parte, especialmente si se advierte que la entidad recurrente ha aportado junto con su demanda dictamen pericial dirigido a "probar toda una serie de circunstancias destinadas a descartar que la SGAE haya incurrido en una práctica constitutiva de abuso de posición dominante" , dictamen que fue objeto de ratificación ante esta Sala y que no ha conseguido desvirtuar, a nuestro juicio, y de acuerdo con los criterios marcados por el TJUE a los que nos hemos referido antes, el hecho determinante de que las tarifas aplicadas por la recurrente son más altas que las que aplican análogas entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual de otros Estados miembros, resultando las diferencias significativas con arreglo a la tabla comparativa obrante en el expediente y, además, prolongadas en el tiempo -según indicó la SGAE en octubre de 2005, la tarifa se llevaba aplicando más de quince años, folio 395-.

 Las alegaciones de infracción del artículo 25 de la Constitución y del artículo 130 de la Ley 30/1992 , que relaciona la SGAE con la ausencia de dolo o culpa en su conducta, por haber actuado en todo caso de buena fe, se compadecen mal con la evidencia de lo elevado de las tarifas aplicadas en relación con las vigentes en otros Estados de nuestro entorno, necesariamente conocidas por ella. Desde luego, el hecho de no haber sido sancionada antes por esta misma práctica abusiva es insuficiente para mantener la inexistencia de culpabilidad pues conduciría al absurdo de negar la posibilidad de una primera vez, y no se desvirtúa por el hecho de que se dictara un acuerdo de sobreseimiento el 16 de octubre de 2006, al que se remite la demandante, que no fue precedido de una prueba como la que se ha acopiado en el expediente que ahora analizamos, ni siquiera de una investigación suficiente, como declaramos en la sentencia de 6 de abril de 2009 , que precisamente lo revocó.

 Tampoco puede decirse, en fin, y frente a lo que también aduce la entidad demandante, que se hayan vulnerado la presunción de inocencia y las reglas sobre la carga de la prueba al hacer recaer sobre ella la de acreditar su inocencia. Como hemos visto, el TJUE ha dicho en la sentencia antes citada de 14 de septiembre de 2017, asunto C-177/2016, que "...cuando una empresa en una posición dominante impone por los servicios que presta tarifas que son notablemente más elevadas que las que se aplican en los restantes Estados miembros, dicha diferencia debe ser considerada el indicio de un abuso de posición dominante" (53), y que "... debe señalarse que estos elementos sólo constituyen indicios de un abuso de posición dominante. La sociedad de gestión de derechos de autor tiene la posibilidad de justificar la diferencia, basándose en la existencia de divergencias objetivas entre la situación del Estado miembro de que se trate y la situación que prevalezca en los demás Estados miembros incluidos en la comparación (57)...Para justificar esta diferencia, pueden tomarse en consideración algunos elementos, como la relación existente entre la cuantía del canon y el importe efectivamente abonado por los titulares de los derechos (58)" . Es claro entonces que la posición de dominio y la existencia, acreditada, de tarifas más elevadas que la media del entorno, arroja sobre la entidad de gestión la carga de probar que las diferencias obedecen a razones objetivas, lo que no ha conseguido en este caso la SGAE con la prueba practicada en autos a su instancia.

 En particular, la pericial aportada, si bien arroja cifras más cercanas a la posición mantenida por la SGAE, es lo cierto que no atiende a un elemento fundamental que sí tiene en cuenta el análisis de la CNMC, y que se refleja en el fundamento de derecho cuarto, apartado 4.1, cuando da respuesta a las alegaciones presentadas por la recurrente en relación a la existencia de tarifas no equitativas. Se trata de la necesidad de llevar a cabo el análisis comparativo sobre bases homogéneas, y es en el fundamento de derecho quinto, apartado 5.2, donde se exponen las consideraciones que conforman dichas bases.

 En efecto, recuerda que, como resulta de la tan citada ta bla elaborada por la DC y obrante al folio 5254, catorce Estados miembros aplican tarifas más reducidas que la SGAE si se toma como criterio el porcentaje sobre los ingresos brutos en taquilla -alude a Reino Unido, Dinamarca, Lituania, Suecia, Alemania, Holanda o Irlanda-, siendo así que en otros países el cálculo de la tarifa sería más complejo al emplearse una fórmula consistente en multiplicar un factor en función de la capacidad del local por el precio medio de entrada (Eslovaquia), o estableciendo tarifas fijas mínimas y un porcentaje sobre los ingresos obtenidos (Finlandia). No obstante, y según la tabla, el resultado a pagar por el promotor es muy inferior al que debe abonarse a la SGAE en España, de tal forma que, de acuerdo con el análisis de la DC, sólo en tres países la tarifa sería superior al 10% percibido por la SGAE: Polonia, donde puede llegar al 12% en determinados casos; Francia, donde el importe cobrado es el 8,8% de los ingresos de taquilla, pero se cobra un 4,4% adicional por ingresos anexos (consumiciones, merchandising, etc.); e Italia, donde se cobra el 10% del producto de taquilla y de los ingresos publicitarios.

 Sin embargo, incluso en estos tres supuestos las tarifas, de acuerdo con lo razonado en la resolución de 6 de noviembre de 2014, no serían claramente superiores a las aplicadas por la SGAE, y lo explica la resolución misma al poner de manifiesto que, en Polonia, las mismas alcanzan el 8% en el caso de los promotores habituales si bien se aplica un amplio escalado del 2 al 12% en función de las obras protegidas; o que, en el caso francés, el 4,4% adicional cobrado por ingresos anexos podrá dar resultados diferentes en el importe final de la tarifa que, en los supuestos donde no se produzcan tales ingresos anexos, resultará inferior al 9%, siendo así que el aplicado por la SGAE es, recordemos, del 10%.

 Se refiere a las importantes diferencias con las tarifas aplicadas por las dos entidades norteamericanas correspondientes, así como al hecho de que las tarifas de la SGAE (9%- 10%) triplican la tarifa aplicada por la entidad británica (3%), superando en seis puntos porcentuales para el caso de aforos inferiores a mil espectadores y siete puntos en el caso de aforos superiores. Y pone de manifiesto que este dato resulta particularmente significativo desde la perspectiva del análisis de la equidad de esas tarifas sobre bases homogéneas puesto que, precisamente, es la entidad británica PRS la destinataria del mayor porcentaje, tras las entidades norteamericanas, de los ingresos repartidos por la SGAE en virtud de los convenios de reciprocidad.

 Destaca la CNMC que los países indicados se diferencian cualitativamente del resto y exigen una análisis específico debido al elemento objetivo diferenciador de que constituyen el destino fundamental de los ingresos repartidos por la SGAE a las sociedades con las que tiene convenios de representación recíproca para remunerar los derechos de autor derivados del uso en conciertos celebrados en España del repertorio gestionado por las entidades extranjeras. Y así, conforme a la información obrante a los folios 3935 y 4443 del expediente, del total de ingresos distribuidos por la SGAE a sociedades extranjeras, el 43% corresponde a las sociedades norteamericanas y el 19% a la de Reino Unido, siendo las siguientes comparativamente distantes (Francia, 6%, Italia, 6%, Alemania, 3% y Suecia, 3%). Advierte que si se toma como referencia exclusivamente el importe transferido por la SGAE a las entidades de gestión europeas, los ingresos repartidos a la sociedad británica en virtud de los convenios de reciprocidad alcanzan el 40% del total. De lo cual concluye que "La exigencia de una comparación sobre bases homogéneas, requerida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, obliga a no obviar estos datos en el análisis".

 Pone de relieve la resolución que la especial circunstancia del caso británico tiene su reflejo en el comportamiento diferenciado de la propia SGAE en este mismo mercado, de tal forma que los gastos de gestión que se aplican a las sociedades extranjeras con las que mantiene convenios de representación recíproca son los mismos que se deducen de los importes transferidos a los autores miembros de la SGAE (9%), a excepción de los aplicados a la sociedad de gestión colectiva de derechos de autor de Reino Unido pues, en virtud de los acuerdos alcanzados con PRS -entidad de gestión británica-, en los denominados grandes conciertos (recaudación superior a 120.202 euros) el importe retenido por gastos de gestión es solo del 5,55%.

 Lo que permite concluir que la calificación de las tarifas aplicadas por la SGAE como inequitativas por excesivas tiene una justificación suficiente, basada en un método, el comparativo con las aplicadas por las entidades gestoras de los derechos de propiedad intelectual análogas en otros Estados miembros, que ha sido declarado idóneo para tal fin por la jurisprudencia del TJUE; y que, además, se ha realizado sobre bases homogéneas, tomando en consideración las diversas variables que pudieran incidir en la comparación. En lo que cobra particular relevancia la proporción, precisada por la CNMC y a la que nos hemos referido antes, del porcentaje que, del total de ingresos distribuidos por la SGAE a sociedades extranjeras, suponen las sociedades de gestión norteamericanas y la del Reino Unido, cuyos tarifas son, como vimos, muy inferiores. Es ilustrativa la observación que hace la entidad codemandada, la Asociación de Promotores Musicales, cuando se refiere a esta desproporción e indica que "... si compro a la SGAE me cuesta 10, si puedo comprar fuera me cuesta 3,12"

 Por contra, el dictamen pericial aportado por la entidad recurrente no ha conseguido desvirtuar estas conclusiones, y resulta poco convincente, a juicio de la esta Sala, cuando pretende justificar la tarifa aplicada en razón al "valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión", verdadera contrapartida a considerar, por cuanto no ofrece sino aseveraciones generales sobre la asunción de gastos y costes frente a los que supondrían para los usuarios "localizar, contactar, negociar y remunerar de manera individual a cada uno de los titulares de los derechos para cumplir con sus obligaciones", gastos y costes que califica de desorbitados y que "en la mayoría de los casos, estarían muy por encima de la recaudación que le correspondería a cada autor". Olvida así que la resolución que se recurre no cuestiona la existencia de la entidad de gestión, ni su utilidad, sino lo desproporcionado de sus tarifas.

 Tampoco sirve para neutralizar otras razones que igualmente refleja la resolución recurrida y que le permiten apuntalar más sólidamente su decisión sobre el abuso de posición de dominio de la SGAE.

 Se trata de las actuaciones adicionales que menciona en su fundamento de derecho quinto, apartado 5.3, y a las que describe como prácticas consistentes en la imposición por la SGAE de una serie de condiciones desproporcionadas e injustificadas añadidas a los promotores musicales e indirectamente a los distribuidores de entradas.

 Tales prácticas consistirían en: "(i) la exigencia de obtener la correspondiente licencia de la SGAE antes de iniciar la venta de las entradas, (ii) la obligación de depósito de una fianza/aval que cubra el total de la recaudación correspondiente a los derechos de autor, o bien (iii) la obligación alternativa del promotor, para poder acogerse a la exención de fianza, de distribuir las entradas a través de un operador de ticketing que tenga convenio de colaboración con la SGAE y que, hasta el año 2012, debe retener y liquidar el importe adeudado".

 Coincidimos, en relación con la primera de dichas prácticas, en que la exigencia de obtener la correspondiente licencia antes incluso antes de comenzar a vender las entradas supone una práctica abusiva toda vez que la finalidad que con ello declara perseguir la SGAE -detectar y evitar los incumplimientos-, podría alcanzarse de manera menos gravosa para el promotor del concierto, del mismo modo que la obligación de aportar una fianza por el total que se prevé adeudar traslada al promotor el coste de cobertura del riesgo incluso en aquellos casos en que no existe ninguna justificación adicional, como podría ser la constatación de incumplimientos o impagos anteriores del promotor en particular (como pone de manifiesto la resolución recurrida, la sólo a partir de 2012 es posible, para los promotores con más de tres años de antigüedad y sin conflictos de pago o de reconocida solvencia, evitar la fianza sin estar obligados a permitir la retención del importe de la recaudación que corresponde abonar a la SGAE, folios 4431 y 4432 del expediente administrativo).

 Y en cuanto a los convenios suscritos por la SGAE con los operadores de ticketing, es lo cierto que la entidad recurrente no aporta razones convincentes para justificar la inclusión de cláusulas como las de prohibición de distribuir entradas si el promotor no dispone de licencia otorgada por la SGAE, o la obligación de retener el importe adeudado a la SGAE, que directamente interfieren en la relación promotor-distribuidor de entradas, además de dificultar que pudiera acudirse a proveedores alternativos para obtener la debida licencia.

 Como tampoco han quedado desnaturalizados con el informe pericial los argumentos expuestos en el mismo fundamento de derecho quinto, apartado 5.3, de la resolución de 6 de noviembre de 2014 sobre la situación generada con la aplicación de los convenios de representación recíproca de los que la CNMC admite que pudieran obedecer a un interés lícito, el de que las distintas sociedades se apoyen en la organización creada por la sociedad de gestión que ejerce sus actividades en otros Estados, sin necesidad de añadir a dicha organización sus propias redes de contratos con los usuarios y sus propios controles sobre el terreno, pero que en la práctica privan a las sociedades extranjeras que tenga tarifas establecidas por debajo de las fijadas por la SGAE de cualquier incentivo para otorgar directamente licencias de su propio repertorio en España, con el consiguiente refuerzo de la posición de dominio de la SGAE.

 En definitiva, no puede sostenerse que la decisión de sancionar a la recurrente carezca de motivación, ni resulte por ello contraria al artículo 24 de la Constitución , pues el acuerdo sancionador cuenta con un sólido sustrato probatorio y argumental, lo que hace decaer tanto la invocada infracción de las reglas sobre la carga de la prueba, como la pretendida insuficiencia de ésta.

 Del mismo modo, no puede admitirse la supuesta vulneración de los artículos 25 de la Constitución y 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , a que se refiere también en su demanda la SGAE, toda vez las conductas descritas que se le atribuyen no pueden sino obedecer, en atención a su diseño y funcionamiento, a una planificación consciente de la entidad, por ello necesariamente culpable, y además constitutiva de una situación de abuso de la posición de dominio que ocupa en el mercado.

 QUINTO . - Argumenta la recurrente que para determinar la cuantía de la multa se han tenido en cuenta los criterios establecidos en la "Comunicación de la CNC sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1 , 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea" (BOE de 11 de febrero de 2009) y, en consecuencia, se ha fijado a partir de un método de cálculo no conforme a Derecho con arreglo al criterio adoptado por el Tribunal Supremo en sentencia dictada con fecha 29 de enero de 2015 (casación 2872/2013 ), reiterado en otras muchas posteriores.

 Le asiste razón en ello por lo que procede la estimación parcial del recurso en el único sentido de anular la sanción de multa impuesta y disponer se remitan las actuaciones a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a fin de que determine e imponga dicha multa en el porcentaje que resulte conforme a los criterios legales de graduación debidamente motivados, y en aplicación de los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia , interpretados en los términos expuestos por el Tribunal Supremo.

 Por lo demás, debe rechazarse la alegación de falta de proporcionalidad de la sanción que sustenta la SGAE, con cita de los artículos 63 y 64 de la LDC y 31 de la Ley 30/1992 , en que su volumen de negocio a efectos del cálculo de la multa debe tomar en consideración las cantidades que ingresa en concepto de descuento de administración, y no computar las cantidades que corresponden a los autores.

 Esta cuestión ha sido abordada y resuelta en la ya mencionada sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2017, asunto C-177/16 , AKKA-LAA acerca de cuya virtualidad en el presente asunto se ha dado audiencia a las partes, que presentaron las alegaciones que obran en autos.

 Pues bien, concluye la sentencia lo siguiente:

 "En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

 (...)

 4) En el caso de que se demuestre la existencia de la infracción recogida en el artículo 102 TFUE , párrafo segundo, letra a), las remuneraciones destinadas a los titulares de los derechos deben incluirse en el volumen de negocios de la sociedad de gestión de derechos de autor de que se trate para determinar el importe de la multa, siempre que tales remuneraciones formen parte del valor de las prestaciones efectuadas por esa sociedad y que dicha inclusión sea necesaria para garantizar el carácter efectivo, proporcionado y disuasorio de la sanción impuesta. Incumbe al tribunal remitente comprobar, a la luz de todas las circunstancias del caso de autos, si se cumplen estos requisitos".

 Tan explícita afirmación obliga a rechazar el motivo con la sola indicación adicional de que esta Sala, en atención a lo que venimos razonando sobre el alcance de la infracción y la inequidad, por excesivas, de las tarifas aplicadas, entiende necesario para asegurar que la multa resulte disuasoria el que se computen en el volumen de negocio de la SGAE las cantidades destinadas a remunerar a los titulares de los derechos propiedad intelectual, sin que con ello se produzca la desproporción que denuncia la recurrente.

 De igual modo tampoco lo es, en contra de lo afirmado en la demanda -que se remite en esto a los artículos 131 de la Ley 30/1992 y a los artículo 103.1 y 106.1 de la Constitución -, el que se fije un plazo de tres meses para modificar las tarifas. Lo que en realidad impone la resolución es que la entidad debe cesar en su conducta en dicho plazo, intimándola para que "... en lo sucesivo, se abstenga de cometer prácticas como las sancionadas u otras análogas, que puedan obstaculizar la competencia". Entendemos que frente a las dificultades que advierte la SGAE para cumplirlo aduciendo razones que no tienen otro fundamento que su particular consideración, debe prevalecer el interés general que exige la mayor premura en corregir los excesos acreditados tanto en la cuantía de las tarifas como en las medidas adicionales a que se refiere la CNMC y que han contribuido a mantener la situación de abuso de la posición de dominio.

 SEXTO .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , no procede hacer especial pronunciamiento sobre las costas dado el carácter parcialmente estimatorio del fallo.

 VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

 1.- Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª Rocío Blanco Martínez actuando en nombre y representación de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) , contra la resolución de 6 de noviembre de 2014, del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, mediante la cual se le impuso una sanción de 3.103.196 euros de multa.

 2.- Anular la referida resolución en el solo particular relativo a la determinación de la cuantía de la multa, por no ser en este extremo ajustada a Derecho.

 3.- Remitir las actuaciones a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a fin de que dicte otra en la cual fije su importe en atención a los criterios legales de graduación debidamente motivados, con aplicación de los artículos 63 y 64 de la Ley 17/2007, de Defensa de la Competencia , interpretados en los términos expuestos en la fundamentación jurídica de esta sentencia.

 Sin hacer expresa imposición de costas.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 15/02/2018 doy fe.