Id. Cendoj: 28079230062017100333
ECLI: ES:AN:2017:3760
ROJ: SAN 3760/2017
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 20/09/2017
Nº de Recurso: 12/2015
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: ANA ISABEL RESA GOMEZ
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000012 / 2015

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 00073/2015

 Demandante: IRMASOL S.A.

 Procurador: D. RAMÓN RODRÍGUEZ NOGUEIRA

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: RECUPERACIÓN PAPELES HERMANOS FERNÁNDEZ, S.A.

 Abogado Del Estado

 Ponente IIma. Sra.: Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a veinte de septiembre de dos mil diecisiete.

 VISTO el presente recurso contencioso-administrativo núm. 12/15 promovido por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira en nombre y representación de IRMASOL S.A. , contra la resolución de 6 de noviembre de 2014, del Consejo de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mediante la cual se le impuso una sanción de 603.685 euros de multa. Ha sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado, e intervenido como codemandada la entidad RECUPERACIÓN PAPELES HERMANOS FERNÁNDEZ, S.A., representada por la Procuradora Dª María José Bueno Ramírez.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO .- Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando se dictase sentencia por la que:

 I. Anule la Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 6 de noviembre de 2014 (Expediente S/0430/12 recogida de Papel) y con ello la sanción impuesta.

 II. Subsidiariamente, reduzca la multa impuesta a mi representada.

 SEGUNDO .- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que suplicaba se dictase sentencia por la que se confirmasen los actos recurridos en todos sus extremos.

 TERCERO .- Pendiente el recurso de señalamiento para votación y fallo cuando por turno le correspondiera, se fijó para ello la audiencia del día 6 de septiembre de 2017, en que tuvo lugar.

 Ha sido ponente la Ilma. Sra. Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO .- A través de este proceso impugna la entidad actora la resolución dictada con fecha 6 de noviembre de 2014 por el Consejo de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el expediente S/0430/12 RECOGIDA DE PAPEL cuya parte dispositiva era del siguiente tenor literal:

 PRIMERO .- Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , y del artículo 101 del TFUE , en los términos expuestos en los Fundamentos de Derecho Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de esta Resolución.

 SEGUNDO. - De acuerdo con la responsabilidad atribuida en el Fundamento de Derecho Octavo, declarar responsables de las citadas infracciones a las siguientes empresas:

 (...)

 - IRMASOL S.A.

 (...)

 TERCERO .- Imponer a las autoras responsables de las conductas infractoras las siguientes multas:

 (...)

 - IRMASOL S.A.: 603.685 euros.

 (...)

 CUARTO .- Intimar a ... IRMASOL S.A... para que en el futuro se abstengan de realizar las prácticas sancionadas y cualesquiera otras de efecto equivalente...

 QUINTO.- Instar a la Dirección de Competencia de esta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta Resolución.

 (...) .

 Como antecedentes procedimentales de dicha resolución merecen destacarse, a la vista de los documentos que integran el expediente administrativo, los siguientes:

 1) Con fecha 17 de diciembre de 2012 la Dirección de Investigación (DI) de la extinta Comisión Nacional de la Competencia acordó la incoación del expediente sancionador S/0430/12, Recogida de Papel, por posibles conductas prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia consistentes en acuerdos para el intercambio de información comercial sensible y reparto y fijación de condiciones comerciales contra las sociedades UNIÓN DE EMPRESAS DE RECUPERACIÓN, S.L. (UDER); FELIP VILELLA I FILLS, S.L. (VILELLA); HIJOS DFDEZ, S.A. (HIJOS DFDEZ); IRMASOL, S.A. (IRMASOL); ISMA 2000, S.L. (ISMA); RECIO Y CABRAL, S.L. (RECICAB); ALBA SERVICIOS VERDES, S.L. (ALBA, anteriormente RECICLAJES DOLAF, S.L. -DOLAF-);RECUPERACIÓN DE PAPELES HERMANOS FERNÁNDEZ, S.A. (HNOS FDEZ); RUA PAPEL GESTIÓN, S.L. (RUA); S. SOLIS, S.A. (S.SOLIS); UTRAMIC, S.L. (UTRAMIC); VANPAC, S.A. (VANPAC); SAICA NATUR NORESTE, S.L. (SAICA); y DESTRUDATOS CONFIDENCIAL, S.L. (DESTRUDATOS); siendo UDER y DESTRUDATOS los instrumentos utilizados para implementar dichos acuerdos. La decisión de incoación tenía como antecedente inmediato la inspección realizada los días 6 y 7 de junio de 2012 en la sede de ISMA 2000, S.L., en relación con el expediente S/0415/12 ABH-ISMA, en la cual la DI tuvo acceso a determinada documentación relativa a posibles acuerdos de intercambio de información comercial sensible, reparto y fijación de condiciones comerciales del mercado de recogida, transporte y tratamiento de residuos de papel, así como en las actividades de comercialización de estos residuos de papel; conductas distintas de las finalmente analizadas en el citado expediente S/0415/12, lo que llevó a la Dirección a que, con fecha 2 de diciembre de 2012, abriese una información reservada bajo la referencia S/0430/12 a la que se incorporó documentación en formato papel y en formato electrónico recabada en la inspección de ISMA.

 2) Remitidos los requerimientos de información que recoge el expediente, e incorporada la que presentaron las entidades requeridas, el 17 de octubre de 2013 se formuló pliego de concreción de hechos en los términos prevenidos por el artículo 50.3 de la LDC ; y, cerrada la fase de instrucción del expediente, con fecha 25 de febrero de 2014 la DI notificó a las partes la correspondiente propuesta de resolución.

 3) Finalmente, tras los trámites que igualmente constan en el expediente administrativo, el Consejo deliberó y falló el asunto en sesión de 6 de noviembre de 2014, dictando con la misma fecha la resolución que ahora se recurre.

 SEGUNDO .- En cuanto a los hechos determinantes del acuerdo sancionador, en el pliego de concreción de hechos se describe a la entidad IRMASOL S.A. como una empresa dedicada al reciclaje de papel, recuperación de materiales sólidos, recogida selectiva municipal, con sede en Madrid y delegaciones en Sevilla, Barcelona y Málaga. Sus principales servicios son la recogida de papel a comerciantes urbanos, la venta de papel a empresas papeleras, la destrucción de archivos y material sensible, así como la recogida selectiva municipal y clasificación de residuos sólidos urbanos y la retirada y vertido de los mismos. Disponen, además, de un gran almacén de papel y cartón en Alcorcón. Pertenece a UDER desde su creación el 17 de julio de 2007.

 Asimismo, y en cuanto a UDER, indica que fue constituida en julio de 2007 con un objeto social consistente en ... la actividad de Industria y el comercio de cualquier material que sea susceptible de reciclaje, como papel, cartón y pasta de papel que contengan fibras naturales o sintéticas, chatarra, vidrio, plásticos y residuos de cualquier tipo, madera y sus transformados, incluida la importación y exportación de dichos materiales, así como los servicios, consultoría y asesoramiento en cualquier área del sector de la recuperación.

 Al tiempo de emitirse el pliego de concreción de hechos -octubre de 2013-, los socios de UDER eran ISMA 2000, S.L., RUA PAPEL GESTIÓN, S.L., RECICLAJES DOLAF, S.L., RECUPERACIÓN DE PAPELES HERMANOS FERNÁNDEZ, S.A., HIJOS DE DEMETRIO FERNÁNDEZ, S.A., IRMASOL, S.A., RECIO Y CABRAL, S.L., S.SOLIS, S.A., UTRAMIC, S.L. y FELIP VILELLA I FILLS, S.L., habiéndose incorporado estas dos últimas el 4 de noviembre de 2008. Especifica que también fueron socios de UDER las empresas VILARVITA SANS, S.L., a la que se excluyó del Consejo de Administración de UDER el 23 de septiembre de 2010, y VANPAC, S.A., que fue socia de UDER entre el 4 de noviembre de 2008 y el 22 de julio de 2010.

 Indica que el origen de UDER se encuentra en las reuniones que habían ido manteniendo diversas empresas recuperadoras de papel bajo la denominación el Club que, el 17 de julio de 2007, pasaron a constituir UDER (folios 525 a 560), siendo nueve las empresas fundadoras, entre ellas, IRMASOL S.A.

 Junto con los estatutos sociales, los socios firmaron un acuerdo parasocial con el fin de regular las relaciones entre las partes en tanto socios de UDER, así como el funcionamiento de los órganos de gobierno de ésta (folios 561 a 593). En este acuerdo parasocial se especifica que la creación de la sociedad suponía una limitación de la actividad de los socios a favor de UDER, creada para la concurrencia a concursos o adjudicaciones de ámbito nacional o supra autonómico (más de tres Comunidades Autónomas). Además, se reserva a favor de cada uno de ellos un derecho que permite vetar que UDER acuda a este tipo de licitaciones (folios 584 y 585).

 Una vez adoptada la decisión de poner en funcionamiento la nueva entidad, los socios fundadores de UDER observaron que no podían abarcar con sus medios la integridad del territorio nacional y surgió la necesidad de captar nuevos socios.

 Sobre la base de tales circunstancias, reflejadas también en la resolución sancionadora, analiza ésta los mercados afectados con expresa referencia, en primer lugar, al mercado de producto, que identifica con el sector de la gestión de residuos actuando en particular en el mercado de la recogida y recuperación de residuos de papel y cartón, así como en la comercialización posterior de estos materiales recuperados.

 Señala que, dadas las especificidades de los residuos de papel y cartón (derivadas de su peso, volumen y necesidades de tratamiento específicas), las autoridades de competencia consideran que, en principio, las actividades de recuperación y de comercialización del papel y cartón recuperados conforman mercados de producto diferenciados de otros residuos, con los que tienen una sustituibilidad limitada tanto desde el punto de vista de la demanda como de la oferta.

 El proceso de gestión de los residuos de papel y cartón comienza con la recogida del producto que puede efectuarse por dos vías: la recogida industrial y la recogida selectiva municipal.

 Así, mediante la recogida industrial se recupera el cartonaje de las grandes superficies comerciales, las industrias, las editoriales, los recortes de papel de las imprentas, etc; y, por su parte, la recogida selectiva municipal recupera el papel de los hogares, el pequeño comercio y las oficinas a través del contenedor azul, los puntos limpios y los servicios de recogida puerta a puerta.

 Indica la resolución que, para la recogida, la empresa recuperadora dispone de vehículos adaptados y facilita a los clientes elementos de recogida y almacenaje como los autocompactadores, compactadores, contenedores, etc.

 Posteriormente, los materiales recogidos son descargados en los almacenes que pueden ser cubiertos, para papel de mayor calidad, o al aire libre, para calidades de menor valor. Finalmente, el proceso se completa con la valorización del papel a través de su clasificación, triturado y enfardado, para su posterior comercialización a clientes, generalmente fábricas de papel y cartón.

 Ello lleva a la Comisión a distinguir dos fases en el proceso de gestión.

 Una primera, de recogida de papel y cartón, caracterizada porque los recuperadores de residuos presentes en la misma (como UDER y sus socios) actúan como demandantes para ocuparse de la recogida de estos residuos. Si bien los recuperadores de papel y cartón ofertan un servicio a los generadores del residuo o a los ayuntamientos, por el que nominalmente cobran, en la práctica estos operadores actúan como demandantes y están dispuestos a pagar en términos netos por la recogida de dichos residuos, dado el potencial de valorización de los mismos. Por ello, los generadores de residuos (superficies comerciales, industrias, editoriales, etc.) pueden actuar como oferentes y venden al mejor postor la recogida de los residuos de cartón y papel que generan.

 Y una segunda fase, que comprende la comercialización del papel y cartón recuperado a los fabricantes de papel y cartón en la que los recuperadores de residuos, como UDER y sus socios, actúan como oferentes.

 Advierte así la CNMC que ambas fases constituirían dos mercados diferenciados, verticalmente relacionados entre sí, lo que le lleva a considerar que son mercados de producto afectados:

 1.- El mercado de recuperación de residuos de papel y cartón, y,

 2.- El mercado de comercialización de papel y cartón recuperado.

 Por lo que se refiere al mercado geográfico, el de recuperación de residuos de papel y cartón tiene tradicionalmente, dice la resolución, una dimensión local o regional debido a la importancia de los costes de transporte como consecuencia del peso y volumen del producto antes de su tratamiento. Pero observa que, en los últimos años, ha aumentado el número de empresas que ofertan la posibilidad de gestionar sus residuos de papel y cartón exigiendo que se contrate de forma simultánea para todo el territorio nacional.

 En cuanto al mercado de comercialización de papel y cartón recuperado, tendría una dimensión nacional, porque el papel y cartón compactado y valorizado tiene unos menores costes de transporte que el papel y cartón recuperado, y por el hecho de que gran parte del papel y cartón recuperado en España se comercializa en el territorio nacional.

 En relación a las conductas investigadas, la resolución sancionadora se remonta al origen de UDER en los términos en que lo hace el pliego de concreción de hechos, y alude también al antes mencionado acuerdo parasocial adoptado por las entidades fundadoras en virtud del cual se especifica que la creación de UDER supone una limitación de la actividad de los socios en favor de ésta, ya que se reservan a la nueva empresa las licitaciones que tengan carácter nacional o supra autonómico (de más de tres CCAA), si bien cada socio conserva un derecho que permite vetar que UDER acuda a este tipo de licitaciones.

 Igualmente, el mencionado pacto parasocial recoge una limitación a la venta de una participación en UDER (cláusula 5 del pacto parasocial) que obliga a contar con el 75% de los votos favorables del Consejo de Administración para ejecutarla.

 Pone de relieve la resolución de 6 de noviembre de 2014 que, desde su creación, UDER ha experimentado distintos problemas de coordinación, tanto entre las recuperadoras de papel integradas como socios en la empresa, como entre dichas recuperadoras y el propio UDER.

 Para tratar de corregir y evitar dichos enfrentamientos y problemas, con fecha 3 de julio de 2008 el consejo de administración aprobó el Procedimiento para la comercialización de materiales, cuyas características principales describe la misma resolución, y así:

 - Los socios deben trasladar al Director General de UDER las cantidades y calidades de papel que pueden suministrar, así como los precios a los que desearían comercializar.

 - Cuando UDER tenga una demanda de material concreta debe comunicarlo al Consejo con el fin de que, aquellos socios que tengan disponibilidad del mismo, puedan ponerlo a disposición fijando, en todo caso, las calidades, cantidades y precio al que pueden aportar.

 - En el supuesto de que exista un contrato firmado por UDER, los miembros del Consejo deberán confirmar la disponibilidad de cada uno de los materiales comprometidos.

 - Como norma general, salvo que un socio concreto no produzca alguno de los materiales comprometidos, la participación será de todos los socios, pudiéndose estudiar en su caso, distinta proporción cuando existan diferencias de producciones.

 No obstante, este procedimiento también generó problemas entre los socios ya que en ocasiones estos no aportaban información veraz. Por ello los socios acordaron dejar constancia en acta de las cantidades a suministrar a favor de UDER para el cumplimiento de los contratos con fabricantes de papel. No obstante, ante la persistencia de los incumplimientos en lo relativo a las toneladas comprometidas y las efectivamente entregadas, se acordó que los socios pudieran compensarse entre ellos el tonelaje necesario para cumplir los objetivos contractuales.

 En cuanto a discrepancias en el precio fijado, en el Consejo de 3 de octubre de 2008 se acordó que, en caso de que se tuviera que establecer un precio medio de una calidad para ser comercializada por UDER, éste será establecido en el Club (folio 677).

 Posteriormente, en el consejo de administración de 4 de mayo de 2009 se recordó a todos los socios la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos en los suministros y, en caso de no poder cumplir con dichos compromisos, informar al Director General de UDER para tomar medidas correctoras.

 Advierte la resolución sancionadora que, ante las nuevas divergencias surgidas entre los socios, en el Consejo de UDER de 3 de julio de 2009, según recoge el acta levantada al efecto, se analizaron los dos contratos que UDER tenía firmados con fabricantes de papel en los que se establecía que UDER debía incrementar el suministro a ambas entidades a partir del segundo año del contrato. Para evitar que aquellos socios que, en su momento, no pudieron comprometer más cantidades, se vieran limitados por los compromisos iniciales, se adoptaron los siguientes acuerdos por unanimidad:

 - Cuando se apruebe un incremento de suministro con el cliente, se invitará a suministrarlo a aquellos que menos tonelaje vinieran suministrando hasta ese momento.

 - Cuando un socio perdiera producciones o no tuviera interés en continuar con el suministro, lo pondrá a disposición de otros socios.

 - Si existiera algún incremento puntual de cantidades que deben suministrarse, de nuevo se ofrecerá al socio o socios que aporten menor tonelaje.

 Por otro lado, se acordaron igualmente propuestas alternativas de prestación de servicio de comercialización por parte de los socios con un interés particular, cuyo contenido especifica la resolución sancionadora.

 La CNMC se refiere también en su resolución al procedimiento de adjudicación de servicios de recuperación de papel y cartón derivados de acuerdos firmados por UDER.

 Pone de manifiesto que, puesto que ésta carece de medios propios para realizar la tarea de recuperación de papel y cartón, debe recurrir a sus socios para realizar esta prestación de servicios. Por ello, los servicios de recuperación se reparten entre los socios de acuerdo con un procedimiento específico, aprobado en noviembre de 2008, denominado Procedimiento de adjudicación de servicios de recuperación de papel y cartón derivados de acuerdos firmados por UDER (folios 696 a 699).

 El sistema se basa en adjudicar el contrato de recuperación de papel y cartón firmado por UDER al socio cuyo almacén se encuentre en un radio inferior a 30 kms. del generador. En caso de que varios socios tengan sede o delegación dentro del citado radio, la asignación del contrato se efectuará por sorteo, siendo la ejecución rotativa con carácter anual.

 En todos los contratos firmados entre UDER y los generadores de residuos de papel y cartón que han sido examinados en el expediente constata la CNMC que figuran tanto el precio de compra del material como el precio que el generador de residuos tiene que pagar por los servicios de recogida y depósito.

 De este modo, los contratos firmados entre UDER y los generadores de residuos tienen dos componentes:

 El socio presta el servicio de recuperación al generador y recibe una contraprestación por este servicio. El socio entrega estas cantidades a UDER. UDER paga al generador por el material recuperado.

 El generador de residuos paga por alquiler de equipo, recogida y depósito del material.

 Alude asimismo la resolución impugnada a la unificación de tarifas para cada Comunidad Autónoma mediante un sistema por el cual los socios deben remitir periódicamente a UDER los costes a tener en cuenta a la hora de prestar un servicio (kms, trabajadores, alquiler de contenedores,...) a partir de los cuales se acuerda un precio medio de cada concepto a aplicar por los socios.

 Pero destaca que la falta de aportación de información por parte de los integrantes de UDER obligó a modificar este procedimiento en 2009 (acta del consejo de administración de UDER de fecha 4 de mayo de 2009, folios 749 y 750), de forma que se obligaba a los socios a respetar la oferta pactada por UDER, y también a respetar el material puesto a disposición de las tiendas incluidas en los contratos, que deberían cuidar al máximo.

 Se refiere también al sistema de financiación de UDER, y relata que la decisión final del procedimiento de autofinanciación de la entidad se adoptó en la reunión del consejo de administración de UDER de 3 de octubre de 2008 (folios 672 a 677) donde se acordó que la financiación de la compañía, se realizara a través de aportaciones directas e igualitarias por parte de los Socios, de acuerdo con el presupuesto aprobado para el año concreto. Igualmente se acordó que UDER percibiera un 2% de la facturación del papel y cartón recuperado y comercializado por UDER (folio 673).

 Recuerda la CNMC que el denominado Club origen de UDER no desapareció una vez constituida ésta, sino que continuó reuniéndose con carácter previo a las reuniones del consejo de administración de la nueva empresa (folios 1694 y 1696).

 Y destaca que los principios en los que se inspira el Club aparecen reflejados en varios correos electrónicos incluidos en el expediente y son, básicamente, el pacto de no agresión entre los miembros, la resolución interna de conflictos y la posibilidad de expulsión de socios ante diversos incumplimientos (menciona de manera expresa el correo electrónico enviado el 23 de junio de 2008, obrante al folio 1718).

 TERCERO.- Expuestos de modo resumido los hechos que la resolución impugnada considera probados y que reflejan la operativa de funcionamiento del grupo de entidades, en su fundamentación jurídica califica tales hechos como constitutivos de una infracción única y continuada prohibida en el artículo 1 de la LDC y el artículo 101 del TFUE ... consistente en la actuación de forma concertada en los mercados de recuperación y comercialización de papel y cartón recuperado en España, de cara a repartir de forma explícita e implícita actividades y clientes, concertar precios y compartir recursos e información comercial sensible.

 De esta manera, supone que UDER se habría constituido como una entidad sin plenas funciones, utilizada por los socios, todos ellos recuperadores de papel y cartón, para abastecerse de papel y cartón recuperado en mejores condiciones en precio y volumen que las que conseguirían de forma individual; y como una central comercializadora de estos materiales para que pudieran vender mayor volumen a mayor precio que en condiciones individualizadas.

 Para lograr estos objetivos, dice la resolución en su fundamento de derecho séptimo,

 ... no se realizan inversiones significativas, sino que obtienen las ganancias a través de la coordinación entre los socios, lo que les permite adquirir el material a los generadores a menores precios, y concentrar las ventas en pocos fabricantes a los que les venden a mayores precios. La coordinación se realizada a través de los protocolos de adjudicación de producciones, de comercialización y el escandallo de costes. Los mecanismos de castigo y solución de diferencias se desarrollan en el Club.

 Y concluye que la responsabilidad derivada de tales conductas es exigible a título de dolo, y no de negligencia o de simple inobservancia.

 CUARTO .- Alega en primer lugar la parte actora como fundamento de su pretensión anulatoria la violación del derecho de defensa por cuanto a lo largo de la tramitación del expediente S/430/12 se incorporó información recabada en una inspección domiciliaria realizada con distinto objeto (residuos sanitarios) vulnerando el artículo 13.3 del RD 261/2008 que exige que la autorización de inspección indique el objeto y finalidad. Asimismo considera infringida la doctrina del TJUE y la jurisprudencia del TG, a lo que añade una irregular aplicación de la doctrina del hallazgo casual.

 Antes de entrar en el análisis de dicha orden debemos recordar que se dictó en un procedimiento distinto al que motiva estas actuaciones, pero es indudable que su ajuste legal determina la legalidad de las actuaciones que dan lugar a este procedimiento, razón por la que procede entrar en el análisis de las alegaciones de la recurrente.

 Delimitado el objeto de la queja procede exponer las exigencias que la legislación y la jurisprudencia señalan al respecto.

 La primera observación que debe realizarse sobre este extremo, es la de que la resolución recurrida ha aplicado como base legal de su decisión sancionatoria el artículo 101 del TFUE , norma de Derecho primario de la Unión, cuya primacía y consiguiente efectividad en lo que respecta a su contenido sustantivo debe garantizarse por todos los operadores jurídicos nacionales (STJUE de 6 de junio de 2013 Asunto Donau Chemie C-536/11 , apartados 21 y ss), siempre que se respete el derecho de defensa que asiste a las empresas investigadas y su personal.

 En este sentido es importante destacar la doctrina que reitera la Sentencia del Tribunal General de 26 de octubre de 2010, asunto T-23/09 CNOP apartados 40 y 41, según la cual el Tribunal de Justicia también ha señalado que es importante salvaguardar el efecto útil de las inspecciones como instrumento necesario para permitir a la Comisión ejercer sus funciones de guardiana del Tratado en materia de Competencia.

 Así, de esta forma señala que teniendo en cuenta la naturaleza específica de las decisiones de inspección, la jurisprudencia en materia de motivación ha enumerado el tipo de informaciones que debe contener una decisión de inspección con el fin de permitir que los destinatarios ejerzan su derecho de defensa en esa fase del procedimiento administrativo previo. A este respecto, imponer a la Comisión una obligación de motivación más gravosa no tendría debidamente en cuenta el carácter preliminar de la inspección, cuya finalidad es precisamente permitir que la Comisión determine en una fase posterior si las infracciones al Derecho de la competencia comunitario han sido cometidas, en su caso, por los destinatarios de una decisión de inspección o por terceros.

 Desde estas premisas, el Tribunal General rechazó la tesis de los recurrentes en ese caso, plasmada en el apartado 28, que pretendían que las órdenes de entrada en las sedes de las empresas debían tener el mismo nivel de protección que las entradas en domicilios particulares. En este mismo sentido de rechazo, las SSTEDH Niemitz de 16 de diciembre de 1992 y Bernh Larsen de 14 de marzo de 2013 .

 Por otra parte, debe recordarse que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del TUE , todos los poderes públicos nacionales deberán interpretar el precepto referido con arreglo a la jurisprudencia del TJUE. De este modo, la aplicación del Derecho de la Unión será uniforme en todo su territorio, debiendo tenerse en cuenta en relación con el ámbito de protección de los derechos fundamentales, la doctrina de la STJUE de 26 de febrero de 2013, asunto C- 399/11 , Melloni, apartados 59 y ss.

 Así, la invocación por un Estado miembro de las disposiciones del Derecho nacional no puede afectar a la eficacia del Derecho de la Unión en el territorio de ese Estado, sin que frente a la aplicación uniforme del Derecho de la Unión conforme con la Carta, pueda oponerse una interpretación nacional de los derechos fundamentales en juego constitucionalmente reconocidos, de carácter más protector que el establecido por los órganos de la Unión.

 Finalmente debemos citar la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2015, asunto C-583/13 P, Deutsche Bahn, apartados 18 a 36, confirmatoria en este punto de la dictada por el Tribunal General el 6 de septiembre de 2013 recurso T- 289/11 y la STJUE de 25 de junio de 2014, asunto C-37/13 , Nexans, que constituyen los pronunciamientos más recientes del Tribunal de Justicia sobre la materia enjuiciada, que por lo esencial reiteran la doctrina anterior.

 De su doctrina podemos destacar, a los efectos analizados, los siguientes extremos:

 1. La protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio prevista en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH ), puede extenderse a los locales comerciales y sedes sociales de empresas pero en estos casos la injerencia pública puede ir más lejos que en otros supuestos.

 2. La protección frente a injerencias arbitrarias de los poderes públicos requiere un marco legal y unos límites estrictos, estimando adecuadas las cinco garantías que estableció el Tribunal General en la Sentencia de instancia en el asunto Deutsche Bahn: a) motivación de la decisión de inspección, b) límites impuestos a la Comisión durante el desarrollo de la inspección, c) imposibilidad de que la Comisión imponga la inspección por la fuerza, d) intervención de las autoridades nacionales y e) la existencia de vías de recurso a posteriori.

 3. El Tribunal de Justicia asume plenamente la doctrina de la STEDH de 16 de abril de 2002, asunto Colas Est v. Francia. En el apartado 49 de ese caso, el TEDH subrayó que para evaluar la vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, hay que tomar en consideración todas las circunstancias que concurrieron en la entrada domiciliaria, como las facultades de que gozaba la inspección, las garantías ofrecidas al investigado, y fundamentalmente la existencia de un control judicial pleno a posteriori. En el mismo sentido se pronunció el Abogado General Sr. Whal en sus conclusiones ante el Tribunal de Justicia en el asunto Deutsche Bahn, apartado 34.

 Es importante reiterar que la Sentencia del Tribunal de Justicia declara la adecuación del sistema de inspecciones que realiza la Comisión Europea con apoyo legal en el artículo 20.4 del Reglamento 1/2003 y no se refiere de forma directa, por lo tanto, a las actuaciones de las Autoridades Nacionales de Competencia, que en estas materias procedimentales gozan de autonomía, como se indica en el artículo 5 del citado Reglamento, siempre que su actuación no contravenga los principios del Derecho de la Unión, especialmente los de efectividad y equivalencia. (STJUE de 26 de octubre de 2006 asunto C-168/05 , Mostaza Claro, apartado 21, el considerando 5 del Reglamento 1/2003, y reiterada jurisprudencia como la STJUE de 18 de junio de 2013, asunto C- 681/11 ).

 QUINTO.- En cuanto a la suficiencia de la motivación y justificación de la orden de investigación y de acuerdo con la jurisprudencia citada, debemos precisar lo siguiente:

 La CNMC está obligada a indicar las hipótesis y presunciones que pretende comprobar.

 Para entender cumplida esta obligación, la orden deberá cumplir unos requisitos de doble naturaleza:

 Por una parte y desde un punto de vista formal, deberá completar las indicaciones previstas en el artículo 13.3 del RD 261/2008 de 22 de febrero por el que se aprobó el Reglamento de Defensa de la Competencia, esto es: debe indicar el objeto y la finalidad de la inspección, los sujetos investigados, los datos, documentos, operaciones, informaciones y otros elementos que hayan de ser objeto de la inspección, la fecha en la que la inspección vaya a practicarse y el alcance de la misma.

 La autorización escrita incluirá, asimismo, las sanciones previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia, para el caso de que las empresas no se sometan a las inspecciones ni obstruyan por cualquier medio la labor de inspección de la entonces Comisión Nacional de la Competencia. También deberá indicar los recursos que procedan contra la misma.

 Por otra parte, ya desde un plano material y para garantizar el derecho de oposición de la entidad investigada, deberá describir las características básicas de la infracción en cuestión identificando el mercado de referencia, los sectores afectados por la investigación y la naturaleza de las presuntas infracciones.

 En definitiva, la empresa investigada debe estar en posición de saber lo que se busca y los datos que deben ser verificados.

 De lo expuesto no se deduce que la CNMC deba trasladar al investigado todos los datos que están a su disposición, ni tampoco debe realizar una calificación precisa de las conductas investigadas, pues conserva un margen de apreciación suficiente para garantizar la confidencialidad de informaciones que estén en su poder y planificar su actuación.

 No debe olvidarse que la finalidad de la inspecciones es conseguir pruebas, lo que significa que a falta de éstas no puede exigirse a la CNMC que actúe con el mismo rigor de motivación que cuando impone la sanción.

 En el presente caso, la Orden de investigación cumple con las exigencias mencionadas y ello puede comprobarse haciendo una lectura en paralelo de la Sentencia del Tribunal General de 26 de noviembre de 2014, asunto T-272/12 , apartados 66 a 82, especialmente el 75. Esta sentencia precisa la información que debe transmitirse al sujeto inspeccionado para que la Inspección deba reputarse como válida y éste comprenda el alcance de su deber de colaboración.

 En efecto, en la Orden de Investigación constan todas las indicaciones formales exigidas que permiten conocer lo que la CNMC buscaba y su fundamento.

 En particular, se indicó el objeto y la finalidad de la inspección (verificar la existencia de posibles prácticas anticompetitivas consistentes en el reparto de los contratos licitados por centros sanitarios públicos o privados con la finalidad de repartirse el mercado y la fijación de precios y condiciones comerciales) y los sujetos investigados; se estableció una relación general de los documentos objeto de inspección (libros y otros documentos relacionados en el artículo 27.1 de la Ley 3/2013 de creación de la CNMC), y a continuación se precisaron con más detalle los documentos y soportes que debían ser visionados en el contexto en el que se encuentran (registro de comunicaciones internas y externas, agendas físicas y electrónicas de los miembros de la empresa, archivos físicos e informáticos, ordenadores personales, libros de actas y documentos contractuales). Se procedió de forma inmediata a realizar la inspección en los días 6 y 7 de junio siguiente, y se fijó su alcance (recabar datos para proceder a la persecución de las conductas anticompetitivas), así como las sanciones para el caso de negativa a cooperar.

 La descripción de los documentos a los que solicita el acceso está redactada con una fórmula ciertamente amplia, pero inmediatamente matizada cuando indica que se refiere al contexto objeto de investigación, por lo que la estimamos correcta.

 Desde un punto de vista material se define un mercado de producto concreto como es el mercado de recogida, transporte y tratamiento de residuos, tanto sanitarios como de otro tipo. También se define el mercado geográfico, señalando a tal efecto las Islas Baleares y su posible proyección nacional. En ambos casos, las definiciones son precisas y suficientes.

 Se describe la naturaleza de las conductas presuntamente infractoras y sus características como prácticas anticompetitivas, consistentes en acuerdos para la fijación de precios y condiciones comerciales. Son descripciones claras y suficientes en este estado inicial de la investigación, en el que la razón de ser de la orden de entrada es justamente recabar pruebas al respecto, pues según consta se trata de una asociación a la que están afiliadas las empresas que fabrican y comercializan pallets de madera.

 Ciertamente no puede predicarse la misma concreción de la petición de investigación vinculada a tratamientos de residuos de otro tipo, extremo que por su vaguedad no puede aceptarse, por lo que la validación de la actuación inspectora se reduce a las otras conductas, claramente referidas, que integran tipos sancionadores sobre cuya concreción nadie ha planteado cuestión alguna.

 Esta circunstancia tiene una particular relevancia en este caso, pues, ciertamente la entrada domiciliaria se acuerda para recabar pruebas sobre un tipo específico de residuos, que es distinto del que da lugar a las presentes actuaciones y podría considerarse que la extrema vaguedad de la fórmula empleada por la autoridad de competencia, tratamientos de residuos de otro tipo, no amparaba la utilización del material probatorio con el que se sanciona a la recurrente. Como veremos en el FJ siguiente, esta circunstancia, en realidad, carece de la relevancia que la recurrente le otorga pues, obviando el debate sobre la eventual integración de los residuos de papel cartón en el marco de los residuos sanitarios que propone la resolución impugnada, en este caso resulta de aplicación la doctrina del hallazgo casual.

 De forma expresa en la orden de investigación se indica que los indicios probatorios con los que contaba la autoridad de competencia para dictarla provenían de una denuncia formulada por la mercantil Adamo SL contra ISMA, a la que acusa de haber pactado el mercado de recogida de residuos sanitarios. Además, la CNMC contaba con las actuaciones preliminares de verificación recabadas en el seno de la información reservada que se incoó como consecuencia de la denuncia, por lo que no puede concluirse que la inspección tuvo un carácter aleatorio y que se practicó sin base alguna.

 Del examen conjunto de los elementos expuestos puede deducirse con facilidad lo que la CNMC buscaba y los datos que deben ser verificados: rastros documentales probatorios de la existencia y ejecución de acuerdos para la fijación de precios y fijación de condiciones comerciales en el mercado definido, todo ello sobre la base de información indiciaria al respecto que la CNMC manifiesta poseer y que no está obligada a mostrar en esta fase del procedimiento.

 El TS en la STS de 16 de enero de 2015, recurso de casación nº 5447/11 FJ 2, se pronunció ante una orden de Investigación de características idénticas a las del presente caso, declarándola ajustada a derecho, si bien censurando el carácter un tanto general de su redacción, crítica que igualmente compartimos, pero que no implica su declaración de invalidez.

 La STS de 21 de octubre de 2015, recurso de casación nº 1306/13 , FJ 4, analiza el contenido de una orden de Investigación que, a pesar de pronunciarse aún en términos más genéricos, el TS termina validándola.

 Por lo expuesto, entendemos que la CNMC cumplió con la obligación de motivación exigida y debe desestimarse este motivo de recurso.

 SEXTO.- La recurrente señala que, en todo caso, la resolución recurrida no aplicó correctamente la doctrina del hallazgo casual que actuaría como paliativo de los defectos que imputa a la orden de investigación.

 La STS de 6 de abril de 2016, recurso de casación nº 113/29013 FJ4, señala a estos efectos que lo que determina la regularidad del registro y la posibilidad de utilización del material incautado viene determinado, en primer lugar, por la conformidad a derecho de la entrada en el domicilio y, en segundo lugar, por el objeto y finalidad de la investigación y el correcto desarrollo de la actuación de registro. Así pues, si una entrada y registro están debidamente autorizados por el correspondiente mandamiento judicial y si el registro y la incautación de documentación se producen de forma adecuada y proporcionada al objeto de la entrada y de la investigación, el material obtenido casualmente y ajeno al objeto de la investigación puede ser legítimamente empleado para una actuación sancionadora respecto de una actividad ilegal distinta a la que determinó la autorización judicial de entrada y registro, en el supuesto de que dicho material sea indiciario de una tal actuación ilegal y siempre que el procedimiento seguido con el mismo tras su hallazgo sea a su vez procedimentalmente adecuado.

 Lo anterior debe ser acompañado de alguna precisión. Por un lado, no puede admitirse con carácter general la prevención que formula el Abogado del Estado de que en la práctica resulta inviable circunscribir la recogida de material al objeto de la investigación. Antes al contrario, debe hacerse hincapié, de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en que el desarrollo del registro debe tratar en todo momento de restringirse al objeto de la investigación autorizada, mediante la colaboración del personal de la empresa, si se presta a ello y, en todo caso, mediante una actuación proporcionada y encaminada a dicho objetivo. Ello no obsta, como es obvio, a que el registro y requisa de documentación se realice con toda la minuciosidad requerida, y no supone que sólo pueda ser intervenido el material previamente identificado o que en el propio momento del registro resulte plenamente acreditado que corresponde al objeto de la investigación, pues tal pretensión sí convertiría un registro en una actuación de muy compleja realización y probablemente ineficaz en numerosas ocasiones. Pero lo que sí se requiere es que el registro y requisa de documentos estén encaminados al objeto de la investigación y que se realicen de forma proporcionada, excluyendo requisas generales e indiscriminadas de material o de aquello que manifiestamente sea ajeno a la investigación.

 Dicho lo anterior también es preciso añadir una distinción en relación con el ámbito penal. En dicho ámbito el hallazgo casual de elementos que puedan posteriormente constituir cuerpo delictivo está afectado por lo general del carácter de flagrancia, lo que evita problemas en cuanto a la legitimidad de su requisa. Tal carácter resulta más improbable, aunque no imposible, en el caso de una investigación en materia del derecho de la competencia. Pero partiendo de una entrada y registro ajustada a derecho, esto es, autorizada judicialmente y realizada en términos proporcionales y adecuados, los datos o documentos que revelen o sean indiciarios de actuaciones ilícitas distintas a las que determinaron la investigación pueden ser legítimamente empleados por la Administración en una ulterior actuación sancionadora. Y ello bien porque en el examen del material requisado se encuentre accidentalmente elementos que constituyan indicios de otras actuaciones irregulares -como ocurrió en el supuesto de autos-, bien porque en el propio registro - desarrollado en los términos adecuados que ya se han indicado- el personal investigador se encuentre con material que prima facie sea revelador de actuaciones ilícitas.

 ...........

 Digamos como conclusión, que la habilitación para la entrada y registro y la práctica del mismo en forma idónea y proporcionada, permite que un hallazgo casual pueda ser utilizado de forma legítima para una actuación sancionadora distinta, la cual habrá de ajustarse a las exigencias y requisitos comunes de toda actuación sancionadora y en la que la empresa afectada podrá ejercer su derecho de defensa en relación con las nuevas actividades investigadas.

 SÉPTIMO.- La aplicación de la anterior doctrina a este caso nos conduce a la desestimación de este motivo de recurso. En efecto, como hemos visto el registro se desarrolló con plena normalidad y una vez que la CNC advirtió que determinada documentación se refería a conductas distintas, incoó una información reservada que dio lugar a un expediente sancionador diferente, que es el que motiva estas actuaciones y en el que se incorporó la documentación recabada en la inspección. Además, la recurrente pudo hacer alegaciones sobre estos hechos y datos, por lo que se han respetado las exigencias jurisprudenciales y legales. En este sentido cabe citar la STJCEE de 17 de octubre de 1989 asunto 85/87 Dow Benelux, apartado 19, invocada por la recurrente, de la que no se infiere como la misma pretende, que la autoridad de competencia esté obligada a realizar una nueva inspección o a solicitar de nuevo una copia de la documentación que ya obra en su poder, sin perjuicio de actividades de complemento de prueba que estime necesarias. Este criterio está ratificado por la STJUE de 18 de junio de 2015, asunto C- 583/13 , Deutsche Bahn, apartado 58.

 La resolución recurrida, en sus apartados 4 y siguientes detalla las actuaciones de investigación adoptadas por la autoridad de competencia, referidas al funcionamiento de Uder en los mercados afectados en esta investigación (tipo de producto objeto de la recogida y suministro, listado de clientes, modo de facturación a sus socios...). De esta manera, su actuación se desarrolla en el marco de la jurisprudencia anotada.

 Sin perjuicio de lo anterior, es cierto que la STJCEE de 15 de octubre de 2002, asunto C-238/99 y acumulados, Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM), apartado 306, señala que la utilización directa a efectos de prueba, en un segundo procedimiento, de un documento obtenido en otro precedente le está prohibida (a la Comisión).

 No obstante, esta tajante afirmación debe interpretarse en el contexto de la jurisprudencia antes anotada, incluso posterior a la sentencia de referencia y entender que si hay una actividad complementaria de prueba, como ocurre en este caso, debe entenderse que no se han vulnerado el derecho de defensa de la recurrente, aunque se empleen directamente documentos incautados en la primera inspección.

 En relación con la alegación de la recurrente respecto de la falta de dación de cuenta al juez que autorizó la inspección de la existencia de un hallazgo casual y de la incoación de un nuevo procedimiento, debemos precisar lo siguiente:

 Es cierto que dicha cautela supone una garantía adicional a la actuación de la Administración, pero en un caso como el presente no puede acarrear consecuencias anulatorias, pues, de acuerdo con la jurisprudencia del TS ( STS de 10 de diciembre de 2014, asunto Unesa ), la legalidad de la actuación inspectora y una eventual transgresión del mandato de entrada, deben ser juzgadas por los Tribunales competentes para conocer de la impugnación del acto de la autoridad de competencia y no por el juez que autorizó la entrada, ni por el órgano revisor de su actuación. Dicho control se ha realizado por esta Sala, por lo que dicho argumento no puede tener una acogida favorable.

 Finalmente, según consta en las actuaciones, la autoridad de competencia incorporó la documentación que permitió el inicio de la inspección en la sede de Isma y su resultado, basada en indicios que en lo sustancial derivan de la denuncia presentada por la mercantil Adalmo SL tal y como se indica en la orden de investigación (folio 4029 del expediente), por lo que tampoco por este motivo se ha causado indefensión a la recurrente, dando respuesta a sus alegaciones solicitando la admisión y práctica de prueba en sede administrativa.

 OCTAVO .- En segundo lugar la actora alega error respecto a la determinación de hechos supuestamente acreditados en el expediente y en cuanto a la calificación jurídica en relación con la definición del mercado relevante, concluyendo con la inexistencia de infracción del artículo 1 de la LDC .

 La demanda se dedica a constatar la existencia de un mercado segmentado de recuperación de residuos y la delimitación de un mercado geográfico nacional, diferenciado de los mercados locales.

 Así pues pone de manifiesto la aparición, frente al mercado tradicionalmente local de recogida de residuos de papel y cartón, de un mercado segmentado, nuevo, en el que las grandes empresas generadoras de residuos realizan licitaciones a nivel nacional exigiendo unos requisitos por volumen de negocio que solo podrán cumplir los operadores a nivel nacional. Y destaca el hecho de que la entidad actora es un operador de tamaño muy reducido, de carácter local, activo tanto en el ámbito de la recuperación de residuos de papel y cartón como en el de la comercialización y que su integración en UDER, que no compite en el ámbito local de IRMASOL, no tendría, dice, en ningún caso carácter anticompetitivo.

 Tales consideraciones, que no denuncian una concreta infracción normativa, sino que ponen de relieve las condiciones en que IRMASOL se integró en UDER y que evidenciarían, a su juicio, la inexistencia de prácticas anticompetitivas, han de ser analizadas al abordar el motivo esgrimido en el cuarto de los fundamentos jurídicos de la demanda, que plantea la necesaria aplicación del artículo 1.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia .

 Conforme a dicho precepto ,

 3. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que contribuyan a mejorar la producción o la comercialización y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico, sin que sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto, siempre que:

 a) Permitan a los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de sus ventajas.

 b) No impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para la consecución de aquellos objetivos, y

 c) No consientan a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios contemplados.

 Razona que la incorporación de IRMASOL a UDER le ha permitido precisamente eso, acceder a una serie de clientes tanto en el mercado de recuperación como en el de comercialización a los que no habría podido llegar de otro modo. En cuanto al primero de dichos mercados, el de recuperación, señala básicamente que la empresa intenta dar respuestas a la existencia de grupos multinacionales que únicamente convocan a nivel nacional, de tal suerte que el único modo de competir con SAICA y operadores equivalentes con estructura nacional (solo podría equipararse FCC) consiste en reunir la estructura de la cual carece. Y por lo que se refiere al mercado de comercialización, afirma que IRMASOL aprovecha la capacidad negociadora de UDER en volumen, para llegar a un cliente que por volumen que demanda y compromiso a largo plazo nunca podría alcanzar por sí solo.

 Todas estas consideraciones han de abordarse desde la constatación de los hechos determinantes de la existencia de las prácticas denunciadas, es decir, de la actuación concertada llevada a cabo por las empresas integradas en UDER en los dos mercados definidos en la resolución, el de recuperación y el de comercialización de papel y cartón recuperado en España, con la finalidad de repartirse entre ellas la actividad en dichos mercados y los clientes, así como a concertar precios e intercambiar información comercial sensible.

 Sobre la acreditación de tales conductas existe un prolijo material en el expediente administrativo que prueba la constitución de UDER (folios 525 a 560), la existencia de los repetidos acuerdos parasociales (folios 561 a 593), los acuerdos adoptados en el seno del consejo de administración de UDER de 4 de marzo de 2008 (folios 603 y 604). Son nueve las empresas fundadoras, entre ellas, IRMASOL S.A.

 En cuanto a los acuerdos que suponían la puesta en marcha de mecanismos de coordinación, los folios 686 a 689 documentan el denominado Procedimiento para comercialización de materiales, a cuyo contenido nos hemos referido antes al relacionar los hechos, reflejando, por ejemplo (folio 805), las compensaciones de tonelaje entre los socios a fin de que pudieran cumplirse los compromisos contractuales asumidos por UDER.

 Constan, asimismo, los recordatorios de cumplimiento de los compromisos en materia de suministros, y así al folio 750 se recoge el acuerdo adoptado por el consejo de administración en el sentido de que Es imprescindible el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los contratos de venta y por tanto en los suministros comprometidos por cada Socio y si no se pudiera cumplimentar por alguna razón puntual, informar previamente del hecho a la Dirección General, con el fin de poder tomar las medidas alternativas correctoras, que fueran necesarias.

 A los folios 696 y siguientes obra copia del Procedimiento de adjudicación de producciones directas de UDER, que documenta el acuerdo de reparto entre los socios de UDER de los servicios de recuperación de papel y cartón basado en adjudicar el contrato correspondiente al socio cuyo almacén se encuentre en un radio inferior a 30 kms del generador del residuo, y los criterios de adjudicación en caso de concurrir varios en el mismo radio (ejemplo de ello se refleja en el folio 853, con un turno rotativo mensual: La oferta que presentamos fue aprobada y se comenzó el servicio el 1 0 de Abril, decidiendo que sería rotativo mensual e informando que la rotación quedó de la forma siguiente: IRMASOL - DOLAF - S. SOLAS - DEFESA).

 Incorpora además el expediente la documentación que acredita la unificación de tarifas, la prueba de que UDER elaboró un escandallo de costes (folios 700 y 701), o la modificación del sistema inicialmente establecido (folios 749 y 750, acta del consejo de administración de 4 de mayo de 2009).

 También hay constatación documental del Procedimiento de financiación de UDER (folios 682 a 685), aprobado el 3 de octubre de 2008, financiación que se llevaría a cabo ... a través de aportaciones directas e igualitarias por parte de los Socios, de acuerdo con el presupuesto aprobado para el año concreto. La fórmula administrativa para realizar estas aportaciones, será por facturación por trimestres adelantados de UDER a cada Socio y en concepto de gastos de gestión.

 Además, la resolución relaciona los documentos que acreditan la existencia del denominado Club que habría continuado en funcionamiento tras la creación de UDER como lo prueba la celebración de reuniones previas a las de ésta (folio 1694), o el correo electrónico de fecha 23 de junio de 2008, que obra al folio 1718.

 Por tanto, la Sala entiende acreditados de manera suficiente los acuerdos sobre reparto de mercado y clientes, fijación de precios e intercambio de información finalmente sancionados y, por tanto, la existencia de las prohibiciones del artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia .

 Sobre la inaplicación de tales prohibiciones en los términos que previene el apartado 3 del mismo artículo 1, se ha pronunciado el Tribunal Supremo en reciente sentencia de 26 de junio de 2017, recurso núm. 2468/2015 , y lo hace en estos términos:

 TERCERO.- Los motivos primero y segundo del recurso pueden examinarse conjuntamente por su conexión argumental, pues en ellos la parte recurrente sostiene la infracción del artículo 1.3 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (LDC de 2007), y del artículo 101.3 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE ), por no haber aplicado a la conducta enjuiciada la excepción que establecen ambos preceptos en términos muy similares.

 El artículo 1 de la LDC de 2007 , en su apartado 1º, prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional.

 A modo de ejemplo de acuerdos prohibidos, el mismo artículo 1.1 de la LDC de 2007 señala los que consistan en: a) la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio, b) la limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones, c) el reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento, y otros.

 El apartado 3 del artículo 1 de la LDC de 2007 , que invoca la parte recurrente como infringido, señala que la prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que contribuyan a mejorar la producción o la comercialización y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico, sin que sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto, siempre que:

 a) permitan a los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de sus ventajas.

 b) No impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para la consecución de aquellos objetivos, y

 c) No consientan a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios contemplados.

 En parecidos términos el artículo 101.1 del TFUE prohíbe los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia , y el apartado 3 del mismo precepto añade que las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a los acuerdos, decisiones y prácticas en similares supuestos a los descritos en el artículo 1.3 de la LDC de 2007 (EDL 2007/43994).

 Se trata, por tanto, de determinar si una práctica restrictiva de la competencia, con arreglo a los artículos 1.1 de la LDC de 2007 y 101.1 TFUE , puede declarase exenta por concurrir los requisitos de los apartados 3 de dichos preceptos.

 En la aplicación de las normas que acabamos de citar rigen las reglas ordinarias de la carga de la prueba, recogidas en el artículo 217 de la LEC , que asignan a cada una de las partes el peso de probar los hechos normalmente constitutivos de su pretensión.

 Se refiere también el Tribunal Supremo a las Directrices Horizontales.

 En concreto, la Comunicación de la Comisión de Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (DOCE 14 de enero de 2011), señala (apartado 48) que cuando en un caso concreto se haya demostrado la presencia de una restricción de la competencia a efectos del artículo 101.1 del Tratado, puede invocarse la excepción contemplada en el apartado 3. Añade el precepto, con cita del artículo 2 del Reglamento (CE ) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002 , relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (hoy artículos 101 y 102 del TFUE ), que la carga de la prueba de los dispuesto en el artículo 101, apartado 3, recaerá en la empresa o empresas que invoquen esta disposición. Por lo tanto, los argumentos de hecho y las pruebas presentadas por la empresa o empresas deben permitir a la Comisión llegar a la convicción de que es suficientemente probable que el acuerdo en cuestión produzca efectos favorables a la competencia o de que no lo es.

 Esta regla sobre la carga de la prueba de la excepción está recogida igualmente en el artículo 50.2 de la LDC de 2007 , que señala que la empresa o asociación de empresas que invoque el amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 1 de esta Ley deberá aportar la prueba de que se cumplen las condiciones previstas en dicho apartado.

 La sala de instancia consideró acreditados los acuerdos restrictivos de la competencia que sancionó la resolución de la CNC, y así declaró en el FD 4º):

 «... Se concluye que se ha cometido una infracción del artículo 1 LDC (EDL 2007/43994) y del artículo 101 TFUE porque ha tenido lugar una sucesión de negociaciones y acuerdos con el mismo objeto y finalidad, ambos contrarios a la libre competencia : la coordinación de aspectos fundamentales de la actividad comercial de las asociaciones productoras de mejillón, y tienen, por tanto, aptitud para generar los mismos efectos en el mercado afectado (...) Dichas acciones son, simplemente, instrumentos de un mismo acuerdo global entre las empresas imputadas, con un objetivo único, común y continuado en el tiempo, que no puede ser sino analizado en su conjunto.»

 Añade la sentencia impugnada (FD 5º): «De la lectura de la resolución impugnada resulta que se ha acreditado que durante años, entre 1.997 y 2008 tuvo lugar diversas actuaciones dirigidas a que los operadores del sector de producción del mejillón gallego coordinaran sus actuaciones comerciales. Cuestión distinta es que tales iniciativas tuvieran mayor o menor éxito, pues como señala la CNC tuvo lugar una permanente concordancia de voluntades con la única finalidad de unificar la comercialización de dicho producto. Las formas utilizadas a tal fin fueron variadas: comunicaciones informales por fax y correo electrónico, reuniones formales e informales todas ellas destinadas a homogeneizar las condiciones de la oferta del mejillón gallego en el mercado, especialmente el precio y el reparto de cuotas de ventas».

 Por tanto, la sentencia recurrida y la resolución sancionadora de la CNC han considerado acreditada la existencia de acuerdos para el reparto del mercado de mejillón en Galicia y la fijación de condiciones comerciales y precios, entre 1997 y 2008, entre asociaciones y organizaciones mayoritarias, que acogen en torno al 80% de la producción y de las bateas gallegas, que para asegurar su cumplimiento han recurrido con frecuencia al intercambio de información confidencial, y a emplear mecanismos de control que, en determinados momentos, han llegado a concretarse en boicots y represalias contra otros productores que rechazaban seguir los acuerdos, lo que constituyen prácticas restrictivas por su objeto, en el sentido de las Directrices de la Comisión antes citadas (apartado 24), que entiende por restricciones de la competencia por su objeto aquéllas que, por su propia naturaleza, poseen el potencial de restringir la competencia , a tenor del artículo 101.1 TFUE , con la consecuencia de que cuando se haya demostrado que un acuerdo tiene un objeto contrario a la competencia , no es necesario examinar sus efectos reales o potenciales en el mercado.

 Tras mencionar las discrepancias que la parte recurrente en casación mantiene respecto de la valoración de la prueba que lleva a cabo la sentencia impugnada, concluye el Tribunal lo siguiente:

 Esta sala ha señalado en reiteradísimas ocasiones que el recurso de casación no puede fundarse en el error en que hubiese podido incurrir el Tribunal de instancia al valorar la prueba, salvo que se haya alegado por el recurrente que se incurrió en infracción de normas o jurisprudencia reguladoras del valor tasado de determinadas pruebas, en los contados casos en que la apreciación de la prueba no es libre, sino tasada, o se alegue y acredite que la valoración ha sido ilógica, arbitraria o irrazonable, o conduce a resultados inverosímiles, sin que baste con argumentar que el resultado probatorio obtenido por la sala de instancia pudo ser, a juicio de la parte recurrente, más acertado o ajustado al contenido real de la prueba, sino que es menester demostrar que dicha apreciación es arbitraria o irrazonable, lo que no se ha hecho en el presente recurso de casación.

 La sentencia recurrida apreció, como decimos, que los acuerdos y prácticas llevados a cabo por la organización recurrente eran objetivamente restrictivos de la competencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1.1 de la LDC y 101.1 del TFUE , por lo que procedió seguidamente a examinar, de acuerdo con las alegaciones de la demanda, la posibilidad de declarar exentos los acuerdos restrictivos de la competencia si cumplían las condiciones establecidas en los apartados 3 de dichos preceptos.

 Sobre esta cuestión, con apoyo en las Directrices de la Comisión, antes citadas, la sentencia recurrida señala que el apartado 101.3 ampara determinados acuerdos restrictivos, como los de comercialización, que se justifican por presentar ventajas como las de acceso a nuevos mercados.

 «Si comprobamos las directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (DOUE 14.1.2011) fácilmente puede deducirse que la admisibilidad este tipo de acuerdos tiene su justificación en la medida en que con ellos se pretenda acceder a nuevos mercados a los que las empresas no pudieran acceder individualmente (apartado 237) y siempre y cuando, las partes no dispongan de un cierto grado de poder de mercado.»

 Ahora bien, en este caso, la sentencia impugnada, al igual que la resolución sancionadora de la CNC, llegan a la conclusión de que no se ha justificado las condiciones en las que la coordinación en la comercialización del producto por las asociaciones de productores de primer nivel puede generar eficiencias, teniendo en cuenta para soportar esta conclusión que: i) las asociaciones agrupaban a la práctica totalidad de los productores, ii) se introducen restricciones por objeto injustificadas y iii) no se ha acreditado que la finalidad de los acuerdos fuera lograr precisamente el listado de posibles eficiencias.

 Hemos de recordar que, como antes hemos indicado, incumbe a la CNC la acreditación de las conductas restrictivas de la competencia del artículo 1.1 LDC , lo que ha llevado a cabo en este caso en la resolución sancionadora y el expediente instruido al efecto y, a su vez, a la empresa recurrente le corresponde la prueba de las condiciones a que el artículo 1.3 de la LDC de 2007 supedita la exención, sin que en este caso la recurrente haya cumplido con dicha carga probatoria.

 Así resulta de la valoración de la prueba efectuada por la sentencia impugnada (FD 6º):

 No se ha acreditado en ningún momento del expediente o de este recurso, que por las recurrentes tuvieran lugar la organización de sistemas para hacer frente a las paralizaciones provocadas por las mareas rojas, ni para casar la oferta y la demanda. Se ha acreditado que, por el contrario, se organizó un reparto proporcional de la extracción y se estableció una única tabla de precios, junto con un sistema de control del respeto de dichos acuerdos.

 En el caso de la organización de la plataforma del mejillón enjuiciada ahora, no tuvo la finalidad de mejorar la calidad del producto, ni menos aún, de acceder a un mercado al que ya había accedido, sino de sostener las ventas y el precio del producto.

 La sala comparte las anteriores apreciaciones sobre la falta de concurrencia de las condiciones de aplicación de la exención del artículo 1.3 de la LDC de 2007 (EDL 2007/43994) y del artículo 101.3 TFUE , pues además de no constatarse de forma clara cuales eran las eficiencias perseguidas con los acuerdos anticompetitivos, no se justifican de modo coherente las razones por las que eran necesarios los acuerdos objetivamente restrictivos de la competencia de fijación de precios y de reparto del mercado, con intercambio de información confidencial, y mecanismos de control en forma de boicots y represalias frente a otros productores, que fueron llevados a cabo entre asociaciones y organizaciones que representan en torno al 80% de la producción.

 Por tanto, no cabe estimar en este caso que los acuerdos restrictivos de la competencia, en los que participó la organización recurrente, cumplan las condiciones exigidas por los artículo 1.3 de la LDC de 2007 (EDL 2007/43994 ) y 101.3 del TFUE , en particular que sean indispensables para la realización de determinados objetivos y que no den a las empresas la posibilidad de eliminar la competencia para una parte sustancial de los productos de que se trate.

 De acuerdo con lo razonado, se desestiman los motivos primero y segundo del recurso de casación.

 En el asunto que analizamos ahora la prueba de la existencia de los acuerdos denunciados es, reiteramos, concluyente, como hemos visto.

 Por contra, la pretendida eficacia procompetitiva no ha sido en modo alguno acreditada.

 En efecto, en cuanto al mercado de recuperación de papel y cartón, se ha producido un reparto convenido del mercado con asignación de áreas geográficas que, si bien pudieran responder, en principio, a las características mismas de este mercado por razón de la naturaleza del producto y los costes de transporte, incide de manera negativa en la posibilidad de que entren en el mismo nuevas empresas y se traduce, además, en la asignación de áreas de 30 kms de radio y la determinación de criterios de reparto en caso de coincidencia de dos o más socios en dicho área.

 En cuanto al mercado de comercialización, las razones aducidas por la recurrente para justificar las ventajas procompetitivas de los acuerdos y de la existencia misma de UDER carecen de la consistencia necesaria cuando, en primer lugar, al tratarse de un mercado verticalmente relacionado con el de recogida, arrastra las consecuencias de las claras vulneraciones de las normas de competencia que afectan a éste y a las que nos venimos refiriendo.

 Por otra parte, los contratos suscritos por UDER no son solo de ámbito nacional, sino que se ha acreditado en el expediente que ha concluido también contratos locales.

 Y, además, la Comisión destaca que la creación de UDER ha supuesto un incremento en los precios pagados por fabricantes de papel y cartón que suscribieron contratos con dicha entidad, como lo acreditaría la nota económica obrante al folio 5258.

 En todo caso, pretende justificar IRMASOL la concurrencia de la excepción prevista en el artículo 1.3 de la LDC argumentando que su incorporación a UDER le ha permitido acceder a una serie de clientes a los que nunca habría podido llegar por sí sola, tanto en el mercado de recuperación como en el de comercialización. Pero entendemos que esas ventajas, cuya existencia no se pone duda, no determinan per se el carácter procompetitivo de los acuerdos sancionados, sino únicamente los beneficios particulares que habrá obtenido la actora por integrarse en UDER y suscribirlos.

 Por tanto, y siguiendo la doctrina que emana de la sentencia del Tribunal Supremo mencionada, no puede admitirse la aplicación del apartado 3 del artículo 1 de la LDC y 101.3 del TFUE al no justificarse de un modo coherente las razones por las que eran necesarios los acuerdos objetivamente restrictivos de la competencia consistentes en el reparto del mercado, la fijación de precios y el intercambio de información sensible que sí cuentan, por contra, con un suficiente respaldo probatorio.

 Y es que, como dispone el artículo 50.2 de la Ley 15/2007 , La empresa o asociación de empresas que invoque el amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 1 de esta Ley deberá aportar la prueba de que se cumplen las condiciones previstas en dicho apartado.

 Ha de insistirse en que la prueba incorporada al expediente administrativo permite considerar acreditadas determinadas restricciones accesorias impuestas a los integrantes del grupo que no resultaban de ningún modo imprescindibles para su funcionamiento como mera central de compras, representativa de un acuerdo de cooperación horizontal de sus asociados.

 Así, pueden citarse actuaciones del denominado Club, cuya continuidad tras la puesta en marcha de UBER ha quedado igualmente acreditada -folio 1694 del expediente, por ejemplo-, como la que documenta el correo de 23 de junio de 2008 -folio 1718-, remitido por el director general de ALBA al director general de UDER, que incluía la adopción de un pacto de no agresión entre los miembros, así como de medidas ejemplarizantes en caso de incumplimiento de acuerdos -se refería, en concreto, a la expulsión temporal de uno de los asociados-.

 NOVENO .- Directamente relacionado con lo anterior se encuentra el motivo por el que la recurrente reclama la necesaria aplicación de las Directrices Horizontales a IRMASOL.

 Argumenta la actora que en el mercado nacional UDER supondría aproximadamente el 5% del mercado teniendo enfrente fuertes competidores como SAICA, FCC ámbito y CARPA que representan el resto he dicho mercado y en los mercados locales los miembros de UDER no han coordinado sus respectivos comportamientos, en primer lugar porque en la mayoría de los casos no son competidores, al hallarse limitados a una determinada área geográfica, generalmente a una provincia y en segundo lugar, porque respecto a los limitados casos en los que existe solapamiento en alguna provincia, la cuota conjunta de los miembros de UDER sería inferior al 25%, por lo que toda coordinación sería inviable.

 Ya hemos visto como la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2017 , parcialmente transcrita antes, recuerda que la Comunicación de la Comisión de Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (DOCE 14 de enero de 2011), dispone en su apartado 48 que, cuando en un caso concreto, se haya demostrado la presencia de una restricción de la competencia a efectos del artículo 101.1 del Tratado, puede invocarse la excepción contemplada en el apartado 3, si bien, y como resulta del artículo 2 del Reglamento (CE ) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (hoy artículos 101 y 102 del TFUE ), añade que la carga de la prueba de lo dispuesto en el artículo 101, apartado 3, recaerá en la empresa o empresas que invoquen esta disposición. Por lo tanto, los argumentos de hecho y las pruebas presentadas por la empresa o empresas deben permitir a la Comisión llegar a la convicción de que es suficientemente probable que el acuerdo en cuestión produzca efectos favorables a la competencia o de que no lo es.

 Interesa además poner de relieve que las referida Directrices sientan los principios aplicables a la evaluación de conformidad con el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (...) de los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas (...) relativos a la cooperación horizontal... - apartado 1-, y destaca que, si bien Los acuerdos de cooperación horizontal pueden dar lugar a beneficios económicos sustanciales..., -apartado 2-, también ... pueden plantear problemas de competencia. Así ocurre, por ejemplo, cuando las partes acuerdan fijar los precios o la producción o repartirse los mercados, o cuando la cooperación permite a las partes mantener, mejorar o aumentar su poder de mercado y sea probable que ello cause efectos negativos sobre los precios, la producción, la innovación o la variedad y calidad de los productos.

 Proporcionan un marco interpretativo que ...se basa fundamentalmente en criterios jurídicos y económicos que ayudan a analizar los acuerdos de cooperación horizontal y su contexto -apartado 5-, pero que no puede perder de vista la finalidad y alcance mismo del artículo 101 del TFUE , a cuya adecuada exégesis sirven.

 Todo ello debe tenerse en cuenta al abordar la interpretación del invocado apartado 240, según el cual Los acuerdos de comercialización entre competidores solo pueden producir efectos restrictivos de la competencia si las partes tienen cierto grado de poder de mercado. En la mayoría de los casos, no es probable que exista poder de mercado si la cuota de mercado conjunta de las partes del acuerdo es inferior al 15 %. En cualquier caso, si la cuota de mercado conjunta de las partes no excede del 15 % es probable que se cumplan las condiciones del artículo 101, apartado 3.

 Sostiene la actora que, al ser la cuota de mercado de UDER inferior al 15%, no se producirían los efectos restrictivos en que se justifica la sanción.

 Ha de decirse, no obstante, que ese porcentaje no fija un límite absoluto en términos de obligar a decidir si se produce o no el efecto restrictivo por el solo hecho de superarlo o, en su caso, no alcanzarlo.

 Coincidimos en la valoración que hace la resolución sancionadora al dar respuesta a esta misma alegación, cuando se remite al apartado 238 de la misma Comunicación de Directrices, según el cual No obstante, si el acuerdo reduce la independencia decisoria de una de las partes por lo que se refiere al acceso al mercado de otras partes, limitando sus incentivos para su entrada, es probable que produzca efectos restrictivos de la competencia. Este mismo razonamiento se aplica a los acuerdos no recíprocos, que presentan un menor riesgo de producir efectos restrictivos de la competencia.

 En definitiva, las mismas directrices establecen un criterio de probabilidad, en este caso favorable a que se produzcan efectos restrictivos, cuando se reduzca la independencia decisoria de las partes, lo que sin duda ha sucedido con la intervención de UDER atendidos los hechos que hemos considerado probados en los fundamentos precedentes.

 Entendemos que la rotundidad de la prueba documental acopiada sobre la existencia de acuerdos de reparto de mercado y de determinación de los precios incide de pleno en la previsión del apartado 3 de las Directrices, que alerta precisamente de los problemas de competencia que pueden plantear los acuerdos horizontales que tengan tal contenido, y ello justifica que la interpretación favorable a apreciar que, en tales casos, puedan no producirse restricciones en el mercado, sea particularmente estricta.

 Por tanto, las alegaciones a que aludíamos antes que formula IRMASOL en este punto resultan insuficientes para inaplicar las prohibiciones de los artículos 1.1 de la LDC y 101.1 del TFUE .

 DÉCIMO .- Por último, los argumentos recogidos en el siguiente fundamento jurídico inciden todos en la incorrecta cuantificación de la sanción.

 Es lo cierto que la cuantía de la multa se ha fijado con arreglo a los criterios establecidos en la Comunicación de la CNC sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1 , 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea (BOE de 11 de febrero de 2009) y, en consecuencia, a partir de un método de cálculo no conforme a Derecho con arreglo al criterio adoptado por el Tribunal Supremo en sentencia dictada con fecha 29 de enero de 2015 (casación 2872/2013 ), reiterado en otras muchas posteriores.

 Procede entonc es la estimación parcial del recurso en el único sentido de anular la sanción de multa impuesta, y disponer se remitan las actuaciones a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a fin de que determine e imponga dicha multa en el porcentaje que resulte, atendidos los criterios legales de graduación debidamente motivados, y en aplicación de los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia , interpretados en los términos expuestos por el Tribunal Supremo.

 UNDÉCIMO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , no se hace especial pronunciamiento sobre las costas dado el carácter parcialmente estimatorio del fallo.

 VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

 1.- ESTIMAR EN PARTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira en nombre y representación de IRMASOL S.A. , contra la resolución de 6 de noviembre de 2014, del Consejo de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mediante la cual se le impuso una sanción de 603.685 euros de multa.

 2.- Anular la referida resolución en el solo particular relativo a la determinación de la cuantía de la multa, por no ser en este extremo ajustada a Derecho.

 3.- Remitir las actuaciones a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a fin de que dicte otra en la cual fije su importe en atención a los criterios legales de graduación debidamente motivados, con aplicación de los artículos 63 y 64 de la Ley 17/2007, de Defensa de la Competencia , interpretados en los términos expuestos en la fundamentación jurídica de esta sentencia.

 Sin hacer expresa imposición de costas.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 05/10/2017 doy fe.