Id. Cendoj: 28079230062017100369
ECLI: ES:AN:2017:4543
ROJ: SAN 4543/2017
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 30/10/2017
Nº de Recurso: 84/2014
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: ANA ISABEL RESA GOMEZ
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000084 / 2014

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 01018/2014

 Demandante: EUROSEMILLAS S.A, SURCOTTON, S.A. Y ASOCIACIÓN DE DESMOTADORES DEL SUR

 Procurador: Dª. MARÍA JOSÉ BUENO

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

 Codemandado: ALGODONERA BLANCA PALOMA

 Abogado Del Estado

 Ponente IIma. Sra.: Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a treinta de octubre de dos mil diecisiete.

 VISTO el presente recurso contencioso-administrativo núm. 84/14 promovido por la Procuradora Dª. María José Bueno en nombre y representación de EUROSEMILLAS S.A, SURCOTTON, S.A. Y ASOCIACIÓN DE DESMOTADORES DEL SUR, contra la resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mediante la cual se le impuso una sanción de 76.629,03, 89.620,89 y 18.440¤ de multa, respectivamente. Ha sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado, e intervenido como codemandada la entidad ALGODONERA BLANCA PALOMA, representada por la Procuradora Dª Olga Rodríguez Herranz.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO .- Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminó suplicando se dicte sentencia por la que estimando el presente recurso se declare la nulidad de la resolución impugnada.

 SEGUNDO .- El Abogado del Estado y la entidad codemandada contestaron a la demanda mediante sendos escritos en los que suplicaban se dictase sentencia por la que se confirmasen los actos recurridos en todos sus extremos.

 TERCERO .- Pendiente el recurso de señalamiento para votación y fallo cuando por turno le correspondiera, se fijó para ello la audiencia del día 13 de septiembre de 2017, en que tuvo lugar.

 Ha sido ponente la Ilma. Sra. Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ , quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO .- A través de este proceso impugna la entidad actora la resolución dictada con fecha 19 de diciembre de 2013 por el Consejo de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el expediente          NUM000 DESMOTADORAS DE ALGODÓN cuya parte dispositiva era del siguiente tenor literal:

 "PRIMERO .- Declarar la existencia de conductas prohibidas por el Artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia y del Artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de Julio , de Defesa de la Competencia, consistentes de una infracción única y continuada, que engloba prácticas de fijación de precios, reparto de mercado y cierre de mercado a otros empresas.

 SEGUNDO .- Las conductas anteriormente descritas y concretadas suponen una infracción muy grave tipificada en el Artículo 62.4.a) de la Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia .

 TERCERO .- Declarar responsables de dichas infracciones a las siguientes Empresas y Asociaciones sectoriales:

 (...)

 - EUROSEMILLAS S.A.

 -SURCOTTON S.A. (y solidariamente su matriz Eurosemillas)

 .ADESUR( Asociación Española de Desmotadoras del Sur)

 (...)

 CUARTO .- Procede, con amparo en lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 16/1989 de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia , imponerles las siguientes sanciones:

 (...)

 - EUROSEMILLAS S.A.... 76 .629,03 ¤

 -SURCOTTON S.A. (y solidariamente su matriz Eurosemillas)... 89.620,89 ¤

 .ADESUR( Asociación Española de Desmotadoras del Sur) 18.440,00

 QUINTO .- Intimar a las Asociaciones sectoriales y Empresas sancionadas para que, en el futuro, se abstengan de realizar conductas iguales o semejantes, del tenor de las anteriormente tipificadas.

 (...)".

 Como antecedentes procedimentales de dicha resolución merecen destacarse, a la vista de los documentos que integran el expediente administrativo, los siguientes:

 1) Con fecha Con fecha 7 de Septiembre del 2011 se recibió denuncia de la UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE ANDALUCIA (UPA-ANDALUCIA) contra Algodonera del Sur S.A. (ALGOSUR), Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas S.A. (DAFISA), Eurosemillas S.A. (EUROSEMILLAS), SURCOTTON S.A., Industria Desmotadora Andaluza S.L. (INDESA), y Colectivo Algodoneras del Sur de Andalucía S.L. (COALSA), por supuestas conductas prohibidas por la Ley 15/2007 de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia, "consistentes en la adopción de acuerdos tendentes, de forma directa o indirecta, a fijar los precios pagados a los productores de algodón".

 2) Iniciada información reservada por la entonces Dirección de Investigación (DI) al amparo de lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley 1572007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y practicados los requerimientos de información que obran en el expediente, con el resultado que igualmente consta, mediante resolución de 24 de febrero de 2012 la DI acordó la incoación de expediente sancionador contra ALGOSUR, DAFISA, EUROSEMILLAS (por las actuaciones de Eurosemillas y de Surcotton, su filial), INDESA y COALSA por posibles conductas prohibidas e incardinables en el Artículo 1 de la Ley 15/2007 , consistentes en un supuesto acuerdo de fijación del precio de anticipo para la compra del algodón sin desmotar. Al propio tiempo, notificó a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía la incoación de dicho expediente sancionador de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.2 d) de la Ley 1/2002 de 21 de Febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, atendida la especial incidencia en esa Comunidad de los hechos advertidos.

 3) Practicadas las actuaciones que documenta el expediente administrativo, mediante acuerdo de 25 de febrero de 2013 la DI dispuso la ampliación de la incoación a AGRUPACION ESPAÑOLA DE DESMOTADORAS DE ALGODÓN (AEDA) "por posibles prácticas anticompetitivas, consistentes en la adopción de acuerdos tendentes, de forma directa o indirecta, a fijar los precios pagados a los productores de algodón, prohibidas tanto por el Artículo 1 de la Ley 16/1989 de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia , como por el Artículo 1 de la vigente Ley 15/2007 de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia " . Asimismo, se acordó ampliar la incoación por una eventual conducta anticompetitiva consistente en un acuerdo de reparto de mercado de algodón bruto a las empresas EUROSEMILLAS, SURCOTTON, DAFISA, ALGOSUR, INDESA y COALSA; y por "una posible conducta anticompetitiva consistente en el cierre de mercado a otras empresas desmotadoras de algodón" por parte de las empresas EUROSEMILLAS, SURCOTTON, DAFISA, ALGOSUR, INDESA, COALSA y COMASA, así como a su matriz AGRICOLA CONAGRALSA SL., y a las Asociaciones sectoriales AEDA y ADESUR.

 Con fecha 20 de marzo del 2013, se amplió también la incoación contra COALSA y su matriz al 100% AGRICOLA CONAGRALSA por "posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la adopción de acuerdos tendentes, de forma directa o indirecta, a fijar los precios pagados a los productores de algodón, prohibidas tanto por el Artículo 1 de la Ley 16/1989 de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia , como por el Artículo 1 de la vigente Ley 15/2007 de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia " . Incoación que se extendió por acuerdo de 29 de Mayo del 2013 a PRODUCTORES DEL CAMPO DE ALCALA DEL RIO (PRODUCTORES), LAS PALMERAS, ECIJANA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS (COESAGRO), AGRICOLA Y GANADERA DEL PINZON (PINZON), LAS MARISMAS DE LEBRIJA (LAS MARISMAS) y AGROQUIVIR "por posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la adopción de acuerdos tendentes, de forma directa o indirecta, a fijar los precios pagados a los productores de algodón con anterioridad a la fecha de constitución de COALSA en 2009, prohibidas tanto por el Artículo 1 de la Ley 16/1989 de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia , como por el Artículo 1 de la vigente Ley 15/2007 de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia " .

 4) Formulado con fecha 13 de junio de 2013 el correspondiente pliego de concreción de hechos -que completaba el de 22 de mayo anterior-, y emitida el 16 de julio siguiente propuesta de resolución, la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dictó con fecha 19 de diciembre de 2013 la resolución ahora recurrida.

 5) Ha de destacarse, además, que este mismo sector había sido ya investigado con anterioridad en el precedente expediente          NUM001 "Desmotadoras de Algodón" que concluyó con la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 10 de Junio de 1997 que sancionaba a las siguientes empresas, asociaciones y/o cooperativas: Cooperativa Levantina de Cultivadores de Algodón, Sociedad Agraria de Transformación nº 1381, Surcotton, Cooperativa Cordobesa de Cultivadores de Algodón, Eurosemillas SA., Alysol SA, Cooperativa Andaluza Ecijana de Servicios Agropecuarios, Algodonera La Palma SA, Moratalla SA, Algodonera La Blanca Paloma SA, Las Marismas de Lebrija Sociedad Cooperativa Andaluza, Las Palmeras Sociedad Cooperativa Andaluza, Pinzón Sociedad Cooperativa Andaluza, Trajano Sociedad Cooperativa Andaluza, Carthagosur SCA, Cooperativa Agrícola del Sureste y Nueva Desmotadora Sevillana.

 Tal resolución fue impugnada antes esta Audiencia Nacional que desestimó el recurso mediante sentencia de 22 de marzo de 2001 , confirmada en casación por otra del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2005, recurso núm. 3668/2002 .

 SEGUNDO .- En cuanto a los hechos determinantes del acuerdo sancionador, se señala que Eurosemillas tiene 6 filiales, entre ellas Surcotton y que ambas pertenecen a la Asociación Sectorial Adesur.

 Por lo que se refiere al sector afectado, la resolución recurrida lo identifica con el del algodón y, más concretamente, el algodón bruto, que es la materia prima para la industria desmotadora en particular.

 El mercado de producto sería entonces el de aprovisionamiento de dicho algodón bruto y el desmotado de ese algodón.

 Por otra parte, la resolución impugnada sitúa el mercado geográfico en un 99,5% en Andalucía al encontrarse en dicha Comunidad ese porcentaje de la tierra cultivada, y el resto en Murcia, por lo que el mercado geográfico sería el mercado nacional, al verse afectada más de una Comunidad Autónoma.

 Sobre la delimitación del mercado la resolución de 19 de diciembre de 2013 introduce la siguiente consideración de evidente interés a tal objeto:

 "El mercado investigado es el primer eslabón de una cadena (materia prima: algodón fibra de algodón tejidos de algodón de recursos prendas textiles) que en sí misma no se enfrenta a impedimentos naturales y/o legales para operar en condiciones de competencia en toda su extensión. Por ello, una conducta como la investigada, en el primer eslabón genera una asignación sub-óptima de recursos, ya sea porque distorsiona el precio competitivo del insumo inicial, bien porque da lugar a un margen de beneficio superior al natural competitivo. Así pues, de producirse, la conducta investigada en este expediente sancionador a fortiori altera el normal desarrollo competitivo de la toda la actividad productiva construida alrededor de ese insumo inicial, con incidencia aguas abajo y afectante a todo el territorio nacional".

 La misma resolución incluye diversas consideraciones en torno a las ayudas asignadas a este mercado por su incidencia en las conductas investigadas y finalmente sancionadas, conductas que la CNMC califica en principio como una infracción única y continuada, acreditada por "... la existencia de reuniones y contactos sucesivos y reiterados, así como suficiente documentación probatoria que conforman un todo armónico e indesligable, llevados a cabo por las empresas desmotadoras de algodón y las asociaciones sectoriales, durante el periodo de tiempo comprendido entre las campañas 2004/2005 hasta la campaña 2012/2013 con el fin de consensuar y adoptar una estrategia común, mediante acuerdos de voluntades, con el fin último de controlar el mercado de aprovisionamiento de algodón bruto y de desmotado de algodón" ; y que en el caso de las entidades actoras, concreta en la siguientes:

 EUROSEMILLAS y SURCOTTON, son responsables de las siguientes prácticas:

 "a) Acuerdo de fijación, directa o indirecta, de precios concretamente de correcciones de precios por calidad, desde la campaña 2004/2005 hasta la campaña 2010/2011 incluida; y de portes en la campaña 2004/2005 y 2005/2006 por fijación de precios de anticipo o de salida, por las campañas 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010 y 2010/2011;

 b) Acuerdo de reparto de mercado, por las campañas 2010/2011 y 2011/2012.

 c) Acuerdo de cierre de mercado y boicot a la empresa ALGODONERA LA BLANCA PALOMA desde el año 2009 hasta el 2012.

 Además Eurosemillas es responsable solidaria de las actuaciones y prácticas llevadas a cabo por su filial al 100% SURCOTTON.

 ADESUR es responsable de las siguientes prácticas:

 a) Acuerdo de fijación de precios, a través de la fijación de precios por correcciones por calidad, desde la campaña 2005/2006 hasta la campaña 2006/2007 y de portes en la campaña 2005/2006 como coautora de los hechos por las actuaciones de centralización, coordinación y difusión de la información entre ambas asociaciones y entre asociados.

 b) Acuerdo de cierre de mercado y boicot a la empresa ALGODONERA LA BLANCA PALOMA desde el año 2009 hasta el 2012, como coautora de los hechos, al actuar como coordinadora de la voluntad de los asociados e interlocutora ante la Administración Pública y la otra Asociación AEDA.

 Al abordar la tipificación de las conductas objeto de sanción, parte la Comisión de la existencia, en efecto, de una infracción única y continuada en función del objetivo final común que persiguen todas ellas, cuál sería el control del mercado de aprovisionamiento de algodón bruto y de desmotado del algodón durante el periodo comprendido, al menos, entre el 2004 y 2012.

 Tales conductas se habrían materializado en un acuerdo de fijación de precios de anticipo, correcciones por calidad, y precios de transporte, conceptos cuyo análisis individualizado aborda la resolución, que se refiere también al cierre de mercado y boicot sufrido por la empresa Algodonera La Blanca Paloma.

 Todo lo cual le lleva a concluir, como anticipábamos, que se trata de conductas prohibidas por el Artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia y del Artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de Julio , de Defesa de la Competencia, consistentes de una infracción única y continuada, que engloba prácticas de fijación de precios, reparto de mercado y cierre de mercado a otros empresas, constitutivas de infracción muy grave tipificada en el Artículo 62.4.a) de la Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia .

 TERCERO .- Alega la actora como primer motivo de impugnación la caducidad del expediente administrativo y la nulidad de la resolución recurrida por vulneración de las garantías y derechos fundamentales.

 Empezando por la alegación de caducidad, señala que el 11 de noviembre de 2013 finalizaba el plazo para resolver y notificar la resolución y que el acuerdo de suspensión del plazo máximo para resolver y la ampliación del mismo, notificados el 8 de noviembre de 2013, carecían de base jurídica y de motivación, siendo ambas nulas.

 De este modo indicaba que el término inicial del cómputo del plazo de duración máxima del procedimiento debía fijarse en el 24 de febrero de 2012, fecha en la que se acordó la incoación del procedimiento. A partir de dicha fecha, se acordó la ampliación por acuerdos de 30 de julio de 2012, 25 de febrero de 2013 y 29 de mayo de 2013 pero que con fecha 8 de noviembre de 2013 el Consejo notifica acuerdo de ese mismo día suspendiendo el plazo máximo para resolver y notificar por diez días ante el nombramiento del nuevo Presidente de la Junta Consultiva y ampliando el plazo de resolución por un mes en aplicación de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 3/2013 y del art. 37.4 de la LDC . Considera que ante la falta de base jurídica y de motivación de dichas suspensiones, éstas no pueden tomarse en consideración, por lo que el procedimiento habría caducado.

 Dispone el artículo 36.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio , que "El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador por conductas restrictivas de la competencia será de dieciocho meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo y su distribución entre las fases de instrucción y resolución se fijará reglamentariamente".

 Y añade en su artículo 37.4 que: " Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes. En el caso de acordarse la ampliación del plazo máximo, ésta no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento."

 A su vez la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 3/2013 de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, señala en su apartado 2 que " Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes. En el caso de acordarse la ampliación del plazo máximo, ésta no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento."

 Consta que la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con fecha 8 de Noviembre del 2013 tomó el ACUERDO (1) una vez acaecido el nombramiento de Presidente de la Junta Consultiva en el día de ayer (7 de Noviembre) deviene imposible la toma del acuerdo preceptivo de suspensión del plazo ordinario para resolver, al no haberse recibido en esta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la notificación del acuerdo suspensivo por parte de la Junta de Conflictos. De ahí que, con amparo en lo dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 3/2013 de 4 de Junio , de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ; en relación y concordancia con lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley 15/2007 de 3 de Julio , de Defesa de la Competencia ; y del Artículo 42 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común acuerda la ampliación del plazo máximo de duración de la suspensión en un mes.

 Por tanto, visto el anterior acuerdo de suspensión y ampliación, suficientemente motivado y con base en los preceptos citados no cabe acoger el motivo de caducidad que la parte actora esgrime.

 CUARTO.- A continuación se refiere la demandante a la vulneración de las garantías del procedimiento. Se invoca la vulneración del derecho de defensa derivada de no habérsele dado acceso al expediente.

 El derecho a un procedimiento sancionador con todas las garantías de defensa, que se constituye como derecho fundamental del ciudadano a un procedimiento justo y equitativo frente a los poderes coercitivos de la Administración, en que se respeten los derechos de defensa con interdicción de indefensión, en una interpretación sistemática de los artículos 24 y 25 de la Constitución y del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos , engloba, según se desprende de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otras garantías, al derecho a no ser sancionado sin ser oído y, a ejercer las facultades de alegación con contradicción en todas las fases del procedimiento, el derecho a un procedimiento público, el derecho a ser informado de la acusación, de modo que se conozcan sin restricción los hechos imputados, que impone que exista correlación entre estos hechos y la resolución sancionadora, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, que excluye la admisibilidad y apreciación de pruebas ilícitas, y el derecho a la presunción de inocencia, que acoge el derecho a no ser sancionado sin prueba de cargo legítima y válida, que sustente la resolución sancionadora.

 En el caso que nos ocupa consta que la Dirección de Investigación, con fecha 23 de Enero del 2012, dirigió escrito a ALGOSUR, COALSA, DAFISA, EUROSEMILLAS, INDESA y SURCOTTON solicitándoles información sobre (1) su exacta localización; (2) la gestión de la ayuda en el sector del algodón; (3) la aportación de facturas desde la campaña 2009/2010 hasta la última campaña; y (4) detalles de dichas facturas. Entre los días 6 y 10 de Febrero del 2012 se recibieron las respuestas.

 Asimismo la Dirección de Investigación, tras analizar la información obtenida de la denunciante y de las denunciadas, con fecha 24 de Febrero del 2012 acordó la incoación de expediente sancionador contra ALGOSUR, DAFISA, EUROSEMILLAS (por las actuaciones de Eurosemillas y de Surcotton su filial), INDESA y COALSA por posibles conductas prohibidas e incardinables en el Artículo 1 de la Ley 15/2007 , "consistente en un supuesto acuerdo de fijación del precio de anticipo para la compra del algodón sin desmotar". Acuerdo que se notificó a todos los interesados.

 La Dirección de Investigación, con fecha 25 de Abril del 2012 requirió a ALGOSUR, EUROSEMILLAS, COALSA, INDESA, DAFISA, SURCOTTON, ALGODONERA LA BLANCA PALOMA y COMASA para que aportasen (1) información sobre su pertenencia a alguna asociación; (2) su estructura empresarial, clientes y proveedores; (3) componentes y cálculo del precio del algodón bruto; (4) capacidad y volumen real del algodón desmotado; (5) productos exportados y precios finales, así como márgenes comerciales y facturas. Asimismo, se requirió a AEDA, ADESUR y FAECA para que (1) aportaran los Estatutos de las entidades, (2) las actas de los órganos de la asociación o federación desde 2008 inclusive, (3) e información referente a sus asociados o federados. Las respuestas al requerimiento tuvieron lugar entre el 8 de Mayo del 2012 y el 11 de Junio del 2012.

 EUROSEMILLAS y SURCOTTON, con fecha 18 de Mayo del 2012, presentaron alegaciones al expediente en relación con la naturaleza de la denuncia interpuesta por UPA- Andalucía; las características del mercado del algodón; la formación del precio del algodón bruto; así como cuestiones procedimentales.

 La Dirección de Investigación, con fecha 22 de Febrero del 2013, solicitó información a COALSA, INDESA, EUROSEMILLAS, SURCOTTON, ALGOSUR, ALGODONERA LA BLANCA PALOMA y COMASA referente a los contratos y anexos aplicados desde la campaña 2004/2005.

 En Junio del 2013 la Dirección de Investigación notificó un nuevo Pliego de Concreción de Hechos a todas las partes interesadas (Folios 12947 a 14686) Y a las Asociaciones AEDA y ADESUR sobre los contratos tipo y anexos de esas mismas campañas.

 La Sala de Competencia, el día 8 de Noviembre del 2013, tomó el ACUERDO de requerir a las empresas para que informaran del volumen de ventas del último ejercicio, a los efectos prevenidos en la Ley, requerimiento que fue cumplimentado el día 26 de Noviembre (Eurosemillas, Surcotton y Adesur) del tenor que consta en el expediente.

 Debe citarse además en apoyo de este criterio la sentencia de 25 de octubre de 2011 dictada por el TJUE en el asunto Solvay- Comisión.

 En dicha sentencia se estableció:

 "El respeto del derecho de defensa en un procedimiento tramitado ante la Comisión con el objeto de imponer una multa a una empresa por infringir las normas de defensa de la competencia exige que la empresa interesada haya podido exponer de modo útil su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y las circunstancias alegados y sobre los documentos que la Comisión tuvo en cuenta para fundamentar su alegación de la existencia de una infracción al Tratado (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, antes citada, apartado 66). El artículo 41, apartado 2, letras a) y b), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea concreta el contenido de este derecho.

 54 Tal como recordó acertadamente el Tribunal General en el apartado 405 de la sentencia recurrida, el derecho de acceso al expediente implica que la Comisión debe dar a la empresa afectada la posibilidad de examinar todos los documentos incluidos en el expediente de la instrucción que puedan ser pertinentes para su defensa. Estos documentos comprenden tanto las pruebas de cargo como las de descargo, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras in formaciones confidenciales (sentencias, antes citadas, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/ Comisión, apartado 315, y Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado 68).

 55 La vulneración del derecho de acceso al expediente durante el procedimiento previo a la adopción de la Decisión puede dar lugar, en principio, a la anulación de dicha Decisión cuando se haya vulnerado el derecho de defensa (sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartado 317).

 56 En tal supuesto, la violación producida no queda subsanada por el mero hecho de que el acceso haya sido posible durante el procedimiento jurisdiccional (sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartado 318). En efecto, al limitarse a un control jurisdiccional de los motivos invocados, el examen del Tribunal General no tiene por objeto ni por efecto reemplazar la instrucción completa del asunto en el marco de un procedimiento administrativo. Por otra parte, el conocimiento tardío de determinados documentos del expediente no coloca a la empresa que ha interpuesto un recurso contra una decisión de la Comisión en la situación en la que se habría encontrado si hubiera podido basarse en esos mismos documentos para presentar sus observaciones escritas y orales ante dicha institución (véase la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, antes citada, apartado 103 y jurisprudencia citada).

 57 Cuando el acceso al expediente, y más concretamente a las pruebas de descargo, se obtiene en la fase del procedimiento judicial, la empresa de que se trate no debe demostrar que, si hubiera tenido acceso a los documentos no comunicados, la decisión de la Comisión habría tenido un contenido diferente, sino únicamente que dichos documentos hubieran resultado útiles para su defensa ( sentencias de 2 de octubre de 2003 , Corus UK/Comisión , C-199/99 P, Rec. p. I-11177, apartado 128; Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartado 318, y Aalborg Portland y otros/Comisión, antes citada, apartado 131)" (...)

 Por tanto, a la vista de la sucesión de hechos descritos no es admisible la alegación de indefensión que invoca la actora, pues como se ha visto ha tenido acceso al expediente, la empresa interesada ha podido exponer de modo útil su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y las circunstancias alegados y sobre los documentos que la CNC tuvo en cuenta para fundamentar su resolución. La CNC dio a la recurrente acceso a todos los documentos incluidos en el expediente excepto los relativos a secretos comerciales de las empresas y otros documentos declarados confidenciales por contener datos pertenecientes a la actividad económica de los competidores, razón por la que dicho argumento debe desestimarse.

 QUINTO.- Al ega la actora a continuación la nulidad de la resolución impugnada por falta de motivación y de acreditación de las conductas que se le imputan, infringiéndose el artículo 1 de la LDC .

 Si n embargo, la prueba acopiada en el expediente administrativo desmiente, como veremos a continuación, tales alegaciones, y permite constatar que las actoras han intervenido en la comisión de los hechos que se le imputan.

 Efectivamente la CNMC toma en consideración la información aportada en la denuncia presentada por UPA-Andalucía (Folios 1 a 6 , 76 a 85 y 1381 a 1454) ; así como la recabada en las inspecciones llevadas a cabo los días 9 y 10 de Octubre del 2012 en las sedes de DAFISA, COALSA-LAS MARISMAS DE LEBRIJA y en las Asociaciones Sectoriales AEDA y ADESUR ; así como en las respuestas a los requerimientos de información formulados a todas las partes interesadas : DAFISA (Folios 6641 a 6719 y 8820 a 9015), AEDA (Folios 6785 a 6933 y 9041 a 9257), ADESUR (Folios 7478 a 7491 y 7917 a 7922) y COALSA (Folios 8252 a 8758 y 7924 a 8237).

 Fijación de precios en el seno de AEDA y ADESUR en constante relación desde las campañas comprendidas entre 2004/2005 y 2010/2011 precios de anticipo y sus correcciones por calidad (Folios 7968 a 9157 y 6808 a 6809) ; acuerdos entre desmotadoras, según actas de la empresa Las Marismas de Lebrija para fijar el precio de salida para la compra del algodón bruto en la campaña 2006/2007 y 2007/2008 (Folio 8724 y 8712 a 8713) ; correo electrónico 20 Septiembre 2010 en el que COALSA y DAFISA intercambian información de precios de transporte para la campaña 2010/2011 (Folios 8895 y 9921) ; diversos correos enviados por AEDA para consensuar y difundir los anexos de los contratos tipo, referentes a las tablas de corrección de precios de algodón bruto por calidad y precios de portes (Folios 9041 a 9049 , 9089 a 9097 , 9138 a 9147 , 9148 a 9149, 7933 a 7936 y 9788 a 9790).

 Ex plicaciones facilitadas por las empresas desmotadoras sobre el cálculo de los precios de anticipo del algodón bruto ; diferentes y contradictorias, cuando no contrarias (Folios 952 y 4453 , 2933 , 364 , 4195 , 3609 a 3610 y 4188, 4190, 2933 a 2934 , 4952 a 4956 , 165 a 166 , 2254 y 4769 , 4987 a 4989, 5155 a 5156).

 En respuestas a las solicitudes de información: INDESA (Folios 2932 a 3030), EUROSEMILLAS ( Folios 3592 a 3673), SURCOTTON (Folios 4183 a 4273), DAFISA (Folios 4950 a 4985), LAGOSUR (Folios 2409 a 2546), COMASA (Folios 4490 a 4985), COALSA (Folios 4986 a 5138) y ALGODONERA LA BLANCA PALOMA (Folios 2553 a 2556 y 6727 a 6781).

 Fi jación de precios de desmotado a través de la creación de una UTE en la campaña 2006/2007 formada por Nueva Desmotadora Sevillana (DEVISA), Pinzón, Productores del Campo, Algosur, Coesagro, Las Palmeras y Las Marismas (Folios 8621 a 9624 , 8572 , 8728 a 8729 , 8721 a 8725, 8717-8718 , 9923 a 10149).

 En las campañas de algodón comprendidas entre 2010/2011 y 2011/2012 existieron contactos frecuentes entre las empresas desmotadoras COALSA, ALGOSUR, INDESA, SURCOTTON, EUROSEMILLAS y DAFISA (Folios 8387, 8607, 7978, 8379, 8473 y 8474; 9274 a 9286, 9296 a 9298) consistentes en datos agregados públicos periódicos sobre entradas de algodón bruto en factorías; acuerdos de colaboración de desmotado del algodón (Folios 9263 y 9161).

 De sde el 2009 hasta el 2012 AEDA y ADESUR y sus asociados, han adoptado medidas tendentes a impedir la entrada de otras empresas desmotadoras en el mercado (Folios 9791, 6792, 6803 a 6807); incluso existen varios escritos e informes de reuniones con las Administraciones Públicas solicitando el cierre a otras desmotadoras por el desequilibrio existente entre el sector transformador y el productor y, paralelamente, documentación sobre intentos de aumentar la capacidad de algunas empresas (Folios 7941-42, 6864 a 6866, 8855 a 8857, 8879 y 8880 a 8882) (Folios 7959-60, 8259 a 8265, 8583, 8913, 7478 a 7482, 7971, 9166, 9168 a 9170). Y en concreto, notas y comunicaciones sobre las reuniones y contactos con las Administraciones Públicas para impedir la apertura de ALGODONERA LA BLANCA PALOMA (Folios 7962 y 7490).

 Es decir la Dirección de Investigación hace un análisis de las facturas, de los contratos y de los anexos a los contratos referentes a correcciones de precio por calidad y a precios de transporte aportados por las empresas, y de ello concluye de manera razonada que se ha producido, efectivamente, la aplicación de las condiciones sobre precios de anticipo, correcciones y portes acordadas para determinadas campañas.

 Todos estos datos expuestos y recogidos en el expediente son tomados en consideración por la CNMC, para entender acreditada la responsabilidad de las actoras lo que permite concluir a esta Sala, en el ejercicio de las potestades sobre libre valoración de la prueba que le son propias, que la resolución sancionadora tiene una base fáctica suficiente; a lo cual no obsta el hecho de que alguna de las actoras, no participase en todas y cada una de dichas reuniones, que es lo que se ha pretendido probar en este proceso, poniendo de manifiesto que el Sr.          Gabino no asistió a la reunión de 17 de septiembre de 2010.

 Y en este sentido debe destacarse que el ilícito examinado e investigado conforma, prima facie, una infracción tipificada única y continuada, concretada y particularizada, acreditada por la existencia de reuniones y contactos sucesivos y reiterados, así como suficiente documentación probatoria que conforman un todo armónico e indesligable, llevados a cabo por las empresas desmotadoras de algodón y las asociaciones sectoriales, durante el periodo de tiempo comprendido entre las campañas 2004/2005 hasta la campaña 2012/2013 "con el fin de consensuar y adoptar una estrategia común, mediante acuerdos de voluntades, con el fin último de controlar el mercado de aprovisionamiento de algodón bruto y de desmontado de algodón".

 Las conductas llevadas a cabo adquieren todo su sentido y significado al analizarse de forma conjunta, en función del objetivo final común que persiguen todas ellas, que no es otro que la voluntad de controlar el mercado de aprovisionamiento de algodón bruto y de desmotado del algodón, durante el periodo comprendido, al menos, entre el 2004 y 2012.

 Como recordamos en sentencia de esta misma Sala de la Audiencia Nacional de 26 de mayo de 2016, recurso núm. 496/2013 (asunto Coches de alquiler ), el Tribunal de Justicia de la UE ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de la prolongación en el tiempo de las conductas infractoras y sobre su posible tipificación como infracción continuada, para lo cual parte, como presupuesto ineludible, de la existencia de un plan único de actuación conjunta de las distintas entidades implicadas, que es, precisamente, lo que se habría acreditado en el caso de autos conforme a lo que hemos expuesto.

 Puede citarse como manifestación de dicha doctrina la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2012, Asunto Verhuizongen Coppens, C- 441/11 , apartado 41, en el que se indica que "Según reiterada jurisprudencia, una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, actualmente 101.1 del TFUE , puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto (sentencias Comisión/Anic Partecipazioni, antes citada, apartado 81, así como de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Rec. p. I-123, apartado 258)".

 Por su parte, el Tribunal General, sin perjuicio, obviamente, de aplicar esta jurisprudencia, ha puntualizado los siguientes extremos:

 - En la sentencia de 6 de febrero de 2014, asunto T-27/10 AC- Treuhand AG, apartados 240 y 241, señala que no puede identificarse de forma genérica el concepto "objetivo único", que subyace en el plan conjunto de las empresas implicadas, con la simple distorsión de la competencia, pues ese es el presupuesto de la calificación de la práctica como anticompetitiva.

 Esa interpretación tendría como consecuencia, que varios comportamientos relativos a un sector económico, contrarios al artículo 81 CE , apartado 1, deberían calificarse sistemáticamente como elementos constitutivos de una infracción única (sentencia del Tribunal de 30 de noviembre de 2011, Quinn Barlo y otros/Comisión, T-208/06 , Rec. p. II-7953, apartado 149, y la jurisprudencia citada).

 Por ello, debe siempre verificarse el grado de complementariedad de los distintos comportamientos que integran la infracción única.

 A este respecto, habrá que tener en cuenta cualquier circunstancia que pueda demostrar o desmentir dicho vínculo, como el período de aplicación, el contenido (incluyendo los métodos empleados) y, correlativamente, el objetivo de los diversos comportamientos de que se trata (sentencia de 28 de abril de 2010, del Tribunal General, asunto T-446/05 Amann &amp; Söhne y Cousin Filterie/Comisión, apartado 92, y la jurisprudencia citada en la misma).

 - La sentencia de 17 de mayo de 2013 Asunto T-147/09 Trelleborg Industrie, apartados 59 y ss, precisa que:

 a) En el marco de una infracción que dura varios años, no impide la calificación de infracción única el hecho de que las distintas manifestaciones de los acuerdos se produzcan en períodos diferentes, siempre que pueda identificarse el elemento de unidad de actuación y finalidad.

 b) De acuerdo con una práctica jurisprudencial constante se han identificado una serie de criterios que ayudan a calificar una infracción como única y continuada, a saber: la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos y servicios, de las empresas participantes, y de las formas de ejecución, pudiéndose tener en cuenta, además, la identidad de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas implicadas y la identidad del ámbito de aplicación geográfico de las prácticas consideradas.

 c) La Comisión puede, en consecuencia, presumir la permanencia de una empresa durante todo el período de duración del cártel, aunque no se haya acreditado la participación de la empresa en cuestión en fases concretas, siempre que concurran los elementos suficientes para acreditar la participación de la empresa en un plan conjunto con una finalidad específica, que se prolonga en el tiempo.

 Por tanto, debe rechazarse dicho motivo así como el de falta de motivación dado que la resolución impugnada realiza un análisis tanto de los hechos, datos y documentos obrantes en el expediente así como de la fundamentación jurídica y de su subsunción en la norma aplicable de la que resulta la acreditación de la participación de la actora en la conducta imputada.

 SEXTO .- Nulidad de la resolución recurrida por aplicar una agravante por reincidencia al haber valorado la existencia de un expediente antiguo el          NUM001 para determinar el importe final de la sanción.

 Es cierto que la resolución impugnada se refiere al expediente          NUM001 para poner de manifiesto que este sector, el del algodón, ya había sido investigado con anterioridad, también lo es que la resolución impugnada se hace constar la existencia de reincidencia, pero esta circunstancia no ha tenido una aplicación práctica en la imposición de la sanción. Efectivamente resulta que la resolución parte del importe máximo de la sanción, conforme a la Ley 16/89, por resultar la más favorable, que es de 901.518,00¤ y a esta cifra le aplica única y exclusivamente un factor de corrección por la cuota de mercado registrada en el expediente, que es para Surcotton de un 9,94% y para Eurosemillas de un 8,50%, por lo que dicho argumento debe desestimarse igualmente.

 SÉPTIMO.- Finalmente alega la actora la nulidad de la resolución recurrida por cuanto las conductas afectan únicamente al mercado andaluz, por lo que el expediente fue tramitado por un órgano manifiestamente incompetente.

 No obstante dicha alegación tampoco puede prosperar, dado que el 99,5% de la superficie cultivada se localiza en Andalucía y el resto en Murcia por lo que al verse afectada más de una Comunidad Autónoma el mercado geográfico afectado sería el nacional.

 La justificación suficiente de los hechos en que se sustentan las infracciones sancionadas por la CNMC, que evidencian también la concurrencia del elemento subjetivo de las actoras pues solo dentro del plan conjunto a que aludíamos antes puede concebirse su comisión, han de conducir a la desestimación del recurso y a la consiguiente imposición de costas a la parte actora en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .

 VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

 Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de EUROSEMILLAS S.A, SURCOTTON, S.A. Y ASOCIACIÓN DE DESMOTADORES DEL SUR, contra la resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mediante la cual se le impuso unas sanciones de 76.629,03, 89.610,89 y 18.440,00¤ de multa respectivamente, al ser dicha resolución ajustada a Derecho.

 Con expresa imposición de costas a la parte actora.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 17/11/2017 doy fe.