Id. Cendoj: 28079230062017100375
ECLI: ES:AN:2017:4549
ROJ: SAN 4549/2017
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 27/10/2017
Nº de Recurso: 89/2014
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000089 / 2014

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 01055/2014

 Demandante: AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE DESMOTADORAS DE ALGODÓN (AEDA) Y OTRAS.

 Procurador: Dª MARÍA DEL CORAL LORRIO ALONSO

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: ALGODONERA BLANCA PALOMA, EUROSEMILLAS, S.A, SURCOTTON, S.A. Y ADESUR

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. Berta Santillan Pedrosa

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

 VISTO el presente recurso contencioso-administrativo núm. 89/14 promovido por la Procuradora Dª María del Coral Lorrio Alonso en nombre y representación de Agrupación Española de Desmotadoras de Algodón (AEDA); Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas (DAFISA); Colectivo Algodoneras del Sur de Andalucía (COALSA); Las Marismas de Lebrija, Sociedad Cooperativa Andaluza; AGROQUIVIR, Sociedad Cooperativa Andaluza de Segundo Grado; Las Palmeras, Sociedad Cooperativa Andaluza; Sociedad Cooperativa Andaluza de Productores del Campo de Alcalá del Río; Cooperativa Andaluza Ecijana de Servicios Agropecuarios (COESAGRO); Pinzón S.C.A. "En liquidación"; Complejo Agrícola S.A.U.; y Agrícola CONAGRALSA, S. L. contra la resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mediante la cual les fueron impuestas las sanciones que refleja en su parte dispositiva. Ha sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado, e intervenido como codemandada la entidad ALGODONERA BLANCA PALOMA, representada por la Procuradora Dª Olga Rodríguez Herranz, y las entidades EUROSEMILLAS, S.A, SURCOTTON, S.A. y ADESUR, representadas por la Procuradora Dª María José Bueno Ramírez.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO .- Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando se dictase sentencia por la que

 "Primero.- Declare que el expediente S/0378/11 se encontraba caducado a la fecha de notificación a cada una de nuestras defendidas de la Resolución recurrida, procediendo con ello a revocar y dejar sin efecto la misma.

 Segundo.- En defecto de lo anterior, declare nula o subsidiariamente anule la Resolución dictada por la CNMC con fecha 19.12.2013 y por la que se declara que todas y cada una de nuestras representadas han incurrido en prácticas contrarias al artículo 1 de la derogada Ley 1671989 y de la vigente Ley 15/2007 , consistentes en una infracción única y continuada que engloba prácticas de fijación de precios, reparto y cierre de mercado a otras empresas.

 Tercero.- En defecto de todo lo anterior, anule parcialmente la resolución recurrida y deje sin efecto los importes sancionatorios impuestos a nuestras patrocinadas, de conformidad con lo expuesto en el cuerpo de este escrito.

 Cuarto.- En su caso, ordene la publicación total o parcialmente estimatoria y de una nota de prensa relativa a la misma en la web www.cnmc.es, de la misma manera y forma que se ha hecho con la resolución recurrida, con el fin de reparar el daño reputacional infligido a nuestras mandantes.

 Quinto.- Imponga en su caso las costas devengadas en el presente procedimiento a la parte demandada, de conformidad con cuanto dispone el artículo 139.1 de la LJCA ".

 SEGUNDO .- El Abogado del Estado y la entidad codemandada ALGODONERA BLANCA PALOMA contestaron a la demanda mediante sendos escritos en los que suplicaban se dictase sentencia por la que se confirmasen los actos recurridos en todos sus extremos.

 TERCERO .- Pendiente el recurso de señalamiento para votación y fallo cuando por turno le correspondiera, se fijó para ello la audiencia del día 13 de septiembre de 2017, en que tuvo lugar.

 Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO .- A través de este proceso impugnan las entidades actoras la resolución dictada con fecha 19 de diciembre de 2013 por el Consejo de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el expediente S/03780/11 DESMOTADORAS DE ALGODÓN cuya parte dispositiva era del siguiente tenor literal:

 "PRIMERO.- Declarar la existencia de conductas prohibidas por el Artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia y del Artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de Julio , de Defesa de la Competencia, consistentes de una infracción única y continuada, que engloba prácticas de fijación de precios, reparto de mercado y cierre de mercado a otros empresas.

 SEGUNDO. - Las conductas anteriormente descritas y concretadas suponen una infracción muy grave tipificada en el Artículo 62.4.a) de la Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia .

 TERCERO .- Declarar responsables de dichas infracciones a las siguientes Empresas y Asociaciones sectoriales:

 ALGOSUR (Algodonera del Sur S.A.)

 COALSA (Colectivo Algodoneras del Sur de Andalucía)

 INDESA (Industria Desmotadora Andaluza)

 DAFISA (Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas S.A.)

 SURCOTTON S.A. (y solidariamente su matriz EUROSEMILLAS)

 EUROSEMILLAS S.A.

 COMASA (y solidariamente su matriz CONAGRALSA)

 PRODUCTORES (Productores del Campo de Alcalá del Río)

 LAS PALMERAS

 COESAGRO (Ecijana de Productos Agropecuarios)

 PINZON SCA (Agrícola y Ganadera del Pinzón)

 LAS MARISMAS (Las Marismas de Lebrija)

 AGROQUIVIR

 AEDA (Agrupación Española de Desmotadoras de Algodón)

 ADESUR (Asociación Española de Desmotadoras del Sur)

 CUARTO .- Procede, con amparo en lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 16/1989 de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia , imponerles las siguientes sanciones:

 (...)

 - Colectivo Algodoneras del Sur de Andalucía (COALSA) ... 107.781,49 euros.

 - Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas (DAFISA) ... 109.895,04 euros.

 - Complejo Agrícola S.A.U. COMASA (y solidariamente su matriz Agrícola CONAGRALSA, S. L.)... 16.387,59 euros.

 - Sociedad Cooperativa Andaluza de Productores del Campo de Alcalá del Río ... 10.127,05 euros.

 - Las Palmeras, Sociedad Cooperativa Andaluza... 42.281,19 euros.

 - Ecijana de Servicios Agropecuarios (COESAGRO) ... 21.726,58 euros.

 - Agrícola y Ganadera del Pinzón S.C.A. ... 4.687,89 euros.

 - Las Marismas de Lebrija, Sociedad Cooperativa Andaluza... 50.485,01 euros.

 - AGROQUIVIR, Sociedad Cooperativa Andaluza de Segundo Grado ... 13.462,67 euros.

 (...)

 Agrupación Española de Desmotadoras de Algodón (AEDA) ... 81.560,00 euros.

 QUINTO.- Intimar a las Asociaciones sectoriales y Empresas sancionadas para que, en el futuro, se abstengan de realizar conductas iguales o semejantes, del tenor de las anteriormente tipificadas.

 (...)".

 Como antecedentes procedimentales de dicha resolución merecen destacarse, a la vista de los documentos que integran el expediente administrativo, los siguientes:

 1) Con fecha Con fecha 7 de Septiembre del 2011 se recibió en la extinta CNC denuncia de la UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE ANDALUCIA (UPA- ANDALUCIA) contra Algodonera del Sur S.A. (ALGOSUR), Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas S.A. (DAFISA), Eurosemillas S.A. (EUROSEMILLAS), SURCOTTON S.A., Industria Desmotadora Andaluza S.L. (INDESA), y Colectivo Algodoneras del Sur de Andalucía S.L. (COALSA), por supuestas conductas prohibidas por la Ley 15/2007 de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia, "consistentes en la adopción de acuerdos tendentes, de forma directa o indirecta, a fijar los precios pagados a los productores de algodón".

 2) Iniciada información reservada por la entonces Dirección de Investigación (DI) al amparo de lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley 1572007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y practicados los requerimientos de información que obran en el expediente, con el resultado que igualmente consta, mediante resolución de 24 de febrero de 2012 la DI acordó la incoación de expediente sancionador contra ALGOSUR, DAFISA, EUROSEMILLAS (por las actuaciones de Eurosemillas y de Surcotton, su filial), INDESA y COALSA por posibles conductas prohibidas e incardinables en el Artículo 1 de la Ley 15/2007 , consistentes en un supuesto acuerdo de fijación del precio de anticipo para la compra del algodón sin desmotar. Al propio tiempo, notificó a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía la incoación de dicho expediente sancionador de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.2 d) de la Ley 1/2002 de 21 de Febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, atendida la especial incidencia en esa Comunidad de los hechos advertidos.

 3) Practicadas las actuaciones que documenta el expediente administrativo, mediante acuerdo de 25 de febrero de 2013 la DI dispuso la ampliación de la incoación a AGRUPACION ESPAÑOLA DE DESMOTADORAS DE ALGODÓN (AEDA) "por posibles prácticas anticompetitivas, consistentes en la adopción de acuerdos tendentes, de forma directa o indirecta, a fijar los precios pagados a los productores de algodón, prohibidas tanto por el Artículo 1 de la Ley 16/1989 de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia , como por el Artículo 1 de la vigente Ley 15/2007 de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia " . Asimismo, se acordó ampliar la incoación por una eventual conducta anticompetitiva consistente en un acuerdo de reparto de mercado de algodón bruto a las empresas EUROSEMILLAS, SURCOTTON, DAFISA, ALGOSUR, INDESA y COALSA; y por "una posible conducta anticompetitiva consistente en el cierre de mercado a otras empresas desmotadoras de algodón" por parte de las empresas EUROSEMILLAS, SURCOTTON, DAFISA, ALGOSUR, INDESA, COALSA y COMASA, así como a su matriz AGRICOLA CONAGRALSA SL., y a las Asociaciones sectoriales AEDA y ADESUR.

 Con fecha 20 de marzo del 2013, se amplió también la incoación contra COALSA y su matriz al 100% AGRICOLA CONAGRALSA por "posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la adopción de acuerdos tendentes, de forma directa o indirecta, a fijar los precios pagados a los productores de algodón, prohibidas tanto por el Artículo 1 de la Ley 16/1989 de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia , como por el Artículo 1 de la vigente Ley 15/2007 de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia " . Incoación que se extendió por acuerdo de 29 de Mayo del 2013 a PRODUCTORES DEL CAMPO DE ALCALA DEL RIO (PRODUCTORES), LAS PALMERAS, ECIJANA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS (COESAGRO), AGRICOLA Y GANADERA DEL PINZON (PINZON), LAS MARISMAS DE LEBRIJA (LAS MARISMAS) y AGROQUIVIR "por posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la adopción de acuerdos tendentes, de forma directa o indirecta, a fijar los precios pagados a los productores de algodón con anterioridad a la fecha de constitución de COALSA en 2009, prohibidas tanto por el Artículo 1 de la Ley 16/1989 de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia , como por el Artículo 1 de la vigente Ley 15/2007 de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia " .

 4) Formulado con fecha 13 de junio de 2013 el correspondiente pliego de concreción de hechos -que completaba el de 22 de mayo anterior-, y emitida el 16 de julio siguiente propuesta de resolución, la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dictó con fecha 19 de diciembre de 2013 la resolución ahora recurrida.

 5) Ha de destacarse, además, que este mismo sector había sido ya investigado con anterioridad en el precedente expediente S/370/96 "Desmotadoras de Algodón" que concluyó con la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 10 de Junio de 1997 que sancionaba a las siguientes empresas, asociaciones y/o cooperativas: Cooperativa Levantina de Cultivadores de Algodón, Sociedad Agraria de Transformación nº 1381, Surcotton, Cooperativa Cordobesa de Cultivadores de Algodón, Eurosemillas SA., Alysol SA, Cooperativa Andaluza Ecijana de Servicios Agropecuarios, Algodonera La Palma SA, Moratalla SA, Algodonera La Blanca Paloma SA, Las Marismas de Lebrija Sociedad Cooperativa Andaluza, Las Palmeras Sociedad Cooperativa Andaluza, Pinzón Sociedad Cooperativa Andaluza, Trajano Sociedad Cooperativa Andaluza, Carthagosur SCA, Cooperativa Agrícola del Sureste y Nueva Desmotadora Sevillana.

 Tal resolución fue impugnada antes esta Audiencia Nacional, que desestimó el recurso mediante sentencia de 22 de marzo de 2001 , confirmada en casación por otra del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2005, recurso núm. 3668/2002 .

 SEGUNDO .- En cuanto a los hechos determinantes del acuerdo sancionador, la resolución recurrida identifica el sector afectado con el del algodón y, más concretamente, el algodón bruto, que es la materia prima para la industria desmotadora en particular.

 El mercado de producto sería entonces el de aprovisionamiento de dicho algodón bruto y el desmotado del mismo.

 Por otra parte, la resolución impugnada sitúa el mercado geográfico en un 99,5% en Andalucía al encontrarse en dicha Comunidad ese porcentaje de la tierra cultivada, y el resto en Murcia, por lo que el mercado geográfico sería el mercado nacional, al verse afectada más de una Comunidad Autónoma.

 Sobre la delimitación del mercado la resolución de 19 de diciembre de 2013 hace la siguiente precisión, de evidente interés a tal objeto:

 "El mercado investigado es el primer eslabón de una cadena (materia prima: algodón fibra de algodón tejidos de algodón de recursos prendas textiles) que en sí misma no se enfrenta a impedimentos naturales y/o legales para operar en condiciones de competencia en toda su extensión. Por ello, una conducta como la investigada, en el primer eslabón genera una asignación sub-óptima de recursos, ya sea porque distorsiona el precio competitivo del insumo inicial, bien porque da lugar a un margen de beneficio superior al natural competitivo. Así pues, de producirse, la conducta investigada en este expediente sancionador a fortiori altera el normal desarrollo competitivo de la toda la actividad productiva construida alrededor de ese insumo inicial, con incidencia aguas abajo y afectatorio a todo el territorio nacional".

 La misma resolución incluye diversas consideraciones en torno a las ayudas asignadas a este mercado por su incidencia en las conductas investigadas y finalmente sancionadas, conductas que la CNMC califica, en principio, como una infracción única y continuada, acreditada por "... la existencia de reuniones y contactos sucesivos y reiterados, así como suficiente documentación probatoria que conforman un todo armónico e indesligable, llevados a cabo por las empresas desmotadoras de algodón y las asociaciones sectoriales, durante el periodo de tiempo comprendido entre las campañas 2004/2005 hasta la campaña 2012/2013 con el fin de consensuar y adoptar una estrategia común, mediante acuerdos de voluntades, con el fin último de controlar el mercado de aprovisionamiento de algodón bruto y de desmotado de algodón" ; y que en el caso de las entidades aquí recurrentes, concreta de este modo:

 AEDA es responsable de las siguientes prácticas:

 a) Acuerdo de fijación de precios, a través de la fijación de precios por correcciones por calidad, desde la campaña 2004/2005 hasta la campaña 2008/2009; de portes en las campañas 2004/2005 y 2005/2006; y de precios de anticipo en la campaña 2009/2010 como coautora de los hechos por las actuaciones de centralización, coordinación y difusión de la información entre ambas asociaciones y entre asociados.

 b) Acuerdo de cierre de mercado y boicot a la empresa ALGODONERA LA BLANCA PALOMA desde el año 2009 hasta el año 2012, como coautora de los hechos, al actuar como coordinadora de la voluntad de los asociados e interlocutora ante la Administración Pública y la otra Asociación sectorial ADESUR.

 COALSA es responsable de las siguientes prácticas:

 a) Acuerdo de fijación, directa o indirecta, de precios, concretamente de correcciones de precios por calidad, desde la campaña 2009/2010 hasta la campaña 2012/2013 incluida; por fijación de precios de anticipo o de salida, por las campañas 2009/2010 y 2010/2011; asimismo, sería responsable del intercambio de información sobre precios de transporte realizado en la campaña 2010/2011.

 b) Acuerdo de reparto de mercado, por las campañas 2010/2011 y 2011/2012.

 c) Acuerdo de cierre de mercado y boicot a la empresa ALGODONERA LA BLANCA PALOMA desde el año 2009 al 2012.

 LAS MARISMAS DE LEBRIJA SCA es responsable de las siguientes prácticas:

 a) Acuerdo de fijación, directa o indirecta, de precios, concretamente de correcciones de precios por calidad, desde la campaña 2007/2008 hasta la campaña 2008/2009 incluida; por fijación de precios de anticipo o de salida, por las campañas 2006/2007, 2007/2008; así como por su participación en la UTE que actuó durante la campaña 2006/2007 con fines anticompetitivos.

 PRODUCTORES DEL CAMPO DE ALCALA DEL RIO SCA es responsable de las siguientes prácticas:

 a) Acuerdo de fijación, directa o indirecta, de precios, concretamente de correcciones de precios por calidad, desde la campaña 200/2008 hasta la campaña 2008/2009 incluida; por fijación de precios de anticipo o de salida por las campañas 2006/2007 y 2007/2008; así como por su participación en la UTE que actuó durante la campaña 2006/2007 con fines anticompetitivos.

 LAS PALMERAS SCA es responsable de las siguientes prácticas:

 a) Acuerdo de fijación, directa o indirecta, de precios, concretamente de correcciones de precios por calidad, desde la campaña 2007/2008 hasta la campaña 2008/2009 incluida; por fijación de precios de anticipo o de salida por las campañas 2006/2007; así como por su participación en la UTE que actuó durante la campaña 2006/2007 con fines anticompetitivos.

 ECIJANA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SCA (COESAGRO) es responsable de las siguientes prácticas:

 a) Acuerdo de fijación, directa o indirecta, de precios, concretamente de correcciones de precios por calidad, desde la campaña 2004/2005 hasta la campaña 2005/2006 incluida (en las que también aplicó tabla de portes) y la campaña 2008/2009; por fijación de precios de anticipo o de salida por la campaña 2006/2007; así como por su participación en la UTE que actuó durante la campaña 2006/2007 con fines anticompetitivos.

 AGROQUIVIR SCA es responsable de las siguientes prácticas:

 a) Acuerdo de fijación, directa o indirecta, de precios concretamente de correcciones de precios por calidad, desde la campaña 2007/2008 hasta la campaña 2008/2009 incluida; y por fijación de precios de anticipo o de salida por la campaña 2007/2008.

 AGRICOLA Y GANADERA DEL PINZON SCA es responsable de las siguientes prácticas:

 a) Acuerdo de fijación, directa o indirecta, de precios concretamente de correcciones de precios por calidad, desde la campaña 2004/2005 hasta la campaña 2005/2006 incluida (en las que también aplicó tabla de portes) y la campaña 2007/2008; por fijación de precios de anticipo o de salida por la campaña 2006/2007; así como por su participación en la UTE que actuó durante la campaña 2006/2007 con fines anticompetitivos.

 DAFISA (que no pertenece a ningún grupo empresarial) es responsable de las siguientes prácticas:

 a) Acuerdo de fijación, directa o indirecta, de precios concretamente de correcciones de precios por calidad, desde las campaña 2004/2005 hasta la campaña 2012/2013 incluida; y de portes en las campañas 2003/2005 y 2005/2006; por fijación de precios de anticipo o de salida por las campañas 2009/2010 y 2010/2011; así como por el intercambio de información sobre precios de transporte realizado en la campaña 2010/2011.

 b) Acuerdo de reparto de mercado, por las campañas 2010/2011 y 2011/2012.

 c) Acuerdo de cierre de mercado y boicot a la empresa ALGODONERA LA BLANCA PALOMA desde el año 2009 al 2012.

 INDESA (que no pertenece a ningún grupo empresarial) es responsable de las siguientes prácticas: a) Acuerdo de fijación, directa o indirecta, de precios concretamente de correcciones de precios por calidad, desde la campaña 2007/2008 hasta la 2012/2013 incluida; y por fijación de precios de anticipo o de salida por las campañas 2009/2010 y 2010/2011. b) Acuerdo de reparto de mercado y boicot a la empresa ALGODONERA LA BLANCA PALOMA desde el año 2009 al 2012.

 COMASA filial al 100% de INVERSORA Y COMERCIAL S.A., a su vez controlada por AGRICOLA CONAGRALSA S.L., es responsable de las siguientes prácticas:

 a) Acuerdo de fijación, directa o indirecta, de precios concretamente de correcciones de precios por calidad, desde la campaña 2006/2007 hasta la campaña 2009/2010 incluida; y la fijación de precios de salida en la campaña 2006/2007. b) Acuerdo de cierre de mercado y boicot a la empresa ALGODONERA LA BLANCA PALOMA desde el año 2009 al 2012.

 AGRICOLA CONAGRALSA S.A., que de acuerdo con lo indicado por COMASA, posee el control al 100% de la empresa INVERSORA Y COMERCIAL S.L., que es una sociedad de cartera que, a su vez, controla al 100% varias empresas, entre ellas COMASA. Consiguientemente, con amparo en lo dispuesto en los Artículos 61 y 63.1.c de la Ley de Defensa de la Competencia , resultarían igualmente imputables a AGRICOLA CONAGRALSA como responsable solidaria de las mismas.

 Al abordar la tipificación de las conductas objeto de sanción, parte la Comisión de la existencia, en efecto, de una infracción única y continuada en función del objetivo final común que persiguen todas ellas, cual sería el control del mercado de aprovisionamiento de algodón bruto y de desmotado del algodón durante el periodo comprendido, al menos, entre el 2004 y 2012.

 Tales conductas se habrían materializado en un acuerdo de fijación de precios de anticipo, correcciones por calidad y precios de transporte, conceptos cuyo análisis individualizado aborda la resolución, que se refiere también al cierre de marcado y boicot sufrido por la empresa Algodonera La Blanca Paloma.

 Todo lo cual le lleva a concluir que se trata de conductas prohibidas por el Artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia y del Artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de Julio , de Defesa de la Competencia, consistentes de una infracción única y continuada, que engloba prácticas de fijación de precios, reparto de mercado y cierre de mercado a otros empresas, calificada como infracción muy grave tipificada en el Artículo 62.4.a) de la Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia .

 TERCERO .- El primero de los argumentos esgrimidos en la demanda se refiere a la caducidad del expediente al haber transcurrido con exceso, se dice, el plazo máximo que para su tramitación y resolución establece la Ley 15/2007, cuyo artículo 36.1 lo fija en dieciocho meses contados desde la incoación del procedimiento y hasta su notificación a los interesados.

 Advierte la parte actora que dicha incoación se produjo mediante acuerdo de 24 de febrero de 2012, siendo así que la resolución sancionadora fue notificada a las recurrentes los días 2 y 3 de enero de 2014, por lo que habrían transcurrido 19 meses y 11 o 12 días. Muestra por ello su disconformidad con el cómputo de las suspensiones de dicho plazo que lleva cabo la CNMC.

 Así, considera que la resolución de 11 de diciembre de 2013 -folio 16219 del expediente-, por la cual se acordaba levantar, con efectos de 12 de diciembre de 2013, la suspensión acordada el 8 de noviembre anterior, es nula por vulnerar lo dispuesto en el artículo 12.2 del Real Decreto 261/2008 al no fijar dicho acuerdo la nueva fecha del plazo máximo para resolver el procedimiento, en los términos que exige ese precepto.

 Sin embargo, y constatada tal omisión, consideramos que el efecto que cabe atribuirle no es el de la nulidad del acuerdo al punto de no considerar suspendido el plazo desde el 19 de noviembre hasta el 12 de diciembre, como pretenden las actoras.

 La determinación de la nueva fecha del plazo máximo para resolver el procedimiento resultaba de una mera operación aritmética teniendo en cuenta que la resolución cuestionada recordaba el día en que se inició la suspensión -8 de noviembre de 2013-, y establecía el día en que se alzaban los efectos de la misma -12 de diciembre de 2013-.

 Por tanto, solo de acreditarse que la circunstancia de no haber reflejado la nueva fecha del plazo máximo de resolución constituye una causa de las previstas en el artículo 62 de la Ley 30/1992 , de 30 de noviembre, podría declararse su pretendida nulidad. Y es lo cierto que dicha acreditación no existe, pues la prueba solicitada en la demanda, y admitida por la Sala, se limitó a la documental obrante en el expediente y a la que se acompañaba con el escrito de formalización, ajena a esta cuestión.

 Entendemos que, en este concreto supuesto, la omisión de la exigencia del invocado artículo 12.2 del Real Decreto 261/2008 es una mera irregularidad no invalidante que no puede arrastrar la ineficacia de la resolución de 11 de diciembre de 2013 ni, por ende, determinar la caducidad del procedimiento, pues el período por el cual se mantuvo la suspensión resulta, insistimos, con toda claridad de su texto en el que se refleja el día a partir del cual se produjo la suspensión y aquel otro en que se procedía a levantar sus efectos.

 Por lo demás, tampoco compartimos el criterio de la parte actora según el cual el recurso interpuesto por ALGOSUR frente al acuerdo de aceptación parcial de confidencialidad de 23 de mayo de 2012 no debió suspender el plazo máximo de resolución del procedimiento, suspensión que fue decidida mediante acuerdo de 31 de mayo de 2012 -folio 4722 del expediente-. Y no lo compartimos por cuanto la decisión que refleja este acuerdo aparece motivada de forma bastante pues indica de manera expresa el precepto que habilita la suspensión en tales casos, artículo 37.1.d) de la Ley 15/2007 , y la razón misma que llevó a acordarla, la garantía de la defensa de los intereses de la mercantil que recurrió el acuerdo de confidencialidad, ALGOSUR.

 La afirmación de que dicha motivación es insuficiente obedece entonces al particular criterio de las entidades aquí recurrentes más que a una razón objetiva, por lo que debe rechazarse la pretendida caducidad del procedimiento.

 CUARTO .- Se afirma en la demanda que todo lo actuado en el expediente sancionador es nulo de pleno derecho por aplicación del artículo 62.1.b) de la Ley 30/1992 , de 30 de noviembre, al carecer de competencia la extinta CNC, y después de la CNMC, para instruirlo y resolverlo.

 Y ello por cuanto la misma correspondería al órgano de competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Agencia de Defensa de Competencia de Andalucía, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, ya que las conductas sancionadas no afectarían a un ámbito superior al de una Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado nacional.

 No podemos asumir dicha alegación si se advierte, como pone de manifiesto la resolución sancionadora, que el mercado geográfico afectado alcanza a la Comunidad Autónoma de Murcia "... siendo los hechos constitutivos de la infracción instruida afectatorios al mercado nacional. De ahí las manifestaciones de UPA (escrito de denuncia previa y ampliación de la misma) de INDESA (área de actuación Andalucía y Murcia), siendo las asociaciones sectoriales de carácter nacional y no simplemente autonómico".

 También argumenta la resolución que "... los hechos constitutivos de la infracción afectan al comercio intracomunitario, habiéndose adoptado estos acuerdos en España, siendo por ello la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la mejor situada en Europa para analizarlos...".

 Por lo demás, el informe emitido por el Consejo de Defensa de Competencia de Andalucía de fecha 14 de mayo de 2013, folios 12310 a 12344 del expediente, y no obstante las consideraciones que contiene sobre la conveniencia de reconocer la existencia de dos mercados afectados -producción de algodón bruto y desmotación de algodón-, con eventual incidencia sobre el mercado geográfico, claramente reconoce la afectación al territorio de la Comunidad Autónoma de Murcia, si bien su participación sería muy limitada; y así, al tratar de las consecuencias de la evolución del mercado de producción de algodón en bruto en el mercado conexo del desmotado, indica que "... para la campaña 2005/2006 el algodón bruto desmotado de la Comunidad Autónoma de Murcia representa sólo un 5,2% con respecto del total".

 Entendemos que todo ello pone de manifiesto que el ámbito geográfico de las conductas investigadas no se limita solo al territorio de una comunidad autónoma, lo que justifica la inicial competencia de la CNC y, posteriormente, de la CNMC para conocer de los hechos investigados.

 QUINTO .- Aducen, además, las demandantes que la instrucción es nula de pleno derecho por vulneración del artículo 9.3 de la Constitución al "decidir libre e inmotivadamente en cuales de las entidades incoadas (y no incoadas por entonces) llevar a cabo investigaciones domiciliarias durante los días 9 y 10 de octubre de 2012)" , por cuanto entienden que la Dirección de Investigación debió realizarlas "en la sede de todas (y no de algunas) de las entidades que ya por aquellas fechas habían sido incoadas mediante el acuerdo de fecha 24.02.2012".

 El motivo no puede ser acogido pues es evidente que corresponde a la CNMC -entonces a la CNC- decidir cuáles de las empresas que pudieran estar involucradas en los hechos investigados han de ser objeto de una inspección domiciliaria en atención a su grado de implicación en los mismos y a las posibilidades de intervenir en su sede material de interés para el procedimiento.

 Se trata de una potestad de la Comisión, cuyo ejercicio requiere de la correspondiente autorización judicial que delimite su objeto y su alcance, sin que ninguna razón justifique, por el contrario, que, acordada respecto de una de las empresas, haya de llevarse a cabo también en las sedes de todas las investigadas cuando las concretas circunstancias de unas y otras pudieran ser bien distintas.

 Otro tanto sucede con la afirmación de que se vulnera el artículo 9.3 de la Constitución "... al decidir libremente y mediante acuerdo de fecha 29.05.2013 ampliar la incoación contra 6 de nuestras representadas basándose en cierta y antigua resolución del extinto TDC o en la constitución de una UTE para la campaña 2006/2007 y, sin embargo, alguna de las entidades que fueron sancionadas en el año 1997 o que formaron parte de la UTE no sean perseguidas por la DI". O "... al decidir imputar infracciones por fijación de precios en las campañas 2004/2005-2008/2009 a algunas (y no todas) de las entidades que en aquellos años operaban en el sector de la desmotación de algodón".

 Basta recordar las competencias que la LDC atribuía a la CNC en su artículo 24 -y hoy le asigna a la CNMC la Ley 3/2013, de 4 de junio, en su artículo 5 -, para comprobar que la decisión de incoar el procedimiento frente a una determinada entidad está incluida entre dichas competencias. Lo que, al propio tiempo, evidencia que no les corresponde a las entidades aquí sancionadas, cuya legitimación se agota en la posibilidad de combatir el acuerdo sancionador en la medida en que les alcanza, sin que puedan cuestionar su legalidad por no haber incluido a otras empresas o entidades.

 Y la misma razón conduce a rechazar la infracción del artículo 9.3 de la Constitución , y del artículo 14 que también se invoca, en cuanto a la exención de responsabilidad de ALGODONERA BLANCA PALOMA, decisión expresamente motivada en el acuerdo sancionador. No hay arbitrariedad entonces, ni menos aún discriminación en la medida en que no se ha acreditado la identidad de situaciones.

 SEXTO .- Considera la parte actora que son nulos de pleno derecho los acuerdos de ampliación de la incoación del expediente adoptados con fechas 25 de febrero y 29 de mayo de 2013; los pliegos de concreción de hechos de 18 de abril y 3 de junio de 2013; y la propuesta de resolución de 26 de junio de 2013.

 En particular, sostiene que el dictado de dos sucesivos pliegos de concreción de hechos vulnera lo dispuesto en los artículos 50.3 de la LDC y 33.1 del Real Decreto 261/2008 , pues el primero no contempla la posibilidad de que en un mismo expediente recaigan dos pliegos de concreción de hechos; y el segundo no permite a la Dirección de Investigación que siga instruyendo un procedimiento sancionador cuando ha recaído el referido pliego. De lo cual se seguiría, según la demandante, la nulidad del acuerdo de ampliación de incoación y de la propuesta de resolución.

 Ha de decirse, sin embargo, que tampoco apreciamos en este caso un supuesto de nulidad.

 El artículo 50.3 de la LDC se refiere, en efecto, a que los " hechos que puedan ser constitutivos de infracción se recogerán en un pliego de concreción de hechos que se notificará a los interesados para que, en un plazo de quince días, puedan contestarlo y, en su caso, proponer las pruebas que consideren pertinentes".

 Pero esto no quiere decir que si, como sucedió aquí, se hubiera acordado la ampliación de la incoación a otras entidades y, en consecuencia, formulado nuevo pliego de concreción de hechos, se produzca por ello un supuesto de nulidad cuando se han observado todas las garantías que la Ley establece con el fin de preservar los derechos de las entidades expedientadas, fundamentalmente la posibilidad de hacer alegaciones y presentar pruebas.

 No se acredita ninguna vulneración de derechos determinante de nulidad que, además, se invoca de manera genérica, con la sola mención de los artículos 62 , 127 y 134 de la Ley 30/1992 .

 Ley 30/92 dispone en su artículo 135 , bajo la rúbrica Derechos del presunto responsable , que "Los procedimientos sancionadores garantizarán al presunto responsable los siguientes derechos:

 A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.

 A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes...".

 Y la misma suerte desestimatoria ha de correr la alegación relacionada con el transcurso del plazo máximo establecido para la instrucción del procedimiento en el artículo 28.4 del Real Decreto 261/2008 en relación con el artículo 36.1 de la LDC .

 Establece el primero de estos preceptos que "El plazo de instrucción del expediente será de doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación. El transcurso del plazo máximo de dieciocho meses desde la fecha del acuerdo de incoación del procedimiento sancionador sin que se hubiera resuelto el procedimiento determinará la caducidad del mismo de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 38 de la Ley 15/2007, de 3 de julio ".

 Es claro que lo que determina la caducidad no es el transcurso del plazo máximo establecido para la fase de instrucción del procedimiento, sino del plazo de 18 meses fijado como de duración máxima del procedimiento.

 Este criterio es el que refleja la sentencia de esta Audiencia Nacional de 25 de febrero de 2013 , donde se hacen las consideraciones siguientes:

 "Conforme a estas normas una vez transcurrido el plazo máximo de 18 meses para resolver el procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas sin que haya recaído resolución alguna determinará la caducidad del procedimiento sancionador. El hecho de que la fase de instrucción haya superado en este caso el plazo de instrucción del expediente establecido en el artículo 28.4 del [RDC] (12 meses) no afecta a la caducidad del procedimiento ya que el mismo artículo del citado reglamento a continuación establece que sólo la superación del plazo total de 18 meses determina la caducidad del procedimiento y ello en concordancia con lo establecido en el artículo 38.1 de la Ley 15/2007 que establece la consecuencia de la caducidad sólo para el supuesto en que se supere el plazo máximo de 18 meses desde la incoación del expediente hasta la notificación de la resolución que ponga fin al expediente sancionador. La Dirección de Investigación por tanto ha vulnerado una norma reglamentaria, pero esa infracción del plazo de duración de la instrucción no tiene la consecuencia que pretende el recurrente consistente en la caducidad del procedimiento al no estar prevista en la LDC."

 SÉPTIMO. - A juicio de la parte actora, en el caso de las entidades LAS MARISMAS DE LEBRIJA, AGROQUIVIR, PRODUCTORES DEL CAMPO, LAS PALMERAS, COESAGRO y PINZÓN, se habría producido la prescripción de las infracciones.

 Funda esta afirmación en la circunstancia de que los hechos que se les imputan se concretan en su pertenencia a la UTE que actuó en la campaña 2006/2007, así como en los acuerdos de fijación de precios hasta la campaña 2008/2009, con excepción de PINZÓN, que habría intervenido solo hasta la campaña 2007/2008. Comoquiera que la fecha tope que tuvieron las desmotadoras para entregar la relación de datos correspondientes a la campaña 2008/2009 fue el 15 de febrero de 2009, sin que tras ese día llevaran a cabo ninguna actividad en cuanto a la compra o aprovisionamiento de algodón, y dado que la incoación del expediente se produjo para estas empresas mediante acuerdo de 29 de mayo de 2013, las supuestas infracciones habrían prescrito conforme a lo establecido en el artículo 68.1 de la LDC al haber transcurrido más de cuatro años desde la última infracción hasta el momento de incoación del procedimiento.

 Antes de analizar estos argumentos ha de advertirse que el Abogado del Estado no da respuesta alguna a dicha cuestión, pues únicamente aborda la posible prescripción de las infracciones limitándose a hacer valer el carácter de continuada de la infracción que se imputa para justificar que no ha podido consumarse la prescripción.

 Sin embargo, consideramos que este razonamiento no es eficaz cuando lo que aduce la parte actora es que las seis entidades no realizaron ninguna de las conductas imputadas con posterioridad al 15 de febrero de 2009, circunstancia por lo demás no negada en la contestación a la demanda y que resulta, además, de un atento examen de los hechos declarados probados en la resolución y en la propuesta que la precedió.

 Basta, en cualquier caso, comprobar la relación de imputaciones y responsabilidades que refleja el fundamento sexto de los hechos probados para constatar que la última campaña objeto de imputación de las referidas entidades fue la de 2008/2009.

 Por tanto, de admitir que los actos constitutivos de las respectivas infracciones no podían haberse producido después del 15 de febrero de 2009, como sostiene la parte actora, y resultando acreditado que dichas entidades se incorporaron al expediente sancionador como consecuencia de su ampliación operada por acuerdo de 29 de mayo de 2013 - antecedente de hecho decimotercero-, forzoso será concluir que se habría producido, en efecto, la prescripción invocada.

 Es determinante entonces comprobar que las campañas finalizan en el mes de febrero, y que a partir de entonces no se realiza actividad alguna de adquisición o aprovisionamiento de algodón por las desmotadoras hasta la campaña siguiente.

 A estos efectos, se remite la parte demandante a la fecha tope para entrega de datos en la campaña 2008/2009 que resulta de los documentos obrantes a los folios 15445 a 15492 del expediente, y en los que consta que dicha fecha era, precisamente, el 15 de febrero de 2009 -si bien destaca que las seis entidades citadas pusieron fin a esa campaña antes, en las fechas que indica para cada una de ellas, todas anteriores al inicio del año 2009-.

 Pues bien, las "Normas para el control en factorías desmotadoras ayuda específica al cultivo del algodón ayuda específica al fomento de la calidad del algodón" -folios 15445 y siguientes- dedican su apartado 3.2 a la "Realización de las entregas" ; y, dentro del mismo, el subapartado 1, sobre "Plazos", establece que "Los cultivadores de algodón podrán entregar sus cosechas en las factorías autorizadas, en el período de recepción de algodón y en las condiciones establecidas en las disposiciones vigentes. En este sentido, el artículo 16.5 del Real Decreto 202/2012 determina que las entregas de algodón se podrán realizar a las desmotadoras autorizadas entre el 1 de septiembre y el 31 de enero".

 Por su parte, el Real Decreto 1470/2007, de 2 de noviembre, sobre aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, dispone en su artículo 76 , sobre "Cálculo de la ayuda" , lo siguiente:

 "1. El importe global de la ayuda será del 10 por ciento del límite máximo correspondiente a este sector, dentro del límite nacional establecido en el artículo 41 del Reglamento (CE ) nº 1782/2003 del Consejo de 29 de septiembre. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá, una vez recibidos los datos correspondientes de la comunidades autónomas según lo establecido en el artículo 102, una ayuda unitaria de referencia que será igual para toda la superficie de algodón cuya producción cumpla los requisitos mínimos establecidos, sin perjuicio de que la comunidad autónoma pueda aplicar los criterios de diferenciación mencionados en el punto 3 del artículo 75. 2. Antes del 15 de febrero del año siguiente al de la solicitud, las desmotadoras que participen en el régimen de ayudas enviarán a la autoridad competente de la comunidad autónoma en la que fue reconocida, una relación de todos los productores que hayan efectuado entregas en el que se recojan, para cada uno de ellos, el total de kilos entregados de cada una de las categorías establecidas por la comunidad autónoma donde radique la explotación del productor".

 Ha de decirse que no existe en el pliego de concreción de hechos ninguna imputación dirigida a estas entidades que sea de fecha posterior a la indicada de 15 de febrero de 2009.

 Sí consta, por el contario, que las entidades AGROQUIVIR, PRODUCTORES DEL CAMPO, LAS PALMERAS, COESAGRO y PINZÓN cesaron en su actividad de desmotado de algodón en el año 2009 con la creación de COALSA en ese mismo año -apartados 3.9 a 3.13 de los antecedentes del pliego de concreción de hechos-; y que la entidad LAS MARISMAS DE LEBRIJA fi rmó un contrato de arrendamiento de su máquina desmotadora con COALSA también en 2009.

 Constituye todo ello, a juicio de esta Sala, una prueba suficiente de que todas estas entidades cesaron en su actividad de adquisición o aprovisionamiento de algodón bruto para llevar a cabo la actividad de desmotado antes de la referida fecha de 15 de febrero de 2009, en que terminó la campaña 2008/2009. Téngase en cuenta que las conductas que se les imputan consisten en la adopción de acuerdos de fijación, directa o indirecta, de precios, concretamente de correcciones de precios por calidad, de previos de anticipo o de salida, y por su participación en la UTE que solo actuó en la campaña 2006/2007.

 Por tanto, es obligado admitir que se ha producido la invocada prescripción por efecto de lo dispuesto en el artículo 68 de la LDC al haber transcurrido más de cuatro años desde que, supuestamente, se cometieron las infracciones que se atribuyen a estas entidades, y hasta que se acordó incoarles el correspondiente procedimiento -lo que tuvo lugar, mediante ampliación del procedimiento ya iniciado, el 29 de mayo de 2013-.

 Ha de insistirse en que sobre esta concreta cuestión no se pronuncia la contestación a la demanda, que argumenta acerca de la prescripción con carácter general y en atención a la condición de infracción única y continuada, no por razón del tiempo transcurrido entre el cese de actividad de estas entidades en particular -a causa del fin de la campaña de 2009, como hemos expuesto-, y la fecha de ampliación del procedimiento sancionador que supuso su incorporación al mismo en mayo de 2013.

 OCTAVO .- En cuanto a la prescripción de la infracción imputada a COMALSA -y, solidariamente a AGRÍCOLA CONAGRALSA- por los acuerdos de precios de las campañas 2006 a 2010, que extiende a AEDA y DAFISA para llegar a afirmar que "... cualquier hecho que hubiese sido cometido antes del 24.02.2008 por DAFISA o antes del 25.02.2009 por AEDA, COMASA, y AGRÍCOLA CONAGRALSA se encontraría, en todo caso, prescrito", entendemos que debe analizarse al mismo tiempo que el motivo según el cual la infracción no tendría el carácter de única y continuada, ni se habría acreditado la existencia de un acuerdo en sentido estricto, lo que conecta la demanda con la infracción del artículo 1 de la LDC .

 En definitiva, cuestiona la parte recurrente la prueba en la que se sustenta la imputación de los acuerdos sobre precios, de la existencia de un plan preconcebido de actuación y de la prolongación en el tiempo de tales conductas, suponiendo que las infracciones aisladas respecto de las cuales hubiera transcurrido el plazo legal se encuentran prescritas.

 Sin embargo, la prueba acopiada en el expediente administrativo desmiente, como veremos a continuación, tales alegaciones, y permite constatar que las entidades que agrupa la parte actora han intervenido en la comisión de los hechos que se les imputan.

 Es preciso destacar, con carácter previo, el papel de AEDA en el sector, que se refleja en el pliego de concreción de hechos.

 Indica éste en sus apartados 81 y siguientes que "AEDA (AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE DESMOTADORAS DE ALGODÓN) es una asociación privada, sin ánimo de lucro, que se constituyó en 1998 y cuyos estatutos fueron modificados con fecha 29 de abril de 2008. (82) Su papel es representar y defender los intereses generales del sector desmotador español, tanto ante las administraciones españolas como ante los organismos de la UE, y proporcionar a sus asociados toda clase de información sobre los asuntos relacionados con su actividad". (83) La Agrupación desarrolla su actividad a escala nacional. (84) Dentro de la Agrupación, se establecen dos clases distintas de socios23: Socios activos, que son las personas físicas o jurídicas titulares de entidades desmotadoras de algodón legalmente establecidas y con actividad de desmotación efectiva o que mantengan la actividad a través de acuerdos empresariales con entidades desmotadoras Socios inactivos, que son las personas físicas o jurídicas, que sean o hayan sido titulares de entidades desmotadoras de algodón, y que estén dadas de baja en la actividad o carezcan de actividad de desmotación. Los socios en activo son: COMASA, ALGOSUR, COALSA, DAFISA e INDESA".

 Pues bien, en el mismo pliego de concreción de hechos (apartado 186) se alude a la existencia de un correo electrónico recabado en las sedes de COALSA y de AEDA, por el cual el Sr.          Florian , directivo de COALSA y entonces secretario de AEDA, informa con fecha 18 de septiembre de 2010 a otros directivos de la empresa COALSA sobre el desarrollo de las reuniones mantenidas con otras desmotadoras. Bajo el asunto "REUNIÓN CASTILLO Y OTRAS DESMOTADORAS" se indica que (folios 7968 y 9157):

 "Para informar a los que están "de vacaciones o de Feria": como sabéis ayer tuvimos dos reuniones: - Primero nos vimos con            Joaquín ,            Marcial ,            Obdulio y yo (no estuvo presente            Sabino de Dafisa, pero me llamó antes (...)", di rectivos correspondientes a las empresas ALGOSUR, INDESA, COALSA y DAFISA.

 Literalmente se decía en el correo que "A continuación se incorporó            Jose María y            Carlos Francisco - directivos correspondientes de COALSA y SURCOTTON-EUROSEMILLAS- para concretar los temas de campaña. Después de las típicas echadas en cara de lo que había hecho fulano y mengano en tal sitio (el tema estaba caliente con las Lomas en Cádiz, Dafisa que ha tocado a Tepro" y los líos de Indesa), que parecía que todo se iba al carajo y cada uno por su lado, se calmó la cosa y fuimos al grano. Hemos quedado:

 Anticipo: 60 ptas/kg más IVA. Coalsa hemos dicho Grado 4,5 Husillos y 5 Stripper. Eurosemillas dicen que ponen grado 5 a todo. Algodón de Stripper rendimiento máximo 29 %. Aplicamos la hoja de compensación de puntos H-1 75 con descuento en rendimiento. El transporte sólo el directo a factoría: la tablilla que teníamos Coalsa del año pasado se lo pagamos al agricultor directamente pero no lo metemos en la liquidación del anticipo, sino al final campaña (Nov-Dic).[...]"

 También se refiere el pliego (apartado 187) a las anotaciones realizadas a mano en la carpeta de actas "Actas 2008- 2012" recabada en el curso de la inspección del despacho del Sr.          Florian , Presidente de AEDA hasta julio de 2012, y situadas a continuación de la copia del "Acuerdo sectorial sobre el proceso de reestructuración del sector desmotador en el ámbito del reglamento CE n° 1145/2008" realizado en el seno de una reunión de AEDA, celebrada el 11 de marzo de 2009.

 Tales anotaciones recogen una serie de cálculos para determinar el precio del algodón, y en las que se llega a la conclusión de que "... será de 44 pts/kg condicionado a que la fibra alcance un determinado valor. Asimismo se hace mención a "Anticipo de hace 2 años: 35 pts/kg" y más adelante, tras una serie de cálculos, la anotación "46 PB, 28 cts ¤." (Folios 6808 a 6809).

 La Dirección de Investigación hace un análisis de las facturas, de los contratos y de los anexos a los contratos referentes a correcciones de precio por calidad y a precios de transporte aportados por las empresas, y de ello concluye de manera razonada que se ha producido, efectivamente, la aplicación de las condiciones sobre precios de anticipo, correcciones y portes acordadas para determinadas campañas.

 Así, alude a la existencia de un correo electrónico del 20 de septiembre de 2010 en el que se intercambia información de precios de transporte para la campaña 2010/2011, entre COALSA y DAFISA, que acreditaría el intercambio de información relativa a precios de transporte para la campaña 2010-2011 al menos entre estas empresas (folio 8895). Y que es de este tenor literal:

 "Hola            Sabino , buenos días: Según lo que te he comentado esta mañana los precios que hemos quedado para el transporte de algodón

 TRAMO KMS erío PTAS/KG

 0-20 14,40 2.40

 21-40 16 2,50

 41-60 17,25 2,87

 61-80 18,50 3,08

 81-100 19,75 3,29

 101-120 21 3,49

 121-140 22.20 3,69

 141-160 24 4

 SUPERIOR A NEGOCIAR.

 Saludos".

 Además, se acredita que los precios de dicha tabla de transportes transmitidos fueron aplicados por la empresa COALSA en su mayoría, tal y como resulta del folio 9795.

 Indica especialmente la DI que "Para la empresa DAFISA no se ha podido constatar puesto que en las respuestas al requerimiento de información realizado por esta Dirección de Investigación la empresa señalaba que a partir de 2006 los contratos eran verbales".

 La afirmación, recogida en el apartado 5.1.4 del pliego, según la cual se consensuaron y difundieron contratos tipo referentes a tablas de corrección de precios de algodón bruto por calidad y precios de portes, aparece contrastada con diversos correos electrónicos enviados por AEDA:

 " En correo electrónico de fecha 15 de septiembre de 2004, y asunto "CONTRATO DEFINITIVO" la entonces presidenta de AEDA, Sra.            Jacinta , difunde entre los asociados, el contrato tipo a utilizar durante la campaña 2004/2005, al que se anexan una tabla de precios de portes y una tabla de correcciones por calidad (folios 9041 a 9049). Estas correcciones afectan directamente al precio percibido por el agricultor, al corregir el precio que inicialmente se pagaría en función de la humedad y las impurezas que presenta el algodón bruto, así como por el grado y el color del mismo".

 Y, a continuación, se transcriben las tablas difundidas.

 Por otra parte, aunque las explicaciones facilitadas por las empresas desmotadoras sobre el cálculo de los precios de anticipo del algodón bruto son diferentes, tal y como se expone en el apartado 5.1.5 del pliego de concreción de hechos, con referencia a las manifestaciones ofrecidas sobre el particular por cada una de las empresas afectadas e indicación de los folios del expediente en los que constan tales manifestaciones, las conclusiones que recoge en su apartado 5.1.6 se asientan sobre la evidencia que proporcionan las referidas facturas, contratos y anexos a los contratos.

 En este punto, alude en primer término a la campaña 2006/2007, y dice que "Del análisis de los contratos aportados por las empresas desmotadoras, se desprende que el valor de los anticipos aplicados en las fechas de inicio de la campaña 2006/2007 de los que se dispone de datos, es igual a 21¤/10088kgs89: COMASA (folios de 11056 a 11067), ALGOSUR (folios 9960 a 9995 -para la UTE- y folios 9996 a 10031 en relación a la empresa, pagando 0,3005 ¤/kg), EUROSEMILLAS (folios de 10610 a 10634) y SURCOTTON (folios de 10923 a 10936)".

 En cuanto a la campaña siguiente -2007/2008-, advierte que "Del análisis de los contratos aportados por las empresas desmotadoras, se desprende que el valor de los anticipos en las fechas de inicio de la campaña 2007/2008 es igual a 27¤/100kgs, es decir, 45 ptas./kg, como se recogía en las actas del apartado 5.1.2. Se observa que en noviembre de 2007 algunas de las empresas que han presentado los contratos cambian de precio, incluso el mismo día, pagando 33¤/kg. Los folios donde constan estos contratos son los siguientes: ALGOSUR para los algodones que no son de variedad INTERCOTP 1 (folios 10032 a 10068), LAS MARISMAS (folios 11613 a 11654), AGROQUIVIR (folios 11579 a 11602), LAS PALMERAS (folios 11394 a 11420), PRODUCTORES DEL CAMPO (folio 11371 a 11391), EUROSEMILLAS (folios 10635 a 10659), SURCOTTON (folios 10937 a 10961). Los contratos de la empresa INDESA comienzan en noviembre (folios 11206 a 11221), pagando como anticipo 0,3304 ¤/kg y presentando contratos con valores de anticipo más diversos, y COMASA pagó un anticipo de 0,30 ¤/kg en septiembre, y todos los posteriores ascendieron a 0,3300 ¤/kg (folios 11071 a 11091)".

 Por lo que se refiere a la campaña 2009/2010, declara que, a la vista de las facturas facilitadas por las empresas desmotadoras, "... el valor de los anticipos en la campaña 2009/2010 es idéntico, e igual a 0,2100 ¤/kg, es decir, 34,88 ptas/kg salvo en el caso de COALSA, en el que en algunas facturas es idéntico y en otra varía a partir del 3° decimal. Los folios donde constan estas facturas son los siguientes: ... DAFISA (folios 1675 a 1686), COALSA (folios 1816 a 1827... ".

 Destaca en este caso que resulta especialmente relevante el hecho de que la primera fecha de entrega de algodón para tres desmotadoras (ALGOSUR, EUROSEMILLAS Y SURCOTTON) fuera el mismo día, el 21 de septiembre de 2009; que todas las partidas entregadas ese día fueron valoradas con un anticipo de 0,21 ¤/kg; y que las partidas que se empezaron a entregar posteriormente, también.

 En relación a la campaña 2010/2011, pone de manifiesto que " Del análisis de las facturas facilitadas por las empresas desmotadoras se desprende que el valor de los anticipos en la campaña 2010/2011 comenzó en septiembre siendo idéntico para todas las empresas desmotadoras menos para COMASA hasta el 3° decima, siendo igual a 0,360¤/kg de algodón bruto, lo que equivale a 60 ptas./kg ALGOSUR (folios 1151 a 119198) INDESA (folios 1609 a 162099), EUROSEMILLAS (folios 3731 a 3730), SURCOTTON (folios 3838 a 3885), DAFISA (folios 1718 a 17321)....". Dice también que "En lo que se refiere a los anexos del contrato tipo que afectan a las correcciones de precio por calidad, así como los precios de los portes (éstos últimos sólo para las campañas 2004/2005 y 2005/2006), éstos fueron aplicados efectivamente por parte de las empresas: ... COALSA desde la campaña 2009/2010, primera en la que operó como tal (folios 9792, 9794, 9796, 9798, 9800),... DAFISA (folios 10151-10228) y COMASA (folios 11056 a 11119 y 11196 a 11203), de los que se acredita su aplicación desde la campaña 2006/2007 a 2009/2010 por haber eliminado los contratos de 2004/2005 y 2005/2006 de sus archivos...".

 Hay mención expresa a los anexos del contrato tipo que afectan a las correcciones de precio por calidad, así como los precios de los portes (éstos últimos sólo para las campañas 2004/2005 y 2005/2006), señalando el pliego (apartado 220) que "... éstos fueron aplicados efectivamente por parte de las empresas: ... DAFISA (folios 10151-10228) y COMASA (folios 11056 a 11119 y 11196 a 11203), de los que se acredita su aplicación desde la campaña 2006/2007 a 2009/2010 por haber eliminado los contratos de 2004/2005 y 2005/2006 de sus archivos".

 Por otra parte, se acredita que en las campañas de algodón comprendidas entre 2010/2011 y 2011/2012 existieron contactos frecuentes entre las empresas desmotadoras COALSA, ALGOSUR, INDESA, SURCOTTON, EUROSEMILLAS y DAFISA referentes a las cantidades de algodón recepcionadas por cada una de ellas, y así, y en cuanto a la campaña 2010/2011, alude la DI a las anotaciones de una reunión de personal directivo de COALSA de fecha 18 de octubre de 2010 en la cual se relacionan las empresas desmotadoras activas en esa campaña, con indicación de la cantidad recibida en cada una de ellas a fecha 14 de octubre de 2010, en plena campaña del algodón (contenido del folio 8387, nota escrita a mano pero que permite apreciar con claridad la referencia a la reunión de AEDA y ADESUR, con expresa mención a COALSA y a DAFISA, a la que se asigna la cantidad de 260.000kgs/día).

 En relación a la campaña 2011/2012, la realidad de los acuerdos se plasma en el correo electrónico de fecha 14 de octubre de 2011, cuyo asunto era "REUNIÓN DE HOY AEDA-ADESUR", y en el cual se comunica a directivos de COALSA un resumen de la reunión mantenida entre los responsables de las empresas desmotadoras DAFISA, ALGOSUR, INDESA, EUROSEMILLAS-SURCOTTON y COALSA (folio 7978). En él, de manera muy gráfica, se dice lo siguiente:

 "[...] Como resumen de la reunión a la que hemos asistido:            Sabino ,            Joaquín ,            Marcial ,            Carlos Francisco ,            Ismael ,            Leonardo ,            Nicanor y yo. El tono de la reunión ha sido bueno y distendido (se ve que tenemos la panza llena de algodón), nos han pegado algún tirito porque llevamos mucho algodón en Coalsa. En cuanto al reparto de Kilos entrados hasta ayer en factoría más o menos cuadran los que ha dicho cada uno:

 Dafisa 12.800 Tm, Surcotton 15.000 Tm, Ecija 10.000 Tm, Algosur 29-30.000 Tm, Indesa 16.000 Tm, Coalsa 30.000 Tm y Las Lomas 3-4.000 Tm (no ha venido). En los almacenes se ha comentado que pueden haber 15-16.000 Tm en total.[...]".

 Por último, en el pliego de concreción de hechos se concreta la prueba inculpatoria en relación al cierre del mercado y a la voluntad conjunta de impedir su apertura a la empresa desmotadora LA BLANCA PALOMA. Cabe destacar en este punto, y entre otras pruebas a las que alude la Dirección de Investigación, que, con fecha 26 de julio de 2011, el Presidente de AEDA, remitió un correo electrónico con asunto "CONVERSACION CON          Encarnacion ", entre otros destinatarios, "...          Joaquín ALGOSUR ..." con este contenido:

 "Hola, buenas tardes:

 Esta mañana he hablado con          Encarnacion :

 (...)

 - En relación a Blanca Paloma me ha comentado que          Marina - entonces la Secretaria General del Medio Rural y la Producción Ecológica de la CAP- va a convocar a todo el sector (Organizaciones, Faeca, Aeda, Adesur y a cada una de las desmotadoras) para presentar Aforo de Producción y decidir si es necesaria o no la apertura de Blanca Paloma. La reunión está prevista para el día 12 de Agosto a las 13:00 horas. Os convocarán directamente. Creo que es importante si para el aforo de producción os piden opinión no decir una barbaridad de kilos que les den argumento para la autorización de Blanca Paloma. Saludos".

 La prueba descrita, que no es sino una parte de toda la que recoge el expediente y toma en consideración la CNMC para entender acreditada la responsabilidad de las entidades ahora recurrentes, permite concluir a esta Sala, en el ejercicio de las potestades sobre libre valoración de la prueba que le son propias, que la resolución sancionadora tiene una base fáctica suficiente; especialmente si se advierte que la prueba propuesta por la actora en su escrito de demanda, admitida en su totalidad, se limitaba a la "Documental consistente en todos y cada uno delos folios obrantes en el expediente. Así como el documento que se acompaña junto a este escrito", haciendo este último referencia a la relación de entidades autorizadas para participar en la campaña de algodón 2011/2012.

 Y ello determina, a su vez, que no hayan prescrito las conductas al tener la infracción el carácter de única y continuada y acreditarse la prolongación en el tiempo de las conductas infractoras. Declara en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 15 abril 2013, recurso núm. 1059/2010 , lo siguiente:

 "El quinto motivo de casación, fundamentado en la infracción del artículo 12 de la Ley de Defensa de la Competencia , no puede ser acogido, en cuanto compartimos el criterio de la Sala de instancia de que tratándose de una infracción continuada, al concurrir los presupuestos establecidos en el artículo 4.6 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto , por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, de realización de una pluralidad de acciones derivadas de la ejecución de acuerdos adoptados por la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, que infringen el mismo precepto, que prohíbe los pactos restrictivos de la competencia, y que responden a una estrategia empresarial concertada, no cabe apreciar que se haya producido prescripción de la infracción, en cuanto las conductas ilícitas han perdurado en el tiempo y no han cesado en el momento de incoación del expediente sancionador por el Servicio de Defensa de la Competencia".

 Como recordamos en sentencia de esta misma Sala de la Audiencia Nacional de 26 de mayo de 2016, recurso núm. 496/2013 (asunto Coches de alquiler ), el Tribunal de Justicia de la UE ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de la prolongación en el tiempo de las conductas infractoras y sobre su posible tipificación como infracción continuada con las consecuencias que ello arrastra en cuanto a la prescripción, para lo cual parte, como presupuesto ineludible, de la existencia de un plan único de actuación conjunta de las distintas entidades implicadas, que es, precisamente, lo que se habría acreditado en el caso de autos conforme a lo que hemos expuesto.

 Puede citarse como manifestación de dicha doctrina la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2012, Asunto Verhuizongen Coppens, C- 441/11 , apartado 41, en el que se indica que "Según reiterada jurisprudencia, una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, actualmente 101.1 del TFUE , puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto (sentencias Comisión/Anic Partecipazioni, antes citada, apartado 81, así como de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Rec. p. I-123, apartado 258)".

 Por su parte, el Tribunal General, sin perjuicio, obviamente, de aplicar esta jurisprudencia, ha puntualizado los siguientes extremos:

 - En la sentencia de 6 de febrero de 2014, asunto T-27/10 AC- Treuhand AG, apartados 240 y 241, señala que no puede identificarse de forma genérica el concepto "objetivo único", que subyace en el plan conjunto de las empresas implicadas, con la simple distorsión de la competencia, pues ese es el presupuesto de la calificación de la práctica como anticompetitiva.

 Esa interpretación tendría como consecuencia, que varios comportamientos relativos a un sector económico, contrarios al artículo 81 CE , apartado 1, deberían calificarse sistemáticamente como elementos constitutivos de una infracción única (sentencia del Tribunal de 30 de noviembre de 2011, Quinn Barlo y otros/Comisión, T-208/06 , Rec. p. II-7953, apartado 149, y la jurisprudencia citada).

 Por ello, debe siempre verificarse el grado de complementariedad de los distintos comportamientos que integran la infracción única.

 A este respecto, habrá que tener en cuenta cualquier circunstancia que pueda demostrar o desmentir dicho vínculo, como el período de aplicación, el contenido (incluyendo los métodos empleados) y, correlativamente, el objetivo de los diversos comportamientos de que se trata (sentencia de 28 de abril de 2010, del Tribunal General, asunto T-446/05 Amann &amp; Söhne y Cousin Filterie/Comisión, apartado 92, y la jurisprudencia citada en la misma).

 - La sentencia de 17 de mayo de 2013 Asunto T-147/09 Trelleborg Industrie, apartados 59 y ss, precisa que:

 a) En el marco de una infracción que dura varios años, no impide la calificación de infracción única el hecho de que las distintas manifestaciones de los acuerdos se produzcan en períodos diferentes, siempre que pueda identificarse el elemento de unidad de actuación y finalidad.

 b) De acuerdo con una práctica jurisprudencial constante se han identificado una serie de criterios que ayudan a calificar una infracción como única y continuada, a saber: la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos y servicios, de las empresas participantes, y de las formas de ejecución, pudiéndose tener en cuenta, además, la identidad de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas implicadas y la identidad del ámbito de aplicación geográfico de las prácticas consideradas.

 c) La Comisión puede, en consecuencia, presumir la permanencia de una empresa durante todo el período de duración del cártel, aunque no se haya acreditado la participación de la empresa en cuestión en fases concretas, siempre que concurran los elementos suficientes para acreditar la participación de la empresa en un plan conjunto con una finalidad específica, que se prolonga en el tiempo. La consecuencia inmediata de ello, es que el "dies a quo" del plazo de prescripción, se computa a partir del cese de la última conducta.

 Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad conferida a la empresa implicada de desvirtuar esta presunción.

 Dicha doctrina ha sido plenamente asumida por esta Sala de la Audiencia Nacional en las Sentencias de 15 de julio de 2014 (recursos nº 150/2013 y 176/2013 , asuntos Torres Epic y Tepol ). Y, más recientemente, en la citada sentencia de 26 de mayo de 2016, recurso núm. 496/2013, asunto Coches de alquiler .

 NOVENO .- Lo antes expuesto en torno a la prueba del boicot a la ALGODONERA LA BLANCA PALOMA ha de servir para entender justificada también esta imputación.

 En cualquier caso, lo resuelto en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2012 , a la que se refiere la parte recurrente, no enerva esa imputación.

 Una atenta lectura de dicho pronunciamiento revela que el Tribunal Supremo se limitó entonces a enjuiciar la legalidad de la disposición adicional única del Real Decreto 169/2010, de 19 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en el marco del Programa nacional de reestructuración para el sector del algodón, que había sido impugnada en recurso directo por la misma ALGODONERA LA BLANCA PALOMA.

 Y, tras las consideraciones que refleja, concluye que "La pretensión de que se declare la nulidad de pleno derecho de la disposición adicional única del Real Decreto 169/2010, de 19 de febrero, basada en la conculcación del principio de igualdad en el ámbito del Derecho Subvencional, sancionado en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones , no puede prosperar, porque estimamos que la desigualdad de trato entre las plantas desmotadoras, a los efectos de poder ser partícipes del régimen de ayudas implantado por los Reglamentos Comunitarios 637/2008 y 1145/2008, no es discriminatoria, ya que se justifica en datos y criterios objetivos, según se puso de manifiesto en la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de septiembre de 2006 ( C-410/04 , FJ 131), tendentes a promover el equilibrio entre las fases de producción y transformación del algodón, consecuencia de la aplicación de los programas de reestructuración, y garantizar la viabilidad de las empresas titulares de plantas de desmotado que permanezcan activas tras el mismo, en aras de utilizar eficazmente los fondos comunitarios limitados".

 La eficacia de cosa juzgada que deriva de tal pronunciamiento se agota en el objeto mismo del recurso, es decir, en la declaración de que la disposición adicional allí recurrida no es contraria a la Ley. Pero no puede extenderse a las conductas de cierre de mercado o de boicot que aquí se imputan -y se acreditan, en los términos que hemos destacado antes- a las entidades recurrentes, y ello no obstante las restricciones o limitaciones que para la mercantil ALGODONERA LA BLANCA PALOMA pudieran seguirse de la aplicación de la disposición adicional única del Real Decreto 169/2010, de 19 de febrero, cuya legalidad sancionó el Tribunal Supremo.

 En suma, la justificación suficiente de los hechos en que se sustentan las infracciones sancionadas por la CNMC, que evidencian también la concurrencia del imprescindible elemento subjetivo, pues solo dentro del plan conjunto a que aludíamos antes puede concebirse su comisión, llevan al convencimiento de que se ha cometido, en efecto, la infracción única y continuada que se imputa, lo que determina, a su vez, que no haya operado la pretendida prescripción, a salvo lo ya dicho en el fundamento de derecho séptimo respecto de las entidades LAS MARISMAS DE LEBRIJA, AGROQUIVIR, PRODUCTORES DEL CAMPO, LAS PALMERAS, COESAGRO y PINZÓN.

 DÉCIMO .- Denuncia la parte demandante la infracción del artículo 128.2 de la Ley 30/1992 , de 30 de noviembre, en relación con el artículo 63.1 de la Ley 15/2007 , al cuantificar el importe de la sanción impuesta precisamente a LAS MARISMAS DE LEBRIJA, AGROQUIVIR, PRODUCTORES DEL CAMPO, LAS PALMERAS, COESAGRO y PINZÓN.

 Es obvio que la estimación del recurso respecto de dichas entidades hace innecesario abordar dicha alegación.

 En el apartado siguiente de la demanda (XIII) se alude a la infracción de los mismos preceptos por otra razón: la Ley más beneficiosa para AGRÍCOLA CONAGRALSA sería la derogada Ley 16/1989, y no la Ley 15/2007, pues en la primera no existe un precepto como el artículo 63.1 de la vigente Ley de Defensa de la Competencia que pudiera posibilitar la sanción de la empresa matriz.

 Sin embargo, es lo cierto que el artículo 8 de la Ley 16/1989, de 17 de julio , bajo la rúbrica "Corresponsabilidad de las empresas controladoras que ejercen influencia dominante" , establecía que "A los efectos de la aplicación de esta Ley, se entiende que las conductas de una empresa previstas en la misma, son también imputables a la empresa que la controla, cuando el comportamiento económico de aquélla es determinado por ésta" , control que cabe presumir y determinación del comportamiento que puede deducirse del hecho de que AGRÍCOLA CONAGRALSA, S.A., posee el control del 100% de la empresa INVERSORA Y COMERCIAL, S.L., sociedad de cartera que, a su vez, controla el 100% de varias empresas, entre ellas COMASA (apartados 79 y 80 del pliego de concreción de hechos, según Información extraída del registro mercantil y de información aportada por la empresa, folio 5173 expediente administrativo).

 UNDÉCIMO .- Por último, sostienen las demandantes que se ha vulnerado el artículo 10.2 de la Ley 16/1989 al haberse incurrido en un error de cálculo pues la suma de las cuotas de mercado asignadas a las entidades sancionadas en la resolución asciende al 123,65% cuando, lógicamente, no podría superar el 100%.

 Afirman por ello que, de haberse calculado las cuotas de mercado correctamente, las cuantías de las multas impuestas serían inferiores.

 Tampoco puede ser acogida esta alegación si se repara en que, como refleja la propuesta de resolución en su página 174 (folio 15201) al tratar de la cuota de mercado de cada empresa desmotadora, para el cálculo de la misma se han tenido en cuenta los kilogramos desmotados por cada una de ellas sobre el total de kilogramos desmotados en el mercado en la campaña última campaña disponible, 2011/2012, de conformidad, por otra parte, con lo dispuesto en el artículo 10 invocado que se refiere, precisamente , al volumen de ventas correspondientes al ejercicio económico anterior a la resolución del Tribunal (la Comisión).

 La aplicación de este criterio determina la corrección de los porcentajes indicados en la resolución, que sí sumarían el 100% del mercado: ALGODONERA DEL SUR,S.A. (ALGOSUR) tenía en dicha campaña una cuota de mercado del 22,32%, COLECTIVO ALGODONERAS DEL SUR DE ANDALUCÍA, S.L. (COALSA) del 26,59%, DESARROLLO Y APLICACIONES FITOTÉCNICAS, S.A. (DAFISA) del 12,19%, EUROSEMILLAS S.A. del 8,5%, INDUSTRIA DESMOTADORA ANDALUZA, S.L. (INDESA) del 16,40%, SURCOTTON S.A. del 9,94% y COMPLEJO AGRÍCOLA S.A. (COMASA) del 4,09%.

 Por otra parte, y en cuanto a las cuotas de mercado de las cooperativas socias de COALSA, la última campaña en la que todas ellas desmotaron algodón fue la 2007/2008.

 Las cuotas de mercado recogidas fueron para cada una de ellas: LAS MARISMAS DE LEBRIJA (5,60%), LAS PALMERAS (4,69%) PINZON (0,52%), COESAGRO (2,41%), PRODUCTORES DEL CAMPO DE ALCALÁ DEL RIO, (3,37%) y AGROQUIVIR (TRAJA NO ) (6,72%).

 No existe, en definitiva, el pretendido error de cálculo, lo que determina que haya de rechazarse también este último motivo al existir una justificación suficiente y no desvirtuada de contrario del importe de las multas.

 DECIMOPRIMERO .- No procede hacer especial imposición de las costas causadas en esta instancia atendido el pronunciamiento parcialmente estimatorio del fallo y lo establecido al respecto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .

 VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

 1-. Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª María del Coral Lorrio Alonso en nombre y representación de Las Marismas de Lebrija, Sociedad Cooperativa Andaluza; AGROQUIVIR, Sociedad Cooperativa Andaluza de Segundo Grado; Las Palmeras, Sociedad Cooperativa Andaluza; Sociedad Cooperativa Andaluza de Productores del Campo de Alcalá del Río; Cooperativa Andaluza Ecijana de Servicios Agropecuarios (COESAGRO); y Pinzón S.C.A. "En liquidación"; contra la resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, resolución que se anula en lo relativo a las sanciones impuestas y a los demás pronunciamientos que en la misma se contienen respecto de las citadas entidades, al ser en tales extremos contraria a Derecho.

 2.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª María del Coral Lorrio Alonso en nombre y representación de Agrupación Española de Desmotadoras de Algodón (AEDA); Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas (DAFISA); Colectivo Algodoneras del Sur de Andalucía (COALSA); Complejo Agrícola S.A.U. (COMASA); y Agrícola CONAGRALSA, S. L.; contra la referida resolución, por ser la misma ajustada a Derecho en sus pronunciamientos sobre las mencionadas entidades.

 Sin hacer expresa im posición de costas.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su notificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 20/11/2017 doy fe.