Id. Cendoj: 28079230062018100170
ECLI: ES:AN:2018:1337
ROJ: SAN 1337/2018
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 19/03/2018
Nº de Recurso: 751/2015
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: JOSE GUERRERO ZAPLANA
Procedimiento: Procedimiento ordinario
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000751 / 2015

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 06806/2018

 Demandante: GONZÁLEZ BYASS S.A.

 Procurador: DÑA. CONSUELO RODRÍGUEZ CHACÓN

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a diecinueve de marzo de dos mil dieciocho.

 VISTO por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, el recurso contencioso-administrativo núm. 751/2015, promovido por el Procurador de los Tribunales D. CONSUELO RODRIGUEZ CHACÓN, en nombre y en representación de GONZALEZ BYASS S.A ., contra la Resolución de la CNMC de fecha 8 de octubre de 2015, mediante la cual se impone a BODEGAS GONZÁLEZ BYASS, S.A. la multa de 730.960 ¤; dicha resolución se dicta en ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2015 (recurso 1531/2013 ) por la que se estima parcialmente el recurso interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de marzo de 2013 (recurso 535/2010 ) dictada como consecuencia del recurso interpuesto por la empresa BODEGAS GONZÁLEZ BYASS S.A. (GB) en relación con la Resolución del Consejo de la extinta Comisión Nacional de la Competencia de 28 de julio de 2010 (Expediente S/0091/08).

 Ha sido parte en autos la Administración demandada representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO. - Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizase la demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que entendió oportunos solicitó a la Sala que dicte sentencia por la que se declare:

 (i) De manera principal, la nulidad de pleno derecho de la Resolución de la CNMC de 8 de octubre de 2015;

 (ii) De manera subsidiaria, la invalidez de la Resolución de la CNMC de 8 de octubre de 2015 en cuanto a la cuantía de la sanción, ordenándose la imposición de la sanción en su grado mínimo.

 SEGUNDO. - El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitó se dicte sentencia por la que se desestime el recurso contencioso administrativo interpuesto.

 TERCERO. - No habiéndose solicitado trámite de vista y tras la presentación de los escritos de conclusiones, se declararon conclusas las presentes actuaciones y quedaron pendientes para votación y fallo.

 CUARTO. - Para votación y fallo del presente proceso se señaló inicialmente para el día 14 de Marzo, designándose ponente al Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA.

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

 PRIMERO. - Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la Resolución de la CNMC de fecha 8 de octubre de 2015, mediante la cual se impone a BODEGAS GONZÁLEZ BYASS, S.A. la multa de 730.960 ¤; dicha resolución se dicta en ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2015 (recurso 1531/2013 ) por la que se estima parcialmente el recurso interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de marzo de 2013 (recurso 535/2010 ) dictada como consecuencia del recurso interpuesto por la empresa BODEGAS GONZÁLEZ BYASS S.A. (GB) en relación con la Resolución del Consejo de la extinta Comisión Nacional de la Competencia de 28 de julio de 2010 (Expediente S/0091/08).

 La parte recurrente plantea en primera lugar la caducidad del procedimiento por haber transcurrido el plazo máximo sin haberse dictado resolución al respecto. Entiende que si el plazo máximo para dictar la resolución es de 18 meses ( artículo 36 LDC ), debe computarse el tiempo consumido por la CNMC para dictar la resolución de 28 de Julio de 2010 y, la resolución dictada en ejecución debería dictarse en el plazo que restase. Entiende que entre la sentencia del Tribunal Supremo y la resolución ahora recurrida han transcurrido más de siete meses por lo que la resolución debe entenderse que se ha dictado extemporáneamente y el procedimiento habría de ser declarado caducado.

 También considera que se ha omitido el trámite esencial de alegaciones de la parte recurrente y entiende que la falta de audiencia genera la nulidad de la resolución frente a la que se recurre.

 Finalmente, entiende que se produce infracción del principio de proporcionalidad del artículo 64 de la LDC en cuanto a la fijación del importe de la sanción.

 Es necesario partir del siguiente relato de hechos:

 - El recurso tramitado ante esta Sala y Sección con el número 535/2010 conoció de la impugnación de la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 28 de julio de 2010, relativa a la sanción por infracción de la Ley de Defensa de la Competencia, con una cuantía de 870.000 euros, siendo codemandado Complejo Bodeguero Bellavista S.L.U. y Zoilo Ruiz Mateos S.L.

 - La Sentencia dictada por esta Sección, a la que acompañaba un voto particular, decía literalmente que: "Que debemos ESTIMAR EN PARTE Y ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de GONZALEZ BYASS S.A. contra el Acuerdo dictado el día 28 de julio de 2010 por la Comisión Nacional de la Competencia descrito en el fundamento jurídico primero de esta sentencia, el cual confirmamos, por ser conforme a derecho excepto en el extremo relativo al importe de la multa impuesta, que deberá ser concretada por la Comisión Nacional de la Competencia en el importe equivalente al 5% del volumen de ventas de vinos de Jerez para el mercado BOB en el ejercicio 2009. Sin efectuar condena al pago de las costas".

 - Contra esa Sentencia se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo tanto por la parte sancionada como por el Abogado del Estado. Dicho recurso de casación se tramitó bajo el número 1531/2013 en el que se dictó sentencia de fecha 9 de Febrero de 2015 que acordaba:

 o Primero.- HA LUGAR al recurso de casación nº 1531/2013 interpuesto por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, contra la Sentencia de fecha 7 de marzo de 2013 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 535/10 , que ahora queda anulada y sin efecto en lo que se refiere a la interpretación que en ella se hace de la expresión "volumen de negocios" inserta en el artículo 63.1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y a la cuantificación de la sanción.

 o Segundo.- Estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de GONZÁLEZ BYASS SA (GB), S.A contra la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 28 de julio de 2010 (expediente S/0091/08 Vinos Finos de Jerez) y anulamos la referida resolución en cuanto se refiere a la cuantía de la multa que acuerda imponer a la recurrente (870.000 euros), ordenándose a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia para que atendidas las circunstancias de atenuación de la responsabilidad y de reducción de la multa apreciadas en la sentencia impugnada, imponga la multa en el porcentaje que resulte, con arreglo a los criterios legales de graduación debidamente motivados, sobre el volumen de negocios de Bodegas González Byass S.A en año 2009, con la precisión de que la cuantificación de la multa deberá hacerse por aplicación de los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia , interpretados en los términos expuestos en el fundamento decimosegundo de esta Sentencia.

 - En ejecución de dicha sentencia, se ha dictado la resolución que ahora es objeto de recurso que acuerda: "ÚNICO.- Imponer a BODEGAS GONZÁLEZ BYASS, S.A., en ejecución de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de marzo de 2013 (Recurso 535/2010 ), casada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2015 (recurso 1531/2013 ), y en sustitución de la inicialmente impuesta en la Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 28 de julio de 2010 (Expte. S/0091/08 VINOS FINOS DE JEREZ), la multa de 730.960 E.

 SEGUNDO .- El Abogado del Estado plantea la inadmisibilidad del recurso al amparo de lo que señala el artículo 69.c) de la LRJCA por no ser susceptible de recurso y tratarse, exclusivamente, de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena recalcular el importe de la multa

 La jurisprudencia que cita el Abogado del Estado se refiere a los casos en que la resolución impugnada se limita a ser una simple ejecución de lo acordado y respecto de ellas se acuerda la inadmisibilidad del recurso. Este no es el caso presente puesto que esta Sala deberá comprobar que se ha llevado a efecto la ejecución con arreglo a los parámetros que señala el Fundamento Jurídico decimosegundo de la sentencia del Tribunal Supremo.

 No se trata, por lo tanto, de una simple ejecución automática y no puede admitirse la inadmisión propuesta por el Abogado del Estado y ello tal como resulta de los criterios que dimanan de la reciente sentencia dictada en fecha 21 de Enero de 2018 (recurso 3/2017 ) en la que se ha afirmado lo siguiente:

 Acerca de las diferentes acciones y vías procedimentales que pueden ser utilizadas por las partes a la hora de impugnar los actos o disposiciones dictadas por las diferentes Administraciones en trámite de ejecución de sentencias, hemos señalado en nuestra sentencia de fecha 6 de abril de 2011 (recurso nº 1602/2007 ), expresamente citada por la recurrente que:

 "Para aclarar estas cuestiones ---sin duda relacionadas con el recurso que nos ocupa--- debemos distinguir (A) las acciones impugnatorias que pueden ejercitarse en supuestos como el de autos (esto es, en supuestos en los que, previa la existencia de un pronunciamiento jurisdiccional aparece, con posterioridad, una actuación o reglamentación administrativa que incide de forma directa en la ejecución de la previa sentencia), y, por otra parte, como aspecto diferente -aunque, si se quiere, complementario-, (B) los procedimientos a través de los que las citadas acciones pueden encauzarse:

 A) Esto es, la impugnación jurisdiccional de un acto (o de una norma reglamentaria, cuál sería el planeamiento) del que se sospecha que ha sido puesto en vigor con la finalidad de eludir la ejecución de una anterior sentencia, podría residenciarse ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativo -en función de su respectiva competencia- de las siguientes formas:

 1º. Mediante el ejercicio de una nueva acción de nulidad frente a aspectos de la legalidad ordinaria del nuevo acto o reglamento (planeamiento), articulada a través del correspondiente Recurso Contencioso-administrativo independiente; esto es, se trataría de comprobar la legalidad de la nueva actuación o reglamentación, confrontándola con la legalidad ordinaria en el momento vigente, y, al margen, de los antecedentes jurisdiccionales producidos. Estaríamos, pues, en presencia del ejercicio una acción nueva e independiente, desligado de los previos pronunciamientos jurisdiccionales.

 2º. Mediante el Incidente de ejecución de sentencia, tratando de comprobar si la nueva actuación -entendida en sentido amplio- se ajusta a lo resuelto por la anterior sentencia dictada en un proceso contencioso-administrativo; esto es, se trataría de comprobar si la nueva actuación o reglamentación administrativa encaja en el ámbito de legalidad señalado y establecido por la previa resolución jurisdiccional. Es decir, si dichos nuevos actos y disposiciones son "contrarios a los pronunciamientos de las sentencias". Y,

 3º. Mediante el ejercicio de la acción prevista en el artículo 103.4 de la LRJCA (y en el 108.3 de la misma Ley ), dirigida a acreditar, exclusivamente, si los nuevos actos y disposiciones -por supuesto "contrarios a los pronunciamientos de las sentencias"- han alcanzado dicha categoría jurídica no por ser contrarios a la legalidad ordinaria vigente, sino por haber sido dictados "con la finalidad de eludir (el) cumplimiento" de la citada sentencia previa.

 B) Desde una perspectiva procedimental la cuestión surge como consecuencia de la forma en que se encauce esta última acción (ex artículo 103.4 de la LRJCA ), ya que el ejercicio de la misma puede encauzarse de diversas formas:

 1º. Conjuntamente con una acción ordinaria, es decir, en un Recurso contencioso-administrativo independiente en el que se acumulen las acciones de legalidad ordinaria y la especial del artículo 103.4.

 2º. Conjuntamente en un Incidente de ejecución de sentencia (ex artículo 109 de la LRJCA ); es decir, se ejercitaría en el incidente que se abre a partir de la firmeza de la sentencia, en el propio recurso contencioso-administrativo, para proceder a la ejecución de la sentencia en el mismo dictada, y, en tal Incidente se analizarían, de forma conjunta, tanto los aspectos -materiales, si se quiere- relativos al ajuste de lo resuelto con el previo pronunciamiento de la sentencia, como, los aspectos, de perfil más subjetivo, cuáles serían los relativos a la finalidad intrínseca de dichos pronunciamientos, en concreto, los relativos a si los mismos habían sido dictados "con la finalidad de eludir (el) cumplimiento" de la citada sentencia previa.

 3º. En solitario -esto es, sin coetaneidad con las otras dos acciones a las que nos hemos referido-, mediante un específico y exclusivo Incidente de ejecución de sentencia; esta es la vía prevista en el artículo 103.5, que se remite al 109 de la misma LRJCA .

 Debemos, pues, señalar que esta remisión del artículo 103.5 al 109 -como ya hemos expuesto y ahora ratificaremos- no implica la exclusividad procedimental, pues, como acabamos de exponer, esta acción del artículo 103.4 también puede ejercitarse -conjuntamente con la acción material ordinaria- bien a través de un recurso contencioso-administrativo independiente -que es, justamente, lo acontecido en el supuesto de autos- bien en un genérico Incidente de ejecución de sentencia previsto para resolver todas las cuestiones derivadas de la sentencia"..

 Los criterios que dimanan del Fundamento Jurídico Decimosegundo la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de Febrero de 2015 , son, básicamente, los siguientes:

 &lt;&lt;[...] Debemos afrontar a continuación las cuestiones que se suscitan en el recurso sobre la interpretación del mismo precepto ( artículo 63.1 de la Ley 15/2007 ) en cuanto contiene la expresión "volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa".

 Sobre dicha base o volumen se aplican, ya ha quedado expuesto, los porcentajes del uno, el cinco o el diez por ciento para fijar el límite superior de la escala sancionadora según la levedad, gravedad o mayor gravedad de las infracciones, respectivamente. Como bien afirma el tribunal de instancia, no hay problemas respecto al elemento temporal de aquella magnitud, dada la claridad del precepto en este punto: el año o ejercicio de referencia es el inmediatamente anterior a aquel en que se dicta la resolución sancionadora. (...)

 La expresión "volumen de negocios" no es en sí misma conceptualmente diferente de la expresión "volumen de negocios total", como se ha destacado con acierto. Sin embargo, cuando el legislador de 2007 ha añadido de modo expreso el adjetivo "total" al sustantivo "volumen" que ya figuraba, sin adjetivos, en el precepto análogo de la Ley anterior (así ha sucedido con el artículo 63.1 de la Ley 15/2007 frente a la redacción del artículo 10.1 de la Ley 16/1989 ), lo que ha querido subrayar es que la cifra de negocios que emplea como base del porcentaje no queda limitada a una parte sino al "todo" de aquel volumen. En otras palabras, con la noción de "volumen total" se ha optado por unificar el concepto de modo que no quepa distinguir entre ingresos brutos agregados o desagregados por ramas de actividad de la empresa autora de la infracción . Voluntad legislativa acorde con esta interpretación que, como bien recuerda el voto particular, rechazó las propuestas de modificación del texto, expuestas en los trabajos preparatorios de su elaboración, que específicamente intentaban reducir el volumen de ventas a tan sólo las realizadas en el mercado afectado por la infracción. (...)

 Que ello sea así no implica, sin embargo, que la cifra de negocios referida a ámbitos de actividad distintos de aquel en que se ha producido la conducta anticompetitiva resulte irrelevante a los efectos del respeto al principio de proporcionalidad, de necesaria aplicación en el derecho sancionador. Lo es, y de modo destacado, pero en el momento ulterior de individualización de la multa, no para el cálculo del importe máximo al que, en abstracto y en la peor (para el sancionado) de las hipótesis posibles, podría llegarse. (...)

 Las sanciones administrativas previstas para el ejercicio de actividades económicas -en el ámbito del derecho de la competencia que, pese a algunas posturas reduccionistas, no difiere en este punto de otros sectores del ordenamiento sancionador- han de fijarse en un nivel suficientemente disuasorio para que, al tomar sus propias decisiones, las empresas no aspiren a obtener unos beneficios económicos derivados de las infracciones que resulten ser superiores a los costes (las sanciones) inherentes a la represión de aquéllas. Si, además de esta ecuación, el legislador considera oportuno incrementar el "efecto disuasorio" a cotas superiores, tiene capacidad normativa para hacerlo dentro del respeto a las exigencias constitucionales.&gt;&gt;

 La mención de estos detallados criterios hace que el presente recurso contencioso administrativo no pueda ser inadmisible, ni que se pueda entender que la resolución que ahora se recurre, aunque dictada en ejecución de una resolución anterior, sea una simple ejecución material de la sentencia del Tribunal Supremo sino que es una resolución independiente y propiamente impugnable y en su impugnación se debe comprobar que la ejecución y cuantificación del importe de la multa se ha realizado de modo correcto y acomodado a las indicaciones de la Sentencia del Tribunal Supremo.

 La inadmisibilidad propuesta por el Abogado del Estado solo sería posible si nos encontráramos ante una ejecución que supusiera una simple operación de cálculo material o aritmético, pero en este caso se exige una valoración de circunstancias que permite, al dictarse la resolución de ejecución, la posibilidad de valoración de la corrección de dicha ejecución.

 TERCERO.- En cuanto a la supuesta caducidad del procedimiento sancionador, que es primer argumento empleado por la parte recurrente, hay que tomar en consideración lo previsto en el artículo 104 de la LRJCA cuando afirma, en sus tres párrafos que:

 1. Luego que sea firme una sentencia, el Secretario judicial lo comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél.

 2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa.

 3. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, ésta podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio.

 En el caso presente, la resolución impugnada, dictada en ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo es de fecha 8 de Octubre de 2015 y aquella sentencia se notificó a la Administración (por medio del Abogado del Estado) el día 11 de Marzo de 2015

 El precepto citado más arriba no recoge un plazo específico para la ejecución de las sentencia y solo recoge la posibilidad para el interesado de que si la Administración no ha ejecutado en el plazo de dos meses, inste en procedimiento de ejecución de sentencia.

 La pretensión de la empresa recurrente de que deba computarse el plazo inicial de caducidad de 18 meses a que se refiere el artículo 36 de la LDC carece de justificación suficiente: aquel procedimiento concluyó con la resolución de fecha 28 de Julio de 2010 y con la resolución ahora recurrida, la CNMC, con la documentación aportada por la parte y la sentencia del Tribunal Supremo que resolvía el recurso contencioso anterior, dictó una nueva resolución que no está sometida al límite del plazo que ya concluyó al dictarse aquella resolución.

 CUARTO.- No era necesario efectuar nuevos trámites para dictar la resolución que ahora se recurre; en especial no es preciso el trámite de audiencia, antes de que se dictase la resolución que ahora se impugna y que se dictó en ejecución de sentencia.

 La sentencia dictada por el Tribunal Supremo ordena a la CNMC que dicte una nueva resolución acomodando el importe de la multa a los criterios que resultan de dicha sentencia pero la parte ahora recurrente pudo efectuar alegaciones tanto en el recurso contencioso (y en el de casación dictado con anterioridad) como en el posterior de impugnación de la resolución (en el que ahora nos encontramos) pero para nada era obligado un nuevo trámite de audiencia.

 No obstante, debe tomarse en consideración que la DC confirió traslado a la empresa ahora recurrente en trámite de ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y esta presentó escrito de alegaciones (folio 968 del expediente) donde, además de aportar documentación sobre su cifra de negocios, pudo realizar cuantas alegaciones convinieron a su interés. De este modo, carece de sentido pretender, como hace la parte recurrente, que se haya producido infracción del artículo 62.1 de la Ley 30/92 por considerar que se ha prescindido absolutamente del procedimiento.

 No puede pretenderse por la parte recurrente que se deba tramitar un nuevo procedimiento sancionador, con los tramites que se recogen a partir del artículo 49 de la LDC , cuando se trata no de imponer una sanción sino de ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo debiéndose realizar solo la adaptación del importe de la multa a los criterios señalados por el mismo Tribunal Supremo.

 Por lo tanto, ninguna indefensión se le he ocasionado y también debe rechazarse este motivo de nulidad.

 QUINTO.- En cuanto al fondo sobre la correcta ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo es necesario realizar los siguientes pronunciamientos

 La resolución de la CNMC recoge un detallado razonamiento para justificar la imposición de la multa frente a la que ahora se recurre:

 "De acuerdo con todo lo señalado, teniendo en cuenta por un lado la gravedad de la conducta, la muy elevada cuota de mercado conjunta de las empresas infractoras, los efectos de la infracción sobre el comercio con otros estados miembros y, en particular, la cuota de participación en la infracción de GB, cifrada en 16,4% del total, esta Sala considera que el tipo sancionador en el que debe quedar fijado el importe de la multa debería corresponder al 3,95% de su volumen de negocios total en 2009.

 No obstante, dado que la multa inicialmente impuesta en la Resolución de 28 de julio de 2010 correspondía al 1,3% de dicho volumen de negocios (870.000 ¤), se considera que la multa derivada del nuevo cálculo no puede ser superior a la anulada. Además debe aplicarse en el cálculo las circunstancias atenuantes y agravantes señaladas anteriormente que, en conjunto, conducen a esta Sala a aplicar una reducción del 0,25 % en el tipo de la sanción, por lo que se acuerda imponer una multa del 1,1 % de su volumen de negocios total en 2009 (66.450.947,40 ¤), lo que supone una sanción de 730.960 euros".

 La parte recurrente emplea dos argumentos que no pueden ser aceptados pues no resultan así de la resolución ahora recurrida que no valora, en perjuicio de la ahora recurrente, ninguna de estas dos circunstancias mencionadas:

 - Entiende que no valora que la recurrente no tuvo beneficio alguno y que tuvo que salir del mercado por los malos resultados obtenidos.

 - Que la resolución de la CNMC introduce elementos de agravación. Sin embargo del contenido de la resolución a la hora de cuantificar la sanción no resulta tal cosa.

 Respecto de la circunstancia atenuante de colaboración ( artículo 66.1.a LDC ), la realidad es que la propia resolución, en el apartado reproducido más arriba, menciona haber valorado la, concurrencia de dicha circunstancia y, además afirma que "Aun no dándose los requisitos para la aplicación de la reducción a que se refiere el artículo 66 de la LDC , la Audiencia Nacional, extremo confirmado por el Tribunal Supremo, frente al criterio de la CNC, consideró que la aportación de documentación por parte de GB fue relevante pues facilitó a la CNC elementos de prueba de la infracción que aportaron un valor significativo respecto a aquellos de los que ya disponía, y por tanto ha de incardinarse como circunstancia atenuante según lo previsto en el art. 64.3d) LDC , debiendo reducirse el importe de la sanción por la aplicación de esta circunstancia atenuante".

 Efectivamente, la sentencia del Tribunal Supremo afirma en relación a esta circunstancia atenuante de colaboración que "la Sala expone las razones por las que aprecia la circunstancia de atenuación de la responsabilidad que responde al dato declarado por la Sala de que la cooperación con la Comisión Nacional de la Competencia se constriño exclusivamente a la primera fase de la infracción, (la Primera Mesa BOB), sin que resulte justificado que se extendiera a los demás aspectos y momentos de la infracción, esto es, no fue plena ni continuada como exige el artículo citado para obtener la exención de la sanción. Razones por las que entendemos correcta la consecuencia acordada por la Sala de instancia, que determina una sustancial reducción de la sanción impuesta. En atención a cuanto ha quedado expuesto, no cabe sino desestimar el motivo de casación y confirmar la Sentencia de instancia".

 Por esta razón, en el cálculo de la sanción se menciona la concurrencia de esta circunstancia y la reducción que se lleva a efecto del 0,25% del tipo de la sanción para calcular, finalmente, está en el 1,1% del volumen de negocios de la empresa recurrente.

 Otro tanto ocurre con la circunstancia de confusión normativa respecto a la que la resolución recurrida se remite a la sentencia del Tribunal Supremo cuando afirma que "De este modo queda justificado el pronunciamiento de la Audiencia Nacional que, negando que exista una ausencia de culpabilidad que deba llevar a anular, estima procedente, sin embargo, una reducción del importe de la sanción".

 La rebaja en el importe de la sanción, aplicando la concurrencia de las circunstancias atenuantes reconocidas por el Tribunal Supremo en la sentencia que ahora se trata de ejecutar, se ha producido de modo expreso por la resolución ahora impugnada en correcta aplicación de dicha sentencia del Tribunal Supremo. La parte recurrente ninguna alegación ha recogido en relación a la cuestión más controvertidas que es la que se refiere al cálculo del volumen de negocios, y que fue el concepto estudiado con detalle por la sentencia del Tribunal Supremo.

 Esta falta de impugnación expresa del concepto de volumen de negocio es la razón fundamental, una vez acreditado el cumplimiento del resto de las exigencias de la sentencia que se ejecuta, que obliga a la desestimación del presente recurso contencioso.

 SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , las costas procesales de esta instancia habrán de ser satisfechas por la parte recurrente.

FALLAMOS

 Que desestimando el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales CONSUELO RODRIGUEZ CHACÓN, en nombre y en representación de GONZALEZ BYASS S.A . contra, la resolución de la CNMC de fecha 8 de octubre de 2015, mediante la cual se impone a BODEGAS GONZÁLEZ BYASS, S.A. la multa de 730.960 ¤; resolución que se dicta en ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2015 (recurso 1531/2013 ) por la que se estima parcialmente el recurso interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de marzo de 2013 (recurso 535/2010 ) dictada como consecuencia del recurso interpuesto por la empresa BODEGAS GONZÁLEZ BYASS S.A. (GB) en relación con la Resolución del Consejo de la extinta Comisión Nacional de la Competencia de 28 de julio de 2010 (Expediente S/0091/08), debemos confirmar la resolución recurrida.

 Con expresa imposición de costas a la parte actora.

 La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2. de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones

 En Madrid a 10/04/2018 doy fe.