Id. Cendoj: 28079230062018100183
ECLI: ES:AN:2018:1634
ROJ: SAN 1634/2018
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 17/04/2018
Nº de Recurso: 263/2016
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS
Procedimiento: Procedimiento ordinario
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000263 / 2016

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 02943/2016

 Demandante: ASOCIACIÓN DE GESTIÓN DE DERECHOS INTELECTUALES (AGEDI) Y DE ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES, SOCIEDAD DE GESTIÓN (AIE)

 Procurador: Dª SILVIA URDIALES GONZÁLEZ

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a diecisiete de abril de dos mil dieciocho.

 VISTO el presente recurso contencioso-administrativo núm. 263/16 promovido por la Procuradora Dª Silvia Urdiales González actuando en nombre y representación de la ASOCIACIÓN DE GESTIÓN DE DERECHOS INTELECTUALES (AGEDI) y de ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES, SOCIEDAD DE GESTIÓN (AIE) , contra la resolución de 7 de abril de 2016, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mediante la cual se impuso a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN COMERCIAL (AERC) una sanción de 190.000 euros de multa. Ha sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO .- Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando se dictase sentencia por la que "(A) Se anule el apartado tercero de la parte dispositiva de la Resolución Impugnada, relativo al importe de la multa y se ordene a la CNMC que recalcule la multa impuesta a dicha asociación, fijando un importe superior, a determinar sobre la base de los criterios de graduación previstos en el artículo 64.1 de la LDC , en los términos expuestos en el FD Material Segundo de la presente demanda; (B) Con carácter subsidiario a la pretensión anterior, se anule el apartado tercero de la parte dispositiva de la Resolución Impugnada, relativo al importe de la multa y se ordene a la CNMC que requiera a las 24 sociedades miembro de AERC que no facilitaron a la CNMC su dato de volumen de negocios a los efectos del cálculo de la multa a que le faciliten dicho dato sin mayor demora para la imposición de una nueva multa a la AERC por un importe superior a determinar, no inferior a 10 millones de Euros para el supuesto de que dichas sociedades persistieran en su negativa. (C) En todo caso, y según lo expuesto en el Fundamento Jurídico Procesal Quinto, se condene a la Administración demandada a correr con la totalidad de las costas, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 139.1 de la LJCA , al haber dictado la Resolución objeto del presente recurso con infracción manifiesta de las Leyes y de la reiterada jurisprudencia de esa Sala".

 SEGUNDO .- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que suplicaba se dictase sentencia por la que se confirmasen los actos recurridos en todos sus extremos.

 TERCERO .- Pendiente el recurso de señalamiento para votación y fallo cuando por turno le correspondiera, se fijó para ello la audiencia del día 11 de abril de 2018, en que tuvo lugar.

 Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO .- A través de este proceso impugna la entidad actora la resolución dictada con fecha 7 de abril de 2016 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el expediente S/0518/14 cuya parte dispositiva era del siguiente tenor literal:

 "PRIMERO.- Declarar acreditada en el presente expediente la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , consistente en la emisión, por parte de AERC, de recomendaciones colectivas a sus miembros de carácter restrictivo de la competencia, por su objeto, efecto o potencial efecto, dirigidas a que estos socios dejasen de abonar las facturas emitidas por AGEDI/AIE o procediesen a la consignación judicial de los pagos correspondientes a los derechos de remuneración por la comunicación pública de fonogramas publicados con fines comerciales y por la reproducción instrumental o técnica de dichos fonogramas como elemento de presión durante la negociación de un convenio regulador de las tarifas a cobrar por AGEDI/AIE a los miembros de AERC por dichos conceptos.

 SEGUNDO.- Declarar responsable de esta infracción a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RADIOS COMERCIALES (AERC).

 TERCERO.- Imponer a AERC una multa de 190.000 euros.

 CUARTO.- Instar a la Dirección de Competencia para que vigile el cumplimiento de esta Resolución.

 QUINTO.- Declarar confidencial la información a la que hace referencia el Fundamento de Derecho 5.4 de esta Resolución" .

 Como antecedentes de interés para resolver el litigio merecen destacarse los siguientes:

 1. Mediante escrito de 18 de julio de 2014 la Asociación de Gestión de los Derechos Intelectuales (AGEDI) y la entidad Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), presentaron ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia denuncia contra la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), por supuestas conductas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En concreto, AGEDI y AIE se referían a una conducta colusoria consistente en la emisión por parte de AERC de instrucciones formales a sus miembros para que dejasen de abonar las facturas emitidas por el órgano de recaudación conjunta AGEDI/AIE, o procediesen a su consignación judicial, en lugar de realizar el pago. Y ello con la finalidad, según las denunciantes, de presionar en la negociación de un convenio regulador de las tarifas a cobrar por estas entidades a los miembros de AERC en concepto de reproducción y comunicación pública de fonogramas.

 2.- A la vista de dicha denuncia, la Dirección de Competencia inició una información reservada (S/DC/0518/14) y acordó la incorporación de la información aportada por AGEDI/AIE al expediente S/0500/13, ya iniciado. Y, con fecha 25 de septiembre de 2014, resolvió la incoación de expediente sancionador al existir indicios racionales de la comisión por parte de AERC de una infracción de los artículos 1 de la LDC y 101 del TFUE , consistente en "... la emisión de recomendaciones colectivas a sus miembros, de carácter restrictivo de la competencia, dirigidas a que éstos dejasen de abonar las facturas emitidas por AGEDI/AIE o procediesen a la consignación judicial de los pagos correspondientes a los derechos de remuneración por la comunicación pública de fonogramas publicados con fines comerciales y por la reproducción instrumental o técnica de dichos fonogramas, como elemento de presión durante la negociación de un convenio regulador de las tarifas a cobrar por AGEDI/AIE a los miembros de AERC por dichos conceptos".

 6.- Tramitado el expediente, y practicadas las actuaciones que obran en el mismo, con fecha 10 de marzo de 2016 la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC acordó requerir a las empresas integradas en la AERC a fin de que informasen sobre su volumen de negocios total correspondiente al año 2015, o la mejor estimación posible si esa cifra aún no estuviera disponible a cierre contable; y solicitó a la Sociedad Española de Radiodifusión, S.L. (SER) y a Cadena Radio Blanca S.A. (KISS FM) aclaraciones respecto a las sociedades integradas en sus respectivas cadenas en relación con el referido requerimiento de información.

 7.- Presentada la documentación que igualmente recoge el expediente administrativo, con fecha 7 de abril de 2016 la CNMC dictó la resolución ahora recurrida.

 SEGUNDO.- La Comisión describe a la entidad sancionada, AERC, como "... una organización empresarial sin ánimo de lucro que se constituyó hace más de treinta años bajo la denominación de Asociación Española de Emisoras de Radiodifusión Privadas, con el fin de defender los intereses profesionales de las emisoras de radiodifusión comercial de propiedad privada en España".

 Le atribuye la representación, en la actualidad, de la práctica totalidad de las 1.150 emisoras de radiodifusión privadas, y calcula la audiencia de las emisoras de radiodifusión asociadas a AERC en más del 80% de la audiencia total de radio en nuestro país. Destaca, en cuanto aquí interesa, que AERC tiene encomendada la negociación en nombre de sus asociados (las empresas de radio comercial) de los convenios generales a suscribir con entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual por el uso de sus respectivos repertorios, entre otros, los derechos de comunicación pública radiofónica y reproducción instrumental de fonogramas, que son gestionados por AGEDI y AIE.

 Como especifica la resolución recurrida, "... AERC es una asociación de usuarios del repertorio de las entidades de gestión con las que éstas vienen obligadas a celebrar ese tipo de acuerdos, según dispone el artículo 157.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI ), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Asimismo, AERC tiene un convenio general en vigor con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y ha suscrito convenios con AGEDI y AIE en el pasado".

 En cuanto a las recurrentes, explica que AGEDI es una entidad autorizada por el Ministerio de Cultura para la gestión de los derechos de propiedad intelectual que corresponden a los productores fonográficos respecto de sus grabaciones sonoras y audiovisuales en los términos previstos en sus estatutos, constituyendo el objeto de su actividad, como reflejan éstos, " la gestión colectiva de los derechos que corresponden a los productores de fonogramas por la comunicación pública de sus grabaciones sonoras y vídeos musicales, por su reproducción exclusivamente para, directa o indirectamente, proceder a su comunicación pública así como a la remuneración compensatoria regulada en el artículo 25 LPI ". Especifica también que es la única entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual autorizada administrativamente para gestionar los derechos de propiedad intelectual de los productores de fonogramas y que, al término del ejercicio 2013, contaba con 452 asociados.

 Por su parte, señala que AIE es una entidad autorizada por el Ministerio de Cultura para gestionar los derechos de propiedad intelectual de los artistas intérpretes o ejecutantes y sus derechohabientes en los términos previstos en sus normas estatutarias.

 También describe la resolución el mercado afectado que identifica con el de gestión de derechos de propiedad intelectual en relación con la emisión de contenidos radiofónicos (derechos de comunicación pública radiofónica y reproducción de fonogramas).

 Se refiere a continuación a los hechos que entiende probados atendido el contenido de la denuncia y a la vista de la documentación acopiada durante la instrucción del procedimiento, hechos que podemos resumir del siguiente modo:

 - El 20 de septiembre de 2006, AERC y AGEDI/AIE firmaron un convenio para regular la gestión de los derechos de propiedad intelectual por los actos de comunicación pública de fonogramas por parte de las emisoras integradas en AERC. La duración de dicho convenio, cuyo inicio de efectos se retrotraía al 1 de enero de 2005, se extendía, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2009.

 - Denunciado el convenio por AERC el 29 de junio de 2009, se inició un proceso de negociación para concluir uno nuevo, que no llegó a firmarse. Y, ante las dificultades para alcanzar un acuerdo entre las partes, el Secretario General de AERC envió el 11 de abril de 2011 una circular a los miembros de la asociación en la que, dice la CNMC, "... ante la remisión de facturas pendientes correspondientes a 2010 por parte del órgano conjunto de recaudación de AGEDI/AIE, se rogaba "a todos los miembros de la AERC que no atiendan estas liquidaciones hasta que no hayamos llegado, o, en su caso no llegado, a un acuerdo con ellos". La resolución ahora recurrida especifica la eficacia que esta circular tuvo en relación con el impago de las liquidaciones, y pone de manifiesto que "... conforme a los datos aportados por AGEDI/AIE, 82 de los 123 miembros de AERC no pagaron las facturas que se encontraban pendientes de pago en esa fecha o fueron emitidas a partir de abril de 2011, (lo que supone el 66,66% de los miembros de AERC con los que AGEDI/AIE mantenía una facturación regular por esas fechas), y el importe impagado supone el 86,9% del importe total de las facturas que los miembros de AERC debían haber abonado entonces a AGEDI/AIE" .

 - Las entidades gestoras pusieron en conocimiento de AERC el 29 de julio de 2011 que " la tónica general viene siendo que ninguna emisora paga las facturas, salvo excepciones. Incluso algún asociado de AERC ha procedido a la devolución de las facturas emitidas ".

 - El 23 de diciembre de 2011, el Secretario General de AERC comunicó a AGEDI/AIE que: " Habiendo llegado a un acuerdo sobre los pagos de los años 2010 y 2011, vamos a proceder a enviar una Circular a nuestros asociados para que realicen los pagos correspondientes a estos ejercicios, siendo el 2010 definitivo y el 2011 a cuenta ". Desde ese momento, los pagos de los operadores radiofónicos miembros de AERC se habrían normalizado entre finales de diciembre de 2011 y enero de 2012.

 - Sin embargo, estancadas nuevamente las negociaciones encaminadas a la firma de un convenio regulador entre AGEDI/AIE y AERC, y alejadas las posiciones de ambas partes, el 3 de octubre de 2012 el Secretario envió una circular con el carácter de muy urgente en la cual se indicaba que "... ante la falta de acuerdo con AGEDI-AIE en la negociación sobre los derechos de propiedad intelectual que ellos gestionan, la Asociación ha decidido que a partir de este momento las facturas pendientes de pago y el importe de las autoliquidaciones presentes y futuras deben ser puntual e inmediatamente consignadas judicialmente con el IVA correspondiente, sin esperar a las fechas de vencimiento habituales" . También se decía que "... cada consignación judicial conllevará la notificación de la autoliquidación también a AGEDI-AIE" y que "La instrucción contenida en esta circular es de imprescindible cumplimiento para no perjudicar ni poner en riesgo la posición jurídica de todos y cada uno de los asociados ante una eventual demanda por parte de AGEDI-AIE". No obstante, y tras la reunión de Vicepresidentes o Directores Generales convocada para 5 de octubre de 2012 y que se celebró mediante conferencia telefónica, y la de la Comisión Jurídica de la Asociación que se convocó el 9 de octubre siguiente con objeto de " revisar la decisión adoptada el pasado día 3 de Octubre en el sentido de confirmarla o modificarla ", el Secretario General de AERC envió a los miembros de la Asociación un correo electrónico en el que indicaba que " La circular comunicada por la Asociación el día 3 de Octubre de 2012, únicamente constituye el criterio de la Asociación y por supuesto no limita ni condiciona la capacidad de decisión de cada asociado en defensa de sus intereses " (folios 52 y 53).

 So bre la base de tales hechos, concluye la resolución que ha quedado acreditada "... una conducta prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , consistente en la emisión, por parte de AERC, de recomendaciones colectivas a sus miembros de carácter restrictivo de la competencia, por su objeto, efecto o potencial efecto, dirigidas a que estos socios dejasen de abonar las facturas emitidas por AGEDI/AIE o procediesen a la consignación judicial de los pagos correspondientes a los derechos de remuneración por la comunicación pública de fonogramas publicados con fines comerciales y por la reproducción instrumental o técnica de dichos fonogramas como elemento de presión durante la negociación de un convenio regulador de las tarifas a cobrar por AGEDI/AIE a los miembros de AERC por dichos conceptos".

 La primera de tales recomendaciones se habría producido, como decíamos, el 11 de abril de 2011 mediante la difusión de la Circular 4/2011 AGEDI/AIE por parte de AERC y en la cual instaba a sus socios al impago de los importes de las facturas pendientes correspondientes a 2010 que habían sido emitidas por parte del órgano conjunto de recaudación de AGEDI/AIE hasta que las entidades de gestión no alcanzaran un nuevo convenio tarifario con la Asociación o, al menos, hasta que AGEDI/AIE aceptaran como pagos definitivos los ingresos que hasta ese momento venían efectuando los socios de AERC con base en el Convenio de 2006.

 Y la segunda, como también hemos visto, el 3 de octubre de 2012, a través de la Circular 13/2012 en la que instó a sus socios a la consignación judicial tanto de las facturas pendientes como de las autoliquidaciones presentes y futuras que los socios de AERC tuvieran que realizar a favor de AGEDI/AIE.

 TERCERO .- Antes de analizar los motivos de impugnación que las entidades actoras esgrimen en su demanda procede plantearse si, como opone el Abogado del Estado con carácter previo en su contestación, dichas entidades carecen de legitimación activa, lo que arrastraría la inadmisibilidad del recurso por aplicación de lo dispuesto en el artículo 69.b) en relación con el artículo 19, ambos de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa .

 Recuerda el representante de la Administración que "... la recurrente impugna una resolución sancionadora relativa a una denuncia que formuló ante la CNMC solicitando la imposición de una sanción, siendo así que el interés que pretende hacer valer en el pleito es que se sancione con mayor gravedad a la entidad contra la que iba dirigida su denuncia". De lo que se desprende que "... la resolución impugnada no acuerda el "no inicio" de procedimiento sancionador o el archivo de la denuncia. Por el contrario, el procedimiento sancionador fue tramitado, acordándose, tras su tramitación, la declaración de existencia de una infracción y la imposición de una sanción. Así resulta del suplico del escrito de demanda en el que se pide, como petición principal, la nulidad de la resolución sancionadora en cuanto a su apartado tercero relativo al importe de la multa y que se ordene a la CNMC que recalcule la multa impuesta fijando un importe superior".

 Pone de relieve que la pretensión ejercitada se dirige a elevar el importe de la sanción impuesta, por lo que, dice, "... es clara la existencia de falta de legitimación del actor" , e invoca diversos pronunciamientos que avalarían esta interpretación.

 Por su parte, AGEDI/AIE sostienen que están legitimadas para la interposición del recurso y argumentan al respecto, partiendo de que la legitimación del denunciante es indiscutida cuando se impugna el acuerdo de archivo o de inexistencia de responsabilidad, que " Igual que el interesado afectado por la conducta anticompetitiva puede recurrir la declaración de inexistencia de conducta infractora realizada por el órgano competente, el interesado afectado por la conducta anticompetitiva podrá recurrir la resolución que, partiendo de la existencia de la conducta infractora, lo hace en unos términos más livianos de lo que la recta aplicación del Derecho de la competencia exige - tal como están haciendo en el presente recurso mis representados -.".

 Y afirman en este mismo sentido que "Desde el punto de vista material, la resolución sancionadora que reconoce la existencia de infracción, pero que impone una sanción más reducida de lo que la Ley en verdad exige, limitando así la responsabilidad del infractor, tiene el mismo efecto sobre la parte de responsabilidad no reconocida y sancionada efectivamente que la resolución que declara la inexistencia de infracción y no impone sanción alguna".

 Se remiten al concepto amplio de legitimación de los denunciantes en los procedimientos sancionadores en materia de Defensa de la Competencia que resulta de diversos pronunciamientos judiciales, derivada de su participación activa como interesados en el procedimiento administrativo que se sigue ante la CNMC; inciden en el carácter disuasorio que debe tener la sanción, y a cuya consecución tiende también el interés del denunciante; y argumentan, por último, que su impugnación persigue en cualquier caso que se complete la instrucción incorporando al expediente todos los datos necesarios para una adecuada cuantificación de la sanción que llevaría, a su juicio, a incrementar la cuantía de la multa impuesta.

 Expuesta la posición que ambas partes mantienen en torno a esta cuestión, hemos de decir que es conocida la interpretación que mantiene el Tribunal Supremo acerca de la legitimación del denunciante en procedimientos sancionadores seguidos ante la CNMC, y de la que es claro ejemplo la sentencia de 4 de marzo de 2014 , recurso núm. 1995/2011 - que casó la dictada por esta Sección Sexta, de fecha 30 de diciembre de 2010, recurso núm. 1/2009-, y que además relaciona diversos supuestos en los que la Audiencia Nacional reconoció la legitimación activa del denunciante que, sin embargo, negó en el caso abordado en la sentencia objeto de casación.

 Dice el Tribunal Supremo lo siguiente:

 "Quinto.- La regla general que esta Sala del Tribunal Supremo (y también la Sala de instancia) ha venido manteniendo en esta materia es favorable a reconocer -con los matices que después se dirán- la legitimación para recurrir de los operadores económicos, incluidas las asociaciones como la de autos representativas de sus intereses, cuando, presentes en un determinado mercado y habiendo interpuesto la correspondiente denuncia ante los órganos de defensa de la competencia para instar la declaración de que otros agentes del mismo mercado habían incurrido en prácticas anticompetitivas, reciben como respuesta un acuerdo de sobreseimiento del expediente sancionador ya incoado.

 Por no citar sino algunas de las sentencias de la última década, reseñaremos a continuación aquellas que han zanjado los correspondientes recursos frente a decisiones de sobreseimiento o archivo adoptadas por los órganos de defensa de la competencia y recurridas ante la Sala de la Audiencia Nacional por las empresas -o asociaciones de éstas- que habían instado mediante denuncia la actuación sancionadora de dichos órganos. Reconoció dicha Sala en todas ellas la legitimación activa de las demandantes para impugnar el sobreseimiento acordado, haciéndolo bien de modo implícito o explícito en las siguientes (de entre las que esta Sala ha tenido conocimiento), ulteriormente confirmadas por el Tribunal Supremo:

 A)) "Jofra Oil, S.L." (titular de una estación de servicio) impugnó ante la Sala de la Audiencia en el recurso 406/2006 la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de fecha 17 de julio de 2006 que corroboró el sobreseimiento del expediente 2498/03, iniciado por denuncia de aquélla contra la operadora petrolífera "Shell España, S.A." (le sucedería posteriormente la compañía "Disa Península, S.L.U.") a la que acusaba de una infracción del artículo 1.1. de la Ley 16/1989 .

 La sentencia dictada por la Audiencia Nacional con fecha 4 de junio de 2009 no cuestionó la legitimación de la actora y confirmó, por razones de fondo, la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia. Fue objeto del recurso de casación número 4718/2009, desestimado por nuestra sentencia de 30 de diciembre de 2013 .

 B) La Asociación Nacional de Compradores y Usuarios de Viviendas del Ministerio de Defensa recurrió ante la Sala de la Audiencia Nacional el acuerdo del Tribunal de Defensa de la Competencia de 13 de junio de 2007 que había confirmado el sobreseimiento del expediente R 715/07, iniciado por denuncia de aquella asociación contra los Colegios Notariales -y los propios notarios- por supuestas conductas contrarias a la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia.

 La sentencia dictada por la Audiencia Nacional con fecha 23 de febrero de 2009 en el recurso 278/2006 confirmó por razones de fondo la decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia, sin cuestionar la legitimación activa de la Asociación recurrente. Fue objeto del recurso de casación número 4111/2009, desestimado por nuestra sentencia de 20 de marzo de 2013 .

 C) Frente a la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 8 de marzo de 2007, que corroboró el sobreseimiento del expediente 2619/05, iniciado por una denuncia de la Asociación de Promotores Musicales contra la Sociedad General de Autores y Editores, aquella asociación interpuso ante la Sala de la Audiencia Nacional el recurso número 169/2007 .

 La Sala de la Audiencia Nacional, en su sentencia de fecha 6 de abril de 2009 , no sólo reconoció la legitimación activa de la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos para recurrir sino que, tras estimar su recurso de modo parcial, anuló el acto impugnado (el sobreseimiento del expediente) y ordenó al Tribunal de Defensa de la Competencia que procediera a continuar el procedimiento sancionador. Tanto la Administración del Estado como la Sociedad General de Autores y Editores (entidad denunciada) interpusieron contra aquella sentencia el recurso de casación número 3446/2009, que fue desestimado por la nuestra de 4 de diciembre de 2012 .

 D) En el recurso de casación número 709/2006 (resuelto por sentencia de 10 de mayo de 2008 ) la "Asociación Española de Floristas Interflora, S.A." recurrió la sentencia dictada por la Audiencia Nacional con fecha 26 de septiembre de 2005 en el recurso 1111/2004 , deducido contra la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 21 de enero de 2004 que corroboró el sobreseimiento del expediente 2178/00 del Servicio de Defensa de la Competencia.

 Dicho expediente había sido incoado a partir de la denuncia formulada por una floristería ("Tost Floristes") contra una empresa de servicios funerarios ("Remsa Tanatorios y Servicios, S.A.") a la que imputaba la infracción del artículo 1 de la Ley 16/1989 , procedimiento en el que la "Asociación Española de Floristas Interflora, S.A." se había personado en apoyo de la denunciante como parte interesada. La Sala de la Audiencia Nacional no cuestionó la legitimación activa de esta última entidad para recurrir y, si bien desestimó su impugnación, lo hizo por razones de fondo. Su sentencia de 26 de septiembre de 2005 fue confirmada por la de esta Sala de 10 de mayo de 2008.

 E) La Asociación Nacional de Empresas Forestales impugnó ante la Sala de la Audiencia Nacional en el recurso 972/1998 la resolución del Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia de 30 de marzo de 1998 que corroboró el sobreseimiento del expediente 1351/96, incoado en virtud de denuncia de aquélla contra la "Empresa de Transformación Agraria, S.A." (TRAGSA) a la que imputaba determinadas conductas anticompetitivas.

 En la sentencia dictada por la Audiencia Nacional con fecha 26 de septiembre de 2001 la Sala rechazó expresamente la tesis del Abogado del Estado a cuyo entender la Asociación demandante carecía de legitimación para recurrir la decisión de sobreseimiento. La sentencia de instancia fue impugnada en el recurso de casación número 548/2002, resuelto por la nuestra, desestimatoria, de 30 de enero de 2008 .

 F) La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio impugnó ante la Sala de la Audiencia Nacional (recurso 996/1998 ) la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 1 de abril de 1998 que había acordado el sobreseimiento parcial del expediente número 1235/95, incoado a raíz de la denuncia formulada por aquella Confederación contra la empresa petrolera "Cepsa".

 En su sentencia dictada de 22 de enero de 2002 la Sala de la Audiencia Nacional nuevamente rechazó de modo expreso la objeción de inadmisibilidad (por carencia de legitimación) opuesta por el Abogado del Estado y por Cepsa. Estimó, además, parcialmente el recurso y ordenó "el desarchivo de la denuncia" para que los órganos de defensa de la competencia continuaran practicando los actos de investigación necesarios.

 Al fallar esta Sala el recurso de casación número 1890/2002, resuelto por la sentencia de 4 de mayo de 2007 , no se cuestionó el reconocimiento de la legitimación de la recurrente en la instancia.

 G) En el recurso de casación número 1294/2002 (resuelto por sentencia de 29 de diciembre de 2004 ) la Asociación de Empresas Abanderadas de Total España recurrió la sentencia dictada por la Audiencia Nacional con fecha 11 de enero de 2002 en el recurso 559/2000 , deducido contra la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 23 de febrero de 2000 que confirmó el sobreseimiento del expediente 1325/95 del Servicio de Defensa de la Competencia, incoado en virtud de denuncia de la citada asociación contra la empresa petrolera "Total España, S.A."

 Al igual que en los recursos de análoga naturaleza antes reseñados, tampoco en esta ocasión la Sala de la Audiencia Nacional apreció la falta de legitimación de la Asociación recurrente. El ulterior recurso de casación interpuesto por dicha parte (número 1294/2002) fue rechazado por esta Sala a causa de sus deficiencias procesales.

 H) En el recurso de casación número 5934/2001 (resuelto por sentencia de 8 de noviembre de 2004 ) D.            Landelino recurrió la sentencia dictada por la Audiencia Nacional con fecha 10 de julio de 2001 en el recurso 675/1998 , deducido contra la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de fecha 16 de enero de 1998 que confirmó el sobreseimiento del expediente NUM000 instruido en virtud de denuncia formulada por dicho señor contra la entidad "Unión Española de Explosivos, S.A.", a la que acusaba de abuso de posición de dominio.

 De nuevo la Sala de la Audiencia Nacional no apreció la falta de legitimación del recurrente, cuyo ulterior recurso de casación fue desestimado por esta Sala.

 I) En el recurso 412/1998 la sociedad "Asfaltex Construcción, S.A." impugnó ante la Sala de la Audiencia Nacional la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 25 de septiembre de 1997 que confirmó el sobreseimiento del expediente sancionador 11478/96, incoado tras la denuncia formulada por dicha empresa contra la entidad AENOR, a la que acusaba de conductas colusorias. En la sentencia de 20 de octubre de 2004 no se cuestiona la legitimación de "Asfaltex Construcción, S.A.", cuyo recurso de casación contra ella (número 4685/2001) fue rechazado por esta Sala a causa de los defectos de formulación y planteamiento de los cuatro motivos que incluía.

 J) Por no alargar más la relación, ya de suyo extensa, baste añadir que la misma Sala de la Audiencia Nacional reconoció sin dificultad la legitimación activa de los demandantes en los recursos interpuestos por las sociedades "Urbanismo, Ingeniería y Servicios del Sureste, S.L." ( sentencia de 3 de noviembre de 2000 en el recurso 1321/1998 ) y "Landete Gimeno, S.L." ( sentencia de 7 de junio de 2000 en el recurso 744/1996 ) contra sendas resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia de fecha 29 de junio de 1998 y 30 de julio de 1996 que, a su vez, habían confirmado los acuerdos de sobreseimiento de los expedientes sancionadores incoados tras las correlativas denuncias de aquéllas contra "Telefónica de España, S.A." y "Petroliber Distribución, S.A." (después "Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.") respectivamente.

 Una y otra sentencia serían confirmadas por las nuestras de 10 de mayo de 2004 (recurso de casación número 6330/2000 ) y 16 de junio de 2004 (recurso de casación número 107/2001 ).

 Sexto.- Hemos transcrito en un fundamento jurídico precedente las consideraciones que la Sala de instancia hace para rechazar la legitimación de la demandante con la finalidad de destacar cómo, a juicio de aquel tribunal, la razón determinante de su rechazo era que la Asociación actora "(...) únicamente señala su carácter de denunciante, pero lo cierto es que no expone una mayor justificación que la de ser parte denunciante o interesada en el expediente administrativo para poder recurrir en esta vía jurisdiccional". Como razón complementaria añadió la Sala -en la línea auspiciada por el Abogado del Estado- que resultaba innecesaria una orden de cesación de la conducta ilícita de las mutuas denunciadas ante el cambio normativo producido en el año 2005.

 La primera afirmación de las dos expuestas no se corresponde enteramente con los argumentos de la demanda ni menos aún con los del escrito de conclusiones en el que la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos dio respuesta a la correlativa objeción suscitada por las partes demandadas. En este último escrito expuso cómo la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2007 (recurso de casación 9763/2004 ), citada en apoyo de su objeción por los demandados, contenía argumentos a favor del reconocimiento de su propia legitimación activa y sostuvo que ésta procedía del "interés legítimo y directo" que le asistía a la vista de las "ventajas materiales y competitivas" derivadas de la imposición de una eventual multa a las mutuas denunciadas. A todo lo cual añadió una razón adicional para reconocer su interés procesal, a saber, que sólo con la declaración "oficial" de que se habían producido en el pasado las conductas restrictivas por ella censuradas (declaración que correspondía en exclusiva al Tribunal de Defensa de la Competencia) sólo así, afirmaba, podría ulteriormente reclamar -bajo la vigencia del artículo 13 de la Ley 16/1989 - los daños y perjuicios derivados de aquellos actos ilícitos.

 En otras palabras, la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos recurrente no se limitó a destacar su mero carácter de denunciante sin intereses propios en juego sino que alegó la existencia de éstos y los perjuicios económicos que para ella -para las empresas que la integraban- podrían derivar de la conducta, supuestamente contraria a la libre competencia, mantenida durante años por las mutuas que actuaban en el mismo mercado de los servicios de prevención ajenos de riesgos laborales. Mutuas que - siempre en la versión de la denunciante- habían perjudicado de modo negativo los intereses de sus competidoras - las sociedades recurrentes- al ofrecer unos precios predatorios o anormalmente bajos que sólo eran posibles si aquéllas imputaban parte de sus costes a los recursos, medios y fondos públicos puestos a su disposición en cuanto entidades colaboradoras de la Seguridad Social en la cobertura de determinadas contingencias y en la gestión de ciertas prestaciones económicas. Adujo, además, una circunstancia singular como era la necesidad de obtener una decisión administrativa favorable en cuanto única vía para interesar después -se sobreentiende que ante los tribunales del orden civil- el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le habían irrogado, sobre la base de que en la Ley 16/1989 aquella decisión era requisito inexcusable para la ulterior acción resarcitoria.

 Ante este planteamiento resultaba obligado que la Sala de instancia hubiera reconocido la legitimación de la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos para impugnar el acto administrativo de sobreseimiento. No había duda de que se trataba de una asociación integrada por sociedades que competían con las mutuas en el mercado de los servicios de prevención ajenos de riesgos laborales, de modo que tenían indudable interés en que fuera declarada y sancionada la eventual actuación ilícita de las mutuas competidoras si es que efectivamente resultaba contraria a las exigencias de la libre competencia. Precisamente para obtener una declaración en este sentido instaron la actuación del Tribunal de Defensa de la Competencia (que aceptó sin ambages su intervención como parte interesada y potencialmente perjudicada por aquella actuación) y tenían derecho a que un órgano jurisdiccional enjuiciase el fondo de la respuesta desestimatoria que la autoridad de competencia había pronunciado".

 En el caso que ahora analizamos concurren, sin embargo, dos circunstancias que diluyen el interés de las entidades actoras hasta el punto de hacerle perder la consistencia imprescindible para poder sostener su legitimación; y distinguen, desde luego, el supuesto que nos encontramos aquí del contemplado por el Tribunal Supremo.

 Nos referimos, en primer lugar, al hecho de que la decisión adoptada por la CNMC no ha sido la de no incoar el expediente, la de archivarlo, o la de dictar resolución por la que hubiera acordado no sancionar, supuestos en los que, conforme a la jurisprudencia expuesta, procede reconocer la legitimación del denunciante.

 La resolución que se recurre declaró la responsabilidad de AERC, y le impuso una multa, de tal suerte que la discrepancia de las entidades actoras se limita solo al importe de aquélla.

 Y, en segundo lugar, es también determinante la circunstancia de que AGEDI y AEI no compiten en el marcado con AERC, a diferencia de lo que sucede con los denunciantes en los casos que analiza el Tribunal Supremo en la sentencia transcrita.

 Ambos presupuestos - que la CNMC hubiera adoptado un acuerdo de archivo, sobreseimiento, o dictado resolución por la que excluyera la responsabilidad de la denunciada; y tratarse, denunciante y denunciado, de competidores en el mercado- aparecen como presupuestos de la legitimación activa del denunciante cuando el Tribunal Supremo sintetiza la regla general que ha venido manteniendo en esta materia, "... favorable a reconocer -con los matices que después se dirán- la legitimación para recurrir de los operadores económicos, incluidas las asociaciones como la de autos representativas de sus intereses, cuando, presentes en un determinado mercado y habiendo interpuesto la correspondiente denuncia ante los órganos de defensa de la competencia para instar la declaración de que otros agentes del mismo mercado habían incurrido en prácticas anticompetitivas, reciben como respuesta un acuerdo de sobreseimiento del expediente sancionador ya incoado".

 Al faltar en este caso tales circunstancias, el eventual interés que pudieran hacer valer las denunciantes carece de la intensidad imprescindible para que pueda reconocerse su legitimación activa, por lo que es obligado inadmitir el recurso al amparo del artículo 69.b) de la Ley jurisdiccional .

 CUARTO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , las costas habrán de ser satisfechas por la parte actora cuyas pretensiones se han visto rechazadas con el pronunciamiento de inadmisibilidad del recurso.

 VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

 Declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª Silvia Urdiales González actuando en nombre y representación de la ASOCIACIÓN DE GESTIÓN DE DERECHOS INTELECTUALES (AGEDI) y de ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES, SOCIEDAD DE GESTIÓN (AIE) , contra la resolución de 7 de abril de 2016, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mediante la cual se impuso a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN COMERCIAL (AERC) una sanción de 190.00 euros de multa, al carecer las entidad recurrentes de legitimación para interponerlo.

 Con expresa imposición de costas a la parte actora.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 20/04/2018 doy fe.