Id. Cendoj: 28079230062019100272
ECLI: ES:AN:2019:3252
ROJ: SAN 3252/2019
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 08/07/2019
Nº de Recurso: 290/2015
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: RAMON CASTILLO BADAL
Procedimiento: Procedimiento ordinario
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000290 / 2015

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 02766/2015

 Demandante: LAND MOTORS

 Procurador: Dª. ROCÍO SORRIBES CALLE

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: QUIAUTO, ACCESSORIS MANRESA 4X4, S.L, HORWARTH AUDITORES ESPAÑA SLP.

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 D. SANTOS GANDARILLAS MARTOS

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a ocho de julio de dos mil diecinueve.

 VISTO el presente recurso contencioso-administrativo núm. 290/15 promovido por la Procuradora Dª. Rocío Sorribes Calle, actuando en nombre y representación de LAND MOTORS contra la resolución de 5 de marzo de 2015, del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, mediante la cual se le impuso una sanción de multa de 422.578 euros por la comisión de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia .

 Habiendo sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO .- Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando de ésta Sala, se dicte sentencia mediante la que se acuerde estimar el presente recurso contencioso administrativo y en consecuencia declare:

 "nula la precitada resolución mediante la cual se impone a LAND MOTORS una sanción consistente en multa por importe de cuatrocientos veintidós mil quinientos setenta y ocho euros (422.578 euros) o subsidiariamente, anule ésta última."

 SEGUNDO .- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que suplicaba se dictase sentencia por la que se confirmasen los actos recurridos en todos sus extremos.

 TERCERO.- Mediante diligencia de ordenación de 8 de febrero de 2016, se fijó la cuantía del recurso en 422.578 euros

 CUARTO.- En virtud de Auto de 24 de febrero de 2016, se tuvo por reproducida la documental propuesta y el expediente administrativo.

 Una vez presentados los respectivos escritos de conclusiones quedaron los autos conclusos para sentencia.

 QUINTO.- Seguidamente, mediante providencia de 13 de junio de 2019, se acordó señalar para votación y fallo del recurso el día 19 de junio de 2019, en que tuvo lugar.

 SEXTO.- Mediante providencia de 13 de junio de 2019, al haber anunciado el Ponente inicialmente designado, D. Santiago Soldevila Fragoso su intención de formular voto particular a la sentencia mayoritaria se designó nuevo Ponente recayendo en el Magistrado Ilmo. Sr. D. RAMÓN CASTILLO BADAL, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO .- En el presente recurso contencioso administrativo impugna la entidad actora la resolución de 5 de marzo de 2015, del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, mediante la cual se le impuso una sanción de multa de 422.578 euros ¤. por la comisión de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia .

 La parte dispositiva de dicha resolución, recaída en el expediente " S/0487/13 Concesionarios LAND ROVER " , era del siguiente tenor literal:

 PRIMERO.- Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Sexto de esta Resolución.

 SEGUNDO.- De acuerdo con la responsabilidad atribuida en el Fundamento de Derecho Séptimo, declarar responsables de las citadas infracciones a las siguientes empresas:

 LAND MOTORS

 (...).

 TERCERO.- imponer a las autoras responsables de las conductas infractoras las siguientes multas:

 LAND MOTORS.: 422.578 euros

 (...)

 QUINTO.- Instar asimismo a la Dirección de Competencia para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta Resolución.."

 Como antecedentes que precedieron al dictado de dicha resolución, a la vista de los documentos que integran el expediente administrativo, merecen destacarse los siguientes:

 1) El 30 de abril de 2013, la entonces Dirección de Investigación acordó iniciar una información reservada al haber tenido conocimiento de posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la distribución de vehículos de motor consistentes en la fijación de precios y condiciones comerciales y de servicio, así como en el intercambio de información comercialmente sensible en el mercado español.

 2) En el curso de dichas actuaciones, los días 4, 5 y 6 de junio de 2013 la DI llevó a cabo inspecciones en la sede de la empresa ANT SERVICALIDAD, S.L..

 3) Sobre la base de la información recabada como consecuencia de todas estas actuaciones, y al considerar la DI que de ella se seguía la existencia de indicios racionales de conducta prohibida por la LDC, acordó el 29 de agosto de 2013 la incoación del expediente sancionador " S/0487/13 Concesionarios LAND ROVER contra las empresas que relacionaba, entre ellas BRUSELAS MOTOR 4X4, S.L , por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en el artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia y en el artículo 1 de la LDC .

 Con fecha 2 de julio de 2014, la Dirección de Competencia acordó, la ampliación de la incoación contra las empresas QUIAUTO, S.A.U., DIVENTO 4X4, S.A., SALA TEAM, S.L., ACCESSORIS MANRESA 4X4, S.L., LAND MOTORS, S.A. y AUTO PLA DE VIC, 4 per 4, S.L

 4) El 11 de julio de 2014, la ya Dirección de Competencia, formuló pliego de concreción de hechos del que se dio oportuno traslado a las empresas incoadas, quienes formularon frente al mismo las alegaciones que tuvieron por conveniente.

 5) Acordado el cierre de la fase de instrucción el 24 de noviembre de 2014, el día 26 de noviembre siguiente la DC, emitió propuesta de resolución.

 6) Presentadas alegaciones, el 23 de diciembre de 2014 la DC elevó al Consejo de la CNMC informe y propuesta de resolución.

 7) Con fecha 29 de enero de 2015, la Sala de Competencia acordó requerir a las empresas incoadas a fin de que informasen sobre el volumen de negocios total en 2014, o la mejor estimación disponible, con suspensión del plazo para resolver. Suspensión que fue alzada el 20 de febrero de 2015 con efectos de la misma fecha.

 8) Finalmente, la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC deliberó el asunto en su reunión de 5 de marzo de 2015 y dictó con esa misma fecha la resolución que ahora se recurre.

 SEGUNDO .- En cuanto a los hechos determinantes del acuerdo sancionador, en la resolución recurrida se describe a la entidad actora, LAND MOTORS, del siguiente modo:

 LAND MOTORS, concesionario LAND ROVER con domicilio social en Barcelona, tiene por objeto social la concesión y representación de automóviles, así como su comercio y servicio post venta.

 Antes de delimitar el mercado afectado, la resolución hace algunas consideraciones relevantes sobre su caracterización y, en particular, y por la incidencia que ello tiene para conocer cuál es la relación entre la marca y el concesionario, se refiere al régimen jurídico de los concesionarios, regidos por contratos de distribución de vehículos y de servicios concertados con los proveedores y fabricantes de las marcas oficiales de modo tal que el proveedor vende sus productos al distribuidor y éste los revende a sus clientes aplicando un margen, que constituye la fuente de ingresos de su actividad comercial. Señala que en la distribución minorista de automóviles nuevos la empresa distribuidora de los vehículos de una marca comunica al concesionario un precio de venta recomendado para que éste establezca libremente el precio final de venta de acuerdo con sus ingresos esperados o deseados, práctica que estaría cubierta por el Reglamento General de Vehículos aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Quiere ello decir que el distribuidor actúa, en todo caso, en su nombre y por cuenta propia, asumiendo los riesgos derivados del negocio.

 En cuanto a la forma de configuración del precio en la distribución minorista de vehículos nuevos, es la marca la que comunica al concesionario lo que se denomina precio de venta recomendado, mientras que el concesionario fija libremente el precio final de venta de acuerdo con los criterios de su política comercial.

 Por lo que se refiere a la delimitación del mercado afectado y, en particular, del mercado de producto, la resolución lo identifica con el de la distribución de vehículos de motor todoterreno y accesorios de la marca LAND ROVER, a través de concesionarios independientes del fabricante de la citada marca. Explica que el mercado afectado por las prácticas objeto de investigación en este expediente sancionador abarca todoterrenos de la marca LAND ROVER nuevos vendidos a particulares, flotas de todoterreno, si bien no quedan incluidas grandes flotas y todoterreno de "kilómetro 0".

 Particular relevancia tienen las consideraciones relativas al mercado geográfico que comprendería, según la resolución sancionadora, la zona en la que las empresas afectadas desarrollan actividades de suministro de los productos y de prestación de los servicios de referencia, siendo las condiciones de competencia suficientemente homogéneas. Zona geográfica que puede distinguirse de otras próximas debido, en particular, a que las condiciones de competencia prevalecientes en ella son sensiblemente distintas a aquéllas.

 Razona que el concepto mercado afectado por la conducta infractora, que puede o no coincidir con el mercado de producto y geográfico relevante, no viene determinado por el territorio en el que las condiciones de competencia son homogéneas, sino por el espacio geográfico en el que la infracción analizada haya producido o sea susceptible de producir efectos sobre las condiciones de competencia efectiva.

 El proveedor, dice, según el contrato que suscribe con los concesionarios y que determina la operativa de los mismos, no establece ninguna cláusula que discrimine y que condicione a los concesionarios a la hora de sus ventas por razón del lugar de residencia del cliente final, ni de la instalación desde la que el concesionario realice la venta, a los efectos de aceptar o rechazar los pedidos del concesionario; de lo que concluye que los concesionarios tienen un ámbito de influencia mayor que el de la provincia en la que se ubican físicamente, con una influencia significativa en las provincias limítrofes.

 Al analizar dicho ámbito de influencia, la Dirección de Competencia habría comprobado que las zonas geográficas en que se manifestaban las prácticas supuestamente anticompetitivas coincidían con las zonas de influencia de los concesionarios de la marca Land Rover, lo que le lleva a identificar la llamada "Zona de Madrid", que incluiría los concesionarios ubicados en la Comunidad Autónoma de Madrid y Toledo y Guadalajara.

 Se refiere igualmente a la "Zona de Cataluña", que incluía los concesionarios ubicados en la provincia de Barcelona, así como en las provincias limítrofes de Tarragona y Gerona.

 Respecto de la denominada "Zona de Madrid", considera que casi todos los concesionarios de la marca LAND ROVER ubicados en la Comunidad Autónoma de Madrid han participado en el cártel.

 En cuanto a la Zona de Barcelona de los concesionarios (incluidos puntos de venta de los mismos). Del listado de concesionarios pertenecientes a toda la Comunidad Autónoma de Cataluña destaca la existencia de un concesionario en Girona, otro en Tarragona y un tercero en Lleida, siendo significativa la influencia de los concesionarios situados en Barcelona con respecto al resto de las provincias de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

 Por último, analiza la estructura del mercado que caracteriza, por el lado de la oferta, y después de exponer las peculiaridades relacionadas con el precio de adquisición del vehículo por el concesionario a la marca y la determinación del precio de venta al público, como un mercado maduro relativamente transparente, con un número de concesionarios reducido, estable en su número sin entradas de nuevos competidores en el mismo durante todo el desarrollo del cártel.

 Desde el punto de vista de la demanda, se refiere a los tres canales principales (flotas de empresas privadas, particulares y empresas destinadas al renting o alquiler de los vehículos de motor).

 Delimitado de este modo el mercado afectado, la resolución recurrida aborda la descripción de los hechos probados relacionando las principales fuentes de información que le han permitido constatarlos, que serían las inspecciones realizadas los días 4 y 5 de junio de 2013 en la sede de la empresa consultora ANT, así como las contestaciones de las incoadas a los requerimientos de información formulados.

 Las pruebas así obtenidas pondrían de manifiesto que los concesionarios participantes adoptaron acuerdos de fijación de precios y condiciones comerciales y de servicio, además de llevar a cabo un intercambio de información comercialmente sensible sobre el nivel máximo de descuentos aplicables a la mayoría de los nuevos modelos de automóviles, las ventas de vehículos Km. 0 de la marca LAND ROVER, con carácter puntual y las ventas de vehículos de flota el mercado de la distribución de vehículos de motor de la marca LAND ROVER, con la colaboración de ANT y HORWARTH.

 Especial relevancia atribuye la CNMC al sistema de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados mediante la contratación de ANT SERVICALIDAD, cuya actividad principal consistía en evaluar la atención al cliente de las empresas que contrataban sus servicios, lo cuales eran prestados bajo la marca "El Cliente Indiscreto", normalmente a través de estudios de calidad en los que figuraba solamente la información referente al concesionario al que concierne y a disposición únicamente del concesionario evaluado, así como en prestar otros servicios a los concesionarios (bajo la denominación "estudios de mercado" o "estudios de precios" respecto de cada una de las zonas afectadas) con el objeto, explícitamente reflejado por ANT en sus presentaciones, de "acabar con la guerra de precios existentes y la escasa rentabilidad por operación y homogeneizar descuentos máximos" a fin de conseguir incrementar el margen comercial por vehículo vendido, valiéndose para ello del seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de precios y condiciones comerciales y de servicios previamente fijados por los concesionarios, identificando aquellos que incumplían los acuerdos adoptados, remitiendo dichas "incidencias" (es decir, los incumplimientos) a los integrantes del cártel de cada zona, y facilitando el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados con una operativa que describe minuciosamente la resolución recurrida.

 Tras valorar las pruebas aportadas en relación a la participación de los concesionarios, la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC consideró acreditada la comisión de una infracción del artículo 1 de la LDC consistente en la adopción e implementación de acuerdos de fijación de precios y otras condiciones comerciales y de intercambio de información sensible entre las empresas concesionarias de vehículos de la marca LAND ROVER que relaciona, en concreto, ADVENTURE CENTER, S.L., 4. BRUSELAS MOTOR 4X4, S.L., C. DE SALAMANCA, S.A., DEYSA LAND ROVER, DIVENTO 4X4, S.A., MOVILCAR, S.A., QUIAUTO, S.A.U, ACCESSORIS MANRESA 4X4, S.L., AUTO PLA DE VIC 4 per 4, S.L., LAND MOTORS, S.A., con la colaboración y participación de A.N.T. SERVICALIDAD, S.L y HOWARTH.

 Constata entonces la existencia de un cártel en Madrid integrado por las empresas, ADVENTURE CENTER, C. de SALAMANCA, BRUSELAS MOTOR, QUIAUTO y MOVILCAR, DEYSA y DIVENTO que compiten en el mismo mercado de distribución de vehículos de motor turismos de la marca LAND ROVER. Estas empresas habrían adoptado acuerdos durante el período comprendido entre enero de 2011 y junio de 2013 (Divento solo hasta abril de 2011) y tales acuerdos consistirían, principalmente, en la fijación de precios mediante determinación de descuentos máximos, las ventas de vehículos Km. 0 de la marca LAND ROVER, con carácter puntual y para ventas de vehículos de flota y el intercambio de información estratégica y sensible, constituyendo por tanto prácticas prohibidas conforme al artículo 1 de la LDC . Y destaca también que los acuerdos se adoptaron con "... manifiesta ocultación y secretismo".

 En su relación de hechos acreditados se refiere la CNMC de manera especial al sistema de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos a través de la contratación de la empresa ANT SERVICALIDAD, intervención que se revela como determinante, en muchos de los casos, para justificar la participación de cada uno de los concesionarios sancionados en los acuerdos colusorios, y a la que nos hemos de referir después al analizar, precisamente, la prueba inculpatoria acumulada frente a la empresa aquí recurrente.

 La prueba de tales acuerdos estaría constituida por las facturas expedidas por ANT a los concesionarios participantes en el cártel, así como por la contabilidad interna de ANT que reflejaría el seguimiento realizado en dichos concesionarios del cumplimiento de los acuerdos adoptados por éstos. A ello se añaden otras pruebas como los denominados "Protocolos de Revisión", de 2011 y 2013 realizados por HOWARTH, en los que se detallan las condiciones y tarifas del servicio prestado por ANT (precio por visita y estudio), así como los términos de los acuerdos adoptados por el cártel y las condiciones que las partes deben cumplir. Asimismo, se especifican las excepciones comerciales que pueden realizarse fuera del acuerdo, los mecanismos de intercambio de la información a través de las denominadas "reuniones de concesiones", la valoración de las incidencias en las reuniones de "Junta de Gerentes" de los concesionarios participantes en el cártel, que se realizaban mensualmente y la propia delimitación territorial del cártel.

 Finalmente, la existencia de contactos directo entre los concesionarios participantes del acuerdo a través de las reuniones periódicas llevadas a cabo para tratar cuestiones relativas a los Protocolos citados.

 Así, el correo electrónico enviado por HORWATH a todos los concesionarios, DEYSA, BRUSELAS MOTOR, MOVILCAR, ADVENTURE CENTER, DIVENTO, C.SALAMANCA, QUIAUTO y AN el 8 de junio de 2011, recabado en la inspección de ANT (folios 6511 y 6512) que tenía por objeto crear un listado compartido relativo a los accesorios, anexado al protocolo de revisión de febrero de 2011.

 La convocatoria efectuada por HOWARTH a una reunión en sus oficinas el 2 de abril de 2013 para analizar los resultados de las auditorías y visitas de los evaluadores de ANT realizadas durante el mes de febrero de ese año. Así lo acredita el Correo electrónico interno de ANT en el que se reenvía el correo electrónico enviado por HORWATH el 14 de marzo de 2013, asunto: "Fwd: Convocatoria reunión", a ANT, ADVENTURE CENTER, MOVILCAR, C. DE SALAMANCA, BRUSELAS MOTOR, DEYSA y QUIAUTO, recabado en la inspección de ANT (folios 6559 y 6560).

 Otra reunión convocada por HORWARTH el 9 de mayo de 2013 para analizar los resultados del mes de marzo de 2013. Correo electrónico enviado por DEYSA a HORWATH, ANT, ADVENTURE CENTER, MOVILCAR, C. DE SALAMANCA, BRUSELAS MOTOR y QUIAUTO el 9 de mayo de 2013, reenviando los correos electrónicos remitidos por HORWATH el 6 y el 9 de mayo de 2013, recabados en la inspección de ANT (folios 6571 a 6573).

 Además, HORWARTH envió a ADVENTURE CENTER y BRUSELAS MOTOR que no asistieron a la reunión anterior los informes que elaboró sobre el contenido de aquella. Correo electrónico enviado por MOVILCAR a HORWATH, ANT, ADVENTURE CENTER, DEYSA, C. DE SALAMANCA, BRUSELAS MOTOR y QUIAUTO el 10 de mayo de 2013, recabado en la inspección de ANT (folios 6574 a 6576).

 También constituye un elemento incriminatorio relevante los informes sobre las incidencias detectadas por ANT tras las visitas realizadas por sus evaluadores a los concesionarios participantes en el cártel. La resolución recurrida recoge el siguiente ejemplo:

 "INCIDENCIAS LAND ROVER

 FEBRERO

 Visitas - Todo OK

 Teléfono - Todo OK

 MAIL

 Bruselas Motor - En el segundo mail manda un presupuesto más bajo, con un descuento cercano al 9%, cuando el descuento correcto es del 8%.

 MARZO

 VISITAS

 Bruselas Motor - Presupuesta la versión SE, pero le incluye también como extra, eI apoyabrazos, aplicándole también el programa de lanzamiento del paquete de regalo de la versión S, que es más alta porque también regala el apoyabrazos.

 Adventure Center - Regala GPS Garmin, tornillos antirrobo y control de niveles de por vida.

 Divento 4X4 - Da precio más bajo, lo da por mail después de la visita, pero no envía presupuesto, el precio final está en el texto del mail, da precio final y tasación. En la tasación queda suficiente margen.

 TELEFO NO

 Divento 4X4 - Baja el precio de palabra por teléfono, no lo quiere dar por escrito.

 MAIL

 Divento 4X4 - Baja el precio directamente al contestar al mail, pero no manda presupuesto, lo hace en el propio texto del mail. Además, al mandarle un segundo mail para apretar más regala el portaesquís". Documento "Incidencias LAND ROVER", recabado en la inspección de ANT (folio 232).

 Destaca finalmente la resolución recurrida que el cartel mantuvo la metodología seguida por los evaluadores de ANT, realizando las visitas en los concesionarios LAND ROVER de la "Zona de Madrid", según las anotaciones manuscritas en carpeta LAND ROVER, de 8 de enero de 2013, recabadas en la inspección de ANT (folios 146 a 151).

 En cuanto al cartel de la Zona de Barcelona, la resolución impugnada alude a la existencia de acuerdos alcanzados por los concesionarios independientes de la marca LAND ROVER en la denominada "Zona de Barcelona", adoptados por un cártel en el que participaron tres concesionarios, uno de ellos LAND MOTORS durante el 2011, con la colaboración de ANT, de acuerdo con la información recabada en la inspección de ANT, así como también por la aportada por dichas empresas en contestación a los requerimientos de información realizados, que acreditan las relaciones mantenidas por estas empresas con ANT.

 TERCERO.- Expuestos, de modo resumido, los hechos que la resolución impugnada considera probados y que reflejan la supuesta operativa de funcionamiento de las entidades sancionadas, en su fundamentación jurídica califica tales hechos como constitutivos de una infracción única y continuada prohibida en el artículo 1 de la LDC .

 Seguidamente describe los hechos determinantes de la infracción supuestamente cometida por las citadas empresas del siguiente modo:

 En el caso de LAND MOTORS, la imputación obedece a su participación en el cártel de la Zona de Barcelona de fijación de precios y otras condiciones comerciales y de intercambio de información durante 2011.

 CUARTO.- En su demanda, la parte recurrente, plantea como motivos impugnatorios, la caducidad del procedimiento sancionador.

 La incorrecta definición del mercado afectado por la conducta supuestamente anticompetitiva.

 La ausencia de prueba de la participación de LAND MOTORS en el cartel de la Zona de Barcelona y, la falta de motivación y arbitrariedad en el cálculo de la sanción impuesta que hace la resolución recurrida.

 QUINTO.- Entrando a examinar los motivos del recurso, la recurrente denuncia, en primer lugar, la caducidad del procedimiento sancionador porque la suspensión se dictó sin la necesaria motivación, basada en razones de tramitación ordinaria que no pueden amparar una suspensión extraordinaria del plazo para resolver el expediente.

 En realidad, argumenta la actora, la suspensión obedece a la propia desidia de la Administración que tramitó el expediente sancionador de forma poco diligente.

 Considera por ello que la resolución sancionadora debió dictarse como tarde el 28 de febrero de 2015, sin embargo, se dictó el 5 de marzo y se le notificó el 16 de marzo, cuando el procedimiento había caducado según lo expuesto.

 El requerimiento de información de 29 de enero de 2015, se le notificó a LAND MOTORS el 3 de febrero de 2015 (folio 9662) que lo cumplimentó el 13 de febrero de 2015.

 Si sumamos los diez días de suspensión desde el 28 de febrero, fecha tope resulta que cuando se le notifica la resolución sancionadora el 16 de marzo, está fuera de marzo.

 Ahora bien, el 20 de febrero de 2015, hay un acuerdo de levantamiento de la suspensión (folio 10054) que dice:

 "Por Acuerdo de fecha 29 de enero de 2015, la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC, relativo al requerimiento de información, acordó suspender, con fecha 3 de febrero, el plazo máximo para resolver el expediente de referencia hasta que por parte de los interesados se aportara determinada documentación o en su caso transcurriera el plazo concedido.

 El día 6 de los corrientes, tres entidades solicitaron una ampliación de 5 días, siendo concedido, mediante Acuerdo de 10 de febrero.

 Transcurrido el plazo concedido, procede pues efectuar el levantamiento de la

 suspensión con efectos de 20 de febrero de 2015.

 Comuníquese este Acuerdo a la Dirección de Competencia y notifíquese a los interesados."

 Este acuerdo de levantamiento de la suspensión fue notificado a LAND MOTOR el 24 de febrero de 2015 (folio 10070.8) que no hizo alegación alguna.

 La resolución sancionadora se dictó el 5 de marzo que fue notificada a LAND MOTOR el 13 de marzo de 2015 (folio 10257).

 Por tanto, de conformidad con el art. 12.3 del Reglamento de Defensa de la competencia si sumamos desde el 28 de febrero de 2015, los 17 días naturales de suspensión, cuando se notifica a LANDS MOTOR la resolución sancionadora, no había transcurrido el plazo de caducidad del procedimiento.

 Podría argumentarse, si bien no lo hace el recurrente, que LAND MOTOR cumplió el requerimiento el 13 de febrero de 2015, por lo que la suspensión se alzaba para él desde esa fecha, sin embargo, para todos los casos, el art. 12.2 del reglamento dice:

 "2. Para el levantamiento de la suspensión del plazo máximo, el órgano competente de la Comisión Nacional de la Competencia deberá dictar un nuevo acuerdo en el que se determinará qué se entiende reanudado el cómputo del plazo desde el día siguiente al de la resolución del incidente que dio lugar a la suspensión y la nueva fecha del plazo máximo para resolver el procedimiento. Este acuerdo de levantamiento de la suspensión será igualmente notificado a los interesados."

 En el presente caso, ese acuerdo se dictó el 20 de febrero de 2015 y fijó esa fecha como la de levantamiento de la suspensión, notificándose ese acuerdo a la actora que no lo cuestionó.

 Aunque el citado acuerdo no precisa la nueva fecha del plazo máximo para resolver el procedimiento, lo relevante es que fija las fechas que deben computarse para determinar el periodo de suspensión, del 3 al 20 de febrero.

 Si no se hiciera así, los periodos de suspensión serían diferentes para cada interesado, lo que resulta incompatible con el carácter único del procedimiento.

 Por lo tanto, sumado el periodo de suspensión desde el 28 de febrero, el 13 de marzo de 2015 no había caducado el procedimiento.

 Por lo demás, no advertimos desidia o tramitación deficiente en la instrucción del procedimiento y ni siquiera la actora destaca que haya existido un retraso excesivo entre trámites o para llevar a cabo alguna diligencia de instrucción.

 El art. 37.1.a de la ley 17/2015 permite la suspensión del procedimiento:

 a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios.

 El precepto no distingue, a juicio de la mayoría de la Sala, a los efectos de suspensión, entre motivos de tramitación ordinaria o extraordinaria.

 Es más, el art. 37.1 distingue supuestos de suspensión ordinaria, el apartado 2, una suspensión basada en circunstancias especiales y el apartado 4 un supuesto excepcional de ampliación del plazo máximo de resolución.

 Lo cierto es que la CNMC necesitaba disponer del volumen de facturación para motivar la cuantía de la sanción y de ahí el requerimiento para la aportación de ese dato que justificó la ampliación del plazo al amparo del art. 37.1.a) de la Ley 15/2007 que ofrece plena cobertura a tal solicitud.

 Por lo tanto, a juicio de la mayoría de la Sala, carece de fundamento la alegación relativa a la caducidad del procedimiento sancionador pues la CNMC empleó correctamente la posibilidad que ofrece el art. 37.1.a de la Ley 15/2007 a fin de recabar un dato imprescindible para calcular la sanción dictándose la resolución que le puso fin dentro del plazo legal.

 SEXTO..- Denuncia la actora que no hay prueba en el expediente de la participación de LAND MOTORS en el cartel de la Zona de Barcelona.

 Lo cierto es que, efectivamente, el examen de las actuaciones revela la inconsistencia probatoria que justifique la imputación a LAND MOTORS por la participación en el supuesto cartel de la Zona de Barcelona en los términos que describe la resolución recurrida.

 Destaca esta, la existencia de acuerdos alcanzados por los concesionarios independientes de la marca LAND ROVER en la denominada "Zona de Barcelona", adoptados por un cártel en el que participaron tres concesionarios, uno de ellos LAND MOTORS durante el 2011, con la colaboración de ANT, de acuerdo con la información recabada en la inspección de ANT, así como también por la aportada por dichas empresas en contestación a los requerimientos de información realizados, que acreditan las relaciones mantenidas por estas empresas con ANT.

 En las sentencias dictadas en relación al cartel de concesionarios SEAT/AUDI/WOLKSWAGEN y en las del cartel de los concesionarios de OPEL hemos explicado el papel que desempañaba ANT una vez comprobado que:

 "junto con el informe relativo a la atención al cliente que el personal del concesionario ofrecía al supuesto comprador, ANT enviaba mensualmente a los concesionarios un correo electrónico con asunto "Incidencias y Tabla resumen" o similar, adjuntando el estudio que ANT titula "tabla de resultados", que resume el resultado de las visitas realizadas en el mes, el total de concesionarios visitados y número de visitas. Dicho estudio incorporaba un cuadro resumen de las ofertas de cada concesionario por modelo de coche (por lo general, dos modelos de cada marca) desglosado por condiciones comerciales del acuerdo (precio de mercado, oferta, regalos, tasación, financiación, cuota correcta), resaltando las "incidencias", esto es, los incumplimientos o desviaciones de los acuerdos.

 De este modo, todos los concesionarios de cada zona recibían la tabla de resultados, lo que les permitía conocer las condiciones comerciales ofrecidas por el resto de concesionarios de su zona, así como aquéllos que hubieran incumplido el acuerdo.

 La finalidad perseguida con la contratación de ANT era verificar el cumplimiento de los acuerdos adoptados, y, como manifestaba esta empresa en sus presentaciones, "acabar con la guerra de precios existentes y la escasa rentabilidad por operación y homogeneizar descuentos máximos", consiguiendo con ello incrementar el margen comercial por vehículo vendido. Ello a través del servicio prestado a los concesionarios que denomina "estudios de mercado" o "estudios de precios" respecto de cada una de las zonas afectadas, consistentes en el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de precios y condiciones comerciales y de servicios previamente fijados por los concesionarios, identificando aquellos que incumplían los acuerdos, informando de los incumplimientos a los integrantes del cártel de cada zona y facilitando el seguimiento de los acuerdos.

 Por lo tanto, el pago de las facturas por el concesionario por los servicios prestados por ANT revela su conocimiento y voluntad de participar en el mecanismo diseñado por ésta para garantizar la vigilancia y el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la red de concesionarios facilitando el intercambio de tales datos con el fin de homogeneizar el nivel máximo de descuentos a ofertar.

 Por esa razón, la Sala concede un especial valor incriminatorio al pago de las facturas teniendo en cuenta que por la recurrente no se ofrece una explicación alternativa creíble que explique su abono.

 Así, argumenta que la contratación de ANT respondía a la necesidad de comprobar sus resultados de calidad de ventas a efectos de recibir el abono previsto en el contrato en concepto de calidad en la atención al cliente, en segundo lugar, para comprobar que se cumplía con el sistema de campañas verificando que ningún concesionario vendiera por debajo de coste dada la prohibición de la venta a pérdidas y, finalmente, comprobar si algún distribuidor contaba con condiciones especiales lo que constituiría una deslealtad contractual del proveedor para con los demás miembros de la red.

 Sin embargo, esos fines no se corresponden con los realmente ofertados por ANT como revela la presentación de 13 de septiembre de 2012 (folios 2325 a 2339) en la que aquella ofrece a los concesionarios "acabar con la guerra de precios existentes y homogeneizar descuentos máximos", consiguiendo con ello incrementar el margen comercial por vehículo vendido, realizando un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de precios y condiciones comerciales y de servicios previamente alcanzados por los concesionarios de la marca OPEL en cada zona e identificando aquellos concesionarios que incumplían los acuerdos adoptados, remitiendo dichas "incidencias", es decir, los incumplimientos, a los integrantes del cártel facilitando, en definitiva, el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados ."

 Ahora bien, este método que describe en similares términos la resolución recurrida respecto de la actuación de ANT con los concesionarios de LAND ROVER no consta que se haya seguido aquí de manera efectiva en 2011 que es el periodo en el que se le sanciona.

 La lógica del método de funcionamiento de ANT tal y como relata la resolución recurrida y ha comprobado esta Sala en el cartel de SEAT/AUDI/WOLKSWAGEN y también en el de OPEL es que por ese servicio que prestaba ANT de vigilancia y monitorización del cumplimiento de los acuerdos cada concesionario abonaba el importe de la factura emitida un mes después de la prestación del servicio. Por esa razón, hemos dado un especial valor al abono de las facturas emitidas por ANT pues reflejaba inequívocamente la voluntad del concesionario respectivo de participar en el cartel beneficiándose del conocimiento y respeto al acuerdo de nivel máximo de descuentos aplicable por sus competidores reduciendo así la incertidumbre entre ellos en detrimento de una competencia efectiva.

 Por esa razón, no puede entenderse acreditada la participación de los concesionarios en un cartel, en éste caso, en la ZONA BARCELONA de LAND MOTORS, cuando no consta el abono de factura alguna por servicios supuestamente prestados por ANT y abonados por aquella durante 2011.

 Únicamente hay facturas del periodo 2006/2007 expedidas por ANT a LAND MOTORS (folios 7157 a 7165), recabadas en la inspección de ANT, según información aportada por esta (folio 6978) y LAND MOTORS (folio 6879), en contestación a los requerimientos de información realizados.

 Por lo tanto, falta el sustento probatorio esencial que acredita el funcionamiento del cartel respecto de éste concesionario de la Zona de Barcelona, tal y como lo explica la resolución recurrida.

 Pero es que, además, el resto de la prueba que invoca la resolución impugnada respecto de LAND MOTORS carece de valor incriminatorio respecto de ésta.

 Así, se alude a un primer correo enviado por SALA TEAM a ANT el 21 de noviembre de 2011, en el que el concesionario encarga a ANT un visita a LAND MOTORS y AUTO PLA, , para controlar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por este cártel de la "Zona de Barcelona":

 "(...) (Administrador, Gerente y Director Financiero de ANT):

 Te adjunto las direcciones de las instalaciones a visitar de LAND ROVER:

 Barcelona:

 Land Motors.

 Via Augusta, 228

 Vic:

 Auto Pla de Vic

 Ctra C-17 km 69,7 (Gurb).

 Se trataría de solicitar precio del nuevo RANGE ROVER EVOQUE. Una unidad en estoc y otra a pedir, de esta forma veremos los descuentos que se aplican en cada caso...

 Espero tus noticias.

 Saludos cordiales,

 (Gerente de SALA TEAM)".

 Tras la recepción de este correo electrónico, ese mismo día se envió otro internamente en ANT incidiendo en la existencia de los acuerdos en la "Zona de Barcelona":

 "Buenas,

 Estos de LAND ROVER tienen un acuerdo y no lo controlan.

 Este hombre nos envía a ver si detectamos que se saltan el acuerdo. Si tenéis dudas me lo decís y le llamo".

 En la demanda, explica LAND MOTORS que en mayo de 2011 LAND ROVER lanzó un concurso de preventa del modelo Range Rover Evoque entre los concesionarios de la marca en toda España premiando a los gerentes y vendedores que superasen el objetivo de ventas fijado por el concesionario.

 Ganó Auto Pla de Vic y quedó segundo LAND MOTORS comunicándose el resultado a todos los concesionarios en octubre de 2011.

 Según LAND MOTORS, la intención de Sala Team al encargar a ANT visitar sus concesionarios y preguntar por el modelo objeto del concurso respondía al deseo de conocer que descuentos habían permitido a esas empresas ganar el concurso.

 Con independencia de la verosimilitud de la explicación atendidos los términos del acuerdo al que se refiere el segundo correo, lo cierto es que se trata de correos internos de ANT en los que no ha tenido intervención alguna LAND MOTORS y, por tanto, no puede atribuírsele responsabilidad alguna de lo que en ellos se dice. No consta que esos correos se le hubieran reenviado ni que haya habido respuesta alguna por parte de LAND MOTORS reveladora de algún acuerdo o práctica anticompetitiva.

 Esa circunstancia unida, insistimos, al hecho de la ausencia de facturas emitidas por ANT y abonadas por la actora en 2011 que pudieran demostrar la participación de LAND MOTORS en el sistema de funcionamiento del cartel, en los términos que describe la resolución sancionadora, llevan a esta Sala a considerar no probada la participación de la recurrente en el denominado cartel de la Zona de Barcelona.

 SÉPTIMO.- Procede, en atención a cuanto hemos expuesto, la estimación del recurso y la anulación de la resolución recurrida y de la sanción impuesta en cuanto a LAND MOTORS se refiere.

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a la Administración demandada, dada la estimación del recurso.

 VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

 1. Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª. Rocío Sorribes Calle, actuando en nombre y representación de LAND MOTORS contra la resolución de 5 de marzo de 2015, del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, mediante la cual se le impuso una sanción de multa de 422.578 euros por la comisión de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , resolución que anulamos por ser contraria a Derecho.

 2. Con expresa imposición de cos tas a la Administración demandada.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

 6

VOTO PARTICULAR 

 que formula el Magistrado D. Santiago Soldevila Fragoso.

 ANTECEDENTES

 1. Mi discrepancia respecto de la sentencia recaída en este procedimiento se refiere al tratamiento dado por la mayoría a la cuestión relativa a la caducidad del procedimiento.

 2. Resulta conveniente recordar que el procedimiento fue incoado el 29 de agosto de 2013 y que el plazo ordinario de terminación, establecido por el artículo 36.1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC ), es de 18 meses.

 3. Por lo tanto, la fecha final hábil para la notificación de la resolución sancionadora, quedó fijada en el 28 de febrero de 2015.

 4. También es pertinente precisar lo siguiente:

 -El 6 de agosto de 2014 se formula pliego de cargos y, sin suspensión del procedimiento, la CNMC requiere a las empresas afectadas para que formulen sus alegaciones y aporten la cifra anual de negocios correspondiente a 2013.

 -El 4 de diciembre de 2014 se formula la propuesta de resolución y no se requiere a las empresas afectadas la aportación de cifra de negocio alguna, remitiéndose el expediente a la Sala de Competencia el 2 de enero de 2015.

 -El 29 de enero de 2015, la Sala de Competencia, con apoyo en el artículo 39.1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC ), decidió "por resultar necesario para dictar la resolución, acordó suspender el plazo de tramitación del procedimiento a los efectos de que se aportaran por todas las empresas afectadas al expediente los datos correspondientes al volumen de negocios total correspondientes al ejercicio de 2014 antes de la aplicación del IVA, o su mejor estimación, y, además, aunque solo para algunas de las empresas afectadas por el requerimiento anterior, para que aportaran determinadas cifras de negocio de manera segmentada o su mejor estimación, también , correspondientes a 2014

 -El plazo máximo concedido para dicha aportación documental fue, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37. 1 a) de la LDC , de 10 días.

 5 .El 17 de febrero de 2015 se acordó el levantamiento de la suspensión con efectos del día anterior, estableciéndose como nueva fecha de caducidad el 12 de marzo de 2015.

 6. La resolución impugnada se dictó el 5 de marzo de 2015.

 FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 1. No me cabe duda, y en esto coincido plenamente con la mayoría que avala la sentencia, de que la incorporación al expediente de los documentos reclamados era necesaria, pues el artículo 63 de la LDC establece que la multa se impondrá sobre la base de dichas magnitudes. Por ello, esa no es la cuestión objeto de debate.

 2. La mayoría sostiene, en esencia, que, tratándose de la petición de una documentación necesaria para resolver el expediente, como es el volumen de negocios correspondiente al año anterior al de la imposición de la sanción, está justificada la suspensión del plazo para resolver al amparo del artículo 37.1 a) de la LDC que no distingue a los efectos de la suspensión, entre motivos de tramitación ordinaria o extraordinaria.

 3. Recuerda la sentencia que el solapamiento de las fechas, dado que el expediente llega a la Sala de Competencia el 2 de enero de 2015, obliga a la CNMC a dictar la resolución en 2015. Por esta razón le resulta imprescindible solicitar la información en cuestión relativa al ejercicio de 2014 que es el año anterior al de la imposición de la sanción, pues la que disponía estaba referida a 2013.

 4. Destaca también la sentencia que el propio artículo 37 de la LDC contempla tres supuestos de suspensión que califica de esta manera: ordinaria (párrafo 1), basada en circunstancias especiales (párrafo segundo) y por motivos excepcionales (párrafo cuarto) y que el supuesto enjuiciado se encuadraría en la primera.

 5. Mi divergencia esencial con la mayoría se centra pues, en la interpretación y aplicación a las circunstancias del caso del artículo 37.1 a) de la LDC , que establece que: "El transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para resolver un procedimiento se podrá suspender mediante resolución motivada en los siguientes casos: a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios".

 6. Contrariamente a lo que se indica en la sentencia, estimo que la LDC distingue perfectamente entre la tramitación ordinaria del procedimiento sancionador, para lo que otorga un plazo total de 18 meses según el artículo 36.1 de la LDC y la tramitación extraordinaria para la que establece la posibilidad de ampliación del plazo de resolución, derogando de esta forma la regla general de resolución en 18 meses.

 7. Deben realizarse en el período ordinario y sin suspensión de tipo alguno, todas las actuaciones que están establecidas en la LDC y en el RD 261/2008 como obligatorias para el procedimiento sancionador y que deben practicarse en todo caso, pues con esa finalidad se estableció un período ordinario de tramitación.

 Entre estas actuaciones se encuentra la petición a las empresas que pueden ser sancionadas, del volumen total de negocios del año inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción.

 8. La apertura del plazo extraordinario del artículo 37.1 a) LDC queda reservada para la reclamación de documentos necesarios y específicos del caso concreto, que, por las circunstancias que se indican el artículo 37 de la LDC no se pudieron recabar en el plazo ordinario, debiendo clarificarse la razón de ello en casa caso.

 9. En ese sentido, es constante y uniforme la jurisprudencia que destaca el carácter preclusivo de los plazos de tramitación y que conciben el instrumento de la caducidad del procedimiento como una garantía irrenunciable del administrado.

 10. La STS de 18 de enero de 2016 recurso de casación nº 2953/2013 que reitera doctrina anterior, es expresiva al respecto señalando en su FJ 3 que

 "tratándose de procedimientos sancionadores o susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, la caducidad se produce cuando la Administración sobrepasa el plazo máximo para resolver legalmente establecido para cada procedimiento ( artículo 44.2 de la Ley 30/1992 ), que en el caso del procedimiento sancionador en el ámbito del derecho de la competencia es de un año ( artículo 56 de la Ley 16/1989 antes citado)".

 11. La mención al plazo de un año hecha en la sentencia de 18 de enero de 2016 , debe entenderse hecha en la actualidad al vigente artículo 36.1 de la LDC que fija el plazo en 18 meses.

 12. Por otra parte, los supuestos contemplados en el artículo 37 LDC tienen el rasgo común de constituir una derogación a la regla general que impone el respeto del plazo ordinario de 18 meses, teniendo cada una de las tres situaciones que contempla una naturaleza diferente.

 13. Únicamente el artículo 37.2 LDC impone la suspensión automática y obligatoria de los plazos de tramitación por ministerio de la ley, limitándola a 4 supuestos, ninguno de los cuales es la petición de la información que nos ocupa.

 En las otras dos situaciones que contempla dicho precepto, la suspensión está en función de las circunstancias de cada caso, por lo que es eventual y está sujeta a un control de motivación, que en esencia debe verificar si la ampliación del plazo que supone la suspensión está o no justificada, sin que la CNMC pueda disponer de la misma a su libre arbitrio.

 14. En mi opinión, no constituye una motivación adecuada el afirmar que era necesario contar con la referida información referida al año 2014, pues siendo eso cierto, también lo es que dicha información pudo y debió solicitarse dentro del período ordinario, pues justamente para ello está establecido, como ya se ha dicho y veremos a continuación

 15. Si se concluyera, como hace la sentencia de la que discrepo, que la CNMC tiene libertad para suspender el procedimiento para solicitar dicha información, no tendría ningún sentido fijar un plazo límite para la tramitación de 18 meses, que una jurisprudencia unánime como una garantía esencial del ciudadano.

 16. De este modo, la CNMC podría esperar siempre al último día del plazo de 18 meses para solicitar dicha información y de esa manera obtener una prórroga automática, sin mayor justificación. Es evidente que no es eso lo que ha establecido el legislador, sin que a estos efectos pueda alegarse el solapamiento de las fechas a fin de año como se detalla en el apartado 23 de este voto particular.

 17. En el presente caso, la CNMC solicitó por primera vez la información relativa a las cifras de negocio el 6 de agosto de 2014 y en relación a 2013, tras la notificación del pliego de concreción de hechos y para que fuera aportada durante la fase de alegaciones al mismo y se hizo sin acordar suspensión alguna del plazo, lo que es absolutamente correcto.

 18. El 4 de diciembre de 2014 adopta la propuesta de resolución y requiere a las partes para que formulen alegaciones, sin solicitar tampoco dicha cifra a las empresas, siendo del todo punto necesario contar con ella pues era evidente que la Sala de Competencia no podría resolver en 2014.

 19. El 2 de enero de 2015 fue remitido a la Sala de Competencia el expediente, y el 29 siguiente, la Sala suspende el plazo de tramitación en los términos expuestos.

 20. Si aceptamos, como es pacífico, que la CNMC debía contar con la cifra total de negocios relativa a 2014 de las empresas que iba a sancionar, no existe explicación alguna que justifique la ampliación acordada, pues dicha cifra pudo y debió solicitarse desde el mismo momento en que su aportación era posible y se tuvo la convicción de que el expediente iba a resolverse en el año 2015.

 21. La CNMC pudo hacerlo, sin suspensión de plazo alguno, desde, al menos, el 4 de diciembre de 2014, fecha en la que formula la propuesta de resolución y, sin embargo, retrasó la petición de los datos de forma injustificada hasta el 29 de enero de 2015, garantizándose de esta forma un plazo suplementario para la resolución.

 22. Es el propio comportamiento de la CNMC el que pone de manifiesto su contradicción, pues el 6 de agosto de 2014, al notificar el pliego de cargos, con toda corrección, solicitó, sin suspensión de plazo alguno, las cifras de negocio de 2013.

 23. Debe precisarse que, como la propia CNMC indicó en la resolución de suspensión de 29 de enero de 2015, que dadas las fechas en las que se desarrollan los hechos, la cifra exacta sobre el volumen de negocios podía ser sustituida por su mejor estimación posible, lo que podía haberse acordado también el 4 de diciembre de 2014, al dictar la propuesta de resolución y conceder plazo para que durante ese mes de formularan las alegaciones. Es indiscutible que cualquier empresa está en condiciones de ofrecer en los últimos días de diciembre de cada ejercicio "la mejor estimación de su cifra de negocios".

 24. En mi opinión, no cabe duda de que la CNMC puede elegir el momento en que solicita la cifra de negocios de las empresas, pero siempre que lo haga de forma que con ello no altere el plazo ordinario de resolución legalmente establecido en 18 meses. Ello es así porque se trata de un trámite ordinario y perfectamente previsible y exigible.

 25. En definitiva, el artículo 37.1 a) LDC no confiere a la CNMC el derecho a solicitar, incluso hasta el último día del plazo ordinario, la cifra de negocios del año anterior para conseguir con ello una prórroga automática del plazo de resolución, siendo esta la diferencia esencial con la sentencia de que la que discrepo.

 Fdo

 Santiago Soldevila Fragoso.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su notificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 22/07/2019 doy fe.