Id. Cendoj: 28079230062019100291
ECLI: ES:AN:2019:3274
ROJ: SAN 3274/2019
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 08/07/2019
Nº de Recurso: 310/2015
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: RAMON CASTILLO BADAL
Procedimiento: Procedimiento ordinario
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    EN LA INDUSTRIA  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000310 / 2015

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 02898/2015

 Demandante: BRUSELAS MOTOR 4X4 SL (BRUSELAS MOTOR)

 Procurador: D. DAVID GARCÍA RIQUELME

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: HORWARTH AUDITORES ESPAÑA SL

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 D. SANTOS GANDARILLAS MARTOS

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a ocho de julio de dos mil diecinueve.

 VISTO el presente recurso contencioso-administrativo núm. 310/15 promovido por el Procurador D. David García Riquelme, actuando en nombre y representación de BRUSELAS MOTOR 4X4 SL (BRUSELAS MOTOR) contra la resolución de 5 de marzo de 2015, del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, mediante la cual se le impuso una sanción de multa de 234.250 euros por la comisión de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia .

 Habiendo sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO .- Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando de ésta Sala, se dicte sentencia mediante la que se acuerde estimar el presente recurso contencioso administrativo y en consecuencia declare:

 "La ilicitud de la CNMC en la obtención de las pruebas de cargo.

 En segundo lugar, la inexistencia de infracción del art. 1 LDC y del art.. 101 TDFUE por ausencia de conducta ilícita alguna y subsidiariamente declare que no procede imponer sanción a BRUSELAS MOTOR o en último término proceda a la disminución de la multa en los términos solicitados en los fundamentos del presente escrito.

 Todo ello con expresa imposición de las costas causadas."

 SEGUNDO .- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que suplicaba se dictase sentencia por la que se confirmasen los actos recurridos en todos sus extremos.

 TERCERO.- Mediante diligencia de ordenación de 23 de febrero de 2016, se fijó la cuantía del recurso en 234.250 euros

 CUARTO.- En virtud de Auto de 24 de febrero de 2016, se tuvo por reproducida la documental propuesta y el expediente administrativo.

 Una vez presentados los respectivos escritos de conclusiones quedaron los autos conclusos para sentencia.

 QUINTO.- Seguidamente, mediante providencia de 13 de junio de 2019, se acordó señalar para votación y fallo del recurso el día 19 de junio de 2019, en que tuvo lugar.

 SEXTO.- Mediante providencia de 213 de junio de 2019, al haber anunciado el Ponente inicialmente designado, D. Santiago Soldevila Fragoso su intención de formular voto particular a la sentencia mayoritaria se designó nuevo Ponente recayendo en el Magistrado Ilmo. Sr. D. RAMÓN CASTILLO BADAL, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO .- En el presente recurso contencioso administrativo impugna la entidad actora la resolución de 5 de marzo de 2015, del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, mediante la cual se le impuso una sanción de multa de 234.250 euros ¤. por la comisión de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia .

 La parte dispositiva de dicha resolución, recaída en el expediente " S/0487/13 Concesionarios LAND ROVER " , era del siguiente tenor literal:

 PRIMERO.- Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Sexto de esta Resolución.

 SEGUNDO.- De acuerdo con la responsabilidad atribuida en el Fundamento de Derecho Séptimo, declarar responsables de las citadas infracciones a las siguientes empresas:

 BRUSELAS MOTOR 4X4, S.L

 (...).

 TERCERO.- imponer a las autoras responsables de las conductas infractoras las siguientes multas:

 BRUSELAS MOTOR 4X4, S.L.: 234.250 euros

 (...)

 QUINTO.- Instar asimismo a la Dirección de Competencia para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta Resolución.."

 Como antecedentes que precedieron al dictado de dicha resolución, a la vista de los documentos que integran el expediente administrativo, merecen destacarse los siguientes:

 1) El 30 de abril de 2013, la entonces Dirección de Investigación acordó iniciar una información reservada al haber tenido conocimiento de posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la distribución de vehículos de motor consistentes en la fijación de precios y condiciones comerciales y de servicio, así como en el intercambio de información comercialmente sensible en el mercado español.

 2) En el curso de dichas actuaciones, los días 4, 5 y 6 de junio de 2013 la DI llevó a cabo inspecciones en la sede de la empresa ANT SERVICALIDAD, S.L..

 3) Sobre la base de la información recabada como consecuencia de todas estas actuaciones, y al considerar la DI que de ella se seguía la existencia de indicios racionales de conducta prohibida por la LDC, acordó el 29 de agosto de 2013 la incoación del expediente sancionador " S/0487/13 Concesionarios LAND ROVER contra las empresas que relacionaba, entre ellas BRUSELAS MOTOR 4X4, S.L , por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en el artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia y en el artículo 1 de la LDC .

 Con fecha 2 de julio de 2014, la Dirección de Competencia acordó, la ampliación de la incoación contra las empresas QUIAUTO, S.A.U., DIVENTO 4X4, S.A., SALA TEAM, S.L., ACCESSORIS MANRESA 4X4, S.L., LAND MOTORS, S.A. y AUTO PLA DE VIC, 4 per 4, S.L

 4) El 11 de julio de 2014, la ya Dirección de Competencia, formuló pliego de concreción de hechos del que se dio oportuno traslado a las empresas incoadas, quienes formularon frente al mismo las alegaciones que tuvieron por conveniente.

 5) Acordado el cierre de la fase de instrucción el 24 de noviembre de 2014, el día 26 de noviembre siguiente la DC, emitió propuesta de resolución.

 6) Presentadas alegaciones, el 23 de diciembre de 2014 la DC elevó al Consejo de la CNMC informe y propuesta de resolución.

 7) Con fecha 29 de enero de 2015, la Sala de Competencia acordó requerir a las empresas incoadas a fin de que informasen sobre el volumen de negocios total en 2014, o la mejor estimación disponible, con suspensión del plazo para resolver. Suspensión que fue alzada el 20 de febrero de 2015 con efectos de la misma fecha.

 8) Finalmente, la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC deliberó el asunto en su reunión de 5 de marzo de 2015 y dictó con esa misma fecha la resolución que ahora se recurre.

 SEGUNDO .- En cuanto a los hechos determinantes del acuerdo sancionador, en la resolución recurrida se describe a la entidad actora, BRUSELAS MOTOR 4X4, S.L. (BRUSELAS MOTOR) , del siguiente modo:

 El domicilio social de BRUSELAS MOTOR se encuentra en Madrid. El objeto social de BRUSELAS MOTOR, tal y como aparece en los Estatutos de la mercantil, es la compra, venta y alquiler de vehículos de toda clase, industriales, nuevos y usados y la explotación por cuenta propia o de terceros, bajo cualquier régimen, de toda clase de establecimientos y tiendas destinadas a la venta de repuestos y accesorios para automóviles, así como talleres de engrase, reparación en chapa, pintura o mecánica, mantenimiento y servicio en general a los mismos. La propiedad de BRUSELAS MOTOR se encuentra en manos de personas físicas.

 Antes de delimitar el mercado afectado, la resolución hace algunas consideraciones relevantes sobre su caracterización y, en particular, y por la incidencia que ello tiene para conocer cuál es la relación entre la marca y el concesionario, se refiere al régimen jurídico de los concesionarios, regidos por contratos de distribución de vehículos y de servicios concertados con los proveedores y fabricantes de las marcas oficiales de modo tal que el proveedor vende sus productos al distribuidor y éste los revende a sus clientes aplicando un margen, que constituye la fuente de ingresos de su actividad comercial. Señala que en la distribución minorista de automóviles nuevos la empresa distribuidora de los vehículos de una marca comunica al concesionario un precio de venta recomendado para que éste establezca libremente el precio final de venta de acuerdo con sus ingresos esperados o deseados, práctica que estaría cubierta por el Reglamento General de Vehículos aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Quiere ello decir que el distribuidor actúa, en todo caso, en su nombre y por cuenta propia, asumiendo los riesgos derivados del negocio.

 En cuanto a la forma de configuración del precio en la distribución minorista de vehículos nuevos, es la marca la que comunica al concesionario lo que se denomina precio de venta recomendado, mientras que el concesionario fija libremente el precio final de venta de acuerdo con los criterios de su política comercial.

 Por lo que se refiere a la delimitación del mercado afectado y, en particular, del mercado de producto, la resolución lo identifica con el de la distribución de vehículos de motor todoterreno y accesorios de la marca LAND ROVER, a través de concesionarios independientes del fabricante de la citada marca. Explica que el mercado afectado por las prácticas objeto de investigación en este expediente sancionador abarca todoterrenos de la marca LAND ROVER nuevos vendidos a particulares, flotas de todoterreno, si bien no quedan incluidas grandes flotas y todoterreno de "kilómetro 0".

 Particular relevancia tienen las consideraciones relativas al mercado geográfico que comprendería, según la resolución sancionadora, la zona en la que las empresas afectadas desarrollan actividades de suministro de los productos y de prestación de los servicios de referencia, siendo las condiciones de competencia suficientemente homogéneas. Zona geográfica que puede distinguirse de otras próximas debido, en particular, a que las condiciones de competencia prevalecientes en ella son sensiblemente distintas a aquéllas.

 Razona que el concepto mercado afectado por la conducta infractora, que puede o no coincidir con el mercado de producto y geográfico relevante, no viene determinado por el territorio en el que las condiciones de competencia son homogéneas, sino por el espacio geográfico en el que la infracción analizada haya producido o sea susceptible de producir efectos sobre las condiciones de competencia efectiva.

 El proveedor, dice, según el contrato que suscribe con los concesionarios y que determina la operativa de los mismos, no establece ninguna cláusula que discrimine y que condicione a los concesionarios a la hora de sus ventas por razón del lugar de residencia del cliente final, ni de la instalación desde la que el concesionario realice la venta, a los efectos de aceptar o rechazar los pedidos del concesionario; de lo que concluye que los concesionarios tienen un ámbito de influencia mayor que el de la provincia en la que se ubican físicamente, con una influencia significativa en las provincias limítrofes.

 Al analizar dicho ámbito de influencia, la Dirección de Competencia habría comprobado que las zonas geográficas en que se manifestaban las prácticas supuestamente anticompetitivas coincidían con las zonas de influencia de los concesionarios de la marca Land Rover, lo que le lleva a identificar la llamada "Zona de Madrid", que incluiría los concesionarios ubicados en la Comunidad Autónoma de Madrid y Toledo y Guadalajara.

 Se refiere igualmente a la "Zona de Cataluña", que incluía los concesionarios ubicados en la provincia de Barcelona, así como en las provincias limítrofes de Tarragona y Gerona.

 Respecto de la denominada "Zona de Madrid", considera que casi todos los concesionarios de la marca LAND ROVER ubicados en la Comunidad Autónoma de Madrid han participado en el cártel.

 En cuanto a la Zona de Barcelona de los concesionarios (incluidos puntos de venta de los mismos). Del listado de concesionarios pertenecientes a toda la Comunidad Autónoma de Cataluña destaca la existencia de un concesionario en Girona, otro en Tarragona y un tercero en Lleida, siendo significativa la influencia de los concesionarios situados en Barcelona con respecto al resto de las provincias de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

 Por último, analiza la estructura del mercado que caracteriza, por el lado de la oferta, y después de exponer las peculiaridades relacionadas con el precio de adquisición del vehículo por el concesionario a la marca y la determinación del precio de venta al público, como un mercado maduro relativamente transparente, con un número de concesionarios reducido, estable en su número sin entradas de nuevos competidores en el mismo durante todo el desarrollo del cártel..

 Desde el punto de vista de la demanda, se refiere a los tres canales principales (flotas de empresas privadas, particulares y empresas destinadas al renting o alquiler de los vehículos de motor).

 Delimitado de este modo el mercado afectado, la resolución recurrida aborda la descripción de los hechos probados relacionando las principales fuentes de información que le han permitido constatarlos, que serían las inspecciones realizadas los días 4 y 5 de junio de 2013 en la sede de la empresa consultora ANT, así como las contestaciones de las incoadas a los requerimientos de información formulados.

 Las pruebas así obtenidas pondrían de manifiesto que los concesionarios participantes adoptaron acuerdos de fijación de precios y condiciones comerciales y de servicio, además de llevar a cabo un intercambio de información comercialmente sensible sobre el nivel máximo de descuentos aplicables a la mayoría de los nuevos modelos de automóviles, las ventas de vehículos Km. 0 de la marca LAND ROVER, con carácter puntual y las ventas de vehículos de flota el mercado de la distribución de vehículos de motor de la marca LAND ROVER, con la colaboración de ANT y HORWARTH.

 Especial relevancia atribuye la CNMC al sistema de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados mediante la contratación de ANT SERVICALIDAD, cuya actividad principal consistía en evaluar la atención al cliente de las empresas que contrataban sus servicios, lo cuales eran prestados bajo la marca "El Cliente Indiscreto", normalmente a través de estudios de calidad en los que figuraba solamente la información referente al concesionario al que concierne y a disposición únicamente del concesionario evaluado, así como en prestar otros servicios a los concesionarios (bajo la denominación "estudios de mercado" o "estudios de precios" respecto de cada una de las zonas afectadas) con el objeto, explícitamente reflejado por ANT en sus presentaciones, de "acabar con la guerra de precios existentes y la escasa rentabilidad por operación y homogeneizar descuentos máximos" a fin de conseguir incrementar el margen comercial por vehículo vendido, valiéndose para ello del seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de precios y condiciones comerciales y de servicios previamente fijados por los concesionarios, identificando aquellos que incumplían los acuerdos adoptados, remitiendo dichas "incidencias" (es decir, los incumplimientos) a los integrantes del cártel de cada zona, y facilitando el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados con una operativa que describe minuciosamente la resolución recurrida.

 Tras valorar las pruebas aportadas en relación a la participación de los concesionarios, la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC consideró acreditada la comisión de una infracción del artículo 1 de la LDC consistente en la adopción e implementación de acuerdos de fijación de precios y otras condiciones comerciales y de intercambio de información sensible entre las empresas concesionarias de vehículos de la marca LAND ROVER que relaciona, en concreto, ADVENTURE CENTER, S.L., 4. BRUSELAS MOTOR 4X4, S.L., C. DE SALAMANCA, S.A., DEYSA LAND ROVER, DIVENTO 4X4, S.A., MOVILCAR, S.A., QUIAUTO, S.A.U, ACCESSORIS MANRESA 4X4, S.L., AUTO PLA DE VIC 4 per 4, S.L., LAND MOTORS, S.A., con la colaboración y participación de A.N.T. SERVICALIDAD, S.L y HOWARTH.

 Constata entonces la existencia de un cártel en Madrid integrado por las empresas, ADVENTURE CENTER, C. de SALAMANCA, BRUSELAS MOTOR, QUIAUTO y MOVILCAR, DEYSA y DIVENTO que compiten en el mismo mercado de distribución de vehículos de motor turismos de la marca LAND ROVER. Estas empresas habrían adoptado acuerdos durante el período comprendido entre enero de 2011 y junio de 2013 (Divento solo hasta abril de 2011) y tales acuerdos consistirían, principalmente, en la fijación de precios mediante determinación de descuentos máximos, las ventas de vehículos Km. 0 de la marca LAND ROVER, con carácter puntual y para ventas de vehículos de flota y el intercambio de información estratégica y sensible, constituyendo por tanto prácticas prohibidas conforme al artículo 1 de la LDC . Y destaca también que los acuerdos se adoptaron con "... manifiesta ocultación y secretismo".

 En su relación de hechos acreditados se refiere la CNMC de manera especial al sistema de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos a través de la contratación de la empresa ANT SERVICALIDAD, intervención que se revela como determinante, en muchos de los casos, para justificar la participación de cada uno de los concesionarios sancionados en los acuerdos colusorios, y a la que nos hemos de referir después al analizar, precisamente, la prueba inculpatoria acumulada frente a la empresa aquí recurrente.

 La prueba de tales acuerdos estaría constituida por las facturas expedidas por ANT a los concesionarios participantes en el cártel, así como por la contabilidad interna de ANT que reflejaría el seguimiento realizado en dichos concesionarios del cumplimiento de los acuerdos adoptados por éstos. A ello se añaden otras pruebas como los denominados "Protocolos de Revisión", de 2011 y 2013 realizados por HOWARTH, en los que se detallan las condiciones y tarifas del servicio prestado por ANT (precio por visita y estudio), así como los términos de los acuerdos adoptados por el cártel y las condiciones que las partes deben cumplir. Asimismo, se especifican las excepciones comerciales que pueden realizarse fuera del acuerdo, los mecanismos de intercambio de la información a través de las denominadas "reuniones de concesiones", la valoración de las incidencias en las reuniones de "Junta de Gerentes" de los concesionarios participantes en el cártel, que se realizaban mensualmente y la propia delimitación territorial del cártel.

 Finalmente, la existencia de contactos directo entre los concesionarios participantes del acuerdo a través de las reuniones periódicas llevadas a cabo para tratar cuestiones relativas a los Protocolos citados.

 Así, el correo electrónico enviado por HORWATH a todos los concesionarios, DEYSA, BRUSELAS MOTOR, MOVILCAR, ADVENTURE CENTER, DIVENTO, C. SALAMANCA, QUIAUTO y AN el 8 de junio de 2011, recabado en la inspección de ANT (folios 6511 y 6512) que tenía por objeto crear un listado compartido relativo a los accesorios, anexado al protocolo de revisión de febrero de 2011.

 La convocatoria efectuada por HOWARTH a una reunión en sus oficinas el 2 de abril de 2013 para analizar los resultados de las auditorías y visitas de los evaluadores de ANT realizadas durante el mes de febrero de ese año. Así lo acredita el Correo electrónico interno de ANT en el que se reenvía el correo electrónico enviado por HORWATH el 14 de marzo de 2013, asunto: "Fwd: Convocatoria reunión", a ANT, ADVENTURE CENTER, MOVILCAR, C. DE SALAMANCA, BRUSELAS MOTOR, DEYSA y QUIAUTO, recabado en la inspección de ANT (folios 6559 y 6560).

 Otra reunión convocada por HORWARTH el 9 de mayo de 2013 para analizar los resultados del mes de marzo de 2013. Correo electrónico enviado por DEYSA a HORWATH, ANT, ADVENTURE CENTER, MOVILCAR, C. DE SALAMANCA, BRUSELAS MOTOR y QUIAUTO el 9 de mayo de 2013, reenviando los correos electrónicos remitidos por HORWATH el 6 y el 9 de mayo de 2013, recabados en la inspección de ANT (folios 6571 a 6573).

 Además, HORWARTH envió a ADVENTURE CENTER y BRUSELAS MOTOR que no asistieron a la reunión anterior los informes que elaboró sobre el contenido de aquella. Correo electrónico enviado por MOVILCAR a HORWATH, ANT, ADVENTURE CENTER, DEYSA, C. DE SALAMANCA, BRUSELAS MOTOR y QUIAUTO el 10 de mayo de 2013, recabado en la inspección de ANT (folios 6574 a 6576).

 También constituye un elemento incriminatorio relevante los informes sobre las incidencias detectadas por ANT tras las visitas realizadas por sus evaluadores a los concesionarios participantes en el cártel. La resolución recurrida recoge el siguiente ejemplo "INCIDENCIAS LAND ROVER

 FEBRERO Visitas - Todo OK

 Teléfono - Todo OK

 MAIL

 Bruselas Motor - En el segundo mail manda un presupuesto más bajo, con un descuento cercano al 9%, cuando el descuento correcto es del 8%.

 MARZO

 VISITAS

 Bruselas Motor - Presupuesta la versión SE, pero le incluye también como extra, eI apoyabrazos, aplicándole también el programa de lanzamiento del paquete de regalo de la versión S, que es más alta porque también regala el apoyabrazos.

 Adventure Center - Regala GPS Garmin, tornillos antirrobo y control de niveles de por vida.

 Divento 4X4 - Da precio más bajo, lo da por mail después de la visita, pero no envía presupuesto, el precio final está en el texto del mail, da precio final y tasación. En la tasación queda suficiente margen.

 TELEFONO

 Divento 4X4 - Baja el precio de palabra por teléfono, no lo quiere dar por escrito.

 MAIL

 Divento 4X4 - Baja el precio directamente al contestar al mail, pero no manda presupuesto, lo hace en el propio texto del mail. Además, al mandarle un segundo mail para apretar más regala el portaesquís". Documento "Incidencias LAND ROVER", recabado en la inspección de ANT (folio 232).

 Destaca finalmente la resolución recurrida que el cartel mantuvo la metodología seguida por los evaluadores de ANT, realizando las visitas en los concesionarios LAND ROVER de la "Zona de Madrid", según las anotaciones manuscritas en carpeta LAND ROVER, de 8 de enero de 2013, recabadas en la inspección de ANT (folios 146 a 151).

 TERCERO.- Expuestos, de modo resumido, los hechos que la resolución impugnada considera probados y que reflejan la supuesta operativa de funcionamiento de las entidades sancionadas, en su fundamentación jurídica califica tales hechos como constitutivos de una infracción única y continuada prohibida en el artículo 1 de la LDC .

 Seguidamente describe los hechos determinantes de la infracción supuestamente cometida por las citadas empresas del siguiente modo:

 En el caso de BRUSELAS MOTOR, la imputación obedece a su participación en el cártel de la Zona de Madrid de fijación de precios y otras condiciones comerciales y de intercambio de información desde enero de 2011 hasta junio de 2013.

 CUARTO.- En su demanda, la parte recurrente, plantea como motivos impugnatorios, la anulabilidad de la resolución recurrida por infracción de los artículos 18.2 , 18.3 y 24.1 de la CE , 40 de la LDC y 13 del Real Decreto, por el que se aprueba el reglamento de Defensa de la Competencia, así como de la jurisprudencia relativa a los mismos por la ilegalidad en la obtención de las pruebas de cargo. A su juicio, la Orden de Investigación de la CNMC. adolecía de defectos jurídicos manifiestos, al no satisfacer el contenido mínimo exigido por el artículo 13.3 del Reglamento de Defensa de la Competencia con la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones. Defectos, dice la actora, que nunca pudieron ser convalidados por el Auto de autorización de entrada de 3 de junio de 2013, conforme reiterada jurisprudencia, y ello sin tomar en consideración que incluso el referido Auto de autorización arrastraba idénticos defectos.

 En segundo lugar, la resolución recurrida carece de elementos probatorios que acrediten la existencia del cartel.

 En éste sentido, considera que todo cartel debe tener una justificación o racionalidad económica que aquí no se aprecia. Si se trata de un mercado altamente competitivo en el que existe la posibilidad por parte de la demanda de acudir a la marca que le presente la mejor oferta, los concesionarios de una determinada marca en una determinada zona pueden obtener algún beneficio derivado de un acuerdo de precios entre ellos pero no se entiende el cartel porque si los concesionarios de LAND ROVER ofertaran los vehículos a unos precios no competitivos, la demanda, al tratarse de un mercado cuya intensa competencia es reconocida, acudiría sin dudarlo a otras marcas.

 No puede calificarse de acuerdo secreto cuando BRUSELAS MOTOR abonaba é incluso contabilizaba las facturas emitidas por ANT, en el absoluto convencimiento de la legalidad de los servicios prestados por ANT.

 Denuncia también, la falta de culpabilidad porque insiste, siempre confió en la legalidad de los servicios que le eran prestados por ANT pues fue esta la que promocionó sus servicios en relación con los citados "estudios de mercado" a los concesionarios, y no éstos los que acudieron a ANT para obtenerlos. Por tanto, en ningún momento hubo intención de cometer un ilícito que partiera de BRUSELAS MOTOR sino que, fue ANT la que presentó a los concesionarios sus servicios, unos servicios que únicamente calificó de "peligrosos", no ilegales.

 Rechaza la calificación de infracción por objeto porque no se ha producido ningún tipo de efecto respecto a la competencia.

 Subsidiariamente, solicita que se modifique la duración de la misma, se declare la no culpabilidad de BRUSELAS MOTOR y se le imponga sanción de importe cero y, en último caso, de cuantía significativamente inferior a la contenida en la resolución recurrida.

 A su juicio, la resolución recurrida considera erróneamente que se ha cometido una infracción única y continuada en el tiempo, y ello pese a que no existe ninguna prueba durante un período de tiempo de casi 2 años (desde agosto de 2011 hasta febrero de 2013, total de 18 meses). Tal ausencia de prueba impide afirmar la existencia de una infracción única, permitiendo lo más apreciar la existencia de dos infracciones diferentes separadas en el tiempo.

 La afirmación referente a enero de 2011 como inicio del cartel carece de sustento alguno y, además, no existe prueba que permita acreditar la existencia de infracción desde agosto de 2011 hasta enero de 2013. Se trata de un período de tiempo de casi 2 años en los que, a pesar de la intensa labor inspectora realizada por la CNMC, no existe absolutamente nada que pueda llevar a concluir que se estaba cometiendo una infracción.

 A su juicio, solo existirían, en su caso, dos infracciones:

 a) La primera, de febrero a julio de 2011, con una duración de 6 meses.

 b) La segunda, de febrero de 2013 a abril de 2013, con una duración de 3 meses.

 Finalmente, denuncia que la resolución recurrida carece de motivación y es arbitraria, resultando la sanción impuesta a BRUSELAS MOTOR claramente desproporcionada pues la resolución sancionadora no explica cómo ha graduado la sanción atendiendo a tales criterios, ni de cómo se llega al porcentaje aplicado a la cifra de ventas individual.

 QUINTO.- Entrando a examinar los motivos del recurso, la recurrente denuncia la anulabilidad de la resolución recurrida por infracción de los artículos 18.2 , 18.3 y 24.1 de la CE , 40 de la LDC y 13 del RDC.

 Explica BRUSELAS MOTOR, que el procedimiento sancionador al que pone fin la resolución recurrida tiene su origen en una actuación inspectora no amparada por la Ley toda vez que la incautación de documentos que tuvo lugar durante las Inspecciones realizadas en la sede de ANT habría vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Entiende que los datos y elementos contenidos en las órdenes de investigación que dieron cobertura a las inspecciones en las que se recabaron los documentos inculpatorios no delimitaban, como exige el artículo 40 de la LDC y el artículo 13 del RDC, las conductas objeto de dicha investigación, ni tampoco acotaban de forma adecuada su objeto, limitado a verificar la existencia y alcance de las posibles prácticas anticompetitivas del expediente S/0471/13, es decir, de ciertas prácticas llevadas a cabo por el grupo SEAT (marcas Audi, SEAT y Volkswagen) y sus concesionarios autorizados, de forma tal que resultaría del todo extraño a otras prácticas ajenas a dicho grupo, como las imputadas después a los concesionarios LAND ROVER.

 Además, la CNMC habría incurrido, a su juicio, en la vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio garantizado en el artículo 18 de la Constitución puesto que, tanto el contenido de la orden de investigación emitida por la CNMC, como la actuación de sus inspectores, no habrían respetado las garantías legal y jurisprudencialmente definidas en relación a la protección de este derecho en los casos de entrada y registro de la sede social de las personas jurídicas, debiendo en todo caso abstenerse de utilizar una prueba que califica de ilícita para fundar la imputación de cualquiera de las entidades finalmente sancionadas.

 Debemos rechazar los motivos de nulidad alegados.

 En primer lugar, BRUSELAS MOTOR denuncia la violación del artículo 18 de la Constitución , no siendo la titular de ese derecho, titularidad que correspondería solo a la empresa inspeccionada, en este caso ANT, en cuya sede se localizó la documentación incriminatoria.

 Por otra parte, la entrada en la sede de ANT contaba con autorización judicial otorgada el 3 de junio de 2013 por el Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Elche, realizándose la entrada el día 4 de junio siguiente.

 Esa circunstancia no excluye que podamos pronunciarnos sobre la validez de la orden de entrada pues ya el TS en la sentencia de 10 de diciembre de 2014 , rec. 4201 / 2011 (UNESA) precisó que "el hecho de haber existido una autorización judicial de entrada y registro en modo alguno impide ni excluye que el órgano jurisdiccional al que corresponde fiscalizar la legalidad de la actuación administrativa que ha sido objeto de impugnación -en este caso, la Orden de Inspección- enjuicie ésta en su integridad."

 Pues bien, en la sentencia de 31 de octubre de 2017, rec. 1062/2017 , que vino a fijar criterio sobre la validez de las Ordenes de investigación en las inspecciones domiciliarias de la CNMC con arreglo al nuevo modelo de casación, el Tribunal Supremo confirmó la resolución de un Juzgado, denegatoria de la solicitud formulada por la CNMC de entrada en una empresa porque la Orden de investigación no concretó las razones que vinculan la necesidad de la entrada en el domicilio con el objeto de la investigación.

 Ahora bien, la Orden de investigación para la entrada en la sede de ANT hacía saber a ésta que "La CNC dispone de información según la cual la citada empresa, que asesora a empresas sobre atención al cliente, habría podido incurrir en prácticas anticompetitivas en el mercado de distribución de vehículos de motor, facilitando la coordinación de conductas de distribuidores de vehículos de motor en materia de precios y condiciones comerciales y de servicio, así como el intercambio de información comercial sensible en el mercado español de la distribución de vehículos de motor".

 La orden contenía entonces una referencia singular a la empresa ANT que vinculaba además su actuación a la función de asesoramiento relacionada con prácticas restrictivas en un mercado de producto y geográfico concreto.

 En cuanto a la circunstancia de que la inspección de ANT estuviera orientada a la obtención de pruebas en relación solo a la participación en un cártel organizado por concesionarios de las marcas SEAT, VW y AUDI, pero no LAND ROVER, no puede tener la eficacia anulatoria que le atribuye BRUSELAS MOTOR.

 La sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2019, recurso núm. 1835/2018 , sintetiza la jurisprudencia actual sobre la cuestión en estos términos:

 "QUINTO.- Sobre el hallazgo casual de material probatorio en inspecciones realizadas en virtud de órdenes de investigación dictadas con una finalidad distinta. Ya hemos dicho que la jurisprudencia de esta Sala sobre el hallazgo casual de material probatorio en inspecciones realizadas en virtud de órdenes de investigación dictadas con una finalidad distinta viene condensada en nuestra sentencia de 6 de abril de 2016 (recurso de casación núm. 113/2013 ). Dicha sentencia establece, en síntesis, que, partiendo del supuesto de una entrada y registro ajustada a derecho y realizada en términos proporcionales y adecuados, los datos o documentos que revelen o sean indiciarios de actuaciones ilícitas distintas a las que determinaron la investigación pueden ser legítimamente empleados por la Administración en una ulterior actuación sancionadora. Señala esa sentencia, en definitiva, "(...) que la habilitación para la entrada y registro y la práctica del mismo en forma idónea y proporcionada, permite que un hallazgo casual pueda ser utilizado de forma legítima para una actuación sancionadora distinta, la cual habrá de ajustarse a las exigencias y requisitos comunes de toda actuación sancionadora y en la que la empresa afectada podrá ejercer su derecho de defensa en relación con las nuevas actividades investigadas". Esta doctrina que expusimos debe ser ahora reafirmada, pues no advertimos razones para matizarla y, menos aún, para corregirla".

 Es claro entonces que las pruebas recabadas en esa inspección acreditativas de la participación de BRUSELAS MOTOR en prácticas restrictivas de la competencia distintas de las que se pudieran imputar a concesionarios de las marcas SEAT, AUDI y VW han de considerarse válidas una vez admitida la validez y eficacia de la actuación administrativa en relación a la habilitación para la entrada y registro y justificado, como está, que la práctica del mismo se llevó a cabo de forma idónea y proporcionada.

 SEXTO..- Argumenta BRUSELAS MOTOR que la prueba reunida en el expediente es insuficiente para deducir de ella la existencia de los pactos colusorios que se le imputan, además de no haberse acreditado tampoco que de la conducta sancionada se hayan seguido efectos en el mercado que pudieran resultar contrarios a la libre competencia o que hubieran generado un beneficio ilícito a la recurrente.

 Niega que se haya producido el intercambio de información que advierte la resolución sancionadora, incide en la falta de prueba suficiente sobre este extremo y razona que, aun suponiendo acreditado el intercambio de información, ello no bastaría, pues la CNMC estaría en la obligación de acreditar una supresión, o al menos debilitamiento, de la incertidumbre sobre el funcionamiento del mercado, siendo así que el mercado no habría sido analizado, a su juicio, con una mínima exactitud.

 Estas alegaciones remiten, directamente, al análisis de la prueba en que se sustenta la imputación de BRUSELAS MOTOR, y que pone de manifiesto la importancia que en el cártel ha tenido la intervención de la empresa ANT SERVICALIDAD, importancia que ya destaca la misma resolución al comienzo del relato de hechos probados donde describe la actividad de dicha empresa y su papel en los acuerdos anticompetitivos finalmente sancionados.

 En realidad, la finalidad perseguida con la contratación de ANT era la monitorización o seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados, y, como manifestaba esta empresa en sus presentaciones, "acabar con la guerra de precios existentes y la escasa rentabilidad por operación y homogeneizar descuentos máximos" , consiguiendo así incrementar el margen comercial por vehículo vendido. Ello a través del servicio prestado a los concesionarios que denomina "estudios de mercado" o "estudios de precios" respecto de cada una de las zonas afectadas, consistentes en el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de precios y condiciones comerciales y de servicios previamente fijados por los concesionarios, identificando aquellos que incumplían los acuerdos, informando de los incumplimientos a los integrantes del cártel de cada zona y facilitando el seguimiento de los acuerdos.

 Y, desde luego, para llegar a esas conclusiones es particularmente ilustrativo la "PRESENTACIÓN POLITICA COMERCIAL", de 13 de septiembre de 2012 folios 6608 a 6611, en la que se describe lo que denomina " SITUACIÓN ACTUAL", que caracteriza por "ESCASA RENTABILIDAD POR OPERACIÓN GUERRA DE PRECIOS POCAS VENTAS" , para, a continuación, referirse al "PROPÓSITO DE ESTA ACCIÓN", en estos términos:

 " EVITAR LA GUERRA DE PRECIOS

 HOMOGENEIZACIÓN DE DESCUENTOS MÁXIMOS CONSIGUIENDO CON ELLO......INCREMENTAR EL MARGEN COMERCIAL POR VEHÍCULO VENDIDO".

 Se refiere el estudio propuesto a la metodología a seguir, con visitas a los concesionarios de los evaluadores o "clientes indiscretos" para ponderar a continuación los beneficios adicionales del estudio y las mejoras que había de comportar.

 Son varias las anotaciones que, recabadas en la inspección de ANT, ponen de manifiesto la existencia del cártel, con alusiones explícitas a la empresa ahora recurrente -así por ejemplo, las anotaciones manuscritas de fecha 8 de enero de enero de 2013, incluidas en la carpeta "LAND ROVER" recabada en la inspección de ANT, (folios 146 a 151), los cuadros comparativos de los precios y las condiciones comerciales ofrecidas por los concesionarios, entre ellos, la actora, recabados en la inspección de ANT (folios 208, 210, 212, 232, 274, 275 y 296), el documento denominado "incidencias Land Rover", recabado en la inspección de ANT (folio 232) donde referidas a febrero y marzo de 2011 se recogen como tales un ajuste del descuento al porcentaje acordado del 8% y una bajada de precio del modelo Divento 4x4 o los correos remitidos por ANT, dirigidos a BRUSELAS MOTOR convocándole a determinadas reuniones, así el 8 de junio de 2011, recabado en la inspección de ANT (folios 6511 y 6512), la convocada por HOWARTH el 9 de mayo de 2013, folio 6577.

 Conviene destacar que, pese a que la actora niega haber asistido a las reuniones a las que fue convocada en particular, la que fue datada el 9 de mayo de 2013, se le envió posteriormente los informes elaborados por HORWATH, como se indica en el correo electrónico interno de ANT de 20 de mayo de 2013, folio 6577 del expediente.

 Sin embargo, ello sería insuficiente, por sí solo, para considerar acreditada la participación de BRUSELAS MOTOR que únicamente cabe deducir de actos concretos de la misma que presupongan, de modo necesario, su intervención en los acuerdos que se sancionan.

 Y dicha prueba la constituyen, a juicio de la Sala, las facturas expedidas por ANT a nombre de BRUSELAS MOTOR y abonadas por esta desde abril hasta agosto de 2011 y marzo y mayo de 2013, de las que obra copia a los folios 54 a 72 del expediente, demostrativas de la intervención, necesariamente consciente, de la empresa actora en los acuerdos colusorios al retribuir los servicios de ANT SERVICALIDAD por una concreta actividad que sí está acreditada de manera suficiente, dirigida a la facilitación del cártel constituido por quienes pagaban sus servicios.

 Debemos insistir en que la finalidad perseguida con la contratación de ANT era verificar el cumplimiento de los acuerdos adoptados, y, como manifestaba esta empresa en sus presentaciones, "acabar con la guerra de precios existentes y la escasa rentabilidad por operación y homogeneizar descuentos máximos", consiguiendo con ello incrementar el margen comercial por vehículo vendido. Ello a través del servicio prestado a los concesionarios que denomina "estudios de mercado" o "estudios de precios" respecto de cada una de las zonas afectadas, consistentes en el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de precios y condiciones comerciales y de servicios previamente fijados por los concesionarios, identificando aquellos que incumplían los acuerdos, informando de los incumplimientos a los integrantes del cártel de cada zona y facilitando el seguimiento de los acuerdos.

 Por lo tanto, el pago de las facturas por BRUSELAS MOTOR por los servicios prestados por ANT revela su conocimiento y voluntad de participar en el mecanismo diseñado por ésta para garantizar la vigilancia y el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la red de concesionarios facilitando el intercambio de tales datos con el fin de homogeneizar el nivel máximo de descuentos a ofertar.

 Por esa razón, la Sala concede un especial valor incriminatorio al pago de las facturas teniendo en cuenta que la explicación alternativa que ofrece la recurrente para explicar su abono como simples servicios de acreditación de nivel de calidad del concesionario a través de la técnica del mistery shopping carece de credibilidad.

 En realidad, esos fines no se corresponden con los realmente ofertados por ANT como revela la presentación de 13 de septiembre de 2012 (folios 6608 a 6611) en la que aquella ofrece a los concesionarios "acabar con la guerra de precios existentes y homogeneizar descuentos máximos", consiguiendo con ello incrementar el margen comercial por vehículo vendido, realizando un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de precios y condiciones comerciales y de servicios previamente alcanzados por los concesionarios de la marca LAND ROVER en cada zona e identificando aquellos concesionarios que incumplían los acuerdos adoptados, remitiendo dichas "incidencias", es decir, los incumplimientos, a los integrantes del cártel, facilitando el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados.

 Prueba de lo anterior, dice la resolución recurrida, es el documento denominado, Incidencias LAND ROVER", recabado en la inspección de ANT (folio 232) al que aludíamos antes y que referido a BRUSELAS MOTOR indica como tales referidas a febrero y marzo de 2011, las siguientes:

 "INCIDENCIAS LAND ROVER

 FEBRERO

 Visitas - Todo OK

 Teléfono - Todo OK

 MAIL

 Bruselas Motor - En el segundo mail manda un presupuesto más bajo, con un descuento cercano al 9%, cuando el descuento correcto es del 8%.

 MARZO

 VISITAS

 Bruselas Motor - Presupuesta la versión SE, pero le incluye también como extra, eI apoyabrazos, aplicándole también el programa de lanzamiento del paquete de regalo de la versión S, que es más alta porque también regala el apoyabrazos.

 Adventure Center - Regala GPS Garmin, tornillos antirrobo y control de niveles de por vida.

 En consecuencia, las pruebas obtenidas en torno a la intervención de la entidad en el cártel constituidas, por un lado, por la evidencia de la existencia del cártel mismo en la denominada zona de Madrid y, por otro, por la intervención de la sancionada en el mecanismo de actuación de "El cliente indiscreto", permiten a esta Sala, en el ejercicio de sus facultades sobre libre valoración de la prueba, concluir que existen indicios suficientes de la responsabilidad de la entidad actora en la infracción que se le imputa. Sin que se haya producido, en contra de lo que afirma, un "... indebido empleo de hechos prescritos para justificar las conductas objeto del expediente" puesto que, como acabamos de exponer, hay elementos de prueba correspondientes al período no prescrito suficientes para sostener la imputación, y los que se refieren a hechos anteriores, aun mencionados en el acuerdo sancionador, no se han tomado como elementos determinantes de responsabilidad precisamente por estar afectado por la prescripción.

 Por lo demás, y como decíamos en la sentencia de 9 de junio de 2016, recaída en el recurso 551/13 , "En este tipo de actuaciones es difícil encontrarse con la existencia de pruebas directas que permitan acreditar la participación en las conductas infractoras; lo normal es que sea a través de indicios. Pues bien, la prueba de indicios está ampliamente aceptada por la jurisprudencia constitucional desde la SSTC 174 y 175/1985 , y resulta práctica habitual en materia de cárteles, siempre que los indicios resulten probados de forma directa, tengan fuerza persuasiva, produzcan una convicción suficiente en el juzgador, se encuentren en directa relación con las consecuencias que se pretenden extraer de los mismos y no exista una explicación alternativa que permita desvirtuar las conclusiones a las que llega la Administración". Consideraciones que ratifica la sentencia de 15 de julio de 2016, recurso núm. 293/2012 , cuando señalábamos también respecto de la prueba de indicios que "... es bien sabido que su utilización en el ámbito del derecho de la competencia ha sido admitida por el Tribunal Supremo en sentencias de 6 de octubre y 5 de noviembre de 1997 (RJ 1997421 y RJ 1997/8582), 26 de octubre de 1998 (RJ 1998 741 ) y 28 de enero de 1999 (RJ 199974). Para que la prueba de presunciones sea capaz de desvirtuar la presunción de inocencia, resulta necesario que los indicios se basen no en meras sospechas, rumores o conjeturas, sino en hechos plenamente acreditados, y que entre los hechos base y aquel que se trata de acreditar exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano. Pues bien, todos los elementos fácticos señalados - cita en documentos y comportamiento de la actora-, llevan a una sola conclusión posible, y es la participación de la recurrente en los hechos que se le imputan; sin que se haya ofrecido una explicación alternativa razonable, y sin que la Sala alcance a encontrar otra explicación distinta de la dada por la CNC a los hechos que nos ocupan".

 SÉPTIMO.- Rechaza BRUSELAS MOTOR la existencia del cartel que describe la resolución sancionadora porque para ello, debe existir una racionalidad económica que aquí no se aprecia. A su juicio, si se trata de un mercado altamente competitivo en el que existe la posibilidad por parte de la demanda de acudir a la marca que le presente la mejor oferta, los concesionarios de una determinada marca en una determinada zona pueden obtener algún beneficio derivado de un acuerdo de precios entre ellos pero no se entiende el cartel porque si los concesionarios de LAND ROVER ofertaran los vehículos a unos precios no competitivos, la demanda, al tratarse de un mercado cuya intensa competencia es reconocida, acudiría sin dudarlo a otras marcas.

 La racionalidad del cartel a la que se refiere la actora, la encontramos en la forma de determinación del precio del vehículo. En realidad, los descuentos, ofertas, regalos, garantías adicionales, y otros conceptos similares permiten a los concesionarios diferenciarse entre ellos en el mercado y ofrecer mejores condiciones a sus clientes.

 Una cosa es que la marca comunique al concesionario el precio de venta recomendado y otra diferente que el precio de venta al público lo fije también la marca en virtud del contrato de concesión. En realidad, la marca vende el vehículo al concesionario y éste lo revende a sus clientes obteniendo el beneficio derivado del margen comercial de la venta y de la consecución de los objetivos que retribuye la marca.

 Por tanto, la racionalidad económica del cartel se encuentra en la voluntad de pactar dentro del margen del que gozan, ente caso, el nivel máximo de descuento sobre el precio de venta recomendado por la marca porque así se benefician todos los concesionarios en detrimento del consumidor final.

 Recordemos que las Directrices relativas a las restricciones verticales, Doue 130 de 19 de mayo de 2010, definen estas como "los acuerdos o prácticas concertadas, suscritos entre dos o más empresas que operen, a efectos del acuerdo o de la práctica concertada, en planos distintos de la cadena de producción o distribución y que se refieran a las condiciones en las que las partes pueden adquirir, vender o revender determinados bienes o servicios".

 De conformidad con ésta definición, si la marca impusiera efectivamente el precio y los concesionarios no tuvieran margen de maniobra al respecto, carecerían efectivamente de sentido los contactos entre ellos y las comunicaciones de niveles máximos de descuentos, etc.

 En realidad, los concesionarios de la marca, operan entre ellos en el mismo plano de la cadena de distribución de manera que para reducir la incertidumbre en el ámbito del componente variable del precio pactaban los descuentos máximos y otras condiciones comerciales aplicables al adquirente del vehículo. De no existir los acuerdos citados cada concesionario fijaría libremente aquellos elementos que inciden en el aspecto variable del precio, beneficiándose el supuesto comprador del resultado de una efectiva competencia entre ellos a la hora de fijar los descuentos máximos, los precios de tasación o los regalos, competencia entre los concesionarios que resultó restringida por la adopción de aquellas prácticas. Ello no significa finalmente una igualdad de precios, sino que el precio final de los vehículos acordados no fuera inferior a aquél que garantizaba a los concesionarios incoados ciertos márgenes, con aptitud para uniformar los precios de éstos, cuya afectación incide directamente en la libre competencia.

 Las prácticas descritas integran por tanto un cartel, determinante de la infracción apreciada por la resolución sancionadora pues así lo revela la ocultación deliberada de los acuerdos ilícitos, al advertir ANT en su presentación que " dadala "peligrosidad" de este tipo de trabajo, se lleva con el mayor nivel de confidencialidad. En nuestra documentación hablaremos siempre de "Estudios de Mercado" y de ofertas obtenidas e incidencias detectadas."

 A ese carácter secreto no se opone que BRUSELAS MOTOR anotase en su contabilidad las facturas que abonaba a ANT.

 Además, concurren otros elementos que son propios de la existencia del cartel como la regularidad de los contactos y encuentros mediante las reuniones convocadas mediante correo electrónico, el empleo de terceras empresas para llevar a cabo un control y seguimiento de los acuerdos y para facilitar el intercambio de información y la previsión en la metodología de la empresa contratada para el seguimiento de los acuerdos colectivos de posibles represalias contra las empresas incumplidoras de los mismos (incidencias).

 OCTAVO.- Destaca BRUSELAS MOTOR que aun cuando se entendiera acreditada la existencia de un cartel no se ha demostrado su culpabilidad porque confiaba en la legalidad de los servicios prestados por ANT dada su reputación en el sector. Que fue captada como cliente por ANT, y no al revés y que de las presentaciones que ANT hacía de sus servicios no se podía deducir que se estuviera cometiendo ilegalidad alguna.

 Que BRUSELAS MOTOR llevó en todo momento una política de precios autónoma, comportándose de manera independiente en el mercado y concediendo unos descuentos muy por encima de los máximos previstos en los protocolos de 2011 y 2013 y, finalmente que no acudió a ninguna reunión de concesionarios.

 A juicio de la Sala, resulta irrelevante como se iniciara la relación de la actora con ANT y la fiabilidad que pudiera tener esta en el sector pues lo cierto es que junto con el informe relativo a la atención al cliente que el personal del concesionario ofrecía al supuesto comprador, ANT enviaba mensualmente a los concesionarios un correo electrónico con las ofertas de cada concesionario por modelo de coche resaltando las "incidencias", esto es, los incumplimientos o desviaciones de los acuerdos.

 De este modo, todos los concesionarios de cada zona podían conocer las condiciones comerciales ofrecidas por el resto de concesionarios de su zona, así como aquéllos que hubieran incumplido el acuerdo.

 La finalidad perseguida con la contratación de ANT era verificar el cumplimiento de los acuerdos adoptados, y, como manifestaba esta empresa en sus presentaciones, "acabar con la guerra de precios existentes y la escasa rentabilidad por operación y homogeneizar descuentos máximos", consiguiendo con ello incrementar el margen comercial por vehículo vendido. Ello a través del servicio prestado a los concesionarios que denomina "estudios de mercado" o "estudios de precios" respecto de cada una de las zonas afectadas, consistentes en el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de precios y condiciones comerciales y de servicios previamente fijados por los concesionarios, identificando aquellos que incumplían los acuerdos, informando de los incumplimientos a los integrantes del cártel de cada zona y facilitando el seguimiento de los acuerdos.

 Por lo tanto, el pago de las facturas por BRUSELAS MOTOR por los servicios prestados por ANT revela su conocimiento y voluntad de participar en el mecanismo diseñado por ésta para garantizar la vigilancia y el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la red de concesionarios facilitando el intercambio de tales datos con el fin de homogeneizar el nivel máximo de descuentos a ofertar.

 NOVENO. - Rechaza la actora la calificación de infracción por objeto porque no se ha producido ningún tipo de efecto respecto a la competencia.

 Es cierto que para determinar si un acuerdo o una práctica concertada conlleva una restricción de la competencia "por el objeto", en el sentido del artículo 101 TFUE , apartado 1, es necesario comprobar que ese acuerdo o esa práctica tengan, en sí mismos, un grado suficiente de nocividad con respecto a la competencia para considerar que no es necesario investigar sus efectos (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de abril de 2017, FSL y otros/Comisión, C-469/15 P, EU:C:2017:308 , apartado 104 y jurisprudencia citada).

 Para apreciar si un tipo de coordinación entre empresas tiene un grado de nocividad suficiente para ser considerado una restricción de la competencia "por el objeto", debe atenderse a los objetivos que pretende alcanzar, así como al contexto económico y jurídico en el que se inscribe. Al apreciar dicho contexto, se debe considerar también la naturaleza de los bienes o de los servicios afectados, así como las condiciones reales del funcionamiento y de la estructura del mercado o mercados pertinentes (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de diciembre de 2013, Solvay Solexis/Comisión, C-449/11 P, no publicada, EU:C:2013:802 , apartado 36; de 19 de marzo de 2015, Dole Food y Dole Fresh Fruit Europe/Comisión, C-286/13 P, EU:C:2015:184 , apartado 117 y jurisprudencia citada, y de 27 de abril de 2017, FSL y otros/Comisión, C-469/15 P, EU:C:2017:308 , apartado 105 y jurisprudencia citada).

 Sin embargo, es doctrina reiterada del TJUE que los acuerdos sobre precios y los de reparto de mercado son infracciones por objeto al tratarse de conductas que, por su intensidad anticompetitiva, son susceptibles, en sí mismas, de producir esta clase de efectos, y así "... de cara a la aplicación del artículo 101 TFUE (RCL 2009, 2300), apartado 1, la ponderación de los efectos concretos de un acuerdo es superflua cuando resulte que éstos tienen por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia..." (Sentencia del TJUE de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión), cuya aplicación al caso es indudable a juicio de esta Sala.

 Asimismo, debemos recordar la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de junio de 2009, asunto C-8/08 (EDJ 2009/91757) T-Mobile, que reitera doctrina anterior, y que en los apartados 27 a 30 alude al tratamiento jurisprudencial de la distinción entre infracciones por objeto y por efecto, subrayando que la infracción lo será por su objeto cuando la conducta, por su propia naturaleza, sea perjudicial para el buen funcionamiento de la libre competencia. El TJUE se pronuncia en estos términos:

 "28. En lo relativo a la delimitación de las prácticas concertadas que tengan un objeto contrario a la competencia y de aquéllas que tengan un efecto contrario a la competencia, ha de recordarse que el objeto y el efecto contrarios a la competencia son condiciones no acumulativas sino alternativas para apreciar si una práctica está comprendida dentro de la prohibición del artículo 81 CE , apartado 1. (EDL 1978/3879) Es jurisprudencia reiterada, desde la sentencia de 30 de junio de 1966, LTM (56/65 , Rec. pp. 337 y ss., especialmente p. 359), que el carácter alternativo de este requisito, como indica la conjunción "o", lleva en primer lugar a la necesidad de considerar el objeto mismo de la práctica concertada, habida cuenta del contexto económico en el que se debe aplicar. Sin embargo, en caso de que el análisis del contenido de la práctica concertada no revele un grado suficiente de nocividad respecto de la competencia, es necesario entonces examinar los efectos del acuerdo y, para proceder a su prohibición, exigir que se reúnan los elementos que prueben que el juego de la competencia ha resultado, de hecho, bien impedido, bien restringido o falseado de manera sensible (véase, en este sentido, la sentencia Beef Industry Development Society y Barry Brothers, antes citada, apartado 15).

 29. Además, ha de señalarse que, para apreciar si un acuerdo está prohibido por el artículo 81 CE , apartado 1 (EDL 1978/3879), la toma en consideración de sus efectos concretos es superflua cuando resulta que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión, 56/64 y 58/64 , Rec. pp. 429 y ss., especialmente p. 496; de 21 de septiembre de 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, C-105/04 P, Rec. p. I-8725, apartado 125, y Beef Industry Development Society y Barry Brothers, antes citada, apartado 16). La distinción entre "infracciones por objeto" e "infracciones por efecto" reside en el hecho de que determinadas formas de colusión entre empresas pueden considerarse, por su propia naturaleza, perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia (véase la sentencia Beef Industry Development Society y Barry Brothers, antes citada, apartado 17).

 30. En tales circunstancias, contrariamente a lo que defiende el órgano jurisdiccional remitente, no es necesario examinar los efectos de una práctica concertada cuando quede acreditado su objeto contrario a la competencia".

 En el presente caso, las conductas acreditadas constituyen restricciones de la competencia por su objeto, lo que sería ya sancionable, pero además, las pruebas obrantes en el expediente administrativo acreditan, como destaca la propia resolución sancionadora, la producción de efectos anticompetitivos que se concretan en la homogeneidad de los descuentos ofertados por los concesionarios de LAND ROVER en las zonas que configuran cada uno de los cárteles, disminuyendo la incertidumbre de las empresas intervinientes en relación a las ofertas que podían presentar sus competidores respecto de determinados modelos de vehículos de la citada marca. Consecuencia a la que sin duda habría contribuido la conducta, también imputada y acreditada en los términos que hemos analizado, consistente en el intercambio de información comercial sensible.

 DÉCIMO.- Debemos referirnos a continuación a la duración de la conducta que la resolución recurrida imputa a la actora desde enero de 2011 hasta junio de 2013.

 No puede situarse la fecha de inicio en el mes de enero de 2011 como sostiene la resolución recurrida, pues no hay prueba alguna de ello. Por tanto, la fecha inicial de participación en el cartel y por la que puede ser sancionada la actora es desde febrero de 2011, que es cuando se aprueba por la Junta de Gerentes el denominado " PROTOCOLO DE REVISIÓN 2011" y prueba de su eficacia es el documento antes transcrito que refleja incidencias de febrero de 2011 referidas a BRUSELAS MOTOR.

 No podemos acoger, como sostiene la actora, que su participación en el cartel sea únicamente de nueve meses como sostiene, es decir, de febrero a julio de 2011 (seis meses) y de abril a junio de 2013 (3 meses) porque con independencia de que no se hayan descubierto pruebas durante un cierto periodo de tiempo, ese lapso temporal se mantiene dentro del que la jurisprudencia del TJUE admite como razonable para entender acreditada la participación de una empresa en una infracción única y continuada, en torno a dieciocho meses..

 En éste sentido, como dice la sentencia del TJUE de 17 de mayo de 2013, en el asunto T-154/2009 , Manuli Rubber Industries SpA (MRI "cuando se puede demostrar que la participación de una empresa en la infracción se ha interrumpido y que la infracción cometida por la empresa antes y después de ese período presenta las mismas características, que se han apreciar atendiendo en especial a la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos afectados, de las empresas que han tomado parte en la colusión, de las formas principales de su ejecución, de las personas físicas implicadas por cuenta de las empresas y por último del ámbito geográfico de aplicación de esas prácticas, la infracción considerada debe calificarse como única y continuada.

 En ese supuesto la Comisión no puede imponer una multa por el período durante el que se interrumpió la infracción."

 Esto es lo que, entendemos, ha sucedido aquí, pues solo consta interrumpida la participación de la actora en un cartel que ha funcionado en los mismos términos hasta junio de 2013. En éste sentido, entendemos acreditada la existencia de una infracción única y continuada que comenzó en febrero de 2011 y se mantuvo hasta julio de ese año. Existe un periodo, agosto de 2011 a enero de 2013 en el que no se ha acreditado intervención de BRUSELAS MOTOR y se reinicia de nuevo su participación y el cartel funciona en los mismos términos desde febrero a junio de 2013 que finaliza tras las inspecciones realizadas.

 Por lo tanto, la actora es responsable desde febrero de 2011 a junio de 2013 pero debe excluirse a efectos del cómputo de la sanción desde agosto de 2011 a enero de 2013.

 A ello se une que en ningún momento BRUSELAS MOTOR manifestó públicamente su separación de la actividad colusoria, o su intención de dar por finalizada su participación en el cártel - a diferencia, por ejemplo, de DIVENTO- lo que implica la continuidad en dicha participación de acuerdo con la jurisprudencia europea reflejada, entre otras, en la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, asuntos C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C- 213/00 P, C-217/00 P y C-219-00 P, sentencia Aalborg.

 El Protocolo de Revisión (01 febrero 2013), recabado en la inspección de ANT (folios 6515 a 6518, 6520 a 6523 y 6538 a 6553) revela que el cartel seguía funcionando en los mismos términos que en 2011 y el pago de las facturas por la actora a ANT en febrero, marzo y mayo de 2013, así lo confirma.

 Por lo demás, el intercambio de información comercialmente sensible se inserta como medio de realizar la conducta de fijación de precios y otras condiciones comerciales y de servicios, integrando la infracción única y continuada objeto de sanción.

 DÉCIMOPRIMERO.- Cuestiona, por último, la sociedad recurrente el sistema de determinación de la sanción al entender que no se han seguido los criterios fijados en el artículo 64.1 de la LDC , además de incumplirse los que sobre graduación de sanciones y proporcionalidad ha perfilado el Tribunal Supremo.

 Como hemos expuesto, le asiste la razón a la actora cuando cuestiona la duración que pudiera atribuirse a su participación en el cártel al no estar probada más que durante los períodos que se indican en dicho fundamento.

 En consecuencia, ha de concluirse que la sanción resulta desproporcionada en cuanto a la imputación temporal que se hace a BRUSELAS MOTOR, en la resolución impugnada, por lo que el recurso debe ser estimado en este particular y anulada dicha resolución a fin de que la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC dicte otra en la cual el período de participación en el cártel que se atribuya a la entidad recurrente se reduzca al que ha sido en rigor acreditado, es decir, tomando en consideración el periodo comprendido entre febrero y julio de 2011 y febrero a junio de 2013 , ajustando la sanción a esta circunstancia.

 DÉCIMOSEGUNDO.- Procede, en atención a cuanto hemos expuesto, la estimación parcial del recurso a fin de cuantificar la sanción a imponer tomando en consideración el periodo comprendido entre febrero y julio de 2011 y febrero a junio de 2013, con desestimación del recurso en lo demás.

 Dada la estimación parcial del recurso, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .

 VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

 1 . Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. David García Riquelme, actuando en nombre y representación de BRUSELAS MOTOR 4X4 SL (BRUSELAS MOTOR), contra la resolución de 5 de marzo de 2015, dictada por el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el expediente S/0487/13, mediante la cual se le impuso una sanción de 234.250 euros ¤ de multa, resolución que anulamos por ser contraria a Derecho.

 2. Requerir a la CNMC pa ra que proceda a cuantificar la sanción a imponer tomando en consideración el periodo comprendido entre febrero y julio de 2011 y febrero a junio de 2013.

 3. Sin hacer expresa imposición de cos tas a la parte actora.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

VOTO PARTICULAR que formula el Magistrado D. Santiago Soldevila Fragoso.

 Resulta necesario precisar que en este concreto asunto la parte recurrente no planteó la existencia de caducidad del procedimiento y dado que la sentencia no aprecia su concurrencia, no ha sido objeto de tratamiento en la misma.

 No obstante, a la vista de que el procedimiento sancionador en materia de competencia es único, en caso de entender que concurre la caducidad del mismo, dicha circunstancia debe aplicarse a todas las empresas que fueron sancionadas por la misma resolución.

 Esto es lo que ocurre en el presente caso, pues la resolución que impone la multa a la recurrente es la misma que dio lugar a nuestro recurso nº 290/2015, por lo que doy por reproducido en este asunto el voto particular que formulé en dicho recurso.

 En mi opinión, debió oírse a las partes afectadas y dictar una sentencia en los términos que se exponen a continuación.

 ANTECEDENTES

 1. Mi discrepancia respecto de la sentencia recaída en este procedimiento se refiere al tratamiento dado por la mayoría a la cuestión relativa a la caducidad del procedimiento.

 2. Resulta conveniente recordar que el procedimiento fue incoado el 29 de agosto de 2013 y que el plazo ordinario de terminación, establecido por el artículo 36.1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC ), es de 18 meses.

 3. Por lo tanto, la fecha final hábil para la notificación de la resolución sancionadora, quedó fijada en el 28 de febrero de 2015.

 4.También es pertinente precisar lo siguiente:

 -El 6 de agosto de 2014 se formula pliego de cargos y, sin suspensión del procedimiento, la CNMC requiere a las empresas afectadas para que formulen sus alegaciones y aporten la cifra anual de negocios correspondiente a 2013.

 -El 4 de diciembre de 2014 se formula la propuesta de resolución y no se requiere a las empresas afectadas la aportación de cifra de negocio alguna, remitiéndose el expediente a la Sala de Competencia el 2 de enero de 2015.

 -El 29 de enero de 2015, la Sala de Competencia, con apoyo en el artículo 39.1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC ), decidió "por resultar necesario para dictar la resolución, acordó suspender el plazo de tramitación del procedimiento a los efectos de que se aportaran por todas las empresas afectadas al expediente los datos correspondientes al volumen de negocios total correspondientes al ejercicio de 2014 antes de la aplicación del IVA, o su mejor estimación, y, además, aunque solo para algunas de las empresas afectadas por el requerimiento anterior, para que aportaran determinadas cifras de negocio de manera segmentada o su mejor estimación, también , correspondientes a 2014

 -El plazo máximo concedido para dicha aportación documental fue, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37. 1 a) de la LDC , de 10 días.

 4. El 17 de febrero de 2015 se acordó el levantamiento de la suspensión con efectos del día anterior, estableciéndose como nueva fecha de caducidad el 12 de marzo de 2015.

 5. La resolución impugnada se dictó el 5 de marzo de 2015.

 FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 1. No me cabe duda, y en esto coincido plenamente con la mayoría que avala la sentencia, de que la incorporación al expediente de los documentos reclamados era necesaria, pues el artículo 63 de la LDC establece que la multa se impondrá sobre la base de dichas magnitudes. Por ello, esa no es la cuestión objeto de debate.

 2. La mayoría sostiene, en esencia, que, tratándose de la petición de una documentación necesaria para resolver el expediente, como es el volumen de negocios correspondiente al año anterior al de la imposición de la sanción, está justificada la suspensión del plazo para resolver al amparo del artículo 37.1 a) de la LDC que no distingue a los efectos de la suspensión, entre motivos de tramitación ordinaria o extraordinaria.

 3. Recuerda la sentencia que el solapamiento de las fechas, dado que el expediente llega a la Sala de Competencia el 2 de enero de 2015, obliga a la CNMC a dictar la resolución en 2015. Por esta razón le resulta imprescindible solicitar la información en cuestión relativa al ejercicio de 2014 que es el año anterior al de la imposición de la sanción, pues la que disponía estaba referida a 2013.

 4. Destaca también la sentencia que el propio artículo 37 de la LDC contempla tres supuestos de suspensión que califica de esta manera: ordinaria (párrafo 1), basada en circunstancias especiales (párrafo segundo) y por motivos excepcionales (párrafo cuarto) y que el supuesto enjuiciado se encuadraría en la primera.

 5. Mi divergencia esencial con la mayoría se centra pues, en la interpretación y aplicación a las circunstancias del caso del artículo 37.1 a) de la LDC , que establece que: "El transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para resolver un procedimiento se podrá suspender mediante resolución motivada en los siguientes casos: a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios".

 6. Contrariamente a lo que se indica en la sentencia, estimo que la LDC distingue perfectamente entre la tramitación ordinaria del procedimiento sancionador, para lo que otorga un plazo total de 18 meses según el artículo 36.1 de la LDC y la tramitación extraordinaria para la que establece la posibilidad de ampliación del plazo de resolución, derogando de esta forma la regla general de resolución en 18 meses.

 7. Deben realizarse en el período ordinario y sin suspensión de tipo alguno, todas las actuaciones que están establecidas en la LDC y en el RD 261/2008 como obligatorias para el procedimiento sancionador y que deben practicarse en todo caso, pues con esa finalidad se estableció un período ordinario de tramitación.

 Entre estas actuaciones se encuentra la petición a las empresas que pueden ser sancionadas, del volumen total de negocios del año inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción.

 8. La apertura del plazo extraordinario del artículo 37.1 a) LDC queda reservada para la reclamación de documentos necesarios y específicos del caso concreto, que, por las circunstancias que se indican el artículo 37 de la LDC no se pudieron recabar en el plazo ordinario, debiendo clarificarse la razón de ello en casa caso.

 9. En ese sentido, es constante y uniforme la jurisprudencia que destaca el carácter preclusivo de los plazos de tramitación y que conciben el instrumento de la caducidad del procedimiento como una garantía irrenunciable del administrado.

 10. La STS de 18 de enero de 2016 recurso de casación nº 2953/2013 que reitera doctrina anterior, es expresiva al respecto señalando en su FJ 3 que

 "tratándose de procedimientos sancionadores o susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, la caducidad se produce cuando la Administración sobrepasa el plazo máximo para resolver legalmente establecido para cada procedimiento ( artículo 44.2 de la Ley 30/1992 ), que en el caso del procedimiento sancionador en el ámbito del derecho de la competencia es de un año ( artículo 56 de la Ley 16/1989 antes citado)".

 11. La mención al plazo de un año hecha en la sentencia de 18 de enero de 2016 , debe entenderse hecha en la actualidad al vigente artículo 36.1 de la LDC que fija el plazo en 18 meses.

 12. Por otra parte, los supuestos contemplados en el artículo 37 LDC tienen el rasgo común de constituir una derogación a la regla general que impone el respeto del plazo ordinario de 18 meses, teniendo cada una de las tres situaciones que contempla una naturaleza diferente.

 13. Únicamente el artículo 37.2 LDC impone la suspensión automática y obligatoria de los plazos de tramitación por ministerio de la ley, limitándola a 4 supuestos, ninguno de los cuales es la petición de la información que nos ocupa.

 En las otras dos situaciones que contempla dicho precepto, la suspensión está en función de las circunstancias de cada caso, por lo que es eventual y está sujeta a un control de motivación, que en esencia debe verificar si la ampliación del plazo que supone la suspensión está o no justificada, sin que la CNMC pueda disponer de la misma a su libre arbitrio.

 14. En mi opinión, no constituye una motivación adecuada el afirmar que era necesario contar con la referida información referida al año 2014, pues siendo eso cierto, también lo es que dicha información pudo y debió solicitarse dentro del período ordinario, pues justamente para ello está establecido, como ya se ha dicho y veremos a continuación

 15. Si se concluyera, como hace la sentencia de la que discrepo, que la CNMC tiene libertad para suspender el procedimiento para solicitar dicha información, no tendría ningún sentido fijar un plazo límite para la tramitación de 18 meses, que una jurisprudencia unánime como una garantía esencial del ciudadano.

 16. De este modo, la CNMC podría esperar siempre al último día del plazo de 18 meses para solicitar dicha información y de esa manera obtener una prórroga automática, sin mayor justificación. Es evidente que no es eso lo que ha establecido el legislador, sin que a estos efectos pueda alegarse el solapamiento de las fechas a fin de año como se detalla en el apartado 23 de este voto particular.

 17. En el presente caso, la CNMC solicitó por primera vez la información relativa a las cifras de negocio el 6 de agosto de 2014 y en relación a 2013, tras la notificación del pliego de concreción de hechos y para que fuera aportada durante la fase de alegaciones al mismo y se hizo sin acordar suspensión alguna del plazo, lo que es absolutamente correcto.

 18. El 4 de diciembre de 2014 adopta la propuesta de resolución y requiere a las partes para que formulen alegaciones, sin solicitar tampoco dicha cifra a las empresas, siendo del todo punto necesario contar con ella pues era evidente que la Sala de Competencia no podría resolver en 2014.

 19. El 2 de enero de 2015 fue remitido a la Sala de Competencia el expediente, y el 29 siguiente, la Sala suspende el plazo de tramitación en los términos expuestos.

 20. Si aceptamos, como es pacífico, que la CNMC debía contar con la cifra total de negocios relativa a 2014 de las empresas que iba a sancionar, no existe explicación alguna que justifique la ampliación acordada, pues dicha cifra pudo y debió solicitarse desde el mismo momento en que su aportación era posible y se tuvo la convicción de que el expediente iba a resolverse en el año 2015.

 21. La CNMC pudo hacerlo, sin suspensión de plazo alguno, desde, al menos, el 4 de diciembre de 2014, fecha en la que formula la propuesta de resolución y, sin embargo, retrasó la petición de los datos de forma injustificada hasta el 29 de enero de 2015, garantizándose de esta forma un plazo suplementario para la resolución.

 22. Es el propio comportamiento de la CNMC el que pone de manifiesto su contradicción, pues el 6 de agosto de 2014, al notificar el pliego de cargos, con toda corrección, solicitó, sin suspensión de plazo alguno, las cifras de negocio de 2013.

 23. Debe precisarse que, como la propia CNMC indicó en la resolución de suspensión de 29 de enero de 2015, que dadas las fechas en las que se desarrollan los hechos, la cifra exacta sobre el volumen de negocios podía ser sustituida por su mejor estimación posible, lo que podía haberse acordado también el 4 de diciembre de 2014, al dictar la propuesta de resolución y conceder plazo para que durante ese mes de formularan las alegaciones. Es indiscutible que cualquier empresa está en condiciones de ofrecer en los últimos días de diciembre de cada ejercicio "la mejor estimación de su cifra de negocios".

 24. En mi opinión, no cabe duda de que la CNMC puede elegir el momento en que solicita la cifra de negocios de las empresas, pero siempre que lo haga de forma que con ello no altere el plazo ordinario de resolución legalmente establecido en 18 meses. Ello es así porque se trata de un trámite ordinario y perfectamente previsible y exigible.

 25. En definitiva, el artículo 37.1 a) LDC no confiere a la CNMC el derecho a solicitar, incluso hasta el último día del plazo ordinario, la cifra de negocios del año anterior para conseguir con ello una prórroga automática del plazo de resolución, siendo esta la diferencia esencial con la sentencia de que la que discrepo.

 Fdo

 Santiago Soldevila Fragoso.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 24/07/2019 doy fe.