Id. Cendoj: 28079230062019100295
ECLI: ES:AN:2019:3278
ROJ: SAN 3278/2019
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 18/07/2019
Nº de Recurso: 293/2015
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS
Procedimiento: Procedimiento ordinario
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    EN LA INDUSTRIA  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000293 / 2015

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 02795/2015

 Demandante: SALA TEAM, S.L.

 Procurador: D. ANÍBAL BURDALLO HUIDOBRO

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: HORWATH AUDITORES ESPAÑA, S.L.P

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 D. SANTOS GANDARILLAS MARTOS

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a dieciocho de julio de dos mil diecinueve.

 VISTO el presente recurso contencioso-administrativo núm. 293/15 promovido por el Procurador D. Aníbal Burdallo Huidobro en nombre y representación de SALA TEAM, S.L., contra la resolución de 5 de marzo de 2015, dictada por el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el expediente S/0487/13, CONCESIONARIOS LAND ROVER, mediante la cual fue declarada responsable solidaria de ACCESORIS MANRESA 4X4, S.L., sancionada en la misma resolución con una multa de 40.697 euros. Ha sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado, e intervenido como codemandada HORWATH AUDITORES ESPAÑA, S.L.P., representada por la Procuradora Dª Mónica Calero Pérez.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO .- Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando se dictase sentencia por la que se anule la resolución recurrida "... o subsidiariamente, declare desproporcionada la sanción de la que mi mandante es declarada responsable solidaria y la reduzca a tenor de lo indicado en el presente escrito de demanda ...".

 SEGUNDO .- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escritos en el que suplicaba se dictase sentencia por la que se confirmasen los actos recurridos en todos sus extremos.

 TERCERO .- Pendiente el recurso de señalamiento para votación y fallo cuando por turno le correspondiera, se fijó para ello la audiencia del día 19 de junio de 2019, en que tuvo lugar.

 Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO .- A través de este proceso impugna la entidad actora la resolución dictada con fecha de 5 de marzo de 2015 por el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el expediente S/0487/13, CONCESIONARIOS LAND ROVER, mediante la cual fue declarada responsable solidaria de la sanción de 40.697 euros de multa impuesta a ACCESORIS MANRESA 4X4, S.L.

 La parte dispositiva de dicha resolución era del siguiente tenor literal:

 "PRIMERO.- Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción del 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Sexto de esta Resolución.

 SEGUNDO.- De acuerdo con la responsabilidad atribuida en el Fundamento de Derecho Séptimo, declarar responsables de las citadas infracciones a las siguientes empresas:

 (...)

 10. ACCESSORIS MANRESA 4X4, S.L., por su participación en el cártel de la Zona de Barcelona de fijación de precios y otras condiciones comerciales y de intercambio de información durante 2011 y solidariamente a la empresa SALA TEAM, S.L.

 (...)

 TERCERO.- Imponer a las autoras responsables de las conductas infractoras las siguientes multas:

 (...)

 - ACCESSORIS MANRESA 4X4, S.L.: 40.697 euros

 (...)

 QUINTO.- Instar asimismo a la Dirección de Competencia para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta Resolución.

 (...)".

 Como antecedentes procedimentales de interés para resolver el litigio merecen destacarse, a la vista de los documentos que integran el expediente administrativo, los siguientes:

 1) El 30 de abril de 2013 la entonces Dirección de Investigación (DI) acordó iniciar una información reservada al haber tenido conocimiento de posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la distribución de vehículos de motor consistentes en la fijación de precios y condiciones comerciales y de servicio, así como en el intercambio de información comercialmente sensible en el mercado español.

 2) En el curso de dichas actuaciones, los días 4 y 5 de junio de 2013 la DI llevó a cabo inspecciones en la sede de la empresa ANT SERVICALIDAD, S.L.

 3) Sobre la base de la información recabada como consecuencia de estas actuaciones, y al considerar la DI que de ella se seguía la existencia de indicios racionales de conducta prohibida por la LDC, acordó el 29 de agosto de 2013 la incoación del expediente sancionador S/0487/13 CONCESIONARIOS LAND ROVER contra las empresas que relacionaba, entre ellas ACCESSORIS MANRESA 4X4, S.L. , por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en el artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia y en el artículo 1 de la LDC , consistentes, en general, en la fijación de precios y condiciones comerciales y de servicio, así como el intercambio de información comercialmente sensible en el mercado español de la distribución de vehículos de motor.

 4) Tras los trámites que igualmente constan en el expediente administrativo, que fue ampliado el 2 de julio de 2014 a las empresas que relaciona la resolución recurrida, el 11 de julio siguiente la ya Dirección de Competencia (DC), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio , formuló pliego de concreción de hechos del que se dio oportuno traslado a las empresas incoadas, quienes formularon frente al mismo las alegaciones que tuvieron por conveniente.

 5) Acordado el cierre de la fase de instrucción el 24 de noviembre de 2014, el día 26 de noviembre siguiente la DC, de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.4 de la LDC , emitió propuesta de resolución.

 6) Presentadas alegaciones, el 23 de diciembre de 2014 la DC elevó al Consejo de la CNMC informe y propuesta de resolución conforme a lo prevenido en el artículo 50.5 de la LDC .

 7) Con fecha 29 de enero de 2015 la Sala de Competencia acordó requerir a las empresas incoadas a fin de que informasen sobre el volumen de negocios total en 2014, o la mejor estimación disponible, con suspensión del plazo para resolver. Suspensión que fue alzada el con fecha 20 de febrero de 2015.

 8) Finalmente, la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC deliberó el asunto en su reunión de 5 de marzo de 2015 y dictó con esa misma fecha la resolución que ahora se recurre.

 SEGUNDO .- En cuanto a los hechos determinantes del acuerdo sancionador, la resolución recurrida, cuando aborda la cuestión relativa a las partes intervinientes, describe a SALA TEAM, S.L., como una empresa con sede social en Manresa cuyo objeto social es el alquiler de locales y la gestión y administración de empresas. Indica que pertenece a tres personas físicas y que de la misma depende, entre otros concesionarios, ACCESSORIS MANRESA 4X4, S.L.

 Antes de delimitar el mercado afectado, la resolución hace algunas consideraciones relevantes sobre su caracterización y, en particular, y por la incidencia que ello tiene para conocer cuál es la relación entre la marca y el concesionario, se refiere al régimen jurídico de los concesionarios, regidos por contratos de distribución de vehículos y de servicios concertados con los proveedores y fabricantes de las marcas oficiales de modo tal que el proveedor vende sus productos al distribuidor y éste los revende a sus clientes aplicando un margen, que constituye la fuente de ingresos de su actividad comercial. Señala que en la distribución minorista de automóviles nuevos la empresa distribuidora de los vehículos de una marca comunica al concesionario un precio de venta recomendado para que éste establezca libremente el precio final de venta de acuerdo con sus ingresos esperados o deseados, práctica que estaría cubierta por el Reglamento General de Vehículos aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Quiere ello decir que el distribuidor actúa, en todo caso, en su nombre y por cuenta propia, asumiendo los riesgos derivados del negocio.

 En cuanto a la forma de configuración del precio en la distribución minorista de vehículos nuevos, es la marca la que comunica al concesionario lo que se denomina precio de venta recomendado, mientras que el concesionario fija libremente el precio final de venta de acuerdo con los criterios de su política comercial.

 Por lo que se refiere a la delimitación del mercado afectado y, en particular, del mercado de producto, la resolución lo identifica con el de la distribución de vehículos de motor todoterreno y accesorios de la marca LAND ROVER a través de concesionarios independientes del fabricante de la citada marca, mercado que abarcaría todoterrenos de la marca LAND ROVER nuevos vendidos a particulares, flotas de todoterreno, si bien no quedarían incluidas grandes flotas y todoterreno de "kilómetro 0".

 Particular relevancia tienen las consideraciones relativas al mercado geográfico que comprendería, según la resolución sancionadora, la zona en la que las empresas afectadas desarrollan actividades de suministro de los productos y de prestación de los servicios de referencia, siendo las condiciones de competencia suficientemente homogéneas. Zona geográfica que puede distinguirse de otras próximas debido, en particular, a que las condiciones de competencia prevalecientes en ella son sensiblemente distintas a aquéllas.

 Razona que el concepto mercado afectado por la conducta infractora, que puede o no coincidir con el mercado de producto y geográfico relevante, no viene determinado por el territorio en el que las condiciones de competencia son homogéneas, sino por el espacio geográfico en el que la infracción analizada haya producido o sea susceptible de producir efectos sobre las condiciones de competencia efectiva.

 El proveedor, dice, según el contrato que suscribe con los concesionarios y que determina la operativa de los mismos, no establece ninguna cláusula que discrimine y que condicione a los concesionarios a la hora de sus ventas por razón del lugar de residencia del cliente final, ni de la instalación desde la que el concesionario realice la venta, a los efectos de aceptar o rechazar los pedidos del concesionario; de lo que concluye que los concesionarios tienen un ámbito de influencia mayor que el de la provincia en la que se ubican físicamente, con una influencia significativa en las provincias limítrofes.

 Al analizar dicho ámbito de influencia, la Dirección de Competencia habría comprobado que las zonas geográficas en que se manifestaban las prácticas supuestamente anticompetitivas coincidían con las zonas de influencia de los concesionarios de la marca LAND ROVER, lo que le lleva a distinguir la llamada "Zona de Madrid", que incluiría los concesionarios ubicados en la Comunidad Autónoma de Madrid y en las provincias de Toledo y Guadalajara, y la denominada "Zona de Barcelona", con los concesionarios ubicados en la provincia de Barcelona, así como las provincias limítrofes, en concreto Tarragona y Girona.

 Por último, analiza la estructura del mercado que caracteriza, por el lado de la oferta, y después de exponer las peculiaridades relacionadas con el precio de adquisición del vehículo por el concesionario a la marca y la determinación del precio de venta al público, como un mercado maduro relativamente transparente, con un número de concesionarios reducido, estable en su número y sin entradas de nuevos competidores durante todo el desarrollo del cártel.

 Delimitado de este modo el mercado afectado, la resolución recurrida aborda la descripción de los hechos probados relacionando las principales fuentes de información que le han permitido constatarlos, que serían las inspecciones realizadas los días 4 y 5 de junio de 2013 en la sede de la empresa consultora ANT.

 Las pruebas así obtenidas pondrían de manifiesto que los concesionarios participantes adoptaron acuerdos de fijación de precios y condiciones comerciales y de servicio, además de llevar a cabo un intercambio de información comercialmente sensible en el mercado de la distribución de vehículos de motor de la marca LAND ROVER, con la participación de HORWATH y la colaboración de ANT.

 Especial relevancia atribuye la CNMC al sistema de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados mediante la contratación de ANT SERVICALIDAD, cuya actividad principal consistía en evaluar la atención al cliente de las empresas que contrataban sus servicios, lo cuales eran prestados bajo la marca "El Cliente Indiscreto", normalmente a través de estudios de calidad en los que figuraba solamente la información referente al concesionario al que concierne y a disposición únicamente del concesionario evaluado, así como en prestar otros servicios a los concesionarios (bajo la denominación "estudios de mercado" o "estudios de precios" respecto de cada una de las zonas afectadas) con el objeto, explícitamente reflejado por ANT en sus presentaciones, de "acabar con la guerra de precios existentes y la escasa rentabilidad por operación y homogeneizar descuentos máximos" a fin de conseguir incrementar el margen comercial por vehículo vendido, valiéndose para ello del seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de precios y condiciones comerciales y de servicios previamente fijados por los concesionarios, identificando aquellos que incumplían los acuerdos adoptados, remitiendo dichas "incidencias" (es decir, los incumplimientos) a los integrantes del cártel de cada zona, y facilitando el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados con una operativa que describe minuciosamente la resolución recurrida.

 Tras valorar las pruebas aportadas en relación a la participación de los concesionarios en los diferentes cárteles territoriales, la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC consideró acreditada la comisión de una infracción del artículo 1 de la LDC consistente en la adopción de acuerdos de fijación de precios y condiciones comerciales, además de un intercambio de información sensible entre las empresas concesionarias de vehículos de la marca LAND ROVER que, en la zona de Madrid, serían ADVENTURE CENTER, C. de SALAMANCA, BRUSELAS MOTOR, QUIAUTO, MOVILCAR, DEYSA y DIVENTO, siendo colaboradores las empresas ANT y HORWATH; y en la de Barcelona, ACCESSORIS MANRESA SALA TEAM, AUTO PLA, LAND MOTORS, con la colaboración de ANT.

 Constata entonces la existencia de un cártel por cada una de las dos zonas geográficas diferenciadas, y que estaría integrado por empresas que compiten en el mismo mercado de distribución de vehículos de motor turismos de la marca. Estas empresas habrían adoptado acuerdos durante periodos diversos en función de las zonas geográficas afectadas que comprenderían, según los supuestos, al menos desde el año 2011 hasta el desarrollo de las inspecciones por la DC en junio de 2013.

 Tales acuerdos consistirían, principalmente, en la fijación de precios sobre los siguientes productos, condiciones comerciales y servicios:

 Máximos descuentos aplicables a la mayoría de los nuevos modelos de automóviles de la marca LAND ROVER.

 Las ventas de vehículos Km. 0 de la marca LAND ROVER, con carácter puntual.

 Para ventas de vehículos de flota.

 En su relación de hechos acreditados destaca también la CNMC la importancia del sistema de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos a través de la contratación de la empresa ANT SERVICALIDAD, intervención que se revela como determinante, en muchos de los casos, para justificar la participación de cada uno de los concesionarios sancionados en los acuerdos colusorios, y a la que nos hemos de referir después al analizar, precisamente, la prueba inculpatoria acumulada frente a la empresa aquí recurrente.

 En cuanto ahora interesa, y puesto que la entidad actora operaba en la denominada "Zona de Barcelona", ha de decirse que dicha zona comprendería los concesionarios de la marca LAND ROVER ACCESSORIS MANRESA, SALA TEAM, AUTOPLA DE VIC y LAND MOTORS durante el 2011, y se habría implementado con la colaboración de ANT como resultaría de la información recabada en la inspección de esta misma empresa, así como también por las sancionadas en contestación a los requerimientos de información realizados y que acreditarían, a juicio de la CNMC, las relaciones mantenidas por estas empresas con ANT.

 TERCERO .- Antes de analizar los concretos motivos de impugnación en los que SALA TEAM fundamenta su demanda, ha de insistirse en que la imputación que la resolución recurrida hace a esta entidad es la de responsable solidaria de ACCESORIS MANRESA 4X4, S.L. En efecto, en su parte dispositiva declara responsable de las infracciones sancionadas a "... 10. ACCESSORIS MANRESA 4X4, S.L., por su participación en el cártel de la Zona de Barcelona de fijación de precios y otras condiciones comerciales y de intercambio de información durante 2011 y solidariamente a la empresa SALA TEAM, S.L.". Y, de hecho, fija una multa de 40.697 euros que impone a ACCESORIS MANRESA, no a SALA TEAM que, por lo expuesto, sería únicamente responsable solidaria de su pago.

 La concreción de esa responsabilidad solidaria se contiene en el fundamento séptimo de la resolución cuyo apartado 1, sobre Responsabilidad de las empresas , se detiene para analizar la que corresponde a SALA TEAM y hace la consideración siguiente:

 "En relación con la empresa SALA TEAM, se le considera responsable solidaria de su filial ACCESSORIS MANRESA sobre la presunción de una influencia decisiva derivada del acreditado control en el capital social de la matriz con respecto a su filial120. Cabe incidir además en el papel activo de SALA TEAM en la conducta sancionada, lo que evidencia que su papel con respecto a ACCESSORIS MANRESA es de pleno control y decisión con respecto a sus actividades".

 Pues bien, la sentencia de esta misma fecha recaída en el recurso núm. 291/2015 seguido a instancia de ACCESORIS MANRESA 4X4 , S.L., contra la resolución también aquí impugnada se pronuncia sobre la responsabilidad de esta empresa en los siguientes términos:

 "TERCERO.- En el escrito de demanda presentado por la mercantil recurrente ACCESSORIS MANRESA 4+4, S.L. se solicita la nulidad de la sanción impuesta y, subsidiariamente, que se reduzca su importe y ello en virtud de las siguientes consideraciones.

 En primer lugar, refiere la caducidad del expediente sancionador porque entiende que ha tenido una duración superior a los 18 meses. Sostiene que no puede tener efectos suspensivos el requerimiento de información sobre el volumen de negocios de la mercantil implicada realizado en fecha 29 de enero de 2015 y ello porque esa información ya se había aportado con anterioridad y, además, porque se trata de un trámite ordinario que forma parte del procedimiento mismo y no puede tener efectos suspensivos en cuanto a la duración de su tramitación.

 En segundo lugar, sostiene que la resolución recurrida carece de elementos probatorios que acrediten la existencia del cártel.

 Denuncia también, la falta de culpabilidad porque insiste, siempre confió en la legalidad de los servicios que le eran prestados por ANT pues fue esta la que promocionó sus servicios en relación con los citados "estudios de mercado" a los concesionarios, y no éstos los que acudieron a ANT para obtenerlos. Por tanto, en ningún momento hubo intención de cometer un ilícito que partiera de ACCESSORIS MANRESA, sino que, fue ANT la que presentó a los concesionarios sus servicios, unos servicios que únicamente calificó de "peligrosos", no ilegales.

 Asimismo, rechaza la calificación de infracción por objeto porque no se ha producido ningún tipo de efecto respecto a la competencia.

 Subsidiariamente, solicita la nulidad de la sanción por cuanto en su determinación carece de motivación y es desproporcionada.

 CUARTO. - Una vez centrado el objeto de debate analizaremos previamente la alegación de caducidad del procedimiento sancionador invocada por la mercantil recurrente.

 Como hemos señalado anteriormente, la recurrente denuncia la caducidad del procedimiento sancionador porque la suspensión se dictó sin la necesaria motivación, basada en razones de tramitación ordinaria que no pueden amparar una suspensión extraordinaria del plazo para resolver el expediente.

 En realidad, argumenta la actora, la suspensión obedece a la propia desidia de la Administración que tramitó el expediente sancionador de forma poco diligente. Considera por ello que la resolución sancionadora debió dictarse el 28 de febrero de 2015, sin embargo, se dictó el 5 de marzo y se le notificó el 13 de marzo de 2015, cuando el procedimiento, según entiende, ya había caducado.

 Esta Sala no acepta los argumentos dados por la recurrente. Es cierto que en fecha 29 de enero de 2015 se dicta acuerdo por el que se requiere la aportación de información relativa al volumen de negocios de la empresa correspondiente al ejercicio 2014 y que se notificó en fecha 4 de febrero a la interesada.

 El artículo 37.1.a) de la Ley de Defensa de la Competencia permite la suspensión del procedimiento "cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios". Y este precepto no distingue, a juicio de la mayoría de la Sala, a los efectos de suspensión, entre motivos de tramitación ordinaria o extraordinaria.

 Y en el caso analizado, lo cierto es que la CNMC necesitaba disponer del volumen de facturación para motivar la cuantía de la sanción y de ahí el requerimiento para la aportación de ese dato que justificó la ampliación del plazo al amparo del artículo 37.1.a) de la LDC que ofrece plena cobertura a tal solicitud.

 Entendiendo que es correcto el requerimiento de información efectuado en fecha 29 de enero de 2015, debemos ahora analizar en qué medida ese requerimiento ha suspendido y hasta cuando la tramitación del expediente sancionador. En este aspecto, el artículo 12.2 del Reglamento de Defensa de la Competencia dispone que:" Para el levantamiento de la suspensión del plazo máximo, el órgano competente de la Comisión Nacional de la Competencia deberá dictar un nuevo acuerdo en el que se determinara que se entiende reanudado el computo del plazo desde el día siguiente al de la resolución del incidente que dio lugar a la suspensión y la nueva fecha del plazo máximo para resolver. Este acuerdo de levantamiento de la suspensión será igualmente notificado a los interesados".

 En el presente caso, ese acuerdo de levantamiento de la suspensión se dictó en fecha 20 de febrero de 2015 (folio 10054). Dicho acuerdo fija la fecha del 3 de febrero como fecha de inicio del plazo de suspensión del plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador y el 20 de febrero como fecha del levantamiento de la suspensión.

 Pues bien, si sumamos desde el 28 de febrero de 2015, los 17 días naturales de suspensión, cuando se notifica a la recurrente ACCESSORIS MANRESA la resolución sancionadora -13 de marzo- no había transcurrido el plazo de caducidad del procedimiento. Por otra parte, la fecha del levantamiento de la suspensión debe entenderse que es común para todos los implicados tal como refiere el artículo 12.2 citado al margen de la fecha concreta de cumplimiento del requerimiento por cada uno de los afectados. Si no se hiciera así, los periodos de suspensión serian diferentes para cada interesado, lo que resulta incompatible con el carácter único del procedimiento analizado.

 Por lo tanto, a juicio de la mayoría de la Sala, carece de fundamento la alegación relativa a la caducidad del procedimiento sancionador pues la CNMC empleó correctamente la posibilidad que ofrece el artículo 37.1.a) de la LDC a fin de recabar un dato imprescindible para calcular la sanción dictándose la resolución que le puso fin dentro del plazo legal.

 QUINTO. Rechazada la alegación de caducidad debemos analizar si existe prueba que justifique la responsabilidad de la empresa recurrente.

 Denuncia la actora que no hay prueba en el expediente de la participacion de ACCESSORIS MANRESA 4+4, S.L. en el cártel de la Zona de Barcelona.

 Lo cierto es que, efectivamente, el examen de las actuaciones revela la inconsistencia probatoria que justifique la imputación a ACCESSORIS MANRESA 4+4, S.L. por la participacion en el supuesto cártel de la Zona de Barcelona en los términos que describe la resolución recurrida.

 Como hemos referido, la CNMC en relación con la imputación efectuada a los concesionarios independientes de la marca LAND ROVER ubicados en la denominada zona geográfica de Barcelona se apoya exclusivamente en la contratación de los servicios de la entidad ANT.

 Es cierto y así se ha comprobado por esta Sala, en relación con la actuación de los concesionarios implicados en la zona geográfica de Madrid, que ANT tenía la función de comprobar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por los concesionarios a través de "estudios de mercado" y de visitas a los concesionarios a través de la figura del "cliente indiscreto". Y también es cierto que los concesionarios recibían y abonaban a ANT facturas por la prestación de esos servicios de seguimiento.

 Sin embargo, esta Sala entiende que no existe esa prueba que permita justificar la imputación efectuada a los concesionarios de la marca LAND ROVER ubicados en la zona geográfica de Barcelona.

 Por ello, esta Sala acepta la tesis de la actora y concluye que no hay prueba inculpatoria suficiente respecto de la participación de la recurrente en las practicas colusorias imputadas. Como hemos indicado, la lógica del método de funcionamiento de ANT es que, por ese servicio que prestaba de vigilancia y monitorización del cumplimiento de los acuerdos cada concesionario, remitía a los concesionarios una factura. Por esa razón, en relación con las conductas colusorias llevadas a cabo por los concesionarios de la zona de Madrid, hemos dado un valor probatorio especial al abono de las citadas facturas por los concesionarios como prueba de su participación y conocimiento de los acuerdos colusorios. Entendíamos que el abono de las facturas emitidas por ANT reflejaba equivocadamente la voluntad del concesionario de participar en el cártel beneficiándose del conocimiento y respeto al acuerdo de nivel máximo de descuentos aplicable por sus competidores reduciendo así la incertidumbre entre ellos en detrimento de una competencia efectiva.

 Por esta razón, no puede entenderse acreditada la participación de los concesionarios en un cartel, en este caso en la zona de Barcelona, cuando no consta la celebración de ninguna reunión ni de contactos entre los concesionarios ni tampoco consta el abono de factura alguna por servicios prestados por ANT y abonados por la recurrente durante el año 2011. Únicamente, consta el abono de una factura expedida por ANT pero correspondiente al periodo de marzo de 2007 (folio 7146) ya prescrito.

 Por tanto, falta el sustento probatorio esencial que acredite el funcionamiento del cártel respecto de este concesionario de la zona de Barcelona, tal y como lo explica la resolución recurrida.

 Pero es que además el resto de la prueba que invoca la resolución impugnada respecto de ACCESSORIS MANRESA carece de valor incriminatorio respecto de esta.

 Así, se alude a un correo enviado por SALA TEAM a ANT el 21 de noviembre de 2011 en el que dicha empresa encarga a ANT una visita a LAND MOTORS y a AUTO PLA para solicitar precio de un modelo concreto para ver los descuentos que se aplican.

 Sin embargo, difícilmente puede ser dicho correo electrónico inculpatorio para la recurrente por cuanto no figura su intervención que pudiera, en su caso, justificar su conocimiento y participación en la política de descuentos aludidos.

 Insistimos, no hay prueba en relación a los contactos entre los concesionarios competidores ni hay prueba de la existencia de facturas emitidas por ANT y abonadas por la actora en el año 2011 que pudieran demostrar la participación de la recurrente en el sistema de funcionamiento del cártel en los términos que describe la resolución sancionadora. Y ello lleva a esta Sala a considerar no probada la participación de la recurrente en el denominado cartel de la zona de Barcelona.

 Procede así la estimación del recurso y la anulación de la resolución recurrida y de la sanción impuesta en cuanto a ACCESSORIS MANRESA 4+4, S.L. se refiere".

 La anulación de la resolución recurrida en cuanto a la declaración de participación de ACCESORIS MANRESA en la infracción imputada y, consiguientemente, también de la multa impuesta, determina necesariamente la estimación del recurso interpuesto por SALA TEAM cuya responsabilidad, de carácter solidario, derivaba, según la misma resolución, de la "... presunción de una influencia decisiva derivada del acreditado control en el capital social de la matriz con respecto a su filial" .

 Por lo que el recurso debe en este caso ser también estimado, sin necesidad de otras consideraciones.

 CUARTO .- Las costas de esta instancia deberán ser satisfechas por la Administración demandada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .

 VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

 1.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Aníbal Burdallo Huidobro en nombre y representación de SALA TEAM, S.L., contra la resolución de 5 de marzo de 2015, dictada por el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el expediente S/0487/13, CONCESIONARIOS LAND ROVER, mediante la cual fue declarada responsable solidaria de ACCESORIS MANRESA 4X4, S.L., sancionada en la misma resolución con una multa de 40.697 euros.

 2.- Anular la referida resolución por no ser ajustada a Derecho.

 Con expresa imposición de cos tas a la Administración demandada.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 24/07/2019 doy fe.