Id. Cendoj: 28079230062019100304
ECLI: ES:AN:2019:3295
ROJ: SAN 3295/2019
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 18/07/2019
Nº de Recurso: 251/2015
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: BERTA MARIA SANTILLAN PEDROSA
Procedimiento: Procedimiento ordinario
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000251 / 2015

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 02660/2015

 Demandante: ADVENTURE CENTER, S.L.

 Procurador: DÑA. ROCÍO SAMPERE MENESES

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: DEALER Y SERVICIO POSTVENTA, S.A. (DEYSA) Y HORWATH AUDITORES ESPAÑA, S.L.P.

 Abogado Del Estado

 Ponente IIma. Sra.: Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 D. SANTOS GANDARILLAS MARTOS D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a dieciocho de julio de dos mil diecinueve.

 VISTO el presente recurso contencioso-administrativo núm. 251/2015 promovido por la Procuradora Dña. Rocío Sampere Meneses, en nombre y representación de " ADVENTURE CENTER, S.L .", contra la resolución de 5 de marzo de 2015, de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dictada en el expediente sancionador S/0487/13, CONCESIONARIOS LAND ROVER, que le ha impuesto una sanción de multa por importe de 256.460 euros. Ha sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado. Y como entidades codemandadas han comparecido el Procurador D. David Garcia Riquelme, en nombre y en representación de DEALER Y SERVICIO POSTVENTA, S.A. (DEYSA) así como la Procuradora Dña. Mónica Calero Pérez, en nombre y en representación de la mercantil HORWATH AUDITORES ESPAÑA, S.L.P.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO .- Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando se dicte sentencia por la que:

 "a) Resuelva estimar íntegramente el recurso y, en consecuencia, se declare contraria a Derecho la resolución impugnada por la nulidad y, en su caso, anulabilidad de la misma, dejando sin efecto la citada Resolución de la Sala de la Competencia de la CNMC por la que se impone una sanción a ADVENTURE CENTER, S.L. en concepto de multa de 256.460 euros.

 b) Resuelva igualmente declarar contrarios a derecho los acuerdos de 29 de enero de 2015 (folio 9632 y ss.), el acuerdo de 20 de febrero de 2015 (folio 10056 y ss.), citados en los fundamentos de derecho tercero y segundo de esta demanda, respectivamente, por los motivos allí alegados, así como la orden de entrada y registro de 28 de mayo de 2013 que obra a los folios 8 y ss. del expediente, esta última por los motivos alegados en el fundamento de derecho primero.

 c) Subsidiariamente, para el caso de estimar parcialmente este recurso se reduzca el montante de la sanción impuesta a ADVENTURE CENTER; S.L. conforme a lo expresado el cuerpo del presente escrito, en especial imponiendo una sanción simbólica de acuerdo con el fundamento octavo, o a lo sumo no superior al coeficiente menor utilizado para otros concesionarios, de conformidad con el fundamento sexto, o en el menor importe que prudencialmente sea fijado por la Sala.

 d) Subsidiariamente a la anterior petición, acuerde la devolución del expediente a la CNMC para recalcular la sanción de acuerdo con criterios proporcionados y acordes a la legalidad vigente".

 SEGUNDO .- El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia que confirme el acto recurrido en todos sus extremos.

 Las entidades codemandadas no presentaron escritos de contestación a la demanda.

 TERCERO .- Una vez practicadas las pruebas admitidas, se concedió a las partes trámite de conclusiones y una vez presentados los correspondientes escritos quedaron las actuaciones pendientes para votación y fallo cuando por turno le correspondiera. Y se fijó para ello la audiencia del día 26 de junio de 2019, en que tuvo lugar.

 Ha sido ponente la Ilma. Sra. Dña. BERTA SANTILLAN PEDROSA, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO .- A través de este proceso la mercantil "ADVENTURE CENTER, S.L." impugna la resolución de fecha 5 de marzo de 2015 dictada por el Consejo de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el expediente S/0487/13 CONCESIONARIOS LAND ROVER cuya parte dispositiva acuerda:

 "PRIMERO. - Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Sexto de esta Resolución.

 SEGUNDO .- De acuerdo con la responsabilidad atribuida en el Fundamento de Derecho Séptimo, declarar responsables de las citadas infracciones a las siguientes empresas:

 (...)

 3. ADVENTURE CENTER, S.L. por su participación en el cártel de la Zona de Madrid de fijación de precios y otras condiciones comerciales y de intercambio de información desde enero de 2011 hasta junio de 2013.

 T ERCERO .- Imponer a las autoras responsables de las conductas infractoras las siguientes multas:

 (...)

 ADVENTURE CENTER, S.L.: 256.460 euros.

 (...)

 CUARTO .- Instar a la Dirección de Competencia de esta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta Resolución".

 La resolución sancionadora impugnada considera que "ha quedado acreditada la existencia de prácticas contrarias al derecho de la competencia consistentes en acuerdos de fijación de precios, además de un intercambio de información comercialmente sensible en el mercado español de la distribución de vehículos de motor de la marca LAND ROVER, al menos desde el año 2011, organizado por zonas geográficas (Madrid y Barcelona) entre concesionarios oficiales independientes de la citada marca y con la directa colaboración de las empresas ANT y HORWATH".

 Conductas que se han calificado como infracción única y continúa prevista en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia , de naturaleza muy grave de conformidad con el artículo 62.4.a) de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia .

 Y, según la valoración realizada por la CNMC, esos acuerdos de fijación de precios y de otras condiciones comerciales se adoptaron por los concesionarios implicados porque en el ejercicio de su libertad de empresa "... fijan los precios finales de venta al consumidor limitándose los fabricantes a comunicar el precio de venta recomendado, por lo que cualquier acuerdo entre concesionarios sobre la fijación de uno de los elementos del precio final de venta al público del vehículo, como son los descuentos máximos, tasación o regalos ofrecidos, supone una infracción del artículo 1 de la LDC , ya que se persigue coordinar una estrategia competitiva en materia de precios con el fin último de preservar su margen comercial y reducir la tensión competitiva".

 Conductas que, según recoge la resolución impugnada," han tenido la aptitud para lograr el fin de falseamiento de la libre competencia por parte de los concesionarios independientes de la marca LAND ROVER" .

 Práctica prohibida que constituye un cártel porque, según refiere la CNMC, concurren los presupuestos necesarios contenidos en la Disposición Adicional Cuarta de la LDC , al destacarse que "se evidencia que el entramado organizativo diseñado por las partes presenta muchas de las características propias de los cárteles tales como la ocultación deliberada de los acuerdos ilícitos, la regularidad con la que se celebraban los encuentros entre los concesionarios, las represalias adoptadas contra las empresas incumplidoras de los acuerdos colectivos y la utilización de terceras empresas para llevar a cabo un control y seguimiento de los acuerdos".

 Concluye la CNMC que se ha cometido una infracción única y de carácter continuo que se corresponde con la actuación conjunta de los concesionarios de una misma zona geográfica determinada atendiendo a razones de proximidad porque el cliente podía acudir a cualquiera de ellos para comparar precios y condiciones comerciales. Y esas zonas geográficas se agruparon por la CNMC en la denominada Zona de Madrid que incluía los concesionarios de la marca LAND ROVER ubicados en la Comunidad Autónoma de Madrid y en las provincias de Toledo y Guadalajara y la denominada Zona de Barcelona que incluía los concesionarios ubicados en la provincia de Barcelona, así como las provincias limítrofes, en concreto Tarragona y Gerona.

 SEGUNDO.- En el caso de la entidad aquí recurrente, ADVENTURE CENTER, S.L., la resolución impugnada concreta que:

 "La empresa, con domicilio en Móstoles, tiene por objeto social las actividades propias de taller de reparación, lavado y engrase de vehículos, la compra y venta de automóviles nuevos y usados y de repuestos y accesorios".

 Y la CNMC la ha incorporado en la zona geográfica agrupada en la denominada Zona de Madrid quien, junto con otros concesionarios y con la colaboración de HORWAHT y de ANT, desde enero de 2011 hasta, al menos, junio de 2013 coincidiendo con las inspecciones realizadas, alcanzaron acuerdos para fijar los niveles máximos de descuentos aplicables al precio de venta al público recomendado establecido por la marca, así como condiciones comerciales y de servicio, de forma que cualquier oferta o venta se produciría en igualdad de condiciones, independientemente del concesionario origen de la misma. Tales acuerdos habrían consistido, principalmente, en la fijación de precios mediante determinación de descuentos máximos, las ventas de vehículos Km. 0 de la marca LAND ROVER, con carácter puntual y para ventas de vehículos de flota y el intercambio de información estratégica y sensible.

 TERCERO.- En el escrito de demanda presentado por la mercantil recurrente ADVENTURE CENTER, S.L. se solicita la nulidad de la sanción impuesta y, subsidiariamente, que se reduzca su importe y ello en virtud de las siguientes consideraciones.

 En primer lugar, refiere la caducidad del expediente sancionador porque entiende que ha tenido una duración superior a los 18 meses. Sostiene que no puede tener efectos suspensivos el requerimiento de información sobre el volumen de negocios de la mercantil implicada realizado en fecha 29 de enero de 2015 y ello porque esa información ya se había aportado con anterioridad y, además, porque se trata de un trámite ordinario que forma parte del procedimiento mismo y no puede tener efectos suspensivos en cuanto a la duración de su tramitación.

 En segundo lugar, sostiene que la resolución recurrida carece de elementos probatorios que acrediten la existencia del cártel. Y añade, además, que los documentos obtenidos por la CNMC en la inspección realizada a la entidad ANT no pueden tener valor probatorio por cuanto se han obtenido tras la realización de una inspección que vulnera el artículo 18 de la CE dado el carácter genérico de la orden de inspección otorgada por la CNMC.

 Denuncia también, la falta de culpabilidad porque insiste, siempre confió en la legalidad de los servicios que le eran prestados por ANT pues fue esta la que promocionó sus servicios en relación con los citados "estudios de mercado" a los concesionarios, y no éstos los que acudieron a ANT para obtenerlos. Por tanto, en ningún momento hubo intención de cometer un ilícito que partiera de ADVENTURE CENTER sino que, fue ANT la que presentó a los concesionarios sus servicios, unos servicios que únicamente calificó de "peligrosos", no ilegales.

 Asimismo, rechaza la calificación de infracción por objeto porque no se ha producido ningún tipo de efecto respecto a la competencia.

 Subsidiariamente, solicita que se modifique la duración de la conducta imputada con la consecuencia de que se le imponga una multa con una cuantía significativamente inferior a la contenida en la resolución recurrida.

 Finalmente, solicita la nulidad de la sanción por cuanto en su determinación carece de motivación y es desproporcionada.

 CUARTO.- Una vez centrado el objeto de debate analizaremos previamente la alegación de caducidad del procedimiento sancionador invocada por la mercantil recurrente.

 Como hemos señalado anteriormente, la recurrente denuncia la caducidad del procedimiento sancionador porque la suspensión se dictó sin la necesaria motivación, basada en razones de tramitación ordinaria que no pueden amparar una suspensión extraordinaria del plazo para resolver el expediente.

 En realidad, argumenta la actora, la suspensión obedece a la propia desidia de la Administración que tramitó el expediente sancionador de forma poco diligente. Considera por ello que la resolución sancionadora debió dictarse el 28 de febrero de 2015, sin embargo, se dictó el 5 de marzo y se le notificó el 13 de marzo de 2015, cuando el procedimiento, según entiende, ya había caducado.

 Esta Sala no acepta los argumentos dados por la recurrente. Es cierto que en fecha 29 de enero de 2015 se dicta acuerdo por el que se requiere la aportación de información relativa al volumen de negocios de la empresa correspondiente al ejercicio 2014 y que se notificó en fecha 4 de febrero a la interesada.

 El artículo 37.1.a) de la Ley de Defensa de la Competencia permite la suspensión del procedimiento "cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios". Y este precepto no distingue, a juicio de la mayoría de la Sala, a los efectos de suspensión, entre motivos de tramitación ordinaria o extraordinaria.

 Y en el caso analizado, lo cierto es que la CNMC necesitaba disponer del volumen de facturación para motivar la cuantía de la sanción y de ahí el requerimiento para la aportación de ese dato que justificó la ampliación del plazo al amparo del artículo 37.1.a) de la LDC que ofrece plena cobertura a tal solicitud.

 Entendiendo que es correcto el requerimiento de información efectuado en fecha 29 de enero de 2015, debemos ahora analizar en qué medida ese requerimiento ha suspendido y hasta cuando la tramitación del expediente sancionador. En este aspecto, el artículo 12.2 del Reglamento de Defensa de la Competencia dispone que:

 " Para el levantamiento de la suspensión del plazo máximo, el órgano competente de la Comisión Nacional de la Competencia deberá dictar un nuevo acuerdo en el que se determinara que se entiende reanudado el computo del plazo desde el día siguiente al de la resolución del incidente que dio lugar a la suspensión y la nueva fecha del plazo máximo para resolver. Este acuerdo de levantamiento de la suspensión será igualmente notificado a los interesados".

 En el presente caso, ese acuerdo de levantamiento de la suspensión se dictó en fecha 20 de febrero de 2015 (folio 10054). Dicho acuerdo fija la fecha del 3 de febrero como fecha de inicio del plazo de suspensión del plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador y el 20 de febrero como fecha del levantamiento de la suspensión.

 Pues bien, si sumamos desde el 28 de febrero de 2015, los 17 días naturales de suspensión, cuando se notifica a la recurrente ADVENTURE CENTER la resolución sancionadora -13 de marzo- no había transcurrido el plazo de caducidad del procedimiento. Por otra parte, la fecha del levantamiento de la suspensión debe entenderse que es común para todos los implicados tal como refiere el artículo 12.2 citado al margen de la fecha concreta de cumplimiento del requerimiento por cada uno de los afectados. Si no se hiciera así, los periodos de suspensión serian diferentes para cada interesado, lo que resulta incompatible con el carácter único del procedimiento analizado.

 Por lo tanto, a juicio de la mayoría de la Sala, carece de fundamento la alegación relativa a la caducidad del procedimiento sancionador pues la CNMC empleó correctamente la posibilidad que ofrece el artículo 37.1.a) de la LDC a fin de recabar un dato imprescindible para calcular la sanción dictándose la resolución que le puso fin dentro del plazo legal.

 QUINTO.- Rechazada la alegación de caducidad debemos ahora examinar si las conductas sancionadas encajan en las prohibiciones previstas en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia , que dispone:

 "1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o practica concertada o conscientemente paralela que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en:

 a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.

 b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones.

 c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.

 d) La aplicación en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.

 e) La subordinación de la celebración de contrataos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos".

 Según la apreciación recogida por la CNMC en la resolución impugnada, las conductas colusorias que han sido sancionadas se han producido entre los concesionarios de la marca LAND ROVER con arreglo al siguiente mecanismo y forma de funcionamiento que era bastante similar en cada una de las dos zonas geográficas en las que se ha considerado que se ha cometido una infracción del articulo 1 referido. Y en este momento resulta pertinente esbozar de manera general, la lógica y funcionamiento de la práctica sancionada tal y como se desprende de la resolución recurrida en la zona geográfica de Madrid, que, en términos globales, este Tribunal asume.

 1. Los concesionarios de la zona geográfica de Madrid mantuvieron contactos para fijar acuerdos relativos a la fijación de precios de la venta de vehículos de la marca LAND ROVER. En este aspecto es representativo el correo electrónico enviado por uno de los concesionarios implicados -DIVENTO- a ANT el 11 de abril de 2011 en el que comunica "nuestra firme intención de salirnos del acuerdo adoptado en Madrid al no haberse cumplido las condiciones pactadas por algunos de los asistentes. Es mi firme intención de quedar fuera de este acuerdo, considerando que la factura emitida por Vds. debe quedar anulada..." . (folios 6505 a 6508 del expediente administrativo).

 2. El cumplimiento de los acuerdos se monitorizaba por la entidad ANT tras la visita de sus evaluadores- Cliente indiscreto- remitiendo luego a los concesionarios cuadros comparativos de los precios y las condiciones comerciales ofrecidas por estos (folios 208, 210, 212, 232, 274, 275 y 296 del expediente administrativo). Un ejemplo de ello se recoge en el denominado

 "INCIDENCIAS LAND ROVER

 FEBRERO

 Visitas - Todo OK

 Teléfono - Todo OK

 MAIL

 - Bruselas Motor - En el segundo mail manda un presupuesto más bajo, con un descuento cercano al 9%, cuando el descuento correcto es del 8%.

 MARZO

 VISITAS

 - Bruselas Motor - Presupuesta la versión SE, pero le incluye también como extra, el apoyabrazos, aplicándole también el programa de lanzamiento del paquete de regalo de la versión S, que es más alta porque también regala el apoyabrazos.

 - Adventure Center - Regala GPS Garmin, tornillos antirrobo y control de niveles de por vida.

 -Divento 4X4 - Da precio más bajo, lo da por mail después de la visita, pero no envía presupuesto, el precio final está en el texto del mail, da precio final y tasación. En la tasación queda suficiente margen.

 TELEFONO

 -Divento 4X4 - Baja el precio de palabra por teléfono, no lo quiere dar por escrito.

 MAIL

 - Divento 4X4 - Baja el precio directamente al contestar al mail, pero no manda presupuesto, lo hace en el propio texto del mail. Además, al mandarle un segundo mail para apretar más regala el porta esquís". (Documento "Incidencias LAND ROVER", recabado en la inspección de ANT (folio 232).

 3. La relación de los concesionarios con ANT se constata a través de las facturas expedidas por ANT a los concesionarios participantes en el cártel por el concepto de "estudios de mercado" que implicaba el seguimiento y control de los acuerdos de los concesionarios.

 4. Asimismo consta la intervención de la entidad colaboradora HORWATH que realiza los denominados Protocolos de revisión, con la colaboración de ANT y que se utilizaban por los concesionarios de la "Zona de Madrid" para el seguimiento de los acuerdos adoptados por estos, detallándose las condiciones y tarifas del servicio prestado por ANT (precio por visita y estudio) así como los términos de los acuerdos adoptados por los concesionarios. Destacamos el correo electrónico enviado por HORWATH a todos los concesionarios, DEYSA, BRUSELAS MOTOR, MOVILCAR, ADVENTURE CENTER, DIVENTO, C.SALAMANCA, QUIAUTO y AN el 8 de junio de 2011, recabado en la inspección de ANT (folios 6511 y 6512 del expediente) que tenía por objeto crear un listado compartido relativo a los accesorios, anexado al protocolo de revisión de febrero de 2011.

 5. En este sentido destacamos los denominados "Protocolos de Revisión" de 2011 y 2013 realizados por HOWARTH, en los que se detallan las condiciones y tarifas del servicio prestado por ANT (precio por visita y estudio), así como los términos de los acuerdos adoptados por el cártel y las condiciones que las partes deben cumplir. Asimismo, se especifican las excepciones comerciales que pueden realizarse fuera del acuerdo, los mecanismos de intercambio de la información a través de las denominadas "reuniones de concesiones", la valoración de las incidencias en las reuniones de "Junta de Gerentes" de los concesionarios participantes en el cártel, que se realizaban mensualmente y la propia delimitación territorial del cártel.

 6. Los contactos entre los concesionarios se realizaba a través de las reuniones convocadas por HOWARTH. Destacamos la reunión convocada por HORWARTH en sus oficinas para el día 2 de abril de 2013 con la finalidad de analizar los resultados de las auditorías y visitas de los evaluadores de ANT realizadas durante el mes de febrero de ese año. Así lo acredita el correo electrónico interno de ANT en el que se reenvía el correo electrónico enviado por HORWATH el 14 de marzo de 2013, asunto: "Fwd: Convocatoria reunión", a ANT, ADVENTURE CENTER, MOVILCAR, C. DE SALAMANCA, BRUSELAS MOTOR, DEYSA y QUIAUTO, recabado en la inspección de ANT (folios 6559 y 6560 del expediente).

 7. Se destaca otra reunión convocada por HORWARTH para el 9 de mayo de 2013 para analizar los resultados del mes de marzo de 2013. Correo electrónico enviado por DEYSA a HORWATH, ANT, ADVENTURE CENTER, MOVILCAR, C. DE SALAMANCA, BRUSELAS MOTOR y QUIAUTO el 9 de mayo de 2013, reenviando los correos electrónicos remitidos por HORWATH el 6 y el 9 de mayo de 2013, recabados en la inspección de ANT (folios 6571 a 6573 del expediente).

 La CNMC, y esta Sala así lo comparte, destaca como elemento determinante de la existencia del cártel la implantación de un sistema de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados mediante la contratación de la entidad ANT SERVICALIDAD, cuya actividad principal consistía en evaluar la atención al cliente de las empresas que contrataban sus servicios, lo cuales eran prestados bajo la marca "El Cliente Indiscreto", normalmente a través de estudios de calidad y de estudios de mercado o estudios de precios. Y ello con el objeto, explícitamente reflejado por ANT en sus presentaciones, de "acabar con la guerra de precios existentes y la escasa rentabilidad por operación y homogeneizar descuentos máximos" a fin de conseguir incrementar el margen comercial por vehículo vendido, valiéndose para ello del seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de precios y condiciones comerciales y de servicios previamente fijados por los concesionarios, identificando aquellos que incumplían los acuerdos adoptados, remitiendo dichas "incidencias" (es decir, los incumplimientos) a los integrantes del cártel de cada zona, y facilitando el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados con una operativa que describe minuciosamente la resolución recurrida.

 Y por eso la prueba de la existencia de tales acuerdos estaría constituida por las facturas expedidas por ANT a los concesionarios participantes en el cártel, así como por la contabilidad interna de ANT que reflejaría el seguimiento realizado en dichos concesionarios del cumplimiento de los acuerdos adoptados por éstos.

 SEXTO.- La actividad que se prohíbe en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia es cualquier acuerdo o conducta concertada conscientemente tendente a falsear la libre competencia, lo que exige la concurrencia de voluntades de dos o más sujetos a tal fin. Y para su existencia no se requiere que se alcance la finalidad de vulneración de la libre competencia, basta con que se tienda a ese fin en la realización de la conducta, tenga éxito o no la misma. Es decir, la conducta ha de ser apta para lograr el fin de falseamiento de la libre competencia. Y es precisamente la naturaleza del objeto de esta prohibición lo que impide admitir la afirmación de la recurrente -apoyada en el informe pericial emitido por el economista D.           Pio - cuando considera que no llegó a implementar los acuerdos colusorios imputados. Sobre este punto, debemos recordar que la infracción imputada es por el objeto y no por sus efectos de tal manera que, se entiende cometida la infracción cuando empresas que son competidoras entre sí adoptan acuerdos cuyo objeto es fijar precios de venta y condiciones comerciales comunes en la venta de vehículos de motor de la marca LAND ROVER que restringen por si solas la competencia. Conductas que, además, quedan excluidas del concepto de menor importancia de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero , por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de Competencia.

 Y precisamente como se está ante una infracción por objeto no podemos considerar incorrecta la determinación del mercado de producto efectuada por la CNMC en la resolución sancionadora que de forma objetiva ha considerado como tal "el de la distribución de vehículos de motor nuevos y accesorios de la marca LAND ROVER, a través de concesionarios independientes del fabricante de la citada marca, vendidos a particulares".

 Esta Sección a la vista de lo expuesto considera que se está ante una conducta anticompetitiva denominada cártel que implica un acuerdo entre empresas del mismo sector cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado obteniendo un poder sobre el mercado para alcanzar los mayores beneficios posibles en perjuicio de los consumidores. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de junio de 2009 Asunto C-8/08 T-Mobile en su párrafo 26 refiere que:

 " Por lo que respecta a la definición de práctica concertada, el Tribunal de Justicia declaró que tal práctica concertada es una forma de coordinación entre empresas que, sin haber desembocado en la celebración de un convenio propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas (véanse las sentencias de 16 de diciembre de 1975, SuikerUnie y otros/Comisión, 40/73 a 48/73 , 50/73 , 54/73 a 56/73 , 111/73 , 113/73 y 114/73 , Rec. p. 1663, apartado 26, y de 31 de marzo de 1993, AhlströmOsakeyhtiö y otros/Comisión, C89/85, C104/85, C114/85, C116/85, C117/85 y C125/85 a C129/85 , Rec. p. I1307, apartado 63)".

 Esa misma sentencia del Tribunal de Justicia en sus párrafos 30 y 31 refiere que:

 " (30) Y en el caso analizado se ha constatado la existencia de contactos directos entre competidores con el fin de coordinar su comportamiento competitivo en materia comercial de fijación de precios mínimos lo cual es contrario a la competencia. En tales circunstancias, contrariamente a lo que defiende el órgano jurisdiccional remitente, no es necesario examinar los efectos de una práctica concertada cuando quede acreditado su objeto contrario a la competencia.

 (31) Por lo que respecta al análisis del objeto contrario a la competencia de una práctica concertada como la controvertida en el litigio principal, ha de recordarse, en primer lugar, que, como señaló la Abogado General en el punto 46 de sus conclusiones, para tener un objeto contrario a la competencia, basta con que la práctica concertada pueda producir efectos negativos en la competencia. Dicho de otro modo, sólo tiene que ser concretamente apta, teniendo en cuenta el contexto jurídico y económico en el que se inscribe, para impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el mercado común. La cuestión de si tal efecto se produce realmente y, en su caso, en qué medida, únicamente puede ser relevante para calcular el importe de las multas y los derechos de indemnización por daños y perjuicios".

 Cuando los concesionarios de una misma marca adoptan acuerdos fijando unos mismos precios de venta al público de los vehículos de motor, así como unas mismas condiciones comerciales comunes solo puede entenderse si lo es bajo el prisma de tratar de uniformar las condiciones comerciales y de eliminar así la incertidumbre y, ello con el objeto de restringir, falsear o eliminar la competencia. Por otra parte, tales conductas si tenían aptitud para distorsionar la libre competencia y cualquiera de las entidades implicadas, desplegando la diligencia exigible, podían fácilmente concluir que tal comportamiento podía tener un efecto restrictivo de la competencia. Por ello la conducta analizada es perfectamente subsumible en el artículo 1 de la Ley 15/2007 por cuanto varias empresas actuaron con un plan preconcebido, único y homogéneo de actuación conjunta participando en la adopción de acuerdos dirigidos a determinar y fijar los precios de venta y condiciones comerciales en el sector de venta de vehículos de motor de la marca LAND ROVER.

 No cabe duda de que los acuerdos adoptados sobre fijación de precios y condiciones comerciales, como es el caso, tenían aptitud para restringir la competencia en todo el mercado nacional, reduciendo así la independencia en la toma de decisiones de las empresas al determinar aspectos estratégicos y tácticos de su política corporativa como es la fijación y/o negociación de precios y descuentos a sus clientes, realizando además las empresas del cártel un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados. Acuerdos que podían alterar la competencia pues las empresas reducían así la incertidumbre a la que se enfrentaban conociendo mejor la estrategia comercial de los competidores.

 Esta Sección declara que la conducta examinada se ha calificado por la CNMC de forma correcta como constitutiva de un cártel.

 SÉPTIMO.- Debemos ahora examinar cual fue la participación concreta de la recurrente, ADVENTURE CENTER, S.L., en las conductas anticompetitivas que tuvieron lugar en la zona geográfica de Madrid por cuanto su sede está en la localidad de Móstoles (Madrid).

 Y ello nos lleva a analizar la prueba en que la CNMC sustenta la imputación de ADVENTURE CENTER.

 En su demanda, la parte recurrente, plantea como motivos impugnatorios, la anulabilidad de la resolución recurrida por infracción de los artículos 18.2 , 18.3 y 24.1 de la CE , 40 de la LDC y 13 del Real Decreto, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia, así como de la jurisprudencia relativa a los mismos por la ilegalidad en la obtención de las pruebas de cargo. A su juicio, la Orden de Investigación de la CNMC adolecía de defectos jurídicos manifiestos, al no satisfacer el contenido mínimo exigido por el artículo 13.3 del Reglamento de Defensa de la Competencia con la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones. Defectos, dice la actora, que nunca pudieron ser convalidados por el Auto de autorización de entrada de 3 de junio de 2013, conforme reiterada jurisprudencia, y ello sin tomar en consideración que incluso el referido Auto de autorización arrastraba idénticos defectos.

 Explica la recurrente que el procedimiento sancionador al que pone fin la resolución recurrida tiene su origen en una actuación inspectora no amparada por la Ley toda vez que la incautación de documentos que tuvo lugar durante las Inspecciones realizadas en la sede de ANT habría vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Entiende que los datos y elementos contenidos en las órdenes de investigación que dieron cobertura a las inspecciones en las que se recabaron los documentos inculpatorios no delimitaban, como exige el artículo 40 de la LDC y el artículo 13 del RDC, las conductas objeto de dicha investigación, ni tampoco acotaban de forma adecuada su objeto, limitado a verificar la existencia y alcance de las posibles prácticas anticompetitivas del expediente S/0471/13, es decir, de ciertas prácticas llevadas a cabo por el grupo SEAT (marcas Audi, SEAT y Volkswagen) y sus concesionarios autorizados, de forma tal que resultaría del todo extraño a otras prácticas ajenas a dicho grupo, como las imputadas después a los concesionarios LAND ROVER.

 Además, la CNMC habría incurrido, a su juicio, en la vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio garantizado en el artículo 18 de la Constitución puesto que, tanto el contenido de la orden de investigación emitida por la CNMC, como la actuación de sus inspectores, no habrían respetado las garantías legal y jurisprudencialmente definidas en relación a la protección de este derecho en los casos de entrada y registro de la sede social de las personas jurídicas, debiendo en todo caso abstenerse de utilizar una prueba que califica de ilícita para fundar la imputación de cualquiera de las entidades finalmente sancionadas.

 Debemos rechazar los motivos de nulidad alegados.

 En primer lugar, ADVENTURE CENTER denuncia la violación del artículo 18 de la Constitución , no siendo la titular de ese derecho, titularidad que correspondería solo a la empresa inspeccionada, en este caso ANT, en cuya sede se localizó la documentación incriminatoria.

 Por otra parte, la entrada en la sede de ANT contaba con autorización judicial otorgada el 3 de junio de 2013 por el Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Elche, realizándose la entrada el día 4 de junio siguiente.

 Esa circunstancia no excluye que podamos pronunciarnos sobre la validez de la orden de entrada pues ya el TS en la sentencia de 10 de diciembre de 2014 , rec. 4201 / 2011 (UNESA) precisó que "el hecho de haber existido una autorización judicial de entrada y registro en modo alguno impide ni excluye que el órgano jurisdiccional al que corresponde fiscalizar la legalidad de la actuación administrativa que ha sido objeto de impugnación -en este caso, la Orden de Inspección- enjuicie ésta en su integridad."

 Pues bien, en la sentencia de 31 de octubre de 2017, rec. 1062/2017 , que vino a fijar criterio sobre la validez de las Ordenes de investigación en las inspecciones domiciliarias de la CNMC con arreglo al nuevo modelo de casación, el Tribunal Supremo confirmó la resolución de un Juzgado, denegatoria de la solicitud formulada por la CNMC de entrada en una empresa porque la Orden de investigación no concretó las razones que vinculan la necesidad de la entrada en el domicilio con el objeto de la investigación.

 Ahora bien, la Orden de investigación para la entrada en la sede de ANT hacía saber a ésta que "La CNC dispone de información según la cual la citada empresa, que asesora a empresas sobre atención al cliente, habría podido incurrir en prácticas anticompetitivas en el mercado de distribución de vehículos de motor, facilitando la coordinación de conductas de distribuidores de vehículos de motor en materia de precios y condiciones comerciales y de servicio, así como el intercambio de información comercial sensible en el mercado español de la distribución de vehículos de motor".

 La orden contenía entonces una referencia singular a la empresa ANT que vinculaba además su actuación a la función de asesoramiento relacionada con prácticas restrictivas en un mercado de producto y geográfico concreto.

 En cuanto a la circunstancia de que la inspección de ANT estuviera orientada a la obtención de pruebas en relación solo a la participación en un cártel organizado por concesionarios de las marcas SEAT, VW y AUDI, pero no LAND ROVER, no puede tener la eficacia anulatoria que le atribuye ADVENTURE CENTER.

 La sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2019, recurso núm. 1835/2018 , sintetiza la jurisprudencia actual sobre la cuestión en estos términos:

 "QU INTO.- Sobre el hallazgo casual de material probatorio en inspecciones realizadas en virtud de órdenes de investigación dictadas con una finalidad distinta. Ya hemos dicho que la jurisprudencia de esta Sala sobre el hallazgo casual de material probatorio en inspecciones realizadas en virtud de órdenes de investigación dictadas con una finalidad distinta viene condensada en nuestra sentencia de 6 de abril de 2016 (recurso de casación núm. 113/2013 ). Dicha sentencia establece, en síntesis, que, partiendo del supuesto de una entrada y registro ajustada a derecho y realizada en términos proporcionales y adecuados, los datos o documentos que revelen o sean indiciarios de actuaciones ilícitas distintas a las que determinaron la investigación pueden ser legítimamente empleados por la Administración en una ulterior actuación sancionadora. Señala esa sentencia, en definitiva, "(...) que la habilitación para la entrada y registro y la práctica del mismo en forma idónea y proporcionada, permite que un hallazgo casual pueda ser utilizado de forma legítima para una actuación sancionadora distinta, la cual habrá de ajustarse a las exigencias y requisitos comunes de toda actuación sancionadora y en la que la empresa afectada podrá ejercer su derecho de defensa en relación con las nuevas actividades investigadas". Esta doctrina que expusimos debe ser ahora reafirmada, pues no advertimos razones para matizarla y, menos aún, para corregirla".

 Es claro entonces que las pruebas recabadas en esa inspección acreditativas de la participación de ADVENTURE CENTER en prácticas restrictivas de la competencia distintas de las que se pudieran imputar a concesionarios de las marcas SEAT, AUDI y VW han de considerarse válidas una vez admitida la validez y eficacia de la actuación administrativa en relación a la habilitación para la entrada y registro y justificado, como está, que la práctica del mismo se llevó a cabo de forma idónea y proporcionada.

 OCTAVO. Rechaza ADVENTURE CENTER la existencia del cártel que describe la resolución sancionadora porque para ello, debe existir una racionalidad económica que aquí no se aprecia. A su juicio, si se trata de un mercado altamente competitivo en el que existe la posibilidad por parte de la demanda de acudir a la marca que le presente la mejor oferta, los concesionarios de una determinada marca en una determinada zona pueden obtener algún beneficio derivado de un acuerdo de precios entre ellos pero no se entiende el cártel porque si los concesionarios de LAND ROVER ofertaran los vehículos a unos precios no competitivos, la demanda, al tratarse de un mercado cuya intensa competencia es reconocida, acudiría sin dudarlo a otras marcas.

 La racionalidad del cartel a la que se refiere la actora, la encontramos en la forma de determinación del precio del vehículo. En realidad, los descuentos, ofertas, regalos, garantías adicionales, y otros conceptos similares permiten a los concesionarios diferenciarse entre ellos en el mercado y ofrecer mejores condiciones a sus clientes.

 Una cosa es que la marca comunique al concesionario el precio de venta recomendado y otra diferente que el precio de venta al público lo fije también la marca en virtud del contrato de concesión. En realidad, la marca vende el vehículo al concesionario y éste lo revende a sus clientes obteniendo el beneficio derivado del margen comercial de la venta y de la consecución de los objetivos que retribuye la marca.

 Por tanto, la racionalidad económica del cartel se encuentra en la voluntad de pactar dentro del margen del que gozan, ente caso, el nivel máximo de descuento sobre el precio de venta recomendado por la marca porque así se benefician todos los concesionarios en detrimento del consumidor final.

 Recordemos que las Directrices relativas a las restricciones verticales, Doue 130 de 19 de mayo de 2010, definen estas como "los acuerdos o prácticas concertadas, suscritos entre dos o más empresas que operen, a efectos del acuerdo o de la práctica concertada, en planos distintos de la cadena de producción o distribución y que se refieran a las condiciones en las que las partes pueden adquirir, vender o revender determinados bienes o servicios".

 De conformidad con ésta definición, si la marca impusiera efectivamente el precio y los concesionarios no tuvieran margen de maniobra al respecto, carecerían efectivamente de sentido los contactos entre ellos y las comunicaciones de niveles máximos de descuentos, etc.

 En realidad, los concesionarios de la marca, operan entre ellos en el mismo plano de la cadena de distribución de manera que para reducir la incertidumbre en el ámbito del componente variable del precio pactaban los descuentos máximos y otras condiciones comerciales aplicables al adquirente del vehículo. De no existir los acuerdos citados cada concesionario fijaría libremente aquellos elementos que inciden en el aspecto variable del precio, beneficiándose el supuesto comprador del resultado de una efectiva competencia entre ellos a la hora de fijar los descuentos máximos, los precios de tasación o los regalos, competencia entre los concesionarios que resultó restringida por la adopción de aquellas prácticas. Ello no significa finalmente una igualdad de precios, sino que el precio final de los vehículos acordados no fuera inferior a aquél que garantizaba a los concesionarios incoados ciertos márgenes, con aptitud para uniformar los precios de éstos, cuya afectación incide directamente en la libre competencia.

 Las prácticas descritas integran por tanto un cártel, determinante de la infracción apreciada por la resolución sancionadora pues así lo revela la ocultación deliberada de los acuerdos ilícitos, al advertir ANT en su presentación que "dada la "peligrosidad" de este tipo de trabajo, se lleva con el mayor nivel de confidencialidad. En nuestra documentación hablaremos siempre de "Estudios de Mercado" y de ofertas obtenidas e incidencias detectadas".

 A ese carácter secreto no se opone que ADVENTURE CENTER anotase en su contabilidad las facturas que abonaba a ANT.

 NOVENO.- Ar gumenta ADVENTURE CENTER que la prueba reunida en el expediente es insuficiente para deducir de ella la existencia de los pactos colusorios que se le imputan, además de no haberse acreditado tampoco que de la conducta sancionada se hayan seguido efectos en el mercado que pudieran resultar contrarios a la libre competencia o que hubieran generado un beneficio ilícito a la recurrente.

 Niega que se haya producido el intercambio de información que advierte la resolución sancionadora, incide en la falta de prueba suficiente sobre este extremo y razona que, aun suponiendo acreditado el intercambio de información, ello no bastaría, pues la CNMC estaría en la obligación de acreditar una supresión, o al menos debilitamiento, de la incertidumbre sobre el funcionamiento del mercado, siendo así que el mercado no habría sido analizado, a su juicio, con una mínima exactitud.

 Como decíamos en la sentencia de 9 de junio de 2016, recaída en el recurso 551/13 ,

 "En este tipo de actuaciones es difícil encontrarse con la existencia de pruebas directas que permitan acreditar la participación en las conductas infractoras; lo normal es que sea a través de indicios. Pues bien, la prueba de indicios está ampliamente aceptada por la jurisprudencia constitucional desde la SSTC 174 y 175/1985 , y resulta práctica habitual en materia de cárteles, siempre que los indicios resulten probados de forma directa, tengan fuerza persuasiva, produzcan una convicción suficiente en el juzgador, se encuentren en directa relación con las consecuencias que se pretenden extraer de los mismos y no exista una explicación alternativa que permita desvirtuar las conclusiones a las que llega la Administración" . Consideraciones que ratifica la sentencia de 15 de julio de 2016, recurso núm. 293/2012 , cuando señalábamos también respecto de la prueba de indicios que "... es bien sabido que su utilización en el ámbito del derecho de la competencia ha sido admitida por el Tribunal Supremo en sentencias de 6 de octubre y 5 de noviembre de 1997 (RJ 1997421 y RJ 1997/8582), 26 de octubre de 1998 (RJ 1998741 ) y 28 de enero de 1999 (RJ 199974). Para que la prueba de presunciones sea capaz de desvirtuar la presunción de inocencia, resulta necesario que los indicios se basen no en meras sospechas, rumores o conjeturas, sino en hechos plenamente acreditados, y que entre los hechos base y aquel que se trata de acreditar exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano".

 En el caso analizado partimos de que existe prueba suficiente en el expediente administrativo antes relatada que acredita la existencia del cártel en la zona geográfica de Madrid. Y en ese acerbo probatorio hemos destacado especialmente como prueba de la existencia del cártel la intervención de la empresa ANT SERVICALIDAD; importancia que ya destaca la misma resolución al comienzo del relato de hechos probados donde describe la actividad de dicha empresa y su papel en los acuerdos anticompetitivos finalmente sancionados.

 En realidad, la finalidad perseguida con la contratación de ANT era la monitorización o seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados y, como manifestaba esta empresa en sus presentaciones, "acabar con la guerra de precios existentes y la escasa rentabilidad por operación y homogeneizar descuentos máximos" , consiguiendo así incrementar el margen comercial por vehículo vendido. Ello a través del servicio prestado a los concesionarios que denomina "estudios de mercado" o "estudios de precios" respecto de cada una de las zonas afectadas, consistentes en el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de precios y condiciones comerciales y de servicios previamente fijados por los concesionarios, identificando aquellos que incumplían los acuerdos, informando de los incumplimientos a los integrantes del cártel de cada zona y facilitando el seguimiento de los acuerdos.

 Y, desde luego, para llegar a esas conclusiones es particularmente ilustrativo la "PRESENTACIÓN POLITICA COMERCIAL", de 13 de septiembre de 2012 (folios 6608 a 6611 del expediente administrativo), en la que se describe lo que denomina "SITUACIÓN ACTUAL", que caracteriza por "ESCASA RENTABILIDAD POR OPERACIÓN GUERRA DE PRECIOS POCAS VENTAS" , para, a continuación, referirse al "PROPÓSITO DE ESTA ACCIÓN", en estos términos:

 " EVITAR LA GUERRA DE PRECIOS

 HOMOGENEIZACIÓN DE DESCUENTOS MÁXIMOS CONSIGUIENDO CON ELLO......INCREMENTAR EL MARGEN COMERCIAL POR VEHÍCULO VENDIDO".

 Se refiere el estudio propuesto a la metodología a seguir, con visitas a los concesionarios de los evaluadores o "clientes indiscretos" para ponderar a continuación los beneficios adicionales del estudio y las mejoras que había de comportar.

 Son varias las anotaciones que, recabadas en la inspección de ANT, ponen de manifiesto la existencia del cártel, con alusiones explícitas a la empresa ahora recurrente, así por ejemplo, las anotaciones manuscritas de fecha 8 de enero de enero de 2013, incluidas en la carpeta "LAND ROVER" recabada en la inspección de ANT, (folios 146 a 151); los cuadros comparativos de los precios y las condiciones comerciales ofrecidas por los concesionarios, entre ellos, la actora, recabados en la inspección de ANT (folios 208, 210, 212, 232, 274, 275 y 296); el documento denominado "Incidencias Land Rover", recabado en la inspección de ANT (folio 232) donde referidas a febrero y marzo de 2011 se recogen como tales un ajuste del descuento al porcentaje acordado del 8% y una bajada de precio del modelo Divento 4x4; los correos remitidos por ANT, dirigidos a ADVENTURE CENTER convocándole a determinadas reuniones, así el 8 de junio de 2011, recabado en la inspección de ANT (folios 6511 y 6512) y la convocada por HOWARTH el 9 de mayo de 2013 (folio 6577).

 Conviene destacar que, pese a que la actora niega haber asistido a las reuniones a las que fue convocada en particular, la que fue datada el 9 de mayo de 2013, se le envió posteriormente los informes elaborados por HORWATH, como se indica en el correo electrónico interno de ANT de 20 de mayo de 2013, folio 6577 del expediente.

 Asimismo, es prueba inculpatoria, a juicio de la Sala, las facturas expedidas por ANT a nombre de ADVENTURE CENTER y abonadas por esta desde febrero a julio de 2011 y desde febrero a abril de 2013, de las que obra copia a los folios 42 a 53 del expediente, demostrativas de la intervención, necesariamente consciente, de la empresa actora en los acuerdos colusorios al retribuir los servicios de ANT SERVICALIDAD por una concreta actividad que sí está acreditada de manera suficiente, dirigida a la facilitación del cártel constituido por quienes pagaban sus servicios.

 Por lo tanto, el pago de las facturas por ADVENTURE CENTER por los servicios prestados por ANT revela su conocimiento y voluntad de participar en el mecanismo diseñado por ésta para garantizar la vigilancia y el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la red de concesionarios facilitando el intercambio de tales datos con el fin de homogeneizar el nivel máximo de descuentos a ofertar.

 Por esa razón, la Sala concede un especial valor incriminatorio al pago de las facturas teniendo en cuenta que la explicación alternativa que ofrece la recurrente para explicar su abono como simples servicios de acreditación de nivel de calidad del concesionario a través de la técnica del mistery shopping carece de credibilidad.

 En realidad, esos fines no se corresponden con los realmente ofertados por ANT como revela la presentación de 13 de septiembre de 2012 (folios 6608 a 6611) en la que aquella ofrece a los concesionarios "acabar con la guerra de precios existentes y homogeneizar descuentos máximos", consiguiendo con ello incrementar el margen comercial por vehículo vendido, realizando un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de precios y condiciones comerciales y de servicios previamente alcanzados por los concesionarios de la marca LAND ROVER en cada zona e identificando aquellos concesionarios que incumplían los acuerdos adoptados, remitiendo dichas "incidencias", es decir, los incumplimientos, a los integrantes del cártel, facilitando el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados.

 Prueba de lo anterior es el documento denominado, "Incidencias LAND ROVER", recabado en la inspección de ANT (folio 232) al que aludíamos antes y que referido a ADVENTURE CENTER indica como tales referidas a febrero y marzo de 2011, las siguientes:

 "INCIDENCIAS LAND ROVER

 FEBRERO

 Visitas - Todo OK

 Teléfono - Todo OK

 MAIL

 Bruselas Motor - En el segundo mail manda un presupuesto más bajo, con un descuento cercano al 9%, cuando el descuento correcto es del 8%.

 MARZO

 VISITAS

 Bruselas Motor - Presupuesta la versión SE, pero le incluye también como extra, el apoyabrazos, aplicándole también el programa de lanzamiento del paquete de regalo de la versión S, que es más alta porque también regala el apoyabrazos.

 Adventure Center - Regala GPS Garmin, tornillos antirrobo y control de niveles de por vida".

 En consecuencia, las pruebas obtenidas en torno a la intervención de la entidad en el cártel constituidas, por un lado, por la evidencia de la existencia del cártel mismo en la denominada zona de Madrid y, por otro, por la intervención de la sancionada en el mecanismo de actuación de "El cliente indiscreto", permiten a esta Sala, en el ejercicio de sus facultades sobre libre valoración de la prueba, concluir que existen indicios suficientes de la responsabilidad de la entidad actora en la infracción que se le imputa. Sin que se haya producido, en contra de lo que afirma, un indebido empleo de hechos prescritos para justificar las conductas objeto del expediente puesto que, como acabamos de exponer, hay elementos de prueba correspondientes al período no prescrito suficientes para sostener la imputación, y los que se refieren a hechos anteriores, aun mencionados en el acuerdo sancionador, no se han tomado como elementos determinantes de responsabilidad precisamente por estar afectado por la prescripción.

 Pues bien, todos los elementos fácticos señalados -cita en documentos y comportamiento de la actora-, llevan a una sola conclusión posible, y es la participación de la recurrente en los hechos que se le imputan; sin que se haya ofrecido una explicación alternativa razonable, y sin que la Sala alcance a encontrar otra explicación distinta de la dada por la CNMC a los hechos que nos ocupan.

 DÉCIMO. - Destaca ADVENTURE CENTER que aun cuando se entendiera acreditada la existencia de un cártel no se ha demostrado su culpabilidad porque confiaba en la legalidad de los servicios prestados por ANT dada su reputación en el sector. Que fue captada como cliente por ANT, y no al revés y que de las presentaciones que ANT hacía de sus servicios no se podía deducir que se estuviera cometiendo ilegalidad alguna.

 La defensa de la mercantil ADVENTURE CENTER afirma que no puede ser miembro del cártel porque llevó en todo momento una política de precios autónoma, comportándose de manera independiente en el mercado y concediendo unos descuentos muy por encima de los máximos previstos en los protocolos de 2011 y 2013 y, finalmente que no acudió a ninguna reunión de concesionarios.

 A juicio de la Sala, resulta irrelevante como se iniciara la relación de la actora con ANT y la fiabilidad que pudiera tener esta en el sector pues lo cierto es que junto con el informe relativo a la atención al cliente que el personal del concesionario ofrecía al supuesto comprador, ANT enviaba mensualmente a los concesionarios un correo electrónico con las ofertas de cada concesionario por modelo de coche resaltando las "incidencias", esto es, los incumplimientos o desviaciones de los acuerdos.

 De este modo, todos los concesionarios de cada zona podían conocer las condiciones comerciales ofrecidas por el resto de concesionarios de su zona, así como aquéllos que hubieran incumplido el acuerdo.

 Por lo tanto, el pago de las facturas por ADVENTURE CENTER por los servicios prestados por ANT revela su conocimiento y voluntad de participar en el mecanismo diseñado por ésta para garantizar la vigilancia y el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la red de concesionarios facilitando el intercambio de tales datos con el fin de homogeneizar el nivel máximo de descuentos a ofertar.

 Esta Sección concluye que figuran en el expediente administrativo bastantes indicios que permiten concluir que la recurrente tuvo conocimiento de las conductas colusorias sancionadas por la CNMC. De forma especial, destacamos que su participación ha quedado acreditada con su conocimiento y seguimiento del sistema implantado por la entidad ANT para comprobar el cumplimiento por parte de los concesionarios de los acuerdos colusorios sancionados. Y ello porque consta en el expediente administrativo que la mercantil recurrente abonaba a la entidad ANT las facturas que esta expedía con regularidad -normalmente, de forma mensual- por la emisión de los denominados "Estudios de mercado" que, en realidad, lo que implicaban era el pago de los servicios prestados por ANT por la realización de las visitas al concesionario a través de la figura del cliente indiscreto para comprobar si efectivamente los concesionarios cumplían los acuerdos colusorios. Y precisamente es ese conocimiento lo que nos permitir declarar, como así se ha indicado por la CNMC en la resolución impugnada, que ADVENTURE CENTER si es responsable de la infracción imputada y sancionada por la CNMC pues lo importante para la imputación de este tipo de conductas es tener conocimiento de los acuerdos anticompetitivos adoptados y no haber mostrado una oposición específica a los mismos. Y en el caso analizado tienen especial valor probatorio las facturas expedidas por ANT -en las que figura como emisor "El Cliente Indiscreto"- a la recurrente por el concepto Estudios de Mercado desde el mes de febrero a julio de 2011 y desde febrero a abril de 2013.

 Pues bien, esta Sección considera que la prueba formada por las referidas facturas permite concluir que, al menos, la recurrente participó y tuvo conocimiento del sistema implantado por la entidad ANT para controlar e implementar un sistema que perseguía el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos implantados a través de la entidad ANT con el auxilio de la figura del "Cliente Indiscreto". Y solamente es creíble que la recurrente participe en el sistema implantado para el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos colusorios cuando tiene efectivo conocimiento de la finalidad que se persigue con el abono de las facturas a la entidad ANT. Y, como hemos señalado, figuran en el expediente administrativo que la mercantil recurrente abonó a la entidad ANT las facturas que emitía en las que figuraba como emisor "El Cliente Indiscreto". Facturas que se expedían con cierta regularidad por el concepto de emisión de los "Estudios de mercado" cuando, en realidad, lo que implicaban era el pago de los servicios prestados por ANT por la realización de las visitas al concesionario a través del cliente indiscreto que tenían como finalidad comprobar el cumplimiento de los acuerdos adoptados.

 Y es precisamente el abono de dichas facturas a ANT prueba suficiente para la imputación de la recurrente por cuanto no consta que, al menos, la recurrente hubiera tenido una conducta mínimamente diligente que le hubiera permitido poner en duda la licitud de unas facturas emitidas por "El Cliente Indiscreto". Por otra parte, la recurrente no ha aportado una explicación alternativa a la necesidad de los referidos estudios de mercado. Y esta Sala afirma que no es creíble o, al menos, la recurrente no ha justificado que los pagos realizados a la entidad ANT de forma casi mensual puedan corresponderse con la realización real de estudios de mercado. Primero, porque la recurrente no ha aportado ninguno de estos estudios de mercado y segundo, porque no es comprensible la necesidad económica y comercial de la recurrente que le lleve a solicitar, en su caso, estudios de mercado con la regularidad que reflejan las facturas expedidas por ANT. Además, de ser cierta la realización de esos estudios de mercado no se comprende la mención por parte de ANT de su peligrosidad y de la necesidad de confidencialidad.

 En consecuencia, esta Sección concluye que f iguran en el expediente administrativo indicios suficientes que permiten concluir que la recurrente conocía los acuerdos adoptados en relación con la fijación de los precios de venta y de otras condiciones comerciales en el sector económico aludido sin que a los efectos de su imputación y responsabilidad sea esencial su asistencia a las reuniones en las que se adoptaron los acuerdos colusorios puesto que lo importante es tener conocimiento de los acuerdos anticompetitivos adoptados así como de la implantación del sistema de seguimiento de su cumplimiento y no haber mostrado una oposición específica a los mismos. En este aspecto se recuerda la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia en la sentencia dictada en el Asunto T-Mobile cuando destaca en sus párrafos 53, 61 y 62 que:

 "(53). A la luz de las consideraciones que preceden, debe responderse a la segunda cuestión que, en el marco del examen de la relación de causalidad entre la concertación y el comportamiento en el mercado de las empresas que participan en ella -relación exigida para determinar la existencia de una práctica concertada en el sentido del artículo 81 CE , apartado 1-, el juez nacional está obligado a aplicar, salvo prueba en contrario que incumbe aportar a estas últimas, la presunción de causalidad establecida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual las referidas empresas, si permanecen activas en el mercado, tienen en cuenta la información intercambiada con sus competidores. ....

 (61). En tales circunstancias, procede considerar que el punto decisivo no es tanto el número de reuniones celebradas entre las empresas interesadas como el hecho de saber si el contacto o los contactos que se han producido han dado a éstas la posibilidad de tener en cuenta la información intercambiada con sus competidores para determinar su comportamiento en el mercado de que se trate y sustituir conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas. Dado que ha quedado demostrado que dichas empresas han llegado a concertar su comportamiento y que han permanecido activas en el mercado, está justificado exigir que aporten la prueba de que dicha concertación no ha influido en su comportamiento en el referido mercado.

 (63). Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión que, siempre que la empresa participante en la concertación permanezca activa en el mercado de que se trate, es aplicable la presunción de que existe una relación de causalidad entre la concertación y el comportamiento de dicha empresa en el mercado, incluso si la concertación se basa solamente en una única reunión de las empresas interesadas".

 DÉCIMO PRIMERO .- Debemos referirnos a continuación a la duración de la conducta que la resolución recurrida imputa a la actora desde enero de 2011 hasta junio de 2013.

 No puede situarse la fecha de inicio en el mes de enero de 2011 como sostiene la resolución recurrida, pues no hay prueba alguna de ello. Por tanto, la fecha inicial de participación en el cartel y por la que puede ser sancionada la actora es desde febrero de 2011, que es cuando se aprueba por la Junta de Gerentes el denominado "PROTOCOLO DE REVISIÓN 2011" y prueba de su eficacia es el documento antes transcrito que refleja incidencias de febrero de 2011 referidas a ADVENTURE CENTER así como el pago a ANT por ese periodo.

 No podemos acoger, como sostiene la actora, que su participación en el cártel sea únicamente de nueve meses como sostiene, es decir, de febrero a julio de 2011 (seis meses) y de febrero a abril de 2013 (3 meses) porque con independencia de que no se hayan descubierto pruebas durante un cierto periodo de tiempo, ese lapso temporal se mantiene dentro del que la jurisprudencia del TJUE admite como razonable para entender acreditada la participación de una empresa en una infracción única y continuada, en torno a dieciocho meses.

 En éste sentido, como dice la sentencia del TJUE de 17 de mayo de 2013, en el asunto T-154/2009 , Manuli Rubber Industries SpA (MRI "cuando se puede demostrar que la participación de una empresa en la infracción se ha interrumpido y que la infracción cometida por la empresa antes y después de ese período presenta las mismas características, que se han apreciar atendiendo en especial a la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos afectados, de las empresas que han tomado parte en la colusión, de las formas principales de su ejecución, de las personas físicas implicadas por cuenta de las empresas y por último del ámbito geográfico de aplicación de esas prácticas, la infracción considerada debe calificarse como única y continuada. En ese supuesto la Comisión no puede imponer una multa por el período durante el que se interrumpió la infracción".

 Esto es lo que, entendemos, ha sucedido aquí, pues solo consta interrumpida la participación de la actora en un cártel que ha funcionado en los mismos términos hasta junio de 2013. En éste sentido, entendemos acreditada la existencia de una infracción única y continuada que comenzó en febrero de 2011 y se mantuvo hasta julio de ese año. Existe un periodo, agosto de 2011 a enero de 2013 en el que no se ha acreditado intervención de ADVENTURE CENTER, pero se reinicia de nuevo su participación y el cártel funciona en los mismos términos desde febrero a junio de 2013 que finaliza tras las inspecciones realizadas.

 Por lo tanto, la actora es responsable desde febrero de 2011 a junio de 2013 pero debe excluirse a efectos del cómputo de la sanción el periodo que va desde agosto de 2011 a enero de 2013.

 A ello se une que en ningún momento ADVENTURE CENTER manifestó públicamente su separación de la actividad colusoria, o su intención de dar por finalizada su participación en el cártel - a diferencia, por ejemplo, de DIVENTO- lo que implica la continuidad en dicha participación de acuerdo con la jurisprudencia europea reflejada, entre otras, en la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, asuntos C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C- 213/00 P, C-217/00 P y C-219-00 P, sentencia Aalborg.

 El Protocolo de Revisión (01 febrero 2013), recabado en la inspección de ANT (folios 6515 a 6518, 6520 a 6523 y 6538 a 6553) revela que el cártel seguía funcionando en los mismos términos que en 2011 y el pago de las facturas por la actora a ANT en febrero, marzo y abril de 2013, así lo confirma.

 Por lo demás, el intercambio de información comercialmente sensible se inserta como medio de realizar la conducta de fijación de precios y otras condiciones comerciales y de servicios, integrando la infracción única y continuada objeto de sanción.

 Por otra parte, esta Sala confirma la imputación hasta el mes de junio de 2013 porque tiene en cuenta que la fecha de la última factura emitida a la recurrente por ANT -abril de 2013- está suficientemente próxima en el tiempo a los hechos acreditados como para poder afirmar la continuidad de la recurrente en la comisión de la infracción hasta el mes de junio de 2013.

 En consecuencia, las pruebas acopiadas en torno a la participación de ADVENTURE CENTER en el cártel constituidas, por un lado, por la evidencia de la existencia del cártel mismo en la denominada zona de MADRID y, por otro, por la intervención de la sancionada en el mecanismo de actuación de "el cliente indiscreto" permiten a esta Sala, en el ejercicio de sus facultades sobre libre valoración de la prueba, concluir que existen indicios suficientes de la responsabilidad de ADVENTURE CENTER en la infracción que se le imputa, tanto en lo relativo a la conclusión de acuerdos colusorios, como en lo que respecta al intercambio de información, y todo ello por el periodo que antes se ha referido.

 DECIMO SEGUNDO.- Finalmente, la recurrente cuestiona el importe de la multa, así como el método de cuantificación de la misma. Y solicita la nulidad de la multa o, subsidiariamente, la reducción de su importe pues sostiene que desconoce los criterios que ha seguido la CMNC para fijar su importe y, además, añade que éste resulta desproporcionado a la vista de lo establecido en los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007, de 3 de julio , de acuerdo con la interpretación que ha realizado el Tribunal Supremo en la sentencia dictada en fecha 29 de enero de 2015 (recurso de casación nº 2872/2013 ).

 En el anterior fundamento de derecho hemos aceptado la alegación de la recurrente cuando cuestiona la duración que puede atribuirse a su participación en el cártel. Concretamente, hemos señalado que la recurrente debe ser sancionada como responsable de la comisión de una infracción única y continuada por el periodo que va desde febrero a julio de 2011 y desde febrero a junio de 2013.

 En consecuencia, ha de concluirse que la sanción resulta desproporcionada en cuanto a la imputación temporal que se hace a ADVENTURE CENTER en la resolución impugnada, por lo que el recurso debe ser estimado en este particular y anular dicha resolución a fin de que la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC dicte otra en la que se fije un nuevo importe de multa atendiendo a un periodo de imputación inferior que el que ha llevado a la imposición de la multa ahora recurrida. Y, por tanto, la CNMC deberá tener en cuenta que la participación de la recurrente en las conductas colusorias que confirmamos fue en el periodo que va desde el mes de febrero a julio de 2011 y de febrero a junio de 2013.

 DÉCIMOTERCERO.- No se hace expresa imposición de costas atendido el pronunciamiento parcialmente estimatorio de esta sentencia y a la vista de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .

 VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

 1. Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dña. Rocío Sampere Meneses, en nombre y representación de " ADVENTURE CENTER, S.L. ", contra la resolución de 5 de marzo de 2015, de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dictada en el expediente sancionador S/0487/13, CONCESIONARIOS LAND ROVER, que le ha impuesto una sanción de multa por importe de 256.460 euros, resolución que anulamos por ser contraria a Derecho pero exclusivamente en la determinación del periodo de tiempo a tener en cuenta para la cuantificación del importe de la multa.

 2. Requerir a la CNMC para que proceda a cuantificar la sanción a imponer tomando en consideración el periodo comprendido entre febrero y julio de 2011 y febrero a junio de 2013.

 3. Sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes procesales.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

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VOTO PARTICULAR que formula el Magistrado D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO.

 ANTECEDENTES

 1. Mi discrepancia respecto de la sentencia recaída en este procedimiento se refiere al tratamiento dado por la mayoría a la cuestión relativa a la caducidad del procedimiento.

 2. Resulta conveniente recordar que el procedimiento fue incoado el 29 de agosto de 2013 y que el plazo ordinario de terminación, establecido por el artículo 36.1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC ), es de 18 meses.

 3. Por lo tanto, la fecha final hábil para la notificación de la resolución sancionadora, quedó fijada en el 28 de febrero de 2015.

 4. También es pertinente precisar lo siguiente:

 -El 6 de agosto de 2014 se formula pliego de cargos y, sin suspensión del procedimiento, la CNMC requiere a las empresas afectadas para que formulen sus alegaciones y aporten la cifra anual de negocios correspondiente a 2013.

 -El 4 de diciembre de 2014 se formula la propuesta de resolución y no se requiere a las empresas afectadas la aportación de cifra de negocio alguna, remitiéndose el expediente a la Sala de Competencia el 2 de enero de 2015.

 -El 29 de enero de 2015, la Sala de Competencia, con apoyo en el artículo 39.1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC ), decidió "por resultar necesario para dictar la resolución, acordó suspender el plazo de tramitación del procedimiento a los efectos de que se aportaran por todas las empresas afectadas al expediente los datos correspondientes al volumen de negocios total correspondientes al ejercicio de 2014 antes de la aplicación del IVA, o su mejor estimación, y, además, aunque solo para algunas de las empresas afectadas por el requerimiento anterior, para que aportaran determinadas cifras de negocio de manera segmentada o su mejor estimación, también , correspondientes a 2014

 -El plazo máximo concedido para dicha aportación documental fue, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37. 1 a) de la LDC , de 10 días.

 5. El 17 de febrero de 2015 se acordó el levantamiento de la suspensión con efectos del día anterior, estableciéndose como nueva fecha de caducidad el 12 de marzo de 2015.

 6. La resolución impugnada se dictó el 5 de marzo de 2015.

 FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 1. No me cabe duda, y en esto coincido plenamente con la mayoría que avala la sentencia, de que la incorporación al expediente de los documentos reclamados era necesaria, pues el artículo 63 de la LDC establece que la multa se impondrá sobre la base de dichas magnitudes. Por ello, esa no es la cuestión objeto de debate.

 2. La mayoría sostiene, en esencia, que, tratándose de la petición de una documentación necesaria para resolver el expediente, como es el volumen de negocios correspondiente al año anterior al de la imposición de la sanción, está justificada la suspensión del plazo para resolver al amparo del artículo 37.1 a) de la LDC que no distingue a los efectos de la suspensión, entre motivos de tramitación ordinaria o extraordinaria.

 3. Recuerda la sentencia que el solapamiento de las fechas, dado que el expediente llega a la Sala de Competencia el 2 de enero de 2015, obliga a la CNMC a dictar la resolución en 2015. Por esta razón le resulta imprescindible solicitar la información en cuestión relativa al ejercicio de 2014 que es el año anterior al de la imposición de la sanción, pues la que disponía estaba referida a 2013.

 4. Destaca también la sentencia que el propio artículo 37 de la LDC contempla tres supuestos de suspensión que califica de esta manera: ordinaria (párrafo 1), basada en circunstancias especiales (párrafo segundo) y por motivos excepcionales (párrafo cuarto) y que el supuesto enjuiciado se encuadraría en la primera.

 5. Mi divergencia esencial con la mayoría se centra pues, en la interpretación y aplicación a las circunstancias del caso del artículo 37.1 a) de la LDC , que establece que: "El transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para resolver un procedimiento se podrá suspender mediante resolución motivada en los siguientes casos: a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios".

 6. Contrariamente a lo que se indica en la sentencia, estimo que la LDC distingue perfectamente entre la tramitación ordinaria del procedimiento sancionador, para lo que otorga un plazo total de 18 meses según el artículo 36.1 de la LDC y la tramitación extraordinaria para la que establece la posibilidad de ampliación del plazo de resolución, derogando de esta forma la regla general de resolución en 18 meses.

 7. Deben realizarse en el período ordinario y sin suspensión de tipo alguno, todas las actuaciones que están establecidas en la LDC y en el RD 261/2008 como obligatorias para el procedimiento sancionador y que deben practicarse en todo caso, pues con esa finalidad se estableció un período ordinario de tramitación.

 Entre estas actuaciones se encuentra la petición a las empresas que pueden ser sancionadas, del volumen total de negocios del año inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción.

 8. La apertura del plazo extraordinario del artículo 37.1 a) LDC queda reservada para la reclamación de documentos necesarios y específicos del caso concreto, que, por las circunstancias que se indican el artículo 37 de la LDC no se pudieron recabar en el plazo ordinario, debiendo clarificarse la razón de ello en casa caso.

 9. En ese sentido, es constante y uniforme la jurisprudencia que destaca el carácter preclusivo de los plazos de tramitación y que conciben el instrumento de la caducidad del procedimiento como una garantía irrenunciable del administrado.

 10. La STS de 18 de enero de 2016 recurso de casación nº 2953/2013 que reitera doctrina anterior, es expresiva al respecto señalando en su FJ 3 que

 "tratándose de procedimientos sancionadores o susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, la caducidad se produce cuando la Administración sobrepasa el plazo máximo para resolver legalmente establecido para cada procedimiento ( artículo 44.2 de la Ley 30/1992 ), que en el caso del procedimiento sancionador en el ámbito del derecho de la competencia es de un año ( artículo 56 de la Ley 16/1989 antes citado)".

 11. La mención al plazo de un año hecha en la sentencia de 18 de enero de 2016 , debe entenderse hecha en la actualidad al vigente artículo 36.1 de la LDC que fija el plazo en 18 meses.

 12. Por otra parte, los supuestos contemplados en el artículo 37 LDC tienen el rasgo común de constituir una derogación a la regla general que impone el respeto del plazo ordinario de 18 meses, teniendo cada una de las tres situaciones que contempla una naturaleza diferente.

 13. Únicamente el artículo 37.2 LDC impone la suspensión automática y obligatoria de los plazos de tramitación por ministerio de la ley, limitándola a 4 supuestos, ninguno de los cuales es la petición de la información que nos ocupa.

 En las otras dos situaciones que contempla dicho precepto, la suspensión está en función de las circunstancias de cada caso, por lo que es eventual y está sujeta a un control de motivación, que en esencia debe verificar si la ampliación del plazo que supone la suspensión está o no justificada, sin que la CNMC pueda disponer de la misma a su libre arbitrio.

 14. En mi opinión, no constituye una motivación adecuada el afirmar que era necesario contar con la referida información referida al año 2014, pues siendo eso cierto, también lo es que dicha información pudo y debió solicitarse dentro del período ordinario, pues justamente para ello está establecido, como ya se ha dicho y veremos a continuación

 15. Si se concluyera, como hace la sentencia de la que discrepo, que la CNMC tiene libertad para suspender el procedimiento para solicitar dicha información, no tendría ningún sentido fijar un plazo límite para la tramitación de 18 meses, que una jurisprudencia unánime como una garantía esencial del ciudadano.

 16. De este modo, la CNMC podría esperar siempre al último día del plazo de 18 meses para solicitar dicha información y de esa manera obtener una prórroga automática, sin mayor justificación. Es evidente que no es eso lo que ha establecido el legislador, sin que a estos efectos pueda alegarse el solapamiento de las fechas a fin de año como se detalla en el apartado 23 de este voto particular.

 17. En el presente caso, la CNMC solicitó por primera vez la información relativa a las cifras de negocio el 6 de agosto de 2014 y en relación a 2013, tras la notificación del pliego de concreción de hechos y para que fuera aportada durante la fase de alegaciones al mismo y se hizo sin acordar suspensión alguna del plazo, lo que es absolutamente correcto.

 18. El 4 de diciembre de 2014 adopta la propuesta de resolución y requiere a las partes para que formulen alegaciones, sin solicitar tampoco dicha cifra a las empresas, siendo del todo punto necesario contar con ella pues era evidente que la Sala de Competencia no podría resolver en 2014.

 19. El 2 de enero de 2015 fue remitido a la Sala de Competencia el expediente, y el 29 siguiente, la Sala suspende el plazo de tramitación en los términos expuestos.

 20. Si aceptamos, como es pacífico, que la CNMC debía contar con la cifra total de negocios relativa a 2014 de las empresas que iba a sancionar, no existe explicación alguna que justifique la ampliación acordada, pues dicha cifra pudo y debió solicitarse desde el mismo momento en que su aportación era posible y se tuvo la convicción de que el expediente iba a resolverse en el año 2015.

 21. La CNMC pudo hacerlo, sin suspensión de plazo alguno, desde, al menos, el 4 de diciembre de 2014, fecha en la que formula la propuesta de resolución y, sin embargo, retrasó la petición de los datos de forma injustificada hasta el 29 de enero de 2015, garantizándose de esta forma un plazo suplementario para la resolución.

 22. Es el propio comportamiento de la CNMC el que pone de manifiesto su contradicción, pues el 6 de agosto de 2014, al notificar el pliego de cargos, con toda corrección, solicitó, sin suspensión de plazo alguno, las cifras de negocio de 2013.

 23. Debe precisarse que, como la propia CNMC indicó en la resolución de suspensión de 29 de enero de 2015, que dadas las fechas en las que se desarrollan los hechos, la cifra exacta sobre el volumen de negocios podía ser sustituida por su mejor estimación posible, lo que podía haberse acordado también el 4 de diciembre de 2014, al dictar la propuesta de resolución y conceder plazo para que durante ese mes de formularan las alegaciones. Es indiscutible que cualquier empresa está en condiciones de ofrecer en los últimos días de diciembre de cada ejercicio "la mejor estimación de su cifra de negocios".

 24. En mi opinión, no cabe duda de que la CNMC puede elegir el momento en que solicita la cifra de negocios de las empresas, pero siempre que lo haga de forma que con ello no altere el plazo ordinario de resolución legalmente establecido en 18 meses. Ello es así porque se trata de un trámite ordinario y perfectamente previsible y exigible.

 25. En definitiva, el artículo 37.1 a) LDC no confiere a la CNMC el derecho a solicitar, incluso hasta el último día del plazo ordinario, la cifra de negocios del año anterior para conseguir con ello una prórroga automática del plazo de resolución, siendo esta la diferencia esencial con la sentencia de que la que discrepo.

 Fdo

 SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 24/07/2019 doy fe.