Id. Cendoj: 28079230062019100463
ECLI: ES:AN:2019:4948
ROJ: SAN 4948/2019
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 19/12/2019
Nº de Recurso: 700/2015
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: MARIA JESUS VEGAS TORRES
Procedimiento: Procedimiento ordinario
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000700 / 2015

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 06256/2015

 Demandante: URBAN SCIENCE ESPAÑA S.L.U. (URBAN).

 Procurador: DON ARGIMIRO VÁZQUEZ GUILLÉN

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: SEAT SA.

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. MARIA JESUS VEGAS TORRES

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 D. SANTOS GANDARILLAS MARTOS

 D. MARIA JESUS VEGAS TORRES

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

 Se ha visto ante esta Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y bajo el número 700/2015, el recurso contencioso-administrativo formulado por URBAN SCIENCE ESPAÑA S.L.U. (URBAN) , representada por el procurador don Argimiro Vázquez Guillén, contra la resolución de 23 de julio de 2015, dictada por la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, por la que se le impuso una sanción por importe de 70.039 euros. Se han personado en las actuaciones SEAT SA, representada por el procurador sr. Barreiro Meiro, HONDA MOTOR EUROPE LIMITED, Sucursal en España, representado por el procurador D. Hanibal Bordallo Huidobro y MERCEDES BENZ ESPAÑA SA, representada por el procurador D. Emilio Martínez Benítez.

 Ha sido parte la Administración General del Estado defendida por el abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO .- Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando se dicte sentencia por la que se anule la resolución recurrida por lo que se refiere a la recurrente o con carácter secundario, se anule o reduzca la multa impuesta a la misma y en todo caso se condene a la CNMC a dar la misma publicidad a la sentencia estimatoria que se dicte en el presente recurso que la que se dio a la resolución recurrida, con imposición de costas a la parte demandada.

 SEGUNDO . - El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia que confirme el acto recurrido en todos sus extremos. La entidad codemandada presentó escrito de contestación a la demanda interesando la desestimación de la demanda con imposición de costas a la parte recurrente.

 TERCERO . - Una vez practicadas las pruebas admitidas, se concedió a las partes trámite de conclusiones y una vez presentados los correspondientes escritos quedaron las actuaciones pendientes para votación y fallo cuando por turno le correspondiera. Y se fijó para ello la audiencia del día 9 de octubre de 2019, fecha en la que se inició, prolongándose la deliberación en sucesivas sesiones.

 Ha sido ponente la Ilma. Sra. Dña. Mª Jesús Vegas Torres, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO. - Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la resolución de 23 de julio de 2015, expediente administrativo S/0482/13 del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante CNMC), mediante la cual se le impuso a URBAN SCIENCE ESPAÑA S . L.U. (en lo sucesivo URBAN) una sanción de multa de 70.039 euros por la comisión de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE de 4 de abril).

 La parte dispositiva de dicha resolución concretaba:

 "PRIMERO. - Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Sexto de esta Resolución.

 SEGUNDO. - De acuerdo con la responsabilidad atribuida en el Fundamento de Derecho Séptimo, declarar responsables de las citadas infracciones a las siguientes empresas:

 - 21. URBAN SCIENCE ESPAÑA, S.L.U., en cuanto colaborador necesario, por su participación en el cártel de intercambio de información confidencial, futura y estratégica en el área de postventa desde marzo de 2010 hasta agosto de 2013.

 TERCERO. - Imponer a las autoras responsables de las conductas infractoras las siguientes multas:

 - 21. URBAN SCIENCE ESPAÑA, S.L.U.: 70.039 E.

 SEXTO. - Instar a la Dirección de Competencia de esta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta Resolución. [...] ".

 Como antecedentes procedimentales de interés para resolver el litigio merecen destacarse, a la vista de los documentos que integran el expediente administrativo, los siguientes:

 1) El 25 de junio de 2013, SEAT SA presentó una solicitud de exención de pago de la multa o, subsidiariamente, de reducción del importe de la multa, en beneficio de la citada empresa y de todas sus filiales y del grupo al que pertenece, por la comisión de una infracción del artículo de la Ley de Defensa de la Competencia () consistente en acuerdos para el intercambio de información comercialmente sensible y estratégica entre empresas fabricantes y distribuidoras de marcas de automóviles en España.

 2) Como consecuencia de la información aportada por SEAT SA y de la obtenida en las inspecciones realizadas los días 23 a 26 de julio de 2013 en las sedes de TOYOTA ESPAÑA SA, NISSAN IBÉRICA SA, SNAP-ON BUSSINESS SOLUTIONS SL y RENAULT ESPAÑA COMERCIAL SA, y al considerar que de ella se seguía la existencia de indicios racionales de conducta prohibida por la LDC el 30 de agosto de 2013, se acordó la incoación del expediente s/0482/13 Fabricantes de automóviles contra las empresas que relacionaba, entre ellas, HONDA AUTOMÓVILES ESPAÑA SA (actualmente HONDA MOTOR EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA), por una práctica restrictiva de la competencia prohibida en el artículo 1LDc , consistente en acuerdos para el intercambio dE información comercialmente sensible y estratégica entre empresas fabricantes y distribuidores de vehículos de motor en España.

 3) Tras los trámites que igualmente constan en el expediente administrativo, que fue ampliado el 5 de mayo de 2014 a las empresas que relaciona la resolución recurrida, el 11 de julio siguiente la Dirección de Competencia (DC), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio , el 27 de enero de 2015 se notificó el pliego de concreción de hechos a las empresas incoadas, quienes formularon frente al mismo las alegaciones que tuvieron por conveniente.

 4) Con fecha 6 y 9 de marzo de 2015, la DC requirió a las entidades imputadas su cifra de negocios correspondiente a la comercialización de automóviles y prestación de servicios de postventa durante los años en que participaron en los intercambios de información.

 5) El 28 de abril de 2015 se notificó la Propuesta de Resolución y presentadas alegaciones y 22 de mayo siguiente la DC elevó al Consejo de la CNMC informe y propuesta de resolución conforme a lo prevenido en el artículo 50.5 de la LDC .

 6) El 3 de junio de 2015 se acordó por la Sala de Competencia de la CNMC, de conformidad con el artículo 37.2 de la LDF, la remisión a la Comisión Europea del Informe Propuesta, la cual tuvo lugar el 3 de junio de 2015, lo que supuso la suspensión del plazo máximo para resolver

 7) Con echa 8 de julio de 2015, la Comisión Europea formuló observaciones escritas en el marco de lo previsto en el artículo 37.2.c) de la LDF.

 8) Finalmente, la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC deliberó el asunto en su reunión de 23 de julio de 2015 y dictó con esa misma fecha la resolución que ahora se recurre.

 SEGUNDO . - En cuanto a los hechos determinantes del acuerdo sancionador, la resolución recurrida, cuando aborda la cuestión relativa a las partes intervinientes, describe a [...]URBAN SCIENCE ESPAÑA, S.L.U. (URBAN) ofrece en España, desde 2003, servicios de consultoría a fabricantes e importadores del sector de la automoción. Tiene como objeto social el desarrollo de estudios en materia de creaciones y estructuras empresariales, marketing e informática; la realización de estudios de economía aplicada -macro o micro economía-, estudios sociológicos, sondeos de opinión y encuestas cuantitativas y cualitativas; la realización y asesoramiento en estudios de mercado para cualquier tipo de bienes y servicios; la realización de cursos de formación a fuerzas de venta (gerentes, directores, etc.) mediante todo tipo de seminarios, cursos y medios audiovisuales o informáticos, así como la realización de estudios sectoriales, de comercio exterior; análisis coyunturales, desarrollo nacional y regional, de viabilidad y localización industrial y modelos de previsiones, etc. Su domicilio social se encuentra en la Plaza Manuel Gómez Moreno (ED Mahou), 2, 28020 Madrid. [...]

 Antes de delimitar el mercado afectado, la resolución hace algunas consideraciones relevantes sobre su caracterización y el marco normativo aplicable. Por lo que se refiere a la delimitación del mercado afectado y, en particular, del mercado de producto, la resolución lo identifica con el de "la distribución de vehículos de motor de las marcas de automóviles ALFA ROMEO, FORD, HONDA, HYUNDAI, LEXUS, KIA, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SAAB, SEAT, SKODA, TOYOTA, VW y VOLVO, distribuidas en España por las empresas CITROEN, B&amp;M, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, FIAT, FORD, GENERAL MOTORS, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, MERCEDES, NISSAN, ORIO, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SEAT, TOYOTA, VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA (VAESA) y VOLVO a sus Redes oficiales de concesionarios, incluyendo tanto la venta de automóviles como la prestación de los servicios y actividades de posventa de tales vehículos en España.

 Por lo demás, define el mercado geográfico, de ámbito nacional y analiza su estructura, destacando que la cuota de mercado conjunta de las marcas participantes en las conductas analizadas en este expediente sancionador estaría en torno al 91% de la distribución de los vehículos automóviles en España, incluyendo la casi totalidad de marcas denominadas generalistas y alguna de las denominadas Premium En relación con los servicios de posventa, se señala que son escasos los datos públicos disponibles tanto a nivel europeo como español sobre la actividad económica de este sector, ofreciéndose únicamente en nuestro país la Encuesta Anual de Comercio del INE con datos agregados del mantenimiento y reparación de vehículos de motor o del comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor.

 Delimitado de este modo el mercado afectado, la resolución recurrida aborda la descripción de los hechos probados relacionando las principales fuentes de información que le han permitido constatarlos, y en concreto, la facilitada por SEAT SA., la obtenida en las inspecciones realizadas los días 23 y 26 de julio en as empresas NISSAN, RENAULT, SNAP- ON y TOYOTA y la aportada en las contestaciones de las incoadas a los requeriditos de información.

 Las pruebas así obtenidas, de acuerdo con la resolución recurrida, ponen de manifiesto los siguientes hechos:

 1. Intercambios de información comercialmente sensible sobre la estrategia de distribución comercial, los resultados de las marcas, la remuneración y márgenes comerciales a sus Redes de concesionarios con efecto en la fijación de los precios de venta de los automóviles, así como en la homogeneización de las condiciones y planes comerciales futuros de venta y posventa de los automóviles en España desde, al menos, 2004, hasta julio de 2013, fecha de la realización de las inspecciones citadas. En estos intercambios habrían participado 20 empresas distribuidoras de las marcas AUDI, BMW, CHEVROLÉT, CITROÉN, FIAT-LANCIA-ALFA ROMEO, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, CHRYSLER-JEEP-DODGE, SAAB, SEAT, SKODA, TOYOTA y VW, con la colaboración de SNAP-ON desde noviembre de 2009.

 2. Intercambios de información comercialmente sensible, sobre sus servicios y actividades de posventa, así como respecto a sus actividades de marketing en España desde marzo de 2010 hasta, al menos, agosto de 2013. -En tales intercambios de información habrían participado 17 empresas distribuidoras de marcas de automóviles, en concreto, las de las marcas AUDI, BMW, CHEVROLET, CITROEN, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SEAT, SKODA, TOYOTA, VW, LEXUS, MERCEDES, MITSUBISHI (esto es, B&amp;M; en los elementos probatorios que constan en el expediente se identifica por la citada marca), PORSCHE y VOLVO, con la colaboración de URBAN desde 2010.

 3. Intercambios de información comercialmente sensible relativa a las condiciones de las políticas y estrategias comerciales actuales y futuras con respecto al marketing de posventa, campañas de marketing al cliente final, programas de fidelización de clientes, las políticas adoptadas en relación con el canal de Venta Externa y las Mejores Prácticas a adoptar por cada una de las citadas marcas, con ocasión de las denominadas "Jornadas de Constructores", en los que habrían participado 14 empresas distribuidoras de las marcas de automóviles que participaban en los anteriores intercambios de información, en concreto, AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, FORD, HYUNDAI, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SEAT, SKODA, TOYOTA, VW, LEXUS, RENAULT, SAAB y VOLVO, desde abril de 2010 a marzo de 2011.

 Y añade que estos intercambios de información confidencial comprendían, por tanto, gran cantidad de datos, tales como (i) la rentabilidad y facturación de sus correspondientes Redes de concesionarios en total y desglosado por venta de automóviles y actividades de posventa; (ii) los márgenes comerciales y política de remuneración ofrecida por las marcas a sus Redes de concesionarios; (iii) las estructuras, características y organización de sus Redes de concesionarios y datos sobre políticas de gestión de dichas Redes; (iv) las condiciones de sus políticas y estrategias comerciales actuales y futuras de marketing de posventa; (v) las campañas de marketing al cliente final; (vi) los programas de fidelización de sus clientes y que todo ello forma parte de un acuerdo complejo, en el que se subsumen múltiples acuerdos de intercambio de información comercialmente sensible, participando 14 del total de las marcas incoadas, en concreto, AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, FORD, HYUNDAI, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SEAT, SKODA, TOYOTA y VW en los tres foros de intercambio; CHEVROLET, HONDA, KIA, LEXUS, RENAULT, SAAB y VOLVO en dos de ellos y MITSUBISHI, MERCEDES, CHRYSLER y PORSCHE, en uno de ellos.

 Tras valorar las pruebas aportadas en relación a la participación de las empresas en todos o algunos de los intercambios de información descritos, la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC consideró acreditada la comisión de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia , de naturaleza muy grave de conformidad con el artículo 62.4.a) de la Ley 15/2007 , de la misma Ley, consistente en intercambios de información confidencial, futura y estratégica en la Áreas de gestión Empresarial, Postventa y Marketing entre las empresas incoadas a través de los contactos y las reuniones ente representantes de dichas entidades desde febrero de 2006 hasta agosto de 2013 y que esa conducta, que se califica como infracción por objeto, se corresponde con la definición legal de cártel. Además. Concluye la CNMC que se ha cometido una infracción única y de carácter continúo dado que de los hechos acreditados se desprende que existía un claro propósito inicial y renovado de intercambiar periódicamente información comercial sensible con objeto de restringir uy falsear la competencia en el mercado.

 Por cuanto se refiere a URBAN, la resolución recurrida considera acreditado que, pese a ser una entidad ajena al mercado afectado, ha participado activamente en la infracción recabando y facilitando el intercambio de información estratégica entre las restantes empresas incoadas, contribuyendo con su labor de facilitación de la información al mantenimiento del cártel y, por tanto, a restringir la competencia en el mercado afectado, por lo debe ser considerada coautora de la infracción junto al resto de las empresas imputadas en este expediente.

 Afirma que el estratégico papel jugado por esta empresa de consultoría como intermediaria en el intercambio de información constituye un claro valor añadido para la efectividad del intercambio y, además de un elemento característico en el desenvolvimiento práctico de los cárteles.

 Por lo demás recuerda que la ajenidad de URBAN al mercado afectado no es óbice para señalar su responsabilidad en la conducta infractora.

 TERCERO. - Disconforme con la resolución recurrida, la representación procesal de URBAN, opone contra la misma los siguientes motivos de impugnación:

 - Las inspecciones de las que derivan las pruebas que sustentan su imputación se llevaron a cabo en infracción del artículo 18.2 de la Constitución porque sobrepasaron el objeto de las correspondientes órdenes de investigación, en particular los relacionados con la postventa.

 - Infracción de los artículos 36 y 37 de la Ley de Defensa de la Competencia por haber caducado el expediente.

 - La consideración de URBAN como colaboradora necesaria vulnera el artículo 25 de la Constitución y que, en cualquier caso, la conducta de la sociedad actora no puede fue "imprescindible" o "necesaria" para llevar a cabo la infracción que se le imputa por lo que en ningún caso puede ser considerada cooperadora necesaria por lo que la resolución recurrida también ha infringido el artículo 61.1LDC

 - Vulneración del principio de presunción de inocencia recogido en el artículo 24 de la Constitución por haber asumido, sin pruebas, la vinculación de URBAN con el Foro de Postventa y el resto de las prácticas sancionadas.

 - Infracción del principio de responsabilidad consagrado en el artículo 130 LRJPAC al atribuir a URBAN actuaciones en las que no participó.

 - Infracción de los artículos 1LDC y 101 TFUE al no ser la conducta de URBAN restrictiva de la competencia: los servicios de benchmarking prestados por URBAN no constituyen un intercambio de información entre competidores y no pueden ser calificados como restricción por objeto.

 Con carácter subsidiario, se denuncia la infracción del principio de proporcionalidad.

 A todo ello se opone al Abogado del Estado en los mismos términos en los que se pronunció la resolución que es objeto del presente recurso.

 CUARTO - Ex puestos los términos del debate, examinaremos los motivos de impugnación aducidos por el recurrente, comenzando, por razones de sistemática procesal, por el que denuncia la caducidad del expediente sancionador.

 Argumenta la parte recurrente que, de acuerdo con la interpretación efectuada por la Sala 3º del Tribunal Supremo (Sentencia de 15 de junio de 2015, recurso de casación núm. 3454/2013 ), recogida asimismo por esta Sala y Sección de la Audiencia Nacional en sus Sentencias 39/2016 y 48/2016, ambas de 25 de enero ) del artículo 12.3 del Real Decreto 261/2008 , por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia ("RDC"), la cuarta suspensión del procedimiento realizada por el Consejo de la CNMC el 3 de junio de 2015 no puede tenerse en consideración, ya que dicha suspensión fue acordada con posterioridad al término del plazo inicial que tenía la CNMC para la resolución del expediente (es decir, el 28 de febrero de 2015).

 Seguimos pensando que la interpretación que defiende la parte recurrente es la que mejor concilia la dificultad, de la que es consciente la Sala, de la CNMC para instruir y resolver el expediente en plazo y las garantías de los inspeccionados. Sin embargo, dicho criterio no puede mantenerse pues ha sido corregido por el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de julio de 2016, recurso de casación núm. 3811/2016 y en otras posteriores que acogen igual interpretación, a cuya doctrina nos atenemos.

 QUINTO .- Como hemos adelantado, opone la representación procesal de Urban la nulidad de la resolución recurrida por infracción de los artículos 18.2 , 18.3 y 24.1 de la CE , 40 de la LDC y 13 del RDC porque las órdenes de inspección en las sedes de Nissan, Toyota, Renault y Snap-On, de las que se derivaron las pruebas que sustentaron su imputación se excedieron del ámbito al que se circunscribieron las órdenes de investigación puesto que aquellas no abarcaban el ámbito de la postventa o de los recambios o accesorios, ni los intercambios de información entre fabricantes, estando destinadas exclusivamente a la investigación de prácticas en el mercado de la distribución e vehículos a motor en España. Añade que el ámbito de la postventa es claramente distinto del de la distribución de vehículos que era el único al que se debería haber dirigido la inspección.

 Pues bien, debemos rechazar el motivo de nulidad examinado por las razones que pasamos a exponer

 URBAN denuncia la violación del artículo 18 de la Constitución , no siendo la titular de ese derecho, titularidad que correspondería solo a las concretas empresas inspeccionadas, en cuyas sedes se localizó la documentación incriminatoria.

 Por lo demás cumple recordar que las órdenes de investigación deben cumplir las indicaciones previstas en el artículo 13.3 del RD 261/2008 de 22 de febrero por el que se aprobó el Reglamento de Defensa de la Competencia, esto es: debe indicar el objeto y la finalidad de la inspección, los sujetos investigados, los datos, documentos, operaciones, informaciones y otros elementos que hayan de ser objeto de la inspección, la fecha en la que la inspección vaya a practicarse y el alcance de la misma.

 Por otra parte, ya desde un plano material y para garantizar el derecho de oposición de la entidad investigada, deberá describir las características básicas de la infracción en cuestión identificando el mercado de referencia, los sectores afectados por la investigación y la naturaleza de las presuntas infracciones.

 En definitiva, la empresa investigada debe estar en posición de saber lo que se busca y los datos que deben ser verificados.

 De lo expuesto no se deduce que la CNMC deba trasladar al investigado todos los datos que están a su disposición, ni tampoco debe realizar una calificación precisa de las conductas investigadas, pues conserva un margen de apreciación suficiente para garantizar la confidencialidad de informaciones que estén en su poder y planificar su actuación. No debe olvidarse que la finalidad de la inspección es conseguir pruebas, lo que significa que a falta de éstas no puede exigirse a la CNMC que actúe con el mismo rigor de motivación que cuando impone la sanción.

 Pues bien, en el caso examinado las órdenes de investigación fueron acompañadas por las correspondientes autorizaciones judiciales de entrada en las correspondientes sedes de las empresas inspeccionadas (folios 1385-1388 del expediente administrativo) y del examen conjunto de los elementos expuestos puede deducirse que las Ordenes de investigación (folios 1399-1402, 1403-1405,2313-2416, 2285-2288 y 2355-2358 del expediente administrativo) cumplieron con la obligación de motivación exigida. En las referidas órdenes se consigna expresamente lo siguiente:

 " Esta Dirección de Investigación ha tenido acceso a determinada información relacionada con posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la distribución de vehículos de motor en España, consistentes en posibles acuerdos para el intercambio de información comercialmente sensible y estratégica entre empresas fabricantes y distribuidoras de vehículos de motor, así como la fijación de precios y condiciones comerciales y de servicio, así como el intercambio de información comercialmente sensible entre empresas distribuidoras de vehículos de motor en el mercado español ".

 Y a continuación, tras identificar a los funcionarios actuantes, precisar sus facultades y el alcance de su intervención, se autoriza a los funcionarios designados para realizar los días expresamente indicados, una inspección en la sede de la respectiva empresa y en su matriz, filiales o participadas situadas en esta sede, se dispone:

 " La CNC dispone de información según la cual la citada empresa habría podido incurrir en prácticas anticompetitivas en el mercado de la distribución de vehículos de motor en España, consistentes en acuerdos para el intercambio de información comercialmente sensible y estratégica con otras empresas fabricantes y distribuidoras de vehículos de motor en el mercado español, así como la coordinación de conductas con otros distribuidores en materia de precios y condiciones comerciales y de servicio, así como el intercambio de información comercial sensible.

 Si se demostrara la existencia de tales conductas restrictivas, éstas constituirían una infracción del artículo 1 de la LDC , que podrían ser calificadas como infracción muy grave. Dicha infracción puede llegar a suponer multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.

 De acuerdo con lo indicado en el artículo 13.3 del RDC, se recuerda que en la LDC se sanciona con una multa de hasta el 1% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa a aquella empresa que no se someta a la inspección u obstruya por cualquier medio la labor de inspección de la CNC ( artículo 62.2.e) de la LDC ), al margen de su consideración como agravante en la imposición, en su caso, de la multa correspondiente al expediente sancionador que se tramite en materia de conductas prohibidas ( artículo 64.2.d) de la LDC ) .

 A la vista de lo expuesto, se ordena a la empresa inspeccionada, que se someta a inspección por su posible participación en prácticas anticompetitivas consistentes en acuerdos para el intercambio de información comercialmente sensible y estratégica entre empresas fabricantes y distribuidoras de vehículos de motor, así como en acuerdos, recomendaciones colectivas y/o prácticas concertadas anticompetitivas que podrían suponer una violación del artículo 1 de la LDC en el mercado español de la distribución de vehículos de motor."

 Así las cosas, debemos concluir que las órdenes de investigación cumplen las exigencias establecidas en en el artículo 13.3 del RD 261/2008 de 22 de febrero por el que se aprobó el Reglamento de Defensa de la Competencia y que la inspección no se excedió del ámbito al que se circunscribieron aquellas y que los documentos incautados referidos a intercambios de información en materia de postventa y marketing no son ajenos al objeto de la investigación, como sostiene la parte recurrente.

 Sobre esta cuestión podemos traer a colación las Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2016, recurso de casación nº 113/29013 FJ 4 y de 12 de marzo de 2019, recurso núm. 1835/2018 , que señalan que lo que determina la regularidad del registro y la posibilidad de utilización del material incautado viene determinado, en primer lugar, por la conformidad a derecho de la entrada en el domicilio y, en segundo lugar, por el objeto y finalidad de la investigación y el correcto desarrollo de la actuación de registro y que el registro y requisa de documentación debe realizarse con toda la minuciosidad requerida pero no supone que sólo pueda ser intervenido el material previamente identificado o que en el propio momento del registro resulte plenamente acreditado que corresponde al objeto de la investigación, pues tal pretensión sí convertiría un registro en una actuación de muy compleja realización y probablemente ineficaz en numerosas ocasiones. Pero lo que sí se requiere es que el registro y requisa de documentos estén encaminados al objeto de la investigación y que se realicen de forma proporcionada, excluyendo requisas generales e indiscriminadas de material o de aquello que manifiestamente sea ajeno a la investigación.

 Es claro entonces que las pruebas recabadas en las inspecciones realizadas, acreditativas de la participación de URBAN en prácticas restrictivas de la competencia han de considerarse válidas una vez admitida la validez y eficacia de la actuación administrativa en relación a la habilitación para la entrada y registro y justificado, como está, que la práctica del mismo se llevó a cabo de forma idónea y proporcionada.

 SEXTO.- Antes de seguir examinando los restantes motivos de impugnación planteados por la recurrente debemos recordar que el artículo 1.1 de la LDC y el artículo 101.1 del TFUE prohíben las prácticas concertadas o colusorias que tengan por objeto o por efecto la restricción de la competencia. Es cierto que los citados preceptos no se refieren de forma expresa a los intercambios de información entre competidores como prácticas prohibidas, pero también lo es que, de acuerdo con la Comunicación de la Comisión Europea (2011/ C 11/01 ) Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal, publicada el día 14 de enero de 2011 en el DOUE, hay determinados intercambios de información que tienen altas probabilidades de desembocar en un resultado colusorio, por lo que dichos intercambios constituyen una restricción de la competencia por objeto, que por sus características deben ser considerados como cárteles.

 Destacamos los siguientes epígrafes que determinan cuales son las características que debe reunir un intercambio de información entre empresas competidoras para que pueda calificarse como de conducta colusoria. Las características que deberá reunir la citada información son:

 1. Información estratégica:

 (61):" El intercambio de información puede constituir una práctica concertada si reduce la incertidumbre estratégica en el mercado facilitando con ello la colusión, es decir, si los datos intercambiados son estratégicos. Así pues, el intercambio de datos estratégicos entre los competidores equivale a una concertación porque reduce la independencia de la conducta de los competidores en el mercado y disminuye sus incentivos para competir".

 (58):" El intercambio de información también puede dar lugar a efectos restrictivos de la competencia, especialmente cuando puede hacer posible que las empresas tengan conocimiento de las estrategias de mercado de sus competidores".

 (86): " El intercambio entre competidores de datos estratégicos, es decir, datos que reducen la incertidumbre estratégica del mercado tiene más probabilidades de entrar en el ámbito de aplicación del artículo 101 que los intercambios de otro tipo de información. El intercambio de datos estratégicos puede dar lugar a efectos restrictivos de la competencia ya que reduce la independencia de las partes para tomar decisiones disminuyendo sus incentivos para competir. La información estratégica puede referirse a precios (es decir, precios reales, descuentos, aumentos, reducciones, o rebajas), lista de clientes, costes de producción, cantidades, volúmenes de negocio, ventas, capacidades, calidades, planes de comercialización, riesgos, inversiones, tecnologías y programas I+D y los resultados de estos. Generalmente, la información relativa a precios y cantidades es la más estratégica, seguida por la información sobre los costes y la demanda. (...) La utilidad estratégica de los datos depende también de su agregación, su antigüedad, el contexto del mercado y la frecuencia del intercambio".

 2. Información actual con consecuencias para una política comercial futura

 (73): " Es particularmente probable que el intercambio de información sobre las intenciones individuales de las empresas en cuanto a su conducta futura relativa a precios o cantidades desemboque en un resultado colusorio".

 (90): "No es probable que el intercambio de datos históricos de lugar a un resultado colusorio pues no es probable que estos datos sean indicativos de la conducta futura de los competidores o faciliten un entendimiento común en el mercado".

 3. Información desagregada

 (74): " Así pues, los intercambios entre competidores sobre datos individualizados sobre los precios o cantidades previstas en el futuro deberán considerarse una restricción de la competencia por el objeto a tenor del artículo 101, apartado 1. Además, los intercambios privados entre competidores relativos a sus intenciones en materia de futuros precios o cantidades se considerarán normalmente cárteles y serán multados como tales puesto que, por lo general, tienen por objeto fijar precios o cantidades".

 (89): " Los intercambios de datos verdaderamente agregados, es decir, aquellos que dificultan suficientemente el reconocimiento de la información individualizada de cada empresa, tiene muchas menos probabilidades de producir efectos restrictivos de la competencia que los intercambios de datos individuales de cada empresa".

 4. Frecuencia del intercambio de información

 (91): "Los intercambios frecuentes de información que facilitan tanto un mejor entendimiento común en el mercado como el control de las desviaciones aumentan los riesgos de resultado colusorio. En mercados más inestables pueden ser necesarios unos intercambios de información más frecuentes con objeto de facilitar un resultado colusorio que en mercados estables. (...) No obstante, la frecuencia con que resulta necesario el intercambio de datos para obtener un resultado colusorio, también depende de la naturaleza, la antigüedad y la agregación de los datos".

 5. Información de datos públicos o privados

 (92): "Por lo general, no es probable que los intercambios de información verdaderamente publica constituya una infracción del artículo 101. La información verdaderamente publica es aquella a la que por lo general todos los competidores y clientes tienen acceso fácilmente".

 En este sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de junio de 2009 (asunto C-8/08 , ECLI: EU:C:2009:343 , T-Mobile Netherlands y otros ) en el que resolvió que el tenor literal del artículo 101 TFUE no permite considerar que únicamente se prohíban las prácticas concertadas que tengan un efecto directo sobre el precio que han de pagar los consumidores y concluyó que ha de considerarse que tiene un objetivo contrario a la competencia un intercambio de información que puede eliminar la incertidumbre que sigue existiendo entre las partes. En el mismo sentido, en la Sentencia de 19 de marzo de 2015 (C-286/13 :C:2015:184, Dole Food y Dole Germany/Comisión , párrafo 119 y 120 declaró que todo operador económico debe determinar autónomamente la política que pretende seguir en el mercado común ", para a continuación indicar que, " si bien (...) esta exigencia de autonomía no excluye el derecho de los operadores económicos a adaptarse con habilidad al comportamiento que han comprobado o que prevén que seguirán sus competidores, sí se opone sin embargo de modo riguroso a toda toma de contacto directo o indirecto entre dichos operadores por la que se pretenda influir en el comportamiento en el mercado de un competidor actual o potencial, o desvelar a tal competidor el comportamiento que uno mismo va a adoptar en el mercado o que se pretende adoptar en él, si dichos contactos tienen por objeto o efecto abocar a condiciones de competencia que no correspondan a las condiciones normales del mercado de que se trate, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o de los servicios prestados, el tamaño y número de las empresas y el volumen de dicho mercado ".

 Recordemos que, como también ha afirmado el Tribunal de Justicia en las Sentencias de 31 de marzo de 1993 Ahistrom Osekaye y otros, en los asuntos acumulados C-89-85, C- 104-85 , C114-85, C-116-85 , C117-85 y C-125, y en Sentencias de 27 de octubre de 1984 , Fiatagri y New Holland Ford/Comisión todo operador económico debe determinar autónomamente su política y condiciones comerciales

 SÉPTIMO. - Sentado lo anterior, abordaremos el examen del motivo de impugnación que denuncia que la consideración de URBAN como colaboradora necesaria vulnera el artículo 25 de la Constitución y que, en cualquier caso, la conducta de la sociedad actora no fue "imprescindible" o "necesaria" para llevar a cabo la infracción que se le imputa por lo que en ningún caso puede ser considerada cooperadora necesaria por lo que la resolución recurrida también ha infringido el artículo 61.1LDC .

 Para ello cumple manifestar que, como señala la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 8 de julio de 2008 Caso AC- Treuhand AG contra Comisión de las Comunidades Europeas , "el principio de legalidad de los delitos y de las penas tal como se aplica en el Derecho comunitario no han de tener necesariamente el mismo alcance que en el caso de su aplicación a una situación prevista por el Derecho penal en sentido estricto" Considera dicha sentencia que no procede diferenciar en relación con la prohibición enunciada en el artículo 81.1 CE , y el principio de legalidad de los delitos y de las penas a la empresa "autora" de una infracción de la empresa "cómplice" mereciendo en todo caso la calificación de coautora del cartel si reúne los requisitos que establece la jurisprudencia y que recoge dicha sentencia.

 Hemos también de citar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de octubre de 2014 , Asunto C-194/14 P. AC TREUHAND, que desestimó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 6 de febrero de 2014, AC-Treuhand/Comisión (T-27/10 , EU:T:2014:59 , a cuyo tenor una empresa asesora puede considerarse responsable de la infracción del artículo 81 CE , apartado 1, cuando dicha empresa contribuye activamente y con total conocimiento de causa a la puesta en marcha o al mantenimiento de un cartel entre productores que operan en un mercado distinto de aquel en el que opera la citada empresa. Y resuelve que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la existencia de un «acuerdo» se basa en la expresión de la voluntad concordante entre por lo menos dos partes, no siendo determinante per se la forma en que se manifiesta dicha concordancia (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Volkswagen, C-74/04 P, EU:C:2006:460 , apartado 37) y que, cuando se trata, de acuerdos y prácticas concertadas con un objetivo contrario a la competencia, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que la Comisión debe demostrar, para declarar la participación de una empresa en la infracción y su responsabilidad por los distintos aspectos que conlleva, que la empresa intentó contribuir con su propio comportamiento a los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes y que tenía conocimiento de los comportamientos materiales previstos o ejecutados por otras empresas en la consecución de los mismos objetivos o que podía de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo (véanse, en este sentido, las sentencias Comisión/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, EU:C:1999:356 , apartados 86 y 87, y Aalborg Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C- 211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, EU:C:2004:6 , apartado 83).

 Añade la citada Sentencia que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no puede deducirse que el artículo 81 CE , apartado 1, se refiera únicamente bien a las empresas activas en el mercado afectado por las restricciones de la competencia o incluso en los mercados anteriores, posteriores o similares a dicho mercado, bien a las empresas que limiten su autonomía de comportamiento en un mercado determinado en virtud de un acuerdo o de una práctica concertada y que es jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia que la redacción del artículo 81 CE , apartado 1, se refiere con carácter general a todos los acuerdos y prácticas concertadas que, en relaciones horizontales o verticales, falseen la competencia en el mercado común, con independencia del mercado en el que operen las partes y de que sólo el comportamiento comercial de una de ellas resulte afectado por los términos de los pactos de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias LTM, 56/65, EU:C:1966:38, p. 358; Consten y Grundig/Comisión, 56/64 y 58/64, EU:C:1966:41 , pp. 492 y 493; Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158 , apartados 72 a 80; Binon, 243/83, EU:C:1985:284 , apartados 39 a 47, y Javico, C-306/96 , EU:C:1998:173 , apartados 10 a 14).

 Teniendo en cuenta estos parámetros, la resolución sancionadora, aquí recurrida contiene suficientes elementos que demuestran la participación activa e intencional de la demandante en el cartel. Consta acreditado que ofreció sus servicios a las empresas participantes en el denominado de Club de marcas, cuya existencia conocía, que se suscribieron los correspondientes los contratos de prestación de servicios con las algunas de las empresas sancionadas cuyo objetivo era la realización de intercambios de información sensible y estratégica.

 Por lo demás, como se consigna en la resolución recurrida, la documentación obrante en el expediente evidencia que a recurrente llevó a cabo desde 2010 una participación activa e intensa en el intercambio de información.

 Consta probado que Urban Science organizó los intercambios de información en el Foro de Postventa, convocaba las reuniones y transmitía a las empresas la información que le suministraban las demás (folio 16.280 y 16952 expediente administrativo). Además, fue ella misma quien facilitó una "Plantilla Modelo Posventa Intermarcas. También, ideó y gestionó la confección e implantación de una web para el reporte del intercambio de indicadores de postventa para facilitar al recopilación, comparación y suministro de los datos proporcionados por las empresas participantes en los intercambios; elaboró informes trimestrales y análisis adicionales (folio 16.281 y 16333 y 1634 del expediente).

 Ha quedado también probado que las recomendaciones relativas al carácter contrario a la normativa de la competencia recogidas en un informe solicitado por URBAN fueron empleadas, no para corregir tales conductas, sino para, con el conocimiento por las marcas de la identificación numérica asignada a cada una, continuar con las prácticas de intercambio de información pero tratando a la vez de garantizar el carácter secreto del cártel ( fo lios 16442 y ss del expediente) Todo ello y permite considerarla responsable de una infracción del artículo 1 de la LDC en calidad de coautora.

 Así las cosas, debemos convenir con la resolución recurrida en que, en el presente asunto concurren los requisitos necesarios para declarar válidamente la responsabilidad de Urban Science por su participación en los acuerdos y prácticas concertadas de que se trata, sin que apreciemos violación del derecho a la presunción de inocencia.

 OCTAVO. - Sentado lo anterior, abordaremos el examen del motivo de impugnación que denuncia que la consideración de URBAN como colaboradora necesaria vulnera el artículo 25 de la Constitución y que, en cualquier caso, la conducta de la sociedad actora no fue "imprescindible" o "necesaria" para llevar a cabo la infracción que se le imputa por lo que en ningún caso puede ser considerada cooperadora necesaria por lo que la resolución recurrida también ha infringido el artículo 61.1LDC .

 Para ello cumple manifestar que, como señala la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 8 de julio de 2008 Caso AC- Treuhand AG contra Comisión de las Comunidades Europeas , "el principio de legalidad de los delitos y de las penas tal como se aplica en el Derecho comunitario no han de tener necesariamente el mismo alcance que en el caso de su aplicación a una situación prevista por el Derecho penal en sentido estricto" Considera dicha sentencia que no procede diferenciar en relación con la prohibición enunciada en el artículo 81.1 CE , y el principio de legalidad de los delitos y de las penas a la empresa "autora" de una infracción de la empresa "cómplice" mereciendo en todo caso la calificación de coautora del cartel si reúne los requisitos que establece la jurisprudencia y que recoge dicha sentencia.

 Hemos también de citar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de octubre de 2014 , Asunto C-194/14 P. AC TREUHAND, que desestimó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 6 de febrero de 2014, AC-Treuhand/Comisión (T-27/10 , EU:T:2014:59 , a cuyo tenor una empresa asesora puede considerarse responsable de la infracción del artículo 81 CE , apartado 1, cuando dicha empresa contribuye activamente y con total conocimiento de causa a la puesta en marcha o al mantenimiento de un cartel entre productores que operan en un mercado distinto de aquel en el que opera la citada empresa. Y resuelve que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la existencia de un «acuerdo» se basa en la expresión de la voluntad concordante entre por lo menos dos partes, no siendo determinante per se la forma en que se manifiesta dicha concordancia (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Volkswagen, C-74/04 P, EU:C:2006:460 , apartado 37) y que, cuando se trata, de acuerdos y prácticas concertadas con un objetivo contrario a la competencia, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que la Comisión debe demostrar, para declarar la participación de una empresa en la infracción y su responsabilidad por los distintos aspectos que conlleva, que la empresa intentó contribuir con su propio comportamiento a los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes y que tenía conocimiento de los comportamientos materiales previstos o ejecutados por otras empresas en la consecución de los mismos objetivos o que podía de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo (véanse, en este sentido, las sentencias Comisión/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, EU:C:1999:356 , apartados 86 y 87, y Aalborg Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C- 211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, EU:C:2004:6 , apartado 83).

 Añade la citada Sentencia que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no puede deducirse que el artículo 81 CE , apartado 1, se refiera únicamente bien a las empresas activas en el mercado afectado por las restricciones de la competencia o incluso en los mercados anteriores, posteriores o similares a dicho mercado, bien a las empresas que limiten su autonomía de comportamiento en un mercado determinado en virtud de un acuerdo o de una práctica concertada y que es jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia que la redacción del artículo 81 CE , apartado 1, se refiere con carácter general a todos los acuerdos y prácticas concertadas que, en relaciones horizontales o verticales, falseen la competencia en el mercado común, con independencia del mercado en el que operen las partes y de que sólo el comportamiento comercial de una de ellas resulte afectado por los términos de los pactos de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias LTM, 56/65, EU:C:1966:38, p. 358; Consten y Grundig/Comisión, 56/64 y 58/64, EU:C:1966:41 , pp. 492 y 493; Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158 , apartados 72 a 80; Binon, 243/83, EU:C:1985:284 , apartados 39 a 47, y Javico, C-306/96 , EU:C:1998:173 , apartados 10 a 14).

 Teniendo en cuenta estos parámetros, la resolución sancionadora, aquí recurrida contiene suficientes elementos que demuestran la participación activa e intencional de la demandante en el cartel. Consta acreditado que ofreció sus servicios a las empresas participantes en el denominado de Club de marcas, cuya existencia conocía, que se suscribieron los correspondientes los contratos de prestación de servicios con las algunas de las empresas sancionadas cuyo objetivo era la realización de intercambios de información sensible y estratégica.

 Por lo demás, como se consigna en la resolución recurrida, la documentación obrante en el expediente evidencia que a recurrente llevó a cabo desde 2010 una participación activa e intensa en el intercambio de información.

 Consta probado que Urban Science organizó los intercambios de información en el Foro de Postventa, convocaba las reuniones y transmitía a las empresas la información que le suministraban las demás (folio 16.280 y 16952 expediente administrativo). Además, fue ella misma quien facilitó una "Plantilla Modelo Posventa Intermarcas. También, ideó y gestionó la confección e implantación de una web para el reporte del intercambio de indicadores de postventa para facilitar al recopilación, comparación y suministro de los datos proporcionados por las empresas participantes en los intercambios; elaboró informes trimestrales y análisis adicionales (folio 16.281 y 16333 y 1634 del expediente).

 Ha quedado también probado que las recomendaciones relativas al carácter contrario a la normativa de la competencia recogidas en un informe solicitado por URBAN fueron empleadas, no para corregir tales conductas, sino para, con el conocimiento por las marcas de la identificación numérica asignada a cada una, continuar con las prácticas de intercambio de información pero tratando a la vez de garantizar el carácter secreto del cártel ( folios 16442 y ss del expediente) Todo ello y permite considerarla responsable de una infracción del artículo 1 de la LDC en calidad de coautora

 Así las cosas, debemos convenir con la resolución recurrida en que, en el presente asunto concurren los requisitos necesarios para declarar válidamente la responsabilidad de Urban Science por su participación en los acuerdos y prácticas concertadas de que se trata, sin que apreciemos violación del derecho a la presunción de inocencia.

 Teniendo en cuenta estos parámetros, la resolución sancionadora, aquí recurrida, contiene suficientes elementos que demuestran la participación activa e intencional de la demandante en el cartel. En concreto, como se consigna en aquella, la documentación obrante en el expediente evidencia que a recurrente llevó a cabo desde 2010 una participación activa e intensa en el intercambio de información, y que fue la misma quien facilitaba una "Plantilla Modelo Posventa Intermarcas. Así resulta de la prueba documental obrante en autos acredita que el propio objetivo de los servicios prestados por Urban Sciende, sobre la base de los contratos de prestación de servicios celebrados con las algunas de las empresas sancionadas, era la realización de intercambios de información sensible y estratégica.

 Consta probado que Urban Science organizó los intercambios de información en el Foro de Postventa, convocaba las reuniones y transmitía a las empresas la información que le suministraban las demás (folio 16.280 y 16952 expediente administrativo). Además, ideó y gestionó la confección e implantación de una web para el reporte del intercambio de indicadores de postventa para facilitar al recopilación, comparación y suministro de los datos proporcionados por las empresas participantes en los intercambios; elaboró informes trimestrales y análisis adicionales (folio 16.281 y 16333 y 1634 del expediente).

 Merece destacar que, entre la información solicitada y suministrada por Urban figura el importe total efectuado a la Marca por piezas de recambio valoradas a PVC (precio de venta de la Marca al concesionario), incluso desglosado respecto del Aceite, neumáticos y accesorios (folio 17 626 del expediente), así como cuestiones relativas a las condiciones en que se se aplicó la garantía contractual ofrecida por el fabricante, tipo de cobertura de asistencia en carretera, periodo de vigencia, tipo de asistencia, importe repercutido por la remisión de materiales de reparación ante solicitud de Organismo Independiente, coste por vehículo, motorización o transmisión y gastos por taller mínimo establecidos para satisfacer el programa de mantenimiento (folio 17673 del expediente); datos todos ellos de carácter estratégico y comercialmente sensibles.

 Ha quedado también probado que las recomendaciones relativas al carácter contrario a la normativa de la competencia recogidas en un informe solicitado por URBAN fueron empleadas, no para corregir tales conductas, sino para, con el conocimiento por las marcas de la identificación numérica asignada a cada una, continuar con las prácticas de intercambio de información pero tratando a la vez de garantizar el carácter secreto del cártel ( folios 16442 y ss del expediente) Todo ello y permite considerarla responsable de una infracción del artículo 1 de la LDC en calidad de coautora

 No apreciamos, por lo expuesto, violación del derecho a la presunción de inocencia.

 NOVENO. - . Como hemos adelantado, opone la representación procesal de URBAN la infracción del principio de responsabilidad consagrado en el artículo 130 LRJPAC al atribuirle actuaciones en las que no participó.

 Para dar respuesta a la parte recurrente debemos comenzar manifestando que, la Sala considera correcta la delimitación del mercado afectado que realiza la resolución sancionadora. Como se reconoce en la Propuesta de Resolución, es cierto que, en principio, los fabricantes-distribuidores no compiten directamente entre sí en el mercado de postventa de vehículos, pero también lo es la existencia de una evidente relación entre el mercado de venta y los servicios de postventa que las marcas realizan a través de sus redes oficiales de concesionarios y talleres autorizados, como consecuencia de la organización conjunta de ambos y de la presencia de los fabricantes de vehículos como proveedores en ambos mercados que determina que los precios de los servicios de postventa impacten en la venta de automóviles. Existe, por tanto, una integración estratégica entre las actividades comerciales de venta y las actividades de posventa que justifica su integración en un mismo mercado de producto relevante. La distribución de los automóviles por los fabricantes de los mismos, incluyendo la mayorista al concesionario y la minorista al cliente final, a través de las redes oficiales de concesionarios, se planifica de un modo único incluyendo tanto la venta del vehículo como la prestación de un servicio de posventa de los mismos, toda vez que las marcas a través de sus redes oficiales de concesionarios venden a sus clientes una solución integral de movilidad duradera en el tiempo integrada por la venta de un producto (el vehículo) y la prestación de los servicios necesarios para su buen funcionamiento (servicio de posventa). Por otra parte, han sido las propias empresas sancionadas las que con sus conductas han determinado el carácter complementario de ambos mercados - el de venta y el de posventa- ya que intercambiaron información relativa a ambos mercados puesto que eran conocedores del impacto que en la venta de automóviles en una época de crisis económica tenían los precios ofrecidos en los servicios de posventa de tal manera que las dinámicas competitivas de uno y otro influyen entre si cuando, además, los fabricantes de automóviles eran proveedores en ambos mercados.

 Por lo demás interesa recordar que esta vinculación ha sido expresamente reconocida en la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea de 15 de septiembre de 20105, Asunto T-325/01 Daimler Chrysler AG, en el que se afirma que la diferenciación entre la distribución minorista( venta) y servicio de postventa es artificial y no se corresponde con la realidad económica por cuanto la esta última tiene por objeto promover las ventas dadas las expectativas del cliente final que desea disponer de una red de mantenimiento para el vehículo que compra.

 Para terminar, cumple manifestar que la complementariedad entre los dos mercados es reconocida por las propias Marcas sancionadas. A título de ejemplo podemos citar el escrito de alegaciones de Toyota (folios 26020 a 26127 del expediente) en el que manifiesta que ". A medida que se agravaba la crisis económica y se reducía la demanda de vehículos nuevos, la tipología de la información intercambiada y su grado de detalle fue incrementándose, centrándose especialmente en el intercambio de prácticas tendentes a mejorar la rentabilidad de los concesionarios, vinculadas tanto a la venta como a la postventa". En el mismo sentido, en el escrito de alegaciones de Fiat (folios 25838 a 25907) se afirma que "los intercambios de información han permitido mejorar sus políticas de red a corto plazo en un contexto de crisis y gran incertidumbre para tomar decisiones estratégicas, como potenciar la prestación conjunta de los servicios de venta y reparación (postventa) en su red de concesionarios". En esta misma línea, Nissan, alegó que los servicios de postventa son prestados por los concesionarios como complemento de su actividad de distribución y constituye una parte relevante de los ingresos de los concesionarios y contribuye a la valoración de la rentabilidad y viabilidad de las redes. Por su parte, Ford manifestó en su escrito de alegaciones que la postventa es de vital importancia para la mejora de la sostenibilidad de talleres y concesionarios oficiales.

 Dicho lo anterior, recordemos que la Sala de Competencia entiende que el hecho de que los intercambios de información se hubieran realizado en el marco de foros distintos (Club de Marcas, Foro de Directores de Posventa y Jornadas de Constructores) no impide apreciar la unidad de la infracción, puesto que ha quedado acreditado que tales intercambios de información estratégica relativos a cifras, márgenes y resultados de las redes de concesionarios de las marcas y actividades de posventa, se realizaron en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, utilizando con la misma finalidad infractora similares métodos, constituyendo una vulneración de los artículos 1 de la LDC y 101 del TFUE .

 Conviene también traer a colocación la jurisprudencia comunitaria del Tribunal de Justicia que ha establecido las pautas o elementos que deben tomarse en consideración para calificar una conducta como infracción única y continua que parten de un presupuesto irrenunciable, como es la existencia de un plan único de actuación conjunto de las distintas entidades implicadas. En este sentido puede citarse la Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2012, Asunto C- 441/11 , apartado 41, en el que se indica que:

 "Según reiterada jurisprudencia, una infracción delartículo 81 CE, apartado1, actualmente 101.1 del TFUE, puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto ( sentencias Comisión/AnicPartecipazioni, antes citada, apartado 81, así como de 7 de enero de 2004, Aalborg Portlandy otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Rec. p. I-123, apartado 258)". De acuerdo con esta misma jurisprudencia, en estos casos, la circunstancia de no haber participado en todos los elementos constitutivos de una práctica concertada, únicamente tiene consecuencias en relación con su grado de participación en el acuerdo y con su responsabilidad por este aspecto del acuerdo.

 Así lo avala el Tribunal de Primera Instancia de 17 de mayo de 2013 del Tribunal General Asunto T-147/09 Trelleborg Industrie que en sus apartados 59 y ss precisa que:

 a) En el marco de una infracción que dura varios años, no impide la calificación de infracción única el hecho de que las distintas manifestaciones de los acuerdos se produzcan en periodos diferentes, siempre que pueda identificarse el elemento de unidad de actuación y finalidad.

 b) De acuerdo con una práctica jurisprudencial constante se han identificado una serie de criterios que ayudan a calificar una infracción como única y continuada, a saber: la identidad de los objetivos de las practicas consideradas, de los productos y servicios, de las empresas participantes, y de las formas de ejecución, pudiéndose tener en cuenta, además, la identidad de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas implicadas y la identidad del ámbito de aplicación geográfico de las practicas consideradas.

 c) La Comisión puede, en consecuencia, presumir la permanencia de una empresa durante todo el periodo de duración del cartel, aunque no se haya acreditado la participación de la empresa en cuestión en fases concretas, siempre que concurran los elementos suficientes para acreditar la participación de la empresa en un plan conjunto con una finalidad específica, que se prolonga en el tiempo. La consecuencia inmediata de ello es que el "dies a quo" del plazo de prescripción se computa partir del cese de la última conducta.

 Pues bien, en el caso que examinamos, es cierto que la CNMC en la resolución sancionadora agrupa la información intercambiada entre los fabricantes de automóviles en tres ámbitos de actuación propios de su gestión empresarial: venta, postventa y marketing. Sin embargo, ello no implica que deban verse como ámbitos de actuación autónomos entre sí; al contrario, forman parte del mismo mercado de producto y, además, están interrelacionados ya que persiguen una misma finalidad económica como es salvaguardar de la crisis económica a las redes oficiales de concesionarios .La propia parte recurrente manifiesta en su demanda que conocía la existencia de los intercambios de información previos a su participación y que, en concreto en el denominado Club de Marcas se intercalaron datos relativos a postventa.

 La reorganización por parte de la CNMC de la información intercambiada en ámbitos concretos de la gestión empresarial no implica que cada uno de ellos tenga su propia autonomía a los efectos de valorar el comportamiento de las empresas participantes y, especialmente, a la hora de enjuiciar la existencia de una infracción única y continuada dada la interconexión existente.

 Por ello, compartimos con la resolución dictada por la CNMC que el intercambio de información analizado cualquiera que haya sido el ámbito de comunicación -bien el Club de Marcas, bien el Foro de Postventa o bien las Jornadas de Constructores- encaja en el concepto de infracción única y continuada por cuanto se trataba de un plan común de las empresas participantes dirigido a una única finalidad económica para la fijación de variables determinantes de la actuación en el mercado como eran, entre otras: la rentabilidad y facturación de sus redes de concesionarios desglosado por venta de automóviles y actividades de posventa; los márgenes comerciales y política de remuneración ofrecida por las marcas a sus redes de concesionarios; estructura de las redes de concesionarios; política de financiación de los vehículos realizadas por las redes de concesionarios; campañas de marketing al cliente final; programas de fidelización de sus clientes; facturación de piezas de recambio y accesorios (neumáticos y aceite).

 Estamos, por tanto, ante una infracción que se califica como única y continuada lo cual implica que pueda sancionarse a las empresas por su participación en dicho plan común, global y preconcebido encaminado a un objetivo único, aunque no hayan participado desde el inicio, ni en todas las reuniones ni en todos los ámbitos de intercambio de información salvo que hayan manifestado expresamente de forma pública su intención de abandonar el plan común.

 Y, en el caso de la mercantil recurrente, consta a través de correos electrónicos, notas y actas de reuniones su participación activa y esencial en el intercambio de información en el Foro de Postventa sin que conste que mostrara públicamente su decisión de abandonar ese plan común.

 Por todo lo expuesto, decimos que la conducta analizada es perfectamente subsumible en el artículo 1 de la Ley 15/2007 .

 DÉCIMO. - En cuanto a la falta de objeto anticompetitivo, la Comisión Europea, en las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/ C 11/01 ) ha señalado que hay intercambios de información que pueden ser pro-competitivos: "57. El intercambio de información es una característica común a muchos mercados competitivos que puede generar diversos tipos de mejoras de eciencia. Puede solucionar problemas de asimetrías de la información (1), incrementando así la eciencia de los mercados. Además, las empresas mejoran a menudo su eciencia interna a partir de una comparación con las mejores prácticas de las demás. El intercambio de información también puede ayudar a las empresas a ahorrar costes reduciendo sus existencias, haciendo posible una entrega más rápida de los productos perecederos a los clientes o resolviendo la inestabilidad de la demanda. Asimismo, los intercambios de información pueden beneciar directamente a los consumidores reduciendo sus costes de búsqueda y mejorando sus posibilidades de elección."

 Sin embargo, en el caso examinado, la prueba aportada por la parte recurrente no acredita que la conducta enjuiciada fuera procompetitiva.

 En el informe elaborado por Compass Lexecon, por lo que ahora nos interesa, se afirma que el intercambio de información ayudó a algunas marcas a reducir los costes de los concesionarios e incrementar su rentabilidad. Añade que la teoría económica predice que, en mercados competitivos con importantes economías de escala, estas reducciones de costes de los concesionarios se traducen en una mayor intensidad competitiva y una reducción del precio de venta final y que el análisis de los datos aportados refleja una caída del precio medio de venta en España durante el periodo de intercambio de la información mientras que se ha producido un incremento de precio medio en otros países afines de la zona euro. Por todo ello concluye que la información intercambiada era apta para generar eficiencias, aumentó la rentabilidad de los concesionarios que se tradujo en mayores descuentos a los consumidores finales y en una reducción de los precios finales.

 Ahora bien, el contexto en que los fabricantes de automóviles se intercambiaron la información aludida fue el de crisis económica grave que afectó especialmente al sector automovilístico que provocó una importante caída en las ventas de vehículos y que motivó que los fabricantes entendieran que debían adoptarse medidas para proteger especialmente a las redes oficiales de concesionarios (encargados de la comercialización de los vehículos y del servicio de posventa) de graves pérdidas económicas e, incluso, de su cierre. Y, precisamente, el intercambio de información permitió a las marcas conocer las estrategias de sus competidores para mejorar la rentabilidad de sus redes de concesionarios.

 En consecuencia, no podemos compartir la afirmación de la recurrente de que el intercambio de información supuso un licito benchmarking.

 UNDÉCIMO. - Para terminar, denuncia la parte recurrente que la sanción impuesta a URBAN es desproporcionada.

 Para dar respuesta a este motivo de impugnación hemos de recordar que la infracción sancionada se califica por la LDC como muy grave, a la que se asocia una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de los infractores en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de las sanciones, esto es, 2014, y recuerda que, con arreglo a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, dicho 10% marca el máximo del rigor sancionador para la sanción correspondiente a la conducta infractora que, dentro de la respectiva categoría, tenga la mayor densidad antijurídica.

 La individualización de la sanción a cada uno de los sujetos responsables se efectúa tomando en consideración la dimensión de la actuación de la empresa en el mercado afectado por la infracción, que está relacionada directamente tanto con el volumen del mercado afectado por la infracción como con la duración de la conducta de cada empresa. A tal efecto las empresas responsables fueron requeridas para que aportaran el valor del mercado afectado por la conducta en cada caso, esto es, el valor correspondiente a la comercialización de automóviles de cada marca y la realización de otras actividades de postventa (como la comercialización de las piezas y recambios originales para los automóviles de la marca), según corresponda a la imputación cada una de ellas, entendiendo que la mayor facturación en el mercado afectado por la conducta denota una mayor intensidad o participación en la conducta y, en particular, un mayor daño y una mayor ganancia ilícita potenciales. Siendo ello así, considera la resolución recurrida conforme al principio de proporcionalidad y a la necesaria individualización de las multas ajustar el porcentaje de la sanción al alza o a la baja en función de la mayor participación de cada empresa en la facturación global en el mercado afectado por la conducta durante el tiempo en que ésta resulta acreditada.

 Además, se ha reducido el porcentaje aplicado a las empresas cuya conducta haya tenido una duración inferior a la media, y particularmente cuando ésta haya sido inferior a los 36 meses y en la individualización de cada sanción se ha atendido a la participación de las mercantiles en los tres, en dos o en uno de los esquemas de intercambio de información (Club de marcas, Foro de Postventa y Jornadas de Constructores). También se ha también tomado en consideración el hecho de que algunas marcas se hayan retirado de todos o algunos de los foros en los que participaban (CITROÉN, FORD, MERCEDES y PEUGEOT respecto del foro de Postventa; BMW, GENERAL MOTORS, HONDA y TOYOTA respecto del Club de Marcas; y KIA, MAZDA, SEAT y VOLKSWAGEN respecto de ambos).

 Se ha valorado el criterio del beneficio ilícito obtenido por las empresas infractoras, si bien, dado que las cifras de volúmenes de negocio de las empresas participantes en los foros de intercambios de información no son no son homogéneas, debido a la diferente estructura societaria de las mismas, dado que algunas de ella, como Ford, tienen separadas en distintas sociedades las actividades de fabricación, distribución y exportación, mientras que otras (tal es el caso de FORD y GENERALMOTORS) integran en una única sociedad esas actividades, con la correspondiente repercusión en términos de incremento comparado del volumen de negocio, que es el que se utiliza como referencia casos en los que se constata una desproporción entre el volumen de negocios total de la compañía y su cuota de matriculación de turismos en España, se ha procedido a reducir de forma adecuada el porcentaje sancionador a aplicar para asegurar la proporcionalidad de la sanción entre las empresas infractoras. Además, en los casos en los que se constata una desproporción entre el volumen de negocios total de la compañía y su cuota de matriculación de turismos en España, se ha procedido a reducir de forma adecuada el porcentaje sancionador a aplicar para asegurar la proporcionalidad de la sanción entre las empresas infractoras.

 Por último, determina el importe final de las multas que procede imponer a cada una de las empresas que consigna en las tablas correspondientes las cuales incluyen, en tres columnas sucesivas, el volumen total de negocios de la empresa en 2014 (3.591979 euros, en el caso de la actora), el tipo sancionador (2%, para Urban) y la multa correspondiente (70.039 euros) que resulta de aplicar dicho tipo al referido volumen de negocios.

 En el caso de Urban, se ha tomado en consideración su papel determinante como auténtico facilitador activo o instrumento clave para el intercambio de la información, a sabiendas de su ilicitud.

 DUODÉCIMO .- En cuanto a la motivación, nos remitimos a lo que hemos expuesto sobre los parámetros tenidos en cuenta por la CNMC para cuantificar la sanción, que ha fijado el porcentaje sancionador sobre la base de graduación que proporcionan los criterios contemplados en el artículo 64.1 de la LDC , además de precisar que la infracción acreditada cometida por la entidad actora es una infracción muy grave prevista en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia consistente en el intercambio de información comercialmente sensible y estratégica en sensible y estratégica en los mercados de distribución de vehículos de motor de las marcas de automóviles ALFA ROMEO, FORD, HONDA, HYUNDAI, LEXUS, KIA, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SAAB, SEAT, SKODA, TOYOTA, VW y VOLVO, distribuidas en España por las empresas CITROEN, B&amp;M, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, FIAT, FORD, GENERAL MOTORS, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, MERCEDES, NISSAN, ORIO, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SEAT, TOYOTA, VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA (VAESA) y VOLVO a sus Redes oficiales de concesionarios, incluyendo tanto la venta de automóviles como la prestación de los servicios y actividades de posventa de tales vehículos en España.

 Hay una referencia expresa a la configuración de dicho mercado, a la duración del cártel y a su extensión geográfica, de tal modo que las pautas a las que se refiere el Tribunal Supremo - gravedad de la infracción, alcance, características del mercado afectado, participación en la conducta de las infractoras, ausencia de agravantes o atenuantes, consideración de la cuota en el mercado relevante- que llevan a la CNMC a valorar, dentro de la escala sancionadora que discurre hasta el 10% del volumen total de negocios, lo que denomina la densidad antijurídica de la conducta y a concretar el tipo sancionador que corresponde a cada empresa infractora, que en el caso de la demandante es del 0,95 %.

 Por tanto, no puede decirse que la determinación de la sanción no resulte motivada atendiendo a la doctrina que sobre esta cuestión acoge nuestra jurisprudencia, y así en sentencia del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2006, recurso núm. 466/2003 , donde afirma lo siguiente:

 "La exigencia de motivación de los actos administrativos constituye una constante de nuestro ordenamiento jurídico y así lo proclama elart. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común(antes, art. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 ), teniendo por finalidad la de que el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución de la Administración, con el fin, en su caso, de poder rebatirlos en la forma procedimental regulada al efecto. Motivación que, a su vez, es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad enunciados por elapartado 3 del art. 9 CE de la Constitucióny que también, desde otra perspectiva, puede considerarse como una exigencia constitucional impuesta no sólo por elart. 24.2 CEsino también por elart. 103 (principio de legalidad en la actuación administrativa). Por su parte, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea , proclamada por el Consejo Europeo de Niza de 8/10 de diciembre de 2000 incluye dentro de su artículo 41 , dedicado al "Derecho a una buena Administración", entre otros particulares, "la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones".

 Ha de insistirse en que, en el caso que nos ocupa, las razones expuestas en la resolución dan cumplida respuesta a la exigencia a que se refiere el Tribunal Supremo, siendo así que la resolución indica, en aplicación estricta del artículo 64 de la Ley 15/2007 , los criterios tenidos en cuenta para fijar el tipo sancionador aunque no cuantifique el porcentaje exacto que a cada uno corresponde sin que ello se traduzca en falta de motivación pues, como recuerda la sentencia del TJUE de 22 de octubre de 2015, asunto C- 194/14 P, AC-Treuhand AG "a la hora de fijar el importe de la multa en caso de infracción de las normas en materia de competencia, la Comisión cumple su obligación de motivación cuando indica en su decisión los elementos de apreciación que le han permitido determinar la gravedad de la infracción, así como su duración, sin que esté obligada a indicar los datos numéricos relativos al método de cálculo de la multa (véase, en este sentido, en particular la sentencia Telefónica y Telefónica de España/Comisión, C-295/12 P, EU:C:2014:2062 , apartado 181)."

 Por tanto, ni hay falta de motivación, ni se han ignorado los artículos 63 y 64 de la LDCA al cuantificar la multa, ni se ha producido, en fin, infracción alguna de los principios de graduación y proporcionalidad a que se refiere la empresa demandante. El sistema seguido en este caso por la CNMC para cuantificar las multas es el mismo que ha aplicado en otros análogos y que ha sido ya enjuiciado por esta Sala en pronunciamientos anteriores. Tiene su origen en el criterio fijado por el Tribunal Supremo en sentencia de 29 de enero de 2015, recurso núm. 2872/2013 , en la que se entiende que la expresión "volumen de negocios total" del artículo 63.1 de la LDC , como base sobre la que calcular el porcentaje de multa establecido para cada tipo de infracción (hasta un 10% para las muy graves, hasta un 5% para las graves y hasta un 1% para las leves), toma como referencia el volumen de negocios de todas las actividades de la empresa y no exclusivamente el correspondiente al mercado afectado por la conducta.

 Entiende la Sala que las pautas interpretativas seguidas por la resolución recurrida son, en efecto, clara consecuencia de la doctrina del Tribunal Supremo, sin que en aplicación de la misma la resolución haya incurrido en la falta de motivación o desproporción que denuncia la parte recurrente.

 Por lo demás cumple manifestar que la vulneración del principio de proporcionalidad no puede reducirse a una mera comparación entre el importa de las sanciones impuestas a las distintas sancionadas sin atender a los factores de corrección que la propia resolución reconoce haber aplicado.

 Y para terminar debemos reiterar que Urban Science ha sido sancionada por su participación en una infracción única y continuada de infracción única y continuada de manera que el periodo de participación de cada una de las empresas en los intercambios de información ha sido tomado en consideración a efectos de graduación de la sanción de multa.

 DÉCIMOTERCERO.- Lo expuesto en los anteriores Fundamentos determina la desestimación del presente recurso con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

FALLAMOS

 Que debemos desestimar el recurso contencioso administrativo formulado por URBAN SCIENCE ESPAÑA S.L.U. (URBAN) representada por el procurador don Argimiro Vázquez Guillén, contra la resolución de 23 de julio de 2015, dictada por la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, por la que se le impuso una sanción por importe de 70.039 euros, con imposición de costas a la parte recurrente.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 08/01/2020 doy fe.