Id. Cendoj: 28079230062019100472
ECLI: ES:AN:2019:5021
ROJ: SAN 5021/2019
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 19/12/2019
Nº de Recurso: 708/2015
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: RAMON CASTILLO BADAL
Procedimiento: Procedimiento ordinario
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    OTROS  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000708 / 2015

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 06330/2015

 Demandante: CHEVROLET, S.A.

 Procurador: Dª FELISA GONZÁLEZ RUIZ

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: SEAT S.A., URBAN SCIENCE ESPAÑA, S.LU

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 D. SANTOS GANDARILLAS MARTOS

 D. MARIA JESUS VEGAS TORRES

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

 VISTO el presente recurso contencioso-administrativo núm. 708/15 promovido por la Procuradora Dª Felisa González Ruiz, actuando en nombre y representación de CHEVROLET, S.A . contra la resolución de 23 de julio de 2015, del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, mediante la cual se le impuso una sanción de multa de 138.580 ¤ por la comisión de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y del artículo 101 el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea .

 Habiendo sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO .- Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando de ésta Sala, se dicte sentencia por la que se acuerde estimar el presente recurso Contencioso- Administrativo y en consecuencia:

 i) Declare la íntegra nulidad o anulabilidad de dicha resolución o.

 ii) subsidiariamente, la nulidad o anulabilidad de dicha resolución, con la correspondiente reducción de la multa impuesta.

 iii) Todo ello, por las razones expuestas en la presente demanda y con expresa imposición de costas a la parte demandada."

 SEGUNDO .- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que suplicaba se dictase sentencia por la que se confirmasen los actos recurridos en todos sus extremos.

 TERCERO .- Asimismo SEAT, como parte codemandada, contestó la demanda y solicitó la desestimación del recurso con imposición de costas a la actora.

 CUARTO. - Mediante diligencia de ordenación de 18 de mayo de 2016, se fijó la cuantía del recurso en 138.580 ¤.

 QUINTO.- En virtud de Auto de 23 de mayo de 2016, se declaró pertinente la documental pública propuesta por la parte recurrente, teniendo por reproducidos los documentos obrantes en el expediente administrativo, así como los documentos acompañados con el escrito de interposición de recurso y los acompañados con el escrito de demanda sin prejuzgar sobre su valoración a efectos probatorios y se señaló fecha para la ratificación de la prueba pericial.

 SEXTO.- Una vez presentados los respectivos escritos de conclusiones por las partes quedaron los autos conclusos para sentencia.

 SÉPTIMO.- Seguidamente, mediante providencia de 23 de septiembre de 2019, se acordó señalar para votación y fallo del recurso el día 2 de octubre de 2019, en que tuvo lugar, prolongándose la deliberación en sucesivas sesiones.

 Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Ramón Castillo Badal, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO .- En el presente recurso contencioso administrativo impugna la entidad actora la resolución de 23 de julio de 2015, del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, mediante la cual se le impuso una sanción de multa de 138.580 ¤. ¤. por la comisión de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea .

 La parte dispositiva de dicha resolución, recaída en el expediente " S/0482/13 Fabricantes de automóviles" , era del siguiente tenor literal:

 PRIMERO.- Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del TFUE , en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Sexto de esta Resolución.

 SEGUNDO.- De acuerdo con la responsabilidad atribuida en el Fundamento de Derecho Sexto y Séptimo, declarar responsables de las citadas infracciones a las siguientes empresas:

 CHEVROLET ESPAÑA, S.A.U.

 (...).

 TERCERO.- imponer a las autoras responsables de las conductas infractoras las siguientes multas:

 4. CHEVROLET ESPAÑA, S.A.U.: 138.580 ¤.

 SEXTO.- Instar asimismo a la Dirección de Competencia para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta Resolución.."

 Como antecedentes que precedieron al dictado de dicha resolución, a la vista de los documentos que integran el expediente administrativo, merecen destacarse los siguientes:

 1) El 25 de junio de 2013 la entidad SEAT, S.A., presentó ante la entonces Comisión Nacional de la Competencia una solicitud de exención del pago de la multa, a los efectos del artículo 65 de la de Ley de Defensa de la Competencia o, en su caso, subsidiariamente, de reducción de su importe a los efectos del artículo 66 de la misma Ley , que pudiera imponerse por la comisión de una infracción del artículo 1 de la LDC consistente en acuerdos para el intercambio de información comercialmente sensible y estratégica entre empresas fabricantes y distribuidoras de marcas de automóviles en España.

 2) Atendido el valor probatorio que cabía atribuir a la documentación referida, la Dirección de Investigación acordó con fecha 23 de julio de 2013, conceder la exención condicional del pago de la multa en relación con la solicitud de exención presentada por SEAT, S.A., en beneficio de la citada empresa, así como en nombre de todas sus filiales directas o indirectas y de las entidades que conforman el grupo al que SEAT pertenece al entender que se cumplían los requisitos previstos en el artículo 65.1 de la LDC y haber sido la primera empresa en aportar elementos de prueba que, a juicio de la DI, le permitían ordenar el desarrollo de una inspección en relación con el cártel descrito en la citada solicitud de exención del pago de la multa.

 3) Durante los días 23 a 26 de julio de 2013, la ya Dirección de Competencia (DC) llevó a cabo inspecciones en las sedes de TOYOTA ESPAÑA, S.L., NISSAN IBERIA, S.A., SNAP-ON BUSINESS SOLUTIONS, S.L. y RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A. en la que tuvo acceso a determinada información según la cual diversos fabricantes y/o distribuidores de vehículos a motor habrían podido incurrir en una práctica anticompetitiva.

 4) A la vista de la información recabada como consecuencia de todas estas actuaciones, y al considerar la DC que de ella se seguía la existencia de indicios racionales de conducta prohibida por la LDC, acordó el 30 de agosto de 2013, la incoación del expediente sancionador S/0482/13 Fabricantes de automóviles, contra NISSAN IBERIA, S.A., RENAULT ESPAÑA, S.A., TOYOTA ESPAÑA, S.L, CHRYSLER ESPAÑA, S.L., GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L.U., FIAT GROUP AUTOMOBILES SPAIN, S.A., FORD ESPAÑA, S.L, HYUNDAI MOTOR ESPAÑA. S.L.U., HONDA AUTOMÓVILES ESPAÑA, S.A., (actualmente, HONDA MOTOR EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA) KIA MOTORS IBERIA, S.L., PEUGEOT CITROEN AUTOMÓVILES ESPAÑA, S.A., VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA, S.A., SEAT, S.A., URBAN SCIENCE ESPAÑA, S.LU. y SNAP- ON BUSINESS SOLUTIONS, S.L, por una práctica restrictiva de la competencia prohibida en el artículo 1 de la LDC , consistente en acuerdos para el intercambio de información comercialmente sensible y estratégica entre empresas fabricantes y distribuidoras de vehículos de motor en España.

 5) Tras los trámites que igualmente constan en el expediente administrativo, que fue ampliado el 5 de mayo de 2014 a AUTOMÓVILES CITROEN ESPAÑA, S.A., B&amp;M AUTOMÓVILES ESPAÑA, S.A., BMW IBÉRICA, S.A.U., CHEVROLET ESPAÑA, S.A., MAZDA AUTOMÓVILES ESPAÑA, S.A., MERCEDES BENZ ESPAÑA, S.A., ORIO SPAIN, S.L, PEUGEOT ESPAÑA, S.A., PORSCHE IBÉRICA, S.A., RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A. y VOLVO CAR ESPAÑA, S.L.U, también por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en el artículo 1 de la Ley 16/1989 , el artículo 1 de la LDC y el artículo 101 del TFUE , la DC, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio , formuló pliego de concreción de hechos del que se dio oportuno traslado a las empresas incoadas, quienes formularon frente al mismo las alegaciones que tuvieron por conveniente.

 6) Acordado el cierre de la fase de instrucción, el 28 de abril de 2015, la DC, de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.4 de la LDC , emitió propuesta de resolución.

 7) Presentadas alegaciones, el 22 de mayo de 2015, la Dirección de Competencia elevó al Consejo de la CNMC informe y propuesta de resolución conforme a lo prevenido en el artículo 50.5 de la LDC .

 8) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 37.2.c) de la LDC , con fecha 3 de junio de 2015, la Sala de Competencia de la CNMC acordó la remisión a la Comisión Europea del Informe Propuesta. Y con fecha 8 de julio, la Comisión Europea formuló observaciones escritas.

 9) Finalmente, la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC deliberó el asunto en su reunión de 23 de julio de 2015 y dictó con esa misma fecha la resolución que ahora se recurre.

 SEGUNDO .- En cuanto a los hechos determinantes del acuerdo sancionador, en la resolución recurrida se describe a la entidad actora, CHEVROLET ESPAÑA, S.A.U, del siguiente modo:

 CHEVROLET ESPAÑA, S.A.U. (CHEVROLET), constituida el 6 de mayo de 1994 y hasta el 25 de enero de 2005 denominada DAEWOO MOTOR IBERIA, S.A., comercializa vehículos automóviles marca CHEVROLET en España. Anteriormente, bajo su anterior denominación social comercializaba vehículos marca Daewoo. El domicilio social de la empresa se encuentra situado en el nº 20 de la Avenida de Bruselas en Alcobendas, Madrid. El objeto social de CHEVROLET es la importación, exportación, comercialización, venta y fabricación en España y Portugal de automóviles, vehículos industriales, camiones, automóviles, todo terreno y autobuses, accesorios de automóviles, así como el alquiler y leasing de éstos.

 Antes de delimitar el mercado afectado, la resolución hace algunas consideraciones relevantes sobre su caracterización y sobre el marco normativo para, a continuación, identificar dicho mercado con el de "... la distribución y comercialización de los vehículos automóviles en España por parte de las principales marcas presentes en el territorio español, es decir, la venta de vehículos automóviles nuevos y usados, recambios y accesorios, así como la prestación de los servicios de posventa realizadas por dichas marcas de automóviles en España a través de sus Redes oficiales de concesionarios, incluyendo concesionarios independientes del fabricante de la marca en cuestión y/o filiales propias de la empresa fabricante, todos ellos parte de dicha Red oficial de concesionarios de cada una de las marcas".

 Precisa que las mercantiles incoadas llevan a cabo la distribución mayorista, es decir, la venta al concesionario de los automóviles de sus respectivas marcas, los cuales serán distribuidos a nivel minorista (venta al cliente final) por su red oficial de concesionarios mediante un esquema de distribución selectiva. Esto supone que el concesionario/distribuidor minorista vende el automóvil al cliente final en calidad de empresa independiente, en nombre y por cuenta propia.

 Además, y ello resulta importante para sostener el esquema de la imputación posterior, indica que la distribución de los automóviles, incluyendo la mayorista al concesionario y la minorista al cliente final, se plantea y se planifica de un modo único incluyendo la venta de un vehículo y la prestación de un servicio de posventa toda vez que las marcas, a través de sus redes oficiales de concesionarios, venden a sus clientes lo que la CNMC denomina una "... solución integral de movilidad duradera en el tiempo integrada por la venta de un producto (el vehículo) y la prestación de los servicios necesarios para su buen funcionamiento (servicios de posventa)" , siendo así que el cliente final de la venta de un vehículo nuevo o usado se fideliza, dice, gracias a las políticas comerciales de posventa. Destaca en este sentido el componente anticíclico que supone la postventa al permitir compensar las caídas de ingresos por disminución de la venta de vehículos en momentos de crisis económica.

 Particular relevancia tiene también para poder valorar el carácter anticompetitivo de las conductas que finalmente se sancionan la referencia que en la resolución recurrida se hace a la relación existente entre fabricante y distribuidor minorista y que puede resumirse así:

 - El proveedor vende sus vehículos al distribuidor, que los revende aplicando un margen. Cuando se trata de automóviles nuevos, la empresa distribuidora indica al concesionario un precio de venta recomendado, y este establece libremente el precio final de venta. Advierte, no obstante, la CNMC que la práctica de recomendar un precio de reventa está cubierta por el Reglamento de Exención por Categorías cuando la cuota de mercado de cada una de las partes del acuerdo no excede del umbral del 30%, siempre que no suponga un precio de venta mínimo o fijo.

 - En el desarrollo de su actividad el distribuidor actúa, en todo caso, en su nombre y por cuenta propia, y asume los riesgos que pudieran derivarse del negocio, si bien el proveedor puede imponer una serie de obligaciones (se refiere la resolución impugnada a las de previsión de ventas y entrega, vehículos en stock, de exposición y demostración, garantía por defectos, entre otras).

 El mercado geográfico coincide con todo el territorio español, si bien considera la resolución recurrida que es susceptible de tener un efecto apreciable sobre el comercio intracomunitario "... dado que compartimenta el mercado nacional".

 Delimitado de este modo el mercado afectado, y descrito su modo de funcionamiento, la CNMC aborda la relación de hechos acreditados mencionando las principales fuentes de información que le han permitido constatarlos, que serían la facilitada por SEAT, S.A., en su solicitud de exención de pago de la multa, y la obtenida por la Dirección de Competencia tanto en las inspecciones realizadas días 23 a 26 de julio de 2013 en las sedes de las empresas NISSAN, RENAULT, SNAP-ON y TOYOTA, así como la reflejada en las contestaciones de las empresas incoadas a los requerimientos de información que se les formularon a lo largo del expediente administrativo.

 Tales pruebas pondrían de manifiesto que las empresas participantes llevaron a cabo intercambios de información comercialmente sensible sobre tres aspectos concretos:

 - Sobre la "... estrategia de distribución comercial, los resultados de las marcas, la remuneración y márgenes comerciales a sus Redes de concesionarios con efecto en la fijación de los precios de venta de los automóviles, así como en la homogeneización de las condiciones y planes comerciales futuros de venta y posventa de los automóviles en España desde, al menos, 2004, hasta julio de 2013, fecha de la realización de las inspecciones citadas. En estos intercambios habrían participado 20 empresas distribuidoras de las marcas AUDI, BMW, CHEVROLET, CITROËN, FIAT-LANCIA-ALFA ROMEO, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, CHRYSLER- JEEP-DODGE, SAAB, SEAT, SKODA, TOYOTA y VW, con la colaboración de SNAP-ON desde noviembre de 2009". Al mismo se refiere la CNMC como "Club de Marcas".

 - Sobre "... sus servicios y actividades de posventa, así como respecto a sus actividades de marketing en España desde marzo de 2010 hasta, al menos, agosto de 2013. En tales intercambios de información habrían participado 17 empresas distribuidoras de marcas de automóviles, en concreto, las de las marcas AUDI, BMW, CHEVROLET, CITROEN, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SEAT, SKODA, TOYOTA, VW, LEXUS, MERCEDES, MITSUBISHI (esto es, B&amp;M; en los elementos probatorios que constan en el expediente se identifica por la citada marca), PORSCHE y VOLVO, con la colaboración de URBAN desde 2010". Tal sería, en la denominación de la misma resolución impugnada, el "Foro de Postventa".

 - Y relativa a "... las condiciones de las políticas y estrategias comerciales actuales y futuras con respecto al marketing de posventa, campañas de marketing al cliente final, programas de fidelización de clientes, las políticas adoptadas en relación con el canal de Venta Externa y las Mejores Prácticas a adoptar por cada una de las citadas marcas, con ocasión de las denominadas "Jornadas de Constructores", en los que habrían participado 14 empresas distribuidoras de las marcas de automóviles que participaban en los anteriores intercambios de información, en concreto, AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, FORD, HYUNDAI, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SEAT, SKODA, TOYOTA, VW, LEXUS, RENAULT, SAAB y VOLVO, desde abril de 2010 a marzo de 2011" . Conocido como "Jornadas de Constructores"

 Considera la CNMC que tales intercambios de información comercial comprendían numerosos datos, y se refiere en concreto a la rentabilidad y facturación de sus correspondientes redes de concesionarios en total y desglosado por venta de automóviles y actividades de posventa; a los márgenes comerciales y la política de remuneración ofrecida por las marcas a sus redes de concesionarios; a las estructuras, características y organización de sus Redes de concesionarios y datos sobre políticas de gestión de dichas redes; a las condiciones de sus políticas y estrategias comerciales actuales y futuras de marketing de posventa; a las campañas de marketing al cliente final; y a los programas de fidelización de sus clientes.

 De este modo, aprecia la existencia de un acuerdo, que califica de complejo, y precisa la participación de las diferentes empresas incoadas al señalar que AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, FORD, HYUNDAI, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SEAT, SKODA, TOYOTA y VW habrían intervenido en los tres foros de intercambio; CHEVROLET, HONDA, KIA, LEXUS, RENAULT, SAAB y VOLVO en dos de ellos y MITSUBISHI, MERCEDES, CHRYSLER y PORSCHE, en uno, en la forma que refiere al pronunciarse luego sobre la conducta imputada a cada uno de los fabricantes.

 El origen de este acuerdo lo sitúa en el denominado "club de socios" o "club de marcas" cuya actividad comienza en el año 2004, dirigido a la fijación de criterios de gestión de las redes de concesionarios y al intercambio de información de gestión empresarial relativa a la venta y posventa de automóviles, poniendo de relieve la resolución el carácter secreto de tales acuerdos.

 Por otro lado, y en cuanto a los hechos relativos a los intercambios de información de postventa, habría surgido en el seno del anterior cuando algunas empresas del "club de marcas" decidieron ampliar y completar la información intercambiada de sus servicios y actividades de posventa. Nace entonces, según la resolución, como un instrumento intercambio específico en el contexto de la crisis económica la cual habría determinado que la actividad de posventa cobrara mayor importancia relativa en relación con el margen derivado de la venta de automóviles nuevos, al caer en el ámbito nacional más los ingresos por venta que los de posventa.

 Finalmente, y respecto a los hechos que la resolución recurrida relaciona con los intercambios de información de marketing, habrían sido acreditados a partir de la documentación recabada por el órgano instructor que evidenciaría que las marcas intercambiaron información confidencial con ocasión de las reuniones de los responsables de marketing de posventa, denominadas "Jornadas de Constructores", acaecidas desde abril de 2010 hasta marzo de 2011. Información que abarcaría aspectos futuros de su estrategia comercial como "... los programas para fomentar la venta de neumáticos, relativos al seguro y/o garantía de los neumáticos, para fidelizar o recuperar clientes, con contratos de mantenimiento o reparación, herramientas tecnológicas para la gestión online con las compañías de seguros, programas de carrocería y pintura y programas comerciales sobre la gestión de los coches de sustitución".

 Todas estas consideraciones, sustentadas en las pruebas que refleja la misma resolución impugnada, llevan a la CNMC a considerar que las empresas incoadas habrían cometido una infracción única y continuada prevista en el artículo 1 de la LDC y el artículo 101 TFUE y constituida por el intercambio de información confidencial comercialmente sensible, actual y futura, altamente desagregada, como parte de un acuerdo complejo, que subsume múltiples acuerdos, en ejecución de un plan preconcebido, aprovechando idéntica ocasión generada por foros específicos de comercialización y posventa, todo ello desde febrero de 2006 hasta agosto de 2013.

 Entiende que la información intercambiada entre las empresas incoadas cubría la práctica totalidad de las actividades realizadas por dichas empresas mediante su red de concesionarios, y así la venta de vehículos nuevos, usados, prestación de servicios de taller, reparación, mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales.

 Y advierte de la existencia de un cártel al concurrir los presupuestos necesarios contenidos en la Disposición Adicional Cuarta de la LDC .

 TERCERO.- Expuestos, de modo resumido, los hechos que la resolución impugnada considera probados y que reflejan la supuesta operativa de funcionamiento de las entidades sancionadas, en su fundamentación jurídica califica tales hechos como constitutivos de una infracción única y continuada prohibida en el artículo 1 de la LDC y 101 del TFUE constituida por el intercambio de información confidencial comercialmente sensible, actual y futura, altamente desagregada. Los intercambios de información eran parte de un acuerdo complejo, que subsume múltiples acuerdos de intercambio de información, en ejecución de un plan preconcebido, aprovechando idéntica ocasión generada por foros específicos de comercialización y posventa, utilizando métodos y sistemas de seguimiento con la misma finalidad, desde febrero de 2006 hasta agosto de 2013.

 La información intercambiada entre las empresas incoadas cubría la práctica totalidad de las actividades realizadas por dichas empresas mediante su Red de concesionarios: venta de vehículos nuevos, usados, prestación de servicios de taller, reparación, mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales.

 En el caso de CHEVROLET ESPAÑA S.A.U como empresa distribuidora de los automóviles de la marca CHEVROLET en España, la imputación obedece a su participación en el cártel de intercambio de información confidencial, futura y estratégica en las áreas de gestión empresarial y postventa desde febrero de 2006 hasta agosto de 2013.

 CUARTO.- En su demanda, la parte recurrente, tras hacer una referencia al funcionamiento del sector de la fabricación, comercialización y servicio de posventa de automóviles en España así como sobre el mercado de producto afectado por las conductas sancionadas plantea una serie de motivos impugnatorios, unos de carácter formal como la caducidad del expediente sancionador y otros como la inexistencia de infracción única y continuada porque Chevrolet solo participó en dos Foros, el de Marcas y Posventa, no se ha acreditado la existencia de un plan preconcebido común que vertebre la pluralidad de acciones y no existe conexión temporal entre ellas.

 Denuncia la inexistencia de infracción por objeto en las conductas individuales que realizó Chevrolet. Tales intercambios de información no pueden considerarse infracción por objeto ni cartel y tampoco han generado efectos anticompetitivos en los mercados de distribución y posventa.

 Finalmente, considera que la sanción impuesta es desproporcionada por vulneración de las reglas establecidas en los artículos 63 y 64 de la LDC .

 Critica que en lugar de tener en cuenta la información aportada en respuesta al requerimiento de información enviado por la DC el 6 de marzo de 2015, la resolución recurrida toma en consideración los datos sobre matriculación de los vehículos publicados por la DGT.

 Esta equiparación entre ventas en los mercados afectados y vehículos matriculados (i) no solo obvia la existencia del mercado de posventa que no es tenida en absoluto en cuenta a estos efectos; sino que además, tal equiparación incorrecta puesto que hay vehículos que las Marcas venden y no son matriculados en el mismo año o simplemente no son matriculados nunca.

 Además la CNMC impuso a Chevrolet una multa en el arco sancionador del 0 al 10% sin justificar en qué medida se tuvieron en cuenta cada uno de los elementos mencionados ni las razones que justificaban la imposición de la sanción en ese importe y no en otro.

 QUINTO.- Entrando a examinar los motivos del recurso, debemos rechazar el relativo a la caducidad del procedimiento. Explica la actora que se dictó acuerdo de incoación por la CNMC el 30 de agosto de 2013 de manera que el plazo de los 18 meses vencía el 28 de febrero de 2015.

 Se produjeron tres suspensiones de 19 de noviembre a 3 de diciembre, de 13 de diciembre a 24 de febrero y de 3 de julio a 15 de septiembre de 2014.

 Rechaza sin embargo que pueda tener efectos suspensivos la cuarta que se produjo el 3 de junio levantada el 3 de julio de 2015, según criterio de esta Sala.

 Efectivamente, en las sentencias que cita la recurrente decíamos que " el acuerdo de suspensión solo se puede producir dentro del plazo legal de resolución, dieciocho meses desde su incoación porque no se puede suspender lo que, por imperativo legal, debería haber concluido mediante la resolución que finaliza el procedimiento y el propio art. 37.4 de la Ley, consciente de las dificultades que puede suponer la tramitación en plazo de un procedimiento de esta naturaleza prevé que "excepci onalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes. En el caso de acordarse la ampliación del plazo máximo, ésta no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento."

 Como vemos, el legislador concilia la necesidad de facilitar las facultades investigadoras de la Comisión que pueden justificar, siempre que se motive adecuadamente y antes de que concluya, la ampliación del plazo de resolución del procedimiento, con la garantía que supone establecer un límite máximo al plazo de resolución que la tesis de la Abogada del Estado, de permitir sumar las sucesivas suspensiones que se produjeran después del plazo final haría desaparecer.

 Por esa razón, el hecho de que concurran causas legales que amparen la suspensión o que se dificulte la obligación de cumplir el requerimiento para el cálculo de la sanción a imponer no excluye la obligación de someterse al plazo final de los 18 meses que establece la ley como dies ad quem para dictar y notificar la resolución sancionadora. Nada impide a la Administración acogerse a las causas legales que permiten la suspensión del procedimiento pero sabiendo que la fecha límite al efecto es aquella en que se cumplen 18 meses desde la incoación, a partir de esa fecha, las que se acuerden no podrán tomarse en consideración a efectos del cómputo del plazo de caducidad, única forma de conciliar la necesidad de suspender el procedimiento cuando ello proceda con el respeto a la finalidad que persigue la caducidad del procedimiento, garantía de que éste no se mantiene indefinidamente abierto en detrimento de la seguridad jurídica."

 Seguimos pensando que esa interpretación es la que mejor concilia la dificultad, de la que es consciente la Sala, de la CNMC para instruir y resolver el expediente en plazo y las garantías de los inspeccionados pero esa interpretación fue desautorizada expresamente por el Tribunal Supremo en la sentencia de 26 de julio de 2016, rec.3811/2015 y otras posteriores y a ella nos sujetamos.

 SEXTO.- Antes de abordar los restantes motivos del recurso, debemos precisar que la actora no cuestiona la existencia de los intercambios de información en los que intervino, tal y como los describe la resolución sancionadora, en el Foro de Marcas y en el de Posventa sino que tales intercambios de información fueran aptos para restringir la competencia.

 La resolución recurrida define el mercado del producto afectado como el de la distribución de vehículos a motor de las diversas marcas distribuidos en España a través de las redes oficiales de concesionarios, incluyendo la distribución y comercialización de los vehículos automóviles en España, tanto nuevos como usado, así como la prestación de los servicios y actividades de posventa de tales vehículos en España. Por tanto, según la CNMC se está ante un mercado en el que se ha incluido la venta de vehículos automóviles, los recambios y accesorios, así como la prestación de servicios y actividades de postventa de dichos vehículos realizadas por las marcas fabricantes de los vehículos automóviles a través de sus redes oficiales de concesionarios.

 La delimitación es importante porque la actora sostiene que tanto el mercado de venta como de posventa son dos mercados separados complejos, altamente fragmentados, en los que las empresas muestran acusadas asimetrías en cuanto a la gama de productos ofrecidos y los sistemas de distribución utilizados, que en el mercado de posventa no existe la competencia intramarca y que, en definitiva, el contexto jurídico y económico en el que se produjo el intercambio no era propicio para que dicho intercambio fuera susceptible de restringir la competencia

 No aceptamos ese planteamiento porque, a juicio de la Sala, existe una integración estratégica entre las actividades comerciales de venta y las de posventa que justifica su inclusión en un mismo mercado de producto relevante. La distribución de los automóviles por sus fabricantes incluyendo la mayorista al concesionario y la minorista al cliente final a través de las redes oficiales de concesionarios se planifica de un modo único incluyendo tanto la venta del vehículo como la prestación de un servicio de posventa toda vez que las marcas a través de sus redes oficiales de concesionarios venden a sus clientes una solución integral de movilidad duradera en el tiempo integrada por la venta de un producto (el vehículo) y la prestación de los servicios necesarios para su buen funcionamiento (servicio de posventa). No cabe duda de que un buen servicio de posventa contribuye decisivamente al índice de compra y de recompra de vehículos de una marca por parte de los clientes.

 En consecuencia, el mercado de venta y el de posventa tienen un carácter interdependiente y complementario que ha justificado su consideración como un único mercado de producto dada la presencia simultánea de los fabricantes de automóviles como proveedores en ambos mercados de tal manera que las dinámicas competitivas de uno y otro influyen entre sí.

 Por otra parte, han sido las propias empresas sancionadas las que con sus conductas han determinado el carácter complementario de ambos mercados - el de venta y el de posventa- pues intercambiaron información relativa a ambos siendo plenamente conocedoras del impacto que en un contexto de crisis económica tiene en los precios de venta de automóviles los precios ofrecidos en los servicios de posventa.

 Entendemos, por tanto, correcta la determinación por parte de la CNMC del mercado del producto afectado por las actuaciones de los fabricantes de automóviles que, en una época de crisis económica afectó gravemente al sector automovilístico; pretendían obtener una mayor rentabilidad en sus redes de concesionarios y para ello debían proteger tanto la venta de automóviles como el servicio de postventa que prestan dichas redes. De ahí que entendamos que existe una integración estratégica total entre actividades comerciales de venta y de postventa que justifica su consideración como un único mercado de producto relevante.

 SÉPTIMO.- A partir de ahí, para determinar la naturaleza y alcance de la información intercambiada entre los distintos fabricantes de automóviles es necesario explicar previamente el funcionamiento y estructura de este mercado.

 Las marcas de automóviles en España aplican la modalidad de la distribución selectiva a través de una Red oficial de concesionarios, que permite limitar el número de los distribuidores y establecer unos criterios de selección cualitativos, para garantizar una calidad y solvencia de las empresas integradas en la red. En ese sistema de distribución selectiva la organización de la actividad comercial de la venta, de servicio posventa, marketing y el modelo de negocio del distribuidor en su conjunto se configura por la marca de tal modo que son las empresas distribuidoras de los vehículos a través de sus redes oficiales de concesionarios quienes comunican un precio de venta recomendado para que sea el concesionario quien finalmente establezca libremente el precio final de venta aunque se encuentre relacionado con la política de remuneración establecida por la marca a su red de concesionarios.

 Dicha remuneración se compone de una retribución fija o margen básico, no dependiente de la cantidad de vehículos vendidos por el concesionario y percibido como un menor precio (descuento) del precio pagado por el concesionario a la marca, y una retribución variable dependiente de la consecución de los objetivos de volumen de ventas y de satisfacción y lealtad de los clientes y que es percibida por el concesionario de modo diferido en el tiempo y de manera periódica.

 Si bien las redes de concesionarios actúan en su nombre y por cuenta propia, el proveedor de las marcas les impone una serie de obligaciones relacionadas con la previsión de venta y entrega, vehículos en stock, de exposición y demostración, garantía por defectos, gestión de relaciones con los clientes o promoción comercial, así como la obligación de entregar toda la documentación relativa a la actividad comercializadora del concesionario, como resultados de ventas, prestación de servicios posventa o previsiones de demanda con objeto de facilitar al proveedor la realización de las actividades de estrategia y promoción comercial, la realización de estudios de mercado, campañas de rellamada y taller, entre otras.

 OCTAVO.- Hecha esta precisión sobre la determinación del mercado relevante y su funcionamiento, para poder determinar si un intercambio de información entre competidores es susceptible de "tener por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia" es necesario analizar las características de la información que se intercambia. Y para ello acudiremos a la regulación recogida en las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal aprobadas por la Comisión Europea (Comunicación 2011/ C 11/01 de 14 de enero 2011).

 La idea que preside esa regulación es que cada empresa debe determinar de forma independiente la política que se propone adoptar en el mercado así como las condiciones que va a ofrecer a sus clientes de modo que cuando las empresas competidoras entre si sustituyan el riesgo de la competencia por una cooperación práctica entre ellas debe entenderse que esa conducta integra una cooperación colusoria. Y en el epígrafe (75) se dice expresamente que:

 "La evaluación de los efectos restrictivos de la competencia debe comparar los efectos probables del intercambio de información con la situación competitiva que existiría sin ese intercambio concreto de información. Para que un intercambio de información tenga efectos restrictivos de la competencia a tenor del artículo 101, apartado 1, debe ser probable que produzca efectos negativos apreciables en uno (o varios) de los parámetros de la competencia tales como el precio, la producción, la calidad del producto, la variedad de productos o la innovación. Los efectos restrictivos sobre la competencia de un intercambio de información dependerán tanto de las condiciones económicas imperantes en los mercados de referencia como de las características de la información intercambiada".

 A partir de ahí, destacamos los siguientes epígrafes de las Directrices que identifican las características que debe reunir un intercambio de información entre empresas competidoras para que pueda calificarse como conducta colusoria. Las características que deberá reunir la citada información son:

 1. Informacion estratégica:

 (61):" El intercambio de información puede constituir una práctica concertada si reduce la incertidumbre estratégica en el mercado facilitando con ello la colusión, es decir, si los datos intercambiados son estratégicos. Así pues, el intercambio de datos estratégicos entre los competidores equivale a una concertación porque reduce la independencia de la conducta de los competidores en el mercado y disminuye sus incentivos para competir".

 (58):" El intercambio de información también puede dar lugar a efectos restrictivos de la competencia, especialmente cuando puede hacer posible que las empresas tengan conocimiento de las estrategias de mercado de sus competidores".

 (86): " El intercambio entre competidores de datos estratégicos, es decir, datos que reducen la incertidumbre estratégica del mercado tiene más probabilidades de entrar en el ámbito de aplicación del artículo 101 que los intercambios de otro tipo de información. El intercambio de datos estratégicos puede dar lugar a efectos restrictivos de la competencia ya que reduce la independencia de las partes para tomar decisiones disminuyendo sus incentivos para competir. La información estratégica puede referirse a precios (es decir, precios reales, descuentos, aumentos, reducciones, o rebajas), lista de clientes, costes de producción, cantidades, volúmenes de negocio, ventas, capacidades, calidades, planes de comercialización, riesgos, inversiones, tecnologías y programas I+D y los resultados de estos. Generalmente, la información relativa a precios y cantidades es la más estratégica, seguida por la información sobre los costes y la demanda. (...) La utilidad estratégica de los datos depende también de su agregación, su antigüedad, el contexto del mercado y la frecuencia del intercambio".

 2. Información actual con consecuencias para una política comercial futura

 (73): " Es particularmente probable que el intercambio de información sobre las intenciones individuales de las empresas en cuanto a su conducta futura relativa a precios o cantidades desemboque en un resultado colusorio".

 (90): "No es probable que el intercambio de datos históricos de lugar a un resultado colusorio pues no es probable que estos datos sean indicativos de la conducta futura de los competidores o faciliten un entendimiento común en el mercado".

 3. Información desagregada

 (74): " Así pues, los intercambios entre competidores sobre datos individualizados sobre los precios o cantidades previstas en el futuro deberán considerarse una restricción de la competencia por el objeto a tenor del artículo 101, apartado 1. Además, los intercambios privados entre competidores relativos a sus intenciones en materia de futuros precios o cantidades se considerarán normalmente cárteles y serán multados como tales puesto que, por lo general, tienen por objeto fijar precios o cantidades".

 (89): " Los intercambios de datos verdaderamente agregados, es decir, aquellos que dificultan suficientemente el reconocimiento de la información individualizada de cada empresa, tiene muchas menos probabilidades de producir efectos restrictivos de la competencia que los intercambios de datos individuales de cada empresa".

 4. Frecuencia del intercambio de información

 (91): "Los intercambios frecuentes de información que facilitan tanto un mejor entendimiento común en el mercado como el control de las desviaciones aumentan los riesgos de resultado colusorio. En mercados más inestables pueden ser necesarios unos intercambios de información más frecuentes con objeto de facilitar un resultado colusorio que en mercados estables. (...) No obstante, la frecuencia con que resulta necesario el intercambio de datos para obtener un resultado colusorio, también depende de la naturaleza, la antigüedad y la agregación de los datos".

 5. Información de datos públicos o privados

 (92): "Por lo general, no es probable que los intercambios de información verdaderamente publica constituya una infracción del artículo 101. La información verdaderamente publica es aquella a la que por lo general todos los competidores y clientes tienen acceso fácilmente".

 NOVENO. - Corresponde ahora analizar si la información intercambiada entre las empresas fabricantes de automóviles reúne esas características.

 La mercantil recurrente no niega su participación en el intercambio de información pero refiere que, en ningún caso, ese intercambio podía ser constitutivo de un acuerdo colusorio por dos razones básicamente: primera, la información intercambiada no permitía conocer ni la política ni la estrategia comercial de cada competidor ni tampoco las políticas de precios de las demás ni las estructuras de remuneración y márgenes de los concesionarios porque los datos que se intercambiaban eran antiguos, agregados y públicos; segunda, porque la única pretensión de dicho intercambio era mejorar la viabilidad de las actividades de venta y de posventa de las redes oficiales de los concesionarios y para ello se entendía oportuno conocer las practicas que habían dado buenos resultados en la gestión empresarial de las distintas redes de concesionarios.

 En el expediente administrativo existe numerosa prueba documental relativa a los datos, documentos e información que se intercambiaron los fabricantes de vehículos de motor de las distintas marcas. Sin embargo, ante esa variedad y diversidad, vamos a destacar aquellos documentos que evidencian que la información intercambiada reunía las características antes referidas por cuanto afectaban a datos y a información estratégica, desagregada y actual reveladores de una práctica concertada colusoria porque permitía conocer las estrategias comerciales presentes y futuras de las empresas competidoras en sus relaciones con las redes oficiales de concesionarios eliminando la incertidumbre entre los competidores al conocer datos de la política comercial propia de cada empresa como era el número de ventas, rentabilidad, servicios de financiación, precios de las piezas recambios.... Y, además, ese intercambio permitió acomodar la política comercial de cada fabricante atendiendo a las estrategias de sus competidores en lugar de actuar asumiendo sus propios riesgos en el mercado.

 En este sentido, destacamos la siguiente información que se intercambiaban los fabricantes de automóviles y que reúne las características antes aludidas para poder hablar de practica concertada colusoria. Y son:

 1 .Informacion codificada sobre el número y unidades de vehículos vendidos (nuevos y usados), sus ingresos y el beneficio obtenido tanto en ventas como en recambios y en servicios postventa que remitían de forma trimestral mediante un fichero Excel (folio 12864 del expediente administrativo).

 2. Información sobre la reestructuración de sus redes de concesionarios, planes comerciales futuros a adoptar y las remuneraciones presentes y futuras a las redes de concesionarios como rápeles cualitativos (folios 47 a 52, 57 a 73 del expediente); gastos financieros de vehículos nuevos y vehículos de ocasión incluyendo el stock medio de vehículos nuevos, de ocasión y recambios (folios 76 a 78 y 82 a 104 del expediente). Especialmente significativos son los datos reflejados por los fabricantes de automóviles participantes en la reunión del mes de noviembre de 2009 en la que se indica expresamente en relación con la elaboración del informe de marcas que se incluya como información "gastos financieros de la póliza de stock VN" (folio 96).

 3. Información sobre las medidas financieras adoptadas con la finalidad de incrementar la liquidez de la red de concesionarios como se aprecia en el folio 98 del expediente en el que consta: "CITROEN, PEUGEOT y FIAT han realizado el esfuerzo financiero de adelantar el pago del Plan 2000 E; HONDA ha disminuido la presión del stock de demos y cortesía; FIAT ha abierto una línea de Póliza de Tesorería (Max. 150.000 euros) y TOYOTA para la financiación de VO; CHEVROLET ha desarrollado un plan de incentivos de campaña; KIA paga las campañas con una periodicidad de 4 veces al mes".

 4.Información relativa a los planes adoptados en la organización interna de la red de distribución (restructuración de la Red, eliminación de concesionarios), sobre los planes para la gestión de stocks de automóviles de la redes de concesionarios de cada uno de ellos y las acciones comerciales para la mejora de la rentabilidad y la tesorería a adoptar en el corto plazo (entre otras aumento de rapeles, buyback, reducción de costes fijos, campañas de reducción de stock, aumento de incentivos y mejoras en financiación de la red (folios 76 a 78 y 82 a 104 del expediente). Especialmente relevante es la información intercambiada en la reunión de 16 de abril de 2009 en la que se describen las medidas que querían adoptar cada uno de los fabricantes participantes en relación con el beneficio en la venta de sus vehículos y así se indica cual es el sistema de financiación previsto por cada uno de los fabricantes intervinientes; además, se comunican el rápel cualitativo y su porcentaje.

 5. Información sobre el periodo de pago de los recambios en número de días post factura (folios 8160 y 8161 del expediente).

 6. Información sobre el peso otorgado en términos porcentuales asignado a la retribución fija y a la retribución variable a los concesionarios, así como los conceptos incluidos en cada una de las tipologías de retribución, el sistema de bonus, la financiación de las campañas y la financiación de los vehículos adquiridos por los concesionarios (folios 12272 y folios 2317 a 2319 del expediente).

 7 Información sobre las condiciones de financiación de los vehículos nuevos, así como de los recambios indicando el periodo libre de intereses, tipo de interés, tipo de interés por tramo de días, penalización tras límite de días, garantías (folios 1301 a 1307 del expediente).

 8 Información sobre las exigencias de capital social y circulante mínimos exigidos para los nuevos contratos firmados por las marcas y sus concesionarios (folios 8742 a 8744 del expediente).

 9. Información relativa a sus estructuras organizativas del departamento de postventa (folio 1120 del expediente).

 10. Información sobre los descuentos que cada marca aplicaba en factura a sus concesionarios, además de los rapeles que pagan cada uno de ellos (folios 1104 y 1105 del expediente). Concretamente en el folio 1104 se indica: "... nosotros en Honda hacemos un descuento en factura del 11% y luego el dealer puede conseguir 2,5% en rápeles al trimestre".

 11. Información sobre los sistemas de remuneración y márgenes comerciales (fijos y variables) de las distintas marcas (folio 10892 del expediente).

 12. Información sobre la remuneración de dichas marcas a sus concesionarios por bono calidad y bono volumen (folios 1459 a 1463 del expediente). Asimismo, se comunican en algunos casos los descuentos ofrecidos a sus concesionarios para la venta de sus modelos más representativos (folio 13052 del expediente).

 13.Información sobre datos relativos a los gastos de personal de la red de distribución desglosados en gastos de personal de los recambios, del taller mecánico y chapa y pintura (folios 210 a 238, 363 y 364 del expediente).

 DÉCIMO.- La información intercambiada antes expuesta, afectaba a los aspectos propios de la estrategia comercial de cada empresa fabricante de automóviles, especialmente en lo que se refiere a sus relaciones con sus respectivas redes oficiales de concesionarios. Y ese intercambio les permitió un comportamiento concertado entre competidores para la fijación de variables que no solo eran determinantes de su actuación en el mercado sino que, además, debían ser adoptadas de forma individualizada lo cual eliminaba la incertidumbre existente especialmente en relación con la gestión de las redes oficiales de concesionarios de cada una de las marcas implicadas.

 Resulta poco creíble que el intercambio de información entre los fabricantes de automóviles persiga un propósito distinto del que implica un alineamiento de todas las empresas competidoras. No encontramos una explicación alternativa a esa finalidad que explique el intercambio de los datos estratégicos relativos a la remuneración y márgenes comerciales a las redes oficiales de concesionarios o datos desagregados que recogían las principales cifras y resultados económicos en aspectos tales como los mercados de venta (nuevos y usados) y postventa (taller y venta de recambios), los beneficios por departamentos en importes totales y en porcentaje, las cifras de gastos (en porcentaje y en total), el BAI (en porcentaje y en total). Además, era una información actualizada ya que se remitía con bastante periodicidad (en algunos casos era mensual) lo que favorecía su utilidad para diseñar estrategias o para condicionar comportamientos futuros. Y finalmente no es cierto que los datos compartidos fueran públicos porque, a diferencia de lo que entiende la recurrente, no podían obtenerse de la Dirección General de Tráfico o de FACONAUTO.

 Por otra parte, atendiendo al peculiar funcionamiento del mercado del producto afectado, los diversos datos intercambiados, analizados de forma global y conjunta adquieren el valor de información estratégica, desagregada, suficientemente representativa y relevante y, por tanto, apta para eliminar la incertidumbre en el mercado de venta y de posventa de los vehículos de motor distribuidos por los fabricantes de las distintas marcas a través de sus redes oficiales de concesionarios que se encargaban de su comercialización al consumidor final. Especialmente, porque los fabricantes de vehículos de motor con la información intercambiada podían conocer las estrategias comerciales de sus competidores con influencia, al menos, de forma indirecta en el precio y en el proceso de determinación de otras condiciones comerciales relevantes y, con ese conocimiento podían, además, ajustar su comportamiento al de sus competidores eliminado incertidumbre y riesgos.

 Las características atribuidas a la información intercambiada permite a esta Sala concluir que son conductas que restringen la competencia cuyo objetivo era la coordinación entre competidores para reducir los riesgos competitivos y aumentar artificialmente la transparencia en el mercado.

 La mercantil recurrente, sin embargo, niega que la finalidad perseguida con el intercambio de información fuera un alineamiento en el comportamiento de los distintos competidores eliminando con ello la competencia entre ellos. Para ello se apoya en el informe emitido por COMPASS LEXECON, en el que tras explicar la caída de la demanda de automóviles en 2008 rechaza que el intercambio de información tuviese una finalidad colusoria porque:

 "el intercambio de información permitía que cada marca comparase el comportamiento de sus concesionarios con respecto al mercado, con respecto a todo el mercado, a todas las marcas, y esto permitía identificar si estos concesionarios estaban teniendo perdidas iguales que el resto, peores, o incluso si les estaba yendo mejor, de esta forma podían intentar diseñar estrategias para minimizar estas pérdidas, y son cosas que nunca se habían considerado anteriormente ya que el mercado había estado creciendo continuadamente."

 No compartimos estas conclusiones porque si bien las marcas no compiten entre sí directamente en el mercado de posventa, existe competencia entre los servicios oficiales de cada marca (competencia intramarca) y entre estos y los servicios posventa prestados por operadores independientes. Además existe vinculación entre las decisiones de compra de un vehículo y las condiciones de los servicios de posventa. Por lo tanto y conforme a lo antes razonado lo acordado en el mercado de posventa tiene un efecto directo sobre el nivel de competencia de las marcas en el mercado de distribución mayorista de vehículos.

 Precisamente, fue la importante caída en las ventas de vehículos la que dio lugar a que los fabricantes entendieran que debían adoptarse medidas para proteger especialmente a las redes oficiales de concesionarios (encargados de la comercialización de los vehículos y del servicio de posventa) y evitar graves pérdidas económicas e, incluso, su cierre. El intercambio de información permitía a las marcas mejorar su conocimiento respecto de lo que estaba haciendo el competidor para mejorar la rentabilidad de sus redes de concesionarios que efectivamente se consiguió.

 UNDÉCIMO. La CNMC ha calificado esa práctica concertada entre los fabricantes de automóviles como un cártel constitutivo de una infracción única y continuada por el objeto.

 La recurrente niega la existencia del cártel y de una práctica concertada entre los fabricantes de automóviles que pueda calificarse como conducta anticompetitiva por el objeto.

 La Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de junio de 2009 Asunto C-8/08 T-Mobile en su párrafo 26 refiere que:

 " Por lo que respecta a la definición de práctica concertada, el Tribunal de Justicia declaró que tal práctica concertada es una forma de coordinación entre empresas que, sin haber desembocado en la celebración de un convenio propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas (véanse las sentencias de 16 de diciembre de 1975, SuikerUnie y otros/Comisión, 40/73 a 48/73 , 50/73 , 54/73 a 56/73 , 111/73 , 113/73 y 114/73 , Rec. p. 1663, apartado 26, y de 31 de marzo de 1993, AhlströmOsakeyhtiö y otros/Comisión, C89/85, C104/85, C114/85, C116/85, C117/85 y C125/85 a C129/85 , Rec. p. I1307, apartado 63)".

 Esa misma sentencia del Tribunal de Justicia en sus párrafos 30 y 31 refiere que:

 "(30) Y en el caso analizado se ha constatado la existencia de contactos directos entre competidores con el fin de coordinar su comportamiento competitivo en materia comercial de fijación de precios mínimos lo cual es contrario a la competencia. En tales circunstancias, contrariamente a lo que defiende el órgano jurisdiccional remitente, no es necesario examinar los efectos de una práctica concertada cuando quede acreditado su objeto contrario a la competencia.

 (31) Por lo que respecta al análisis del objeto contrario a la competencia de una práctica concertada como la controvertida en el litigio principal, ha de recordarse, en primer lugar, que, como señaló la Abogado General en el punto 46 de sus conclusiones, para tener un objeto contrario a la competencia, basta con que la práctica concertada pueda producir efectos negativos en la competencia. Dicho de otro modo, sólo tiene que ser concretamente apta, teniendo en cuenta el contexto jurídico y económico en el que se inscribe, para impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el mercado común. La cuestión de si tal efecto se produce realmente y, en su caso, en qué medida, únicamente puede ser relevante para calcular el importe de las multas y los derechos de indemnización por daños y perjuicios".

 La recurrente sostiene que la practica concertada que la CNMC ha calificado como de colusoria no puede tener la naturaleza de cártel porque la conducta imputada - intercambio de información- no encaja en la definición de cártel recogida en la Ley de Defensa de la Competencia.

 Es cierto que la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia en su Disposición Adicional Cuarta define cártel como: "A efectos de lo dispuesto en esta Ley se entiende por cártel todo acuerdo o practica concertada entre dos o más competidores cuyo objetivo consista en coordinar su comportamiento competitivo en el mercado o influir en los parámetros de la competencia mediante prácticas tales como, entre otras, la fijación o la coordinación de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales, incluso en relación con los derechos de la propiedad intelectual e industrial; la asignación de cuotas de producción o de venta; el reparto de mercados y clientes, incluidas las colusorias en licitaciones, las restricciones de las importaciones o exportaciones o las medidas contra otros competidores contrarias a la competencia".

 Sin embargo, no podemos compartir la tesis de la recurrente porque cuando en la definición de cártel antes referida se especifican las practicas que pueden integrar un cártel utiliza la expresión "entre otras" lo que permite entender que se está ante una lista abierta de prácticas integrantes de un cártel y no ante una lista cerrada que excluye los intercambios de información.

 Además, la "Comunicación sobre el programa de clemencia" emitida por la CNC en junio de 2013 indica, siguiendo los criterios de la Comunicación de la Comisión Europea sobre Clemencia que: "Los cárteles consisten en conductas colusorias entre competidores, reales o potenciales, prohibidas por el artículo 1 de la LDC y tipificadas como infracciones muy graves, de acuerdo con el artículo 62.4 de la LDC . El apartado 2 de la Disposición Adicional Cuarta de la LDC incide además en su carácter secreto y en que se trata de conductas con un objeto anticompetitivo".

 Asimismo, la Comunicación de la Comisión sobre Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/ C 11/01 ) en su epígrafe 59 reconoce que la comunicación de información entre competidores se considerará, por lo general, cárteles. Y la consideración de que el intercambio de información constituye, en este caso, un cártel implica que se está, además, ante una restricción de la competencia por el objeto. Así se indica específicamente en los epígrafes 72 y 74 de la Comunicación de la Comisión sobre Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal donde se recoge que cualquier intercambio de información cuyo objetivo sea la restricción de la competencia se considerará restricción de la competencia por el objeto especialmente cuando la naturaleza del intercambio de documentación suponga por si misma esa restricción. En el epígrafe 74 se dice: " Así pues, los intercambios entre competidores de datos individualizados sobre los precios o cantidades previstos en el futuro deberán considerarse una restricción de la competencia por el objeto a tenor del artículo 101, apartado 1. Además, los intercambios privados entre competidores relativos a sus intenciones en materia de futuros precios o cantidades se considerarán normalmente cárteles y serán multados como tales puesto que, por lo general, tienen por objeto fijar precios o cantidades".

 Además, la conducta se ha desplegado con arreglo a un comportamiento propio de un cártel. En este sentido podemos destacar los siguientes elementos que así lo acreditan:

 1.La práctica concertada entre los fabricantes de automóviles se ha desarrollado de forma institucionalizada, a través de la colaboración de empresas consultoras - URBAN y SNAP-ON- lo que ha facilitado el desarrollo de los acuerdos de intercambios de información. La institucionalización del cártel le dota, además, de caracteres de estabilidad y homogeneidad

 2. La práctica concertada se ha desarrollado de forma secreta y confidencial. Incluso los propios fabricantes de automóviles participantes en ese intercambio de información manifiestan su inquietud por el carácter de la información intercambiada poniendo en duda su legalidad en relación con la competencia y por ello insisten en numerosas ocasiones en el carácter confidencial de los datos aportados y que deberían ser secretos para terceros. Por ello se opta por identificar a las marcas con un número o letras. En el caso del Foro de Posventa a partir de mayo de 2012 el informe mensual se remitió ocultando la identidad de los participantes con un código numérico identificativo de cada una de las marcas: "Este es el primer informe en el que como veréis no mencionamos expresamente el nombre de las marcas. Si tenéis cualquier duda estamos a vuestra disposición" .

 3. Era un intercambio de información basado en el carácter de reciprocidad hasta el punto de que, en algunas ocasiones, se generó inquietud entre las empresas participantes ante el retraso en proporcionar la información, o por la mala calidad o inconsistencia de la información compartida (folios 6864 y 11126 del expediente). Además, las empresas competidoras se reunían con bastante regularidad - las reuniones se convocaban, según el ámbito de información remitida, por las empresas SNAP-ON Y URBAN- para garantizar que la información no pudiese ser utilizada por un tercero y adoptaron protocolos de actuación en los que se destacaba la naturaleza confidencial de la información intercambiada (folios 12853 a 12857, 19486 a 19488 del expediente).

 Concluimos que concurren en la conducta colusoria analizada las características de un cártel ya que responde a una práctica concertada entre competidores de carácter secreto dirigida a obtener una alineación en el comportamiento competitivo de las empresas ocasionando efectos restrictivos de la competencia a través, en este caso, de intercambios de información de datos estratégicos y actuales de la política comercial de cada empresa.

 Y es precisamente la naturaleza de la practica colusoria sancionada lo que permite considerar que estamos ante una infracción por el objeto lo que excluye la necesidad de analizar la incidencia que dicha conducta tuvo en el mercado. La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2019 dictada en el recurso de casación 4323/2017 refiere que únicamente cuando no existen indicios suficientes para apreciar la existencia de una infracción por el objeto entonces se puede exigir que se acrediten los efectos concretos de un acuerdo contrario a la competencia. Y en dicha sentencia, el Tribunal Supremo, referida también a un intercambio de información entre competidores, fija doctrina jurisprudencial en materia de defensa de la competencia y concluye que " cuando nos encontramos ante infracciones por objeto, no es necesario analizar la incidencia que dicha conducta infractora tiene sobre el mercado, ya que por su propia naturaleza son aptas para incidir en el comportamiento de las empresas en el mercado, ni es posible rebatir esta afirmación mediante observaciones basadas en que los acuerdos colusorios no tuvieron efectos relevantes en el mercado . "

 En el mismo sentido se había pronunciado el TJUE en la sentencia de 4 de julio de 2009 (asunto C.8/08 T-Mobile) cuando afirma:

 " (36): ...el tenor literal del articulo 101 TFUE no permite considerar que únicamente se prohíban las practicas concertadas que tengan un efecto directo sobre el precio que han de pagar los consumidores.

 (41): "...ha de considerarse que tiene un objetivo contrario a la competencia un intercambio de información que pude eliminar la incertidumbre que sigue existiendo entre las partes en lo relativo a la fecha, el alcance y las modalidades de la adaptación que la empresa interesada pone en práctica, incluido, como en el litigio principal, cuando la adaptación se refiere a la reducción de la retribución estándar de los distribuidores".

 Por tanto, la infracción imputada es por el objeto y no por sus efectos de tal manera que, se entiende cometida la infracción cuando empresas que son competidoras entre sí adoptan una práctica concertada que impide, restringe o falsea por si sola la competencia. Y en el caso analizado el intercambio de información, dada la naturaleza de los datos intercambiados, tenía por objeto o finalidad restringir deliberadamente la incertidumbre que preside la toma de decisiones de las empresas competidoras obteniendo así un poder sobre el mercado dirigido a alcanzar los mayores beneficios posibles en perjuicio de los consumidores.

 A juicio de la Sala, los intercambios de información realizados de forma periódica sobre, entre otros, márgenes comerciales y políticas de retribución de las redes de concesionarios eliminaron la incertidumbre de la evolución del mercado y permitió así su estabilidad, lo que supuso una significativa restricción de la competencia en la fijación de los precios finales y en la determinación de las condiciones comerciales de los automóviles distribuidos por las respectivas redes de concesionarios, así como de los servicios de posventa prestados por ellos.

 DÉCIMOSEGUNDO.- Rechaza la recurrente que se la pueda considerar responsable de una infracción única y continuada por cuanto su participación, que admite, se produjo en dos de los tres ámbitos tenidos en cuenta por la CNMC para alcanzar esa calificación, el Foro de Marcas y el de Postventa.

 Considera que no concurre el requisito de unidad de sujeto activo pues CHEVROLET solo intervino en esos dos Foros de intercambio de información, no existe conexión espacio-temporal entre las conductas, no ha existido un plan preconcebido común que vertebre todas las conductas y las propias características de los dos mercados afectados excluye la existencia de una infracción única y continuada.

 La tesis de la recurrente en éste punto no puede prosperar.

 Como recuerda la sentencia de 16 de junio de 2011, Asunto T-211/08 , Putters International NV, a propósito del Mercado de los servicios de mudanzas internacionales en Bélgica:

 "las prácticas colusorias sólo pueden ser consideradas elementos constitutivos de un acuerdo único restrictivo de la competencia si se acredita que se inscriben en un plan global que persigue un objetivo común. Además, sólo si la empresa supo, o debería haber sabido, cuando participó en las prácticas colusorias que, al hacerlo, se integraba en el acuerdo único, su participación en las prácticas colusorias de que se trata puede constituir la expresión de su adhesión a dicho acuerdo ( sentencia del Tribunal de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T-25/95 , T-26/95 , T-30/95 a T-32/95 , T-34/95 a T-39/95 , T-42/95 a T-46/95 , T-48/95 , T-50/95 a T-65/95 , T-68/95 a T-71/95 , T-87/95 , T- 88/95 , T-103/95 y T-104/95 , Rec. p. II-491, apartados 4027 y 4112).

 35 Así pues, de esa jurisprudencia se deduce que deben concurrir tres requisitos para acreditar la participación en una infracción única y continuada, a saber, la existencia de un plan global que persigue un objetivo común, la contribución intencional de la empresa a ese plan y el hecho de que tenía conocimiento (demostrado o presunto) de los comportamientos infractores de los demás participantes".

 De conformidad con esa doctrina, es cierto que la CNMC en la resolución sancionadora agrupa la información intercambiada entre los fabricantes de automóviles en tres ámbitos de actuación propios de su gestión empresarial: venta, postventa y marketing. Sin embargo, ello no implica considerarlos ámbitos de actuación autónomos entre sí; al contrario, forman parte del mismo mercado de producto y están interrelacionados ya que persiguen la misma finalidad económica salvaguardar de la crisis económica a las redes oficiales de concesionarios. La reorganización por parte de la CNMC de la información intercambiada en ámbitos concretos de la gestión empresarial no significa que cada uno de ellos tenga su propia autonomía a los efectos de valorar el comportamiento de las empresas participantes y, especialmente, a la hora de enjuiciar la existencia de una infracción única y continuada dada la interconexión existente.

 Por ello, coincidimos con la CNMC que el intercambio de información analizado cualquiera que haya sido el ámbito de comunicación -bien el Club de Marcas, el Foro de Postventa o las Jornadas de Constructores- encaja en el concepto de infracción única y continuada por cuanto se trataba de un plan común dirigido a una única finalidad económica llevado a cabo por las empresas fabricantes de automóviles que eran competidoras entre sí para la fijación de variables determinantes de su actuación en el mercado como eran, entre otras: la rentabilidad y facturación de sus redes de concesionarios desglosado por venta de automóviles y actividades de posventa; los márgenes comerciales y política de remuneración ofrecida por las marcas a sus redes de concesionarios; estructura de las redes de concesionarios; política de financiación de los vehículos realizadas por las redes de concesionarios; campañas de marketing al cliente final; programas de fidelización de sus clientes; facturación de piezas de recambio y accesorios (neumáticos y aceite).

 Estamos, por tanto, ante una infracción que se califica como única y continuada lo cual implica que pueda sancionarse a las empresas por su participación en dicho plan común, global y preconcebido encaminado a un objetivo único aunque no hayan participado desde el inicio, en todas las reuniones ni en todos los ámbitos de intercambio de información salvo que hayan manifestado expresamente de forma pública su intención de abandonar el plan común.

 En el caso de la mercantil recurrente, consta a través de correos electrónicos, notas manuscritas y actas de reuniones su participación en el intercambio de información en dos de los tres ámbitos definidos por la CNMC: Foro de Marcas y de Postventa desde febrero de 2006 hasta agosto de 2013 . Y no consta que mostrara públicamente su decisión de abandonar ese plan común en ninguno de esos ámbitos por lo que es responsable de esa infracción única y continuada al formar parte de ese plan común, aunque no haya participado en todas las reuniones ni haya recibido todos los correos electrónicos. Sin perjuicio, de que su participación temporal concreta se considere como un criterio que deberá tenerse en cuenta en el momento de graduarse la cuantía de la sanción.

 Por todo lo expuesto, concluimos que la conducta analizada es subsumible en el artículo 1 de la Ley 15/2007 por cuanto las empresas posteriormente sancionadas actuaron con un plan preconcebido, único y homogéneo de actuación conjunta participando en un intercambio de información de datos estratégicos, futuros y confidenciales que permitía conocer con precisión y fiabilidad las estrategias ya implementadas o futuras, así como la política comercial de las marcas con sus redes oficiales de distribución en relación con las actividades de venta y postventa eliminando así los riesgos derivados de la gestión de las redes de distribución selectiva de cada una de las marcas participantes.

 Se reducía así la incertidumbre a la que se enfrentaban al conocer de antemano la estrategia comercial de los competidores pues sabían las principales cifras y resultados económicos obtenidos por aquellos en los mercados de venta (nuevos y usados) y postventa (talleres y venta de recambios), los beneficios por departamentos en importes totales y en porcentaje, las cifras de gastos (en porcentaje y en total), el beneficio neto antes de impuestos (en porcentaje y en total), así como los márgenes comerciales de la Red de concesionarios de las marcas participantes en el intercambio de información. La puesta en conocimiento de esos datos al resto de las empresas competidoras rompe con la lógica empresarial y quebranta las normas básicas del funcionamiento del mercado al permitirlas adaptar su conducta en función de la información recibida y en detrimento del cliente final.

 DÉCIMOTERCERO.- En cuanto a la imposición de la sanción, la demanda censura que la resolución recurrida no ha tomado en consideración las circunstancias necesarias para imponer la multa, conforme al art. 64.1 de la Ley 15/2007 . Así, dice que determinación del importe de la sanción es incorrecta, por infracción de las reglas establecidas en los artículos 63 y 64 de la LDC y del principio de proporcionalidad ya que la CNMC impuso a Chevrolet una multa en el arco sancionador del 0 al 10% sin justificar en qué medida se tuvieron en cuenta cada uno de los elementos mencionados ni las razones que justificaban la imposición de la sanción en ese importe y no en otro.

 Además, en lugar de tener en cuenta la información aportada en respuesta al requerimiento de información enviado por la DC el 6 de marzo de 2015, la resolución recurrida toma en consideración los datos sobre matriculación de los vehículos publicados por la DGT. Esta equiparación entre ventas en los mercados afectados y vehículos matriculados no solo obvia la existencia del mercado de posventa que no es tenida en cuenta a estos efectos; sino que además, es incorrecta puesto que hay vehículos que las Marcas venden y no son matriculados en el mismo año o simplemente no son matriculados nunca.

 No podemos acoger éste planteamiento.

 La resolución sancionadora interpreta la STS de 29 de enero de 2015 , que obligó a reconsiderar el método hasta entonces seguido por la CNMC para la determinación de las sanciones y su adecuación a los postulados de la tan citada sentencia si bien los criterios utilizados deben ser, en cualquier caso, dice la resolución recurrida, los recogidos en el artículo 64 de la LDC .

 A partir de aquí, la resolución impugnada toma en cuenta, en primer lugar, una serie de factores generales que concurren en la conducta enjuiciada y así, reconoce que " la conducta no se ha materializado en una fijación explícita de precios o cantidades por parte de los partícipes si bien no cabe duda de que constituye un intercambio de información periódica, detallada, sensible y estratégica, con identificación de las marcas, sobre márgenes comerciales y políticas de retribución de las redes de concesionarios para eliminar incertidumbres sobre la evolución del mercado y asegurar su estabilidad, lo que se traduce en una significativa restricción de la competencia en la fijación de los precios finales y en la determinación de las condiciones comerciales de los automóviles distribuidos por las respectivas redes de concesionarios, así como de los servicios posventa prestados en ellos. La conducta se habría aquí traducido en una disminución de la incertidumbre a la que se habrían enfrentado las marcas, en ausencia del cártel, sobre las variables determinantes de la organización y gestión de sus redes de distribución comercial y de postventa, y de las del resto de marcas competidoras partícipes en los intercambios de información. La disminución de la competencia generada por tales intercambios de información durante los períodos en los que se produjeron se han traslado al consumidor final en forma de menores descuentos, políticas comerciales menos agresivas por parte de las marcas y un menor esfuerzo por distinguirse de las otras empresas con unos servicios de más calidad. Las marcas participantes en el cártel gozaron, por tanto, de una protección respecto de su funcionamiento en el mercado impropia de un entorno competitivo en ausencia de intercambio de información sensible, beneficiándose ilícitamente de una estabilidad artificial en sus actuaciones en el mercado afectado.""

 Explica también, que se ha realizado de forma institucionalizada, " a través de la colaboración de empresas consultoras a partir de determinada fecha, que han facilitado el desarrollo de los acuerdos de intercambio de información. La institucionalización del cártel lo dota de caracteres de estabilidad y homogeneidad que constituyen elementos de reproche adicional en una conducta como la descrita".

 Ha tenido en cuenta el alcance de la infracción, pues la resolución recurrida destaca que " el mercado geográfico se extiende, respecto a las prácticas realizadas en relación con las marcas incoadas, a todo el ámbito nacional, lo que debe tomarse en consideración a la hora de valorar los efectos de la práctica sobre otros operadores económicos (operadores presentes en la distribución minorista, talleres oficiales o independientes) y, especialmente, sobre los consumidores y usuarios perjudicados por las conductas realizadas. La cuota de mercado conjunta de las marcas participantes en las conductas analizadas en este expediente sancionador estaría en torno al 91% de la distribución de automóviles en España, incluyendo la casi totalidad de marcas denominadas generalistas y alguna de las denominadas Premium."

 Y ha valorado la duración de la infracción explicando que "la duración media de la conducta ha superado los sesenta meses (sin perjuicio, se insiste, de la concreta modulación que este factor debe recibir en la duración imputada a cada empresa), moviéndose en un rango de entre doce meses la duración más reducida (una sola empresa) y cerca de noventa meses la conducta de mayor duración (así, ocho empresas), si bien en casi todos los casos supera ampliamente los treinta y seis meses."

 Son precisamente estos factores, dice la resolución recurrida, los que permiten concretar, dentro de la escala legal que discurre desde el importe mínimo hasta el 10% del volumen total de negocios de cada sujeto el alcance antijurídico de la conducta, ponderando, de un lado, la necesidad del carácter disuasorio de la sanción, pero sin llegar al tope máximo del 10%.

 A partir de ahí, explica la resolución impugnada, la individualización de la sanción requiere atender a la actuación de la empresa en el mercado afectado por la infracción, lo que requiere analizar el volumen del mercado afectado por ésta, así como la duración de la conducta de cada empresa.

 Por esa razón, las empresas responsables fueron requeridas para que aportasen el valor del mercado afectado por la conducta, esto es, " el valor correspondiente a la comercialización de automóviles de cada marca y la realización de otras actividades de postventa (como la comercialización de las piezas y recambios originales para los automóviles de la marca), según corresponda a la imputación sobre cada una de ellas, durante el periodo infractor imputado a cada empresa" . A tales efectos, se ha considerado en la resolución recurrida que el periodo discurre desde el inicio (en función de cada una de las zonas) hasta agosto de 2013 (junio excluido, por cuanto el término final de la conducta coincide con las inspecciones del 23 al 26 de julio), salvo casos específicos en los que la conducta termina con anterioridad.

 A continuación, se reproduce el valor total del mercado afectado durante la conducta imputada a cada una de las empresas implicadas en las distintas zonas geográficas. Se añade en la última columna, el porcentaje o cuota de participación de cada una de las empresas en la infracción en función de sus ventas durante los meses de la conducta imputada en el mercado afectado.

 La mayor facturación en el mercado afectado por la conducta denota una mayor intensidad o participación en la conducta y, en particular, un mayor daño y una mayor ganancia ilícita potenciales. Por esa razón, la resolución impugnada ha modificado al alza o a la baja el porcentaje de la sanción en función de la mayor participación de cada empresa en la facturación global en el mercado afectado por la conducta durante el tiempo en que esta resulta acreditada.

 En el caso de CHEVROLET el valor de sus ventas en el mercado afectado es de 1.720.687.333 euros al que corresponde una cuota de participación del 2,1 %, porcentaje absolutamente proporcionado en relación al que corresponde a otros fabricantes de coches en función de su volumen de ventas en dicho mercado.

 Ese porcentaje se ha modulado tomando en consideración, de un lado, que su participación en la conducta infractora ha sido de las más largas (en su caso, 90 meses) y de otro, el haber participado únicamente en dos foros (el de marcas y el de posventa).

 Se ha introducido otro factor de corrección cuando las cifras de volúmenes de negocio de las empresas no son homogéneas, debido a la diferente estructura societaria de las mismas que no reflejan la verdadera presencia de las marcas en el mercado en el que se desarrolla la conducta consistente en las cuotas de matriculación de vehículos turismo de cada marca en el territorio nacional, publicadas por la Dirección General de Tráfico. En el caso de Chevrolet esa cuota es del 1,5% en 2013

 De este modo, la sanción se ha impuesto tomando el volumen de negocios total de las empresas incoadas en 2014; el tipo sancionador adecuado a la conducta ilícita de cada empresa, dentro del arco sancionador indicado en el artículo 63.1 de la LDC , que se ha fijado teniendo en cuenta las consideraciones expuestas; y la sanción económica que resulta de aplicar el tipo sancionador al volumen de negocios total en el año anterior a la sanción.

 En el caso de Chevrolet, sobre un volumen de negocios total en 2014 de 13.858.000 euros, se ha aplicado un tipo sancionador del 1% lo que arroja una sanción de 138.580 euros.

 Por lo tanto, no apreciamos infracción alguna de los criterios contemplados en los arts 63 y 64 y la sanción se ha impuesto partiendo del volumen de producción comunicado por CHEVROLET pues la consideración de la matriculación de vehículos turismo de la marca en el territorio nacional, publicadas por la Dirección General de Tráfico es un mero factor de corrección, por las razones apuntadas, no el criterio determinante para cuantificar la sanción. En el caso de Chevrolet esa cuota de matriculación de vehículos es del 1,5%, que no ha sido cuestionada.

 Finalmente, respecto de la alegación de la ausencia de acreditación de los efectos anticompetitivos derivados del Foro de Postventa ya hemos razonado sobre el alcance de los intercambios de información que se tradujeron en una reducción de la incertidumbre entre competidores pues aunque las marcas no compitan entre sí directamente en el mercado de posventa, existe competencia entre los servicios oficiales de cada marca (competencia intramarca) y entre estos y los servicios posventa prestados por operadores independientes. Además una conexión directa entre las decisiones de compra de un vehículo y las condiciones de los servicios de posventa. Ello hace que lo acordado en el marco de la posventa tenga un efecto directo sobre el grado de competencia de las marcas en el mercado de distribución mayorista de vehículos.

 En definitiva, la resolución recurrida, partiendo de los criterios establecidos en los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007 , ha explicado y razonado los factores que ha tomado en consideración para determinar el alcance de la infracción a fin de adecuar su importe al principio de proporcionalidad sin que la actora, que se limita a cuestionar su existencia, los haya desvirtuado.

 Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.

 DÉCIMOCUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a la parte recurrente, dada la desestimación del recurso.

 Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación,

FALLAMOS

 DESESTIMAR el recurso interpuesto por la Procuradora Dª. Felisa González Ruiz, actuando en nombre y representación de CHEVROLET, S.A . contra la resolución de 23 de julio de 2015, del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, mediante la cual se le impuso una sanción de multa de 138.580 ¤. ¤. por la comisión de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y del artículo 101 el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , resolución que declaramos conforme a derecho.

 Con expresa imposición de cos tas a la parte recurrente.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 08/01/2020 doy fe.