Id. Cendoj: 28079230062020100038
ECLI: ES:AN:2020:504
ROJ: SAN 504/2020
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 18/02/2020
Nº de Recurso: 553/2015
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS
Procedimiento: Procedimiento ordinario
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000553 / 2015

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 04817/2015

 Demandante: TARRAGONA INTERNACIONAL, S.L.

 Procurador: Dª MARÍA DEL CAMREN PLAOMARES QUESADA

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: TRANSPORTES CARLOS

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 D. SANTOS GANDARILLAS MARTOS

 D. MARIA JESUS VEGAS TORRES

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a dieciocho de febrero de dos mil veinte.

 VISTO el presente recurso contencioso-administrativo núm. 553/15 promovido por la Procuradora Dª María del Carmen Palomares Quesada en nombre y representación de TARRAGONA INTERNACIONAL, S.L., contra la resolución de 25 de junio de 2015, dictada por la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el expediente S/0454/12 TRANSPORTE FRIGORÍFICO, mediante la cual se le impuso una sanción de multa de 401.720 euros solidariamente con TRANSPORTES TARRAGONA, S.A. Ha sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO .- Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando se dictase sentencia por la que se acuerde "... 1) Declare no ser conforme a Derecho y anula la resolución recurrida (...). 29 Condene a la Administración demandada (...) a pagas las costas de este procedimiento y a estar y pasa por todo lo anterior".

 SEGUNDO .- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que suplicaba se dictase sentencia por la que se confirmase el acto recurrido en todos sus extremos.

 TERCERO .- Pendiente el recurso de señalamiento para votación y fallo cuando por turno le correspondiera, se fijó para ello la audiencia del día 15 de enero de 2020. Prolongándose la deliberación a sucesivas sesiones.

 Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco de la Peña Elías, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO .- A través de este proceso impugna la entidad actora la resolución dictada con fecha 23 de julio de 2015 por la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el expediente S/0482/13 TRANSPORTE FRIGORÍFICO cuya parte dispositiva era del siguiente tenor literal:

 "PRIMERO.- Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción del 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Sexto de esta Resolución.

 SEGUNDO.- De acuerdo con la responsabilidad atribuida en los Fundamentos de Derecho Séptimo, declarar responsables de las citadas infracciones a las siguientes empresas:

 (...)

 18. TRANSPORTES TARRAGONA, S.A. por una infracción única y continuada desde septiembre de 1996 hasta diciembre de 2012, consistente en acordar las tarifas aplicables a los servicios de transporte internacional frigorífico por carretera.

 19. TARRAGONA INTERNACIONAL, S.L., solidariamente en cuanto matriz de TRANSPORTES TARRAGONA, S.A., por la participación de ésta en una infracción única y continuada desde septiembre de 1996 hasta diciembre de 2012, consistente en acordar las tarifas aplicables a los servicios de transporte internacional frigorífico por carretera.

 (...)

 TERCERO.- Imponer a las autoras responsables de las conductas infractoras las siguientes multas:

 (...)

 13. TRANSPORTES TARRAGONA, S.A. y solidariamente a TARRAGONA INTERNACIONAL, S.L.: 401.720 euros

 QUINTO.- Instar a la Dirección de Competencia para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta Resolución".

 Como antecedentes procedimentales de dicha resolución pueden destacarse, a la vista de los documentos que integran el expediente administrativo, los siguientes:

 1) Los días 11 y 12 de diciembre de 2012 la entonces Comisión Nacional de la Competencia, tras haber tenido conocimiento a través de unos correos remitidos en octubre de 2011 y octubre de 2012 de la posible existencia de una serie de prácticas presuntamente anticompetitivas en el sector del transporte frigorífico nacional e internacional de mercancías por carretera consistentes en la fijación de precios y condiciones comerciales, llevó a cabo inspecciones en las sedes de la Asociación Regional de Empresas de Transporte Interior e Internacional de Mercancías (ARETRAIN), la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (FROET), la Asociación Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), la asociación sectorial ATFRIE y las empresas SUDITRANS, S.L. (SUDITRANS) y ARNEDO MEDINA VALENCIA, S.A. (ARMESA).

 Inspecciones que extendió el día 13 de marzo de 2013 a las empresas TRANSPORTES CADETE, S.A. (CAUDETE), TRANSPORTES ANTONIO BELZUNCES, S.A. (BELZUNCES) y T.CARLOS.

 2) Sobre la base de la información recaba en dichas inspecciones y de la obtenida como consecuencia de los requerimientos de información realizados por la Dirección de Investigación, con fecha 1 de julio de 2013 acordó la incoación de un expediente sancionador por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en el artículo 1 de la Ley 16/1989 , en el artículo 1 de la LDC y en el artículo 101 del TFUE , consistiendo tales prácticas en la fijación de los precios y las condiciones comerciales del transporte frigorífico nacional e internacional de mercancías por carretera. La incoación se dirigía frente a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE BAJO TEMPERATURA DIRIGIDA y las siguientes siete empresas: ARNEDO MEDINA VALENCIA S.A., PRIMAFRIO, S.L., TRANSPORTES ANTONIO BELZUNCES, S.A., CAMPILLO PALMERA, S.L., TRANSPORTES CARLOS, S.L., TRANSPORTES CADETE, S.A. y TRANSPORTES MAZO HERMANOS, S.A.

 Dicha incoación fue ampliada el 20 de mayo de 2014, de conformidad con el artículo 29 del RDC, a GRUP RAMFER 2005, S.L., matriz de T. CARLOS; MZ 73 INVERSIONES S.L., matriz de MAZO; y TRANSPORTES EUROPEOS COMUNITARIOS, S.A., matriz de ARMESA.

 Asimismo, y por acuerdo de 8 de septiembre de 2014, la Dirección de Competencia acordó la ampliación de la incoación contra otras quince empresas: TRANSDONAT, S.A., TRANSPORTES TARRAGONA, S.A. y su matriz TARRAGONA INTERNACIONAL, S.L., TRANSPORTES HERMANOS CORREDOR, S.A., TRANSPORTES MOLINERO, S.L., GUIRADO TRANS, S.A., GRUPO TRANS ONUBA, S.L. y su matriz INVERSIONES ONUBA, S.L., RAU LOAD CARGO, S.L., INTER TRANS PEREZ CASQUET, S.L. y su matriz GRUPO EMPRESARIAL PEREZ CASQUET, S.L., DISFRIMUR, S.L. y su matriz GRUPO DISFR'MUR, LOGISTIC TRANSPORTS NB, S.L. y CASTILLO TRANS, S.A.

 3) Conforme a lo dispuesto en el artículo 50.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio , la Dirección de Competencia dictó con fecha 24 de octubre de 2014 pliego de concreción de hechos, del que se dio oportuno traslado a las empresas incoadas, quienes formularon frente al mismo las alegaciones que tuvieron por conveniente.

 4) Acordado el cierre de la fase de instrucción, el 16 de marzo de 2015 la Dirección de Competencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.4 de la LDC , emitió propuesta de resolución.

 5) Presentadas alegaciones, el 14 de abril de 2015 la Dirección de Competencia elevó al Consejo de la CNMC informe y propuesta de resolución; y el 30 de abril siguiente la Sala de Competencia de la CNMC acordó la remisión a la Comisión Europea del Informe Propuesta, con suspensión del plazo para resolver.

 6) Alzada la suspensión por acuerdo de 1 de junio de 2015 y efectos de 30 de mayo anterior, la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC deliberó el asunto en su reunión de 25 de junio de 2015 y dictó con esa misma fecha la resolución que ahora se recurre.

 SEGUNDO .- En cuanto a los hechos determinantes del acuerdo sancionador, la resolución recurrida, cuando aborda la cuestión relativa a las partes intervinientes, describe a la entidad ahora recurrente, TARRAGONA INTERNACIONAL, S.L. , como una empresa que posee el 95% de TRANSPORTES TARRAGONA, con domicilio en Barcelona y creada en 1989, cuyo objeto social es la adquisición y tenencia de acciones o participaciones de otras sociedades con el fin de dirigir y gestionar la participación y la prestación de servicios de asesoramiento y gestión a las sociedades participadas. Por lo que se refiere a TRANSPORTES TARRAGONA, señala que fue constituida en 1985, tiene su sede social en Lérida y pertenece en un 95% al holding TARRAGONA INTERNACIONAL, S.L., siendo el 5% restante y desde 2008 propiedad del grupo logístico francés OLANO Services SAS, con sede en San Juan de Luz (Francia). Pone de manifiesto que en el año 2012 TRANSPORTES TARRAGONA facturó 14.692.132,89 euros y que "... siempre tuvo un carácter de empresa especializada en el transporte sector frigorífico, si bien presta ocasionalmente servicios de almacenaje, distribución y conservación en frío a temperatura positiva o temperatura negativa e igualmente en la actualidad al grupaje de mercancías refrigeradas y congeladas básicamente productos alimentarios elaborados (quesos, carnes, jamones, embutidos, etc.)" . Asimismo, destaca que TRANSPORTES TARRAGONA ha sido Vocal de la Junta de Gobierno de ATFRIE desde el 24 de septiembre de 1996.

 Antes de delimitar el mercado afectado, la resolución hace algunas consideraciones relevantes sobre el marco normativo en el que se encuadra la actividad del transporte de mercancías por carretera, con referencia a las especialidades del transporte frigorífico.

 A continuación, alude al mercado de producto que identifica, precisamente, con el de los servicios de transporte frigorífico internacional de mercancías por carretera y, en particular, el de productos perecederos, como frutas y verduras frescas, e incide también en esa caracterización del mercado a las particulares condiciones de este transporte derivadas de la singularidad de los productos perecederos y su pronta caducidad, que exige acortar los plazos de entrega, así como por la estacionalidad del negocio "... con picos de demanda en períodos concretos del año relacionados con el cultivo de cada una de las especies hortofrutícolas, lo que hace necesaria una flexibilidad total por parte del transportista".

 El mercado geográfico se extendería a España y a los países europeos a los que se transportan las mercancías, por lo que resultaría aplicable, según la CNMC, el artículo 101 del TFUE .

 Y en cuanto a la estructura del mercado, de entre las consideraciones que la resolución dedica a esta cuestión entendemos destacable el hecho de que la demanda de estos servicios se caracteriza por ser doble pues se produce, por un lado, desde las empresas hortofrutícolas españolas que exportan sus productos; y, por otro, desde las empresas importadoras ubicadas en países europeos.

 Delimitado de este modo el mercado afectado, y descrito su modo de funcionamiento, la CNMC aborda la relación de hechos acreditados mencionando las principales fuentes de información que le han permitido constatarlos. Se refiere así a la información remitida en octubre de 2011 y en octubre de 2012 por correo electrónico relativa a la existencia de unas presuntas prácticas anticompetitivas en el mercado del transporte frigorífico nacional e internacional de mercancías por carretera, que sería además coincidente con una serie de noticias aparecidas en dos publicaciones de la prensa especializada; así como a la información obtenida en las inspecciones realizadas en diciembre de 2012 y marzo de 2013 en empresas y asociaciones del sector, a las contestaciones a los requerimientos de información realizados a empresas y asociaciones del sector, y a los correos electrónicos que cita.

 Dicho acervo probatorio le habría permitido constatar la realización de las prácticas prohibidas que constituyen el núcleo de la imputación, prácticas incardinables en el artículo 1 de la Ley 16/1989 , el artículo 1 de la LDC y el artículo 101 del TFUE , y consistentes en "... acuerdos de fijación de precios del transporte frigorífico internacional de mercancías por carretera, en y desde España hacia países europeos, desde de 1993 a diciembre de 2012, así como la decisión de 2012 de constituir una empresa franquiciadora para fijar precios mínimos del transporte frigorífico de mercancías por carretera y unificar las condiciones de venta" .

 Esta imputación se sostiene, como decimos, en los hechos que relata la resolución y que sistematiza de modo individualizado para cada uno de los años por los que se prolongaría la infracción, desde 1993 hasta 2008. A partir de este último, no hay esa referencia individualizada a cada uno de los años siguientes hasta 2012, último objeto de imputación, pues la descripción de las presuntas prácticas anticompetitivas desde 2008, y de su prueba, se reduce a la mención siguiente, con las importantes consecuencias que analizaremos después:

 "Igualmente queda acreditada la continuidad de estas reuniones de costes, incluso tras la publicación del Informe de la CNC sobre la fijación de tarifas mínimas en el transporte de mercancías por carretera, estando acreditada la celebración de éstas el 24 de septiembre de 2009, el 6 de octubre 2010 y el 20 de septiembre de 2012, coincidiendo con la Asamblea General de ATFRIE y precedida de la consiguiente reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE, de las que se hicieron eco las revistas especializadas del sector, como la ya mencionada noticia publicada con fecha 21 de septiembre de 2012 en la Revista "TLT TRANSPORTE Y LOGÍSITCA TERRESTRE", respecto de la reunión de tarifas celebrada el 20 de septiembre de 2012 y la publicada días después, el 25 de septiembre de 2012, en la misma publicación, confirmando el mantenimiento de dichas reuniones tarifarias.

 Es más, consta en septiembre, noviembre y diciembre de 2012 la remisión a BELZUNCES por fax por la "Mesa del transporte de Andalucía Oriental" (...) con se de en El Ejido (Almería), de las tarifas acordadas en relación con los principales destinos internacionales en Alemania, Austria, Suiza, Polonia, República Checa, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Italia, Dinamarca, Francia, Hungría, Portugal y Suecia. Estos faxes acreditan la remisión de las tarifas acordadas y su entrada en vigor días después a la remisión de dichos faxes. Así, en el enviado el 24 de septiembre de 2012 se indicaba que las tarifas de precios remitidas se aplicarían a partir de la fecha que se comunicaría próximamente, indicándose en el fax remitido posteriormente el 2 de noviembre que dicha fecha sería el 7 de noviembre de 2012 y las tarifas enviadas en el fax de 7 de diciembre se comenzarían a aplicar a partir del 12 de diciembre, percibiéndose un incremento de precios con respecto a las del mes anterior.

 Finalmente, las empresas con mayor peso en ATFRIE, miembros de su Junta de Gobierno, decidieron dar un paso más y coordinar precios a través de la creación de una empresa comercializadora cuya denominación debía ser CENTRAL DEL TRANSPORTE FRIGORÍFICO. Así, de acuerdo con la información recabada en las inspecciones se ha acreditado la celebración de reuniones por parte de dichas empresas para promover la creación de la citada empresa comercializadora, con la colaboración de ATFRlE.

 (...)

 Una vez señalado por el responsable del Área Jurídica, Asuntos Legales y Relaciones Institucionales de ATFRIE que la comercialización por parte de las distintas empresas del citado "Grupo de Empresarios del Transporte", atendiendo a las recomendaciones de AT FRIE podría ser sancionada por la CNC, se plantea la creación o adquisición de una sociedad mercantil participada, aunque también concluye que la creación de dicha empresa participada sería contraria al Reglamento (CE) 169/2009

 (...)

 Finalmente, por el responsable del Área Jurídica de ARMESA se envió el 30 de agosto de 2012 un correo electrónico a ARMESA, PRIMAFRIO, T.CARLOS, MAZO y CAUDETE, adjuntando un contrato de franquicia redactado por éste, en el que se cuantifican las penalizaciones por incumplimientos y expresamente solicita que todos los correos relativos a este tema, una vez leídos o impresos, se eliminen103

 Aunque acreditada la voluntad de constituir una empresa franquiciadora por ARMESA, PRIMAFRIO, T.CARLOS, CAUDETE, MAZO y CAMPILLO PALMERA, no se han encontrado evidencias de la constitución de ésta, sin que exista referencia alguna en el Registro Mercantil que certifique la constitución de una empresa con la denominación propuesta de "CENTRAL DEL TRANSPORTE FRIGORÍFICO "104".

 En concreto, y en cuanto a la empresa aquí recurrente,

 TARRAGONA INTERNACIONAL, S.L., la CNMC, sobre la base de los hechos descritos, la considera responsable "... solidariamente en cuanto matriz de TRANSPORTES TARRAGONA, S.A., por la participación de ésta en una infracción única y continuada desde septiembre de 1996 hasta diciembre de 2012, consistente en acordar las tarifas aplicables a los servicios de transporte internacional frigorífico por carretera" , infracción que es la que atribuye a TRANSPORTES TARRAGONA, S.A.

 TERCERO .- Frente a la referida imputación, son varios los argumentos que esgrime la actora en su demanda si bien razones de sistemática procesal aconsejan analizar en primer lugar el relativo a la insuficiencia de la prueba al incidir sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia cuya vulneración denuncia de manera expresa la entidad recurrente, quien niega su participación en los hechos que se le imputan "... al menos a partir de 2008" . Hace constar, asimismo, que, como responsable solidaria de la sanción impuesta a TRANSPORTES TARRAGONA, S.A., por su condición de empresa matriz de la misma, "... las alegaciones en las que el presente escrito hace referencia a TT deben entenderse igualmente formuladas respecto a TI".

 Sin cuestionar, en rigor, que dicha participación pudiera haberse probado en el período comprendido entre 1996 y 2008, mantiene que a partir de este último año no existe en el expediente administrativo prueba alguna de que, por su parte, se hubiera llevado a cabo una conducta restrictiva de la competencia.

 Invoca, como anticipábamos, el principio de presunción de inocencia que garantiza el artículo 24 de la Constitución , aplicable en el ámbito administrativo sancionador, y recuerda que, conforme a dicho principio y a la doctrina del Tribunal Constitucional elaborada en torno al mismo, la carga de acreditar los hechos en los que se funde la imputación gravita sobre la Administración sancionadora.

 Ello determina que sea precisamente el análisis de la prueba y, en particular, la de la participación de TRANSPORTES TARRAGONA en los hechos imputados a partir de 2009, la primera cuestión que hayamos de abordar dada su evidente incidencia en el éxito del recurso pues, como pone de manifiesto la misma entidad recurrente, de no probarse aquella participación habría prescrito su responsabilidad al haber transcurrido más de cuatro años desde que se acreditó una conducta anticompetitiva -año 2008- hasta que se incoó el expediente sancionador -8 de septiembre de 2014, en el caso de TRANSPORTES TARRAGONA, S.A. y su matriz TARRAGONA INTERNACIONAL, S.L.,-.

 Pues bien, una atenta lectura de la resolución sancionadora evidencia que esa prueba, la de la participación de la entidad recurrente en la concreta conducta que se le ha imputado -consistente en la conclusión de acuerdos con otros competidores sobre determinación de tarifas aplicables a los servicios de transporte internacional frigorífico por carretera-, no existe a partir de 2008. Y ello pese a los esfuerzos que despliega la CNMC para justificar la continuidad en la conducta sancionable en los años posteriores.

 En efecto, la resolución pretende basarla en la celebración de unas reuniones de costes de las que, dice, estarían acreditadas las de 24 de septiembre de 2009, 6 de octubre 2010 y 20 de septiembre de 2012, "... coincidiendo con la Asamblea General de ATFRIE y precedida de la consiguiente reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE". Indica, como hemos transcrito en el fundamento anterior, que de las mismas "... se hicieron eco las revistas especializadas del sector, como la ya mencionada noticia publicada con fecha 21 de septiembre de 2012 en la Revista "TLT TRANSPORTE Y LOGÍSITCA TERRESTRE", respecto de la reunión de tarifas celebrada el 20 de septiembre de 2012 y la publicada días después, el 25 de septiembre de 2012, en la misma publicación, confirmando el mantenimiento de dichas reuniones tarifarias".

 Sin embargo, no hay constancia de que en tales reuniones se hubiera abordado la fijación de tarifas, ni siquiera de su celebración misma, tan solo de la convocatoria y de la relación de asistentes (así resulta, por ejemplo, de los folios 1073 a 1075, y 1413 y siguientes, respecto de la reunión de ATFRIE de 6 de octubre de 2010; y de los folios 1431 a 1438, en relación a la reunión de 20 de septiembre de 2012). Y ello contrasta con la actividad acreditada en los años 1993 a 2008, en que sí obran en el expediente las actas de las reuniones de la Junta de Gobierno de ATFRIE (así, el acta de la Junta de Gobierno celebrada el 29 de septiembre de 1994, recabada en la inspección de ATFRIE -folios 794 a 796-; de la Junta de Gobierno celebrada el 2 de octubre de 2001, también recabada en la inspección de ATFRIE -folios 675 a 677-, o de la celebrada el 27 de febrero de 2002, de igual origen -folios 678 a 680-).

 Por contra, obra a los folios 1213 y 1214 acta de la reunión de ATFRIE de 9 de diciembre de 2009 en la cual, y ante la observación de uno de los asistentes sobre la conveniencia de establecer precios mínimos en exportación "como solución de los problemas del sector" , se hizo constar que "... las normas de competencia lo impiden, y por la elaboración y seguimiento de un Código Deontológico" .

 Por otra parte, esta Sala, en el ejercicio de las facultades que le asisten para la libre valoración de la prueba, no puede reconocer a las noticias aparecidas en la prensa especializada a que se refiere también la resolución sancionadora la eficacia de acreditar los acuerdos de fijación de precios que imputa la CNMC pues ello supondría, en realidad, atribuir a la mera apreciación de un tercero el valor de prueba sin otros elementos objetivos que pudieran adverarla.

 Ha de coincidirse en este punto con la entidad recurrente en que la prueba acopiada en torno a las reuniones anuales de la Junta de Gobierno y la Asamblea General de ATFRIE no permite considerar acreditada cosa distinta que el normal desarrollo de su actividad como asociación. Y ello aun siendo conscientes de las dificultades que una prueba plena de las conductas colusorias plantea en estos casos, como hemos tenido ocasión de manifestar en reiteradas ocasiones al tratar del valor de la prueba de indicios en materia de defensa de la competencia.

 Tampoco el fax enviado el 2 de noviembre de 2012 con las tarifas de precios a aplicar a partir del 7 de noviembre siguiente, al que alude la resolución recurrida en su intento de justificar la continuidad en la infracción, y que fue recabado en las inspecciones de ARMESA (folios 378 y 379) y BELZUNCES (folios 3930 y 3931), permite alcanzar otra conclusión que no sea la de la falta de prueba de la infracción más allá del año 2008. No puede desconocerse que el fax fue remitido por la "Mesa del transporte de Andalucía Oriental" a BELZUNCES, siendo así que, pese a lo sostenido en la propuesta de resolución (apartado 248), no se ha acreditado que dicha Mesa se correspondiese con la Subcomisión Regional de Andalucía Oriental de ATFRIE, lo cual evidencia que no hay identidad de sujetos, ni vínculo constatado entre los integrantes de esta Mesa y las empresas finalmente sancionadas, teniendo en cuenta que los miembros de la Mesa, como refleja su acta fundacional (folios 13878 a 13903 del expediente), son empresas andaluzas, en su mayoría del Ejido, distintas de las sancionadas.

 En consecuencia, la remisión por esta Mesa de un cuadro de tarifas a BELZUNCES ni siquiera acredita que esta empresa las asumiera y, desde luego, no prueba la existencia de conexión alguna con la empresa aquí recurrente, ni con ATFRIE.

 Sostiene además la resolución impugnada que "la continuidad de las conductas hasta el año 2012 queda constatada en la propia voluntad de crear en ese mismo año una empresa franquiciadora, precisamente para enmascarar los acuerdos ilícitos de fijación de precios que se venían llevando a cabo por las entidades responsables".

 Recordemos que TRANSPORTES TARRAGONA fue sancionada por la comisión de una infracción única y continuada desde septiembre de 1996 hasta diciembre de 2012, consistente en acordar las tarifas aplicables a los servicios de transporte internacional frigorífico por carretera.

 En el decurso lógico de la resolución impugnada, la continuidad en la infracción se habría asegurado con la creación de dicha empresa franquiciadora cuyo objeto sería fijar los precios del transporte frigorífico de mercancías por carretera y unificar condiciones de venta en 2012.

 Sin embargo, no hay base fáctica que sustente esta afirmación.

 En primer lugar, ha de decirse que la supuesta empresa franquiciadora no llegó siquiera a crearse, como reconoce la CNMC misma al admitir que "... no se han encontrado evidencias de la constitución de esta, sin que exista referencia alguna en el Registro Mercantil que certifique la constitución de una empresa con la denominación propuesta de "CENTRAL DEL TRANSPORTE FRIGORÍFICO"".

 Pero es que, además, y aun admitiendo que el mero concierto de voluntades encaminado a la realización de prácticas anticompetitivas de fijación de tarifas pudiera resultar sancionable, es lo cierto que no hay en absoluto evidencias de tal concierto, ni de la participación de TRANSPORTES TARRAGONA en el mismo.

 Desde luego, el contenido del documento al que se refiere la resolución sancionadora como prueba de la finalidad anticompetitiva de la constitución de la empresa franquiciadora - se trata del informe realizado por el responsable del área Jurídica de ARMESA, anterior Secretario y responsable entonces del Área Jurídica, Asuntos Legales y Relaciones Institucionales de ATFRIE, y que fue emitido a solicitud del denominado "Grupo de Empresarios del Transporte" acerca de la forma y viabilidad de una empresa que procediera a la comercialización común de los servicios- no sirve a ese objeto, pues no hay una sola mención en el mismo a la determinación de precios ni, en definitiva, a la comisión de cualquier hecho que pudiera encajar en la infracción finalmente atribuida a la recurrente que, recordemos, fue sancionada por "... acordar tarifas aplicables a los servicios de transporte internacional frigorífico por carretera".

 La prueba, aun indiciaria, de la conexión entre la voluntad de constituir la empresa franquiciadora y el propósito de acordar dichas tarifas es, sencillamente, inexistente.

 En suma, la supuesta connivencia en la creación de una empresa franquiciadora es del todo insuficiente para sostener la imputación de la empresa recurrente en el período al que pretende extenderlo la CNMC por lo que debe concluirse, insistimos, en que no hay prueba de la infracción más allá del año 2008.

 CUARTO .- La falta de prueba de la participación de la entidad actora en la conducta que se le imputa en el año 2009 y en los siguientes arrastra la consecuencia de considerar prescrita la infracción y, por tanto, la de estimar su recurso.

 Y ello por aplicación de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 15/2007, de 3 de julio , que, bajo la rúbrica Prescripción de las infracciones y de las sanciones , establece en su apartado 1 que " Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves al año. El término de la prescripción se computará desde el día en que se hubiera cometido la infracción o, en el caso de infracciones continuadas, desde el que hayan cesado" .

 Cesada la infracción en nuestro caso en 2008, e incoado el expediente sancionador el 8 de septiembre de 2014, es obvio que, a esta fecha, la infracción había prescrito al haber transcurrido con exceso el plazo de cuatro años que al efecto establece el precepto citado.

 No desconoce la Sala la doctrina europea elaborada en torno a la infracción continuada, que fue como la calificó en el asunto que nos ocupa la CNMC, doctrina que avala la conclusión alcanzada y de la que es ejemplo la sentencia del Tribunal General de 17 de mayo de 2013, Asunto T-147/09 Trelleborg Industrie, apartados 59 y siguientes, donde se precisa lo siguiente:

 a) En el marco de una infracción que dura varios años, no impide la calificación de infracción única el hecho de que las distintas manifestaciones de los acuerdos se produzcan en períodos diferentes, siempre que pueda identificarse el elemento de unidad de actuación y finalidad

 b) De acuerdo con una práctica jurisprudencial constante se han identificado una serie de criterios que ayudan a calificar una infracción como única y continuada, a saber: la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos y servicios, de las empresas participantes, y de las formas de ejecución, pudiéndose tener en cuenta, además, la identidad de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas implicadas y la identidad del ámbito de aplicación geográfico de las prácticas consideradas.

 c) La Comisión puede, en consecuencia, presumir la permanencia de una empresa durante todo el período de duración del cártel, aunque no se haya acreditado la participación de la empresa en cuestión en fases concretas, siempre que concurran los elementos suficientes para acreditar la participación de la empresa en un plan conjunto con una finalidad específica, que se prolonga en el tiempo. La consecuencia inmediata de ello, es que el "dies a quo" del plazo de prescripción, se computa a partir del cese de la última conducta.

 Es por tanto la aplicación estricta de dicha doctrina la que debe llevar a declarar la prescripción de la infracción y la consiguiente anulación de la sanción impuesta una vez fijado el momento de cese de la conducta de TRANSPORTES TARRAGONA (año 2008) y el de incoación del expediente sancionador (en su caso, y en el de su matriz aquí recurrente, septiembre de 2014).

 QUINTO .- Procede, en atención a lo expuesto, la estimación del recurso y la anulación de la resolución recurrida, por lo que las costas de esta instancia habrán de ser satisfechas por la Administración demandada de co nformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .

 VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

 1.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª María del Carmen Palomares Quesada en nombre y representación de TARRAGONA INTERNACIONAL, S.L., contra la resolución de 25 de junio de 2015, dictada por la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el expediente S/0454/12 TRANSPORTE FRIGORÍFICO, mediante la cual se le impuso una sanción de multa de 401.720 euros solidariamente con TRANSPORTES TARRAGONA, S.A.

 2.- Anular la referida resolución en cuanto a la declaración de responsabilidad y la sanción impuesta a la entidad actora por no ser, en estos pronunciamientos, ajustada a Derecho.

 3.- Imponer las cos tas a la Administración demandada.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 18/02/2020 doy fe.