Id. Cendoj: 28079230062020100044
ECLI: ES:AN:2020:513
ROJ: SAN 513/2020
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 18/02/2020
Nº de Recurso: 554/2015
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: MIGUEL DE LOS SANTOS GANDARILLAS MARTOS
Procedimiento: Procedimiento ordinario
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000554 / 2015

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 04818/2015

 Demandante: TRANSPORTES TARRAGONA S.A

 Procurador: DOÑA MARÍA DEL CARMEN PALOMARES QUESAD

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. SANTOS GANDARILLAS MARTOS

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 D. SANTOS GANDARILLAS MARTOS

 D. MARIA JESUS VEGAS TORRES

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a dieciocho de febrero de dos mil veinte.

 Se ha visto ante esta Sección Sexta de Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y bajo el número 554/2015, el recurso contencioso-administrativo formulado por TRANSPORTES TARRAGONA S.A. representada por la procuradora doña María del Carmen Palomares Quesada, contra la resolución de 25 de junio de 2015, dictada por la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, por la que se le impuso una sanción por importe de 401.720 euros.

 Ha sido parte la Administración General del Estado defendida por el abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO .- Por la actora se interpuso recurso contencioso-administrativo mediante escrito presentado en fecha 10 de agosto de 2015, en los términos expresados en el encabezamiento, acordándose su admisión mediante decreto de fecha 22 de septiembre de 2015, y con reclamación del expediente administrativo.

 SEGUNDO .- Se formalizó la demanda mediante escrito presentado el 16 de diciembre de 2015 en el que solicita la nulidad de la resolución impugnada por diversos motivos, calificando algunos como «subsidiarios». (i) La caducidad del expediente sancionador y otras irregularidades en su tramitación que han dado lugar a indefensión. (ii) Falta de motivación y arbitrariedad de la resolución recurrida, reconocida en el voto particular de don         Feliciano. (iii) Infracción del derecho a la igualdad de trato previsto en el artículo 14 de la Constitución , ante la desproporción de las sanciones impuestas a TT en relación al resto de los partícipes. (iv) Prescripción en cuanto no estamos ante una infracción única y continuada. (v) Vulneración del principio de non bis in idem y del de personalidad de la pena, al concurrir con la sanción a AFRIE y sus miembros. (vi) Vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ya que en las pruebas de cargo no existe ninguna suficiente para imponer, ni tan siquiera de forma apriorística, la sanción a TT. (vii) Ausencia de elemento subjetivo para imponer la sanción. (viii) Vulneración de la STJUE Völck al tener TT una participación mínima en el mercado supuestamente afectado; por su participación es imposible que haya podido tener relevancia alguna en la competencia, como argumento subsidiario. (ix) Vulneración de la jurisprudencia comunitaria respecto de las restricciones por objeto, como argumento subsidiario. (x) Menor participación de TT en las conductas imputadas, lo que determinaría la necesidad de reducir significativamente la sanción impuesta, como argumento subsidiario. (xi) La limitada capacidad «contributiva» de TT, también para reducir la sanción, como argumento subsidiario. (xii) La ausencia de efectos del supuesto acuerdo anticompetitivo, como argumento subsidiario. (xiii) La nulidad del acuerdo por infracción de las normas para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, como argumento subsidiario.

 TERCERO .- El abogado del Estado, en su escrito de contestación pide la desestimación del recurso.

 CUARTO .- Recibido el pleito a prueba, tras el trámite de conclusiones, se señaló para votación y fallo el día 15 de enero de 2020 en que efectivamente se deliberó y votó.

 Ha sido ponente al Ilmo. Sr. don Santos Gandarillas Martos, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO .- Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la resolución de 25 de junio 2015, expediente administrativo S/0454/12 del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante CNMC), por la que se le impuso a TRANSPORTES TARRAGONA S.A. (en lo sucesivo TT) una sanción por importe de 401.720 euros por la comisión de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE de 4 de abril, y en lo sucesivo LDC).

 La parte dispositiva de la resolución impugnada concretaba:

 PRIMERO.- Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción del artículo 1 de la Ley 16/1989 , del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , y del artículo 1 del TFUE , en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Sexto de esta Resolución.

 SEGUNDO.- De acuerdo con la responsabilidad atribuida en el Fundamento de Derecho Séptimo, declarar responsables de las citadas infracciones a las siguientes empresas:

 (...)

 18. TRANSPORTES TARRAGONA, S.A. por una infracción única y continuada desde septiembre de 1996 hasta diciembre de 2012, consistente en acordar las tarifas aplicables a los servicios de transporte internacional frigorífico por carretera.

 19. TARRAGONA INTERNACIONAL, S.L., solidariamente en cuanto matriz de TRANSPORTES TARRAGONA, S.A., por la participación de ésta en una infracción única y continuada desde septiembre de 1996 hasta diciembre de 2012, consistente en acordar las tarifas aplicables a los servicios de transporte internacional frigorífico por carretera.

 (...)

 TERCERO. - imponer a las autoras responsables de las conductas infractoras las siguientes multas:

 (...)

 13. TRANSPORTES TARRAGONA, S.A. y solidariamente a TARRAGONA INTERNACIONAL, S.L.: 401.720 euros. [...]».

 SEGUNDO .- La Sala de Competencia de la CNMC consideró acreditado que varias empresas, entre las que se encontraba la actora, cometieron una infracción del artículo 1 de la Ley 16/1989 , el artículo 1 de la LDC , el artículo 101 del TFUE , de donde destacamos de manera sucinta los siguientes extremos:

 1.- Los acuerdos colusorios consistían en fijación de precios del transporte frigorífico internacional de mercancías por carretera, en y desde España hacia países europeos, desde de 1993 a diciembre de 2012; así como en la decisión de 2012 de constituir una empresa franquiciadora para fijar precios mínimos del transporte frigorífico de mercancías por carretera y unificar las condiciones de venta.

 2.- En la canalización de los acuerdos de fijación de precios tuvo especial relevancia la participación de ATFRIE, acrónimo de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE BAJOTEMPERATURA, que con sede en Madrid agrupa a las principales empresas de ámbito nacional dedicadas al transporte frigorífico por carretera a nivel nacional e internacional. Solo podrán formar parte de la asociación empresas individuales y colectivas españolas dedicadas habitualmente al transporte público de mercancías por carretera, combinado con otros modos y vías, bajo temperatura dirigida y con material móvil especializado a tal fin y sus elementos complementarios.

 Se fundó el 7 de junio de 1977, formando parte al inicio dieciocho empresas: EMPRESA MONTAÑA, S.A., TTES. LAGO, S.A., ÁLVAREZ ENTRENA, S.A., VIBROLAND, S.A., DAVID ESPAÑA, S.A., TTES. INT. MARQUESET, S.A., TTES. J. CARRIÓN, S.A. TTES. J. CARILLO, S.A., TTES. INT. FRIG. GÓMEZ, S.A., T. CARLOS, MAZO, TTES. BERNARDO ROSELL FERRER, S.A., TTES. FRIG. MARCOS, S.A., PEREA, S.L., TTES. SARALEGUI, S.A., TTES. VILLALBA HERMANOS, S.A. GENISTRAN y TRANSFRUTAS.

 A día de la fecha de la resolución sancionadora agrupaba a las principales empresas de ámbito nacional de transporte frigorífico -un total de 85- y a diez asociaciones representativas del sector, entre las que se encuentra la actora.

 ATFRIE tiene dos órganos de gobierno: la Asamblea General y la Junta de Gobierno. El 17 de septiembre de 2008, en la Junta de Gobierno Extraordinaria y Urgente de ATFRIE se acordó por unanimidad crear un nuevo órgano denominado Comité de Presidencia, que actuaría como órgano asesor de la Presidencia y lo componen los que han sido Presidentes de la asociación, sus fundadores y las personas de reconocido prestigio del sector.

 3.- Desde 1993, y al menos hasta el año 2012, se vino produciendo una práctica anticompetitiva consistente en acordar las tarifas aplicables a los servicios de transporte frigorífico internacional por carretera a través de ATFRIE, de lo que posteriormente se daba traslado al resto de empresas del sector.

 4.- En ATFRIE se celebraban reuniones de la Junta de Gobierno cada año a finales de septiembre o principios de octubre, antes del inicio de la campaña de exportación del sector hortofrutícola. Se acordaban los precios que se trasladaban a las reuniones de «tarifas», que posteriormente pasaron a denominarse de «costes», sin que por ello cambiara la naturaleza, organización y funcionamiento de las reuniones. Las reuniones tenían lugar con ocasión de la celebración de la Asamblea General de ATFRIE, normalmente al día siguiente.

 5.- La conducta colusoria se le imputa a todas las empresas agrupadas en la denominada Junta de Gobierno de ATFRIE y a otros órganos y comisiones relacionados con esta asociación que han mantenido, a lo largo de más de una década, una práctica continuada y sostenida de fijación de precios utilizando a la Asociación como entidad facilitadora para la adopción de los acuerdos y para su difusión al resto de asociados y empresas que acudían a las asambleas periódicas.

 6.- Se considera que las empresas eran conscientes de la ilicitud de sus actuaciones, lo que explica que buscaran diversas fórmulas para dar una apariencia de legalidad a sus acuerdos durante todo este tiempo.

 Entre 1993 y 1994, para evitar la actuación de las autoridades de competencia, se decidió retirar de las tarifas enviadas el membrete de la asociación y proceder a su «envío anónimo».

 7.- A partir de 2008, las reuniones donde se acordaban precios dejaron de llamarse «reuniones de tarifas» y pasaron a denominarse «reuniones de costes».

 8.- En el año 2012 se propone la constitución de una sociedad franquiciadora por el denominado «Grupo de Empresarios del Transporte» con el objeto de fijar a través de esta los precios de los servicios del transporte frigorífico internacional por carretera, en un intento de eludir una sanción por parte de la Autoridad de Competencia, tal y como se recomendó en el informe elaborado por el responsable del Área Jurídica de ARMESA (una de las sociedades implicadas) y del Área Jurídica, Asuntos Legales y Relaciones Institucionales de ATFRIE. Esta sociedad no llego a constituirse legalmente.

 9.- La infracción es calificada como única y continuada, constituida por varias conductas que perseguían un mismo objetivo, la fijación de precios en el mercado de transportes frigoríficos de mercancías por carretera. Considera que estas conductas se han llevado a cabo de manera continuada desde 1993 hasta el 2012.

 10.- La actuación coordinada por parte de empresas competidoras, reunidas en el ámbito de las reuniones celebradas por la Junta de Gobierno de ATFRIE, para acordar trasladar a los miembros de la Asociación las tarifas acordadas con la colaboración de dicha Asociación, y la decisión de constituir una empresa franquiciadora para fijar precios mínimos y unificar las condiciones de venta, tenían capacidad para reducir la independencia en la toma de decisiones de las empresas de transporte internacional frigorífico por carretera, eliminando la incertidumbre y restringiendo la competencia.

 11.- Hasta diciembre de 2012, ámbito temporal al que se extiende la infracción, se permitió a las entidades imputadas debilitar o suprimir el grado de incertidumbre sobre el funcionamiento competitivo del mercado afectado, dando lugar a un resultado colusorio, con el consiguiente perjuicio directo a sus clientes y a los consumidores.

 TERCERO .- Aunque ello suponga una alteración del orden de los motivos invocados en el escrito de demanda, comenzaremos por el examen del indicado en cuarto lugar (iv), en el que se plantea la prescripción de la infracción al negar que estemos ante una infracción única y continuada. Parte la Administración de esta calificación para evitar el concurso de la prescripción de la potestad sancionadora desplegada.

 Sostiene TT que existen dos conductas claramente diferenciadas, por un lado los acuerdos de fijación de precios desde 1993 a 2012, y por otro, la voluntad de constituir una empresa franquiciadora en el año 2012 para enmascarar las conductas anticompetitivas. Afirma que no consta que en las reuniones de los órganos de gobierno de ATFRIE se realizaran las conductas por las que se sancionan. No concurren los estándares exigidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en los sucesivo TJUE) para la infracción única y continuada. Niega la identidad de los sujetos activos de la infracción imputada, si se compara a los integrantes de ATFRIE respecto de los que instaron la creación de la empresa franquiciadora, lo que revela que no hay coincidencia entre los participantes de ambas infracciones. Rechaza la existencia de un plan global o conjunto, la homogeneidad en el modus operandi y la unidad del precepto infringido.

 Cierra este motivo añadiendo que aunque se admitieran las valoraciones probatorias que se están rebatiendo, no obran en el expediente «recomendaciones de tarifa» a partir de año 2007. Como la primera actuación de la Administración no tuvo lugar hasta diciembre de 2012, y no se le incoó el expediente sancionador a TT hasta el 8 de septiembre de 2014, las conductas que se le imputan están prescritas.

 El que comencemos por este motivo alterando el orden de la demanda, tiene todo el sentido procesal toda vez que, su favorable acogida, podría dar al traste con la sanción impugnada y haría ocioso el que entrásemos a valorar el resto de los argumentos del escrito rector.

 CUARTO .- Para la resolución de este motivo debemos centrarnos, al margen del acuerdo sancionador impugnado, en otros apartados del expediente sancionador, como el Pliego de Concreción de Hechos para poder identificar con un mínimo de rigor los hechos efectivamente imputados a TT y su alcance. Podemos destacar los siguientes extremos:

 1.- TT cuenta como principal destino de sus servicios Rumanía, Bulgaria, Ucrania, según información aportada por la propia entidad a requerimiento de la DC (folios 3034 a 3044).

 2.- El 12 de marzo de 1997, con motivo de la reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE, a la que se invitaron a determinadas empresas para la recomendación de tarifas por ATFRIE, y con el objeto de crear una Comisión de Tarifas, el representante de TT intervino para añadir «[q]ue en Lérida juega a favor de los clientes lo corto de las temporadas y que allí mandan los importadores y no los exportadores.» (folios 836 a 839).

 3.- El 16 de septiembre de 1997 se reunió en el Hotel Sidi San Juan (Alicante) la Junta de Gobierno de ATFRIE para la preparación de las directrices sobre la reunión de tarifas, cita a la que asistió el presidente de TT, quien en su intervención afirmó «[q]ue con las tarifas se está en el buen camino, pero que los autónomos encizañan hasta los convenios laborales, y que se llevan entre un 80 y 90 % de la fruta de Lérida. [...]» (folios 846 a 848).

 4.- El 21 de enero de 1998, en la reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE, con el objeto de poner de manifiesto el grado de cumplimiento de las tarifas recomendadas, el presidente de TT opinó «[q]ue las agencia que no tienen camiones desconocen las tarifas y que él carga en Valencia y Castellón y cobra tarifas gracias a que los transportistas de allí lo tienen mejor organizado. [...]», (folios 849 a 852).

 5.- El 28 de septiembre de 1999 se reunió la Junta de Gobierno de ATFRIE para la preparación de las directrices de la reunión tarifaria, acordando aumentar los precios del año anterior cobrados en cada zona en 30.000 ptas. Intervino el presidente de TT diciendo «[q]ue hay que tener 2 personalidades, una como Asociación en la que hay que ser positivos y no regatear esfuerzos a la hora de transmitir la idea de que hay que subir precios y otra como empresas en la que todos somos conscientes de la difícil situación que estamos atravesando.[...]», (folios 445 y 871 a 874).

 7.- El 15 de junio de 2000 se eligió en ATFIRE una nueva Junta de Gobierno, encargada de fijar las directrices de la reunión tarifaria de la que formó parte el presidente de TT (folios 878 a 881).

 8.- El 21 de septiembre de 2000 se reunió la nueva Junta de Gobierno de ATFRIE para preparar las directrices de la reunión tarifaria que se iba a celebrar el 3 de octubre de 2000 en Mojácar, según lo acordado en la reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE celebrada el 3 de julio de 2000, decidiendo recomendar un incremento medio del 8% de las tarifas de referencia vigentes en ese momento, en la que el presidente de TT consideró «que es obligado dar unas tarifas, mentalizar a la gente de que hay que aumentar el precio de las mismas y esperar a que el porcentaje que se decida sea refrendado por los asistentes a la reunión, siendo el partidario de que se plantee un aceptable aumento.», (folios 875 a 877).

 9.- El 17 de enero de 2001, en la reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE, se valoran las campañas transcurridas en cuanto a las tarifas fijadas, y en ella el presidente de TT consideró «[q]ue se ha subido algo los precios pero por debajo de lo que debería de ser. Sobran camiones de empresas y no de autónomos. Cuanto más larga es la campaña menos importancia tienen los dientes de sierra.[...]», (folios 669 a 671).

 10.- El 27 de febrero de 2002, en la reunión de Junta de Gobierno de ATFRIE, se valoran las campañas transcurridas así como el cumplimiento del incremento en el porcentaje acordado, y en la que el presidente de TT afirmó que «[e]n transporte nacional la campaña ha sido bastante aceptable a diferencia del internacional. [...]», (folios 678 a 680).

 11.- El 5 de febrero de 2003, en la reunión de Junta de Gobierno de ATFRIE, se valora el cumplimiento de las previsiones de subida de precios establecida en la reunión tarifaria mantenida el 9 de octubre de 2002 en Mojácar, en la que también interviene el presidente de TT compartiendo una afirmación realizada por quien representaba a ARMESA, (folios 684 a 686).

 12.- El 14 de junio de 2001 se celebró la Asamblea General de ATFRIE, en la que su Presidente (representante de BELZUNCES), solicitó a todos los asistentes, entre los que estaba el representante de TT, sus consideraciones sobre una próxima reunión de tarifas, adelantando su opinión afirmativa sobre las mismas, aludiendo expresamente a la positiva reunión de tarifas celebrada en Mojácar en octubre de 2001.

 13.- La Memoria de actividades de ATFRIE refleja las comunicaciones de precios realizadas a sus asociados, revisadas en dicha Asamblea General de ATFRIE celebrada el 14 de junio de 2001 (folios 1262 y 1264).

 14.- El 2 de octubre de 2001 se reunió la Junta de Gobierno de ATFRIE para la preparación de las directrices de la reunión de tarifas del día siguiente, acordando transmitir la necesidad de incrementar las tarifas entre un 4 y un 5% (folios 675 a 677).

 15.- En la reunión de la Asamblea General de ATFRIE de 26 de junio de 2003, se comunicó a los asociados las subidas periódicas de precios previamente analizadas por la Comisión Tarifaria de ATFRIE y fijadas por la Junta de Gobierno de ATFRIE, para su presentación ante la Asamblea General, en la que se llevaba a cabo la reunión tarifaria en la que se recomendaban las mismas, como se indica en la Memoria de actividades de ATFRIE desde octubre de 2002 a marzo de 2003, presentada en la citada reunión de la Asamblea General de ATFRI (folios 4018 a 4020; y 1267 a 1269).

 16.- El 30 de septiembre de 2003 se celebró la Junta de Gobierno de ATFRIE con el objeto de preparar las directrices de la reunión de tarifas convocada para el día siguiente, acordando trasladar a dicha reunión un incremento del 5 %: «Tras esta exposición y el correspondiente debate, se acordó trasladar a la reunión del día siguiente, los mensajes de más unión y más asociación, encargándose al presidente que proponga a /os socios un incremento de sus tarifas del 5% para compensar los incrementos de costes, así como la imperiosa necesidad reflejada en el estudio antes comentado, de trasladar a los clientes las tasas que se vayan a ir teniendo que pagar por transitar los diversos países» (folios 691 y 692); que fue recogida en la revista «todo transporte.com» (folio 39).

 17.- El 29 de Septiembre de 2004 y dentro del marco de la Asamblea General de ATFRIE, se celebró la reunión de tarifas en la que el Vicepresidente de ATFRIE recomendó un incremento de las tarifas en un 8% (folios 486ª 488; 494 a 503, 1207 y 1308).

 18.- El 5 de octubre de 2005 se celebró la reunión sobre costes de Transporte Frigorífico en el marco de la Asamblea General de ATFRIE, en la que el presidente planteó «que a su juicio deben ser las ideas básicas con las que se deben trabajar en estos momentos: Reducción de la flota de camiones en un porcentaje lo suficientemente amplio, que permita lograr un mínimo equilibrio entre la oferta y la demanda. Aumento de los precios reales que se están cobrando en al menos un 15 %.». A lo que siguieron varias comunicaciones, a lo largo de ese año y el siguiente, donde se hacían referencias al incremento de los costes, la repercusión en los precios, la necesidad de regularizar el precio del transporte y la fijación de unos criterios de mínimos.

 19.- Antes del inicio de la campaña se celebró la reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE preparatoria de las directrices de la reunión de costes, en concreto el 3 de octubre de 2006, previa a la Asamblea de ATFRIE a celebrar al día siguiente, en la que se planteó adelantar esta reunión anual a mediados del mes de septiembre para evitar que las empresas ya hubieran cerrado precios con sus clientes y no pudieran acogerse a la política de precios recomendada.

 La asamblea se celebró al día siguiente y la prensa se hizo eco de la recomendación realizada por el Presidente de subida de precios en un 20% (folios 35 y 36, 634 a 637).

 20.- El 17 de enero de 2007 se celebró en Almansa (Albacete) la Junta de Gobierno de ATFRIE, en la que las empresas participantes apuestan por continuar con el cumplimiento de las recomendaciones de ATFRIE de las tarifas a aplicar, gracias a los buenos resultados alcanzados tras el cumplimiento de las tarifas acordadas en Alicante en octubre de 2006 (folios 714 a 719).

 21.- Antes del inicio de la campaña del año siguiente, se celebró el 19 de septiembre de 2007 la reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE preparatoria de las directrices de la reunión de costes a celebrar el día siguiente, recogiéndose en la Memoria de actividades de ATFRIE, presentada en su Asamblea General, la comunicación de precios a sus asociados (folios 4142, 4113 y 4156).

 22.- El 18 de septiembre de 2008, coincidiendo con la Asamblea General de ATFRIE, como venía siendo habitual, tuvo lugar la reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE (folios 1321 a 1394; 4071 y 4072; 292 a 348), con análogo contenido a las anteriores.

 23.- Respecto al año siguiente, tras la publicación por la CNC de tarifas mínimas tuvo lugar la Convocatoria y relación de asistentes a la Asamblea General de ATFRIE, a la reunión de costes de 24 de septiembre de 2009. Sin embargo, en el seno de la reunión de 9 de diciembre de 2009 de la Junta de Junta de Gobierno de AFRIE, ya se comentó tras una ronda de opiniones que «[p]arte de la solución de los problemas del sector, pasarían por establecer precios mínimos en exportación [...], sin embargo acto seguido se puntualizó explica que «[l]as normas de competencia lo impiden [...]», (folio 1214).

 24.- El 6 de octubre de 2010 y el 20 de septiembre de 2012, se celebró la Asamblea General de ATFRIE, precedidas de la consiguiente reunión de las Juntas de Gobierno de ATFRIE, de las que solo consta lista de asistentes.

 25.- Hay una noticia publicada con fecha 21 de septiembre de 2012 en la Revista «TLT TRANSPORTE Y LOGÍSITCA TERRESTRE», respecto de la reunión de tarifas celebrada el 20 de septiembre de 2012.

 26.- Consta en septiembre, noviembre y diciembre de 2012 la remisión a BELZUNCES por fax por la «Mesa del transporte de Andalucía Oriental» con sede en el Ejido, aludiendo a las Juntas de Gobierno de ATFRIE a varias empresas CAUDETE, MAZO, TRANSDONAT y T. CARLOS (folio 378 y 379; 3930 y 3931; 3932 a 3934, 3949 y 3950). También se destaca el intento de crear una Empresa franquicia en el 2012, que no se llegó a constituir ni tan siquiera de manera irregular.

 27.- El Presidente de TT fue Vocal de la Junta de Gobierno de ATFRIE desde el 24 de septiembre de 1996, siendo sustituido a partir del 20 de septiembre de 2012 por el Consejero Delegado de la empresa.

 28.- El 8 de septiembre de 2014 la Dirección de Competencia acordó, de conformidad con el artículo 29 del RDC, la ampliación de la incoación contra TRANSDONAT, S.A., TRANSPORTES TARRAGONA, S.A. y su matriz TARRAGONA INTERNACIONAL, S,1., TRANSPORTES HERMANOS CORREDOR, S.4., TRANSPORTES MOLINERO, S.1., GUIRADO TRANS, S.A., GRUPO TRANS ONUBA, S.L. y su matriz INVERSIONES ONUBA, S.1., RAU LOAD CARGO, S.1., INTER TRANS PEREZ CASQUET, S.L. y su matriz GRUPO EMPRESARIAL PEREZ CASQUET, S.L., DISFRIMUR, S.L. y su matriz GRUPO DISFRIMUR, LOGISTIC TRANSPORTS NB, S.L. y CASTILLO TRANS, S.A.

 QUINTO .- Descritos los hechos pasaremos a ver cómo encaja el relato fáctico en la infracción única y continuada, tal y como ha sido calificada por el acuerdo sancionador.

 Para ello resulta inevitable analizar la jurisprudencial que, al hilo de este tipo de infracción ha elaborado el TJUE. Nos permitirá comprender tanto lo que se entiende por infracción única y continuada, como los matices y diferencias con otras variantes con las que guarda una estrecha relación como las «complejas» o las «continuas».

 Esta cuestión tiene que ver, esencialmente con el periodo de participación de la empresa o del sujeto en la práctica colusoria, y recordemos que no solo se ha de probar no sólo la existencia del cartel sino también su duración, STJUE de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T25 /95 , T26 /95 , T30 /95 a T32 /95, T34 /95 a T39 /95, T42 /95 a T46 /95, T48 /95, T50 /95 a T65 /95, T68 /95 a T71 /95, T87 /95 , T88 /95 , T10 3/95 y T10 4/95 , Rec. p. II49 1, (apartado 2802).

 El carácter clandestino y oculto de mayor parte de este tipo de actividades, conlleva una dificultad probatoria a la que no ha sido ajeno el TJUE, dificultad que no solo se extiende a la participación sino a la duración de la conducta, por ello «[s]i no existen pruebas que permitan demostrar directamente la duración de una infracción, la Comisión debe basarse al menos en pruebas de hechos suficientemente próximos en el tiempo, de modo que pueda admitirse razonablemente que la infracción prosiguió de manera ininterrumpida entre dos fechas concretas [...]», STJCE de 7 de julio de 1994, Dunlop Slazenger/Comisión, T43 /92 , Rec. p. II44 1 (apartado 79), y de 16 de noviembre de 2006, Peróxi dos Orgánicos/Comisión, T120/04 , Rec. p. II4441, (apartado 51).

 Se ha considerado que estamos ante una infracción única y continuada cuando se participa en prácticas colusorias que constituyen (i) la existencia de un plan global que persigue un objetivo común, (ii) la contribución intencional de la empresa a ese plan, (iii) y el hecho de que se tenía conocimiento (demostrado o presunto) de los comportamientos infractores de los demás participantes, STJUE de 16 de junio de 2011, Asunto T-211/08 , Putters International NV, (apartados 34 y 35).

 Se destaca en este concepto la idea de unicidad y el de continuidad de la infracción. En cuanto al carácter único, se aprecia cuando hay identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, STG de 20 de marzo de 2002, Dansk Rørindustri/Comisión, T21/99 , Rec. p. II1681, apartado 67, STJUE de 21 de septiembre de 2006, Technische Unie/Comisión, C113/04 P, Rec. p. I8831, apartados 170 y 171, y la STG de 27 de septiembre de 2006, Jungbunzlauer/Comisión, T43/02 , Rec. p. II3435, (apartado 312); en la identidad de los productos y servicios afectados, SsTJUE de 15 de junio de 2005, Tokai Carbon y otros/Comisión, T71 /03, T74 /03, T87 /03 y T91 /03 , no publicada en la Recopilación, (apartados 118, 119 y 124), y STG Jungbunzlauer/Comisión, (apartado 312); en la identidad de las empresas que han participado en la infracción STG Jungbunzlauer/Comisión, (apartado 312); y en la identidad de sus formas de ejecución STG Dansk Rørindustri/Comisión, (apartado 68). Además, también se pueden tener en cuenta para ese examen la identidad de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas y la identidad del ámbito de aplicación geográfico de las prácticas consideradas.

 Por lo que respecta a la continuidad, una infracción del artículo 81 CE , apartado 1, puede resultar no solo de un acto aislado sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir, por sí mismos y aisladamente considerados, una infracción de la citada disposición. Las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» con un idéntico objeto que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, lo que permite imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto, STJUE de 24 junio 2015, asunto C-263/2013 , (apartado 156).

 Se habla de infracción «única y compleja», cuando el sujeto «[h]a participado en la infracción mediante comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de acuerdo o de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 81 CE , apartado 1, y que pretendían contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede así ser también responsable de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el período de su participación en dicha infracción. Así sucede cuando se acredita que la citada empresa intentaba contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes y que tuvo conocimiento de los comportamientos infractores previstos o ejecutados por otras empresas para alcanzar los mismos objetivos o que pudo de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo. [...]», STJUE de 24 junio 2015, asunto C-263/2013 (apartado 157) y STJUE 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778 , (apartado 42).

 En estos casos «[r]esultaría artificioso subdividir un comportamiento continuado, caracterizado por una única finalidad, para ver en él varias infracciones distintas, cuando, por el contrario, constituía una única infracción que se fue concretando progresivamente a través tanto de acuerdos como de prácticas concertadas. [...]», STJUE 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C49/92 P, Rec. p. I4125, (apartado 82).

 Para que las prácticas colusorias puedan ser consideradas elementos constitutivos de un acuerdo único restrictivo de la competencia, es necesario «[q]ue se inscriben en un plan global que persigue un objetivo común. Además, sólo si la empresa supo, o debería haber sabido, cuando participó en las prácticas colusorias que, al hacerlo, se integraba en el acuerdo único, su participación en las prácticas colusorias de que se trata puede constituir la expresión de su adhesión a dicho acuerdo [...]», STJUE de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T25/95 , T26/95 , T30/95 a T32/95, T34/95 a T39/95, T42/95 a T46/95, T48/95, T50/95 a T65/95, T68/95 a T71/95, T87/95 , T88/95 , T103/95 y T104/95 , Rec. p. II491, (apartados 4027 y 4112).

 Esta construcción jurisprudencial permite que, tanto al sujeto o a la empresa que han participado en todos los comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción única y continuada, como a aquel o aquella que solo ha participado en una parte de los que componen la infracción única y continuada, pero con conocimiento de todos los otros comportamientos infractores previstos o ejecutados por los demás participes en el cartel para alcanzar los mismos objetivos o haber podido preverlos de forma razonable y haber estado dispuesta a asumir el riesgo, se le puedan imputar en ambos casos la totalidad de los comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción, STJUE de 24 junio 2015, asunto C-263/2013 , (apartado 158) y STJUE 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778 , (apartado 43).

 Basta con que se trate de una infracción única y continuada para que necesariamente pueda considerarse que una empresa que participe en una u otra de sus manifestaciones, sea responsable de la totalidad de esa infracción. Sin embargo, es necesario que quien sanciona demuestre que esa empresa conocía las actividades contrarias a la competencia a escala europea de las demás empresas o que podía razonablemente preverlas. La mera identidad de objeto entre un acuerdo en el que haya participado una empresa y un cártel global no basta para imputar a esa empresa la participación en el cártel global, no en vano el artículo 101 TFUE , apartado 1, no se aplica a menos que exista una concordancia de voluntades entre las partes interesadas, STJUE 9 de septiembre de 2015, T104/13 , Toshiba Corp, (apartado 52).

 Debe acreditarse que la referida empresa intentaba contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por todos los participantes y que tenía conocimiento de los comportamientos infractores previstos o ejecutados por otras empresas para alcanzar los mismos objetivos, o que podía de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo, STJUE 9 de septiembre de 2015, T10 4/13 , Toshiba Corp, (apartado 53).

 Esta unicidad en la infracción permite hacer responsable a una empresa, como integrante de este plan preconcebido de los actos y comportamientos que materialmente haya realizado otro de los integrantes del grupo, en una suerte de responsabilidad solidaria que rompe el principio de individualización de la pena.

 Sin embargo, no podrán ser sancionados si a pesar de participar directamente en uno o varios comportamientos contrarios a la competencia que componen una infracción única y continuada, no se haya «[a]creditado que, mediante su propio comportamiento, intentase contribuir a la totalidad de los objetivos comunes perseguidos por los otros participantes en el cártel y que tenía conocimiento de todos los otros comportamientos infractores previstos o ejecutados por dichos participantes para alcanzar los mismos objetivos o que pudiera de forma razonable haberlos previsto y estuviera dispuesta a asumir el riesgo, la Comisión únicamente puede imputarle la responsabilidad de los comportamientos en los que participó directamente y de los comportamientos previstos o ejecutados por los otros participantes para alcanzar los mismos objetivos que los que ella perseguía y de los que se acredite que tenía conocimiento o podía haberlos previsto razonablemente y estaba dispuesta a asumir el riesgo [...]», STJUE de 24 junio 2015, asunto C-263/2013 , (apartado 158) y STJUE de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778 , (apartado 44).

 El que sea calificada una infracción del artículo 101 del TFUE como infracción única y continuada tiene importantes consecuencias en la imputación de la conducta en el ámbito temporal, ya que una empresa que haya participado en una infracción de este tipo, mediante comportamientos propios, calificables de acuerdo o de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 81 CE , apartado 1, y que pretendía contribuir a la realización de la infracción en su conjunto, es también responsable, durante todo el tiempo que dure su participación en dicha infracción, de los comportamientos de otras empresas en el marco de la misma infracción, STJUE Comisión/Anic Partecipazioni, (apartado 83).

 Además, permite presumir que la infracción o la participación de una empresa no se ha interrumpido, aunque no se disponga de pruebas de la infracción durante algunos periodos específicos, siempre que las diferentes acciones que forman parte de esa infracción persigan una sola finalidad y puedan insertarse en una infracción de carácter único y continuo, apreciación esa que debe sustentarse en indicios objetivos y concordantes acreditativos de la existencia de un plan conjunto, STG 17 de mayo de 2013, T14 7/09 y T14 8/09 Trelleborg, (apartado 61). Con la infracción única y continuada se presume que, a pesar de periodos de aparente inactividad o donde no es posible desplegar todo la carga probatoria, la infracción continúe permitiendo la imputación de la responsabilidad por todo ese periodo de latencia.

 La falta de prueba sobre la existencia de un acuerdo durante algunos periodos determinados o, al menos, en cuanto a su ejecución por una empresa durante un periodo concreto, «[n]o impide considerar que la infracción existió durante un período global más largo que dichos períodos, a condición de que tal comprobación se base en indicios objetivos y concordantes. En el marco de una infracción que dura varios años, el hecho de que las manifestaciones del acuerdo se produzcan en períodos diferentes, pudiendo separarse por intervalos de tiempo más o menos largos, no influye en la existencia de dicho acuerdo, siempre que las diferentes acciones que formen parte de esta infracción persigan una única finalidad y se inscriban en el marco de una infracción única y continua [...]», STJUE 11 de enero de 2008, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, (apartados 57, 97 y 98), STJUE de 7 de enero de 2004 Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 52 supra, apartado 260), y STG Trelleborg, (apartado 59).

 Esta circunstancia permite la imposición de una multa por la totalidad del periodo de infracción considerado y determina la fecha en la que empieza a correr el plazo de prescripción, a saber, la fecha en la que la infracción continua ha finalizado, STG Trelleborg, (apartado 62).

 Las consecuencias son muy relevantes. (i) Permite que la infracción o la participación de una empresa en ella, no se haya interrumpido aunque no disponga de pruebas de la infracción durante algunos periodos específicos, siempre que las diferentes acciones que forman parte de esa infracción persigan una sola finalidad y puedan insertarse en una infracción de carácter único y continuo, siempre apreciación esa que debe sustentarse en indicios objetivos y concordantes acreditativos de la existencia de un plan conjunto; (ii) habilita la imposición de la multa por todo el periodo a cualquiera de los partícipes; (iii) y el plazo de prescripción queda interrumpido por la continuidad en la infracción.

 No obstante, para permitir imputar este periodo intermedio de aparente inactividad, de actividad más reducida, o cuando estamos ante actos separados en el tiempo, no basta para poder sancionar la mera «[r]eferencia genérica a la distorsión de la competencia [...]» se requiere de indicios objetivos y concordantes de una eventual voluntad persistente de las demandantes de reactivar el cartel o de adherirse a sus objetivos para presumir válidamente una participación continua, aun pasiva, por parte de las empresas, STG Trelleborg, (apartados 61 y 62).

 El principal problema que se plantea en estos casos, es ¿cuánto tiempo se considera razonable como para considerar interrumpido el carácter «continuo» del cártel? En el caso abordado por la STG Trelleborg se valora un tiempo aproximado a los dos años «[l]a Comisión no dispone de ninguna prueba de la implicación de las demandantes en esos contactos multilaterales durante el período intermedio, que duró más de dos años, o de que hubieran participado en las reuniones que tuvieron lugar con objeto de reactivar el cartel, ni siquiera que hubieran tenido conocimiento de ellas [...]» (apartado 66), periodo durante el que no existieron «indicios objetivos y concordantes que permitan apreciar la implicación de las demandantes en los contactos mantenidos durante el período de crisis del cartel» (apartado 68). No obstante, este periodo de tiempo tiene un valor o meramente indicativo, por lo casuístico de las situaciones a tratar, por no lo obliga a valorar en cada caso concreto las circunstancia concurrente ante la ausencia de un pronunciamiento público y expreso de apartamiento del cartel, STJUE Comisión/Anic Partecipazioni, (apartado 50).

 La interrupción o inactividad de las conductas de las empresas en las prácticas conlleva significa que la infracción no puede ser calificada como «continua», lo que no significa que cuando afloren, se detecten o aparezcan de nuevo, se siga hablando de una infracción «continuada».

 La diferencia entre infracción «continua» y «continuada» tiene especial trascendencia y operan, esencialmente, en ámbitos diferentes. La primera de cara la imposición de la sanción por un mayor o menor periodo de tiempo, y la segunda de cara a la imputación temporal y al cómputo del plazo de prescripción del artículo 25, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 . No obstante, «[e]l supuesto carácter abusivo del recurso a la teoría de la infracción continuada no puede apreciarse in abstracto y depende en esencia de las circunstancias de cada caso concreto, y en particular de que la Comisión consiga demostrar que se trata de una infracción única durante los diferentes períodos considerados. [...]» (apartado 94).

 La diferencia entre infracciones continua y continuada, es abordada en la ya citada sentencia Trelleborg. Dice el Tribunal General que el problema surge por la divergencia entre las distintas versiones lingüísticas de una disposición de la Unión, la norma de que se trate debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra, en remisión a la STJU de 19 de abril de 2007, Profisa, C63/06 , Rec. p. I3239, (apartado 13).

 El concepto de infracción continuada es distinto del de infracción continua; STJUE de 19 de mayo de 2010, IMI y otros/Comisión, T18 /05 , Rec. p. II17 69, (apartados 96 y 97) y STG Trelleborg, (apartado 83 y 86). Por ello las formas de comisión de la infracción permiten calificar la infracción única ya sea como continua o bien como continuada. Es probable que sea en la versión inglesa de la sentencia donde resulte más fácil ver la diferencias entre ambos conceptos, cuando se identifica como infracción continuada con «repeated infringement» frente a ese mismo tipo de infracción que puede o no ser « continuing infringement», como infracción continua.

 Por otro lado, acerca de la infracción continua conviene recordar que el concepto de plan conjunto permite a quien sanciona presumir que la comisión de una infracción no se ha interrumpido, aun si no dispone de prueba de la participación de la empresa interesada en la infracción durante cierto periodo, siempre que esta haya participado en ella antes y después de ese periodo y no existan pruebas o indicios que permitan pensar que la infracción se había interrumpido en lo que concierne a esa empresa. En ese caso, podrá imponer una multa por todo el periodo de duración de la infracción, incluido el periodo respecto del que no dispone de prueba de la participación de la empresa, STG Trelleborg, (apartado 87).

 En cambio, cuando se pueda considerar que la participación de una empresa en la infracción se interrumpió y que la empresa participó en esta antes y después de esa interrupción, esa infracción puede calificarse como continuada si, al igual que la infracción continua (apartado 60), existe un objetivo único perseguido por ella antes y después de la interrupción, lo que cabe deducir de la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos afectados, de las empresas que han participado en la colusión, de las formas principales de su ejecución, de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas y, por último, del ámbito de aplicación geográfico de esas prácticas. En ese supuesto la infracción es única y continuada, y aunque se puede considerarse por todo el periodo de duración de la infracción, en cambio no puede imponerse por el periodo durante el que esta se interrumpió, STJUE Trelleborg, (apartado 88).

 Por último, el supuesto carácter abusivo del recurso a la teoría de la infracción continuada no puede apreciarse in abstracto y depende en esencia de las circunstancias de cada caso concreto, y en particular de que el órgano sancionador consiga demostrar que se trata de una infracción única durante los diferentes periodos considerados, STG Trelleborg, (apartado 94). No obstante, se debe estar especialmente atento o actuar con la debida cautela puesto que « la Comisión podría postergar indefinidamente la prescripción y reducirla así a la nada, lo que es contrario al principio de seguridad jurídica.», (apartado 93).

 En síntesis y de la doctrina del Tribunal podemos concluir los siguientes extremos:

 1.- La actividad probatoria por parte de quien sanciona, se extiende a la acreditación de los actos o practicas colusorias como al tiempo durante al que se han extendido.

 2.- La infracción del artículo 101 del TFUE y del artículo 1 de la LDC puede manifestarse en uno o varios actos relacionados entre sí, a lo largo de un periodo de tiempo. En este último caso, podemos estar ante una la infracción única y continuada, cuando se participa en prácticas colusorias que se fraguan y revelan la existencia de un plan global con un objetivo común, del que la empresa tuviera conocimiento o debiera tenerlo, así como de las acciones o comportamientos de los copartícipes, plan en el que habría contribuido.

 3.- El carácter único de infracción, supone la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas; en la identidad de los productos y servicios afectados; la identidad de sus formas de ejecución.

 4.- La infracción única y compleja se caracteriza por una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando cualesquiera de esos actos o comportamientos también puedan constituir, por sí mismos y aisladamente considerados, una infracción.

 5.- La naturaleza de la infracción única además puede continuada lo que tiene especial relevancia en varios aspectos. (i) De cara a la participación, permite que cualquiera de los partícipes en el plan conjunto también sean considerados responsables de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el periodo de su participación en esa infracción. Sin embargo, es necesario que el órgano sancionador demuestre que esa empresa conocía las actividades contrarias a la competencia o estaba en disposición de conocerlas. Esto hace posible la imposición de la multa por todo el periodo a cualquiera de los partícipes. (ii) En cuanto al tiempo, permite presumir que la infracción o la participación de una empresa no se ha interrumpido, aunque no se disponga de pruebas durante algunos periodos específicos, siempre que las acciones que resulten acreditadas formen parte del plan conjunto en que consiste la infracción. (iii) Los largos periodos de interrupción pueden romper el nexo temporal y con ello la continuidad de la infracción. Se trata de una cuestión a valorar en cada caso, en función del tipo de actividad, los actos, el mercado, la necesidad de los contactos más estrechos o laxos en el tiempo, o la eficiencia temporal de las decisiones tomadas, entre otros criterios. (iv) El cómputo del plazo de prescripción queda interrumpido por la continuidad en la infracción, reiniciándose tras la comisión del último acto infractor. Ello sin perjuicio que, acreditados periodos relevantes de interrupción en los que no exista constancia de la infracción o de los comportamientos, se pueda romper el nexo de la continuidad de la infracción. Ante la imposibilidad de establecer un plazo fijo, y cuando no conste el apartamiento público de la conducta colusoria, deben valorarse en cada caso las circunstancias concretas que revelen o no la participación latente. (v) El Tribunal de Justicia no ha fijado un plazo concreto sobre este particular, solo se pronuncia sobre la interrupción respecto de la infracción continua, pero no en la continuada; no obstante, sí reconoce que esta calificación obliga a la autoridad sancionadora a ser especialmente cauta para no incurrir en abusos, por la relevancia que tiene en el instituto prescriptivo.

 6.- La infracción única puede ser continua o no continua. En esto casos los periodos de inactividad en una infracción única y continuada pueden resultar intrascendentes a la hora de apreciar la participación de una empresa, siempre que concurran el resto de los elementos descritos. Es decir, es posible que una empresa no dé muestras de una participación activa durante cierto tiempo y, sin embargo, siga inmersa en la práctica colusoria constitutiva de la infracción. Estos periodos no excluyen su responsabilidad ni la existencia de la infracción única y continuada, sin embargo, a los efectos de la cuantificación de la sanción, el órgano sancionador debe descontar o no tener en cuenta esos periodos de desconexión o inactividad. Estamos ante una infracción que sigue siendo única y continuada, pero no es continua a los efectos de la cuantificación de la sanción que se les imponga a los partícipes por el tiempo de inactividad en la conducta. La apreciación de los periodos de latencia o inactividad de la empresa es una cuestión a valorar según cada supuesto. El Tribunal de Justicia lo consideró roto el carácter continuo por el transcurso aproximado de dos años de inactividad, sin embargo, este plazo tiene un valor meramente orientativo.

 SEXTO .- Toca comprobar cómo se ajustan los hechos a la calificación de infracción única y continuada del artículo 1 de la LDC por la que ha sido sancionada la actora. La imputación temporal de esta infracción va desde septiembre de 1996 hasta diciembre de 2012; a juicio de la Administración la conducta infractora se ha desarrollado, de manera continuada durante todo este periodo de tiempo.

 En contra de lo que sostiene la demanda, los elementos incriminatorios que se desprenden del expediente administrativo, al menos hasta el año 2008, sí encajan sin demasiados problemas valorativos en la infracción colusoria que se he ha imputado a TT.

 Mayores dificultades tenemos para trabar la imputación a partir de ese año. En relación con los años 2009, 2010, 2011 y 2012, el acuerdo sancionador se limita a hacer una referencia genérica a los hechos, llevando a cabo una calificación y valoración más que una concreta descripción de los comportamientos, actos o decisiones en los que se sustenta la imputación de la infracción.

 Cierto que la resolución incluye y considera partícipe a la actora en el acuerdo colusorio, pero sin el más mínimo detalle de cómo, cuándo, o quién en nombre de la empresa, participó en la toma de decisiones, en la gestación de los acuerdos, ya de manera activa o pasiva con su sola presencia, o a través de la aceptación expresa o tácita de los que se tomaron en el seno de las reuniones de las asambleas generales, juntas de gobierno de ATFRIE, o en las de fijación de precios, más tarde denominadas de costes.

 Para que podamos identificar las conductas incriminatorias con el rigor que debiera caracterizar una resolución sancionadora es necesario que nos centremos, como forzosamente nos vimos obligados en los periodos anteriores, en el Pliego de Concreción. No obstante, conviene recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 50.3 de la LDC , este trámite se ciñe a recoger «[l]os hechos que puedan ser constitutivos de infracción [...]», para que el interesado pueda contestarlo y proponer las pruebas que considere oportunas. Ni tan siquiera se contiene en este momento propuesta de resolución que se deja para más tarde, una vez concluido el procedimiento de instrucción. Es cierto que, con carácter general, la integración de la motivación por remisión ha sido admitida, y valga por todas la SsTS de 11 de febrero de 2011, recurso 161/2009, (FJ 5 º) o 29 de marzo de 2012, recurso 368/2009 , (FJ 5º), sin embargo no puede confundirse esta forma de integración de la resolución sancionadora a través de llamadas a concretos datos o trámites del expediente con el que se completa el acuerdo, con el hecho de que la resolución sancionadora sea sustituida o suplida, en el cumplimiento de esta inexorable garantía, por un acto o un distinto momento del procedimiento de instrucción.

 En este caso, el acuerdo sancionador, a pesar de su extensión (130 páginas aproximadamente), ha sido incapaz de identificar dónde se ancla la conducta infractora. Concretamente en el año 2012, poco alcance incriminatorio se le puede dar al intento no consumado de constituir la llamada sociedad «franquicia», ni a las comunicaciones a través de fax y correos entre BELZUNCES y la «Mesa del transporte de Andalucía Oriental», que ni consta integrada en ARFRIE y está constituida por entidades frente a las que no se instó el procedimiento sancionador.

 Respecto al año 2009, tenemos constancia de la reunión de la Convocatoria y relación de asistentes a la Asamblea General de ATFRIE y a la reunión de costes de 24 de septiembre de 2009. Sin embargo, como hemos reseñado en el fundamento dedicado a los hechos relevantes, en el seno de la reunión de 9 de diciembre de 2009, de la Junta de Junta de Gobierno de AFRIE, ya se comentó tras, una ronda de opiniones, que «[p]arte de la solución de los problemas del sector, pasarían por establecer precios mínimos en exportación [...], sin embargo, acto seguido se puntualizó explica que «[l]as normas de competencia lo impiden [...]».

 Con estos datos resulta difícil circunscribir, a partir de 2009, los comportamientos en la infracción del artículo 1 de la LDC . Al contrario, en la reunión que tuvo lugar en diciembre de ese año. Se percibe un apartamiento de esas conductas al advertir que, con ese tipo de formato y contenido, podrían incurrir en algún tipo infractor del Derecho a la Competencia. Este extremo ha sido obviado por el acuerdo sancionador, cuando revela es una expresa voluntad de apartarse de anteriores comportamientos.

 Otro tanto podemos decir de los años 2010, 2011 y 2012, de la ausencia de material probatorio. Solo hay constancia de las convocatorias a las reuniones y de la relación de asistentes, pero no de las decisiones tomadas ni del contenido de lo allí debatido.

 La evidencia de tan magra carga probatoria se refleja en la redacción de la resolución sancionadora cuando a partir de 2008, y alejada de mayores detalles, se limita a reseñar que «[e]stando acreditada la celebración de éstas el 24 de septiembre de 2009, el 6 de octubre de 2010 y el 20 de septiembre de 2012, coincidiendo con la Asamblea General de ATFRIE y precedida de la consiguiente reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE, de las que se hicieron eco las revistas especializadas del sector, como la ya mencionada noticia publicada con fecha 21 de septiembre de 2012 en la Revista "TLT TRANSPORTE Y LOGÍSITCA TERRESTRE", respecto de la reunión de tarifas celebrada el 20 de septiembre de 2012 y la publicada días después, el 25 de septiembre de 2012, en la misma publicación, confirmando el mantenimiento de dichas reuniones tarifarias [...]».

 Como decimos, en este tiempo solo tenemos constancia de las convocatorias y de asistentes a las Asambleas Generales y las Juntas de Gobierno de ATFRIE. No hay nada en torno a su efectiva celebración, ni de lo allí tratado o decidido. La resolución sancionadora da continuidad a lo ocurrido años atrás, como si el material probatorio obtenido fuera el mismo, dando una apariencia de reiteración o repetición que no se corresponde con la realidad de lo recopilado durante la investigación de estos posteriores años.

 La motivación de la resolución sancionadora nos parece manifiestamente insuficiente para justificar la culpabilidad y participación de la actora en la infracción única y continuada a partir de años 2008.

 SÉPTIMO .- En el caso enjuiciado no estamos ante una infracción única y continuada como el examinado por la sentencia Trelleborg, con aparentes momentos de inactividad o latencia en el tiempo, sino frente a una infracción única y continuada que consta acreditada hasta diciembre de 2008, pero no más allá en el tiempo, en la medida de que nada de lo facilitado por la CNMC en a los años sucesivos releva la continuidad de la infracción.

 No se trata, por lo tanto, de valorar el alcance de periodos intermedios de inactividad, y que efectos pudieran tener estos tiempos de latencia de cara, por ejemplo, al cómputo del plazo de prescripción, como era el caso de la sentencia Trelleborg, sino de algo más sencillo como es valorar la ausencia de actividad o conducta sancionables a partir de un determinado momento.

 La incoación del procedimiento contra la actora tuvo lugar el 8 de septiembre de 2014, y en ese momento, si seguimos el razonar de esta sentencia, el vacío probatorio revela una total orfandad de elementos incriminatorios, por un periodo aproximado de cuatro años.

 En este caso, la escasez de elementos incriminatorios relevantes en el 2009 y su completa ausencia en los siguientes, nos permiten afirmar sin género de dudas, que la continuidad se ha roto, sobre todo cuando esta calificación jurídica provoca la interrupción de la prescripción, institución basada en el principio de seguridad jurídica. Flaco favor se le hace a este principio, si con el vacío temporal y probatorio que hemos detectado permitiéramos que la calificación de infracción única y continuada, fuera la razón para determinar la interrupción del cómputo del plazo de prescripción de la infracción.

 El 8 de septiembre de 2014, fecha en que se dirigió la acción sancionadora contra TT, ya no estábamos ante la infracción única y continuada que se le imputó hasta diciembre de 2012. La inmediata consecuencia es la prescripción del derecho de la Administración para la imposición de la sanción de conformidad con el artículo 68.1 y 3 de la LDC . Entre la fecha de inicio del procedimiento y la última conducta imputable del año 2008, incluso 2009, han trascurrido los 4 años de prescripción que se contemplan para las infracciones muy graves.

 Como decimos, nada hay a partir de 2008, con total seguridad, y con las dudas expresadas en el 2009 ante el posible apartamiento de los practicas colusorias, que nos permita concluir que, en los años posteriores a esas fechas, la valoración que hace la CNMC sea compatible con la descripción de hechos, actos o conductas que encajen en una infracción del artículo 1 de la LDC . Por lo tanto, cuando se incoó el procedimiento por la CNMC contra la actora, ya se había consumado la prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora.

 Lo dicho nos lleva a la integra estimación del presente recuso con la anulación de la sanción impugnada por no ser ajustada a derecho, en la medida que había prescrito la infracción imputada cuando se inició el procedimiento sancionador contra la actora.

 OCTAVO .- La estimación del recurso conlleva que las costas le sean impuestas a la Administración de conformidad con el artículo 139.1 de la LJCA .

FALLAMOS

 Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por TRANSPORTES TARRAGONA S.A ., contra la resolución de 25 de junio de 2015, dictada por la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, con la anulación de la resolución impugnada en los términos expresados en la presente sentencia. Se imponen las costas a la Administración demandada.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 18/02/2020 doy fe.