Id. Cendoj: 28079230062020100047
ECLI: ES:AN:2020:520
ROJ: SAN 520/2020
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 18/02/2020
Nº de Recurso: 676/2015
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: MARIA JESUS VEGAS TORRES
Procedimiento: Procedimiento ordinario
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000676 / 2015

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 05941/2015

 Demandante: TRANSPORTES CARLOS SL

 Procurador: DON ALBERTO HIDALGO MARTÍNEZ

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. MARIA JESUS VEGAS TORRES

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 D. SANTOS GANDARILLAS MARTOS

 D. MARIA JESUS VEGAS TORRES

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a dieciocho de febrero de dos mil veinte.

 Se ha visto ante esta Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y bajo el número 676/2015, el recurso contencioso-administrativo formulado por TRANSPORTES CARLOS SL , representada por el procurador don Alberto Hidalgo Martínez, contra la resolución de 25 de junio de 2015, dictada por la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Ha sido parte la Administración General del Estado defendida por el abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO . - Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando se dicte sentencia por la que:

 1) Declare nula de pleno Derecho o, subsidiariamente, anule la Resolución, de 25 de junio de 2015, de la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC, por la que se declara la existencia de una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 16/1989 , del artículo 1 de la LDC y del artículo 101 del TFUE y, en particular, se declara responsable a TRANSPORTES CARLOS por su participación en una infracción única y continuada y se le sanciona con una multa de 47.657 euros.

 2) Subsidiariamente respecto de lo anterior, anule parcialmente la Resolución citada y reduzca la mencionada multa conforme a lo expuesto en el cuerpo del presente escrito.

 3) Adicionalmente, para el caso de que se estime el recurso en su integridad o parcialmente, se publique por la CNMC la sentencia estimatoria y una nota de prensa relativa al sentido de la sentencia en su sitio web, que deberá figurar en la página en la que se encuentra publicada la documentación relativa al expediente administrativo, en la sección de novedades de la página de inicio (donde deberá permanecer al menos tres días) y en la página en la que se encuentra el archivo de novedades a partir de ese momento.

 SEGUNDO . - El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia que confirme el acto recurrido en todos sus extremos.

 TERCERO .- Una vez practicadas las pruebas admitidas, se concedió a las partes trámite de conclusiones y una vez presentados los correspondientes escritos quedaron las actuaciones pendientes para votación y fallo cuando por turno le correspondiera. Y se fijó para ello la audiencia del día 15 de enero de 2020, prolongándose la deliberación a sucesivas sesiones.

 Ha sido ponente la Ilma. Sra. Dña. Mª Jesús Vegas Torres, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO .- Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la resolución de 25 de junio de 2015, expediente administrativo           NUM000 -Transportes Frigoríficos- del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante CNMC), mediante la cual se le impuso a TRANSPORTES CARLOS una sanción de multa de 47.657 euros, por la comisión de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 .

 La parte dispositiva de dicha resolución concretaba:

 "PRIMERO. - Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción del artículo 1 de la Ley 16/1989 , del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , y del artículo 1 del TFUE , en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Sexto de esta Resolución.

 SEGUNDO. - De acuerdo con la responsabilidad atribuida en el Fundamento de Derecho Séptimo, declarar responsables de las citadas infracciones a las siguientes empresas:

 [...] 9 TRANSPORTES CARLOS SL- por una infracción única y continuada-desde abril de 1993 hasta diciembre de 2012, consistente en acordar las tarifas aplicables a los servicios de transporte internacional frigorífico por carretera, participando igualmente en el acuerdo para crear una empresa franquiciadora para fijar los precios del transporte frigorífico de mercancías por carretera y unificar condiciones de venta en 2012. ----- [...].

 TERCERO. - imponer a las autoras responsables de las conductas infractoras las siguientes multas:

 [...] 6-. TRANSPORTES CARLOS-47.657 euros----[...]

 QUINTO. - Instar a la Dirección de Competencia de esta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta Resolución. [...] ".

 Como antecedentes que precedieron al dictado de dicha resolución, a la vista de los documentos que integran el expediente administrativo, merecen destacarse los siguientes:

 1) A través de varios correos electrónicos remitidos en octubre de 2011 y octubre de 2012, la Dirección de Investigación de la antigua CNC tuvo conocimiento de la existencia de una serie de prácticas presuntamente anticompetitivas en el sector del transporte frigorífico nacional e internacional de mercancías por carretera, consistentes en la fijación de precios y condiciones comerciales.

 En consecuencia, los días 11 y 12 de diciembre de 2012, la CNC realizó inspecciones en las sedes de la Asociación Regional de Empresas de Transporte Interior e Internacional de Mercancías (ARETRAIN), la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (FROET), la Asociación Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), la asociación sectorial ATFRIE y las empresas SUDITRANS, S.L. (SUDITRANS), ARNEDO MEDINA VALENCIA, S.A. (ARMESA). Asimismo, requirió a varias empresas información relativa a su estructura de propiedad, cargos directivos, objeto social, el mercado de transporte frigorífico de mercancías por carretera y su presencia en el mercado, listado de los precios de servicios de transporte frigorífico de mercancías por carretera hacia los principales destinos nacionales e internacionales para los ejercicios 2000 a 2012 y si en dichos años habían realizado alguna reducción en su flota de camiones o modificación en la metodología y forma de facturación.

 2) El 13 de marzo de 2013, la CNC realizó nuevas inspecciones en las sedes de las empresas TRANSPORTES CAUDETE, S.A. (CAUDETE), TRANSPORTES ANTONIO BELZUNCES, S.A. (BELZUNCES) y T.CARLOS, requiriendo a varias empresas información relativa a su estructura de propiedad y control, identificación de sus principales cargos directivos, objeto social, informes públicos sobre el mercado de transporte frigorífico de mercancías por carretera, listado de precios de servicios de transporte frigorífico de mercancías por carretera hacia los principales destinos nacionales e internacionales para los ejercicios 2000 a 2012 y si entre 2000 hasta 2012 habían realizado alguna reducción en su flota de camiones o modificación en la metodología y forma de facturación.

 3) Con fecha 1 de julio de 2013, la DI acordó la incoación de un expediente sancionador por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en el artículo 1 de la Ley 16/1989 , en el artículo 1 de la LDC y en el artículo 101 del TFUE , por posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la fijación de los precios y las condiciones comerciales del transporte frigorífico nacional e internacional de mercancías por carretera contra la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE BAJO TEMPERATURA DIRIGIDA y las siguientes siete empresas: ARNEDO MEDINA VALENCIA, S.A., PRIMAFRIO, S.L., TRANSPORTES ANTONIO BELZUNCES, S.A., CAMPILLO PALMERA, S.L., TRANSPORTES CARLOS, S.L., TRANSPORTES CAUDETE, S.A. y TRANSPORTES MAZO HERMANOS, S.A.

 4) Con fecha 5 de noviembre de 2013 se acordó, a la vista del recurso presentado por T.CARLOS (Expte.           NUM001 TRANSPORTES CARLOS), suspender el plazo máximo de resolución del procedimiento, hasta el día siguiente de la resolución por el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

 5) Con fecha 30 de enero de 2014 se notificó el acuerdo de levantamiento de la suspensión del cómputo del plazo máximo para resolver el procedimiento, tras la Resolución del Expediente           NUM001 TRANSPORTES CARLOS.

 6) Con fecha 24 de febrero de 2014, se acordó suspender el plazo máximo de resolución del procedimiento, hasta el día siguiente de la resolución por el Consejo de la CNMC. El 8 de mayo de 2014 se resolvió por la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC desestimar el recurso contra el acuerdo de la Dirección de Competencia de fecha 6 de febrero de 2014 por el que se le deniega la condición de interesado, acordando la Dirección de Competencia el 12 de mayo de 2014, el levantamiento de la suspensión del plazo máximo para resolver el procedimiento.

 7) El 20 de mayo de 2014, la Dirección de Competencia acordó, la ampliación de la incoación contra GRUP RAMFER 2005, S.L., matriz de T.CARLOS; MZ 73 INVERSIONES, S.L., matriz de MAZO y TRANSPORTES EUROPEOS COMUNITARIOS, S.A., matriz de ARMESA. 24.

 8) El 8 de septiembre de 2014, la Dirección de Competencia acordó, la ampliación de la incoación contra otras quince empresas: TRANSDONAT, S.A., TRANSPORTES TARRAGONA, S.A. y su matriz TARRAGONA INTERNACIONAL, S.L., TRANSPORTES HERMANOS CORREDOR, S.A., TRANSPORTES MOLINERO, S.L., GUIRADO TRANS, S.A., GRUPO TRANS ONUBA, S.L. y su matriz INVERSIONES ONUBA, S.L., RAU LOAD CARGO, S.L., INTER TRANS PEREZ CASQUET, S.L. y su matriz GRUPO EMPRESARIAL PEREZ CASQUET, S.L., DISFRIMUR, S.L. y su matriz GRUPO DISFRIMUR, LOGISTIC TRANSPORTS NB, S.L. y CASTILLO TRANS, S.A. 25.

 9) Con fecha 24 de octubre de 2014, la Dirección de Competencia adoptó el Pliego de Concreción de Hechos, que fue notificado a las partes.

 10) Con fecha 16 de marzo de 2015, la Dirección de Competencia adoptó la Propuesta de Resolución.

 SEGUNDO . - En cuanto a los hechos determinantes del acuerdo sancionador, la resolución recurrida, antes de delimitar el mercado afectado, hace algunas consideraciones relevantes sobre el marco normativo en el que se encuadra la actividad del transporte de mercancías por carretera, con referencia a las especialidades del transporte frigorífico.

 A continuación, alude al mercado de producto que identifica, precisamente, con el de los servicios de transporte frigorífico internacional de mercancías por carretera y, en particular, el de productos perecederos, como frutas y verduras frescas, e incide también en esa caracterización del mercado a las particulares condiciones de este transporte derivadas de la singularidad de los productos perecederos y su pronta caducidad, que exige acortar los plazos de entrega, así como por la estacionalidad del negocio "... con picos de demanda en períodos concretos del año relacionados con el cultivo de cada una de las especies hortofrutícolas, lo que hace necesaria una flexibilidad total por parte del transportista".

 El mercado geográfico se extendería a España y a los países europeos a los que se transportan las mercancías, por lo que resultaría aplicable, según la CNMC, el artículo 101 del TFUE .

 Y en cuanto a la estructura del mercado, de entre las consideraciones que la resolución dedica a esta cuestión entendemos destacable el hecho de que la demanda de estos servicios se caracteriza por ser doble pues se produce, por un lado, desde las empresas hortofrutícolas españolas que exportan sus productos; y, por otro, desde las empresas importadoras ubicadas en países europeos.

 Delimitado de este modo el mercado afectado, y descrito su modo de funcionamiento, la CNMC aborda la relación de hechos acreditados mencionando las principales fuentes de información que le han permitido constatarlos. Se refiere así a la información remitida en octubre de 2011 y en octubre de 2012 por correo electrónico relativa a la existencia de unas presuntas prácticas anticompetitivas en el mercado del transporte frigorífico nacional e internacional de mercancías por carretera, que sería además coincidente con una serie de noticias aparecidas en dos publicaciones de la prensa especializada; así como a la información obtenida en las inspecciones realizadas en diciembre de 2012 y marzo de 2013 en empresas y asociaciones del sector, a las contestaciones a los requerimientos de información realizados a empresas y asociaciones del sector, y a los correos electrónicos que cita.

 Pues bien, dicho acervo probatorio le habría permitido constatar a Sala de Competencia que varias empresas, entre las que se encontraba la actora, cometieron una infracción del artículo 1 de la Ley 16/1989 , el artículo 1 de la LDC , el artículo 101 del TFUE , poniendo de manifiesto, en apretada síntesis, los siguientes extremos:

 1.- Los acuerdos colusorios consistían en fijación de precios del transporte frigorífico internacional de mercancías por carretera, en y desde España hacia países europeos, desde de 1993 a diciembre de 2012; así como en la decisión de 2012 de constituir una empresa franquiciadora para fijar precios mínimos del transporte frigorífico de mercancías por carretera y unificar las condiciones de venta.

 2.- En la canalización de los acuerdos de fijación de precios tuvo especial relevancia la participación de ATFRIE, acrónimo de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE BAJOTEMPERATURA, que con sede en Madrid agrupa a las principales empresas de ámbito nacional dedicadas al transporte frigorífico por carretera a nivel nacional e internacional. Solo podrán formar parte de la asociación empresas individuales y colectivas españolas dedicadas habitualmente al transporte público de mercancías por carretera, combinado con otros modos y vías, bajo temperatura dirigida y con material móvil especializado a tal fin y sus elementos complementarios.

 Se fundó el 7 de junio de 1977, formando parte al inicio dieciocho empresas: EMPRESA MONTAÑA, S.A., TTES. LAGO, S.A., ÁLVAREZ ENTRENA, S.A., VIBROLAND, S.A., DAVID ESPAÑA, S.A., TTES. INT. MARQUESET, S.A., TTES. J. CARRIÓN, S.A. TTES. J. CARILLO, S.A., TTES. INT. FRIG. GÓMEZ, S.A., T. CARLOS, MAZO, TTES. BERNARDO ROSELL FERRER, S.A., TTES. FRIG. MARCOS, S.A., PEREA, S.L., TTES. SARALEGUI, S.A., TTES. VILLALBA HERMANOS, S.A. GENISTRAN y TRANSFRUTAS.

 A día de la fecha de la resolución sancionadora agrupaba a las principales empresas de ámbito nacional de transporte frigorífico -un total de 85- y a diez asociaciones representativas del sector, entre las que se encuentra la actora.

 ATFRIE tiene dos órganos de gobierno: la Asamblea General y la Junta de Gobierno. El 17 de septiembre de 2008, en la Junta de Gobierno Extraordinaria y Urgente de ATFRIE se acordó por unanimidad crear un nuevo órgano denominado Comité de Presidencia, que actuaría como órgano asesor de la Presidencia y lo componen los que han sido Presidentes de la asociación, sus fundadores y las personas de reconocido prestigio del sector.

 3.- Desde 1993, y al menos hasta el año 2012, se vino produciendo una práctica anticompetitiva consistente en acordar las tarifas aplicables a los servicios de transporte frigorífico internacional por carretera a través de ATFRIE, de lo que posteriormente se daba traslado al resto de empresas del sector.

 4.- En ATFRIE se celebraban reuniones de la Junta de Gobierno cada año a finales de septiembre o principios de octubre, antes del inicio de la campaña de exportación del sector hortofrutícola. Se acordaban los precios que se trasladaban a las reuniones de «tarifas», que posteriormente pasaron a denominarse de «costes», sin que por ello cambiara la naturaleza, organización y funcionamiento de las reuniones. Las reuniones tenían lugar con ocasión de la celebración de la Asamblea General de ATFRIE, normalmente al día siguiente.

 5.- La conducta colusoria se le imputa a todas las empresas agrupadas en la denominada Junta de Gobierno de ATFRIE y a otros órganos y comisiones relacionados con esta asociación que han mantenido, a lo largo de más de una década, una práctica continuada y sostenida de fijación de precios utilizando a la Asociación como entidad facilitadora para la adopción de los acuerdos y para su difusión al resto de asociados y empresas que acudían a las asambleas periódicas.

 6.- Se considera que las empresas eran conscientes de la ilicitud de sus actuaciones, lo que explica que buscaran diversas fórmulas para dar una apariencia de legalidad a sus acuerdos durante todo este tiempo.

 Entre 1993 y 1994, para evitar la actuación de las autoridades de competencia, se decidió retirar de las tarifas enviadas el membrete de la asociación y proceder a su «envío anónimo».

 7.- A partir de 2008, las reuniones donde se acordaban precios dejaron de llamarse «reuniones de tarifas» y pasaron a denominarse «reuniones de costes.

 8.- En el año 2012 se propone la constitución de una sociedad franquiciadora por el denominado «Grupo de Empresarios del Transporte» con el objeto de fijar a través de esta los precios de los servicios del transporte frigorífico internacional por carretera, en un intento de eludir una sanción por parte de la Autoridad de Competencia, tal y como se recomendó en el informe elaborado por el responsable del Área Jurídica de ARMESA (una de las sociedades implicadas) y del Área Jurídica, Asuntos Legales y Relaciones Institucionales de ATFRIE. Esta sociedad no llego a constituirse legalmente.

 9.- La infracción es calificada como única y continuada, constituida por varias conductas que perseguían un mismo objetivo, la fijación de precios en el mercado de transportes frigoríficos de mercancías por carretera. Considera que estas conductas se han llevado a cabo de manera continuada desde 1993 hasta el 2012.

 10.- La actuación coordinada por parte de empresas competidoras, reunidas en el ámbito de las reuniones celebradas por la Junta de Gobierno de ATFRIE, para acordar trasladar a los miembros de la Asociación las tarifas acordadas con la colaboración de dicha Asociación, y la decisión de constituir una empresa franquiciadora para fijar precios mínimos y unificar las condiciones de venta, tenían capacidad para reducir la independencia en la toma de decisiones de las empresas de transporte internacional frigorífico por carretera, eliminando la incertidumbre y restringiendo la competencia.

 11.- Hasta diciembre de 2012, ámbito temporal al que se extiende la infracción, se permitió a las entidades imputadas debilitar o suprimir el grado de incertidumbre sobre el funcionamiento competitivo del mercado afectado, dando lugar a un resultado colusorio, con el consiguiente perjuicio directo a sus clientes y a los consumidores.

 TERCERO .- La representación procesal de Transportes Carlos SL. opone en su escrito de formalización de la demanda que toda la prueba obrante en el expediente administrativos procedente de las diferentes inspecciones realizadas por la CNMC se obtuvo de manera ilícita y que, por tanto, la imputación a Transportes Carlos se ha realizado sin prueba de cargo.

 Denuncia que la orden emitida para la inspección de la sede la recurrente y las restantes órdenes de investigación adoptadas por la CNMC infringen la legislación vigente por no cumplir las exigencias mínimas de motivación y de contenido y por no delimitar suficientemente las conductas objeto de investigación ni acotar debidamente el transporte al que se refería aquella y añade además, que se ha conculcado el derecho de defensa de la sociedad actora por haber usado como prueba de cargo un documento protegido por el privilegio Abogado-Cliente y, en concreto, un informe jurídico (sin fechar) elaborado por el letrado D. Antonio López, que fue encargado por el "Grupo de Empresarios del Transporte", del que la actora forma parte y unos correos electrónicos ( de 30 de agosto de 2012) enviados por dicho letrado a D.           Candido, miembro de la Junta de Gobierno de ATFRIE.

 Por lo demás manifiesta que no existe prueba de que Transportes Carlos SL prestara su consentimiento en ningún momento del periodo que transcurre entre 1993 y 2012 y que los hechos sancionados no son atribuibles a la sociedad actora. Explica que dos de sus directivos-D.           Bruno y D.           Candido, como personas físicas individuales han sido miembros de la Junta de Gobierno de la Asociación española de Empresarios de Transportes bajo temperatura dirigida (en adelante, ATFRIE) desde 1992 hasta el final del periodo investigado por la CNMC, pero que la asistencia de ambos a todas las reuniones de la Junta de Gobierno de ATFRÍE desde 1993 a 2012 y las manifestaciones realizadas por aquellos en ellas no se efectuaron en el ejercicio de sus funciones directivas dentro de Transportes Carlos, a quien no representaban en el seno de la Junta de Gobierno de ATFRÍE, por lo que la CNMC ha determinado incorrectamente que D-          Bruno y D.           Candido participaban en las reuniones de la Junta de Gobierno de ATFRIE en la que se fraguó la conducta calificada como anticompetitiva en calidad de directivos de Transportes Carlos cuando la intervención de aquellos en éstas no se realizó a título de representantes de la actora sino a título individual como miembros del órgano de gobierno colegiado de una asociación para dotar de contenido la voluntad de ATFRIE.

 Subsidiariamente opone la nulidad de la resolución impugnada por falta de prueba de la infracción en relación con la fijación de tarifas en el seno de ATFRÍE. Sostiene que la CNMC ha aplicado de forma indebida la figura de infracción única y continuada y que no se ha probado la existencia de un plan común que aúne la recomendación de tarifas y la conducta relativa a la franquiciadora por lo que concluye que la eventual infracción llevada a cabo entre 1993 y agosto de 2007 estaba prescrita puesto que ya habían transcurrido más de cuatro años previstos por el artículo 68 de la LDC cuando, el 11 de diciembre de 2012, llevó a cabo las primeras inspecciones de las que trae causa este expediente.

 También con carácter subsidiario denuncia que la CNMC no ha aportado prueba que acredite la fijación de tarifas en el periodo de 1993-1997, conculcándose el derecho a la presunción de inocencia de la recurrente y los principios de responsabilidad y culpabilidad.

 Respecto del intento de creación de una empresa franquiciadora a nivel sectorial, manifiesta que la CNMC determina incorrectamente la autoría de TRANSPORTES CARLOS, que, incluso si la autoría estuviese bien determinada, la CNMC califica incorrectamente la conducta como anticompetitiva por su objeto y que, en todo caso, la responsabilidad de TRANSPORTES CARLOS debe considerarse excluida en este caso.

 Se denuncia también en la demanda que no concurre el principio de culpabilidad y que en el caso examinado se cumplen los criterios para la aplicación del principio de confianza legítima así como la incorrecta atribución de responsabilidad solidaria a GRUP RAMFER por la conducta llevada a cabo por TRANSPORTES CARLOS y, para terminar, opone la infracción del principio de proporcionalidad al no haber tenido en cuenta que ningún directivo o representante de Transportes Carlos participó en la en la Junta de Gobierno de ATFRÍE de 2006, reiterando que los directivos de Transportes Carlos participaron en las Juntas de Gobierno en calidad de tesoreros, sin que además, se hayan acreditado la existencia de efectos anticompetitivos derivados de las conductas sancionadas.

 A todo ello se opone al abogado del Estado en los mismos términos en los que se pronunció la resolución que es objeto del presente recurso.

 CUARTO - Ex puestos los términos del debate, examinaremos los motivos de impugnación aducidos por el recurrente, comenzando, por razones de sistemática procesal, por los que denuncian que la orden emitida para la inspección de la sede la recurrente y las restantes órdenes de investigación adoptadas por la CNMC infringen la legislación así como que se ha conculcado el derecho de defensa de la sociedad actora por haber usado como prueba de cargo un documento protegido por el privilegio Abogado-Cliente y, en concreto, un informe jurídico ( sin fechar) elaborado por el letrado D. Antonio López, que fue encargado por el "Grupo de Empresarios del Transporte", del que la actora forma parte y unos correos electrónicos ( de 30 de agosto de 2012) enviados por dicho letrado a D.           Candido, miembro de la Junta de Gobierno de ATFRIE.y a otras de las empresas sancionadas.

 Hemos de advertir que, en sentencia de 12 de mayo de 2015 , rec. 175 / 2013, esta Sala analizó la Orden de Investigación dictada por la Dirección de Investigación el 29 de noviembre de 2012 en la que se acordaba, en el seno del ámbito de las DP 36/2012 la inspección de las empresas ARNEDO MEDINA VALENCIA S.A y ARBA SERVICE LOGISTIC S.L, también sancionadas en el expediente administrativo           NUM000 -Transportes Frigoríficos- del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, lo que se desarrolló en Massamagrell (Valencia), polígono industrial del Bobadar, calle nº4, nº29 y 31, los días 11 y 12 de noviembre de 2.012.

 En esa sentencia analizamos y dimos validez a la motivación de la Orden de investigación y se rechazó asimismo que se hubiera vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones abogado-cliente y del derecho de defensa previstos en los artículos 18.1 , 18.3 y 24 de la Constitución Española .

 Pues bien, como decíamos en aquella Sentencia y reiteramos ahora:

 "Conviene recordar, con carácter previo, las pautas establecidas al efecto por el Tribunal General de la Unión Europea en la reciente sentencia de 26 de octubre de 2010 dictada en el asunto T-23/09 en la que, entre otros razonamientos, el Tribunal establece lo siguiente:

 "

 33 El artículo 20, apartado 4, del Reglamento nº 1/2003 define los elementos esenciales que deben figurar en las decisiones de la Comisión por las que se ordena una inspección, obligando a la Comisión a motivarlas indicando el objeto y la finalidad de la inspección, la fecha de su inicio, las sanciones previstas en los artículos 23 y 24 de dicho Reglamento y el recurso que puede interponerse contra tales decisiones ante los tribunales de la Unión. La jurisprudencia ha precisado la extensión de la obligación de motivación de las decisiones de inspección a la vista del contenido de esa disposición (véase la sentencia del Tribunal de 8 de marzo de 2007, France Telecom/Comisión, T-340/04 , Rec. p. II-573, apartados 50 a 53, y la jurisprudencia citada)."

 Establece el Tribunal que es preciso que los destinatarios puedan identificar el objeto y la finalidad de la inspección, exclusivamente. Y continúa:

 "39 Procede recordar, sin embargo, que el deber de motivar una decisión individual tiene la finalidad de permitir al juez comunitario ejercer su control sobre la legalidad de ésta y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la decisión está bien fundada o si eventualmente adolece de algún vicio que permita impugnar su validez, precisándose que el alcance de esta obligación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado, así como del conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate ( sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 1984, Interfacultair Instituut Electronenmicroscopie der Rijksuniversiteit te Groningen, 185/83 , Rec. p. 3623, apartado 38; sentencias del Tribunal General de 15 de junio de 2005 , Corsica Ferries France/Comisión, T-349/03 , Rec. p. II-2197, apartados 62 y 63, y France Télécom/Comisión, citada en el apartado 33 supra, apartado 48)."

 Así, puede observarse que la Orden de investigación contiene:

 -El mercado relevante: transporte frigorífico de mercancías por carretera.

 -El destinatario de la misma: las empresas recurrentes y las asociaciones sectoriales.

 -El tipo de conductas a que se refiere: no hay una mera indicación o remisión al art.1 de la LDC , como en el supuesto contemplado en la STS de 10.12.2014, recurso 4201/2011

 -Efectos de las conductas; valorar si se ha producido el cierre del mercado español del transporte frigorífico de mercancías por carreteras y si tales acuerdos se han llevado a la práctica.

 En consecuencia, se cumplen las exigencias del art.13.3 del RDC.

 Y en cuanto a la falta de expresión de los indicios concretos que fundamentan la orden hemos de indicar que la referencia expresa de los mismos pudiera afectar al resultado y éxito de la investigación, por lo que no puede exigirse tal concreción, sin perjuicio de su debida acreditación en el expediente sancionador.

 En cuanto a la vulneración por la actuación inspectora de la Dirección de Investigación del derecho al secreto de las comunicaciones abogado-cliente, y del derecho de defensa previstos en los artículos 18.1 y 24 de la Constitución . (....)"

 "Respecto de la confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente, esta Sala ha señalado en anteriores sentencias que la confidencialidad de las relaciones abogado- cliente, no es un derecho fundamental sustantivo porque nada consagra la Constitución a este respecto, pero es un elemento integrante del derecho de defensa recogido en el artículo 24 del Texto Constitucional. Tal precepto dispone:

 "2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia."

 Para que se entienda producida la violación de este precepto es necesario que haya tenido lugar alguna actuación u omisión administrativa que, a través de la información cliente- abogado incautada, haya provocado indefensión. A ello responde la doctrina de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión europea de fecha 18 de mayo de 1982 (AM &amp;amp;Comisión 155/79), e igualmente en la sentencia Akzo Nobel Chemicals Ltd&amp;amp;Akcros Chemicals Ltd Comision , Asuntos T125/03 y T253/03 ).

 Las facultades de investigación que el artículo 40.2 LDC reconoce al personal habilitado de la CNC, son, entre otras:

 a) Acceder a cualquier local, incluyendo el domicilio particular de los empresarios.

 b) Verificar libros y documentos relativos a la actividad empresarial, cualquiera que sea su soporte material.

 c) Hacer u obtener copias, en cualquier formato, de dichos libros o documentos.

 d) Retener hasta 10 días los libros y documentos mencionados en la letra b.

 e) Precintar todos los locales, libros, documentos y demás bienes de la empresa durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección.

 Se admite expresamente, por lo tanto, por nuestro ordenamiento jurídico, el copiado de documentación, y así se reconoce expresamente en el ordenamiento comunitario.

 En relación con estas facultades de la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia ha dictado múltiples sentencias específicamente analizando la posibilidad de búsqueda e identificación de documentos, entre otras en la sentencia de 17 de octubre de 1989 (caso Dow Chemical Ibérica, asuntos 97/87 , 98/87 y 99/87, apartados 23 y 24):

 "80.- Resulta, pues, que el mero hecho de que una empresa invoque la confidencialidad de un documento no es suficiente para impedir a la Comisión acceder a dicho documento si, al margen de ello, la empresa no aporta ningún elemento útil para probar que, efectivamente, el documento goza de protección en virtud de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes. Entre otras cosas, la empresa inspeccionada podrá indicar a la Comisión quiénes son el autor y el destinatario del documento de que se trate, explicar las respectivas funciones y responsabilidades de cada uno de ellos y hacer referencia a la finalidad del documento y al contexto en el que se redactó. Del mismo modo, la empresa puede mencionar el contexto en el que se descubrió el documento y la manera en la que fue clasificado, así como remitirse a otros documentos con los que tenga relación."

 Pues bien, en el caso que examinamos la parte recurrente no ha precisado en qué medida, el concreto contenido de los documentos que dice estar afectados por la confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente, ha determinado la imputación de Transportes Carlos SL en la infracción por la que finalmente ha sido sancionada. Por lo tanto, los motivos de impugnación examinados han de ser desestimados.

 QUINTO. - Por lo demás, entrando a resolver los restantes motivos de impugnación articulados en la demanda, cumple manifestar que presente recurso ha sido enjuiciado junto al resto que las empresas imputadas en el cartel formularon contra la resolución sancionadora, lo que nos ha permitido una conjunta valoración de lo acontecido.

 En coherencia con lo resuelto en otros recursos, efectuaremos, a continuación, el análisis de la prescripción, aunque con ello alteremos el orden de los motivos invocados en el escrito de demanda que sucintamente hemos descrito en los antecedentes de hecho de esta sentencia.

 No obstante, para la resolución de este motivo analizaremos los hechos tal y como se le imputan a la actora, ya que no todas las empresas del cartel intervinieron, ni en el mismo periodo de tiempo, ni con la misma intensidad, ni se inició el procedimiento sancionador en el mismo momento.

 Por otro lado, hay que valorar el alcance que tendría la calificación de infracción única y continuada de cara a la interrupción de la prescripción, toda vez que la imputación temporal de la conducta colusoria detectada se extendió hasta diciembre de 2012.

 La resolución sancionadora entre otros extremos afirma que TRANSPORTES CARLOS SL., ubicada en Tarragona, fue constituida en 1938, como empresa familiar. El 2 de junio de 1986 la empresa familiar se constituyó como Sociedad Anónima y en fecha 8 de noviembre de 2005 en Sociedad Limitada. El capital de la empresa T.CARLOS pertenece al 100% a su matriz GRUP RAMFER 2005, S.L.

 El objeto social de T.CARLOS es, entre otros, el transporte discrecional nacional e internacional de mercancías por carretera, así como el regular y cualquier actividad directamente relacionada con ellos y en especial la agencia de transportes y conexos.

 T.CARLOS pertenece a ATFRIE desde la constitución de dicha Asociación, como consta en el acta fundacional de la misma de 7 de junio de 1977, siendo uno de sus apoderados desde el 10 de marzo de 1987 hasta el 24 de junio de 1992 Tesorero de ATFRIE, Vicepresidente de ATFRIE desde el 24 de junio de 1992 al 9 de abril de 1999 y Presidente en funciones desde dicha fecha hasta el 21 de septiembre de 2000 y Tesorero-Contador hasta el 29 de septiembre de 2004, Vocal de la Junta de Gobierno de ATFRIE desde el 29 de septiembre de 2004 y Tesorero desde el 17 de septiembre de 2008 hasta la actualidad.

 También podemos destacar los siguientes extremos:

 1.- Comenzando con el año 1993, el 28 de abril se reunió la Junta de Gobierno de ATFRIE en la que se acordó el incremento de las tarifas antes de la llegada de la próxima campaña (folios 775 y 776). El 18 de junio de 1993, en la Asamblea General de ATFRIE se trató la propuesta de tarifas y precios (folios 778 y 779).

 2.- En el año 1994, el 9 de febrero en la Junta de Gobierno de ATFRIE se dijo por su presidente que «que, ante la imposibilidad, ya suficientemente comprobada, de seguir confeccionando las actuales tarifas para el transporte frigorífico internacional, sería conveniente adoptar otros criterios que posibilitasen su publicación» (folios 782 a784). En la Asamblea General Ordinaria de ATFRIE de 23 de junio de 1994 se acordó seguir remitiendo dichas tarifas de forma anónima (folios 785 a 787).

 3.- En el año 1995, tras las reuniones previas de preparación, el 20 de septiembre de 1995 tuvo lugar la Junta de Gobierno de ATFRIE en la que se decidió recomendar y mentalizar a los transportistas sobre la necesidad de aumentar precios, lo que dio lugar a que con fecha de 27 de septiembre de 1995 en la Asamblea General de la Asociación se aprobase una subida del 5%(folio 3858).

 4.- En el año 1996, en el acta de la reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE celebrada el 23 de octubre de 1996, se informó a los asociados que se les había pasado cinco comunicados, sobre las previsibles orientaciones del mercado en materia tarifaria, planteándose en la reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE que se consideraba necesario constituir una Comisión de Seguimiento de la evolución de los precios del mercado, en la que estuvieran representadas todas las regiones, que deseen colaborar y trabajar en esta materia fundamental para el sector (folios 365 y 366).

 5.- En el año 1997, se crea la Comisión de tarifas con motivo de la reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE celebrada el 12 de marzo de 1997, y conllevará que las tarifas que se recomienden por ATFRIE a nivel nacional sean respetadas por las diferentes zonas regionales existentes (folios 836 a 839).En dicha Junta de Gobierno y en relación al Cuarto punto del Orden del día, el representante de Transportes Carlos y Vicepresidente de ATFRIE manifestó que consideraba "que si no se llega a acuerdos puede haber perjuicios para todos, puesto que los clientes pueden ver una diferencias grandes entre los precios que se aplican por unas empresas y por otras, en consecuencia, todo el mundo, en su beneficio, debe ceder" . La Comisión de Tarifas creada, está integrada, entre otros, por el representante de Transportes Carlos.

 6- Por la Comisión de Tarifas, en sesión celebrada el 21 de mayo de 1997, a la que asistió el representante de TRANSPORTES CARLOS, se acordó el listado de precios por kilometraje a los distintos destinos europeos (folios 841 y 842).

 7- El Acta de la Asamblea General de ATFRIE celebrada el 3 de julio de 1997 recogió las comunicaciones de precios a los asociados y la convocatoria de la recién creada Comisión de Tarifas, encargada de su elaboración (folios 1255 y 1256).

 8- El 16 de septiembre de 1997 se reunió en el Hotel Sidi San Juan (Alicante) la Junta de Gobierno de ATFRIE, a la que asistió el representante de TRNSPORTES CARLOS, para la preparación de las directrices sobre la reunión de tarifas; se acuerda continuar con la política de recomendaciones en las tarifas a aplicar al transporte frigorífico de mercancías por carretera, y que frente a posibles eventualidades, pueda variarse el precio, y con la política de faxes en los que se establecen las recomendaciones (folios 846 y 848).

 9.- En el año 1998, la Junta de Gobierno de ATFRIE celebrada el 21 de enero de 1998, (folios 849 a 852) pone de manifiesto el grado de cumplimiento de las tarifas recomendadas.

 10.-En el año 1999, en la reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE de 9 de abril de 1999, dentro del punto del orden del día relativo a la valoración de las campañas, se manifiesta que no se ha podido cobrar la tarifa acordada, acordándose posponer el análisis detallado de la situación hasta la próxima Junta de Gobierno, previa a la reunión de tarifas (folios 864 a 866). El 28 de septiembre de 1999 se reunió la Junta de Gobierno de ATFRIE, a la que asistió el representante de TRANSPORTES CARLOS SL., para la preparación de las directrices de la reunión tarifaria, acordando aumentar los precios del año anterior cobrados en cada zona en 30.000 ptas. (folios 445 y 871 a 874).

 11.- En el año 2000, en la Asamblea General de ATFRIE de 15 de junio de 2000 se eligió una nueva Junta de Gobierno, en la que resultó designado, entre otros, el administrador único DE TRNSPORTES CARLOS SL. (folios 878 a 881). El 21 de septiembre de 2000 se reunió la nueva Junta de Gobierno de ATFRIE para preparar las directrices de la reunión tarifaria que se celebró el 3 de octubre de 2000 en Mojácar, y según lo acordado en la reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE celebrada el 3 de julio de 2000, se recomendó un incremento medio del 8% de las tarifas de referencia vigentes en ese momento (folios 875 a 877).

 12.-En el año 2001, el 2 de octubre de 2001 se reunió la Junta de Gobierno de ATFRIE para la preparación de las directrices de la reunión de tarifas del día siguiente, acordando transmitir la necesidad de incrementar las tarifas entre un 4 y un 5% (folios 675 a 677).

 13.- En el 2002, en la Junta de Gobierno de ATFRIE celebrada el 27 de fe brero de 2002 se valoran las campañas transcurridas, así como el cumplimiento de incremento en el porcentaje acordado. En el turno de intervenciones el representante de TRANSPORTES CARLOS SL. manifestó "que ha habido muchos dientes de sierra que han dificultado una línea de actuación"

 14.- En el año 2003, el 30 de septiembre de 2003 se celebró la Junta de Gobierno de ATFRIE con el objeto de preparar las directrices de la reunión de tarifas convocada para el día siguiente 66, acordando trasladar a dicha reunión un incremento del 5% (folios 691 y 692).

 15.- En el 2004, el 29 de septiembre de 2004 y dentro del marco de la Asamblea General de ATFRIE, se celebró la reunión de tarifas, en la que el Vicepresidente de ATFRIE recomendó un incremento de las tarifas en un 8% (folios 375 a 377).

 16.- En el 2005, el 5 de octubre de 2005 se celebró la reunión sobre costes de Transporte Frigorífico en el marco de la Asamblea General de ATFRIE, en la que se plantearon «-Reducción de la flota de camiones en un porcentaje lo suficientemente amplio, que permita lograr un mínimo equilibrio entre la oferta y la demanda; y - Aumento de los precios reales que se están cobrando en al menos un 15%.» (folios 552, 554, 555, 558 a 565, 587 a 617, 702 a 705 y 1310).

 17.- En el año 2006, antes del de la campaña se celebró la reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE preparatoria de las directrices de la reunión de costes. El 3 de octubre de 2006, previa a la Asamblea de ATFRIE a celebrar el día siguiente, en la que se planteó adelantar esta reunión anual a mediados del mes de septiembre para evitar que las empresas ya hubieran cerrado precios con sus clientes y no pudieran acogerse a la política de precios recomendada. El 4 de octubre de 2006 se celebró la Asamblea General de ATFRIE y la reunión de costes (folios 711, 712 y 1311; y folios 618 a 633, 713 a 716, 1312 y 1313).

 18.- En el año 2007, el 19 de septiembre de 2007 la reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE preparatoria de las directrices de la reunión de costes a celebrar el día siguiente recogiéndose en la Memoria de actividades de ATFRIE presentada en la Asamblea General de ATFRIE la comunicación de precios a sus asociados (folios 4142, 4143 y 4156).

 19.- En el año 2008, en la reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE de 15 de abril de 2008 se hizo mención a la reunión celebrada en agosto para subir precios y se puso de manifiesto la necesidad de continuar adelantando la reunión de costes prevista en septiembre, que tuvo lugar el 18 de septiembre, coincidiendo con la Asamblea General de ATFRIE, como venía siendo habitual, tuvo lugar la reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE (folios 1321 a 1394; 4071 y 4072; 292 a 348).

 20.- En el año 2009, tras la publicación por la CNC de tarifas mínimas tuvo lugar la Convocatoria y relación de asistentes a la Asamblea General de ATFRIE, a la reunión de costes de 24 de septiembre de 2009. Sin embargo, en el seno de la reunión de 9 de diciembre de 2009 de la Junta de Junta de Gobierno de AFRIE, ya se comentó tras una ronda de opiniones que «[parte de la solución de los problemas del sector, pasarían por establecer precios mínimos en exportación [...], sin embargo, acto seguido se puntualizó explica que «[las normas de competencia lo impiden [...]» (folio 1214).

 Estos datos son recogidos por la resolución sancionadora y se contrastan con la información recabada durante el procedimiento de instrucción, como se referencia en cada una de las llamadas a pie de página.

 SEXTO.- . Descritos los hechos pasaremos a ver cómo encaja el relato fáctico en la infracción única y continuada, tal y como ha sido calificada por el acuerdo sancionador y sin con ello son merecedores de la sanción impuesta.

 Para ello resulta inevitable analizar la jurisprudencial que, al hilo de este tipo de infracción ha elaborado el TJUE y que nos permitirá comprender tanto lo que se entiende por infracción única y continuada, como los matices y diferencias con otras variantes con las que guarda una estrecha relación como las «complejas» o las «continuas».

 Esta cuestión tiene que ver, esencialmente con el periodo de participación de la empresa o del sujeto en la práctica colusoria, y recordemos que no solo se ha de probar no sólo la existencia del cartel sino también su duración, STJUE de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T 25/95 , T26/95 , T 30/95 a T32/95, T 34/95 a T39/95, T 42/95 a T46/95, T 48/95, T50/95 a T 65/95, T68/95 a T 71/95, T87/95 , T 88/95 , T103/95 y T 104/95 , Rec. p. II491, (apartado 2802).

 El carácter clandestino y oculto de mayor parte de este tipo de actividades, conlleva una dificultad probatoria a la que no ha sido ajeno el TJUE, dificultad que no solo se extiende a la participación sino a la duración de la conducta, por ello «[s]i no existen pruebas que permitan demostrar directamente la duración de una infracción, la Comisión debe basarse al menos en pruebas de hechos suficientemente próximos en el tiempo, de modo que pueda admitirse razonablemente que la infracción prosiguió de manera ininterrumpida entre dos fechas concretas [...]», STJCE de 7 de julio de 1994, Dunlop Slazenger/Comisión, T 43/92 , Rec. p. II441 (apartado 79), y de 16 de noviembre de 2006, Peróxidos Orgánicos/Comisión, T 120/04 , Rec. p. II4441, (apartado 51).

 Se ha considerado que estamos ante una infracción única y continuada cuando se participa en prácticas colusorias que constituyen (i) la existencia de un plan global que persigue un objetivo común, (ii) la contribución intencional de la empresa a ese plan, (iii) y el hecho de que se tenía conocimiento (demostrado o presunto) de los comportamientos infractores de los demás participantes, STJUE de 16 de junio de 2011, Asunto T-211/08 , Putters International NV, (apartados 34 y 35).

 Se destaca en este concepto la idea de unicidad y el de continuidad de la infracción. En cuanto al carácter único, se aprecia cuando hay identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, STG de 20 de marzo de 2002, Dansk Rørindustri/Comisión, T 21/99 , Rec. p. II1681, apartado 67, STJUE de 21 de septiembre de 2006, Technische Unie/Comisión, C113/04 P, Rec. p. I 8831, apartados 170 y 171, y la STG de 27 de septiembre de 2006, Jungbunzlauer/Comisión, T 43/02 , Rec. p. II3435, (apartado 312); en la identidad de los productos y servicios afectados, SsTJUE de 15 de junio de 2005, Tokai Carbon y otros/Comisión, T 71/03, T74/03, T 87/03 y T91/03 , no publicada en la Recopilación, (apartados 118, 119 y 124), y STG Jungbunzlauer/Comisión, (apartado 312); en la identidad de las empresas que han participado en la infracción STG Jungbunzlauer/Comisión, (apartado 312); y en la identidad de sus formas de ejecución STG Dansk Rørindustri/Comisión, (apartado 68). Además, también se pueden tener en cuenta para ese examen la identidad de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas y la identidad del ámbito de aplicación geográfico de las prácticas consideradas.

 Por lo que respecta a la continuidad, una infracción del artículo 81 CE , apartado 1, puede resultar no solo de un acto aislado sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir, por sí mismos y aisladamente considerados, una infracción de la citada disposición. Las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» con un idéntico objeto que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, lo que permite imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto, STJUE de 24 junio 2015, asunto C-263/2013 , (apartado 156).

 Se habla de infracción «única y compleja», cuando el sujeto «[ha participado en la infracción mediante comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de acuerdo o de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 81 CE , apartado 1, y que pretendían contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede así ser también responsable de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el período de su participación en dicha infracción. Así sucede cuando se acredita que la citada empresa intentaba contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes y que tuvo conocimiento de los comportamientos infractores previstos o ejecutados por otras empresas para alcanzar los mismos objetivos o que pudo de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo. [...]», STJUE de 24 junio 2015, asunto C-263/2013 (apartado 157) y STJUE 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778 , (apartado 42).

 En estos casos «[resultaría artificioso subdividir un comportamiento continuado, caracterizado por una única finalidad, para ver en él varias infracciones distintas, cuando, por el contrario, constituía una única infracción que se fue concretando progresivamente a través tanto de acuerdos como de prácticas concertadas. [...]», STJUE 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C 49/92 P, Rec. p. I4125, (apartado 82).

 Para que las prácticas colusorias puedan ser consideradas elementos constitutivos de un acuerdo único restrictivo de la competencia, es necesario «[que se inscriben en un plan global que persigue un objetivo común. Además, sólo si la empresa supo, o debería haber sabido, cuando participó en las prácticas colusorias que, al hacerlo, se integraba en el acuerdo único, su participación en las prácticas colusorias de que se trata puede constituir la expresión de su adhesión a dicho acuerdo [...]», STJUE de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T 25/95 , T26/95 , T 30/95 a T32/95, T 34/95 a T39/95, T 42/95 a T46/95, T 48/95, T50/95 a T 65/95, T68/95 a T 71/95, T87/95 , T 88/95 , T103/95 y T 104/95 , Rec. p. II491, (apartados 4027 y 4112).

 Esta construcción jurisprudencial permite que, tanto al sujeto o a la empresa que han participado en todos los comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción única y continuada, como a aquel o aquella que solo ha participado en una parte de los que componen la infracción única y continuada, pero con conocimiento de todos los otros comportamientos infractores previstos o ejecutados por los demás participes en el cartel para alcanzar los mismos objetivos o haber podido preverlos de forma razonable y haber estado dispuesta a asumir el riesgo, se le puedan imputar en ambos casos la totalidad de los comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción, STJUE de 24 junio 2015, asunto C-263/2013 , (apartado 158) y STJUE 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778 , (apartado 43).

 Basta con que se trate de una infracción única y continuada para que necesariamente pueda considerarse que una empresa que participe en una u otra de sus manifestaciones, sea responsable de la totalidad de esa infracción. Sin embargo, es necesario que quien sanciona demuestre que esa empresa conocía las actividades contrarias a la competencia a escala europea de las demás empresas o que podía razonablemente preverlas. La mera identidad de objeto entre un acuerdo en el que haya participado una empresa y un cártel global no basta para imputar a esa empresa la participación en el cártel global, no en vano el artículo 101 TFUE , apartado 1, no se aplica a menos que exista una concordancia de voluntades entre las partes interesadas, STJUE 9 de septiembre de 2015, T 104/13 , Toshiba Corp, (apartado 52).

 Debe acreditarse que la referida empresa intentaba contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por todos los participantes y que tenía conocimiento de los comportamientos infractores previstos o ejecutados por otras empresas para alcanzar los mismos objetivos, o que podía de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo, STJUE 9 de septiembre de 2015, T104/13 , Toshiba Corp, (apartado 53).

 Esta unicidad en la infracción permite hacer responsable a una empresa, como integrante de este plan preconcebido de los actos y comportamientos que materialmente haya realizado otro de los integrantes del grupo, en una suerte de responsabilidad solidaria que rompe el principio de individualización de la pena.

 Sin embargo, no podrán ser sancionados si a pesar de participar directamente en uno o varios comportamientos contrarios a la competencia que componen una infracción única y continuada, no se haya «[acreditado que, mediante su propio comportamiento, intentase contribuir a la totalidad de los objetivos comunes perseguidos por los otros participantes en el cártel y que tenía conocimiento de todos los otros comportamientos infractores previstos o ejecutados por dichos participantes para alcanzar los mismos objetivos o que pudiera de forma razonable haberlos previsto y estuviera dispuesta a asumir el riesgo, la Comisión únicamente puede imputarle la responsabilidad de los comportamientos en los que participó directamente y de los comportamientos previstos o ejecutados por los otros participantes para alcanzar los mismos objetivos que los que ella perseguía y de los que se acredite que tenía conocimiento o podía haberlos previsto razonablemente y estaba dispuesta a asumir el riesgo [...]», STJUE de 24 junio 2015, asunto C-263/2013 , (apartado 158) y STJUE de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens, C 441/11 P, EU:C:2012:778 , (apartado 44).

 El que sea calificada una infracción del artículo 101 del TFUE como infracción única y continuada tiene importantes consecuencias en la imputación de la conducta en el ámbito temporal, ya que una empresa que haya participado en una infracción de este tipo, mediante comportamientos propios, calificables de acuerdo o de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 81 CE , apartado 1, y que pretendía contribuir a la realización de la infracción en su conjunto, es también responsable, durante todo el tiempo que dure su participación en dicha infracción, de los comportamientos de otras empresas en el marco de la misma infracción, STJUE Comisión/Anic Partecipazioni, (apartado 83).

 Además, permite presumir que la infracción o la participación de una empresa no se ha interrumpido, aunque no se disponga de pruebas de la infracción durante algunos periodos específicos, siempre que las diferentes acciones que forman parte de esa infracción persigan una sola finalidad y puedan insertarse en una infracción de carácter único y continuo, apreciación esa que debe sustentarse en indicios objetivos y concordantes acreditativos de la existencia de un plan conjunto, STG 17 de mayo de 2013, T147/09 y T 148/09 Trelleborg, (apartado 61). Con la infracción única y continuada se presume que, a pesar de periodos de aparente inactividad o donde no es posible desplegar toda la carga probatoria, la infracción continúe permitiendo la imputación de la responsabilidad por todo ese periodo de latencia.

 La falta de prueba sobre la existencia de un acuerdo durante algunos periodos determinados o, al menos, en cuanto a su ejecución por una empresa durante un periodo concreto, «[no impide considerar que la infracción existió durante un período global más largo que dichos períodos, a condición de que tal comprobación se base en indicios objetivos y concordantes. En el marco de una infracción que dura varios años, el hecho de que las manifestaciones del acuerdo se produzcan en períodos diferentes, pudiendo separarse por intervalos de tiempo más o menos largos, no influye en la existencia de dicho acuerdo, siempre que las diferentes acciones que formen parte de esta infracción persigan una única finalidad y se inscriban en el marco de una infracción única y continua [...]», STJUE 11 de enero de 2008, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, (apartados 57, 97 y 98), STJUE de 7 de enero de 2004 Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 52 supra, apartado 260), y STG Trelleborg, (apartado 59).

 Esta circunstancia permite la imposición de una multa por la totalidad del periodo de infracción considerado y determina la fecha en la que empieza a correr el plazo de prescripción, a saber, la fecha en la que la infracción continua ha finalizado, STG Trelleborg, (apartado 62).

 Las consecuencias son muy relevantes. (i) Permite que la infracción o la participación de una empresa en ella, no se haya interrumpido aunque no disponga de pruebas de la infracción durante algunos periodos específicos, siempre que las diferentes acciones que forman parte de esa infracción persigan una sola finalidad y puedan insertarse en una infracción de carácter único y continuo, siempre apreciación esa que debe sustentarse en indicios objetivos y concordantes acreditativos de la existencia de un plan conjunto; (ii) habilita la imposición de la multa por todo el periodo a cualquiera de los partícipes; (iii) y el plazo de prescripción queda interrumpido por la continuidad en la infracción.

 No obstante, para permitir imputar este periodo intermedio de aparente inactividad, de actividad más reducida, o cuando estamos ante actos separados en el tiempo, no basta para poder sancionar la mera «[referencia genérica a la distorsión de la competencia [...]» se requiere de indicios objetivos y concordantes de una eventual voluntad persistente de las demandantes de reactivar el cartel o de adherirse a sus objetivos para presumir válidamente una participación continua, aun pasiva, por parte de las empresas, STG Trelleborg, (apartados 61 y 62).

 El principal problema que se plantea en estos casos, es ¿cuánto tiempo se considera razonable como para considerar interrumpido el carácter «continuo» del cártel? En el caso abordado por la STG Trelleborg se valora un tiempo aproximado a los dos años «[la Comisión no dispone de ninguna prueba de la implicación de las demandantes en esos contactos multilaterales durante el período intermedio, que duró más de dos años, o de que hubieran participado en las reuniones que tuvieron lugar con objeto de reactivar el cartel, ni siquiera que hubieran tenido conocimiento de ellas [...]» (apartado 66), periodo durante el que no existieron «indicios objetivos y concordantes que permitan apreciar la implicación de las demandantes en los contactos mantenidos durante el período de crisis del cartel» (apartado 68). No obstante, este periodo de tiempo tiene un valor o meramente indicativo, por lo casuístico de las situaciones a tratar, por no lo obliga a valorar en cada caso concreto las circunstancias concurrentes ante la ausencia de un pronunciamiento público y expreso de apartamiento del cartel, STJUE Comisión/Anic Partecipazioni, (apartado 50).

 La interrupción o inactividad de las conductas de las empresas en las prácticas conlleva significa que la infracción no puede ser calificada como «continua», lo que no significa que cuando afloren, se detecten o aparezcan de nuevo, se siga hablando de una infracción «continuada».

 La diferencia entre infracción «continua» y «continuada» tiene especial trascendencia y operan, esencialmente, en ámbitos diferentes. La primera de cara la imposición de la sanción por un mayor o menor periodo de tiempo, y la segunda de cara a la imputación temporal y al cómputo del plazo de prescripción del artículo 25, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 . No obstante, «[el supuesto carácter abusivo del recurso a la teoría de la infracción continuada no puede apreciarse in abstracto y depende en esencia de las circunstancias de cada caso concreto, y en particular de que la Comisión consiga demostrar que se trata de una infracción única durante los diferentes períodos considerados. [...]» (apartado 94).

 La diferencia entre infracciones continua y continuada, es abordada en la ya citada sentencia Trelleborg. Dice el Tribunal General que el problema surge por la divergencia entre las distintas versiones lingüísticas de una disposición de la Unión, la norma de que se trate debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra, en remisión a la STJU de 19 de abril de 2007, Profisa, C 63/06 , Rec. p. I3239, (apartado 13).

 El concepto de infracción continuada es distinto del de infracción continua; STJUE de 19 de mayo de 2010, IMI y otros/Comisión, T18/05 , Rec. p. II 1769, (apartados 96 y 97) y STG Trelleborg, (apartado 83 y 86). Por ello las formas de comisión de la infracción permiten calificar la infracción única ya sea como continua o bien como continuada. Es probable que sea en la versión inglesa de la sentencia donde resulte más fácil ver la diferencias entre ambos conceptos, cuando se identifica como infracción continuada con «repeated infringement» frente a ese mismo tipo de infracción que puede o no ser « continuing infringement», como infracción continua.

 Por otro lado, acerca de la infracción continua conviene recordar que el concepto de plan conjunto permite a quien sanciona presumir que la comisión de una infracción no se ha interrumpido, aun si no dispone de prueba de la participación de la empresa interesada en la infracción durante cierto periodo, siempre que esta haya participado en ella antes y después de ese periodo y no existan pruebas o indicios que permitan pensar que la infracción se había interrumpido en lo que concierne a esa empresa. En ese caso, podrá imponer una multa por todo el periodo de duración de la infracción, incluido el periodo respecto del que no dispone de prueba de la participación de la empresa, STG Trelleborg, (apartado 87).

 En cambio, cuando se pueda considerar que la participación de una empresa en la infracción se interrumpió y que la empresa participó en esta antes y después de esa interrupción, esa infracción puede calificarse como continuada si, al igual que la infracción continua (apartado 60), existe un objetivo único perseguido por ella antes y después de la interrupción, lo que cabe deducir de la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos afectados, de las empresas que han participado en la colusión, de las formas principales de su ejecución, de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas y, por último, del ámbito de aplicación geográfico de esas prácticas. En ese supuesto la infracción es única y continuada, y aunque se puede considerarse por todo el periodo de duración de la infracción, en cambio no puede imponerse por el periodo durante el que esta se interrumpió, STJUE Trelleborg, (apartado 88).

 Por último, el supuesto carácter abusivo del recurso a la teoría de la infracción continuada no puede apreciarse in abstracto y depende en esencia de las circunstancias de cada caso concreto, y en particular de que el órgano sancionador consiga demostrar que se trata de una infracción única durante los diferentes periodos considerados, STG Trelleborg, (apartado 94). No obstante, se debe estar especialmente atento o actuar con la debida cautela puesto que «la Comisión podría postergar indefinidamente la prescripción y reducirla así a la nada, lo que es contrario al principio de seguridad jurídica.», (apartado 93).

 En síntesis y de la doctrina del Tribunal podemos concluir los siguientes extremos:

 1.- La actividad probatoria por parte de quien sanciona, se extiende a la acreditación de los actos o practicas colusorias como al tiempo durante al que se han extendido.

 2.- La infracción del artículo 101 del TFUE y del artículo 1 de la LDC puede manifestarse en uno o varios actos relacionados entre sí, a lo largo de un periodo de tiempo. En este último caso, podemos estar ante una la infracción única y continuada, cuando se participa en prácticas colusorias que se fraguan y revelan la existencia de un plan global con un objetivo común, del que la empresa tuviera conocimiento o debiera tenerlo, así como de las acciones o comportamientos de los copartícipes, plan en el que habría contribuido.

 3.- El carácter único de infracción, supone la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas; en la identidad de los productos y servicios afectados; la identidad de sus formas de ejecución.

 4.- La infracción única y compleja se caracteriza por una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando cualesquiera de esos actos o comportamientos también puedan constituir, por sí mismos y aisladamente considerados, una infracción.

 5.- La naturaleza de la infracción única además puede continuada lo que tiene especial relevancia en varios aspectos. (i) De cara a la participación, permite que cualquiera de los partícipes en el plan conjunto también sean considerados responsables de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el periodo de su participación en esa infracción. Sin embargo, es necesario que el órgano sancionador demuestre que esa empresa conocía las actividades contrarias a la competencia o estaba en disposición de conocerlas. Esto hace posible la imposición de la multa por todo el periodo a cualquiera de los partícipes. (ii) En cuanto al tiempo, permite presumir que la infracción o la participación de una empresa no se ha interrumpido, aunque no se disponga de pruebas durante algunos periodos específicos, siempre que las acciones que resulten acreditadas formen parte del plan conjunto en que consiste la infracción. (iii) Los largos periodos de interrupción pueden romper el nexo temporal y con ello la continuidad de la infracción. Se trata de una cuestión a valorar en cada caso, en función del tipo de actividad, los actos, el mercado, la necesidad de los contactos más estrechos o laxos en el tiempo, o la eficiencia temporal de las decisiones tomadas, entre otros criterios. (iv) El cómputo del plazo de prescripción queda interrumpido por la continuidad en la infracción, reiniciándose tras la comisión del último acto infractor. Ello sin perjuicio que, acreditados periodos relevantes de interrupción en los que no exista constancia de la infracción o de los comportamientos, se pueda romper el nexo de la continuidad de la infracción. Ante la imposibilidad de establecer un plazo fijo, y cuando no conste el apartamiento público de la conducta colusoria, deben valorarse en cada caso las circunstancias concretas que revelen o no la participación latente. (v) El Tribunal de Justicia no ha fijado un plazo concreto sobre este particular, solo se pronuncia sobre la interrupción respecto de la infracción continua, pero no en la continuada; no obstante, sí reconoce que esta calificación obliga a la autoridad sancionadora a ser especialmente cauta para no incurrir en abusos, por la relevancia que tiene en el instituto prescriptivo.

 6.- La infracción única puede ser continua o no continua. En esto casos los periodos de inactividad en una infracción única y continuada pueden resultar intrascendentes a la hora de apreciar la participación de una empresa, siempre que concurran el resto de los elementos descritos. Es decir, es posible que una empresa no dé muestras de una participación activa durante cierto tiempo y, sin embargo, siga inmersa en la práctica colusoria constitutiva de la infracción. Estos periodos no excluyen su responsabilidad ni la existencia de la infracción única y continuada, sin embargo, a los efectos de la cuantificación de la sanción, el órgano sancionador debe descontar o no tener en cuenta esos periodos de desconexión o inactividad. Estamos ante una infracción que sigue siendo única y continuada, pero no es continua a los efectos de la cuantificación de la sanción que se les imponga a los partícipes por el tiempo de inactividad en la conducta. La apreciación de los periodos de latencia o inactividad de la empresa es una cuestión a valorar según cada supuesto. El Tribunal de Justicia lo consideró roto el carácter continuo por el transcurso aproximado de dos años de inactividad, sin embargo, este plazo tiene un valor meramente orientativo.

 SÉPTIMO. - Toca comprobar cómo se ajustan los hechos a la calificación de infracción única y continuada del artículo 1 de la LDC por la que ha sido sancionada la actora. La imputación temporal de esta infracción va desde septiembre de 1993 hasta diciembre de 2012; y a juicio de la Administración la conducta infractora se ha desarrollado, de manera continuada, durante todo este periodo de tiempo. Ello determina que sea precisamente el análisis de la prueba y, en particular, la de la participación de TRANSPORTES CARLOS SL en los hechos imputados a partir de 2009, la primera cuestión que hayamos de abordar dada su evidente incidencia en el éxito del recurso pues, como pone de manifiesto la misma entidad recurrente, de no probarse aquella participación habría prescrito su responsabilidad al haber transcurrido más de cuatro años desde que se acreditó una conducta anticompetitiva hasta que se incoó el expediente sancionador.

 Pues bien, en contra de lo que sostiene la demanda, los elementos incriminatorios que se desprenden del expediente administrativo, al menos hasta el año 2008, sí revelan una repetida conducta colusoria en la que participó TRANSPORTES CARLOS SL , así como su reiterada y constante participación entre los años 1993 y 2008, en cuanto formaba parte de ATFRIE desde la constitución de dicha Asociación, como consta en el acta fundacional de la misma de 7 de junio de 1977, siendo uno de sus apoderados desde el 10 de marzo de 1987 hasta el 24 de junio de 1992 Tesorero de ATFRIE, Vicepresidente de ATFRIE desde el 24 de junio de 1992 al 9 de abril de 1999 y Presidente en funciones desde dicha fecha hasta el 21 de septiembre de 2000 y Tesorero-Contador hasta el 29 de septiembre de 2004, Vocal de la Junta de Gobierno de ATFRIE desde el 29 de septiembre de 2004 y Tesorero desde el 17 de septiembre de 2008, asistiendo a las Juntas de Gobierno, sin que conste acreditado que en algún momento se aportara expresamente de los acuerdos en ellas adoptados y sin que puedan ser estimadas las manifestaciones de la recurrente que rechazan que la participación de sus directivos en dicha empresa no fuera en representación de Transportes Carlos.

 Sin embargo, como resalta el escrito de demanda mayores problemas, en el ámbito de la prueba de la participación de la actora en la conducta imputada, observamos respecto de los periodos posteriores a esa fecha. En relación con los años 2009, 2010, 2011 y 2012, el acuerdo sancionador se limita a hacer una referencia genérica a los hechos, llevando a cabo una calificación y valoración más que una concreta descripción de los comportamientos, actos o decisiones en los que se sustenta la imputación de la infracción. No hay documento alguno ni referencia individualizada a cada uno de los años siguientes hasta 2012, último objeto de imputación, pues la descripción de las presuntas prácticas anticompetitivas desde 2008, y de su prueba, se reduce a la mención siguiente, con las importantes consecuencias que analizaremos después:

 "Igualmente queda acreditada la continuidad de estas reuniones de costes, incluso tras la publicación del Informe de la CNC sobre la fijación de tarifas mínimas en el transporte de mercancías por carretera, estando acreditada la celebración de éstas el 24 de septiembre de 2009, el 6 de octubre 2010 y el 20 de septiembre de 2012, coincidiendo con la Asamblea General de ATFRIE y precedida de la consiguiente reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE, de las que se hicieron eco las revistas especializadas del sector, como la ya mencionada noticia publicada con fecha 21 de septiembre de 2012 en la Revista "TLT TRANSPORTE Y LOGÍSITCA TERRESTRE", respecto de la reunión de tarifas celebrada el 20 de septiembre de 2012 y la publicada días después, el 25 de septiembre de 2012, en la misma publicación, confirmando el mantenimiento de dichas reuniones tarifarias.

 Es más, consta en septiembre, noviembre y diciembre de 2012 la remisión a BELZUNCES por fax por la "Mesa del transporte de Andalucía Oriental" (...) con sede en El Ejido (Almería), de las tarifas acordadas en relación con los principales destinos internacionales en Alemania, Austria, Suiza, Polonia, República Checa, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Italia, Dinamarca, Francia, Hungría, Portugal y Suecia. Estos faxes acreditan la remisión de las tarifas acordadas y su entrada en vigor días después a la remisión de dichos faxes. Así, en el enviado el 24 de septiembre de 2012 se indicaba que las tarifas de precios remitidas se aplicarían a partir de la fecha que se comunicaría próximamente, indicándose en el fax remitido posteriormente el 2 de noviembre que dicha fecha sería el 7 de noviembre de 2012 y las tarifas enviadas en el fax de 7 de diciembre se comenzarían a aplicar a partir del 12 de diciembre, percibiéndose un incremento de precios con respecto a las del mes anterior.

 Finalmente, las empresas con mayor peso en ATFRIE, miembros de su Junta de Gobierno, decidieron dar un paso más y coordinar precios a través de la creación de una empresa comercializadora cuya denominación debía ser CENTRAL DEL TRANSPORTE FRIGORÍFICO. Así, de acuerdo con la información recabada en las inspecciones se ha acreditado la celebración de reuniones por parte de dichas empresas para promover la creación de la citada empresa comercializadora, con la colaboración de ATFRlE.

 (...)

 Una vez señalado por el responsable del Área Jurídica, Asuntos Legales y Relaciones Institucionales de ATFRIE que la comercialización por parte de las distintas empresas del citado "Grupo de Empresarios del Transporte", atendiendo a las recomendaciones de ATFRIE podría ser sancionada por la CNC, se plantea la creación o adquisición de una sociedad mercantil participada, aunque también concluye que la creación de dicha empresa participada sería contraria al Reglamento (CE) 169/2009

 (...)

 Finalmente, por el responsable del Área Jurídica de ARMESA se envió el 30 de agosto de 2012 un correo electrónico a ARMESA, PRIMAFRIO, T.CARLOS, MAZO y CAUDETE, adjuntando un contrato de franquicia redactado por éste, en el que se cuantifican las penalizaciones por incumplimientos y expresamente solicita que todos los correos relativos a este tema, una vez leídos o impresos, se eliminen103

 Aunque acreditada la voluntad de constituir una empresa franquiciadora por ARMESA, PRIMAFRIO, T.CARLOS, CAUDETE, MAZO y CAMPILLO PALMERA, no se han encontrado evidencias de la constitución de ésta, sin que exista referencia alguna en el Registro Mercantil que certifique la constitución de una empresa con la denominación propuesta de "CENTRAL DEL TRANSPORTE FRIGORÍFICO "104".

 En concreto, y en cuanto a la empresa aquí recurrente, TRANSPORTES CARLOS S.A., la CNMC, sobre la base de los hechos descritos, la considera responsable de "... una infracción única y continuada desde abril de 1993 hasta diciembre de 2012, consistente en acordar las tarifas aplicables a los servicios de transporte internacional frigorífico por carretera".

 Así las cosas, una atenta lectura de la resolución sancionadora evidencia que esa prueba, la de la participación de la entidad recurrente en la concreta conducta que se le ha imputado -consistente en la conclusión de acuerdos con otros competidores sobre determinación de tarifas aplicables a los servicios de transporte internacional frigorífico por carretera-, no existe a partir de 2008. Y ello pese a los esfuerzos que despliega la CNMC para justificar la continuidad en la conducta sancionable en los años posteriores.

 En efecto, la resolución pretende basarla en la celebración de unas reuniones de costes de las que, dice, estarían acreditadas las de 24 de septiembre de 2009, 6 de octubre 2010 y 20 de septiembre de 2012, "... coincidiendo con la Asamblea General de ATFRIE y precedida de la consiguiente reunión de la Junta de Gobierno de ATFRIE". Indica, como ya hemos transcrito, que de las mismas "... se hicieron eco las revistas especializadas del sector, como la ya mencionada noticia publicada con fecha 21 de septiembre de 2012 en la Revista "TLT TRANSPORTE Y LOGÍSITCA TERRESTRE", respecto de la reunión de tarifas celebrada el 20 de septiembre de 2012 y la publicada días después, el 25 de septiembre de 2012, en la misma publicación, confirmando el mantenimiento de dichas reuniones tarifarias".

 Sin embargo, no hay constancia de que en tales reuniones se hubiera abordado la fijación de tarifas, ni siquiera de su celebración misma, tan solo de la convocatoria y de la relación de asistentes (así resulta, por ejemplo, de los folios 1073 a 1075, y 1413 y siguientes, respecto de la reunión de ATFRIE de 6 de octubre de 2010; y de los folios 1431 a 1438, en relación a la reunión de 20 de septiembre de 2012). Y ello contrasta con la actividad acreditada en los años 1993 a 2008, en que sí obran en el expediente las actas de las reuniones de la Junta de Gobierno de ATFRIE (así, el acta de la Junta de Gobierno celebrada el 29 de septiembre de 1994, recabada en la inspección de ATFRIE -folios 794 a 796-; de la Junta de Gobierno celebrada el 2 de octubre de 2001, también recabada en la inspección de ATFRIE -folios 675 a 677-, o de la celebrada el 27 de febrero de 2002, de igual origen -folios 678 a 680-).

 Por contra, obra a los folios 1213 y 1214 acta de la reunión de ATFRIE de 9 de diciembre de 2009 en la cual, y ante la observación de uno de los asistentes sobre la conveniencia de establecer precios mínimos en exportación "como solución de los problemas del sector" , se hizo constar que "... las normas de competencia lo impiden, y por la elaboración y seguimiento de un Código Deontológico" .

 Por otra parte, esta Sala, en el ejercicio de las facultades que le asisten para la libre valoración de la prueba, no puede reconocer a las noticias aparecidas en la prensa especializada a que se refiere también la resolución sancionadora la eficacia de acreditar los acuerdos de fijación de precios que imputa la CNMC pues ello supondría, en realidad, atribuir a la mera apreciación de un tercero el valor de prueba sin otros elementos objetivos que pudieran adverarla.

 La prueba acopiada en torno a las reuniones anuales de la Junta de Gobierno y la Asamblea General de ATFRIE no permite considerar acreditada cosa distinta que el normal desarrollo de su actividad como asociación. Y ello aun siendo conscientes de las dificultades que una prueba plena de las conductas colusorias plantea en estos casos, como hemos tenido ocasión de manifestar en reiteradas ocasiones al tratar del valor de la prueba de indicios en materia de defensa de la competencia.

 Tampoco el fax enviado el 2 de noviembre de 2012 con las tarifas de precios a aplicar a partir del 7 de noviembre siguiente, al que alude la resolución recurrida en su intento de justificar la continuidad en la infracción, y que fue recabado en las inspecciones de ARMESA (folios 378 y 379) y BELZUNCES (folios 3930 y 3931), permite alcanzar otra conclusión que no sea la de la falta de prueba de la infracción más allá del año 2008. No puede desconocerse que el fax fue remitido por la "Mesa del transporte de Andalucía Oriental" a BELZUNCES, siendo así que, pese a lo sostenido en la propuesta de resolución (apartado 248), no se ha acreditado que dicha Mesa se correspondiese con la Subcomisión Regional de Andalucía Oriental de ATFRIE, lo cual evidencia que no hay identidad de sujetos, ni vínculo constatado entre los integrantes de esta Mesa y las empresas finalmente sancionadas, teniendo en cuenta que los miembros de la Mesa, como refleja su acta fundacional (folios 13878 a 13903 del expediente), son empresas andaluzas, en su mayoría del Ejido, distintas de las sancionadas.

 En consecuencia, la remisión por esta Mesa de un cuadro de tarifas a BELZUNCES ni siquiera acredita que esta empresa las asumiera y, desde luego, no prueba la existencia de conexión alguna con la empresa aquí recurrente, ni con ATFRIE.

 Sostiene además la resolución impugnada que "la continuidad de las conductas hasta el año 2012 queda constatada en la propia voluntad de crear en ese mismo año una empresa franquiciadora, precisamente para enmascarar los acuerdos ilícitos de fijación de precios que se venían llevando a cabo por las entidades responsables".

 Dicho lo anterior, recordemos que TRANSPORTES CARLOS SL fue sancionada por la comisión de una infracción única y continuada desde abril de 1993 hasta diciembre de 2012, consistente en acordar las tarifas aplicables a los servicios de transporte internacional frigorífico por carretera.

 En el decurso lógico de la resolución impugnada, la continuidad en la infracción se habría asegurado con la creación de dicha empresa franquiciadora cuyo objeto sería fijar los precios del transporte frigorífico de mercancías por carretera y unificar condiciones de venta en 2012. Sin embargo, no hay base fáctica que sustente esta afirmación.

 En primer lugar, ha de decirse que la supuesta empresa franquiciadora no llegó siquiera a crearse, como reconoce la CNMC misma al admitir que "... no se han encontrado evidencias de la constitución de esta, sin que exista referencia alguna en el Registro Mercantil que certifique la constitución de una empresa con la denominación propuesta de "CENTRAL DEL TRANSPORTE FRIGORÍFICO"".

 Pero es que, además, y aun admitiendo que el mero concierto de voluntades encaminado a la realización de prácticas anticompetitivas de fijación de tarifas pudiera resultar sancionable, es lo cierto que no hay en absoluto evidencias de tal concierto, ni de la participación de TRANSPORTES CARLOS SL en el mismo.

 Desde luego, el contenido del documento al que se refiere la resolución sancionadora como prueba de la finalidad anticompetitiva de la constitución de la empresa franquiciadora - se trata del informe realizado por el responsable del área Jurídica de ARMESA, anterior Secretario y responsable entonces del Área Jurídica, Asuntos Legales y Relaciones Institucionales de ATFRIE, y que fue emitido a solicitud del denominado "Grupo de Empresarios del Transporte" acerca de la forma y viabilidad de una empresa que procediera a la comercialización común de los servicios- no sirve a ese objeto, pues no hay una sola mención en el mismo a la determinación de precios ni, en definitiva, a la comisión de cualquier hecho que pudiera encajar en la infracción finalmente atribuida a la recurrente que, recordemos, fue sancionada por "... acordar tarifas aplicables a los servicios de transporte internacional frigorífico por carretera".

 La prueba, aun indiciaria, de la conexión entre la voluntad de constituir la empresa franquiciadora y el propósito de acordar dichas tarifas es, sencillamente, inexistente.

 En suma, la supuesta connivencia en la creación de una empresa franquiciadora es del todo insuficiente para sostener la imputación de la empresa recurrente en el período al que pretende extenderlo la CNMC por lo que debe concluirse, insistimos, en que no hay prueba de la infracción más allá del año 2008.

 OCTAVO .- De acuerdo con lo expuesto, en el caso enjuiciado no estamos ante una infracción única y continuada como el examinado por la sentencia Trelleborg, con aparentes momentos de inactividad o latencia en el tiempo, sino frente a una infracción única y continuada que consta acreditada hasta diciembre de 2008, pero no más allá en el tiempo, en la medida de que nada de lo facilitado por la CNMC en a los años sucesivos releva la continuidad de la infracción.

 No se trata, por lo tanto, de valorar el alcance de periodos intermedios de inactividad, y que efectos pudieran tener estos tiempos de latencia de cara, por ejemplo, al cómputo del plazo de prescripción, como era el caso de la sentencia Trelleborg, sino de algo más sencillo como es valorar la ausencia de actividad o conducta sancionables a partir de un determinado momento.

 La incoación del pr ocedimiento contra la actora tuvo lugar el 1 de julio de 2013, y en ese momento, si seguimos el razonar de esta sentencia, el vacío probatorio revela una total orfandad de elementos incriminatorios, por un periodo aproximado de cuatro años.

 En este caso, la escasez de elementos incriminatorios relevantes en el 2009 y su completa ausencia en los siguientes, nos permiten afirmar sin género de dudas, que la continuidad se ha roto, sobre todo cuando esta calificación jurídica provoca la interrupción de la prescripción, institución basada en el principio de seguridad jurídica. Flaco favor se le hace a este principio, si con el vacío temporal y probatorio que hemos detectado permitiéramos que la calificación de infracción única y continuada, fuera la razón para determinar la interrupción del cómputo del plazo de prescripción de la infracción.

 El 1 de julio de 2013, fecha en que se dirigió la acción sancionadora contra TRANSPORTES CARLOS SL., ya no estábamos ante la infracción única y continuada que se le imputó hasta diciembre de 2012. La inmediata consecuencia es la prescripción del derecho de la Administración para la imposición de la sanción de conformidad con el artículo 68.1 y 3 de la LDC . Entre la fecha de inicio del procedimiento y la última conducta imputable del año 2008, incluso 2009, han trascurrido los 4 años de prescripción que se contemplan para las infracciones muy graves.

 Como decimos, nada hay a partir de 2008, con total seguridad, y con las dudas expresadas en el 2009 ante el posible apartamiento de los practicas colusorias, que nos permita concluir que, en los años posteriores a esas fechas, la valoración que hace la CNMC sea compatible con la descripción de hechos, actos o conductas que encajen en una infracción del artículo 1 de la LDC . Por lo tanto, cuando se incoó el procedimiento por la CNMC contra la actora, ya se había consumado la prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora.

 Lo dicho nos lleva a la integra estimación del presente recuso con la anulación de la sanción impugnada por no ser ajustada a derecho, en la medida que había prescrito la infracción imputada cuando se inició el procedimiento sancionador contra la actora.

 NOVENO .- La estimación del recurso conlleva que las costas le sean impuestas a la Administración de conformidad con el artículo 139.1 de la LJCA .

FALLAMOS

 1.- Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por TRANSPORTES CARLOS SL. contra la resolución de 25 de junio de 2015, dictada por la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, con la anulación de la resolución impugnada en los términos expresados en la presente sentencia,

 2.- Anular la referida resolución en cuanto a la declaración de responsabilidad y la sanción impuesta a la entidad actora por no ser, en estos pronunciamientos, ajustada a Derecho.

 3.- Imponer las costas a la Administración demandada.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 18/02/2020 doy fe.