Id. Cendoj: 28079230062020100046
ECLI: ES:AN:2020:519
ROJ: SAN 519/2020
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 17/02/2020
Nº de Recurso: 723/2015
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS
Procedimiento: Procedimiento ordinario
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    EN COMUNICACIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000723 / 2015

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 06426/2015

 Demandante: ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SAU (ATRESMEDIA)

 Procurador: D. ALBERTO HIDALGO MARTÍNEZ

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 D. SANTOS GANDARILLAS MARTOS D. MARIA JESUS VEGAS TORRES

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a diecisiete de febrero de dos mil veinte.

 VISTO el presente recurso contencioso-administrativo núm. 723/15 promovido por el Procurador D. Alberto Hidalgo Martínez actuando en nombre y representación de ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SAU (ATRESMEDIA), contra la resolución de 30 de julio de 2015, del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, recaída en el expediente VC/043/12 ANTENA 3/LA SEXTA. Ha sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO .- Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando se acordase estimar el recurso y, en consecuencia:

 "1. Declare la nulidad de la resolución del Consejo de la CNMC de 30 de julio de 2015, dictada en el expediente VC/0432/12 Antena 3/La Sexta.

 2. Con carácter subsidiario, declare:

 i. La nulidad del apartado número primero de la parte dispositiva de dicha resolución, en relación con las condiciones primera, segunda y tercera del Acuerdo del Consejo de Ministros, ya sea respecto de todas ellas o de alguna de las mismas individualmente consideradas.

 ii. La nulidad del apartado número segundo de la parte dispositiva de dicha resolución".

 SEGUNDO .- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que suplicaba se dictase sentencia por la que se confirmasen los actos recurridos en todos sus extremos.

 TERCERO .- Pendiente el recurso de señalamiento para votación y fallo cuando por turno le correspondiera, se fijó para ello la audiencia del día 27 de noviembre de 2019, en que tuvo lugar.

 Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco de la Peña Elías, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO .- A través de este proceso impugna la entidad actora la resolución dictada con fecha 30 de julio de 2015 por el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el expediente VC/0432/12, cuya parte dispositiva era del siguiente tenor literal:

 "PRIMERO.- Prorrogar por un periodo de dos años, susceptible de revisión, las condiciones a las que se subordinó la autorización de la operación de concentración C/0432/12 ANTENA3/LA SEXTA mediante el Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2012 en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Sexto de la presente Resolución.

 SEGUNDO.- No acceder a la solicitud de ATRESMEDIA respecto a la dispensa del cumplimiento de la obligación contenida en el apartado a) de la condición tercera del Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2012.

 TERCERO.- Instar a la Dirección de Competencia a analizar la estructura y dinámica competitiva de los mercados afectados por las operaciones de concentración C/0230/10 TELECINCO/CUATRO y C/0432/12 ANTENA3/LA SEXTA, tras la desaparición de las condiciones a las que fue sometida la autorización de la operación C/0230/10 TELECINCO/CUATRO".

 A la vista de los documentos que integran el expediente administrativo, y de los unidos a estos autos, constituyen antecedentes relevantes para la resolución del litigio los siguientes:

 1. El 15 de marzo de 2012 ANTENA 3 DE TELEVISION, S.A. (ANTENA 3), notificó a la entonces Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la operación de concentración económica consistente en la adquisición, por parte de ANTENA 3, del control exclusivo de GESTORA DE INVERSIONES AUDIOVISUALES LA SEXTA S.A. (LA SEXTA), mediante la compraventa del 100% de su capital social.

 2. Mediante resolución de 13 de julio de 2012 el Consejo de la CNC autorizó la referida operación de concentración C/0432/12 ANTENA 3/LA SEXTA, si bien la autorización se sometía al cumplimiento de determinadas condiciones.

 3. Con fecha 24 de agosto de 2012 el Consejo de Ministros acordó autorizar la citada operación de concentración modificando parcialmente las condiciones establecidas por el Consejo de la CNC en la citada resolución de 13 de julio de 2012, determinando, además, que correspondía a la CNC la vigilancia de las condiciones impuestas. A cuyo fin, y de acuerdo con lo prevenido en el artículo 41 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , la extinta Dirección de Investigación (actual Dirección de Competencia) abrió el expediente de vigilancia VC/0432/12.

 4. Por escrito de 16 de febrero de 2015 ATRESMEDIA solicitó a la ya Dirección de Competencia la dispensa de la obligación del apartado a) de la condición tercera del Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2012 con base en la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2014 .

 5. La propuesta de Informe Parcial de Vigilancia de 22 de mayo de 2015, emitida en relación con la solicitud de 16 de febrero anterior, sobre modificación y posible prórroga de las condiciones a las que se subordinó la operación de concentración de referencia, fue notificada a ATRESMEDIA al objeto de que pudiera formular las alegaciones pertinentes, lo que hizo por escrito de 22 de junio de 2015 en el que solicitaba, además, la práctica de determinadas pruebas.

 6. Elevada por la Dirección de Competencia al Consejo el Informe Parcial de Vigilancia, y presentado informe por la Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la CNMC, la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC deliberó y falló el asunto en su reunión de 30 de julio de 2015, en la cual dictó la resolución que ahora se impugna.

 Por su parte, y en relación a los hechos descritos, pone de relieve la entidad actora en su escrito de demanda que la resolución de 13 de julio de 2012, por la cual la entonces CNC autorizó la operación de concentración, supeditaba esta al cumplimiento, por parte de la entidad resultante, de unas obligaciones recogidas en un total de cinco condiciones:

 -Condición primera, relativa al mercado de la publicidad en televisión.

 -Condición segunda, relativa al mercado de la televisión en abierto.

 -Condición tercera: relativa al mercado de la adquisición de contenidos audiovisuales.

 -Condición cuarta, sobre determinadas obligaciones para Atresmedia de aportación periódica de información a la Dirección de Investigación de la CNC, en tanto órgano responsable de la vigilancia.

 -Condición quinta, que establecía un plazo de vigencia de cinco años de las condiciones.

 También destaca que, en su acuerdo de 24 de agosto de 2012, el Consejo de Ministros modificó el contenido de las obligaciones impuestas por el Consejo de la CNC en la referida resolución de 13 de julio de 2012. Dichas modificaciones afectaban, en particular, al mercado de publicidad en televisión (condición primera), así como al período de vigencia de las condiciones (condición quinta), pues se fijó un periodo inicial de tres años desde la adopción del Acuerdo del Consejo de Ministros y la posibilidad, en su caso, de prorrogar las condiciones por un período adicional de dos años.

 Advierte que una vez incoado el expediente de vigilancia a que hemos aludido antes (VC/0432/12), ATRESMEDIA solicitó en el curso del mismo a la Dirección de Competencia que dictara una propuesta de informe parcial de vigilancia en la que, relata en la demanda, "... se declarasen cumplidos los criterios legales necesarios para proceder a la dispensa del cumplimiento de una de las obligaciones contenidas en el apartado a) de la condición tercera del Acuerdo del Consejo de Ministros, relacionada con la obligación de puesta a disposición de los contenidos audiovisuales que Atresmedia adquiriese, en el plazo de tres años desde la firma del contrato de adquisición".

 Asimismo señala que esa solicitud de dispensa traía causa de la modificación introducida en el mercado de la adquisición de contenidos audiovisuales por la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2014 (recurso número 2038/2012 ), que dejó sin efecto parte del contenido dispuesto en el plan de actuaciones aprobado por acuerdo de la Directora de Investigación de la CINC en relación con la obligación (vi) de la resolución de la CNC de 28 de octubre de 2010, C/0230/10, Telecinco/Cuatro (en adelante, la "Operación Telecinco/Cuatro"). Y para justificar la procedencia de la dispensa la entidad actora interesó de la Dirección de Competencia la realización de un test de mercado entre los proveedores de contenidos "... al objeto de confirmar que (i) la dispensa del cumplimiento de la citada obligación no resultaba desproporcionada (en el sentido de limitar la competencia en el mercado de la adquisición de contenidos audiovisuales), (ii) que el mantenimiento de la obligación era contraria a toda lógica de mercado y (iii) que la dispensa no habría impedido, siquiera dificultado, el correcto cumplimiento de las demás condiciones del Acuerdo del Consejo de Ministros" .

 No obstante, en el desarrollo de las tareas de vigilancia correspondientes al expediente en curso, la Dirección de Competencia formuló una propuesta de informe parcial de vigilancia con fecha 22 de mayo de 2015 en la que proponía, por una parte, la prórroga por un periodo adicional de dos años de las condiciones impuestas en el Acuerdo del Consejo de Ministros; y, por otra, la denegación de la solicitud de dispensa de una de las obligaciones del apartado a) del Acuerdo del Consejo de Ministros que había formulado ATRESMEDIA.

 Presentadas alegaciones por la interesada, la Dirección de Competencia elaboró el informe correspondiente, elevado después al Consejo de la CNMC, en el cual proponía, frente a las alegaciones de ATRESMEDIA, prorrogar la vigencia de las condiciones del Acuerdo del Consejo de Ministros por un período adicional de dos años; denegar la solicitud de dispensa instada por la misma entidad actora; y denegar también la práctica de prueba solicitada precisamente para justificar dicha dispensa. Propuestas que fueron asumidas por la Sala de Competencia del Consejo al dictar la resolución aquí recurrida.

 SEGUNDO. - Sobre la base de los hechos descritos, ATRESMEDIA denuncia, por un lado, la prórroga de las condiciones del Acuerdo del Consejo de Ministros acordada en el dispositivo primero de la resolución impugnada por entender que se ha producido "i. Infracción de los artículos 41.1 de la LDC y 71 de su Reglamento de desarrollo, y del Acuerdo del Consejo de Ministros, como consecuencia de la extralimitación en el ejercicio de la potestad de vigilancia del cumplimiento de dicho Acuerdo; ii. Infracción del artículo 42 del RDC con vulneración del derecho de defensa de Atresmedia como consecuencia de la omisión del trámite de audiencia respecto del informe parcial de vigilancia definitivo, con carácter previo al dictado de la Resolución Impugnada; iii. Vulneración del derecho de defensa de Atresmedia como consecuencia de no habérsele dado traslado de los medios de prueba (documentos) en los que se basa la Resolución Impugnada para prorrogar las condiciones del Acuerdo del Consejo de Ministros; iv. Infracción del deber de motivación de la Resolución Impugnada en lo que tiene que ver con la prórroga de las condiciones del Acuerdo del Consejo de Ministros: la motivación empleada es arbitraria y no tiene en cuenta el cambio experimentado por el mercado de televisión en abierto. Y v. Infracción del deber de motivación de la Resolución Impugnada en lo que tiene que ver con la prórroga de las condiciones del Acuerdo del Consejo de Ministros: la motivación empleada no tiene en cuenta el cambio experimentado por el mercado de adquisición de contenidos audiovisuales".

 Y, al propio tiempo, ataca la denegación de la dispensa de la obligación de puesta a disposición de los contenidos en el plazo de tres años acordada en el dispositivo segundo de la resolución recurrida con base en dos argumentos: "i. Infracción del artículo 53 de la LDC como consecuencia del incorrecto análisis del mercado de adquisición de contenidos audiovisuales, que no tiene en cuenta el cambio experimentado por dicho mercado. Y, ii. Vulneración del derecho de defensa de Atresmedia como consecuencia de la negativa arbitraria de la CNMC a realizar la actuación instructora necesaria (estudio de mercado) para determinar si resultaba procedente o no la dispensa de la obligación de puesta a disposición de los contenidos en el plazo de tres años".

 Comenzaremos, por tanto, analizando los motivos relacionados con la prórroga de las condiciones del Acuerdo del Consejo de Ministros y, dentro de estos, en primer lugar, el que advierte de la infracción de los artículos 41.1 de la LDC y 71 de su Reglamento de desarrollo, y del Acuerdo del Consejo de Ministros, como consecuencia de la extralimitación en el ejercicio de la potestad de vigilancia del cumplimiento de dicho Acuerdo.

 Afirma ATRESMEDIA que la CNMC ha realizado una interpretación de la condición quinta del Acuerdo del Consejo de Ministros tan amplia que le ha llevado a asumir una facultad de decisión que va más allá de las funciones de vigilancia que le atribuye el mismo Acuerdo en su apartado tercero, suponiendo que "No hay ninguna disposición, ni en el Acuerdo del Consejo de Ministros ni en ninguna normativa, que permita a la CNMC arrogarse unas facultades interpretativas tan discrecionales".

 Recordemos que la referida condición quinta, sobre Plazo de vigencia de las condiciones, establecía literalmente que "Estas condiciones tendrán una duración inicial de tres años desde la adopción del presente Acuerdo. Transcurrido dicho plazo, la Comisión Nacional de la Competencia valorará si se ha producido una modificación relevante en la estructura o la regulación de los mercados considerados que justifique el mantenimiento, adecuación o supresión de las condiciones por un período adicional de dos años".

 Por su parte, el artículo 41.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , cuya infracción aprecia la demandante, establece que "La Comisión Nacional de la Competencia vigilará la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y sus normas de desarrollo, así como de las resoluciones y acuerdos que se adopten en aplicación de la misma, tanto en materia de conductas restrictivas como de medidas cautelares y de control de concentraciones. La vigilancia se llevará a cabo en los términos que se establezcan reglamentariamente v en la propia resolución de la Comisión Nacional de la Competencia o acuerdo de Consejo de Ministros que ponga fin al procedimiento". Y el también invocado artículo 71.1 del Reglamento de la Ley de Defensa de la Competencia , aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, dispone que "De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 15/2007, de 3 de julio , la Dirección de Investigación llevará a cabo las actuaciones necesarias para vigilar la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la mencionada Ley y en sus normas de desarrollo, así como de las resoluciones y acuerdos que se adopten en aplicación de la misma en materia de control de concentraciones".

 De todo ello deduce la recurrente que no existe ninguna norma que atribuya a la CNMC una facultad discrecional tal como para "valorar en su conjunto la situación de los distintos mercados afectados por la operación de concentración y decidir el "mantenimiento, adecuación o supresión " de las condiciones por un período adicional de dos años", en os términos en que lo refleja la misma resolución recurrida (página 26)" .

 En apoyo de su interpretación se remite además al criterio mantenido por el Tribunal Supremo sobre el alcance de las funciones de vigilancia que corresponden a la CNMC en materia de control de concentraciones y, en particular, de cumplimiento de los compromisos a los que se hubiera condicionado la autorización. Cita en concreto las sentencias de 15 de diciembre de 2014, recurso núm. 2038/2012 , y de 2 de noviembre de 2015, recurso núm. 2354/2013 .

 No compartimos, sin embargo, la posición mantenida por ATRESNMEDIA sobre esta cuestión.

 Basta la lectura del apartado quinto del Acuerdo del Consejo de Ministros para constatar que fue este, en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 60 de la Ley 15/2007 , el que decidió asignar a las condiciones a las que se sometía la autorización de la concentración una duración in icial de tres años desde la adopción del Acuerdo y atribuir, al propio tiempo, a la CNMC la facultad de, transcurrido dicho plazo, valorar si se había producido una modificación relevante en la estructura o la regulación de los mercados considerados que pudiera justificar "... el mantenimiento, adecuación o supresión de las condiciones por un período adicional de dos años" .

 En el ejercicio de dicha facultad la CNMC decidió, tras la valoración referida, pro rrogar por un periodo de dos años, susceptible de revisión, las condiciones a las que se subordinó la autorización de la operación de concentración, con expresa indicación, además, de que esa decisión se adoptaba precisamente a tenor de lo resuelto por el Consejo de Ministros en su Acuerdo de 24 de agosto de 2012.

 Téngase en cuenta que fue la entonces CNC quien fijó en su resolución de 13 de julio de 2012, por la que autorizó la operación de concentración, el plazo de vigencia de las condiciones en cinco años (condición quinta). La decisión posterior del Consejo de Ministros redujo dicha duración a tres años, pero con la posibilidad de prorrogarla a los cinco años fijados inicialmente por la Comisión cuando esta, previa valoración de la existencia de una modificación relevante en la estructura o la regulación delos mercados, entendiera justificada la prórroga.

 Ello reconduce la cuestión, en realidad, a analizar si la valoración existió o no, y si resultaba justificada con arreglo a la misma el acuerdo de prórroga, lo que examinaremos después.

 Por lo demás, no se advierte vulneración alguna del artículo 41.1 de la Ley de Defensa de la Competencia . Antes al contrario, la decisión controvertida obedece precisamente a los términos del Acuerdo del Consejo de Ministros, al que se refiere el mismo precepto al señalar en su párrafo segundo que "La vigilancia se llevará a cabo en los términos que se establezcan reglamentariamente y en la propia resolución de la Comisión Nacional de la Competencia o acuerdo de Consejo de Ministros que ponga fin al procedimiento".

 Y otro tanto sucede con el artículo 71 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero , por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia, cuyo apartado 1 dispone que

 "De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 15/2007, de 3 de julio , la Dirección de Investigación llevará a cabo las actuaciones necesarias para vigilar la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la mencionada Ley y en sus normas de desarrollo, así como de las resoluciones y acuerdos que se adopten en aplicación de la misma en materia de control de concentraciones" ; y añade en su apartado 2 que "En el caso de que las obligaciones impuestas deriven de un acuerdo del Consejo de Ministros, dicho acuerdo especificará el órgano administrativo que, de acuerdo con las atribuciones que le sean propias, deba ser el responsable de la vigilancia".

 Por último, ha de decirse que las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2014 y 2 de noviembre de 2015 a que se refiere ATRESMEDIA se pronuncian sobre supuestos del todo distintos. No se trataba, como ahora, de cumplir la decisión del Consejo de Ministros, sino de analizar, en el primero de dichos pronunciamientos, si la información requerida por la Dirección de Investigación guardaba o no relación con los compromisos a los que se condicionaba la autorización de la concentración y, por tanto, si dicha Dirección se excedía de las facultades encomendadas; y, en la sentencia de 2 de noviembre de 2015 , de determinar si podía la Dirección de Investigación, mediante una decisión propia adoptada en el plan de actuaciones, modificar los compromisos asumidos.

 TERCERO.- También respecto de la prórroga de las condiciones del Acuerdo del Consejo de Ministros acordada en el dispositivo primero de la resolución de 30 de julio de 2015 la entidad actora afirma que incurre en " In fracción del artículo 42 del RDC con vulneración del derecho de defensa de Atresmedia como consecuencia de la omisión del trámite de audiencia respecto del informe parcial de vigilancia definitivo, con carácter previo al dictado de la Resolución Impugnada"; y produce "Vulneración del derecho de defensa de Atresmedia como consecuencia de no habérsele dado traslado de los medios de prueba (documentos) en los que se basa la Resolución Impugnada para prorrogar las condiciones del Acuerdo del Consejo de Ministros".

 Dispone el artículo 42 del Real Decreto 261/2008 , apartados 3 y 4, lo siguiente:

 "3. Cuando la Dirección de Investigación estime un posible incumplimiento de las obligaciones y resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá elaborar un informe de vigilancia que será notificado a los interesados para que, en el plazo de quince días, formulen las alegaciones que tengan por convenientes.

 4. Recibidas las alegaciones de los interesados y, en su caso, practicadas las actuaciones adicionales que se consideren necesarias, la Dirección de Investigación remitirá el informe de vigilancia al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia a efectos de que éste declare el cumplimiento de las obligaciones impuestas, o bien declare su incumplimiento".

 Considera ATRESMEDIA que lo que ha sucedido en el caso presente es que la entonces Dirección de Investigación elaboró una propuesta de informe de vigilancia del que se le dio traslado para formular alegaciones, si bien posteriormente emitió el informe definitivo que fue elevado al Consejo sin contar con la previa audiencia de la entidad afectada.

 Recordemos que los antecedentes, en cuanto ahora interesa, aparecen relatados en la misma resolución recurrida de este modo:

 "9. Con fecha 26 de mayo de 2015, se notificó a ATRESMEDIA la propuesta de Informe Parcial de Vigilancia de 22 de mayo de 2015, en relación con la solicitud de 16 de febrero de 2015 de modificación y posible prórroga de las condiciones a las que se subordinó la operación de concentración de referencia, al objeto de que pudiera formular las alegaciones pertinentes.

 10. Con fecha 22 de junio de 2015, tuvo entrada en la CNMC escrito de alegaciones de ATRESMEDIA en el cual solicita la práctica de pruebas (folios 10287 a 10367).

 11. Con fecha 15 de julio de 2015, la DC elevó al Consejo su Informe Parcial de Vigilancia del Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2012".

 Es conveniente insistir en este punto en que la omisión del trámite de audiencia en procedimientos como el que nos ocupa, es decir, no sancionadores, no determina la anulabilidad de la resolución salvo que se acredite que se ha producido indefensión.

 Especialmente clarificadora acerca del alcance que debe atribuirse a la falta de audiencia al interesado resulta la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2003, dictada en el recurso de casación núm. 7983/1999 (a la que se remiten otras posteriores , como la de 17 de mayo de 2012, recurso núm. 5366/209 , o la de 6 de febrero de 2018, recurso núm. 3470/2015 ), que se pronuncia en estos términos:

 "Esta interpretación coincide efectivamente con jurisprudencia reiterada de esta Sala. En efecto, la falta de audiencia en un procedimiento no sancionador no es, por si propia, causa de nulidad de pleno derecho, sino que sólo puede conducir a la anulación del acto en aquéllos casos en los que tal omisión haya producido la indefensión material y efectiva del afectado por la actuación administrativa. Así, ninguna de las causas de nulidad contempladas en el artículo 62 de la Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común resulta aplicable a la simple falta del trámite de audiencia. No lo es la prevista en la letra a), según la cual son nulos de pleno derecho aquellos actos que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, porque el derecho a la defensa sólo constituye un derecho susceptible de dicho remedio constitucional en el marco de un procedimiento sancionador, por la aplicación al mismo -aun con cierta flexibilidad- de las garantías propias del proceso penal, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de este Tribunal Supremo; fuera de ese ámbito sancionador, la falta del trámite de audiencia en el procedimiento administrativo e incluso la misma indefensión, si se produce, podrán originar las consecuencias que el ordenamiento jurídico prevea, pero no afectan a un derecho fundamental o libertad pública susceptible de amparo constitucional. Por otra parte, la falta de un trámite como el de audiencia, por esencial que pueda reputarse, no supone por si misma que se haya prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido ( STS de 13 de octubre de 2.000 -recurso de casación 5.697/1.995 -), que puede subsistir aun faltando la sin duda decisiva audiencia del interesado, por lo que tampoco le afecta, en principio, la causa de nulidad de pleno derecho prevista en la letra e) del art. 62 LRJAP -PAC.

 Por otra parte, es claro que a la ausencia del trámite de audiencia le es de aplicación de manera muy directa la previsión del apartado 2 del artículo 63 de la Ley 30/1.992 , que establece la anulabilidad de un acto administrativo por defecto de forma cuando éste dé lugar a la indefensión del interesado. Y, precisamente, si es esencial el trámite de audiencia, es porque su falta podría determinar que se produjese la efectiva indefensión del afectado. Ahora bien, esa indefensión no equivale a la propia falta del trámite, sino que ha de ser real y efectiva, esto es, para que exista indefensión determinante de la anulabilidad del acto es preciso que el afectado se haya visto imposibilitado de aducir en apoyo de sus intereses cuantas razones de hecho y de derecho pueda considerar pertinentes para ello.

 Así pues, según hemos dicho reiteradamente y como señala la sentencia impugnada, no se produce dicha indefensión material y efectiva cuando, pese a la falta del trámite de audiencia previo a la adopción de un acto administrativo, el interesado ha podido alegar y aportar cuanto ha estimado oportuno. Tal oportunidad de defensa se ha podido producir en el propio procedimiento administrativo que condujo al acto, pese a la ausencia formal de un trámite de audiencia convocado como tal por la Administración; asimismo, el afectado puede contar con la ocasión de ejercer la defensa de sus intereses cuando existe un recurso administrativo posterior; y en último término, esta posibilidad de plena alegación de hechos y de razones jurídicas y consiguiente evitación de la indefensión se puede dar ya ante la jurisdicción contencioso administrativa (entre muchas, pueden verse las sentencias de 26 de enero de 1.979 - RJ 232/1.979 -; de 18 de noviembre de 1.980 - RJ 4546/1.980 -; de 18 de noviembre de 1.980 - RJ 4572/1.980 -; de 30 de noviembre de 1.995- recurso de casación 945/1.992 -; o, muy recientemente, la de 30 de mayo de 2.003 -recurso de casación 6.313/1.998 -.

 Lo anterior tampoco supone que la simple existencia de recurso administrativo o jurisdiccional posterior subsane de manera automática la falta de audiencia anterior al acto administrativo, puesto que las circunstancias específicas de cada caso pueden determinar que estos recursos no hayan posibilitado, por la razón que sea, dicha defensa eficaz de los intereses del ciudadano afectado, lo que habría de determinar en última instancia la nulidad de aquél acto por haberse producido una indefensión real y efectiva determinante de nulidad en los términos del art. 63.2 de laLey 30/1992".

 La indefensión que invoca ATRESMEDIA no tiene, por otra parte, sustrato probatorio alguno. La prueba que propuso en su día se dirigía a acreditar extremos distintos, no relacionados con la pretendida indefensión generada por la falta de audiencia.

 Los razonamientos que anteceden son también aplicables al motivo de impugnación que la actora vincula con la falta de traslado de los documentos en los que se habría justificado la resolución de 30 de julio de 2015 para decidir la prórroga de las condiciones del Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2012.

 Sostiene en este sentido que la práctica totalidad de la información en la que la CNMC se basó para concluir que ATRESMEDIA tiene un elevado poder de mercado en el mercado de publicidad en televisión -lo que habría justificado la prórroga de las obligaciones contenidas en la condición primera del Acuerdo del Consejo de Ministros-, tiene su origen en las contestaciones de los anunciantes a los requerimientos de información de la propia Comisión, siendo así que, dice, "Atresmedia no ha tenido acceso, en ningún momento, a las contestaciones de los veinte anunciantes indicados a los que la CNMC realizó requerimientos de información en el Expediente de Vigilancia. Tampoco ha tenido acceso Atresmedia a versiones censuradas de las contestaciones de los anunciantes, ni siquiera a las que fueron facilitadas por algunos de los propios anunciantes junto con sus contestaciones (este es el caso de Nutrexpa o Henkel Ibérica)".

 Considera insuficiente a estos efectos el acceso que se le dio a una versión no confidencial de las respuestas de los anunciantes a los requerimientos de información de 23 de mayo y 2 y 9 de junio de 2014, e insiste en la prevalencia que debe atribuirse al derecho a la defensa frente al tratamiento confidencial de información tan relevante como la referida, con apoyo en diversos pronunciamientos del Tribunal General de la Unión Europea (cita la se ntencia de 29 de junio de 1995, T-30/91 , Solvay contra Comisión Europea y la de 27 de septiembre de 2012, T-370/06 , Kuwait Petroleum contra Comisión Europea).

 Como anticipábamos, tampoco en este caso podemos admitir que se haya generado indefensión por el solo hecho de que así lo afirme la entidad interesada.

 La confidencialidad se mantuvo, fundamentalmente, en relación a la identidad de los anunciantes que proporcionaron la información, y ese dato no se ha probado que tenga la relevancia, a efectos de garantizar el derecho de defensa, que pretende atribuirle ATRESMEDIA. Y, en cuanto a la exigencia de que se le hubiera dado traslado de los documentos originales, queja que también recoge en su demanda ( "... tanto la identidad de los anunciantes como los documentos originales que contienen las contestaciones son elementos necesarios para garantizar una adecuada defensa de los intereses de Atresmedia" ), la indefensión que de ello deduce no tiene otra justificación que el mero criterio de la demandante, criterio que no se apoya en datos objetivos que revelen una quiebra de su derecho a la defensa.

 Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que, también aquí, no ha habido en este proceso una solicitud de prueba encaminada a justificar la supuesta indefensión causada como consecuencia del mantenimiento de la confidencialidad de aquellos datos, o a desvelarlos ahora. Y es que la prueba propuesta y admitida se encaminaba, como literalmente se expuso en el trámite correspondiente de formalización de la demanda, a acreditar "Las verdaderas condiciones de los mercados relevantes (en particular, mercado de televisión en abierto y mercado de adquisición de contenidos audiovisuales) en el momento de dictarse la Resolución Impugnada, y, en particular, los cambios experimentados por dichos mercados desde el dictado del Acuerdo del Consejo de Ministros hasta el dictado de la Resolución Impugnada" .

 CUARTO.- El último de los argumentos que ATRESMEDIA dirige contra la decisión de prorrogar por dos años las condiciones a las que se subordinó la autorización de la operación de concentración gravita en torno a la arbitrariedad de dicha decisión por cuanto no habría tenido en cuenta "... las profundas modificaciones que se han producido en el mercado de televisión en abierto".

 Antes de analizar esta cuestión es preciso insistir en que la condición quinta del Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2012 confería a la Co misión Nacional de la Competencia la posibilidad de mantener durante un período adicional de otros dos años las condiciones de la autorización de concentración, inicialmente fijadas para tres años, supeditando esa prórroga a que la Comisión valorase si se había producido una modificación relevante en la estructura o la regulación de los mercados que la justificase.

 La resolución recurrida motiva de manera explícita la prórroga precisamente incidiendo en esa modificación de los mercados, y se remite al Informe Parcial de Vigilancia (IPV) de 15 de julio de 2015, en el cual se indicaba que "deben prorrogarse durante dos años las condiciones en los mismos términos que fueron aprobadas en Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2012 " básicamente porque entendía que la situación competitiva en el mercado de publicidad televisiva no había mejorado por lo que los efectos restrictivos sobre la competencia en los mercados de adquisición de contenidos no habrían desaparecido.

 La resolución expone también las causas por las que esa mejora no se había materializado desde que se produjo la autorización de la concentración y alude así, también con referencia al IPV, a que la extensión de la pauta única a los canales de la SEXTA junto a las políticas comerciales de empaquetamiento de canales y fórmulas de negociación de precios habría empeorado la presión competitiva en este mercado, aun reconociendo que no se aprecian modificaciones en el resto de factores que pudieran afectar a la competencia (cita "la presencia marginal de RTVE, la crisis presupuestaria que afecta a las televisiones autonómicas y que limita las presiones competitivas que pudieran ejercer, y la transparencia del mercado" ).

 Considera acreditado, a la vista del informe del órgano de vigilancia, que la reducción en el número de canales emitidos por ATRESMEDIA no había influido en sus ratios de audiencia e inversión publicitaria, y al propio tiempo, que "... los riesgos de efectos restrictivos sobre la competencia en los mercados de televisión en abierto y adquisición de contenidos no han desaparecido, entre otras razones, porque la competencia en los mismos viene determinada por la situación competitiva del mercado de publicidad en televisión".

 Incluye también consideraciones sobre la presión competitiva que pudieran ejercer los operadores OTT (Over The Top, operadores que transmiten contenidos audiovisuales a través de internet y sin necesidad, por tanto, de la intervención de otros operadores en el control y distribución de dichos contenidos) como demandantes de contenidos audiovisuales sobre los operadores de televisión en abierto para concluir que no es lo suficientemente intensa como para condicionar el comportamiento de estos.

 Y, además, da respuesta expresa y pormenorizada a las alegaciones formuladas por ATRESMEDIA frente a la decisión de aplicar la prórroga que habilitaba la resolución del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2012, alegaciones que se referían al carácter excepcional de la prórroga por cuanto suponía una restricción injustificada a la libertad de empresa; a la no concurrencia de las circunstancias a las que la condicionaba el mismo Consejo de Ministros, denunciando lo que calificaba de débil labor instructora que habría dado lugar a que la decisión no se sustentase en hechos acreditados; o a la falta de profundidad del análisis sobre la situación del mercado de publicidad en televisión, ni de la estructura de otros mercados afectados, en particular del mercado de adquisición de contenidos audiovisuales y de la incidencia que sobre el mismo habrían tenido las recientes operaciones de concentración.

 De este modo, se pone de manifiesto que la resolución sí cuenta con una motivación suficiente, reflejada en su propia fundamentación y en el IPV que le sirve de referente y de verdadera motivación in alliunde .

 Cuestión distinta es que la entidad actora discrepe de esa motivación y de las razones en que se sustenta, lo que reconduce la cuestión a determinar si está o no acreditada la concurrencia de las circunstancias que apreció la CNMC en la resolución recurrida para acordar la prórroga de las condiciones.

 QUINTO .- En efecto, sostiene ATRESMEDIA que se produjeron lo que califica de profundas modificaciones en el mercado de televisión en abierto que no habría tenido en cuenta la CNMC al acordar la prórroga. Esas modificaciones -se refiere, de hecho, a una "transformación del mercado de televisión en abierto desde el Acuerdo del Consejo de Ministros hasta la adopción de la resolución impugnada" - traerían causa de dos circunstancias: por una parte, el cese de la emisión de nueve canales de la Televisión Digital Terrestre derivado de la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2012 ; y, por otra, de la denominada liberación del dividendo digital como consecuencia del dictado del Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital.

 No obstante, dichas alegaciones fueron oportunamente contestadas en la propuesta del Informe Parcial de Vigilancia la cual, partiendo de que, en efecto, se produjo una reducción de los canales emitidos por ATRESMEDIA a partir del 6 de mayo de 2014 como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2012 -que anulaba el acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de julio de 2010- , con ello no se habría alterado significativamente, dice la propuesta, el peso de ATRESMEDIA en términos de audiencia ni su posición en el mercado de publicidad televisiva "...entre otras razones, porque esta reducción de los canales también afectó al resto de operadores de TDT privados de ámbito nacional, no han entrado nuevos operadores, y gracias a las inercias de los telespectadores y su capacidad para rentabilizar una programación atractiva, ATRESMEDIA ha conseguido mantener unas cuotas globales de audiencia muy similares a las preexistentes, especialmente entre los espectadores de mayor atractivo para los anunciantes (target comercial)" .

 Y lo específica, además, al señalar que ATRESMEDIA pasó de emitir siete canales a emitir cuatro (Antena3, La Sexta, Neox y Nova), manteniendo uno en alquiler para la emisión de Gol T, mientras que MEDIASET pasó de emitir ocho canales a emitir seis (Telecinco, Cuatro, FDF, Divinity, Energy y Boing), NET pasó de cuatro a dos (Disney Channel y Paramount Channel) y VEO de cuatro a dos (Discovery Max y 13 TV).

 La conclusión de que, después de la op eración de concentración ANTENA3/LA SEXTA, el mercado de publicidad en televisión seguía muy concentrado y en manos de los mismos operadores (ATRESMEDIA y MEDIASET), se apoya en las tablas de dat os suministrados por Kantar Media e lnfoadex, que incorpora la misma propuesta (apartado 27), la cual analiza también la posibilidad de que pudieran cesar las emisiones de canales de TDT de ámbito nacional adicionales tras la impugnación de sus licencias ante el Tribunal Supremo. Y llega a la conclusión de que el supuesto cierre afectaría también a los competidores de ATRESMEDIA, por lo que su peso relativo en el mercado no se vería modificado.

 Termina su análisis recordando que, aun en el caso de que se debilitase la posición competitiva de ATRESMEDIA (lo que considera poco probable), la entidad podría solicitar la modificación del contenido o duración de las condiciones, al amparo del apartado b) de la condición quinta de las condiciones impuestas a ATRESMEDIA en la resolución del Consejo de la antes CNC de 13 de julio de 2012.

 Entre las conclusiones que siguen a dicho análisis merecen destacarse, en cuanto importan al motivo que analizamos, que la estructura del mercado de publicidad en televisión en España no se habría modificado significativamente respecto de la situación analizada en el expediente de concentración, y la dinámica competitiva sería "... peor que la analizada en dicho expediente" , además de incidir en que "...El riesgo de coordinación entre los dos principales operadores, ATRESMEDIA y MEDIASET tampoco ha desaparecido" , destacando que las estrategias de comercialización y de negociación de la publicidad eran similares. puestos que ambas comercializan su publicidad.

 También se refieren las citadas conclusiones a que el deterioro de la dinámica competitiva del mercado de publicidad televisiva afectaba asimismo a los mercados de televisión en abierto y de adquisición de contenidos audiovisuales, sin que se advirtiese, en definitiva, un cambio en los mercados que pudiera justificar el levantamiento, a partir del 24 de agosto de 2015 -es decir, a los tres años de la autorización- de las condiciones a las que se subordinó la autorización de la operación de concentración ANTENA3/LA SEXTA.

 Y resulta significativa la mención que hace a la situación que afectaba a la operación de concentración C/0230/10 TELECINCO/CUATRO, cuyos compromisos fueron inicialmente fijados para un periodo de duración de tres años, pero se prorrogaron durante dos años más por razones que califica como muy similares a las del presente asunto.

 Frente a todo ello, la prueba aportada por ATRESMEDIA para desvirtuar los datos y las conclusiones que refleja la Dirección de Investigación en la propuesta del IPV es desde luego insuficiente, ya que se limita a los documentos acompañados con la demanda (referidos al dividendo digital y al acuerdo entre la Liga Profesional de Fútbol y Telecable), y no permite a esta Sala, en el ejercicio de sus facultades sobre la libre apreciación de la prueba, suponer que las aseveraciones de la recurrente en torno a la situación del mercado afectado hayan de prevalecer sobre las que tuvo en cuenta la CNMC al decidir la prórroga.

 Lo que obliga a desestimar también este motivo y con ello a confirmar la legalidad de la resolución recurrida en cuanto a la decisión de prorrogar por dos años la vigencia y aplicación de las condiciones a las que se subordinó la autorización de la operación de concentración C/0432/12 ANTENA3/LA SEXTA.

 SEXTO .- Como anticipábamos, los restantes argumentos de la demanda se dirigen a impugnar el apartado segundo de la parte dispositiva de la resolución de 30 de julio de 2015 por el cual se acordaba, literalmente, " No acceder a la solicitud de ATRESMEDIA respecto a la dispensa del cumplimiento de la obligación contenida en el apartado a) de la condición tercera del Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2012".

 Dicha condición estaba redactada en estos términos:

 " a) La entidad resultante no podrá concluir contratos de adquisición exclusiva de contenidos audiovisuales de terceros con una duración superior a tres años a contar desde la fecha de la firma del correspondiente contrato. Respecto de los contratos de adquisición exclusiva de contenidos audiovisuales en los que en el momento de la firma no queda determinada la identidad del contenido contratado o el momento en que cada contenido será puesto a disposición del adquirente, incluidos los output deals y los volume deals, la limitación temporal anterior implicará que no podrán ponerse a disposición de la entidad resultante contenidos concretos una vez transcurridos tres años desde la firma del correspondiente contrato. Como excepción a lo anterior, la entidad resultante podrá concluir contratos que cubran la "vida total" de cada serie y cada programa de entretenimiento. Es decir, podrán ponerse a disposición de la entidad resultante capítulos de series y programas de entretenimiento a lo largo de la vida total del producto adquirido".

 Como expone en su demanda, la solicitud de dispensa del cumplimiento de dicha condición se funda en la aplicación del artículo 53.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio , así como en la Comunicación de la Comisión Europea relativa a las soluciones admisibles con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo y al Reglamento (CE) no 802/2004 de la Comisión.

 Conforme al citado artículo 53.3 de la LDC "El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá proceder, a propuesta de la Dirección de Investigación, que actuará de oficio o a instancia de parte, a la revisión de las condiciones y de las obligaciones impuestas en sus resoluciones cuando se acredite una modificación sustancial v permanente de las circunstancias tenidas en cuenta al dictarlas".

 Recuerda la demandante que la dispensa de las condiciones impuestas en una resolución que autoriza una operación de concentración estaría supeditada, a la vista de dicho precepto, de la referida Comunicación, y de la práctica seguida por la Comisión europea en diferentes decisiones (cita de 20 de julio de 2010, COMP/M. 2876, Newsc01P/Telepiu y de 3 de mayo de 2011, COMP/M. 950, Hoffmann-La RochefBoehringer Mennheim) a la concurrencia de las siguientes circunstancias: (i) modificación sustancial de las circunstancias del mercado que llevaron a adoptar el acto, o una parte del mismo, que se solicita revisar o dispensar; (ii) excepcionalidad de la revisión o dispensa; (iii) transcurso de un lapso de tiempo relativamente amplio desde la adopción del acto que se solicita revisar o dispensar; (iv) carácter duradero de las circunstancias que motivan la revisión o dispensa del acto; y (v) proporcionalidad de la revisión o dispensa desde la perspectiva del interés general.

 Y destaca, de entre todas ellas, la necesidad de que la dispensa se sustente "... en la confirmación de que se ha producido una modificación relevante y permanente en el mercado afectado en relación con el que se solicita la dispensa".

 A continuación, centra su esfuerzo argumental en constatar que esa modificación se habría producido en este caso.

 Partiendo del carácter ciertamente excepcional de la dispensa, que reconoce la misma demandante, es indudable que la carga de acreditar que la modificación del mercado se ha producido en efecto, y es de tal relevancia que justifica la dispensa de las condiciones a las que se supeditaba la autorización de concentración, recae sobre la parte afectada que pretende hacerla valer. En este caso, ATRESMEDIA.

 Y nuevamente nos encontramos con que dicha prueba no existe, pues la actora se limita a describir en la demanda los cambios producidos en el mercado, pero sin acreditar la verdadera relevancia de los mismos al punto de que pudieran justificar la dispensa de la condición supuestamente afectada.

 En rigor, sitúa la razón de dichos cambios en la situación surgida como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2014 al suponer que este pronunciamiento ha producido una modificación relevante del mercado de adquisición de contenidos audiovisuales toda vez que MEDIASET ya no se vería sujeta a determinadas limitaciones de carácter temporal, pues la citada sentencia anuló el acuerdo de la Dirección de Investigación de 23 de febrero de 2011 y la resolución de la CNC de 25 de abril de 2011 "(...) en lo relativo al criterio de cómputo de los límites temporales de 3 y 5 años previstos para la adquisición exclusiva de contenidos de terceros en el compromiso VI desde la fecha de la firma de los contratos; con desestimación de las demás pretensiones formuladas en la demanda".

 Desde luego, la pretensión de generalizar los efectos de tan concreto pronunciamiento hasta el punto de condicionar el mercado de adquisición de contenidos audiovisuales y producir en el mismo una modificación relevante, en los términos que exigiría la dispensa que pretende ATRESMEDIA, tiene una base puramente voluntarista y no sostenida en datos concretos, que no aporta la entidad recurrente, la cual pretende asimilar la relevancia del modo de cómputo del alcance temporal del compromiso -relevancia a la que sí se refiere la sentencia, que plantea si debe computarse desde la firma del contrato o desde la puesta a disposición del contenido- con la modificación relevante del mercado de adquisición de contenidos audiovisuales, lo que tiene un calado mucho mayor que no reconoce el Tribunal Supremo en su sentencia.

 SÉPTIMO .- Lo que acabamos de exponer nos permite enlazar con el último de los motivos que esgrime la recurrente en su demanda, y que se refiere a la vulneración de su derecho a la defensa como consecuencia de la negativa de la CNMC a realizar actuaciones instructoras, en concreto, un test de mercado, dirigido a constatar en qué medida se vio afectada ATRESMEDIA por la no aplicación a MEDIASET de la limitación temporal relativa a la puesta a disposición de los contenidos en el plazo de tres años desde la firma del contrato.

 Como sabemos, la entidad actora solicitó a la Comisión la dispensa de la obligación contenida en la co ndición tercera del Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2012, cuyo apartado a) disponía que " La entidad resultante no podrá concluir contratos de adquisición exclusiva de contenidos audiovisuales de terceros con una duración superior a tres años a contar desde la fecha de la firma del correspondiente contrato" . Petición que fue denegada por la resolución de 30 de julio de 2015 (apartado segundo de su parte dispositiva).

 A juicio de la actora, la situación generada tras la sentencia del Tribunal Supremo ya mencionada de 15 de diciembre de 2014 habría producido una distorsión en la situación competitiva de ATRESMEDIA y MEDIASET en perjuicio de la primera que podría comprobarse con un test de mercado cuya realización interesó expresamente ATRESMEDIA, pero que fue denegado por la CNMC con una decisión que la recurrente califica de arbitraria e irrazonable.

 Invoca en apoyo de su criterio la Comunicación de la Comisión Europea sobre soluciones admisibles (relativa a las soluciones admisibles con arreglo al Reglamento CE no 139/2004 del Consejo y al Reglamento CE no 802/2004 de la Comisión), y se opone al criterio mantenido por la CNMC para rechazar la realización del test y según el cual este tendría sentido para la modificación de las condiciones impuestas, pero no para su mantenimiento.

 Sin embargo, y a pesar de lo que dice ATRESMEDIA, una atenta lectura de la Comunicación ratifica la interpretación acogida por la CNMC.

 En efecto, no puede desconocerse que el apartado 74 de la Comunicación, que es el que recoge el párrafo transcrito por la recurrente e invocado como apoyo para exigir la realización del test -y que dice, literalmente, que "Para cualquier exención, modificación o sustitución de los compromisos, la Comisión también tendrá en cuenta la opinión de terceros y el impacto que una modificación puede tener en la posición de terceros y por ello en la eficacia global de la solución. A este respecto, la Comisión también considerará si las modificaciones afectan al derecho adquirido ya por terceros después de la aplicación de la solución" -, está incluido en el epígrafe 4 de su apartado III que lleva por rúbrica, precisamente, "Cláusula de revisión" .

 En consecuencia, no solo la interpretación literal de este pasaje de la Comunicación, sino también la interpretación sistemática, pone de manifiesto que resulta aplicable a los casos en los que se plantee una alteración -alude a la ex ención, modificación o sustitución- de los compromisos, no a aquellos otros en los que se considerase oportuno su mantenimiento, como aquí sucedía, teniendo en cuenta que la adopción de los compromisos habría sido precedida en su momento del análisis correspondiente que justificaba su mantenimiento durante el tiempo asignado a su vigencia.

 Finalmente, es oportuno insistir, también en este extremo, en la falta de cualquier propuesta de prueba formulada en el curso del proceso que pudiera justificar la dispensa solicitada.

 OCTAVO .- Procede, con arreglo a lo razonado, la íntegra desestimación del recurso, por lo que las costas de esta instancia deberán ser satisfechas por la parte actora conforme a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .

 Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

 Desestimar el recurso contencioso-administrativo núm. 723/15 promovido por el Procurador D. Alberto Hidalgo Martínez actuando en nombre y representación de ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SAU (ATRESMEDIA), contra la resolución de 30 de julio de 2015, del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, recaída en el expediente VC/043/12 ANTENA 3/LA SEXTA, resolución que se declara ajustada a Derecho.

 Con expresa imposición de costas a la parte actora.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 19/02/2020 doy fe.