Id. Cendoj: 28079230062015100084
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 20/03/2015
Nº de Recurso: 288/2011
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: JAVIER EUGENIO LOPEZ CANDELA
Procedimiento: CONTENCIOSO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000288/2011

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 02895 / 2011

 Demandante: GAS NATURAL S.A.

 Procurador: D. LUIS FERNANDO ÁLVAREZ WIESSE

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: ENDESA S.A., E.ON ESPAÑA, ENERGYA VM GESTIÓN DE ENERGIA S.L.U., HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO Y ASOCIACIÓN DE COMERCIALIZADORAS INDEPENDIENTES DE ENERGÍA

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA

 S E N T E N C I A Nº:

 IImo. Sr. Presidente:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 Dª. CONCEPCIÓN MÓNICA MONTERO ELENA

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA

 Madrid, a veinte de marzo de dos mil quince.

 Visto el recurso contencioso administrativo que ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido GAS NATURAL S.A., y en su nombre y representación el Procurador Sr. D. Luis Fernando Álvarez Wiesse, y asistida por la letrada Sra. Teresa Olivié Martínez-Peñalver, frente a la Comisión Nacional de la Competencia, hoy Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 13 de mayo de 2011 , relativa a sanción, siendo también partes ENDESA S.A, representada por el Procurador Sr. José Guerrero Tramoyeres, E.ON ESPAÑA, representada por la Procuradora Sra. María Jesús Gutiérrez Aceves, ENERGYA VM GESTIÓN DE ENERGIA S.L.U, representada por el Procurador Sr. Pablo Domínguez Maestro, HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, representada por el Procurador Sr. Carlos Mairata Laviña, y ASOCIACIÓN DE COMERCIALIZADORAS INDEPENDIENTES DE ENERGÍA, representada por el Procurador Sr. Pablo Domínguez Maestro, y la cuantía del presente recurso 8.811.000 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO: Se interpone recurso contencioso administrativo promovido por GAS NATURAL S.A ., y en su nombre y representación el Procurador Sr. D. Luis Fernando Álvarez Wiesse, frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 13 de mayo de 2.011.

 SEGUNDO : Reclamado y recibido el expediente administrativo, se confirió traslado del mismo a la parte recurrente para que en plazo legal formulase escrito de demanda, haciéndolo en tiempo y forma, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, y suplicando en el escrito de demanda que se declare anulación de la resolución impugnada, o subsidiriamente la reducción de la sanción impuesta.

 Dentro de plazo legal la Administración demandada formuló a su vez escrito de contestación a la demanda, oponiéndose a la pretensión de la actora y alegando lo que a tal fin estimó oportuno.

 TERCERO : Habiéndose acordado el recibimiento del proceso a prueba por auto de fecha 30 de noviembre de 2.012, y evacuado el trámite de conclusiones por las partes por escrito sobre pretensiones y fundamentos de demanda y contestación, quedaron los autos conclusos y pendientes de votación y fallo, para lo que se acordó señalar para votación y fallo para el día 9 de mayo de 2.013.

 Dicho señalamiento quedó sin efecto al objeto de oír a las partes sobre la aplicación de lo dispuesto en el art.63.1 de la Ley 15/2007 .

 CUARTO : Practicado dicho trámite tuvo lugar nuevo señalamiento para el día 12 de noviembre de 2.013, el cual quedó sin efecto al objeto de señalar conjuntamente todos los recursos afectados por la mencionada resolución impugnada. En dicho señalamiento se acordó dejar sin efecto el mismo hasta que el Tribunal Supremo resolviese el recurso de casación pendiente contra la sentencia de fecha 21 de noviembre de 2.012 de esta Sala dictada en el recurso 232/2009 que confirmaba la resolución impugnada de la CNC de 2 de abril de 2.009.

 QUINTO : En la tramitación de la presente causa se han observado las prescripciones legales previstas en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y en las demás Disposiciones concordantes y supletorias de la misma.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO .- Es objeto de impugnación en autos la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 13 de mayo de 2.011, por la que se impone a la recurrente la sanción de multa de 8.811.000 euros por infracción del Art. 1.1 de la Ley 15 /2007 de 17 de julio de Defensa de la Competencia consistente en una conducta colusoria de obstaculización del cambio de suministrador en el mercado de energía eléctrica a pequeños clientes desarrollada entre mayo de 2.007 y junio de 2.009, así como una segunda infracción la de fijar precios y otras condiciones comerciales en dicho mercado entre 2.006 y 2.008.

 SEGUNDO.- Son hechos acreditados en autos que constan documentalmente en el expediente administrativo o son reconocidos por las partes los que se deducen de la resolución impugnada, y en concreto los siguientes:

 1. Con fecha 17 de junio de 2009, la Dirección de Investigación (en adelante, DI) tuvo conocimiento, a través de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), de determinadas comunicaciones llevadas a cabo por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. y Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. relativas a la suspensión por parte de las mismas, de la gestión telemática de solicitudes de baja tensión y el corte de operaciones.

 2. A la vista de dicha información la DI de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) inició, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio (B.O.E. del 7), de Defensa de la Competencia (LDC) una información reservada (número de referencia DP 23/09) tendente a determinar con carácter preliminar la concurrencia de circunstancias que justificasen la incoación de expediente sancionador.

 3. En el marco de dicha información reservada, la DI tuvo conocimiento de que comunicaciones similares a las de Iberdrola y Endesa, se realizaron también por Hidrocantábrico Distribución S.A.U., Unión Fenosa Distribución S.A. y E.On Distribución S.L.

 4. Con fecha 24 de junio de 2009 la DI decidió, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la referida Ley, incoar expediente sancionador contra Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., Hidrocantábrico Distribución S.A.U., Unión Fenosa Distribución S.A. y E.On Distribución S.L. por una posible infracción de los artículos 1 de la LDC y 81 del Tratado de la Comunidad Europea, consistente en un acuerdo que tendría por objeto impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado nacional de suministro de electricidad, en particular, al dificultar con su comportamiento la gestión de traspasos de clientes y la captación de los mismos por las comercializadoras independientes en un momento crítico para la competencia.

 5. Asimismo, la DI, en virtud de lo dispuesto en los artículos 54 de la LDC y 41 del RDC, propuso al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia la adopción de medidas cautelares, acordadas mediante Resolución del Consejo de 1 de julio de 2009 (MC/0003/09).

 6. Con fecha 1 de julio de 2009 se realizó una solicitud de información a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), en relación con las conductas objeto de incoación del expediente, a la que se recibió respuesta el 16 de julio de 2009.

 7. Con fecha 6 de julio de 2009 tuvo entrada en la CNC escrito de la Asociación FACUAConsumidores en Acción (FACUA) en el que informaba de ciertas irregularidades en relación con los cambios suministrador, a propósito de la entrada en vigor de suministro de último recurso, razón por la que dicho escrito se incorporó al expediente de referencia.

 8. Con fechas 13 de julio y 3 de septiembre de 2010 se acordó la admisión de FACUA y Asociación de Comercializadores Independientes de Electricidad (ACIE), respectivamente, en calidad de partes interesadas en el procedimiento, condición solicitada por esta última mediante escrito de 17 de agosto de 2010.

 9. Con fecha 2 de noviembre de 2009 el Consejo de la CNC dictó Resolución en el expediente S/0051/08 UNESA en el que consideraba que consideraba que no se podía declarar la responsabilidad administrativa de UNESA en los términos propuestos por la DI con respecto a ciertos hechos relativos a la interposición de un recurso ante la Audiencia Nacional por el que solicitaba la suspensión cautelar y la anulación de la Disposición Adicional de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre. Asimismo, el Consejo instaba a la DI a investigar determinados hechos relativos a un entendimiento previo entre las empresas eléctricas asociadas a UNESA, es decir, IBERDROLA, ENDESA, UNIÓN FENOSA, HIDROELÉCTRICA DE CANTABRICO y ENELVIESGO.

 10. Con fechas 5 y 6 de noviembre de 2009 la CNC realizó, en el marco de la información reservada DP 040/09, una investigación domiciliaria en la sede de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (en adelante, UNESA). Dicha inspección fue objeto de recurso (R/0030/09), inadmitido por el Consejo de la CNC mediante Resolución de 14 de diciembre de 2009. Frente a dicha resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo que fue desestimado por sentencia de esta Sala de fecha 2 de junio de 2.011 , la cual fue revocada en casación por la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de diciembre de 2.014, recurso 4201/2011 , que declaró contrario al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio ( art.18.2 de la CE ), así como a los art.40 de la Ley de Defensa de la Competencia y 13 del Reglamento la obtención de la prueba obtenida en la inspección de la sede de UNESA mediante la orden de 2 de noviembre de 2.009 de investigación que acordó las actuaciones inspectoras de fecha 5 y 6 de noviembre de 2.009, así como del acuerdo de la Comisión Nacional de Competencia de 14 de diciembre de 2.008 que inadmite el recurso interpuesto contra dicha Orden.

 11. Con fecha 17 de diciembre de 2009 la DI procedió a la devolución de determinada documentación recabada en la mencionada investigación domiciliaria.

 12. A la vista de la información recabada en dicha investigación domiciliaria y de conformidad con el artículo 29 del RDC, con fecha 4 de febrero de 2010 se amplió el acuerdo de incoación inicial también a UNESA y su objeto se entendió con respecto a una estrategia de coordinación en el sector eléctrico tendente, entre otros, a la obstaculización del cambio de suministrador de electricidad". En el mismo escrito de ampliación se notificó a UNESA la incorporación al expediente de referencia de determinada información obtenida en la inspección realizada en su sede. Con fecha 8 de abril de 2010 se notificó a UNESA una nueva incorporación de información recabada en la investigación domiciliaria mencionada (folio 3091).

 13. Con fecha 30 de abril de 2010 se adoptó, por parte de la Directora de Investigación, acuerdo por el que se ampliaba a Iberdrola S.A., Endesa S.A., E.On España S.L., Gas Natural SDG, S.A. e Hidroeléctrica del Cantábrico S.A., la incoación del expediente sancionador (folios 3425 y 3426).

 14. De acuerdo con lo previsto en el artículo 50.3 de la LDC , con fecha 5 de mayo de 2010 se notificó a las partes el Pliego de Concreción de Hechos (en adelante PCH).

 15. Con fecha 6 de mayo de 2010 Iberdrola S.A. presentó recurso contra el acuerdo de la Directora de Investigación por el que se ampliaba la incoación realizada en el expediente de referencia, recurso que fue inadmitido por el Consejo de la CNC con fecha 2 de junio de 2010.

 16. Con fechas 20 de mayo y 1 de junio de 2010 se acordó la admisión de Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Centrica, respectivamente, en calidad de partes interesadas en el procedimiento.

 17. Entre el 1 y el 7 de junio de 2010 tuvieron entrada en la CNC los escritos de

 alegaciones de las partes al PCH.

 18. Con fecha 28 de junio de 2010 tuvo entrada en el Registro de la CNC el informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) solicitado por la CNC, de conformidad con el artículo 17.2 letra d) de la LDC , con fecha 6 de mayo de 2010.

 19. Con fechas 15, 16 y 20 de julio se presentaron nuevos escritos de alegaciones por parte de Iberdrola S.A, Gas Natural SDG, S.A. y UNESA analizando el contenido del informe de la CNE.

 20. Con fecha 19 de julio de 2010 se recibió, en la CNC, escrito de alegaciones por parte de Centrica Energía S.L.U.

 21. Con fecha 20 de julio de 2010 se notificó las partes interesadas en el expediente el cierre de la fase de la instrucción.

 22. Con fecha 21 de julio de 2010 se hizo efectiva la devolución a UNESA de los dos DVD copiados durante la investigación domiciliaria realizada en la sede de la asociación os días 5 y 6 de noviembre de 2009.

 23. Con fecha 21 de julio de 2010 tuvo entrada, en la CNC, nuevo escrito de alegaciones por parte de Endesa, S.A. analizando el contenido del informe emitido por la CNE.

 24. De acuerdo con lo previsto en el artículo 50.4 de la LDC , con fecha 28 de julio de 2010 la DI procedió a notificar la Propuesta de Resolución.

 25. A lo largo del mes de agosto de 2010 se recibieron alegaciones a la Propuesta de Resolución de todas las partes imputadas, algunas de las solicitaron prueba.

 26. El 18 de agosto de 2010 ENDESA presenta nuevas alegaciones que tienen como fin aportar la versión pública del informe publicado por la CNE titulado: Expediente informativo para analizar las causas que están provocando los retrasos surgidos para contratar el suministro con un comercializador en el mercado libre (22/7/2010).

 27. Con fecha de 20 de octubre de 2010, el Consejo dictó Acuerdo por el que resolvió informar a las partes de que con esa misma fecha se había remitido a la Comisión Europea la Propuesta de Resolución del expediente en los términos en que se señala en el artículo 11.4 del Reglamento CE 1/2003, y que con igual fecha y en cumplimiento del artículo 37.2.c) de la Ley 15/2007 , había quedado suspendido el cómputo del plazo máximo para resolver el expediente hasta que por la Comisión Europea se diera respuesta a la información remitida, o transcurriera el plazo a que hace referencia el mencionado artículo 11.4 del Reglamento CE 1/2003. Transcurrido el plazo de 30 días a que se refiere el último precepto señalado, por Acuerdo de 24 de noviembre de 2010, y con efectos desde el 22 de noviembre de 2010, el Consejo resolvió levantar la suspensión del cómputo del plazo máximo para resolver el expediente de referencia, lo que se notificó a las partes.

 28. Mediante Acuerdo de 22 de diciembre de 2010 el Consejo acordó la realización de determinadas pruebas solicitadas por las partes, denegó de manera motivada otras, así como la celebración de vista y suspendió el plazo máximo para resolver el expediente durante el tiempo en que se sustanciase la práctica de las pruebas y actuaciones complementarias acordadas. En particular, a petición de parte se han incorporado al expediente diversas documentales, se ha incorporado informe de experto independiente, se ha solicitado informe al MITyC para que se pronuncie sobre determinados aspectos y se ha requerido de oficio para que se incorpore copia del contrato tipo que se menciona en el apartado 11 del PCH.

 29. Mediante Acuerdo de 26 de enero de 2011, una vez incorporada al expediente la documentación correspondiente a la práctica de las pruebas y conforme a lo dispuesto en el art. 36.2 RDC, se concedió a los interesados el plazo de 10 días para valoración de las mismas.

 30. Expirado el plazo para la presentación de la valoración de prueba, mediante Acuerdo de 15 de febrero de 2011 el Consejo levantó la suspensión del plazo máximo para resolver.

 31. El Consejo de la CNC deliberó sobre el asunto en distintas sesiones y dictó la Resolución el 12 de mayo de 2011 impugnada en autos.

 El Consejo de la CNC concluyó la deliberación y fallo de esta resolución el día 13 de febrero, dictándose la resolución sancionadora el 13 de mayo de 2.011 con el siguiente contenido:

 "PRIMERO.- Declarar que en el presente expediente se ha acreditado la existencia de una infracción del artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , y del artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de la que son responsables IBERDROLA, S.A., ENDESA, S.A., E.ON ESPAÑA S.L., GAS NATURAL SDG, S.A. e HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A y UNESA como facilitador de la misma, consistente en una conducta colusoria para la obstaculización del cambio de suministrador en el mercado de la comercialización de energía eléctrica a pequeños clientes desarrollada entre mayo de 2007 y junio de 2009.

 SEGUNDO. Declarar que en el presente expediente se ha acreditado la existencia de una infracción del artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , y del artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de la que son responsables IBERDROLA, S.A., ENDESA, S.A., E.ON ESPAÑA S.L., GAS NATURAL SDG, S.A. e HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A y UNESA como facilitador de la misma, consistente en una conducta colusoria de fijación de precios y otras condiciones comerciales a grandes clientes en el mercado de la comercialización de energía eléctrica entre 2006 y 2008.

 TERCERO. Imponer las siguientes multas a las autoras de la infracción:

 - 26.615.000 € a ENDESA, S.A.,

 - 1.426.000 € a E.ON ESPAÑA S.L.

 - 8.811.000 € a GAS NATURAL SDG, S.A.

 - 1.847.000 € a HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A.

 - 21.612.000 € a IBERDROLA, S.A.

 - 900.000€ a UNESA.

 CUARTO. Declarar que no resulta acreditada la existencia de infracción del artículo 1 de la LDC y del artículo 101 del TFUE en relación con la adopción de un contrato tipo por parte las empresas eléctricas miembro de UNESA ni sobre la propuesta acerca de la factura.

 QUINTO. Instar a la DI para que vigile el cumplimiento de esta Resolución..."

 TERCERO . - Frente a la resolución impugnada la actora formula los siguientes motivos de impugnación:

 1.- Procedencia de declarar la caducidad del procedimiento sancionador por transcurso del plazo legalmente previsto.

 2.- Nulidad del acuerdo de ampliación del acuerdo de incoación a la recurrente.

 3.- Falta de tipicidad de las conductas encaminadas a la obstaculización del cambio de suministrador.

 4.- Falta de prueba del acuerdo sancionador.

 5.- Vulneración del principio de confianza legítima.

 6.- Falta de proporcionalidad de la sanción.

 Debemos hacer constar, con carácter previo, que aun cuando no haya tenido lugar el trámite de audiencia previsto en la providencia de 11 de diciembre de 2.013, al objeto de alegar lo conveniente respecto de la sentencia que debiera dictase en el recurso de casación pendiente, ello en modo alguno ha originado indefensión a las partes, recurrente y Administración demandada, pretendiendo dicha providencia el conocimiento conjunto de todos los señalamientos pendientes respecto de la resolución hoy impugnada, además de que no ha sido impugnada la providencia de señalamiento para votación y fallo de fecha 25 de febrero de 2.015. Y por otro lado, no nos pronunciaremos, como luego se verá, sobre la cuestión del ne bis in idem anunciada en la providencia de 11.12.2013, haciéndose referencia en esta sentencia a otra del Tribunal Supremo, de 10 de diciembre de 2.014 , que es suficientemente conocida por las partes, por lo que en modo alguno se ha producido indefensión alguna en la tramitación final de este recurso.

 CUARTO .- Alega la recurrente, en primer término, en defensa de su pretensión, que no procede la sanción impuesta, toda vez que el expediente sancionador, iniciado en fecha 24 de junio de 2.011 ha caducado por el transcurso del plazo de 18 meses que contempla el art.36.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio , hasta la fecha en que tiene lugar la notificación a la actora de la resolución de fecha 13 de mayo de 2.011, notificada ese mismo día.

 Al mencionado plazo de 18 meses hay que añadirle los tres períodos que conforme al art.37.1.a de la ley han venido a suspender el plazo, como son los siguientes:

 A/ Por solicitud de informe a la Comisión Nacional de la Energía, conforme al art.37.2.d, que fue acordada en fecha 6 de mayo de 2.010, y notificada el 7 de ese mes, que produjo sus efectos hasta el 28 de junio, en que tuvo entrada dicho informe, lo que supone que dicho plazo se prorrogase hasta el 15 de febrero de 2.011 ( folio 6637, Tomo XiX de la DI).

 B/ Por remisión a la Comisión Europea de la propuesta de resolución conforme al art.11.1 del Reglamento 1/2003 , lo que se acuerda en fecha 20 de octubre de 2.010, notificado esa misma fecha ( f.8182 y ss del Tomo I del expediente de la CNC) y se alza en fecha 24 de noviembre de 2.010 con efectos de 22 de noviembre de 2.010, resultando un total de 32 días, computados en la forma prevista en el art.12.2 del RD 261/2008 ( folio 8225, del Tomo I del CNC).

 C/ A ello hay que añadir el período comprendido entre la fecha del acuerdo de 22 de diciembre de 2.010 en el que se acuerda la práctica de la prueba indicada por el Consejo (folios 8280 y ss, Tomo II del expediente del CNC), notificado el 27.12.2011, folios 8311 y ss, hasta el 13.2.2011, pues la reanudación se produce -una vez tiene lugar el trámite de alegaciones del último de los afectados, conforme al acuerdo de 26 de enero de 2.011 y en virtud del art.36.2 y 3 del RDC- desde el 14.2.1011, produciendo sus efectos hasta el 13 de febrero de 2.011, según el acuerdo de 15 de febrero del mismo órgano, y hace un total de 53 días.

 El mencionado motivo ha de ser estimado. Si se parte de que a la fecha de terminación del expediente de 15.2.2011 hay que añadir 85 días, el mencionado plazo concluía el 11 de mayo de 2.011, por lo que la notificación del acuerdo sancionador de 13 de mayo de 2.011 se halla fuera de plazo.

 En relación con el mismo este debate, la Abogacía del Estado expresa que los días festivos deben ser excluidos del cómputo dado que no puede tener lugar su notificación. Pero este argumento no es válido al confundir el cómputo del período de suspensión que se añade al plazo de duración con el de los trámites interlocutorios, debiéndose tener en cuenta que el art.12.5 del mencionado Real Decreto exige que los acuerdos de suspensión del plazo y los que alcen dichos acuerdos han de ser notificados a los afectados, además de que el período de suspensión del plazo ha de computarse en días naturales, conforme prevé el art.12.3 del Real Decreto 261/2008 .

 Por ello hemos de concluir que la vista de la fecha de incoación del procedimiento, 24 de junio de 2.009, una vez computado el plazo de 18 meses a que se refiere el art.36.1 de la Ley 15/2007 , y sumados en días naturales conforme exige el art.12.3 del RD 261/2008 , los que se correspondían con los períodos de suspensión, el mencionado plazo finalizó, en el mejor de los casos para la Administración demandada, el 11 de mayo de 2.011, esto es, antes de la fecha de notificación de la resolución sancionadora el 13.5.2011, por lo que ha transcurrido el plazo de duración del procedimiento sancionador. Ello conlleva la estimación del presente recurso contencioso-administrativo y la anulación de la resolución impugnada conforme al art.38.1 de la Ley 15/2007 en relación con el art.44.2 de la mencionada Ley 30/92 .

 En consecuencia, habiéndose declarado la caducidad del procedimiento sancionador incoado debemos estimar el recurso contencioso-administrativo, anulándose la resolución impugnada en autos.

 QUINTO .- La Sala, no obstante lo anteriormente indicado, quiere hacer constar que el objeto del pleito, en cuanto al fondo, ha sido de facto resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de diciembre de 2.014 , la cual anula la orden de investigación acordada en fecha 2 de noviembre de 2.009 que dio origen a las actuaciones inspectoras de fecha 5 y 6 de noviembre de 2.009, sobre la sede de UNESA, así como el acuerdo de la Comisión Nacional de Competencia de 14 de diciembre de 2.008 que inadmite el recurso interpuesto contra dicha Orden, de modo que considera prueba ilícitamente obtenida la recogida en la inspección domiciliaria en dicha sede. Así indica dicha sentencia, dictada en el recurso 4201/2011 :

 " TERCERO.- Antes de iniciar el examen de los motivos de casación formulados al amparo del artículo 88.1.d/ de la Ley reguladora de esta Jurisdicción , procede que hagamos dos puntualizaciones.

 En primer lugar debe notarse que, como la propia sentencia de instancia señala, la Orden de Investigación, en cuanto disponía la entrada y registro en la sede de la demandante, era un acto de trámite cualificado, en cuanto afectaba al derecho fundamental de inviolabilidad de domicilio, por lo que era impugnable (en este sentido se expresa el fundamento tercero de la sentencia en sus cuatro primeros párrafos). Ahora bien, de acuerdo con esa apreciación, que compartimos plenamente, el recurso contencioso-administrativo debió ser estimado al menos en ese punto, con la consiguiente anulación del acuerdo de la Comisión Nacional de la Competencia que había inadmitido el recurso formulado en vía administrativa; y sin embargo no lo hizo así, pues el fallo de la sentencia es íntegramente desestimatorio. Pero no abundaremos en este punto pues no se ha formulado un motivo de casación para denunciar la incongruencia de la sentencia en este aspecto.

 Por otra parte, además de la impugnación dirigida contra ese acuerdo de la Comisión Nacional de la Competencia de 14 de diciembre de 2009 que inadmitió el recurso formulado en vía administrativa, en el proceso de instancia la parte actora impugnaba, de un lado, la Orden de Investigación de la Dirección de Investigación de 2 de noviembre de 2009, y, de otra parte, la actuación inspectora desarrollada durante los días 5 y 6 de noviembre de 2009 sede de UNESA.

 A la impugnación dirigida contra la Orden de Investigación dedica la sentencia la segunda parte de su fundamento tercero, donde, tras unos breves razonamientos, se termina concluyendo que la orden de investigación no vulneró el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Con más detenimiento examina la Sala de instancia, los argumentos de impugnación que dirigía la demandante contra la actuación inspectora desarrollada en la sede de UNESA durante los días 5 y 6 de noviembre de 2009, que son analizados -y desestimados- en el extenso fundamento cuarto de la sentencia. A uno y otro aspecto de la controversia se refieren, respectivamente, los motivos de casación segundo y tercero, en cuyo análisis ahora nos adentramos.

 CUARTO .- En el motivo de casación segundo se alega la infracción de los artículos 18.2 de la Constitución (inviolabilidad del domicilio ), 40 de la Ley de Defensa de la Competencia y 13 del Reglamento, así como de la jurisprudencia dictada en interpretación de dichos preceptos en materia de autorización de inspecciones domiciliarias. Aduce en este motivo la recurrente que, en contra de lo declarado por la sentencia, en el proceso de instancia quedó acreditado que la Orden de Investigación incumple con las exigencias normativas contenidas en los artículos 40 de la Ley y 13 del Reglamento, dada la ausencia de acreditación de indicios de una posible infracción, la falta de justificación de la necesidad de investigación, la desproporción de la medida adoptada y la ausencia de concreción de la supuesta infracción. Pues bien, desde ahora queda anticipado que el motivo debe ser acogido.

 En cuanto a la inviolabilidad del domicilio, es obligado ante todo recordar, como ya hicieron las sentencias del Pleno de esta Sala de 23 de abril de 2010 (recursos de casación 4572/04 , 5910/06 y 704/04 ), que la STC 137/1985, de 17 de octubre , extendió el derecho constitucional de inviolabilidad del domicilio a las personas jurídicas, señalando al efecto el Tribunal Constitucional que &lt;&lt;...ausente de nuestro ordenamiento constitucional un precepto similar al que integra el art. 19.3 de la Ley Fundamental de Bonn , según el cual los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas nacionales, en la medida en que, por su naturaleza, les resulten aplicables, lo que ha permitido que la jurisprudencia aplicativa de tal norma entienda que el derecho a la inviolabilidad del domicilio conviene también a las Entidades mercantiles, parece claro que nuestro Texto Constitucional, al establecer el derecho a la inviolabilidad del domicilio, no lo circunscribe a las personas físicas, siendo pues extensivo o predicable igualmente en cuanto a las personas jurídicas, del mismo modo que este Tribunal ha tenido ya ocasión de pronunciarse respecto de otros derechos fundamentales, como pueden ser los fijados en el art. 24 de la misma C. E ., sobre prestación de tutela judicial efectiva, tanto a personas físicas como a jurídicas&gt;&gt;.

 Partiendo de esa premisa, es indudable que toda actuación administrativa que comporte una invasión o interferencia en el domicilio de una persona física o jurídica debe producirse, para no ser ilegítima, dentro los cánones legalmente establecidos. En el ámbito específico de actuación de los órganos reguladores en materia de defensa de la competencia la normativa que resulta de aplicación viene constituida por los artículos 40 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , y 13 del Reglamento de Defensa de la Competencia aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, preceptos que deben ser interpretados y aplicados en consonancia con lo dispuesto en la normativa comunitaria europea sobre competencia, en particular, el Reglamento ( CE) 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, cuando se trate de conductas que en principio pudieran encajar en estos dos últimos preceptos.

 El contenido del artículo 40 de la Ley 15/2007 (que luego sería derogado por la disposición derogatoria e/ de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) es el que sigue:

 &lt;&lt; Artículo 40. Facultades de inspección.

 1. El personal de la Comisión Nacional de la Competencia debidamente autorizado por el Director de Investigación tendrá la condición de agente de la autoridad y podrá realizar cuantas inspecciones sean necesarias en las empresas y asociaciones de empresa para la debida aplicación de esta Ley.

 2. El personal habilitado a tal fin tendrá las siguientes facultades de inspección:

 a) acceder a cualquier local, terreno y medio de transporte de las empresas y asociaciones de empresas y al domicilio particular de los empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas,

 b) verificar los libros y otros documentos relativos a la actividad empresarial, cualquiera que sea su soporte material,

 c) hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de dichos libros o documentos,

 d) retener por un plazo máximo de 10 días los libros o documentos mencionados en la letra b),

 e) precintar todos los locales, libros o documentos y demás bienes de la empresa durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección,

 f) solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de la asociación de empresas explicaciones sobre hechos o documentos relacionados con el objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas.

 El ejercicio de las facultades descritas en las letras a) y e) requerirá el previo consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial.

 3. Las empresas y asociaciones de empresas están obligadas a someterse a las inspecciones que el Director de Investigación haya autorizado.

 4. Si la empresa o asociación de empresas se opusieran a una inspección ordenada por el Director de Investigación o existiese el riesgo de tal oposición, éste deberá solicitar la correspondiente autorización judicial cuando la misma implique restricción de derechos fundamentales al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que resolverá en el plazo máximo de 48 horas. Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario al personal de la Comisión Nacional de la Competencia para el ejercicio de las funciones de inspección.

 5. Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados para las finalidades previstas en esta Ley&gt;&gt;.

 Por su parte, el artículo 13 del Reglamento de Defensa de la Competencia establece, en lo que ahora interesa, lo siguiente:

 &lt;&lt; Artículo 13. Facultades de inspección.

 1. A los efectos del artículo 40 de la Ley 15/2007, de 3 de julio , el personal de la Comisión Nacional de la Competencia podrá ir acompañado de expertos o peritos en las materias sobre las que verse la inspección, así como de expertos en tecnologías de la información, todos ellos debidamente autorizados por el Director de Investigación.

 2. A efectos de lo establecido en el artículo 40.2.a) de la Ley 15/2007, de 3 de julio , el personal autorizado por el Director de Investigación podrá realizar inspecciones en los domicilios particulares de los empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas, cuando existan indicios fundados de que en dichos domicilios particulares puedan encontrarse libros u otra documentación relacionada con la empresa y con el objeto de la inspección que puedan servir para probar una infracción grave o muy grave. El personal autorizado dispondrá de las facultades previstas en el artículo 40.2.b), c ) y d) de la Ley 15/2007, de 3 de julio .

 3. El personal autorizado para proceder a una inspección ejercerá sus poderes previa presentación de una autorización escrita del Director de Investigación que indique el objeto y la finalidad de la inspección, los sujetos investigados, los datos, documentos, operaciones, informaciones y otros elementos que hayan de ser objeto de la inspección, la fecha en la que la inspección vaya a practicarse y el alcance de la misma. La autorización escrita incluirá, asimismo, las sanciones previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, para el caso de que las empresas no se sometan a las inspecciones u obstruyan por cualquier medio la labor de inspección de la Comisión Nacional de la Competencia [...]&gt;&gt;.

 La exigencia establecida en el artículo 13.3 del Reglamento de Defensa de la Competencia de que la orden de inspección contenga las especificaciones que allí se indican guarda correspondencia con lo establecido en el Reglamento ( CE) 1/2003, del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, cuyo artículo 20.4 establece:

 &lt;&lt; (...) 4. Las empresas y asociaciones de empresas estarán obligadas a someterse a las inspecciones que la Comisión haya ordenado mediante decisión. La decisión indicará el objeto y la finalidad de la inspección, fijará la fecha en que dará comienzo y hará referencia a las sanciones previstas en el artículo 23 y en el artículo 24, así como al derecho a recurrir contra la decisión ante el Tribunal de Justicia. La Comisión tomará estas decisiones después de consultar a la autoridad de competencia del Estado miembro en cuyo territorio deba efectuarse la inspección&gt;&gt;.

 QUINTO.- Siendo ese el marco normativo, la sentencia aquí recurrida afirma que la Orden de Investigación impugnada no vulneró el derecho a la inviolabilidad del domicilio, basando esta conclusión en que la actuación inspectora había sido autorizada por auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid Mercantil; y señalando que, según sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 26 de octubre de 2010 (asunto T-23/09 ), que interpreta y aplica el artículo 20.4 del Reglamento (CE ) 1/2003, la exigencia de motivación de las decisiones de inspección tiene por objeto asegurar que los destinatarios puedan identificar el objeto y la finalidad de la inspección, exclusivamente; y que, según esa misma sentencia del Tribunal General, &lt;&lt;...el alcance de esta obligación [de motivación] depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado, así como del conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate ( sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 1984, Interfacultair Instituut Electronenmicroscopie der Rijksuniversiteit te Groningen, 185/83 , Rec. p. 3623, apartado 38; sentencias del Tribunal General de 15 de junio de 2005 , Corsica Ferries France/Comisión, T-349/03 , Rec. p. II-2197, apartados 62 y 63, y France Télécom/Comisión, citada en el apartado 33 supra, apartado 48)&gt;&gt;.

 Pues bien, como ya hemos anticipado, las razones que ofrece la Sala de la Audiencia Nacional resultan insuficientes.

 En lo que se refiere al auto de 4 de noviembre de 2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid , debe notarse que en su parte dispositiva autoriza a los funcionarios de la Comisión Nacional de la Competencia para que "... a partir del día 5 de noviembre puedan entrar en la sede de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) a fin de verificar la existencia, en su caso, de actuaciones de esa entidad que puedan constituir prácticas anticompetitivas prohibidas por el artículo 1 de aquella LDC ". Y la fundamentación del referido auto ninguna concreción añade acerca del objeto y la finalidad de la inspección que allí se autoriza, pues únicamente alude a "posibles prácticas anticompetitivas en el seno de UNESA". Así, la ponderación que realiza el Juzgado se concentra en el fundamento tercero del auto, cuyo contenido es el siguiente:

 &lt;&lt; (...) TERCERO.- En el presente supuesto, como la solicitud de entrada sin previa audiencia viene motivada por la existencia de posibles prácticas anticompetitivas en el seno de UNESA en relación con el diseño y la coordinación de estrategias y comportamientos competitivos de las empresas asociadas, y por la necesidad de garantizar la eficacia de la inspección acordada en la Orden de Investigación DP 40-09 dictada en 2 de noviembre del presente año por la Directora de Investigación, queda justificada por parte de la Administración Pública, que tiene encomendada la protección de los intereses generales, la conveniencia de la entrada sin antes dar aviso o noticia alguna previa ante el riesgo evidente de que de no hacerlo así se frustre el resultado de la investigación; y en su consecuencia es claro que procede conceder la referida autorización...&gt;&gt;.

 En sentencia de esta Sala de 30 de septiembre de 2013 (casación 5606/2010 ) decíamos que corresponde al juez que autoriza la entrada y registro &lt;&lt;... valorar la existencia de los indicios que la Comisión Nacional de la Competencia le presente para justificar la inspección domiciliaria&gt;&gt; (F.J. 7º); pero más adelante (F.J. 8º), esa misma sentencia deja señalado que &lt;&lt;...el juez que autoriza la inspección domiciliaria no es el mismo juez que deberá a posteriori pronunciarse con cognición plena sobre la legalidad de las actuaciones administrativas, incluida la orden de investigación...&gt;&gt;. Abundando ahora en esta última consideración, debemos señalar que el hecho de haber existido una autorización judicial de entrada y registro en modo alguno impide ni excluye que el órgano jurisdiccional al que corresponde fiscalizar la legalidad de la actuación administrativa que ha sido objeto de impugnación -en este caso, la Orden de Inspección- enjuicie ésta en su integridad, por lo que indudablemente ese tribunal puede y debe pronunciarse acerca de si en la orden de inspección queda debidamente razonado y justificado el objeto y la finalidad de la inspección para la que se autoriza la entrada en el domicilio.

 Volviendo entonces a los preceptos que antes hemos reseñado, hemos visto que según el artículo 13.3 del Reglamento de Defensa de la Competencia el personal que lleva a cabo la inspección debe presentar una autorización escrita del Director de Investigación &lt;&lt; ...que indique el objeto y la finalidad de la inspección, los sujetos investigados, los datos, documentos, operaciones, informaciones y otros elementos que hayan de ser objeto de la inspección, la fecha en la que la inspección vaya a practicarse y el alcance de la misma&gt;&gt;. Y, como hemos señalado en el apartado anterior, la exigencia de tales especificaciones guarda correspondencia con lo establecido en el artículo 20.4 del Reglamento (CE ) 1/2003, del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, cuyo contenido también hemos dejado antes reseñado.

 Pues bien, interpretando precisamente ese artículo 20.4 del Reglamento (CE ) 1/2003, la reciente sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 25 de noviembre de 2014 (asunto T-402/13 ) destaca, citando jurisprudencia del Tribunal Justicia, que la exigencia de indicar el objeto y la finalidad de una inspección constituye ante todo una "garantía fundamental del derecho de defensa de las empresas afectadas". De la fundamentación de esta sentencia interesa reproducir aquí los siguientes apartados:

 &lt;&lt; (...) 80 En ese contexto, se ha de recordar que la obligación impuesta por el artículo 20, apartado 4, del Reglamento nº 1/2003 de indicar el objeto y la finalidad de una inspección constituye, en efecto, una garantía fundamental del derecho de defensa de las empresas afectadas y, en consecuencia, el alcance de la obligación de motivar las decisiones de inspección no puede ser restringido en función de consideraciones relativas a la eficacia de la investigación. A este respecto, si bien es cierto que la Comisión no está obligada a comunicar al destinatario de tales decisiones todas las informaciones de que dispone acerca de supuestas infracciones, ni a delimitar con precisión el mercado de referencia, ni a proceder a una calificación jurídica exacta de dichas infracciones, ni a indicar el período durante el cual se habrían cometido las mismas, debe indicar en cambio, con la mayor precisión posible, las presunciones que pretende comprobar, es decir, qué es lo que se busca y los datos acerca de los que se debe practicar la inspección (véanse en ese sentido las sentencias Hoechst/Comisión, apartado 79 supra, EU:C:1989:337, apartado 41; de 17 de octubre de 1989 , Dow Benelux/Comisión, 85/87 , Rec, EU:C:1989:379, apartado 10, y Roquette Frères, apartado 23 supra, EU:C:2002:603, apartado 48).

 [...]

 83 En efecto, conviene recordar que la exigencia de una protección contra las intervenciones de los poderes públicos en la esfera de actividad privada de cualquier persona, sea física o jurídica, que fueran arbitrarias o desproporcionadas constituye un principio general del Derecho de la Unión ( sentencias Roquette Frères, apartado 23 supra, EU:C:2002:603, apartado 27; de 14 de noviembre de 2012, Nexans France y Nexans/Comisión, T-135/09 , EU:T:2012:596, apartado 40, y Prysmian y Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Comisión, T-140/09, EU:T:2012:597, apartado 35).

 84 Pues bien, para respetar ese principio general una decisión de inspección debe dirigirse a obtener la documentación necesaria para verificar la realidad y el alcance de una situación de hecho y de Derecho determinada acerca de la cual la Comisión ya dispone de informaciones constitutivas de indicios suficientemente fundados que permiten sospechar la existencia de una infracción de las normas sobre competencia (sentencias Nexans France y Nexans/Comisión, apartado 83 supra, EU:T:2012:596, apartado 43, y Prysmian y Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Comisión, apartado 83 supra, EU:T:2012:597, apartado 38; véase también en ese sentido y por analogía la sentencia Roquette Frères, apartado 23 supra, EU:C:2002:603, apartados 54 y 55).

 [...]

 89 Por otra parte, hay que recordar que el control de la motivación de una de decisión también permite al juez velar por el respeto del principio de protección contra las intervenciones arbitrarias y desproporcionadas, en cuanto esa motivación lleve a poner de manifiesto el carácter justificado de la intervención que se pretende realizar en el interior de las empresas afectadas (sentencias Hoechst/Comisión, apartado 79 supra, EU:C:1989:337, apartado 29; Roquette Frères, apartado 23 supra, EU:C:2002:603, apartado 47; France Télécom/Comisión, apartado 27 supra, EU:T:2007:80, apartado 57).

 90 En ese sentido es oportuno recordar que el artículo 20, apartado 4, del Reglamento nº 1/2003 define los datos esenciales que deben exponerse en una decisión que ordena una inspección, al exigir que la Comisión indique el objeto y la finalidad de ésta. En virtud de esa obligación, de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 80 resulta que incumbe a la Comisión indicar con la mayor precisión posible las presunciones que pretende comprobar, es decir, qué es lo que se busca y los datos acerca de los que se debe practicar la inspección.

 91 Por tanto, cuando el Tribunal aprecia que las presunciones que la Comisión se propone verificar y los datos acerca de los que se debe practicar la inspección están definidos con suficiente precisión, puede concluir que la decisión de inspección no tiene carácter arbitrario, sin que sea preciso comprobar materialmente los indicios de los que disponía la Comisión cuando la adoptó...&gt;&gt;.

 Sobre el significado y alcance de la exigencia de motivación en las decisiones de inspección son ilustrativas las consideraciones que se exponen en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta) de 25 de junio de 2014, asunto C-37/13 P. En lo que ahora interesa, en esa sentencia se dice:

 &lt;&lt; (...) 32 Igualmente, según reiterada jurisprudencia, la exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias del caso, en particular del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios del acto u otras personas afectadas directa e individualmente por éste puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE debe apreciarse a la luz no sólo de su texto, sino también de su contexto y de todas las normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencia Solvay/Comisión, EU:C:2013:796, apartado 91 y jurisprudencia citada).

 33 Igualmente debe tenerse en cuenta el marco jurídico en el que se desarrollan las inspecciones de la Comisión. Los artículos 4 y 20, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003 confieren, en efecto, facultades de inspección a la Comisión con el fin de permitirle cumplir su misión de proteger el mercado común de distorsiones de competencia y de sancionar posibles infracciones a las normas sobre competencia en el referido mercado (véase, en este sentido, la sentencia Roquette Frères, C- 94/00, EU:C:2002:603, apartado 42 y jurisprudencia citada).

 34 En consecuencia, por lo que respecta más concretamente a las decisiones de inspección de la Comisión, del artículo 20, apartado 4, del Reglamento nº 1/2003 se deriva que éstas deben indicar, en particular, el objeto y el objetivo de la inspección. Como ha precisado el Tribunal de Justicia, esta obligación de motivación específica constituye una exigencia fundamental no sólo para poner de manifiesto el carácter justificado de la intervención que se pretende realizar en el interior de las empresas afectadas, sino también para que éstas estén en condiciones de comprender el alcance de su deber de colaboración, preservando al mismo tiempo su derecho de defensa (véase, en este sentido, la sentencia Hoechst/Comisión, 46/87 y 227/88 , EU:C:1989:337, apartado 29).

 [...]

 36 Si bien corresponde ciertamente a la Comisión indicar, con la mayor precisión posible, qué es lo que se busca y los elementos sobre los que debe versar la verificación (sentencia Roquette Frères, EU:C:2002:603, apartado 83 y jurisprudencia citada), no es, en cambio, indispensable hacer constar en una decisión de inspección una delimitación precisa del mercado relevante, la calificación jurídica exacta de las supuestas infracciones ni la indicación del período durante el que, en principio, se cometieron las mismas, siempre que esa decisión de inspección contenga los elementos esenciales referidos anteriormente (véanse, en este sentido, las sentencias Dow Chemical Ibérica y otros/Comisión, EU:C:1989:380, apartado 46, y Roquette Frères, EU:C:2002:603, apartado 82).

 37 En efecto, teniendo en cuenta que las inspecciones tienen lugar al principio de la investigación, como ha señalado la Abogado General en el punto 48 de sus conclusiones, la Comisión no dispone aún de información precisa para emitir un dictamen jurídico específico y debe, en primer lugar, verificar la procedencia de sus sospechas y el alcance de los hechos ocurridos, siendo la finalidad de la inspección precisamente recabar las pruebas relativas a una infracción objeto de sospecha (véase, en este sentido, la sentencia Roquette Frères, EU:C:2002:603, apartado 55 y jurisprudencia citada)...&gt;&gt;.

 Trasladando las consideraciones que llevamos expuestas al caso que nos ocupa, no resulta exigible que la Orden de Investigación contuviese una información pormenorizada sobre los hechos y datos que eran objeto de investigación; pero sí debía contener especificaciones que indicasen de manera suficiente el objetivo y finalidad de la investigación. Pues bien, fácilmente se constata que la Orden de Investigación de 2 de noviembre de 2009, que era objeto de impugnación en el proceso de instancia, no contiene las especificaciones minimamente exigibles.

 La Orden de Investigación se limita en realidad a citar la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de la misma fecha -2 de noviembre de 2009- de la que reproduce un párrafo en el que se advierte acerca de "... la necesidad de extremar la vigilancia sobre la posible coordinación de comportamientos competitivos que en el seno de UNESA pudiera darse entre sus asociados por si pudieran ser en su caso constitutivos de infracción de la normativa de competencia"; y se indica que, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de la Asociación UNESA y sus asociadas, así como los hechos referidos en la mencionada Resolución (del Consejo), la Dirección de Investigación "...considera que las empresas asociadas en UNESA podrían haber coordinado sus estrategias y comportamientos competitivos a través del vínculo que les otorga su pertenencia a dicha asociación, y que dicha coordinación podría abarcar, en general, todos los ámbitos de actividad de estas empresas en el sector eléctrico en España".

 Vemos así que, salvo la genérica referencia a una posible coordinación de estrategias empresariales aptas para producir efectos restrictivos sobre la competencia, nada se especifica en la Orden de Investigación sobre el objeto y la finalidad de la inspección que allí se acuerda, o, por utilizar la expresión de la STJUE de 25 de junio de 2014 (asunto C-37/13 P) antes citada, nada se concreta en la Orden acerca de qué es lo que se busca y los elementos sobre los que debe versar la verificación.

 Algunos datos más específicos pueden encontrarse en la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 2 de noviembre de 2009, que es citada en la Orden de Investigación, pues en aquella resolución se afirma la existencia de indicios de que en el seno de UNESA &lt;&lt;... se ha producido una estrategia de coordinación en algún momento anterior a la convocatoria del Comité de Dirección el 10 de enero de 2008 para, sirviéndose de la interposición por aquélla de un recurso contencioso-administrativo contra la Orden ITC/3860/2007, impedir de forma individual pero previamente concertada el acceso de CENTRICA y otros comercializadores al Sistema de Información de Puntos de Suministro en un momento crítico del proceso liberalizado&gt;&gt; (página 16 de la resolución); señalando más adelante la propia resolución del Consejo (página 18) que de la documentación que obra en el expediente se desprende que las eléctricas asociadas en el seno de los órganos de UNESA &lt;&lt;...han consensuado posiciones sobre cuestiones de gran trascendencia en el proceso de introducción de competencia en los mercados eléctricos, como lo son el Suministro de Ultimo Recurso y la naturaleza, funciones y composición de la Oficina de Cambio de Suministrador (OCS)", especificando luego lo siguiente: "...respecto de esta oficina, consta que UNESA contrastó y consensuó una posición común con SEDIGAS, llegándose a crear un grupo de trabajo entre empresas pertenecientes a ambas asociaciones, en el que estaban las empresas que participarían en el capital de esta oficina. Como también que las eléctricas en el seno del Comité de Directores de 14/09/07 acordaron que "no tiene sentido tratar de acercarse a la postura de Gas Natural" en relación con la creación de la OCS. En este mismo sentido, el Consejo también ha constatado que el Comité de Directores (integrado por altos ejecutivos de las eléctricas) de 23/05/07 acordó, en relación con los expedientes abiertos por la CNC a las eléctricas asociadas, que "UNESA no atienda ningún requerimiento..." de Céntrica&gt;&gt;.

 Ahora bien, esos datos contenidos en la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 2 de noviembre de 2009 no aparecen reproducidos en la Orden de Investigación siendo así que es ésta la que, por exigencia de los preceptos y de la jurisprudencia que ya hemos examinado, debe contener las especificaciones que indiquen el objeto y la finalidad de la inspección. Y no cabe considerar que la fundamentación de la Orden de Investigación pueda integrarse o completarse con los datos que figuran en la resolución del Consejo, pues tal modalidad de motivación in alliunde no tiene cabida cuando, como sucede con la Orden de Investigación que nos ocupa, se trata de un acto que debe contener en sí mismo las indicaciones necesarias para que pueda cumplir el cometido que se le asigna como garantía fundamental del derecho de defensa de las empresas afectadas. Difícilmente podrá la Orden cumplir ese cometido de garantía si la motivación que se le exige no se encuentra en el propio acto sino en una resolución diferente que no consta que se hubiese comunicado a la interesada al mismo tiempo que la propia Orden de Investigación.

 SEXTO.- Las consideraciones expuestas en los apartados anteriores llevan a concluir que la sentencia recurrida debe ser casada por la estimación del motivo de casación segundo.

 Entrando entonces a resolver el debate planteado en el proceso ( artículo 95.2.d/ de la Ley reguladora de esta Jurisdicción ), las mismas razones que han llevado a acoger el motivo de casación segundo determinan que deba ser anulada la Orden de Investigación de 2 de noviembre de 2009, por haberse dictado con vulneración de los artículos 18.2 de la Constitución (inviolabilidad del domicilio ), 40 de la Ley de Defensa de la Competencia y 13 del Reglamento de Defensa de la Competencia , puestos en relación con el artículo 20.4 del Reglamento (CE ) 1/2003, del Consejo, de 16 de diciembre de 2002; debiendo anularse asimismo el acuerdo de la Comisión Nacional de la Competencia de 14 de diciembre de 2009 (expediente R/0030/2009 UNESA) que inadmitió el recurso interpuesto contra la Orden de Investigación de la Dirección de Investigación, dado que, como vimos en el fundamento jurídico tercero, tal recurso era admisible.

 Alcanzada esa conclusión, resulta ya innecesario el examen del motivo de casación tercero, pues una vez anulada la Orden de Investigación quedan privadas de validez las actuaciones inspectoras que a su amparo se llevaron a cabo en la sede de UNESA los días 5 y 6 de noviembre de 2009, sin que proceda entonces que entremos a dilucidar si en el desarrollo de tales actuaciones se incurrió, en alguna otra vulneración..."

 Por consiguiente, conforme a la doctrina y efectos de dicha sentencia la prueba obtenida en la inspección de la sede de UNESA no puede ser tampoco apreciada en este recurso contencioso-administrativo. Ello conlleva, como no puede ser de otra manera, igualmente, la estimación del presente recurso contencioso-administrativo sin necesidad entrar en el examen de los demás motivos, toda vez que el expediente incoado contra la recurrente y las demás empresas imputadas se fundamenta en los acuerdos alcanzados en el ámbito de UNESA, organización profesional de carácter sectorial que agrupa a las empresas sancionadas, por lo que dejando al margen las pruebas obtenidas en dicha inspección por haber sido anuladas por la mencionada sentencia del Tribunal Supremo, ello deviene en una absoluta falta de prueba que pueda imputarse a la recurrente respecto del contenido de las dos infracciones imputadas, las cuales se fundamentan, en las actuaciones desarrolladas a través de UNESA, lo que se deduce de todo el contenido de la resolución; así folios 16,18, 19,21,22,23, 24, 25, 28, 31 a 42 ...

 Por ello, conforme al derecho a la presunción de inocencia, art.137.1 de la Ley 30/92 , no cabe sancionar a la recurrente por falta de prueba alguna de las dos infracciones sancionadas, siendo así que aquélla no ha quedado desvirtuada.

 SEXTO .- Conforme a lo dispuesto en el art.139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en la redacción vigente a la fecha de la resolución, no se aprecian motivos suficientes para condenar a la parte demandada al pago de las costas procesales.

 VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, por el poder que nos otorga la Constitución:

FALLAMOS

 La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Sexta) ha decidido:

 1º.- ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por GAS NATURAL S.A., y en su nombre y representación el Procurador Sr. Luis Fernando Álvarez Wiesse, contra la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 13 de mayo de 2011, la cual anulamos por no ser ajustada a Derecho.

 2º.- No hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas procesales.

 Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la misma cabe recurso ordinario de casación, que se podrá preparar en esta Sección en el plazo de diez días siguientes al de su notificación, y testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACION .- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el ltmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, en el día de la fecha, estando celebrando Audiencia Pública la sección Sexta de la Sala de Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de todo lo cual yo, el Secretario judicial, doy fe.