Id. Cendoj: 28079230062015100100
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 13/03/2015
Nº de Recurso: 200/2012
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000200 / 2012

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 04701/2012

 Demandante: DYTEMOVIL SL

 Procurador: D. RAFAEL PALMA CRESPO

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: SAIMOTO MOTOR SL, MOTOSPORT VILLALBA SA, MOTOFUNCIÓN SL Y SUZUKI MOTOR SME

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 S E N T E N C I A Nº:

 IImo. Sr. Presidente:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 Dª. CONCEPCIÓN MÓNICA MONTERO ELENA

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA

 Madrid, a trece de marzo de dos mil quince.

 VISTO , en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, el recurso nº 200/12 , seguido a instancia de "Dytemovil SL" , representada por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Palma Crespo, con asistencia letrada, y como Administración demandada la General del Estado, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado. Han comparecido en calidad de codemandadas, las mercantiles, Saimoto Motor SL, Motosport Villalba SA, Motofunción SL y Suzuki Motor SME, representadas respectivamente por los Procuradores de los Tribunales D. Ramón Blanco Blanco, D. Francisco Javier Soto Fernández, y Dª Consuelo Rodríguez Chacón. El recurso versó sobre impugnación de Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) , la cuantía se fijó en menos de 600.000 €, e intervino como ponente el Magistrado Don SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO. La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO :.- Para el correcto enjuiciamiento de la cuestión planteada es necesario el conocimiento de los siguientes hechos:

 1. La recurrente es una empresa con sede en Ogíjares (Granada), dedicada a la venta de vehículos. Fue concesionario oficial de motocicletas Suzuki desde octubre de 2008 hasta el 1 de enero de 2010.

 2. El 13 de abril de 2009, según se indica en un correo interno de Suzuki, ésta entidad celebra una reunión con sus tres concesionarios de Granada, en la que modificaron detalles de un acuerdo previo de 16 de enero de 2008, como revela un correo electrónico interno de Suzuki, en la que concretaron sus acuerdos comunes anteriormente establecidos sobre porcentajes a favor de los agentes, se establecieron tarifas de reventa de las motocicletas y sus promociones, en concreto, en la reunión del día 13 de abril se habló de realizar una promoción de la UH 200, regalando la matriculación y un candado.

 3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), mediante resolución de fecha 27 de marzo de 2012, adoptó las siguientes decisiones:

 a) Declarar que Suzuki Motor España SA y, entre otras entidades, Motorbike Wolrd Granada (JMOTO), han infringido el artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia , al incurrir en un acuerdo colusorio consistente en pactar el importe de las comisiones pagadas a los agentes y los descuentos y promociones que habitualmente forman parte de la negociación individual entre concesionario y cliente

 b) Imponer a la entidad recurrente una multa de 77.963 euros.

 c) Instar a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia para que vigile el cumplimiento de la resolución.

 SEGUNDO:.- Por la representación de la actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución precedente, formalizando demanda con la súplica de que se dictara sentencia declarando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme a derecho. La fundamentación jurídica de la demanda se basó en las siguientes consideraciones:

 Violación del principio de presunción de inocencia:

 -No existe prueba alguna de la asistencia de la recurrente a ninguna reunión, ni de haber realizado práctica colusoria de tipo alguno.

 TERCERO:.- La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella con la súplica de que se dicte sentencia desestimando el recurso y declarando ajustada a derecho la resolución recurrida. Para sostener esta pretensión se alegó que la resolución de hechos probados del acto impugnado, determinaba con claridad las pruebas que acreditaban la intervención de la recurrente en las prácticas sancionadas.

 CUARTO: .- Practicada la prueba declarada pertinente, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.

 QUINTO:.- Señalado el día 3 de marzo de 2015 para la votación y fallo ésta tuvo lugar en la reunión del Tribunal señalada al efecto.

 SEXTO:.- Aparecen observadas las formalidades de tramitación, salvo la de dictar la sentencia en el plazo legalmente establecido, que son las del procedimiento ordinario, regulado en los artículos 45 a 77 de la Ley 29/1998 de 13 de julio de la jurisdicción contencioso-administrativa.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO: La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la Resolución de fecha 27 de marzo de 2012, dictada por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en cuya virtud se acordó:

 1. Declarar que Suzuki Motor España SA y, entre otras entidades, Dytemovil SL, han infringido el artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia , al incurrir en un acuerdo colusorio consistente en pactar el importe de las comisiones pagadas a los agentes y los descuentos y promociones que habitualmente forman parte de la negociación individual entre concesionario y cliente

 2. Imponer a la entidad recurrente una multa de 11.504 euros

 3. Instar a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia para que vigile el cumplimiento de la resolución.

 SEGUNDO: Mediante el segundo motivo de recurso, la entidad sancionada alega la violación del principio de presunción de inocencia, centrando su argumentación en la falta de prueba sobre la participación de la recurrente en el acuerdo colusorio que se le imputa. Un examen detallado del expediente nos permite concluir con la recurrente que, efectivamente, se ha producido la vulneración denunciada.

 La prueba en la que la Administración basa la participación de la recurrente en los pactos colusorios sancionados es la existencia de una reunión celebrada el 1 de abril de 2009 entre Suzuki y sus tres concesionarios en Granada. Esta afirmación se apoya en un documento obtenido en la sede de Suzuki en el que se hace referencia genérica a los tres concesionarios, pero no se identifican individualmente, contrariamente a lo que se dice en la resolución recurrida.

 La recurrente expresamente niega su asistencia sin que se haya incautado en sui sede documento alguno vinculado a este hecho y sin que exista ninguna otra prueba al respecto, ni haya enviado comunicación alguna sobre esta cuestión a Suzuki, extremo que diferencia sustancialmente este caso respecto de los otros implicados en las referida reunión. Por otra parte dicho documento vendría a acreditar la continuación de un pacto previo, sin que se aporte prueba alguna, ni siquiera se indique fecha aproximada, de cuando la recurrente se habría incorporado a dicha colusión y en qué habría consistido su específica participación. En todo caso, la recurrente no contaba con una red de agentes, constituyendo el pacto colusorio, según se indica en la resolución recurrida

 En estas circunstancias, procede estimar el recurso interpuesto.

 TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a la Administración demandada, parte vencida en este proceso, sin que se aprecien por la Sala la existencia de serias dudas que justifiquen un especial pronunciamiento sobre esta materia.

 Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente

FALLO

 Estimamos el recurso interpuesto y en consecuencia anulamos el acto impugnado. Se imponen las costas a la Administración demandada. Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 248 de la LOPJ , al tiempo de notificar la presente sentencia, se indicará a las partes que contra la misma no cabe recurso de casación ordinario.

 PUBLICACIÓN.

 La anterior sentencia fue leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente, en audiencia pública.