Id. Cendoj: 28079230062015100109
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 24/03/2015
Nº de Recurso: 183/2008
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: CONCEPCION MONICA MONTERO ELENA
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000183 / 2008

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 02190/2008

 Demandante: ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES DE MADRID S.A.

 Procurador: Dº JOSÉ ANTONIO HURTADO CEJAS

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IIma. Sra.: Dª. CONCEPCIÓN MÓNICA MONTERO ELENA

 S E N T E N C I A Nº:

 IImo. Sr. Presidente:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 Dª. CONCEPCIÓN MÓNICA MONTERO ELENA

 D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA

 Madrid, a veinticuatro de marzo de dos mil quince.

 Visto el recurso contencioso administrativo que ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido Estación Sur de Autobuses de Madrid S.A. , y en su nombre y representación el Procurador Sr. Dº José Antonio Hurtado Cejas, frente a la Administración del Estado , dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 31 de marzo de 2008 , relativa a sanción , y la cuantía del presente recurso es de 464.781 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO : Se interpone recurso contencioso administrativo promovido por Estación Sur de Autobuses de Madrid S.A., y en su nombre y representación el Procurador Sr. Dº José Antonio Hurtado Cejas, frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 31 de marzo de 2008, declare la nulidad de la Resolución impugnada y con ella de la sanción impuesta.

 SEGUNDO : Reclamado y recibido el expediente administrativo, resuelta por sentencia de 17 de abril de 2012 del Tribunal Constitucional el conflicto positivo de competencias número 7601/2007 , se confirió traslado del mismo a la parte recurrente para que en plazo legal formulase escrito de demanda, haciéndolo en tiempo y forma, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, y suplicando lo que en el escrito de demanda consta literalmente.

 Dentro de plazo legal la administración demandada formuló a su vez escrito de contestación a la demanda, oponiéndose a la pretensión de la actora y alegando lo que a tal fin estimó oportuno.

 TERCERO : No habiéndose solicitado recibimiento a prueba, y evacuado el trámite de conclusiones, quedaron los autos conclusos y pendientes de votación y fallo, para lo que se acordó señalar el día diecisiete de marzo de dos mil quince.

 CUARTO : En la tramitación de la presente causa se han observado las prescripciones legales previstas en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y en las demás Disposiciones concordantes y supletorias de la misma.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO : Es objeto de impugnación en autos la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 31 de marzo de 2008, relativa a prácticas abusivas.

 La parte dispositiva de la Resolución impugnada es del siguiente tenor:

 "PRIMERO.- Declarar que ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES EN MADRID, S.A. (ESAMSA) ha incurrido en un abuso de posición dominante prohibido por el artículo 6.1.c ) y d) de la Ley de Defensa de la Competencia de 1989 , consistente en la práctica de obstaculizar y de discriminar de manera injustificada a ANIBAL en el acceso a los servicios que, como concesionaria en exclusiva de la Estación Sur de Autobuses de Madrid, está obligada a prestar a todas las empresas de transporte que por disposición legal tienen que utilizar esta plataforma de servicios de transporte; práctica que se reputa apta para menoscabar la capacidad competitiva de ANIBAL y las condiciones de competencia en la línea de transporte o ruta internacional Lisboa-Madrid, en la que opera en competencia con otras empresas, entre ellas, con la empresa de transportes con la que la concesionaria está verticalmente integrada.

 SEGUNDO.- Imponer a ESAMSA la multa sancionadora de 464.781 Euros.

 TERCERO.- Intimar a ESAMSA para que en el futuro se abstenga de realizar las prácticas por las que ha sido sancionada.

 CUARTO.- Ordenar a ESAMSA la publicación, a su costa, y en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación de esta Resolución, de la parte dispositiva de la misma en el Boletín Oficial del Estado, y en las páginas de información económica de dos diarios de información general de mayor circulación en la Comunidad Autónoma de Madrid. En caso de incumplimiento se impondrá a la empresa sancionada una multa coercitiva de 600 € por cada día de retraso.

 QUINTO.- ESAMSA justificará ante la Dirección de Investigación de la CNC el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones impuestas en los anteriores apartados.

 SEXTO.- Instar a la Dirección de Investigación para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta Resolución."

 SEGUNDO : La descripción de la recurrente contenida en Resolución de la CNC que hoy examinamos, es la siguiente:

 "1. En Madrid hay dos estaciones de autobuses de transporte interurbano de viajeros de líneas regulares nacionales e internacionales, la Estación Sur de Autobuses (en adelante, la Estación) y el Intercambiador de Autobuses de la Avenida de América, ambas de titularidad pública y explotadas en régimen de concesión.

 2. La Estación Sur de Autobuses (desde 1997 ubicada en la calle Méndez Álvaro, 83) es una estación de autobuses de titularidad del Ayuntamiento de Madrid que acoge al transporte interurbano de viajeros de líneas regulares nacionales e internacionales existentes en la ciudad de Madrid. En concreto, el artículo 2º de su Reglamento de Explotación dispone que su objeto es "concentrar en ella todos los servicios de líneas regulares de transportes, viajeros y encargos por carretera que tengan su origen, parada o término en esta capital entrando o saliendo de ella por las carreteras de Andalucía, Toledo y Extremadura." El Reglamento de Explotación del Intercambiador de la Avenida de América contiene un precepto similar respecto a las líneas regulares de transportes de viajeros por carretera que entren y salgan por las carreteras N-I y N-II.

 3. ESAMSA, constituida el 22.04.69, es desde 1973 (y hasta 2034; folio 287 del Servicio) la empresa concesionaria de la Estación Sur de Autobuses (la Estación), y como tal adjudica los servicios de la Estación (taquillas, dársenas, locales comerciales, etc.)."

 Respecto a la conducta imputada, podemos leer en los fundamentos jurídicos de la Resolución impugnada:

 "4. Mediante escritos de 26.03.01 y de 19.10.01, la denunciante "A.C.C." (más tarde, ANIBAL, S.L.) solicitó a ESAMSA el uso de los servicios de la Estación para la explotación de la línea de transporte de viajeros por carretera Santarém (Lisboa)-Madrid- Paris, autorizada con el nº 02/2001 por la Dirección General de Transportes Terrestres de Portugal el 16.05.01.

 Al indicarle ESAMSA que, de momento, no podía adjudicarle taquilla, el 8.11.01 la denunciante concertó con las empresas de transporte FLORA VILLA, S.A. y EL GATO S.L., la venta de billetes en sus taquillas, de lo que informó a ESAMSA, que le respondió el 27.11.01 que el Reglamento de Explotación de la Estación no contemplaba la posibilidad de compartir taquilla con una empresa no usuaria de sus servicios, por lo que decidió no reconocer tales acuerdos de uso compartido de taquillas y, en consecuencia, no autorizar a aquellas empresas a compartir sus taquillas y vender billetes de terceros. Pero como ESAMSA afirma que, en realidad lo que exigía es que fueran los titulares de las taquillas quienes le solicitaran autorización para vender los billetes de ANIBAL, EL GATO y FLORA VILLA formularon tales solicitudes el 8.03.02 y el 2.08.02, autorizándoles ESAMSA (el 11.03.02 y el 3.08.02 respectivamente) a vender en sus taquillas los billetes de la denunciante, si bien indicándoles que "la instalación de un cartel anunciador [de ANIBAL] en el frontal superior exterior de su taquilla... no es posible, en la taquilla tiene que figurar la denominación de la empresa que tiene adjudicada dicha taquilla, la única posibilidad sería dentro de la taquilla un cartel en el cristal". ANIBAL afirma que estas empresas le vendieron muy pocos billetes, pese a que les ofreció el incentivo de 1 € por billete vendido, lo que atribuye a supuestas presiones de ESAMSA.

 5. Según ESAMSA, las taquillas se adjudican al iniciar la empresa su actividad efectiva en la Estación, por lo que resulta irrelevante cuando la solicitó por escrito ANIBAL, ya que inició su actividad año y medio después de su solicitud, comunicándole por fax de 3.09.02 que iba a poner en funcionamiento la línea Lisboa-Madrid, el 5.09.02. Con fecha 4.04.02 ESAMSA había adjudicado a ANIBAL el uso de una dársena para recogida de viajeros.

 6. El 1.02.02 ANIBAL suscribió con ITAASA (concesionaria del Intercambiador de Avenida de América, de titularidad de la Comunidad de Madrid) un contrato para uso de una dársena en dicha estación, que no llegó a hacerse efectivo ya que el 25.02.02 la concesionaria le comunicó su anulación, alegando problemas de coordinación de horarios con otras líneas.

 7. ANIBAL TOURS S.A. contrató el 9.09.02 la cesión de uso y subarriendo del local comercial nº 8 de la Estación, para explotar una Agencia de Viajes, con Dª.            Cristina ., que anteriormente lo había arrendado a ESAMSA para explotar una Administración de Loterías y Apuestas del Estado. ESAMSA, contraria a este traspaso o cesión, ha impedido la instalación en el local de las líneas telefónicas solicitadas por la denunciante, alegando que se traspasó o cedió sin su consentimiento y para un uso distinto del que estaba destinado, e impugnó con éxito el contrato realizado entre la arrendataria y la agencia ANIBAL TOURS ante los tribunales competentes (folios 576 a 582 del Servicio y 222 a 231 del Consejo), por lo que ésta ha venido obligada a abandonar el citado local.

 8. El 31.03.03, la empresa AKORDE TRANSIT EXPRESS S.L. suscribió con ANIBAL TOURS S.A. un contrato para vender sus billetes en el local comercial nº 8, que rescindió un mes después, al indicarle ESAMSA que la agencia de viajes carecía de autorización para su legítima explotación.

 9. ANIBAL en escrito de 14.11.05 solicitó a ESAMSA la adjudicación de las taquillas 5 y 6, alegando que, pese a tener presentada su solicitud, se habían adjudicado a otras empresas las taquillas nº 1, 2, 7 y 8, y que las taquillas nº 3, 4, 5 y 6, no se usaban por expedirse los billetes en las taquillas nº 59 a 62. ESAMSA le respondió el 1.12.05, que los titulares de las taquillas nº 3, 4, 5 y 6 seguían usándolas para vender billetes a través del centro de asistencia a agencias de viaje y reserva y venta telefónica, que era ella quién establecía los criterios para asignar taquillas, y que la denunciante ocupaba un local comercial, cuya posesión era objeto de un proceso, por considerarla ilegal. Finalizaba indicándole que carecía de prioridad en la asignación de taquillas que, inicialmente, debían ser asignadas a empresas de transporte de viajeros por carreteras de ámbito nacional y, después, siempre que estuvieran disponibles, a las de transporte internacional que no dispusieran de espacio propio para vender sus billetes."

 Continúa la Resolución impugnada:

 "11. Con posterioridad a 2001 (año en el que ANIBAL solicitó por primera vez la adjudicación de taquilla), El Servicio comprobó que ESAMSA había adjudicado taquilla a las siguientes empresas de transporte de viajeros:

 - AUTOTRANSPORTES SAIZ TOUR S.A.: taquilla 16, adjudicada el 27.02.04, para la línea Madrid-Baia Mare.

 - AKORDE TRANSIT EXPRESS S.L.: taquilla 0, adjudicada el 18.02.05, para las líneas Madrid-Burgan (NC -26024-02) y Madrid- Vidin.

 - VICALBUS S.L.: taquilla 1, adjudicada el 18.02.05, para la línea Madrid-Blagoevgrab.

 - ATLASSIB SPANIA S.L.: taquillas 7 y 8, adjudicadas el 2.08.05 para las líneas Madrid-Botosani, Suceava-Madrid y Bucarest- Madrid.

 ESAMSA no informó al Servicio de las fechas en que estas empresas solicitaron taquilla estas empresas. Sí informó que las empresas con taquilla en la Estación que cubren la línea Lisboa-Madrid son EUROLÍNES PENINSULARES S.A., ALSA INTERNACIONAL S.L.U., AUTO RES S.L. y ANIBAL S.L., y que la línea Madrid-París sólo es cubierta por ALSA INTERNACIONAL S.L.U., pues aunque ANIBAL tenga autorizada la línea Santarem-Paris, sólo realiza el trayecto hasta Madrid...

 12. De los datos aportados por ESAMSA y AUTO RES S.L., resulta que esta empresa participa con un 56,98% en el accionariado de aquélla, que varios miembros del Consejo de Administración de AUTO RES S.L. forman parte también del de ESAMSA, que el Grupo AVANZA, único accionista de AUTO RES S.L., participa en ESAMSA con un 7,73%, y que la empresa LARREA S.A., que participa en ESAMSA con un 2,4%, está representada en el Consejo de Administración de la concesionaria por D.            Paulino ., consejero, a su vez, de AUTO RES S.L.

 13. El 25.07.06 el denunciante suscribió con ESAMSA contrato de adjudicación de taquilla para las líneas de transporte internacional Lisboa-Amsterdam (04-2005), Lisboa-Madrid (3-2006) y Madrid-Rumania (RNC-335-39-04).

 14. El volumen de ingresos obtenidos por ESAMSA en 2005 fue de 4.647.811,26 €."

 La posición de dominio de justifica en la Resolución:

 "El Servicio fundamenta la posición de dominio de ESAMSA en el hecho de ser concesionaria de la Estación Sur de Autobuses y, como tal, adjudicataria con carácter exclusivo del acceso a sus servicios a las empresas de transporte de viajeros que entren o salgan de Madrid por las carreteras de Andalucía, Toledo y Extremadura, y que necesitan disponer de estos servicios para desarrollar su actividad conforme a lo establecido por el artículo 131.2 de la LOTT, no teniendo más opción que dirigirse a ESAMSA para acceder a estos servicios."

 Respecto al mercado relevante:

 "Para el Servicio, el mercado relevante de producto está constituido por el acceso por las empresas de transporte de viajeros de líneas regulares nacionales o internacionales al uso de los servicios de las estaciones de autobuses (taquillas, dársenas, etc.) en las diversas paradas de sus líneas. En este mercado la demanda estaría constituida por dichas empresas de transporte de viajeros, y la oferta por las empresas titulares o concesionarias de las estaciones de autobuses, que adjudican a aquéllas dichos servicios. En relación con el mercado relevante geográfico, el Servicio considera que podría ser la localidad de origen, parada o destino de la línea de transporte, en este caso, como cada una de las dos estaciones de Madrid tienden a concentrar los servicios de líneas regulares de transporte de viajeros según la vía de entrada o salida de la ciudad, el mercado geográfico se reduciría a la estación correspondiente en función del recorrido de la línea de transporte. En definitiva, el Servicio parece considerar como mercado relevante en este expediente el acceso por las empresas de transporte de viajeros de líneas regulares nacionales o internacionales que entren o salgan de Madrid por las carreteras de Andalucía, Toledo y Extremadura al uso de los servicios (taquilla, dársena, etc.) que se prestan a éstas por la concesionaria de la Estación Sur de Autobuses de Madrid."

 En relación al abuso, se afirma:

 "Cuarto.- El Servicio entiende que ESAMSA ha abusado de su posición de dominio al haber negado a ANIBAL la concesión de una taquilla de venta de billetes para la línea de transportes Santarém (Lisboa)-Madrid-París, y que sólo transcurridos cinco años desde su primera solicitud, e incoado ya el presente expediente sancionador, le adjudica taquilla para dicha línea, cuando la autorización había caducado, hecho que, en virtud del propio contrato de adjudicación de taquilla, anulaba su concesión o alquiler...

 Quinto.- El Consejo coincide con el Servicio en que las conductas de ESAMSA recogidas en los Hechos Probados de esta Resolución configuran una estrategia de obstaculización de la acción competitiva de ANIBAL, que se observa objetivamente idónea o apta para afectar a las condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante definido en el anterior fundamento, en el que la empresa discriminada opera en competencia con, entre otras empresas, la empresa de transportes AUTO RES, que posee la mayoría del capital social y controla el consejo de administración de ESAMSA...

 En relación con esta conducta de ESAMSA, el Consejo considera que ANIBAL, en rigor, no se puede considerar un tercero no usuario de la Estación, desde el momento en que ESAMSA está obligada a prestar los servicios de la Estación a ANIBAL en relación con la línea de transporte de referencia; acceso que fue solicitado en 2001 y no fue concedido, en relación con la dársena, hasta abril de 2002, y respecto de la taquilla hasta junio de 2006.

 Partiendo de esta premisa, no se puede entender justificada sino arbitraria la conducta de ESAMSA de no reconocer la posibilidad de uso compartido de taquillas, y decidir que son nulos los acuerdos alcanzados por ANIBAL con tal finalidad, realizando así una interpretación forzada del Reglamento de Explotación, que si bien es cierto no prevé compartir taquillas tampoco lo prohíbe. Y que esta interpretación era arbitraria lo pone de manifiesto la conducta posterior de la propia concesionaria, al autorizar ese uso compartido anteriormente denegado, y afirmar ante el Servicio que "sí es posible que exista un contrato de colaboración entre el adjudicatario de una o varias taquillas y un proveedor de servicios de transporte de viajeros carente de taquillas (folio 177 del Servicio). Y si fuese cierto como dice ESAMSA en ese mismo escrito (que no lo es) de que lejos de prohibir el uso compartido de las taquillas se limitó a exigir que fuesen los propios adjudicatarios de las taquillas quienes directamente solicitasen el permiso para vender billetes de ANIBAL, en tal escrito dirigido a ANIBAL el 27.11.01 (y como dice el Servicio), ESAMSA, como empresa en posición de dominio integrada verticalmente y controlada por una empresa de transportes competidora en la línea para la que se notifican los acuerdos de uso compartido de taquilla, no se debió limitar a comunicar a la denunciante que no autorizaba los acuerdos con EL GATO y FLORA VILLA, sino que debió informarle de la forma en que tales acuerdos podían ser autorizados...

 La conducta discriminatoria de ESAMSA durante estos años para con ANIBAL ha afectado también al servicio de información al público, mediante la incorporación al "panel informativo" que a estos efectos existe en la Estación, de información de los horarios y trayectos de las tres líneas internacionales para las que se concedió la taquilla nº 2 (folios 688 y 703 del Servicio). Una situación de discriminación que es apta para afectar a la capacidad competitiva de ANIBAL que sólo parcialmente ha cesado tras el requerimiento realizado por la denunciante (folios 842 y 843 del Servicio).

 En relación con los efectos de esta conducta de ESAMSA de negativa de suministro de servicios que presta en la Estación, el Servicio sostiene que son "los derivados de la falta de taquilla propia por el denunciante durante la vigencia de la autorización 2/2001 para la línea Santarém (Lisboa)-Madrid, que finalizó antes de serle adjudicada la taquilla...[y]...aunque no pueden evaluarse los efectos de dicha conducta, ya que la denunciante desde el inicio de su actividad el 5.09.02 pudo vender sus billetes en la Estación, en las taquillas de las dos empresas citadas -los primeros meses- y en el local comercial nº 8, cabe considerar que de haber dispuesto de una taquilla propia donde anunciarse convenientemente y desarrollar sin obstáculos su actividad, habría mejorado el rendimiento de su empresa y por ende la competencia entre las distintas empresas que cubren la misma línea."

 El Consejo considera acertada esta valoración de los efectos realizada por el Servicio, que es además coincidente con la expresada, de modo preliminar, por la Junta Consultiva en materia de conflictos en su Informe de 12 de julio de 2006: "3.6 De la propia denuncia se deriva que la práctica denunciada despliega sus efectos en el mercado del transporte de viajeros por carretera: la denunciante explota la Línea Internacional Santarem (Lisboa)-Madrid-Paris y que la denunciada, ESAMSA, gestiona la Estación Sur de Autobuses de Madrid (...). Los efectos restrictivos de la conducta de ESAMSA, en tanto que gestor en exclusiva de una instalación o plataforma de servicios obligatoria y esencial para quienes operan líneas de autobuses con entrada, parada o salida de Madrid, se producen en el mercado en el que opera el transportista que solicita una taquilla de venta de billetes en las dependencia de la Estación Sur de Autobuses de Madrid.

 Los efectos de la conducta denunciada (...) incidirían en la Línea internacional de transporte de viajeros que desarrolla el denunciante, por la presunta discriminación de que es objeto respecto de las otras empresas de transporte que disponen de taquilla de venta de billetes en la citada Estación y que operan en la línea regular Lisboa Madrid-París." (folio 105 del Tribunal)."

 Y concluye:

 "En conclusión, el Consejo entiende acreditado el trato discriminatorio dispensado por ESAMSA a ANIBAL en la adjudicación de taquilla de venta de billetes en la Estación Sur en relación con las empresas de transporte que se citan en el HP 11, y en el acceso a otros servicios que aquella concesionaria debe prestar de conformidad con el Reglamento de Explotación de la Estación a las empresas de transportes para las que esta Estación de Autobuses constituye una plataforma de servicios de uso obligatorio. Una obstaculización y/o discriminación que se entiende objetivamente apta para menoscabar la capacidad competitiva de ANIBAL y las condiciones de competencia en la línea de transporte en la que opera, en competencia con otras empresas, entre ellas, la empresa de transportes AUTO RES, que posee la mayoría del capital social de ESAMSA y controla el consejo de administración, incurriendo así en la conducta de abuso de posición dominante que tipifica el artículo 6.2. letras c ) y d) de la LDC de 1989 ."

 TERCERO : La subsunción se realiza respecto al artículo 6 de la Ley 16/1989 . Tal precepto dispone:

 "1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas:

 a) De su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional.

 b) De la situación de dependencia económica en la que puedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad. Esta situación se presumirá cuando un proveedor además de los descuentos habituales, debe conceder a su cliente de forma regular otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores similares.

 2. El abuso podrá consistir, en particular, en:...

 c) La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios.

 d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros..."

 Antes de entrar en el examen de las alegaciones actoras, es necesario recordar las reflexiones que sobre el abuso de posición de dominio se contienen en la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de de 27 de marzo de 2012 :

 "20 De la jurisprudencia resulta que el artículo 82 CE no se refiere únicamente a las prácticas que causan un perjuicio inmediato a los consumidores, sino también a las que les perjudican al impedir una estructura de competencia efectiva ( sentencia de 17 de febrero de 2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09 , Rec. p. I-0000, apartado 24 y jurisprudencia citada). En este sentido debe entenderse la expresión «práctica de exclusión abusiva» que figura en las cuestiones prejudiciales.

 21 Es jurisprudencia reiterada que la declaración de la existencia de dicha posición dominante no implica, en sí misma, ningún reproche a la empresa de que se trate (véanse las sentencias de 9 de noviembre de 1983 , Nederlandsche Banden- Industrie-Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461, apartado 57 , y de 16 de marzo de 2000 , Compagnie maritime belge transports y otros/Comisión, C-395/96 P y C-396/96 P, Rec. p. I-1365, apartado 37). En efecto, el artículo 82 CE en modo alguno tiene por objeto impedir a una empresa alcanzar, por sus propios méritos, la posición dominante en un mercado (véase, en particular, la sentencia TeliaSonera Sverige, antes citada, apartado 24). Esa disposición tampoco pretende garantizar que competidores menos eficaces que la empresa que ocupa una posición dominante permanezcan en el mercado.

 22 Por consiguiente, no todos los efectos de exclusión falsean necesariamente la competencia (véase, por analogía, la sentencia TeliaSonera Sverige, antes citada, apartado 43). Por definición, la competencia basada en los méritos puede entrañar la desaparición del mercado o la marginalización de los competidores menos eficaces y, por tanto, menos interesantes para los consumidores, especialmente en cuanto a precios, oferta, calidad o innovación.

 23 Con arreglo a una jurisprudencia también reiterada, incumbe a la empresa que ocupa una posición dominante una responsabilidad especial de no impedir, con su comportamiento, el desarrollo de una competencia efectiva y no falseada en el mercado interior (véase la sentencia de 2 de abril de 2009, France Télécom/Comisión, C-202/07 P, Rec. p. I-2369, apartado 105 y jurisprudencia citada). Cuando la existencia de una posición dominante tiene su origen en un antiguo monopolio legal, debe tenerse en cuenta esta circunstancia.

 24 A este respecto, ha de recordarse también que el artículo 82 CE se refiere, en particular, a los comportamientos de una empresa en posición dominante que, en perjuicio de los consumidores, tienen por efecto impedir, por medios distintos de los que rigen una competencia normal sobre la base de las prestaciones de los agentes económicos, el mantenimiento del grado de competencia que existe en el mercado o el desarrollo de ésta (véanse, en este sentido, las sentencias AKZO/Comisión, antes citada, apartado 69; France Télécom/Comisión, antes citada, apartados 104 y 105, y de 14 de octubre de 2010 , Deutsche Telekom/Comisión, C-280/08 P, Rec. p. I-0000, apartados 174, 176 y 180 y jurisprudencia citada).

 25 Así, el artículo 82 CE prohíbe, en particular, a una empresa en posición dominante llevar a cabo prácticas que provoquen la exclusión de sus competidores considerados tan eficaces como ella misma y reforzando su posición dominante mediante el recurso a medios distintos de los que rigen una competencia basada en los méritos. Por lo tanto, en esas circunstancias, toda competencia de precios no puede considerarse legítima (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas AKZO/Comisión, apartados 70 y 72; France Télécom/Comisión, apartado 106, y Deutsche Telekom/Comisión, apartado 177)."

 Sobre el concepto de abuso de posición dominante, la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de febrero de 2011 :

 "26 Por otro lado, la lista de prácticas abusivas recogida en el artículo 102 TFUE no es limitativa, de modo que la enumeración de las prácticas abusivas contenida en esta disposición no agota las formas de explotación abusiva de posición dominante prohibidas por el Derecho de la Unión (sentencia Deutsche Telekom/Comisión, antes citada, apartado 173 y jurisprudencia citada).

 27 En efecto, la explotación abusiva de una posición dominante prohibida por dicha disposición es un concepto objetivo que tiene por objeto los comportamientos de una empresa en posición dominante que, en un mercado donde la competencia ya está debilitada, precisamente por la presencia de la empresa en cuestión, tienen por efecto impedir, por medios distintos de los que rigen una normal competencia entre productos o servicios sobre la base de las prestaciones de los agentes económicos, el mantenimiento del grado de competencia que aún existe en el mercado o su desarrollo (sentencia Deutsche Telekom/Comisión, antes citada, apartado 174, y jurisprudencia citada).

 28 A fin de determinar si la empresa que ocupa una posición dominante ha explotado de manera abusiva esta posición mediante la aplicación de sus prácticas tarifarias, procede apreciar el conjunto de circunstancias, examinar si dicha práctica pretende privar al comprador de la posibilidad de elegir sus fuentes de abastecimiento, o al menos limitar dicha posibilidad, impedir el acceso al mercado de los competidores, aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes o reforzar su posición dominante mediante la distorsión de la competencia (sentencia Deutsche Telekom, antes citada, apartado 175, y jurisprudencia citada).

 29 Éstos son los principios a la luz de los cuales el órgano jurisdiccional remitente debe examinar la práctica tarifaria controvertida en el litigio principal para determinar si constituye una explotación abusiva de la posición dominante que posiblemente tiene TeliaSonera."

 Analizados los aspectos generales del presente recurso examinaremos ahora las alegaciones del recurrente.

 CUARTO : Se alega, en primer término, por la recurrente, que la decisión de la CNC se funda en una concreta interpretación del Reglamento de Explotación de la Estación Sur, cuya aplicación es supervisada por la Administración y revisable en vía contenciosa administrativa.

 No podemos aceptar estas tesis. En primer lugar porque una interpretación de esta norma que es frontalmente contraria a la libre competencia, no puede dar cobertura al comportamiento infractor dado el rango normativo. En segundo lugar porque el comportamiento imputado va más allá de una simple cuestión interpretativa, ya que tiende a impedir la libre competencia frente a una empresa que es directamente competidora de otra que participa en la recurrente. En tercer lugar, porque, si bien la aplicación del Reglamento se desarrolla en el ámbito del control de legalidad de la Administración Pública, el comportamiento sancionado no se limita, como hemos señalado, a una aplicación del Reglamento, sino que constituye una conducta que tiende a obstruir la libre competencia y que no recibe cobertura ni en la literalidad del Reglamento ni por el rango del mismo.

 Respecto del trato discriminatorio recibido por la denunciante, resulta acreditado que se adjudicaron, por la recurrente, taquillas a distintas empresas con posterioridad a la solicitud que se denegó a la denunciante. Tal comportamiento no encuentra ninguna razón objetiva y razonable.

 A estas conclusiones llegamos valorando en conjunto la prueba.

 Respecto a la valoración de la prueba, la sentencia del TJ de 10 de julio de 2014, c-295/12 , declara:

 "54 Así, el Tribunal de Justicia ha tenido ya ocasión de subrayar que, si bien en los ámbitos que exijan apreciaciones económicas complejas, la Comisión dispone de un margen de apreciación en materia económica, ello no implica que el juez de la Unión deba abstenerse de controlar la interpretación que haga la Comisión de datos de carácter económico. En efecto, el juez de la Unión no sólo debe verificar, en particular, la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de los mismos (sentencias Comisión/Tetra Laval, EU:C:2005:87, apartado 39; Chalkor/Comisión, EU:C:2011:815, apartado 54, y Otis y otros, EU:C:2012:684, apartado 59).

 55 Por otra parte, la falta de control de oficio de la decisión controvertida en su conjunto no viola el principio de tutela judicial efectiva. Para que se respete este principio no es indispensable que el Tribunal General, que está ciertamente obligado a dar respuesta a los motivos invocados y a ejercer un control tanto de hecho como de Derecho, esté obligado a proceder de oficio a una nueva instrucción completa del expediente (sentencias Chalkor/Comisión, EU:C:2011:815, apartado 66, y Kone y otros/Comisión, C-510/11 P, EU:C:2013:696, apartado 32).

 56 Así, el juez de la Unión debe ejercer el control de legalidad basándose en las pruebas aportadas por el demandante en apoyo de los motivos invocados, sin que pueda basarse en el margen de apreciación del que dispone la Comisión a la hora de valorar dichas pruebas para renunciar a ejercer un control en profundidad tanto de hecho como de Derecho (véanse en este sentido las sentencias Chalkor/Comisión, EU:C:2011:815, apartado 62, y Schindler Holding y otros/Comisión, EU:C:2013:522, apartado 37).

 57 En vista de estas características, el control de legalidad contemplado en el artículo 263 TFUE cumple los requisitos del principio de tutela judicial efectiva que figura en el artículo 6 del CEDH , apartado 1, con el que se corresponde, en Derecho de la Unión, el artículo 47 de la Carta (véanse en este sentido las sentencias Chalkor/Comisión, EU:C:2011:815, apartado 67; Otis y otros, EU:C:2012:684, apartado 56, y Schindler Holding y otros/Comisión, EU:C:2013:522, apartado 38)."

 Pues bien, existió una negativa reiterada para adjudicar una taquilla de venta de billetes a la denunciante, se impidió el pacto de ésta con otras empresas que expedían billetes para la expedición de los propios sin que existiese prohibición expresa en el Reglamento, se impidió la colocación de un cartel indicador de la expedición de billetes, y se adjudicaron taquillas a otras empresas que las solicitaron con posterioridad sin que se observe justificación para ello. Existe un trato discriminatorio dispensado por ESAMSA a ANIBAL en la adjudicación de taquilla de venta de billetes en la Estación Sur en relación con otras empresas de transporte. Este comportamiento es objetivamente apto para obstaculizar el desarrollo de la actividad de la denunciante en libre competencia.

 QUINTO : Respecto a la proporcionalidad, el artículo 10 de la Ley 16/1989 , establece:

 "El Tribunal podrá imponer a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 7, o dejen de cumplir una condición u obligación prevista en el artículo 4.2, multas de hasta 150.000.000 de pesetas, cuantía que podrá ser incrementada hasta el 10 por 100 del volumen de ventas correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior a la resolución del Tribunal."

 La Resolución razona la graduación de la sanción en los siguientes términos:

 "En atención a las consideraciones precedentes, para fijar la cuantía de la sanción el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia ha tenido, en particular, en cuenta: 1) La especial gravedad de la conducta prohibida, por cuanto ha sido realizada por una empresa concesionaria en régimen de exclusiva de una infraestructura de servicio público esencial o legalmente obligatoria para la empresa denunciante, que ha sido excluida del mercado por un largo periodo de tiempo; 2) Que se ha utilizado la condición de monopolista legal de una plataforma esencial de servicios para denegar el acceso a determinados servicios necesarios para competir en igualdad de armas en la línea de transporte internacional de pasajeros en la que opera la denunciante en competencia con otras empresas de transporte; 3) Que esta negativa de suministro de servicios no justificada favorece directa y objetivamente, entre otras, a AUTO RES, activa en la misma línea de transporte que la denunciante, y detentadora de la mayoría del capital social de ESAMSA así como con presencia suficiente en su consejo de administración para ostentar su control efectivo; y 4) que la conducta se ha extendido durante varios años; en lo relativo al servicio de venta de billetes desde septiembre de 2002 hasta julio de 2006."

 La Sala comparte esta valoración. Efectivamente, la conducta ha sido desarrollada por un agente que ostenta un monopolio legal, gestiona una infraestructura de servicio público, y favorece a una empresa que detenta la mayoría de su capital, habiendo desarrollado la conducta durante cuatro años. Estas circunstancias agravan, efectivamente la conducta.

 Ahora bien, al imponerse la sanción, la CNC opera como sigue:

 "Atendidas estas circunstancias, el Consejo estima ajustado a derecho imponer a ESAMSA una sanción de 464.781 Euros, equivalente al 10% de sus ingresos en el año 2005, e inferior a la mitad de la cuantía máxima de 901.518 euros que, conforme al citado art. 10 LDC , se podría hipotéticamente imponer en este caso."

 El artículo 10 de la Ley 16/1989 es claro al señalar ... hasta el 10 por 100 del volumen de ventas correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior a la resolución del Tribunal. La Resolución es de fecha 31 de marzo de 2008, por lo que el año que ha de considerarse es el 2007 y no el 2005 para la aplicación del porcentaje de hasta el 10%.

 Recientemente el Tribunal Supremo ha resuelto, conociendo en casación frente a la sentencia de esta Sala de 24 de junio de 2013 , sobre las cuestiones planteadas respecto a la interpretación y aplicación de las sanciones previstas en la Ley 15/2007, en su sentencia de 29 de enero de 2015, recurso 2872/2013 , que ha sido seguida por otras posteriores del mismo tenor.

 En lo que se refiere al año que ha de considerarse, la regulación contenida en la Ley 15/2007 es idéntica a la contenida en la Ley 16/1989.

 A modo de conclusión, afirma la citada sentencia:

 "Procede, pues, el mantenimiento del fallo de instancia en cuanto ordena a la Comisión Nacional de Competencia (actualmente la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) que imponga de nuevo la sanción pecuniaria "en el porcentaje que resulte, atendidos los criterios legales de graduación debidamente motivados", si bien atemperando esta declaración en el siguiente sentido:

 A) Por un lado, debe atenderse a la precisión efectuada por el tribunal de instancia: "[...] En el presente caso la sanción se impone en Resolución de 1 de diciembre de 2011, y por lo tanto el volumen de negocios a considerar es el del ejercicio de 2010. No es correcta la magnitud considerada por la CNC en cuanto se refiere a otro ejercicio".

 B) Por otro lado, el cálculo de la sanción debe hacerse en sintonía con la interpretación que de los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007 hacemos en esta sentencia. Ello implica la improcedencia de acometerlo con arreglo a las pautas sentadas en la Comunicación de 6 de febrero de 2009, de la Comisión Nacional de la Competencia, sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1 , 2 y 3 de la Ley 15/2007 , y de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, actuales 101 y 102 del TFUE ."

 El aplicar el porcentaje previsto en el artículo 10 de la Ley 16/1989 respecto a un ejercicio que no es el inmediatamente anterior es contrario a lo dispuesto en la citada norma, como ha declarado el TS en la sentencia antes trascrita; por ello debemos anular la sanción impuesta para que por la CNMC se imponga la que corresponda, aplicando la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2015 en cuanto corresponda a la Ley 16/1989.

 De lo expuesto resulta la estimación parcial del recurso.

 No procede imposición de costas conforme a los criterios contenidos en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

 VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, por el poder que nos otorga la Constitución:

FALLAMOS

 Que estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por Estación Sur de Autobuses de Madrid S.A. , y en su nombre y representación el Procurador Sr. Dº José Antonio Hurtado Cejas, frente a la Administración del Estado , dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 31 de marzo de 2008 , debemos declarar y declaramos no ser ajustada a Derecho la Resolución impugnada en cuanto a la cuantificación de la multa, y en consecuencia debemos anularla y la anulamos, ordenando a la CNMC que imponga la multa en el porcentaje que resulte, atendidos los criterios legales de graduación debidamente motivados, confirmando la Resolución en sus restantes pronunciamientos, sin expresa imposición de costas.

 Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la misma no cabe recurso de casación, siguiendo las indicaciones prescritas en el artículo 248 de la Ley Orgánica 6/1985 , y testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN / Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.