Id. Cendoj: 28079230062015100106
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 25/03/2015
Nº de Recurso: 76/2012
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000076 / 2012

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 03477/2012

 Demandante: MOTOR CITY SL

 Procurador: D. EMILIO MARTÍNEZ BENÍTEZ

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: MONTESA HONDA SA

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 S E N T E N C I A Nº:

 IImo. Sr. Presidente:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 Dª. CONCEPCIÓN MÓNICA MONTERO ELENA

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA

 Madrid, a veinticinco de marzo de dos mil quince.

 VISTO , en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, el recurso nº 76/12 , seguido a instancia de la mercantil " Motor City SL " representada por el Procurador de los Tribunales D. Emilio Martínez Benítez. Ha intervenido como codemandada la mercantil "Montesa Honda SA", representada por el Procurador de los Tribunales D. Anuibal Bordallo Huidobro, con asistencia letrada, y como Administración demandada la General del Estado, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado. El recurso versó sobre impugnación de Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) , la cuantía se fijó en 191.955 €, e intervino como ponente el Magistrado Don SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO. La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO :.- Para el correcto enjuiciamiento de la cuestión planteada es necesario el conocimiento de los siguientes hechos:

 1. La recurrente forma una unidad económica integrada por las sociedades "Motol SA" y "Motor City SL", cuyo objeto social es, respectivamente, la venta de motocicletas y de accesorios para las mismas. Motol SA es concesionario exclusivo de la marca Honda en Madrid.

 2. El Fundamento Jurídico 3 de la resolución recurrida se establece que las conductas analizadas afectan a la distribución minorista de las motocicletas que el fabricante/importador Montesa Honda realiza en Madrid, Toledo y Guadalajara a través de los concesionarios que distribuyen sus productos en dichas provincias, desde mediados de 2008 (4 de junio) hasta finales de 2009.

 En concreto, en sucesivas reuniones de Montesa Honda con distintos concesionarios, se trataron cuestiones como la organización de la red de subagentes y su margen comercial, temas de política comercial y de precios, como la preparación de tarifas "ad hoc" y fijación de precios mínimos para motocicletas de cilindrada superior a 300 cc, y el problema que plantean algunos concesionarios que no quieren emplear una red de subagentes a los que se fijó una precio de venta máximo.

 La resolución reprocha a la recurrente el haber asistido a la reunión de 4 de junio de 2008, en la que los concesionarios de Madrid elaboraron una lista de precios proponiendo su incremento respecto de los precios recomendados por Montesa Honda y, además, fijando los márgenes que debían cobrar los agentes, lo que supuso establecer un acuerdo generalizado sobre los precios con carácter horizontal (coordinación de competidores activos en el mismo nivel de mercado). Se le reprocha también, haber continuado con estas prácticas durante el año 2009.

 3. Mediante Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 28 de diciembre de 2011, se acordó lo siguiente:

 a) Declarar que Motor City SL y otras entidades, han infringido el artículo 1.1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , al incurrir en un acuerdo colusorio descrito en el FJ 3 de la misma resolución.

 b) Imponer a Motor City SL y Motol SA, solidariamente, la multa de 191.955 €.

 c) Instar a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, para que vigile el cumplimiento de la presente resolución.

 SEGUNDO:.- Por la representación de la actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución precedente, formalizando demanda con la súplica de que se dictara sentencia declarando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme a derecho. La fundamentación jurídica de la demanda se basó en las siguientes consideraciones:

 1. Caducidad del expediente administrativo:

 -Iniciado el procedimiento el 26 de abril de 2010, concluyó el 29 de diciembre de 2011 con la notificación al interesado, cuando el plazo máximo de resolución había vencido el 26 de octubre de 2011.

 -En consecuencia, la tramitación del procedimiento ha tenido una duración superior a los 18 meses, superior al plazo establecido en el artículo 36.1 de la Ley 15/2007 , sin que pueda imputarse ningún retraso malicioso a las partes.

 -La Administración ha prorrogado sin justificación alguna, la fase de tramitación de forma artificial, al solicitar pruebas complementarias en fase de resolución.

 2. Infracción de los artículos 62 y 84 de la Ley 30/1992 , que pone de manifiesto la caducidad del expediente:

 -Se ha omitido el trámite de puesta de manifiesto del expediente a los interesados. La fase de instrucción se cerró el 28 de marzo y la propuesta de resolución se notificó el 4 de abril 2011, habiéndose redactado el 31 de marzo anterior.

 -Tras presentar la recurrente sus alegaciones al pliego de cargos, la CNC se incorporaron más de 500 folios de documentación complementaria, sin darle trámite de alegaciones.

 3. Indefensión causada por identificar la conducta de dos sociedades distintas, como si fuera una sola:

 -En el expediente no se identifican las conductas que, individualmente, puede haber desarrollado cada sociedad, imputando todas las conductas a Motorcity, que es sólo la marca.

 -La recurrente debe defenderse de todas las conductas descritas en la resolución, sin saber con precisión las que directamente se le imputan

 -La recurrente se dedica a vender complementos para motocicletas y, sin embargo, se la acusa de participar en un acuerdo colusorio para vender motocicletas.

 4. Infracción del artículo 24.2 CE , causante de indefensión a la recurrente:

 -La CNC inadmitió, de forma indebida, la prueba propuesta por la recurrente en fase de instrucción consistente en la comparación de facturas de venta aportadas por los concesionarios acusados de colusión.

 -La recurrente ha sufrido indefensión al no haber podido realizar el examen de todas las facturas aportadas al expediente antes de la terminación de la instrucción del expediente. Sólo podrá acreditarse la existencia de la colusión, verificando si sus importes son o no superiores al precio recomendado en la tarifa. Las gráficas aportadas por el Consejo después de la instrucción, evidencian esta circunstancia.

 5. Refuta la prueba en que se basa la Resolución y subraya que ninguno de los correos electrónicos mencionados en la resolución fueron hallados en la sede de la recurrente. No se ha acreditado la existencia de acuerdo alguno y todo se basa en presunciones y destaca que la CNC sólo ha analizado el 42,72% de las facturas. Contrasta que el Consejo, no la DI, haya analizado todas las facturas de 2008 cuando la infracción, según la DI, se desarrolla sólo desde junio a octubre. La DI sólo examinó 10 facturas mensuales.

 Subraya que la recurrente presentó quejas respecto de la actitud comercial de los potros competidores y que el examen de las facturas muestra que no existió uniformidad en los precios, prueba de que no existió acuerdo.

 6. Denuncia los excesos del Consejo, que se ha extralimitado en sus funciones, yendo más allá de lo que proponía la DI.

 7. Denuncia la falta de motivación de la resolución recurrida: no se acredita la culpabilidad de la recurrente, y es incongruente pues el objeto del expediente son las ventas de motocicletas de cilindrada superior a 300 cc y las facturas analizadas se refieren a ventas de cilindrada inferior.

 8. La multa se ha impuesto sin tener en cuenta las ponderaciones previstas en el artículo 64 de la Ley 15/2007 y resulta ser desproporcionada.

 TERCERO:.- La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella con la súplica de que se dicte sentencia desestimando el recurso y declarando ajustada a derecho la resolución recurrida. Para sostener esta pretensión se alegó que no existió ninguna de las vulneraciones de forma denunciadas y sobre el fondo remite a la declaración de hechos probados de la resolución recurrida para concluir que la sanción impuesta debe reputarse procedente y proporcionada.

 CUARTO:.- Practicada la prueba declarada pertinente, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.

 QUINTO:.- Señalado el día 24 de marzo de 2015 para la votación y fallo ésta tuvo lugar en la reunión del Tribunal señalada al efecto.

 SEXTO:.- Aparecen observadas las formalidades de tramitación, que son las del procedimiento ordinario.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO: La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 28 de diciembre de 2011, en la que se acordó lo siguiente:

 a) Declarar que Motor City SL y otras entidades, han infringido el artículo 1.1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , al incurrir en un acuerdo colusorio descrito en el FJ 3 de la misma resolución.

 b) Imponer a Motor City SL y Motol SA, solidariamente, la multa de 191.955 €.

 c) Instar a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, para que vigile el cumplimiento de la presente resolución.

 SEGUNDO: La primera cuestión que debe abordarse en este procedimiento es la relativa a la caducidad del expediente administrativo, tal y como lo propone la recurrente.

 Sobre este extremo debemos advertir que recientemente este mismo Tribunal se ha pronunciado sobre la esta cuestión en la Sentencia de fecha 13 de marzo de 2015, número de recurso 30/12 , en sentido favorable a su estimación. La recurrente, que expresamente ha invocado la caducidad del expediente, alega sobre este punto una serie de argumentos que, sin embargo, no podemos compartir. Ello es así porque no cabe duda de que el Consejo de la CNC podía pedir la adopción de medidas complementarias de instrucción ( artículo 51.1 de la Ley 17/2007 ), y que la separación entre la fase de instrucción y decisión, que es evidente que existe, no tiene la rigidez que pretende la recurrente según claramente se desprende de la Ley 15/2007 (artículo 36.1 que fija un plazo único de 18 meses, conjunto, para instruir y resolver).

 No obstante lo anterior, y dado que la recurrente ha invocado de forma expresa en su demanda, como motivo autónomo de recurso, la caducidad del procedimiento administrativo este Tribunal estima que no se produce indefensión alguna para la demandada, si profundiza en esta cuestión con argumentos que no han sido expresamente planteados por la recurrente, pues este razonamiento deriva de la propia petición de la misma.

 Por otra parte, carecería de toda lógica que el mismo expediente, concurriendo también identidad en la fecha de notificación a las partes de la resolución final del mismo (29 de diciembre de 2011), estuviera caducado para un recurrente y no para otros.

 A estos efectos reproducimos los razonamientos jurídicos de la Sentencia antes citada, que condujeron a la estimación del recurso:

 "El examen del expediente administrativo, pone de manifiesto los siguientes hechos: Iniciado el procedimiento el 26 de abril de 2010, concluyó el 29 de diciembre de 2011 con la notificación al interesado de la resolución de terminación, cuando el plazo máximo de resolución había vencido el 26 de octubre de 2011, por lo que tuvo una duración real de 18 meses y 63 días.

 No obstante, debe computarse como período de suspensión legítimo los 60 días naturales que discurren entre el 10 de octubre de 2011 y el 9 de diciembre siguiente, en los que se practicó y valoró una prueba documental que se declaró pertinente. Ello es así, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37.1 e) de la Ley 15/2007 y 12.1 b) del RD 261/2008 , debiendo referirse a días naturales el cómputo de dichos plazos ( art. 12.3 RD 261/2008 ).

 En consecuencia, la tramitación y resolución del procedimiento ha tenido una duración de 18 meses y 3 días, superando por lo tanto el plazo de 18 meses establecido en el artículo 36.1 de la Ley 15/2007 .

 La CNC incurre en un error al acordar el 10 de octubre de 2011 la suspensión de la tramitación del procedimiento con fecha de efectos del 6 de octubre anterior.

 Esta práctica contraviene lo dispuestos en los artículos 57. 1 y 3 de la Ley 30/1992 , pues los actos administrativos producen sus efectos desde el momento en el que se dictan, siendo absolutamente excepcional la posibilidad de dictarlos con efectos retroactivos, ya que esos casos se limitan a los supuestos en que la retroacción de efectos sea favorable al interesado o cuando se dicten en sustitución de otros anulados. Pues bien, ninguno de los dos supuestos concurre en el presente caso, por lo que debemos fijar como fecha de efectos de la declaración de suspensión del plazo de tramitación, la del 10 de octubre de 2011.

 El 10 de diciembre de 2011 se levantó la referida suspensión, tras la incorporación y valoración de la prueba practicada, según lo acordado por Resolución de 12 de diciembre, en la que se reitera que la fecha en que se acordó la suspensión fue el 10 de octubre (aunque, según la misma indica, con efectos del 6).

 Así las cosas, es claro que la tramitación del procedimiento ha excedido los 18 meses legalmente previstos, concretándose el exceso, una vez descontados los 60 días de suspensión, en 3 días naturales, por lo que procede declarar la caducidad del procedimiento".

 TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a la Administración demandada, parte vencida en este proceso, sin que se aprecien por la Sala la existencia de serias dudas que justifiquen un especial pronunciamiento sobre esta materia.

 Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente

FALLO

 Estimamos el recurso interpuesto y en consecuencia anulamos el acto impugnado. Se imponen las costas a la Administración demandada. Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 248 de la LOPJ , al tiempo de notificar la presente sentencia, se indicará a las partes que contra la misma no cabe recurso de casación ordinario.

 PUBLICACIÓN.

 La anterior sentencia fue leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente, en audiencia pública.