Id. Cendoj: 28079230062015100102
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 13/03/2015
Nº de Recurso: 30/2012
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000030 / 2012

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 00937/2012

 Demandante: MONTESA HONDA SA

 Procurador: D. ANIBAL BORDALLO HUIDOBRO

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 S E N T E N C I A Nº:

 IImo. Sr. Presidente:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 Dª. CONCEPCIÓN MÓNICA MONTERO ELENA

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA

 Madrid, a trece de marzo de dos mil quince.

 VISTO , en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, el recurso nº 30/12 , seguido a instancia de la mercantil "Montesa Honda SA" , representada por el Procurador de los Tribunales D. Anibal Bordallo Huidobro, con asistencia letrada, y como Administración demandada la General del Estado, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado. El recurso versó sobre impugnación de Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) , la cuantía se fijó en menos de 600.000 €, e intervino como ponente el Magistrado Don SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO. La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO :.- Para el correcto enjuiciamiento de la cuestión planteada es necesario el conocimiento de los siguientes hechos:

 1. La recurrente es filial del fabricante japonés Honda Motor Co, Ltd, y tiene por objeto la fabricación y comercialización en España de las motocicletas Honda, mediante una red de 140 concesionarios independientes, que pueden utilizar agentes independientes para vender las motocicletas.

 2. El Fundamento Jurídico 3 de la resolución recurrida se establece que las conductas analizadas afectan a la distribución minorista de las motocicletas que el fabricante/importador Montesa Honda realiza en Madrid, Toledo y Guadalajara a través de los concesionarios que distribuyen sus productos en dichas provincias, desde mediados de 2008 (17 de junio) hasta finales de 2009.

 En concreto, en sucesivas reuniones de la recurrente con distintos concesionarios se trataron cuestiones como la organización de la red de subagentes y su margen comercial, temas de política comercial y de precios, como la preparación de tarifas "ad hoc" y fijación de precios mínimos para motocicletas de cilindrada superior a 300 cc, el problema que plantean algunos concesionarios que no quieren emplear una red de subagentes a los que se fijó una precio de venta máximo.

 La resolución reprocha a la recurrente el haber establecido un acuerdo generalizado sobre los precios tanto con carácter horizontal (coordinación de competidores activos en el mismo nivel de mercado), como vertical (es el fabricante/importador el que actúa con capacidad de modificar los niveles propuestos e imponerlos a los concesionarios). También el haber establecido un mecanismo de control para el cumplimiento del acuerdo, exigiendo la remisión de todas las facturas.

 3. Mediante Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 28 de diciembre de 2011, se acordó lo siguiente:

 a) Declarar que Montesa Honda SA y otras entidades, han infringido el artículo 1.1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , al incurrir en un acuerdo colusorio descrito en el FJ 3 de la misma resolución.

 b) Imponer a Montesa honda SA la multa de 1.282.183 €.

 c) Instar a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, para que vigile el cumplimiento de la presente resolución.

 SEGUNDO:.- Por la representación de la actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución precedente, formalizando demanda con la súplica de que se dictara sentencia declarando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme a derecho. La fundamentación jurídica de la demanda se basó en las siguientes consideraciones:

 1. Caducidad del expediente administrativo:

 -Iniciado el procedimiento el 26 de abril de 2010, concluyó el 29 de diciembre de 2001 con la notificación al interesado, cuando el plazo máximo de resolución venció el 26 de octubre de 2001.

 -No obstante debe computarse como período de suspensión legítimo, los 60 días que discurren entre el 10 de octubre de 2011 y el 9 de diciembre siguiente para practicar y valorar una prueba que se declaró pertinente.

 -En consecuencia, la tramitación del procedimiento ha tenido una duración de 18 meses y 3 días, superando el plazo establecido en el artículo 36.1 de la Ley 15/2007 .

 -La CNC incurre en un error al acordar el 10 de octubre de 2011 la suspensión de la tramitación del procedimiento y hacerlo con fecha de efectos del 6 de octubre anterior, lo que contraviene el artículo 57.1 y 3 de la Ley 30/1992 y la interpretación de los mismos dada por la STS de 22 de octubre de 1996 , que cita.

 2. Omisión del trámite de audiencia tras la modificación de los hechos imputados y de la calificación jurídica, después de la propuesta de resolución. Violación del principio acusatorio y del artículo 24 CE :

 3. Sobre el fondo del asunto, cuestiona la interpretación de la CNC sobre el contenido de las distintas reuniones mantenidas, pues insiste en que el objetivo de la recurrente no era que se subieran los precios, sino que los concesionarios desarrollaran una política que hiciera atractiva la venta. Reconoce haber fijado precios mínimos, inferiores a los recomendados. En cuanto a la duración de la conducta, en todo caso no puede extenderse más allá del 14 de julio de 2008, pues niega que existiera un acuerdo de fijación de precios en 2009. Termina cuestionando la fórmula empleada para el cálculo de la multa por entender que vulnera el principio de proporcionalidad.

 TERCERO:.- La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella con la súplica de que se dicte sentencia desestimando el recurso y declarando ajustada a derecho la resolución recurrida. Para sostener esta pretensión se alegó que no existió ninguna de las vulneraciones de forma denunciadas y sobre el fondo remite a la declaración de hechos probados de la resolución recurrida para concluir que la sanción impuesta debe reputarse procedente.

 CUARTO:.- Practicada la prueba declarada pertinente, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.

 QUINTO: .- Señalado el día 3 de marzo de 2015 para la votación y fallo ésta tuvo lugar en la reunión del Tribunal señalada al efecto.

 SEXTO:.- Aparecen observadas las formalidades de tramitación, que son las del procedimiento ordinario.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO: La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la Resolución de fecha 28 de diciembre de 2011, dictada por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), se acordó lo siguiente:

 a) Declarar que Montesa Honda SA y otras entidades, han infringido el artículo 1.1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , al incurrir en un acuerdo colusorio descrito en el FJ 3 de la misma resolución.

 b) Imponer a Montesa honda SA la multa de 1.282.183 €.

 c) Instar a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, para que vigile el cumplimiento de la presente resolución.

 SEGUNDO: La primera cuestión que debe abordarse en este procedimiento es la relativa a la caducidad del expediente administrativo, tal y como lo propone la recurrente.

 El examen del expediente administrativo, pone de manifiesto los siguientes hechos: Iniciado el procedimiento el 26 de abril de 2010, concluyó el 29 de diciembre de 2011 con la notificación al interesado de la resolución de terminación, cuando el plazo máximo de resolución había vencido el 26 de octubre de 2011, por lo que tuvo una duración real de 18 meses y 63 días.

 No obstante, debe computarse como período de suspensión legítimo los 60 días naturales que discurren entre el 10 de octubre de 2011 y el 9 de diciembre siguiente, en los que se practicó y valoró una prueba documental que se declaró pertinente. Ello es así, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37.1 e) de la Ley 15/2007 y 12.1 b) del RD 261/2008 , debiendo referirse a días naturales el cómputo de dichos plazos ( art. 12.3 RD 261/2008 ).

 En consecuencia, la tramitación y resolución del procedimiento ha tenido una duración de 18 meses y 3 días, superando por lo tanto el plazo de 18 meses establecido en el artículo 36.1 de la Ley 15/2007 .

 La CNC incurre en un error al acordar el 10 de octubre de 2011 la suspensión de la tramitación del procedimiento con fecha de efectos del 6 de octubre anterior.

 Esta práctica contraviene lo dispuestos en los artículos 57. 1 y 3 de la Ley 30/1992 , pues los actos administrativos producen sus efectos desde el momento en el que se dictan, siendo absolutamente excepcional la posibilidad de dictarlos con efectos retroactivos, ya que esos casos se limitan a los supuestos en que la retroacción de efectos sea favorable al interesado o cuando se dicten en sustitución de otros anulados. Pues bien, ninguno de los dos supuestos concurre en el presente caso, por lo que debemos fijar como fecha de efectos de la declaración de suspensión del plazo de tramitación, la del 10 de octubre de 2011.

 El 10 de diciembre de 2011 se levantó la referida suspensión, tras la incorporación y valoración de la prueba practicada, según lo acordado por Resolución de 12 de diciembre, en la que se reitera que la fecha en que se acordó la suspensión fue el 10 de octubre (aunque, según la misma indica, con efectos del 6).

 Así las cosas, es claro que la tramitación del procedimiento ha excedido los 18 meses legalmente previstos, concretándose el exceso, una vez descontados los 60 días de suspensión, en 3 días naturales, por lo que procede declarar la caducidad del procedimiento.

 TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a la Administración demandada, parte vencida en este proceso, sin que se aprecien por la Sala la existencia de serias dudas que justifiquen un especial pronunciamiento sobre esta materia.

 Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente

FALLO

 Estimamos el recurso interpuesto y en consecuencia anulamos el acto impugnado. Se imponen las costas a la Administración demandada. Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 248 de la LOPJ , al tiempo de notificar la presente sentencia, se indicará a las partes que contra la misma cabe recurso de casación ordinario ante la Sala III del Tribunal Supremo, que podrá preparar ante este mismo Tribunal en los diez días siguientes a la notificación de la Sentencia.

 PUBLICACIÓN .

 La anterior sentencia fue leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente, en audiencia pública.