Id. Cendoj: 28079230062015100112
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 30/03/2015
Nº de Recurso: 573/2013
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: CONCEPCION MONICA MONTERO ELENA
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000573 / 2013

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 05423/2013

 Demandante: BP ESPAÑA S.A.,

 Procurador: Dº ALBERTO HIDALGO MARTINEZ

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IIma. Sra.: Dª. CONCEPCIÓN MÓNICA MONTERO ELENA

 S E N T E N C I A Nº:

 IImo. Sr. Presidente:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 Dª. CONCEPCIÓN MÓNICA MONTERO ELENA

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA

 Madrid, a treinta de marzo de dos mil quince.

 Visto el recurso contencioso administrativo que ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido BP España S.A. , y en su nombre y representación el Procurador Sr. Dº Alberto Hidalgo Martinez, frente a la Administración del Estado , dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 3 de octubre de 2013 , siendo la cuantía del presente recurso indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO : Se interpone recurso contencioso administrativo promovido por BP España S.A., y en su nombre y representación el Procurador Sr. Dº Alberto Hidalgo Martinez, frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 3 de octubre de 2013, solicitando a la Sala, declare contraria a derecho la Resolución impugnada y con ella la inspección efectuada los días 22 y 23 de julio 2013 impugnada y anule todo lo actuado como consecuencia de ella.

 SEGUNDO : Reclamado y recibido el expediente administrativo, se confirió traslado del mismo a la parte recurrente para que en plazo legal formulase escrito de demanda, haciéndolo en tiempo y forma, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, y suplicando lo que en el escrito de demanda consta literalmente.

 Dentro de plazo legal la administración demandada formuló a su vez escrito de contestación a la demanda, oponiéndose a la pretensión de la actora y alegando lo que a tal fin estimó oportuno.

 TERCERO : Habiéndose solicitado recibimiento a prueba, unidos los documentos y evacuado el trámite de conclusiones, quedaron los autos conclusos y pendientes de votación y fallo, para lo que se acordó señalar el día veinticuatro de marzo de dos mil quince.

 CUARTO : En la tramitación de la presente causa se han observado las prescripciones legales previstas en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y en las demás Disposiciones concordantes y supletorias de la misma.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO : Es objeto de impugnación en autos la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 3 de octubre de 2013 que desestima el recurso interpuesto frente a la inspección efectuada por la DI los días 22 y 23 de julio de 2013.

 Los días señalados se llevó a cabo por la Dirección de Investigación (DI) una inspección en la sede social de BP ESPAÑA, S.A, en el ámbito de la información reservada de referencia S/0474/13.

 Se afirma por la recurrente, que se ha faltado al principio de proporcionalidad, que la documentación copiada en bloque ha impedido la identificación de los documentos protegidos y personales, el filtrado de documentos se realizó sin permitir la supervisión de los representantes legales de BP y los documentos descartados no fueron eliminados ni devueltos a la actora. Entiende por ello la recurrente que existió una extralimitación en la entrada y registro respecto de la orden de investigación.

 SEGUNDO : El planteamiento que se contiene en la demanda, es muy semejante al ofrecido a la CNC, por ello, destacaremos, en primer lugar, la respuesta dada por la CNC a los planteamientos de la recurrente, en lo que es relevante a este recurso:

 "En su informe emitido el 16 de agosto de 2013, la DI considera que el recurso debe ser desestimado por los siguientes motivos. En relación con la indefensión alegada, la DI considera que (i) los representantes de la empresa estuvieron presentes durante la inspección y fueron informados del proceso de selección y filtración de documentos, tal y como se recoge en el Acta de inspección; (ii) el derecho a conocer las herramientas informáticas y de trabajo del equipo inspector no viene reconocido ni en la LDC ni en el RDC ni en ninguna otra normativa aplicable; (iii) en relación con los documentos protegidos por la confidencialidad de las relaciones abogado-cliente, considera la DI que es a la propia recurrente a la que hay que reprochar su falta de comportamiento activo para identificar los documentos mencionados; y (iv) con respecto a la incautación de la información, señala que finalmente sólo fueron incautados un 4,6% de los correos iniciales y un 0,1 % de los ficheros electrónicos que, grabados en un DVD, fueron entregados a la recurrente. En cuanto a los perjuicios irreparables alegados por BP, la DI indica: (i) que la inspección no se excedió de lo señalado en la Orden de Investigación, entendiendo que ésta es una afirmación infundada dado que dicha Orden no alude a acuerdos horizontales y (ii) en relación con la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, sostiene que las empresas están obligadas a someterse a las inspecciones del Director de Investigación y que no puede hablarse de consentimiento viciado cuando se tuvo conocimiento desde el primer momento de cómo se desarrollaría la inspección."

 Continúa la Resolución impugnada:

 "Respecto a la posible vulneración de su derecho de defensa, la recurrente considera que se habría producido a través de una doble vía: primero, al no permitir la DI a los representantes de BP presenciar el proceso de filtrado de la documentación inicialmente copiada a los servidores de la DI en el marco de la inspección realizada los días 22 y 23 de julio en su sede y, segundo, con motivo de la copia y el acceso por el equipo de inspectores de la DI a información y documentos protegidos por la confidencialidad abogado-cliente...

 Por otra parte, este Consejo constata que tanto del Acta de Inspección (párrafos 35, 40 y 62) como del Anexo de Manifestaciones formulado por BP y anexado a petición suya al Acta, se deduce que, durante el proceso de filtrado de la documentación, los inspectores informaron e indicaron a los representantes de BP y a sus abogados externos que "podrán permanecer en la sala de trabajo habilitada al equipo de inspección siempre y cuando ello no permita conocer las herramientas informáticas y de trabajo del equipo inspector. Igualmente, tampoco podrán presenciar las conversaciones que se mantengan entre los miembros del equipo inspector". El Acta refleja, por tanto, la indicación dada por los inspectores de la DI a los representantes y abogados de BP de que su presencia en la sala no debe permitirles conocer las herramientas informáticas y de trabajo del equipo inspector, ni presenciar las conversaciones que se mantengan entre inspectores. El eventual abandono puntual de la sala de trabajo por parte de los representantes de la inspeccionada para permitir el desarrollo eficaz de la labor inspectora, en su caso, es una práctica absolutamente razonable y comúnmente aceptada.

 A la vista de lo señalado, este Consejo considera que la alegación de BP sobre que no se permitió la presencia "efectiva" de sus representantes durante el proceso de filtrado de la documentación inicialmente recabada no resulta ajustada a los hechos acaecidos, ya que la presencia en la sala resulta indudable y queda acreditada tanto por el Acta de inspección como porque la propia BP así lo reconoce en sus escritos de recurso y alegaciones. Respecto a si dicha permanencia en la sala de trabajo donde se desarrolla el proceso de filtrado deja de tener utilidad práctica alguna, este Consejo considera que la interpretación de BP vincula incorrectamente la advertencia de los inspectores de que la presencia de representantes de BP debe articularse de forma que se preserven las técnicas y los procedimientos informáticos de la inspección, con la consecuencia de que los representantes legales de BP no puedan desarrollar ninguna actuación en ejercicio de su derecho de defensa. Este Consejo no aprecia que exista una relación causal entre la indicación y advertencia formulada por los inspectores y la consecuencia extraída por la representación de BP. El Consejo considera que un comportamiento cooperativo por parte de los abogados y representantes de BP permite cohonestar su presencia en la sala, si bien guardando la reserva y contención debida para preservar las herramientas informáticas y método de trabajo del equipo inspector -y en su caso ausentándose temporalmente de la sala para preservar las puntales conversaciones reservadas entre los miembros del equipo inspector- con el legítimo ejercicio de sus derechos de defensa a través de la formulación de observaciones y alegaciones sobre la documentación inspeccionada.

 El interés público implícito a que se preserve la eficacia de las herramientas informáticas y método de trabajo empleados en las inspecciones debe conjugarse con el interés de las inspeccionadas a realizar un seguimiento razonable del desarrollo de la inspección que se realiza en su sede. Tal y como acredita el Acta de Inspección en diversos párrafos, ambos objetivos son perfectamente conciliables si la empresa ejerce su derecho de defensa con la debida diligencia y sobre documentos concretos. La lectura de los párrafos 62 a 68 del Acta es particularmente relevante a este respecto ya que acredita que, tras recibir las instrucciones referidas respecto a las condiciones de su permanencia en la Sala, la Srª [XXX] (directora de la Asesoría Jurídica de BP), acompañada por los abogados externos de la empresa, acudieron "a la sala de trabajo del equipo de inspección con objeto de proceder a la identificación de correos que, en su opinión, estarían amparados por privilegio legal". Continúa el Acta explicando (párrafo 64) que "La Srª [XXX] identifica las carpetas de correo electrónico susceptibles de contener este tipo de documentación y el Jefe de Equipo, Sr. [XXX], tras un somero análisis de los correos indicados, los elimina", detallándose a continuación un debate entre el Jefe del equipo inspector y los abogados externos de la empresas respecto a si determinados documentos adicionales se encontraban protegidos por la confidencialidad abogado cliente o fuera del objeto de la inspección.

 Se añade:

 "En lo que respecta a los documentos profesionales ajenos al objeto de la inspección y los documentos personales de los empleados de la entidad, su carácter ajeno al objeto de investigación no significa que el mero acceso de los funcionarios de la CNC a los mismos suponga una vulneración de los derechos de defensa de la empresa inspeccionada. La Sentencia del Tribunal General de la UE de 14 de noviembre de 2012 en el asunto T-135/09 Nexans, subraya la posibilidad, o incluso obligación, de los funcionarios de competencia de comprobar, examinar o acceder a estos documentos ajenos al objeto de la inspección durante el transcurso de la misma: "No obstante, a pesar de lo anterior, cuando la Comisión realiza una inspección en los locales de una empresa en virtud del artículo 20, apartado 4, del Reglamento n° 1/2003 , está obliga a limitar su indagación a las actividades de dicha empresa relacionadas con los sectores indicados en la decisión por la que se ordena la inspección y, por consiguiente, una vez que ha comprobado, tras efectuar su examen, que un documento o una información no están comprendidos en dichas actividades, debe abstenerse de utilizarlos para su investigación". ( Sentencia del Tribunal General de la UE de 14 de noviembre de 2012 en el asunto T-135/09 Nexans, subrayado propio).

 Como explica la reciente sentencia del TG de 6 de septiembre de 2013 (asuntos T-289/11 , T-290/11 y T-521/1, Deutsche Bahn AG y otros contra Comisión Europea), esta posibilidad de acceso e investigación exhaustiva de documentación empresarial por parte de los funcionarios de competencia durante una inspección domiciliaria no incide en los derechos de defensa de la empresa inspeccionada (traducción propia a partir del texto en francés de la sentencia al no estar disponible la versión española):

 139 A este respecto, conviene subrayar en primer lugar que la Comisión puede registrar exhaustivamente el contenido de ciertos despachos o carpetas, aun cuando no haya ningún indicio claro de que en ellos se encuentre información relacionada con el objeto de la investigación, siempre y cuando existan elementos que así lo sugieran. En efecto, tal y como señala con acierto la Comisión, limitarse a entrar en los locales o a examinar las carpetas que tienen una clara relación con el objeto de la investigación podría impedir encontrar ciertos elementos de prueba importantes. Estos elementos de prueba podrían, por ejemplo, haber sido ocultados o nombrados de forma incorrecta.

 140 Además, la relación con el objeto de la investigación no es necesariamente fácil de identificar en un primer momento y puede ser que sólo un examen minucioso permita identificarla. Tal y como señala la Comisión, sus agentes no siempre tienen un conocimiento técnico perfecto del conjunto de sectores afectados por la investigación y no siempre les resulta posible determinar inmediatamente la relevancia de un documento, de manera que deben llevar a cabo necesariamente una búsqueda relativamente amplia2.

 En suma, la jurisprudencia examinada muestra que el mero acceso a la documentación ajena al objeto de la investigación no vulnera en ningún caso el derecho de defensa de la compañía inspeccionada ni esta tiene derecho a impedir durante la inspección que la autoridad de competencia realice una investigación exhaustiva y pueda acceder a estos documentos..."

 Respecto a los documentos que reflejan la relación abogado-cliente, se razona en la Resolución:

 "Así, según señala BP en su escrito de alegaciones, los inspectores de la DI tuvieron acceso a múltiples documentos abogado- cliente, por más que solo algunos de ellos se incluyeran en la copia final. BP también afirma que, independientemente de que después se guarden en un fichero o se incorporen a un expediente, tanto la jurisprudencia nacional como la europea han señalado inequívocamente que el derecho a la confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente resulta lesionado irreparablemente por el hecho mismo de que la autoridad de competencia tenga acceso al contenido de la documentación confidencial, no siendo suficiente que dichos documentos protegidos no puedan ser utilizados como elementos de prueba...

 Ante todo el Acta de Inspección permite acreditar que la copia de documentación efectuada al inicio de la inspección no tuvo el carácter masivo e indiscriminado que le atribuye BP en su recurso. En primer lugar, según consta en diversos apartados del Acta (párrafos 86 y 87) la investigación se ejecutó exclusivamente en los despachos y ordenadores de personas concretas y determinadas, en una empresa que cuenta con una plantilla muy numerosa. En el caso de la documentación digital, la misma se realizó sobre los ordenadores de diez empleados de la empresa. Como sostiene el Tribunal Supremo en su sentencia de 9 de julio de 2012 : "Parece difícil, en efecto, sostener la tesis del carácter indiscriminado de la búsqueda y de la ausencia de criterios de selección si, al final, la cuestión se reduce al rastreo y copia de archivos de únicamente tres ordenadores."

 Por otra parte, el Acta también refleja que la copia inicial realizada en dichos diez ordenadores tampoco puede considerarse indiscriminada. Tanto el personal como los representantes legales de BP estuvieron presentes durante el proceso inicial de copia a los equipos de la DI, pudiendo comprobar la información a la que éstos estaban accediendo. Todas las personas inspeccionadas, por tanto, a excepción de tres personas ausentes, estuvieron presentes durante las inspecciones efectuadas en sus despachos y en sus ordenadores, contando asimismo con la presencia de un abogado externo. En ese momento pudieron identificar aquella documentación protegida por la confidencialidad abogado-cliente, como se les anunció al inicio y durante la inspección (párrafos 18 y 34 del Acta) y en el momento en que se inspeccionó cada despacho u ordenador (párrafo 51). Consta igualmente en el Acta (párrafo 52) que, durante esta fase de inspección inicial, varias cuentas de correo web fueron sometidas a una somera comprobación por los inspectores, verificando que su contenido no se encontraba relacionado con el objeto de la investigación y descartando su copia.

 Tal y como se indica en el párrafo 51 del Acta, los inspectores preguntaron a los titulares o empleados de la empresa por la existencia de documentos de carácter personal o relacionados con las comunicaciones abogado-cliente. En general, los inspeccionados señalaron que podía encontrarse información personal, pero manifestaron no poder identificarla. Únicamente Dña. [XXX] entre las diez personas inspeccionadas, realizó una identificación más concreta de este tipo de documentos vinculados a las relaciones abogado-cliente (párrafos 53, 63 y 64 del Acta) y consta expresamente en el Acta que dichos documentos no fueron exportados a los equipos de la DI durante la copia inicial (párrafo 56 del Acta).

 Fuera de los casos señalados BP no invocó en ningún momento, respecto a documentos debidamente individualizados e identificados, la protección de la confidencialidad relacionada con el derecho de defensa. En la medida, pues, que el equipo inspector solicitó su colaboración a la hora de identificar los documentos protegidos por la confidencialidad abogado-cliente (y también los de carácter personal), BP no puede tratar de excusar su falta de comportamiento activo en una presunta copia inicial de documentación de carácter indiscriminado que no ha quedado acreditada ni por el número de personas investigadas, ni por la forma en que se ejecutó la inspección."

 Respecto a la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, se afirma en la Resolución:

 "La recurrente argumenta que la inspección llevada a cabo por la DI los días 22 y 23 de julio de 2013 es ilegítima en tanto que se ha vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio de BP por entender que su consentimiento inicial se encuentra viciado al no sospechar que la DI copiaría indiscriminadamente toda la documentación de sus empleados y directivos procedente de sus equipos informáticos, y que no se le permitiría presenciar el posterior proceso de filtrado de la misma.

 Respecto de la alegada vulneración del artículo 18.2 CE , por supuestos vicios del consentimiento prestado por BP, este Consejo considera que la empresa inspeccionada prestó un consentimiento de forma clara y explícita a la vista de la Orden de Investigación, no advirtiéndose ninguna clase de indefensión derivada del mismo. El Acta de la Inspección, en especial los párrafos 7 a 15 pone de manifiesto que, en el momento de comenzar la inspección, BP fue suficientemente informada del contenido de la inspección, de los poderes que la Ley otorga a los inspectores y de la forma en que ésta se llevaría a cabo. El relato temporal contenido en el Acta permite verificar que el consentimiento fue prestado por BP con pleno conocimiento por parte de sus responsables. Asimismo, tal consentimiento se prestó y la inspección se inició una vez presentes en la sede de BP ocho abogados externos acompañados de un técnico en informática.

 Por otro lado, esta alegación de BP respecto a posibles vicios del consentimiento no se cohonesta con la declaración incluida en el Acta en sus párrafos 39 a 41. En ellos se detalla cómo la representación legal de BP, tras señalar la disposición total de la empresa para colaborar en el proceso de inspección, solicitó aclaraciones sobre el procedimiento de búsqueda y selección de documentación en formato electrónico, en conexión con las comunicaciones abogado-cliente, así como sobre la posibilidad de que los abogados externos estuvieran presentes en este proceso. Tras recibir las oportunas explicaciones del Jefe del equipo de inspección (párrafo 40) respecto a la posible permanencia de los representantes de BP en la sala de filtrado siempre y cuando ello no permitiera conocer las herramientas informáticas y de trabajo del equipo inspector, la representación legal de BP se limitó a señalar que el procedimiento expuesto no ofrecía suficiente garantía, planteando la posibilidad de realizar manifestaciones con posterioridad al Acta, pero sin oponer que el consentimiento prestado anteriormente estuviera viciado.

 Asimismo, se reiteran aquí las consideraciones expuestas anteriormente en relación con que las actuaciones se desarrollaron conforme a las condiciones extensas y detalladamente expuestas por el equipo inspector en el momento de requerir el consentimiento de BP a la inspección, tal como se desprende del relato del Acta de la Inspección...

 En su recurso BP señala que queda acreditado que la inspección ha excedido el objeto de la investigación indicado en la Orden de Investigación en tanto que la DI ha incoado a BP un expediente sancionador relativo a una conducta de carácter vertical, que no formaba parte del objeto de la mencionada Orden puesto que ésta se refería a acuerdos horizontales...

 Ante la alegación referida a la vulneración de la inviolabilidad del domicilio por considerar determinada documentación ajena al objeto de la inspección este Consejo debe manifestar que la Orden de Investigación señala que el objeto de la información reservada en el marco de la cual se sustancia la inspección domiciliaria es "verificar la existencia y el alcance de una posible coordinación de conductas entre operadores de productos petrolíferos en materia de precios y condiciones comerciales en la distribución de combustible de automoción" añadiendo que "podrían estar llevándose a cabo intercambios de información, recomendaciones colectivas y/o conductas colusorias en materia de precios y condiciones comerciales en la distribución de combustible de automoción entre competidores y/o en el seno de las asociaciones a las que pertenecen". Todo ello dentro de la referencia a una posible infracción al artículo 1 de la LDC contenida en el párrafo inmediatamente anterior de la Orden."

 TERCERO : Veamos ahora las alegaciones actoras.

 Sostiene el recurrente que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad en cuanto la inspección de la DI ha ido más allá de lo necesario, en los siguientes ámbitos:

 A) Se ha copiado un ingente volumen de documentación. El recurrente, expresamente señala en su demanda, que, como afirma la CNC, el número de empleados inspeccionados no fue excesivo considerando el número total de empleados, pero afirma que la documentación copiada en los ordenadores inspeccionados, fue masiva y realizada en bloque. En primer lugar no puede afirmarse que la copia de documentos fuese en bloque, pues se utilizaron herramientas informáticas que discriminaban documentos. Por otra parte, que un gran número de documentos existentes en los ordenadores inspeccionados, no implica que la copia fuese masiva e indiscriminada, y, mucho menos, si, como reconoce la recurrente, el número de ordenadores inspeccionados fue escaso.

 El que, a juicio de la recurrente, existan otros medios de examen de la documentación, como detalla en la demanda, no implica, ni que los empleados por la DI sean desproporcionados, ni que los empleados por la DI vulneren algún derecho.

 B) Tampoco existe vulneración de derechos ni desproporción en impedir a los representantes de la recurrente visualizar las pantallas para mantener la confidencialidad de los instrumentos utilizados para filtrar la información. Efectivamente, la finalidad del filtrado era excluir determinados documentos, por lo que no se ven afectados por la copia de documentación. El que existieran determinados documentos - cuatro -, protegidos por el privilegio de la confidencialidad, no significa que la denegación del acceso a las pantallas vulnere derecho alguno. En primer lugar, a la actora se le entrego copia de los documentos que la DI había aprehendido, y por ello tuvo conocimiento del resultado de la inspección, en segundo lugar, en tal momento, la recurrente pudo señalar los documentos que debían excluirse, y, en tercer lugar, la recurrente tuvo oportunidad de señalar los documentos amparados por el privilegio de confidencialidad, cuya existencia y ubicación en los ordenadores debe constarle, sin necesidad de conocer los instrumentos informáticos del filtrado.

 Se afirma en la demanda, que no se eliminaron los documentos copiados y que fueron excluidos por medio del filtrado. La eliminación de los documentos no aprehendidos es una consecuencia de su falta de aportación al posterior expediente, y, en todo caso, no consta que tal documentación no haya sido posteriormente eliminada. En el punto 96 del Acta se afirma que se entrega un DVD a la interesada, con los documentos finalmente recabados, lo que supone, que solo la copia de tales documentos se encuentran en poder de la DI. Para apreciar vulneración de la proporcionalidad, sería necesario que conste que la documentación no recabada sigue en poder de la DI, y ello no resulta de lo actuado. Además, el borrado de los documentos puede ser solicitado en cualquier momento por la interesada, si efectivamente obran en poder de la DI, y no afecta a la legalidad de la inspección ya que tal borrado es un acto posterior.

 Se alega desviación de poder en cuanto la inspección excedió del ámbito de la orden de investigación.

 La Orden contempla una posible coordinación entre operadores de productos petrolíferos en materia de precios y condiciones comerciales en la distribución de combustible de automoción.

 Afirma el recurrente que el procedimiento S/0484/13, se ha incoado como consecuencia de la inspección y excede del ámbito de la orden de investigación. Sin embargo, como expresamente señala la actora, el expediente viene referido a una supuesta coordinación entre operadores de productos petrolíferos y los distribuidores independientes de combustible de automoción. Pero dados los términos de la Orden, "operadores de productos petrolíferos", es evidente que los distribuidores independientes de combustible de automoción quedan incluidos en tal denominación, por lo que no ha existido un exceso respecto de la orden de investigación. El que la coordinación se detecte e investigue respecto a operadores no competidores, no implica exceso en la orden, ya que la misma no señala si el comportamiento colusorio lo es vertical u horizontal, por lo que la actuación investigadora se extiende a ambas modalidades.

 Vemos, pues, que las facultades de inspección se han desarrollado conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 15/2007 , cuyo tenor es:

 "2. El personal habilitado a tal fin tendrá las siguientes facultades de inspección:

 a) acceder a cualquier local, terreno y medio de transporte de las empresas y asociaciones de empresas y al domicilio particular de los empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas,

 b) verificar los libros y otros documentos relativos a la actividad empresarial, cualquiera que sea su soporte material,

 c) hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de dichos libros o documentos,

 d) retener por un plazo máximo de 10 días los libros o documentos mencionados en la letra b),

 e) precintar todos los locales, libros o documentos y demás bienes de la empresa durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección,

 f) solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de la asociación de empresas explicaciones sobre hechos o documentos relacionados con el objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas."

 Cierto que este precepto ha sido derogado por la Ley 3/2013, pero esta disposición contiene en su artículo 27 las facultades de inspección de la CNMC, en idénticos términos:

 "2. El personal habilitado a tal fin tendrá las siguientes facultades de inspección:

 a) Acceder a cualquier local, instalación, terreno y medio de transporte de las empresas y asociaciones de empresas y al domicilio particular de los empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas. Asimismo podrán controlar los elementos afectos a los servicios o actividades que los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta Ley, de las redes que instalen o exploten y de cuantos documentos están obligados a poseer o conservar.

 b) Verificar los libros, registros y otros documentos relativos a la actividad de que se trate, cualquiera que sea su soporte material, incluidos los programas informáticos y los archivos magnéticos, ópticos o de cualquier otra clase.

 c) Hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de dichos libros o documentos.

 d) Retener por un plazo máximo de diez días los libros o documentos mencionados en la letra b).

 e) Precintar todos los locales, libros o documentos y demás bienes de la empresa durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección.

 f) Solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de la asociación de empresas explicaciones sobre hechos o documentos relacionados con el objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas."

 En relación a la problemática aquí tratada, la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2014, recurso 4201/2011 , ha declarado:

 "Partiendo de esa premisa, es indudable que toda actuación administrativa que comporte una invasión o interferencia en el domicilio de una persona física o jurídica debe producirse, para no ser ilegítima, dentro los cánones legalmente establecidos. En el ámbito específico de actuación de los órganos reguladores en materia de defensa de la competencia la normativa que resulta de aplicación viene constituida por los artículos 40 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , y 13 del Reglamento de Defensa de la Competencia aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, preceptos que deben ser interpretados y aplicados en consonancia con lo dispuesto en la normativa comunitaria europea sobre competencia, en particular, el Reglamento ( CE) 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, cuando se trate de conductas que en principio pudieran encajar en estos dos últimos preceptos...

 Pues bien, interpretando precisamente ese artículo 20.4 del Reglamento (CE ) 1/2003, la reciente sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 25 de noviembre de 2014 (asunto T-402/13 ) destaca, citando jurisprudencia del Tribunal Justicia, que la exigencia de indicar el objeto y la finalidad de una inspección constituye ante todo una "garantía fundamental del derecho de defensa de las empresas afectadas". De la fundamentación de esta sentencia interesa reproducir aquí los siguientes apartados:

 Reglamento nº 1/2003 de indicar el objeto y la finalidad de una inspección constituye, en efecto, una garantía fundamental del derecho de defensa de las empresas afectadas y, en consecuencia, el alcance de la obligación de motivar las decisiones de inspección no puede ser restringido en función de consideraciones relativas a la eficacia de la investigación. A este respecto, si bien es cierto que la Comisión no está obligada a comunicar al destinatario de tales decisiones todas las informaciones de que dispone acerca de supuestas infracciones, ni a delimitar con precisión el mercado de referencia, ni a proceder a una calificación jurídica exacta de dichas infracciones, ni a indicar el período durante el cual se habrían cometido las mismas, debe indicar en cambio, con la mayor precisión posible, las presunciones que pretende comprobar, es decir, qué es lo que se busca y los datos acerca de los que se debe practicar la inspección (véanse en ese sentido las sentencias Hoechst/Comisión, apartado 79 supra, EU:C:1989:337, apartado 41; de 17 de octubre de 1989 , Dow Benelux/Comisión , 85/87 , Rec, EU:C:1989:379, apartado 10, y Roquette Frères, apartado 23 supra, EU:C:2002:603, apartado 48).

 [...]

 83 En efecto, conviene recordar que la exigencia de una protección contra las intervenciones de los poderes públicos en la esfera de actividad privada de cualquier persona, sea física o jurídica, que fueran arbitrarias o desproporcionadas constituye un principio general del Derecho de la Unión ( sentencias Roquette Frères, apartado 23 supra, EU:C:2002:603, apartado 27; de 14 de noviembre de 2012, Nexans France y Nexans/Comisión, T-135/09 , EU:T:2012:596, apartado 40, y Prysmian y Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Comisión, T-140/09, EU:T:2012:597, apartado 35).

 84 Pues bien, para respetar ese principio general una decisión de inspección debe dirigirse a obtener la documentación necesaria para verificar la realidad y el alcance de una situación de hecho y de Derecho determinada acerca de la cual la Comisión ya dispone de informaciones constitutivas de indicios suficientemente fundados que permiten sospechar la existencia de una infracción de las normas sobre competencia (sentencias Nexans France y Nexans/Comisión, apartado 83 supra, EU:T:2012:596, apartado 43, y Prysmian y Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Comisión, apartado 83 supra, EU:T:2012:597, apartado 38; véase también en ese sentido y por analogía la sentencia Roquette Frères, apartado 23 supra, EU:C:2002:603, apartados 54 y 55).

 [...]

 89 Por otra parte, hay que recordar que el control de la motivación de una de decisión también permite al juez velar por el respeto del principio de protección contra las intervenciones arbitrarias y desproporcionadas, en cuanto esa motivación lleve a poner de manifiesto el carácter justificado de la intervención que se pretende realizar en el interior de las empresas afectadas (sentencias Hoechst/Comisión, apartado 79 supra, EU:C:1989:337, apartado 29; Roquette Frères, apartado 23 supra, EU:C:2002:603, apartado 47; France Télécom/Comisión, apartado 27 supra, EU:T:2007:80, apartado 57).

 90 En ese sentido es oportuno recordar que el artículo 20, apartado 4, del Reglamento nº 1/2003 define los datos esenciales que deben exponerse en una decisión que ordena una inspección, al exigir que la Comisión indique el objeto y la finalidad de ésta. En virtud de esa obligación, de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 80 resulta que incumbe a la Comisión indicar con la mayor precisión posible las presunciones que pretende comprobar, es decir, qué es lo que se busca y los datos acerca de los que se debe practicar la inspección.

 91 Por tanto, cuando el Tribunal aprecia que las presunciones que la Comisión se propone verificar y los datos acerca de los que se debe practicar la inspección están definidos con suficiente precisión, puede concluir que la decisión de inspección no tiene carácter arbitrario, sin que sea preciso comprobar materialmente los indicios de los que disponía la Comisión cuando la adoptó...&gt;&gt;...

 Trasladando las consideraciones que llevamos expuestas al caso que nos ocupa, no resulta exigible que la Orden de Investigación contuviese una información pormenorizada sobre los hechos y datos que eran objeto de investigación; pero sí debía contener especificaciones que indicasen de manera suficiente el objetivo y finalidad de la investigación. Pues bien, fácilmente se constata que la Orden de Investigación de 2 de noviembre de 2009, que era objeto de impugnación en el proceso de instancia, no contiene las especificaciones mínimamente exigibles."

 La valoración de las circunstancias concurrentes en el supuesto de autos contenidas en la presente sentencia, se realizan a la luz de la doctrina declarada por la sentencia del TS 10 de diciembre de 2014, recurso 4201/2011 , antes citada.

 De todo lo expuesto resulta la desestimación del recurso, al haberse realizado la entrada y registro conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico.

 De lo expuesto resulta la desestimación del recurso.

 Procede imponer las costas a la recurrente, conforme a los criterios contenidos en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 29/1998 en su redacción dada por la Ley 37/2011.

 VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, por el poder que nos otorga la Constitución:

FALLAMOS

 Que desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por BP España S.A. , y en su nombre y representación el Procurador Sr. Dº Alberto Hidalgo Martinez, frente a la Administración del Estado , dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 3 de octubre de 2013 , debemos declarar y declaramos ser ajustada a Derecho la Resolución impugnada, y en consecuencia debemos confirmarla y la confirmamos , con imposición de costas a la recurrente.

 Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la misma cabe recurso de casación, siguiendo las indicaciones prescritas en el artículo 248 de la Ley Orgánica 6/1985 , y testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN / Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.