Id. Cendoj: 28079130032015100150
ECLI: ES:TS:2015:2186
ROJ: STS  2186/2015
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 25/05/2015
Nº de Recurso: 3974/2012
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: EDUARDO CALVO ROJAS
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA. AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA. LA SENTENCIA DE INSTANCIA ANULA LA RESOLUCIÓN PORQUE LA OPERACIÓN DE ADQUISICIÓN NO CONSTITUÍA UNA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ENONÓMICA NOTIFICABLE. NO HA LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN.  
  
  Idioma:
  
    Español  

 SENTENCIA

 En la Villa de Madrid, a veinticinco de Mayo de dos mil quince.

 La Sala constituida por los Excmos. Sres. Magistrados relacionados al margen ha visto el recurso de casación nº 3974/2012 interpuesto por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y asistida por la Abogacía del Estado, contra la sentencia de la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 19 de septiembre de 2012 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 2470/2010 . No ha habido personación de parte recurrida.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO.- La representación de la entidad mercantil Consenur, S.A. interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 10 de marzo de 2010 en la que, visto el expediente relativo a adquisición por parte de Consenur del control exclusivo sobre Ecotec (Expediente C70185/10), y de acuerdo con el informe y la propuesta remitidos por la Dirección de Investigación, se acuerda autorizar la citada operación de concentración en primera fase, salvo en lo que respecta a la duración del pacto de no competencia en lo que exceda de dos años, que se encuentra sujeto a la normativa de competencia aplicable a los acuerdos entre empresas.

 La Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó sentencia con fecha 19 de septiembre de 2012 (recurso contencioso- administrativo nº 2470/2010 ) en cuya parte dispositiva se acuerda:

 &lt;&lt; FALLAMOS.- Que debemos estimar sustancialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de CONSENUR, S.A., contra la Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, de fecha 10 de marzo de 2010, que anulamos por su disconformidad a derecho, declarándose que la adquisición no fue una operación de concentración económica notificable, con los efectos que de ello resulten. Sin costas&gt;&gt;.

 SEGUNDO.- Son datos de la resolución administrativa que aparecen reseñados en el fundamento jurídico primero de la sentencia, los siguientes:

 &lt;&lt; (...) La operación de concentración consiste en la adquisición por parte de CONSENUR del control exclusivo sobre ECOTEC, mediante la compraventa del 95% de su capital social. Cabe señalar que ECOTEC fue constituida con fecha 2 de octubre de 2006, a partir de la segregación del negocio de gestión de residuos sanitarios de la sociedad Implantes y Tecnologías Médicas S.L., siendo los propietarios iniciales de ECOTEC la sociedad IT Médicas (95% de su capital social) y CONSENUR (5% restante).

 La referida adquisición se formalizó mediante un contrato de compraventa suscrito el 25 de enero de 2007, por el cual CONSENUR adquiere la parte del capital social de ECOTEC que no poseía. Dicho contrato se ejecutó el 30 de octubre de 2007.

 La operación es una concentración económica conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1.b) de la LDC &gt;&gt;.

 El posicionamiento de los litigantes en el proceso de instancia lo sintetizan los fundamentos segundo y tercero de la sentencia, en los siguientes términos:

 &lt;&lt; (...) SEGUNDO: La actora en su escrito de demanda discrepa tanto del análisis del mercado de producto como del análisis del mercado geográfico, de lo que deduce que no existió obligación de notificar y, en consecuencia, que no cometió la infracción que se le imputa, procediendo la anulación de la resolución de autorización.

 La actora defiende una delimitación del mercado de producto relevante más amplia, consistente en la gestión de residuos peligrosos y no como gestión de residuos sanitarios peligrosos, basándose para ello en varios motivos: 1.- que dicha delimitación se corresponde con los precedentes nacionales y comunitarios existentes en materia de control de concentraciones, en los que se habla de un mercado de gestión de residuos peligrosos sin realizarse una distinción entre los tipos de residuos peligrosos 2.- que es irrelevante que la actora no discutiese una determinada definición de mercados propugnada por el órgano instructor en el marco de un expediente de cártel. 3.- razones de sustituibilidad de la oferta confirman la definición de mercado y así considera que la sustituibilidad por el lado de la oferta no se limita a las empresas que prestan servicios de gestión de otros tipos de residuos sanitarios sino que se extiende, además, a otras empresas del mercado de residuos peligrosos. 4.- Los precedentes comunitarios sobre la delimitación del mercado relevante señalan que se debe ampliar el mercado relevante para incluir empresas presentes en mercados conexos si éstas pueden pasar a comercializar el servicio en cuestión a corto plazo, sin incurrir en costes o riesgos adicionales significativos. 5.- El mercado de referencia propugnado se corresponde con los resultados del test de mercado realizado por la DI, pues muchas de las empresas consultadas consideraron que no se debe clasificar el mercado de residuos sanitarios como un mercado separado.

 Y por lo que respecta al mercado geográfico considera que el área ultraperiférica de las Islas Canarias debe definirse como un mercado geográfico distinto del mercado peninsular, por lo que en consecuencia la operación no habría superado el umbral de cuota de mercado.

 Alega igualmente el principio de seguridad jurídica en conjunción con el Libro Blanco para la reforma del Sistema de Defensa de la Competencia, publicado en 2005 por la Dirección General de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Hacienda que se opone a considerar notificable una operación de concentración económica en contravención de los precedentes de las autoridades españolas y comunitarias de defensa de la competencia en materia de definición de mercados.

 TERCERO: El Abogado del Estado por su parte sostiene que de la resolución impugnada se pone de manifiesto la insustituibilidad de la oferta pues no basta con justificar que una empresa pueda pasar a prestar la actividad de recogida y transporte de residuos sanitarios peligrosos cuando su actividad normal se refiere a otra clase de residuos peligrosos, sino que debe analizarse esa entrada en el mercado teniendo en cuenta los estándares marcados por las autoridades de defensa de la competencia en términos de costes, tiempo, autorizaciones administrativas, etc.

 Y por lo que respecta al análisis del mercado geográfico la razón más importante para considerarlo como nacional y no reducido a la Comunidad Autónoma de Canarias es que el transporte de los residuos se lleva a cabo por todo el territorio nacional pues no existen plantas de tratamiento en todas las Comunidades Autónomas, incluso en algunos casos las plantas se encuentran fuera de España por lo que resulta evidente que el transporte de los residuos es una actividad que tiene su proyección geográfica en todo el territorio del Estado, sin que existan compartimentos de nivel inferior de carácter autonómico porque las empresas que la desarrollan actúan con total independencia respecto de los límites territoriales de las Comunidades Autónomas. Sostiene que en cualquier caso, las conclusiones sobre la notificabilidad de la operación de concentración o sobre su análisis no se ven alteradas si se definiese un ámbito geográfico relevante más estrecho, que abarcase Canarias ya que el artículo 8.1.a) de la LDC debe interpretarse en el sentido de que cuando la cuota del 30% no se supera en el ámbito nacional pero hay un mercado definido dentro el mismo donde si se supera, se entiende que también existe obligación de notificar&gt;&gt;.

 En el fundamento cuarto de la sentencia la Sala de instancia invoca su anterior sentencia de fecha 6 de junio de 2012 en la que se estimó el recurso interpuesto por la misma entidad Consenur, S.A contra la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia en la que se le imponía una multa de 46.500 euros como responsable de una infracción del artículo 62.3.d/ de la Ley de Defensa de la Competencia . Según explica la sentencia ahora recurrida, en aquella anterior sentencia se anuló la resolución sancionadora señalando que no era absolutamente infundado considerar, como hizo la recurrente, el mercado relevante como el de la gestión de residuos peligrosos, dada la intercambiabilidad de la oferta, y no limitar el mercado de producto al de su recogida y transporte, lo cual encuentra un fundamento normativo entendiendo con ello que falta el elemento subjetivo de la infracción administrativa.

 Así las cosas la Sala de instancia delimita el objeto del litigio del modo siguiente:

 &lt;&lt;...el objeto del presente pleito queda circunscrito, al haberse anulado la sanción, a determinar si el análisis de mercado de producto y del mercado geográfico realizado por la DI, es o no el correcto para determinar si la adquisición fue o no una operación de concentración notificable&gt;&gt;.

 Tras dejar transcritos los artículos 8 y 9 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia , aplicables al caso, el fundamento jurídico quinto de la sentencia acota la cuestión controvertida señalando:

 &lt;&lt; (...) Considera la CNC que la obligación de notificación existía, ya que, como se señala en el Informe-Propuesta de la Dirección de Investigación, la adquisición por CONSENUR del control exclusivo de ECOTEC, en el sentido del artículo 7.1.b) de la LDC , era una operación de concentración económica que superaba el umbral del 30% de un mercado relevante de producto, artículo 8.1.a)&gt;&gt;.

 Así delimitados los términos del debate, su examen lo lleva a cabo el fundamento sexto de la sentencia, cuyo contenido es el siguiente:

 &lt;&lt; (...) SEXTO.- La cuestión se centra en determinar si el mercado de producto relevante a los efectos del presente expediente debe ser definido como gestión de residuos peligrosos y no como gestión de residuos sanitarios peligrosos, ya que en el primer caso, no se alcanzaría la cuota de mercado exigida para establecer la obligación de notificar.

 La recurrente afirma que existen precedentes en Derecho interno y Comunitario que tratan como mercado relevante el de gestión de residuos.

 En Derecho Europeo el mercado de producto se define: El mercado de producto de referencia comprende la totalidad de los productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus características, su precio o el uso que se prevea hacer de ellos.

 El análisis de la sustituibilidad de la demanda implica la determinación de la serie de productos que el consumidor considera substitutivos. Para llegar a esta determinación puede realizarse un ejercicio mental, que presuponga una variación pequeña y no transitoria de los precios relativos y que analice la posible reacción de los consumidores frente a esta variación [...].

 La cuestión que debe resolverse es la de si los clientes de las partes estarían dispuestos a pasar a productos sustitutivos fácilmente disponibles o a proveedores localizados en otro lugar en respuesta a un pequeño (5% a 10%) y permanente incremento hipotético de los precios relativos para los productos y zonas considerados. Si el grado de sustitución es suficiente para hacer que el incremento de precios no sea rentable debido a la reducción resultante de las ventas, se incluirán en el mercado de referencia otros productos sustitutivos y zonas hasta que el conjunto de productos y zonas geográficas sea tal que resulte rentable un pequeño incremento permanente de los precios relativos. En los casos de concentración del poder de compra se aplica un análisis equivalente, cuyo punto de partida es el proveedor, permitiendo el examen de los precios determinar los canales o puntos de distribución alternativos para sus productos.

 La sustituibilidad de la oferta también puede tenerse en cuenta al definir mercados en los casos en que sus efectos son equivalentes a los de la sustituibilidad de la demanda en términos de eficacia y de respuesta inmediata. Esto requiere que los proveedores puedan pasar a fabricar los productos de referencia y comercializarlos a corto plazo, sin incurrir en costes o riesgos adicionales significativos, en respuesta a pequeñas variaciones permanentes de los precios relativos. Cuando se cumplan estas condiciones, la producción adicional que se comercialice tendrá un efecto restrictivo sobre el comportamiento competitivo de las empresas afectadas. Este impacto en términos de eficacia y de respuesta inmediata es equivalente al efecto de sustitución de la demanda.

 En el presente supuesto la resolución de la cuestión planteada no puede pasar por el estudio de la sustituibilidad de la demanda porque cada tipo de producto es único, como única la gestión del mismo, por lo que ha de acudirse a la sustituibilidad de la oferta, es decir, si una empresa de gestión de residuos peligrosos puede sustituir en la actividad a una empresa de gestión de residuos peligrosos sanitarios, o dicho de otro modo, si la recogida y transporte de residuos sanitarios peligrosos forma parte o no del mismo mercado de producto que la recogida y transporte de otros residuos peligrosos.

 La resolución impugnada señala que la gestión de los residuos sanitarios peligrosos consta de diferentes fases: 1.- La recogida de los contenedores por tipo de residuo sanitario. 2.- El transporte de los residuos a un almacén o planta de transferencia donde se acumulan temporalmente y 3.- El transporte hasta la planta donde serán tratados para su descontaminación o eliminación.

 Asimismo se señala en el punto 39 de la resolución impugnada que el único mercado en el que está presente ECOTEC en el momento de la ejecución de la compraventa es el de la recogida y transporte de residuos sanitarios peligrosos.

 Consta en autos dictamen pericial en el que se señala que solo se puede aseverar claramente la diferenciación del mercado de producto de referencia de gestión de productos peligrosos por un lado y el de gestión de productos peligrosos sanitarios por otro, si los contemplamos en el conjunto de todas sus actividades, es decir, si se incluyen los servicios de recogida, transporte, tratamiento y eliminación, ahora bien si ambos servicios, recogida-transporte y tratamiento- eliminación, pertenecen a mercados de producto de referencia distintos, la respuesta no es tan clara, ya que solo pequeños matices nos hace determinarnos por la separación de ambos mercados en el caso de la recogida y transporte de residuos, como es la barrera de entrada que supone la necesidad de contar con la aceptación para prestar el servicio de recogida y transporte de residuos peligrosos sanitarios por parte de una empresa tratadora de residuos peligros sanitarios, aceptación que no es preceptiva para el resto de residuos peligrosos. El resto de características estudiadas, que hacen referencia tanto a la definición, más específica en los residuos peligrosos sanitarios respecto de los residuos peligrosos en general, como a los modelos de gestión, prácticamente similar pues ambas actividades consisten en lo mismo, y la legislación aplicable que es prácticamente la misma, siendo en ambas el elemento determinante en la gestión empresarial un buen sistema logístico, pudiendo ser el mismo para ambos servicios de transporte y recogida, únicamente adaptando las pequeñas peculiaridades que supongan los productos sanitarios.

 Pues bien continúa señalando el perito que el resto de características no determinan lo suficiente como para separar el mercado de transporte y recogida de productos peligrosos del mercado de transporte y recogida de productos peligrosos sanitarios.

 Criterio que esta Sala considera el más correcto, ya que si ECOTEC no realizaba a la fecha de la adquisición los servicios de tratamiento y eliminación de residuos, pues solo realizaba servicios de recogida y transporte de residuos peligrosos sanitarios, no hay razón para no estimar las alegaciones de la actora y considerar que el mercado de producto relevante a los efectos del presente expediente debe ser definido como gestión de residuos peligrosos en general y no como gestión de residuos sanitarios peligrosos, en lo que se refiere a la recogida y transporte, que es el que aquí nos interesa, por la sencilla razón de que a la vista de los datos expuestos no hay ninguna razón para diferenciarlos.

 Efectivamente es dable considerar que la actora pueda llevar a cabo la recogida y transporte de residuos peligrosos en general y no solo de los peligrosos sanitarios sin incurrir en costes o riesgos especialmente significativos, por lo que de este modo el mercado de producto relevante es más amplio que el contemplado, no superándose con ello el umbral del 30% de cuota de mercado -hecho no discutido por la Administración- y por tanto la operación de concentración no es notificable, sin necesidad de entrar en el análisis de cual ha de ser el mercado geográfico relevante.

 Entendemos que en el presente supuesto se ha partido de un error al considerar dentro de la gestión de residuos tanto la recogida-transporte como el tratamiento- eliminación. Efectivamente dentro de la gestión cabe incluir los cuatro apartados anteriores, ahora bien, si tenemos en cuenta y así lo reconoce la Administración que la actora sólo desarrolla los dos primeros, recogida-transporte, y que respecto de éstos no es posible diferenciar prácticamente entre residuos sanitarios peligrosos y residuos peligrosos en general, la determinación del mercado relevante debe partir únicamente de los servicios que la actora realiza o puede realizar sin incurrir en costes o riesgos especialmente significativos, no hay ninguna razón, a nuestro entender, para incluir a la hora de llevar a cabo dicha determinación, operaciones que no están contempladas por el acuerdo de concentración, modificando así la cuota de mercado en perjuicio del recurrente y exigiéndose un requisito de notificación que no procede&gt;&gt;.

 Por tales razones la Sala de instancia estima el recurso contencioso-administrativo, en los términos que antes hemos dejado señalados.

 TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, la representación procesal de la Administración del Estado preparó recurso de casación y luego efectivamente lo interpuso mediante escrito presentado el 4 de enero de 2013 en el que formula un único motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.d/ de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , alegando la infracción de los artículos 7 , 8 y 10 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia , por haber considerado la Sala de instancia que la adquisición por parte de Consenur del control exclusivo sobre Ecotec no era una operación de concentración económica sujeta a notificación. En el motivo de casación se denuncia la valoración arbitraria de la prueba, aduciendo la Administración recurrente que el informe aportado por la demandante no es propiamente un informe técnico, pues se adentra en valoraciones jurídicas sobre la identificación del mercado relevante; y, en definitiva, se reprocha a la sentencia el haber hecho prevalecer ese informe aportado por la parte actora frente a los de carácter administrativo que obraban en el expediente.

 Termina el escrito del Abogado del Estado solicitando que se case y anule la sentencia recurrida y, en su lugar, se dite otra declarando ajustada a derecho la resolución administrativa impugnada.

 CUARTO.- Mediante providencia de la Sección Primera de esta Sala de 11 de abril de 2013 se acordó la admisión del recurso de casación segundo, así como la remisión de las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.

 QUINTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sección Tercera, y no habiendo habido personación de parte recurrida, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose finalmente al efecto el día 19 de mayo de 2015, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.

 Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Calvo Rojas ,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO.- El presente recurso de casación nº 3974/2012 lo interpone la representación procesal de la Administración del Estado contra la sentencia de la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 19 de septiembre de 2012 (recurso contencioso-administrativo nº 2470/2010 ) en la que, "estimando sustancialmente" el recurso contencioso administrativo interpuesto por Consenur, S.A., se anula la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 10 de marzo de 2010.

 Como hemos visto en el antecedente primero, la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia, considerando que la adquisición por parte de Consenur del control exclusivo sobre Ecotec era una operación de concentración económica notificable, acuerda autorizar la citada operación de concentración en primera fase salvo en lo que respecta a la duración del pacto de no competencia en lo que exceda de dos años, que se encuentra sujeto a la normativa de competencia aplicable a los acuerdos entre empresas.

 La sentencia anula la referida resolución por entender la Sala de instancia que la adquisición no fue una operación de concentración económica notificable, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 , 8 y 10 de la Ley 15/2007 , porque como consecuencia de la concentración a que se refiere el litigio no se supera la cuota del 30 % del mercado relevante.

 En el antecedente segundo han quedado reseñadas las razones que se exponen en la sentencia recurrida para fundamentar la estimación del recurso contencioso-administrativo. Procede entonces que pasemos a examinar el único motivo de casación que ha formulado la Administración del Estado, cuyo contenido hemos resumido en el antecedente tercero.

 SEGUNDO.- Como hemos visto, en el motivo de casación el Abogado del Estado alega la infracción de los artículos 7 , 8 y 10 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia , por haber considerado la Sala de instancia que la adquisición por parte de Consenur del control exclusivo sobre Ecotec no era una operación de concentración económica sujeta a notificación. En el motivo de casación se denuncia la valoración arbitraria de la prueba aduciendo el representante procesal de la Administración que el informe aportado por la demandante no es propiamente un informe técnico, pues se adentra en valoraciones jurídicas sobre la identificación del mercado relevante; y, en definitiva, se reprocha a la sentencia el haber hecho prevalecer ese informe aportado por la parte actora frente a los de carácter administrativo que obraban en el expediente.

 El motivo de casación así planteado no puede ser acogido.

 Ante todo debemos recordar que, según reiteradísima jurisprudencia, la valoración de la prueba no puede ser revisada en casación salvo en supuestos excepcionales, como son aquellos en que se justifique que el tribunal de instancia ha vulnerado alguno de los escasos preceptos de nuestro ordenamiento que atribuyen valor tasado a determinados medios de prueba, o en que la valoración realizada sea arbitraria o ilógica y, por consiguiente, vulneradora del artículo 9.3 de la Constitución . No basta entonces con señalar que el resultado probatorio obtenido por la Sala de instancia pudo ser distinto o que es erróneo, a juicio de la parte recurrente, pues, como decimos, resulta necesario justificar que la valoración realizada es arbitraria, irrazonable o conduce a resultados inverosímiles.

 Establecido lo anterior, no cabe afirmar que en este caso la valoración de la prueba llevada a cabo por Sala de instancia sea arbitraria; y tampoco cabe sostener - por más que así lo pretenda la Administración recurrente- que el informe aportado por la demandante no es propiamente un informe técnico porque se adentra en valoraciones jurídicas sobre la identificación del mercado relevante.

 Según hemos visto, la sentencia de instancia parte de la distinción -tomada de la resolución administrativa impugnada en el proceso- de tres fases diferentes en la gestión de los residuos sanitarios peligrosos: 1/ la recogida de los contenedores por tipo de residuo sanitario; 2/ el transporte de los residuos a un almacén o planta de transferencia donde se acumulan temporalmente; y 3/ el transporte hasta la planta donde serán tratados para su descontaminación o eliminación. Y la Sala de instancia reproduce un dato tomado también de la resolución administrativa (punto 39) como es el relativo a que "...el único mercado en el que está presente ECOTEC en el momento de la ejecución de la compraventa es el de la recogida y transporte de residuos sanitarios peligrosos."

 Partiendo de tales datos, la Sala de instancia comparte el parecer del perito en el sentido de que la diferenciación del mercado de gestión de productos peligrosos por un lado y el de gestión de productos peligrosos sanitarios por otro sólo opera con plenitud si los contemplamos en el conjunto de todas sus actividades, es decir, si se incluyen los servicios de recogida, transporte, tratamiento y eliminación; pero la conclusión es distinta si el examen se circunscribe a las actividades de recogida y transporte de residuos, pues aquí tanto las características de la actividad como los modelos de gestión son muy similares tanto si se trata de residuos peligrosos como si de residuos peligrosos sanitarios, siendo en ambos casos el elemento determinante en la gestión empresarial la existencia de un buen sistema logístico, sin que existan elementos diferenciadores que justifiquen que deban considerarse como mercados separados el de los servicios de recogida y transporte de productos peligrosos y el de recogida y transporte de productos sanitarios.

 Así las cosas, y dado que en la fecha en que tuvo lugar la adquisición la empresa Ecotec no realizaba los servicios de tratamiento y eliminación de residuos sino, únicamente, los de recogida y transporte de residuos peligrosos sanitarios, la Sala de instancia considera que el mercado de producto relevante a los efectos del presente expediente debe ser definido como gestión de residuos peligrosos en general y no como gestión de residuos sanitarios peligrosos; y ello -explica la Sala de instancia- porque en lo en lo que se refiere a la recogida y transporte, que es el aspecto que aquí interesa, no hay ninguna razón para diferenciarlos. Por ello la sentencia concluye: &lt;&lt; (...) Efectivamente es dable considerar que la actora pueda llevar a cabo la recogida y transporte de residuos peligrosos en general y no solo de los peligrosos sanitarios sin incurrir en costes o riesgos especialmente significativos, por lo que de este modo el mercado de producto relevante es más amplio que el contemplado, no superándose con ello el umbral del 30% de cuota de mercado -hecho no discutido por la Administración- y por tanto la operación de concentración no es notificable, sin necesidad de entrar en el análisis de cuál ha de ser el mercado geográfico relevante&gt;&gt;.

 No apreciamos arbitrariedad alguna en la línea de razonamiento que acabamos de sintetizar, ni puede ser tachada de arbitraria la valoración favorable que hace la Sala de instancia del informe pericial aportado. En consecuencia, el motivo de casación debe ser desestimado.

 TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , deben imponerse las costas del recurso de casación a la parte recurrente.

 Vistos los preceptos y jurisprudencia citados, así como los artículos 86 a 95 de la Ley de esta Jurisdicción .

FALLAMOS

 No ha lugar al recurso de casación nº 3974/2012 interpuesto en representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO contra la sentencia de la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 19 de septiembre de 2012 (recurso contencioso-administrativo nº 2470/2010 ), con imposición de las costas del recurso de casación a la parte recurrente.

 Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Pedro Jose Yague Gil Eduardo Espin Templado Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat Eduardo Calvo Rojas Maria Isabel Perello Domenech PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, lo que certifico.