Id. Cendoj: 28079230062015100140
ECLI: ES:AN:2015:1640
ROJ: SAN  1640/2015
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 07/05/2015
Nº de Recurso: 666/2012
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    No encontrada materia3-1535  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000666 / 2012

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 07800/2012

 Demandante: GRUPO LACTALIS IBERIA SA

 Procurador: D. MANUEL LANCHARES PERLADO

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 Madrid, a siete de mayo de dos mil quince.

 VISTO, en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, el recurso nº 666/12 , seguido a instancia de " Grupo Lactalis Iberia SA ", representada por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Lanchares Perlado, con asistencia letrada, y como Administración demandada la General del Estado, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado. El recurso versó sobre impugnación de Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) , la cuantía se fijó en menos de 600.000 €, e intervino como ponente el Magistrado Don SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO. La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO :.- Para el correcto enjuiciamiento de la cuestión planteada es necesario el conocimiento de los siguientes hechos:

 1. Mediante Orden de Investigación de la Dirección de Investigación (DI) de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se autorizó a determinados empleados públicos "la entrada en la sede de Grupo Lactalis Iberia SA situada en C/Ferrer i Busquets 125, Mollerusa (Lérida), o en cualquier otro establecimiento de esta empresa, su matriz, sus filiales o participadas en Cataluña".

 2. Mediante Auto del Juzgado de lo contencioso administrativo único de Lérida, de 9 de julio de 2012 , se accedió a lo solicitado, pero se limitó la entrada al domicilio identificado, excluyendo expresamente de la autorización la entrada genérica en cualquier otro domicilio de la empresa matriz, filiales o participadas en Cataluña, dado la vaguedad de los términos con los que se produjo la petición.

 3. La entrada se produjo en el indicado domicilio, que en realidad era la sede de las mercantiles del mismo grupo, "Puleva Food SL", "Lactalis Compras y Suministros SL", y "Lactalis Puleva SL", los días 11 y 12 de julio de 2012.

 4. Los servicios jurídicos del grupo Lactalis, puestos en contracto telefónico con los inspectores les advirtieron de la falta de correspondencia entre los titulares de los locales inspeccionados y la empresa designada en el Auto a dichos efectos, por lo que manifestaron su oposición a las actuaciones inspectoras.

 5. La recurrente interpuso un recurso ante el Consejo ante dichos hechos, dando lugar a la Resolución de 18 de octubre de 2012, desestimatoria de su doble pretensión: declaración de nulidad de las actuaciones de entrada y registro y adopción de medidas cautelares tendentes a no transmitir a terceros la información recabada.

 SEGUNDO:.- Por la representación de la actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución precedente, formalizando demanda con la súplica de que se dictara sentencia declarando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme a derecho. La fundamentación jurídica de la demanda, tras recordar los derechos fundamentales vulnerados, singularmente los artículos 18 y 24, se basó en las siguientes consideraciones:

 1. Sobre el ámbito de la Inspección de la CNC:

 -El Auto del Juzgado de lo contencioso-administrativo de Lérida de 9 de julio de 2012 , expresamente excluyó de la autorización de entrada, "cualquier otro establecimiento de esta empresa, sus filiales o participadas en Cataluña", lo que supone una evidente contradicción con la orden de la DI.

 -Invoca la doctrina del Tribunal Constitucional, que exige la plena identificación de domicilio inspeccionado y del tildar del mismo. En el presente caso, el Auto autoriza la entrada en el domicilio de la recurrente que tiene su sede en otra localidad, mientras que el domicilio de figura en el Auto es de empresas filiales o participadas por la recurrente, por lo que no se produce esa identidad.

 - Improcedente aplicación de la doctrina de la unidad económica de los

 grupos de empresas:

 -Sólo las personas físicas y jurídicas tienen capacidad de asumir obligaciones, por lo que sólo éstas pueden ser destinatarios de las resoluciones de la Administración, y ello, tanto para los efectos del procedimiento, como de la imposición de la sanción.

 -Se impone una interpretación restrictiva de la orden de entrada, pues la misma está limitando derechos de rango superior, como son los derechos fundamentales y lo que ha hecho la CNC es lo contrario.

 -Invoca el principio de interpretación favorable para dar efectividad a los derechos fundamentales.

 2. Irrelevancia del posible consentimiento que pueda alegarse:

 -La abogada de la empresa, por vía telefónica, advirtió el mismo día de la inspección, de las irregularidades del Auto y de la ilegalidad de la entrada, por lo que no puede concluirse que la actitud de los empleados de franquear la entrada a los inspectores, pueda equipararse a un consentimiento a dicha actuación, especialmente si se tiene en cuenta que se les conminó con penas de prisión en caso de oponerse a la Inspección.

 TERCERO:.- La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella con la súplica de que se dicte sentencia desestimando el recurso y declarando ajustada a derecho la resolución recurrida.

 CUARTO:.- Practicada la prueba declarada pertinente, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.

 QUINTO:.- Señalado el día 28 de abril de 2015 para la votación y fallo ésta tuvo lugar en la reunión del Tribunal señalada al efecto.

 SEXTO:.- Aparecen observadas las formalidades de tramitación, que son las del procedimiento ordinario.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO: La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la Resolución de fecha 18 de octubre de 2012, dictada por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en cuya virtud se desestimó el recurso interpuesto por la recurrente frente a las actividades materiales de inspección realizadas por personal afecto a la División de Investigación, los días 11 y 12 de julio de 2012 en el local sito en la calle Ferrer y Busquets 125 de Mollerusa (Lérida) y al mismo tiempo se denegó la medida cautelar solicitada, consistente en la abstención del análisis de la documentación incautada y prohibición de acceso a la misma de terceros interesados, todo ello hasta la resolución de las piezas de medidas cautelares incoadas.

 SEGUNDO: El primer motivo de recurso planteado por la recurrente no puede ser acogido, pues si bien es cierto que el Auto del Juzgado de lo contencioso-administrativo de Lérida de 9 de julio de 2012 , expresamente excluyó de la autorización de entrada, "cualquier otro establecimiento de esta empresa, sus filiales o participadas en Cataluña", también lo es, y esta parte la omite el recurrente en sus alegaciones, que en su FJ 8 se indica que la denegación de entrada se refiere a domicilios distintos de aquel que ha sido identificado en la Orden de investigación.

 Es decir, lo que el Auto no ampara es la petición de entrada a domicilios no identificados aunque pertenezcan a entidades del grupo Lactalis. Por el contrario el Auto avala expresamente la entrada en el domicilio cuya ubicación se ha descrito en el anterior Fundamento Jurídico y ese fue exactamente el domicilio en el que entraron los funcionarios de la CNMC.

 La entrada, tal y como se recoge en la actas acompañadas por la recurrente, se produjo siguiendo las pautas legalmente establecidas y de acuerdo con los términos del artículo 13 del RD 261/2008 de 22 de febrero . Las advertencias que los funcionarios hicieron a las personas que se encontraban en la sede forman parte de sus obligaciones y en modo alguno puede calificarse de amenaza la advertencia realizada a un empleado en el sentido de que la oposición a la actividad inspectora puede llegar a constituir un delito o infracción grave o muy grave.

 La jurisprudencia constitucional invocada trata de evitar las entradas indiscriminadas en domicilios no identificados. Ninguna de estas circunstancias concurre en este caso, por la simple razón de que el Auto judicial había autorizado la entrada en un único domicilio, perfectamente identificado, y lo hizo a la luz de los datos y sospechas presentados por la División de Investigación, y justamente para recabar pruebas incriminatorias contra la entidad recurrente, con el resultado consignado en autos.

 El hecho de que el local en cuestión fuera la sede, no exactamente de la entidad recurrente sino de empresas por ella participadas o pertenecientes a su grupo deviene irrelevante, pues la privacidad que protege el artículo 18 CE no se ha visto afectada por esta circunstancia, dada la evidente conexión entre todas las empresas.

 El concepto económico de empresa a que se refiere la resolución recurrida no puede ser cuestionado en los términos en los que lo hace la recurrente. En efecto, una cosa es que para el ejercicio de la potestad sancionadora se individualice entre las distintas personas intervinientes en la infracción, como consecuencia del principio de personalidad de la pena y otra muy distinta es que a otros efectos, y uno de ellos es el caso analizado, no pueda tenerse en cuenta la unidad empresarial, es decir, la empresa como concepto económico, que es el empleado por el TTJUE.

 En definitiva, este es el criterio que seguimos en la Sentencia de 29 de noviembre de 2013, recurso nº 379/12 , paralelo al presente y que mantenemos en este acto.

 TERCERO: La conclusión a la que hemos llegado en el Fundamento jurídico anterior, hace innecesario el examen de la cuestión relativa a la existencia o no de consentimiento a los actos de inspección por parte de los trabajadores que se hallaban en el domicilio indicado.

 CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas al recurrente, parte vencida en este proceso, sin que se aprecien por la Sala la existencia de serias dudas que justifiquen un especial pronunciamiento sobre esta materia.

 Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente

FALLO

 Desestimamos el recurso interpuesto y en consecuencia confirmamos el acto impugnado. Se imponen las costas a la parte recurrente. Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 248 de la LOPJ , al tiempo de notificar la presente sentencia, se indicará a las partes que contra la misma cabe recurso de casación ordinario ante la Sala III del Tribunal Supremo, que podrá preparar ante este mismo Tribunal, en los diez días siguientes a la notificación de la Sentencia.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 13/05/2015 doy fe.