Id. Cendoj: 28079230062015100178
ECLI: ES:AN:2015:2047
ROJ: SAN  2047/2015
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 05/06/2015
Nº de Recurso: 322/2013
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: ANA ISABEL RESA GOMEZ
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000322 / 2013

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 03047/2013

 Demandante: TECNIBERIA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

 Procurador: D. JUÁN ANTONIO GARCÍA SAN MIGUEL

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IIma. Sra.: Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. Berta Santillan Pedrosa

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA

 Madrid, a cinco de junio de dos mil quince.

 Visto el recurso contencioso administrativo que con el número 322/2013, ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido TECNIBERIA ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE INGENIERIA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS representada por el Procurado D. Juan Antonio García San Miguel y Orueta frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 4 de junio de 2013, relativa a expediente sancionador por incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia , con una cuantía de 200.000€, siendo Ponente la Iltma. Sra. Dª ANA ISABEL RESA GÓMEZ, Magistrada de la Sección.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO -. La representación procesal indicada interpuso recurso contencioso-administrativo ante esta Sala contra la Resolución de referencia mediante escrito de fecha 15 de julio de 2013. Por Decreto del Sr. Secretario se acordó tener por interpuesto el recurso, ordenando la reclamación del expediente administrativo.

 SEGUNDO -. En el momento procesal oportuno la representación procesal de la actora formalizó la demanda mediante escrito en el que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de rigor, terminó suplicando se dicte sentencia por la que con estimación del recurso se anule la resolución impugnada o, subsidiariamente se reduzca sustancialmente la sanción impuesta a una cifra no superior a 5.000€.

 TERCERO -. El Abogado del Estado contestó a la demanda para oponerse a la misma, y con base en los fundamentos de hecho y de derecho que consideró oportunos, terminó suplicando la desestimación del recurso.

 CUARTO -. No solicitado el recibimiento del pleito a prueba y tras evacuar las partes el trámite de conclusiones quedaron los autos conclusos y pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 2 de junio de 2015 en el que efectivamente se deliberó, votó y falló, habiéndose observado en la tramitación del presente recurso todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO .- Es objeto de impugnación en este recurso contencioso-administrativo el acuerdo dictado por la Comisión Nacional de la Competencia el día 4 de junio de 2013 en el expediente sancionador S/0356/11, incoado por la Dirección de Investigación de la CNC por supuestas prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC ).

 SEGUNDO -. El resuelve de la resolución impugnada acuerda:

 PRIMERO.- Declarar que en este expediente ha resultado acreditada una infracción del Artículo 1.1.a) de la Ley de Defensa de la Competencia consistente en una recomendación de precios, de la que son autores el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) y la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA).

 SEGUNDO.- Imponer a los autores de la conducta infractora las siguientes multas sancionadoras:

 - Doscientos mil euros (200.000€) al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

 - Doscientos mil euros (200.000€) a la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos.

 TERCERO.- Intimar a los autores para que en lo sucesivo se abstengan de cometer prácticas como las sancionadas u otras similares que puedan obstaculizar la competencia.

 CUARTO- Instar a la Dirección de Investigación para que vigile el cumplimiento íntegro de esta Resolución.

 TERCERO.- Son datos fácticos a tener en cuenta para la resolución del presente contencioso, los siguientes:

 1.- La DI tuvo conocimiento en septiembre de 2011, a través de la prensa, de la publicación y distribución por parte del CICCP y de TECNIBERIA de dos estudios titulados " Los costes en el ejercicio de la consultoría e ingeniería de proyecto " (cuaderno nº 6 para la ordenación del ejercicio profesional) y " Los costes unitarios de los profesionales que intervienen en la redacción de proyectos y asistencias técnicas para la construcción de obras civiles " (cuaderno nº 18 para la ordenación del ejercicio profesional) que, entre otros aspectos, especifican los precios unitarios de venta (por mes y hora de trabajo) para las diferentes categorías profesionales (diferenciando entre experto, titulado senior, titulado, técnico y auxiliar o entre ingenieros de caminos, otros titulados superiores, titulados medios, auxiliares técnicos, delineantes, administrativos, e inspectores de campo) y cuantifican las bajas que han de reputarse temerarias en las licitaciones y el beneficio industrial mínimo.

 2. El 14 de octubre de 2011, la DI acordó la incoación de expediente sancionador contra el CICCP y TECNIBERIA, por conductas prohibidas por el artículo 1 de la LDC consistentes en la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio, expediente que finalizó tras la tramitación pertinente con la resolución ahora impugnada

 CUARTO.- En cuanto a las Partes se señala que de acuerdo con la memoria 2010 de TECNIBERIA (folios 40-138), la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA) es la patronal española de este sector, una asociación de carácter nacional sin ánimo de lucro que agrupa a más de 300 empresas, fomentando la colaboración entre las mismas y su capacidad profesional técnica, de dirección y gestión. Asimismo, la asociación representa a sus miembros ante los organismos, instituciones y centros públicos y privados, en aquellos asuntos que sean de su interés y así lo soliciten. TECNIBERIA congrega a distintas asociaciones territoriales (ASICMA de Madrid, ASICA de Andalucía, Tecnimed de Comunidad Valenciana, AGEINCO de Galicia, ASINCA de Cataluña, ACALINCO de Castilla y León, ASINCAR de Aragón, Tecniberia-Extremadura de Extremadura, Tecniberia-C-LM de Castilla-La Mancha, Tecniberia-Asturias de Asturias).

 TECNIBERIA agrupó en 2010 a un total de 302 empresas con más de 46.000 empleados en plantilla. La facturación de las empresas asociadas estuvo en torno a los 7.000 millones de euros, lo que supone el 57% de lo generado por todo el sector. Las empresas que componen TECNIBERIA se dedican en un 49% a ingeniería civil, industria y energía (19%), medioambiente (18%), y por último edificación y urbanismo (8%) y servicios tecnológicos (4%). El 11% de las asociadas son grandes empresas, el 23% medianas y el 65% pequeñas empresas. Sin embargo, son las empresas grandes las que recogen con casi un 83% la mayor parte de la facturación, muy distante de la mediana empresa, en torno a un 10% y la pequeña empresa con casi un 7%. A nivel territorial, casi un 40% de las empresas están adscritas a la asociación madrileña (ASICMA) y casi el 20% a la asociación catalana (ASINCA). El resto se distribuyen por las demás asociaciones territoriales entre un 1% y un 10%. Las empresas públicas se asocian directamente a TECNIBERIA.

 Por lo que se refiere a las publicaciones difundidas , la DI ha acreditado que el CICCP y TECNIBERIA han elaborado o colaborado en la realización de determinados trabajos sobre los costes y estructura tarifaria de las empresas del sector que posteriormente han publicado y/o difundido.

 TECNIBERIA, conforme a sus manifestaciones, colgó en la parte privada de su Web el Díptico titulado " Determinación de Bases de Referencia para el Cálculo de las Tarifas del Sector de Ingeniería" de 2007 , el informe " Los costes unitarios de los profesionales en las empresas de ingeniería " y su resumen ejecutivo de 2010 (folio 354) y, según su memoria 2010 (folio 65), TECNIBERIA hizo llegar a los Altos cargos de la Administración y a los asociados el informe de 2010.

 TECNIBERIA ha manifestado que todos estos documentos fueron retirados inmediatamente tras la incoación del expediente de referencia (folios 354-355).

 QUINTO.- Alega la parte actora como fundamento de su pretensión anulatoria:

 1.- Que no ha efectuado recomendación alguna de precios, estando además su conducta protegida por el art. 20 de la Constitución .

 2.- Que en todo caso se trataría de una conducta exenta.

 3.- Inexistencia de dolo o culpa

 4.- Subsidiariamente, procedencia de una sanción económica simbólica.

 SEXTO.- Señala la actora que su participación en la conducta infractora a juicio de la Comisión consiste, por una parte, en el encargo de un primer informe (Deloitte) unido a su publicación y por otra la elaboración del informe de 2010 y su resumen ejecutivo, con su publicación, considerándose ambas actuaciones, como integrantes de una misma conducta.

 Pues bien sostiene la actora que el objeto del informe Deloitte no consiste en la fijación de pecios (directa ni indirecta) sino en el análisis de la estructura de costes en las empresas del sector, a partir de las encuestas realizadas en ese concreto ámbito y en cuanto al objeto del informe de 2010, este toma de partida el informe Deloitte y se trata, de nuevo, de un análisis de costes.

 De este modo considera que la conducta por su objeto no es sancionable, sino que en todo caso su carácter ilícito vendría determinado por sus efectos, reales o potenciales, que desde luego niega, así como niega que se trate de una recomendación, pues se trata simplemente de la elaboración de estudios o informes, a partir de los conocimientos técnicos de una consultora, con ulterior aplicación de datos obtenidos de fuentes públicas, para la transparencia y mejor conocimiento de los costes existentes en el sector.

 Añade que además la conducta imputada es una manifestación del derecho a la información y más concretamente, de la libre creación y producción científica y técnica, por lo que su ejercicio está protegido por el art. 20 de la Constitución .

 Por su parte el Consejo de la CNC considera que del contenido de los documentos se deducen diversos hechos objetivos de los que se concluye que en el presente caso TECNIBERIA y CICCP han venido desarrollando una serie de actuaciones que constituyen una recomendación colectiva. Las iniciativas desarrolladas por CICCP y TECNIBERIA tienen como finalidad estandarizar los costes, homogeneizar los mecanismos de fijación de precios que utilizan las empresas del sector y, con ello, reforzar su capacidad de negociación frente a los clientes, tratando de preservar un margen de beneficio y evitando, según sus propios términos, "tendencias deflacionistas".

 SÉPTIMO.- Debe señalarse que conforme a lo manifestado por TECNIBERIA, como conclusión del trabajo de investigación de Deloitte, en diciembre de 2007, se publicó un resumen ejecutivo del citado informe, en concreto, un folleto díptico titulado " Determinación de bases de referencia para el cálculo de las tarifas del sector de la ingeniería " (folios 280, 283-284 y 354, 386-388). Y en este folleto se refleja que el objetivo del Informe de Deloitte es " determinar la estructura tarifaria de las empresas del sector a partir de la estructura de costes, mediante encuestación de las empresas asociadas de TECNIBERIA (...)" (folios 283 y 386). En él se hace un análisis de la estructura de costes (costes salariales de producción o de estructura, gastos generales, costes de los subcontratos necesarios y costes directos de producción no salariales) y del porcentaje de facturación que supone cada tipo de coste, para finalmente obtener una " fórmula tarifaria para el equilibrio de costes (facturación de beneficio nulo) en función del coste salarial de empresa del personal de Producción (...). El precio de venta, sin beneficio, es igual a 2,3 veces el coste salarial de empresa del personal de producción " (folios 284 y 388).

 Dice TECNIBERIA, que este resumen se publicó con el fin de convencer a las Administraciones Públicas de que debían utilizar la metodología propuesta en el citado informe y se entregó en mano por directivos de TECNIBERIA en distintos departamentos de las Administraciones Públicas y se colgó en la parte privada de su Web (folio 354).

 Asimismo tal y como recoge el cuaderno nº 18 publicado por el CICCP " Tecniberia realiza periódicamente encuestas entre sus empresas del sector de la ingeniería civil asociadas con objeto de conocer los costes salariales de mercado que se están aplicando . La última de estas encuestas se ha llevado a cabo el año 2009, y con ella se pretende obtener, no sólo los costes actuales de mercado para los distintos profesionales, sino, además, corroborar y afinar la estructura de costes aplicables a los trabajos de ingeniería civil, distinguiendo entre los trabajos de gabinete (estudios y proyectos fundamentalmente) de aquellos otros que suponen el desplazamiento del personal a los lugares donde se construyen los obras (asistencias técnicas para la construcción)" (folio 30). No obstante, TECNIBERIA manifiesta que la referida encuesta no llegó a realizarse, ya que la asociación detectó falta de interés de las empresas en facilitar los datos necesarios para su elaboración. Sin embargo, como se había adquirido con el CICCP el compromiso de facilitar unos datos de base para la elaboración del Cuaderno nº 18 además del Informe Deloitte, la asociación le facilitó una tabla con una estimación de los niveles salariales de las distintas categorías de ingenieros preparada por los servicios técnicos de TECNIBERIA sobre la base de la información que contenía el Cuaderno 6 " (folios 355-356).

 Sin embargo, existe una publicación de TECNIBERIA, el informe " Los costes unitarios de los profesionales en las empresas de ingeniería " (folios 389-406) de enero de 2010, que también se denomina encuesta 2009 (folio 390) y en la que TECNIBERIA reconoce en referencia a la actualización del cuaderno nº 6, que " recientemente el Colegio ha publicado una actualización (...) para la que ha contado como dato de partida con la encuesta salarial que Tecniberia ha realizado entre sus asociados (...)" (folio 391) y en la que también afirma, al igual que en el cuaderno nº 18, que " Tecniberia realiza periódicamente encuestas (...) con objeto de conocer los costes salariales de mercado que se están aplicando. La última de estas encuestas se ha llevado a cabo el año 2009, y con ella se pretende obtener no solo los costes actuales de mercado para los distintos profesionales, sino, además corroborar y afinar la estructura de costes aplicables a los trabajos de ingeniería civil (...)" (folio 395). Este mismo informe contiene un apartado titulado " La encuesta Tecniberia 2009 " que recoge los resultados de la encuesta, en particular, " el valor medio del coeficiente de gastos generales en empresas de ingeniería civil oscila entre 1,88 y 1,44 " (folio 401).

 TECNIBERIA también manifiesta que en enero de 2010, dado que no se habían logrado resultados concretos con la Administración y tras el nombramiento de nuevos cuadros en las Administraciones Públicas competentes, decidió darle un nuevo impulso a su iniciativa de convencerles de que era necesario cambiar la metodología de cálculo de los costes que utilizan en los concursos de ingeniería. A tal fin, elaboró el informe " Los costes unitarios de los profesionales en las empresas de ingeniería " (folios 389-406) y un resumen ejecutivo del mismo (folios 408-409), aplicando datos numéricos a las fórmulas propuestas por el Informe Deloitte para ilustrar sus resultados. Este documento, al igual que el de diciembre de 2007, fue utilizado como soporte para conversaciones con las Administraciones Públicas (folio 354).

 El objetivo del estudio era establecer los costes unitarios del personal de las empresas de ingeniería (folio 393). Entre los elementos de partida del informe se recoge un apartado sobre la estimación objetiva de costes, y otros trabajos previos que hacen referencia al Informe Deloitte, al cuaderno nº 6 y a la encuesta de TECNIBERIA de 2009 (folio 395). En relación a esos trabajos previos se manifiesta: " en ellos, se analiza la estructura del coste empresarial, el procedimiento de cálculo para los costes directos del personal y los precios de venta, partiendo de los salarios brutos, pero sin concretar cuáles son los salarios de mercado aplicables en particular a cada categoría de profesional dedicado a la ingeniería civil " (folio 395).

 A continuación se incluyen los costes salariales brutos anuales de mercado (folio 396) y los costes directos del personal que soportan las empresas (folios 397-398). El quinto apartado recoge " la estructura de los costes unitarios correspondientes a los profesionales " (folios 399-401). Dentro de este apartado, en primer lugar, se establece el reparto de los gastos empresariales y su repercusión sobre los costes directos de personal, que es menor en obra que en oficina (folio 399) y en segundo lugar se resume el cuaderno nº 6 del CICCP, que se ciñe sólo a las obras civiles, el Informe Deloitte y por último la encuesta Tecniberia 2009.

 Por último, el apartado 6 del informe " Costes unitarios totales para los salarios profesionales " establece en primer lugar los costes medios diferenciando por categoría de profesional y años de experiencia y asumiendo un beneficio industrial mínimo del 6% se calculan y recogen los precios de venta para los trabajos de oficina (folio 402) y para los de obra (folio 403), por año, mes y hora. Asimismo, se destaca que se trata de precios medios de mercado, que están afectos a una dispersión, que manteniendo una calidad aceptable, nunca será superior al 15%, de acuerdo con lo expuesto en el folleto del CICCP " Las crecientes bajas en los concursos de ingeniería y sus consecuencias: propuestas para su solución "

 En enero de 2010 se publica el cuaderno nº 18 para la ordenación del ejercicio profesional del CICCP denominado " Los costes unitarios de los profesionales que intervienen en la redacción de proyectos y asistencias técnicas para la construcción de obras civiles " (cuaderno nº 18) (folios 23-39), en cuya elaboración se partía de los documentos de 2007 y la encuesta de 2009 realizada por TECNIBERIA El contenido del cuaderno nº 18 es prácticamente idéntico al informe "Los costes unitarios de los profesionales en las empresas de ingeniería". En el cuaderno nº 18 se expone la metodología para el cálculo de los costes de acuerdo con lo establecido en el cuaderno nº 6, y la fijación de precios, indicando un beneficio del 6% (folio 35), incluyendo dos tablas con los precios medios de venta de los trabajos de oficina (folio 36) y otra con los precios medios de venta de los trabajos de obra (folio 37), diferenciando por categoría profesional y años de experiencia, idénticas a las recogidas en el anterior informe (folios 402 y 403). Al igual que el citado informe, el cuaderno nº 18 introduce la misma apreciación sobre la dispersión de los precios recogidos, subrayando que se trata de precios medios de mercado, y que manteniendo una calidad aceptable, esta dispersión nunca será superior al 15%. Por último, también incluye una tabla idéntica a la anterior con los precios máximos de licitación (folios 37-38) .

 Del mismo modo, en abril de 2010 se actualizó y publicó la revisión del cuaderno nº 6, que incluye la misma información que el de 2007 pero actualiza los costes y precios de venta (folios 2-22). De la comparación de los precios de venta propuestos en 2007 y 2010 se observa un incremento entre el 0 y el 2%.

 Debe señalarse que aún cuando Tecnibería haya pretendido transmitir determinados mensajes a la Administración, no cabe duda por el contenido y tono de los documentos, así como de las manifestaciones de la parte actora, que los mismos tienen como público objetivo a las empresas y profesionales del sector que las integran. Los folletos de TECNIBERIA fueron publicados en la parte privada de su Web para información a los asociados. El CICCP difundió los cuadernos nº 6 y nº 18 a través de su página web, a la que los asociados tenían acceso. Y ello, de acuerdo con sus manifestaciones, hasta que tuvo conocimiento de que los cuadernos podían presentar dudas interpretativas en relación a la normativa de defensa de la competencia y ordenó el fin de su difusión en mayo y julio de 2011.

 Efectivamente se ha establecido un método para la elaboración de presupuestos a partir del cálculo de costes indicando cómo deben fijarse los precios de los servicios que prestan los profesionales de las empresas de ingeniería, de forma que se mantenga un beneficio del 6% (Cuaderno nº 18, enero de 2010 e informe "Los costes unitarios de los profesionales en las empresas de ingeniería) o del 10% (Cuaderno nº 6, noviembre de 2007 y abril de 2010), y el intervalo en el que los precios pueden oscilar, cuantificando en un 15% las bajas que han de reputarse temerarias, además de señalar cuáles serían los precios "razonables" de licitación y su posible dispersión ".

 Y estas conductas a juicio de la Sala, que coincide con las afirmaciones que se sostienen en la resolución impugnada, propician una pauta común de comportamiento para las empresas de ingeniería y los ingenieros de caminos, canales y puertos que limita la competencia entre ellos en una variable fundamental para la competencia como es el precio, por lo que son aptas para restringir la competencia efectiva en el mercado.

 Como señaló esta Sala en la sentencia de 29 de junio de 2011 :

 "Ha resultado suficientemente probada la existencia de recomendación colectiva tendente a limitar la competencia en la libre formación de los precios. Tal conducta consiste en una acción coordinada tendente a eliminar la incertidumbre en el comportamiento del competidor. Pues bien, en el supuesto que contemplamos, es evidente que una recomendación colectiva de varias entidades que integran a los principales profesionales en el sector de la alimentación, tiende directamente a unificar comportamientos con la correspondiente eliminación de la incertidumbre de los individuales competidores. La recomendación, atendiendo a los entes del que procedía, revestía la aptitud suficiente para provocar la unificación en el comportamiento. Y a ello no es obstáculo que los profesionales del sector tuviesen libertad para fijar los precios, porque lo importante es la eliminación de la incertidumbre mediante la recomendación.

 Por otra parte la coordinación pude ser, como señala el precepto, mediante una conducta conscientemente paralela, sin que sea necesario un acuerdo expreso. La conducta, dada la temporalidad de publicación de las notas, así como el contenido de las mismas, refleja una consciencia en el comportamiento paralelo."

 La conducta es apta para afectar la libre competencia: tal aptitud está claramente descrita en la resolución impugnada, al señalar que las publicaciones divulgadas entre empresas y colegiados:

 Estandariza la manera en que se computan los costes y se deben calcular los precios de los servicios de ingeniería civil. Con ello, se refuerza la capacidad de negociación frente a clientes y puede tener el efecto de homogeneizar las ofertas. No debe olvidarse a este respecto que gran parte de los servicios se demandan a través de licitaciones públicas. En este contexto, la homogeneización de las ofertas puede resultar especialmente perversa.

 Además, con este tipo de estrategia se desincentiva la reducción de costes. El cálculo de costes que se propone no sólo tiende a homogeneizar cómo se computan los mismos entre empresas, sino que parte de la base de que éstas deben recuperar todo gasto en el que incurran, relacionado o no con el proyecto, eficiente o no. De esta forma, lejos de difundir una cultura de racionalidad y presión a la baja en los costes se trata de asentar la idea de que se deben trasladar a los clientes.

 Como declaran los documentos, este tipo de iniciativa va dirigida también y fundamentalmente a los profesionales más jóvenes, que son aquellos entrantes con mayor incentivo y capacidad para competir en precio.

 Imputados al proyecto todos estos costes y el beneficio empresarial, el CICCP considera que: " Para que los trabajos de consultoría e ingeniería se hagan con la profesionalidad y experiencia requeridas y tengan la calidad necesaria, es preciso que sean retribuidos correctamente a precios reales de mercado. Estos precios, de acuerdo con las pautas metodológicas ofrecidas, podrán oscilar en un entorno del 15%. Cualquier baja superior debe considerarse temeraria ya que no garantiza que los trabajos estén completos y tengan la calidad necesaria, pudiendo dar lugar, además, a costes excesivos e inesperados al llevar a cabo las inversiones previstas".

 "En el Anexo se incluye un listado de precios unitarios de venta para diferentes profesionales y recursos humanos, calculado con arreglo a los criterios anteriores".

 El mensaje que se lanza en el cuaderno nº 18 del CICCP "Los costes unitarios de los profesionales que intervienen en la redacción de proyectos y asistencias técnicas para la construcción de obras civiles", con base en datos de 2009 es similar al anterior:

 "... Como extensión de dicho trabajo y tomando como base los precios de mercado obtenidos por la asociación de empresas de ingeniería Tecniberia, se presentan ahora los distintos costes asociados a las prestaciones profesionales en el campo de la ingeniería y asistencias técnicas para la construcción de obras de ingeniería civil, lo que arroja los precios de mercado y de licitación que en la actualidad deben estimarse como los que corresponden con la calidad exigible a los citados trabajos.

 El presente trabajo no constituye pues una recomendación sobre precios unitarios de venta, sino tan sólo la plasmación de los precios de mercado actuales, tal como demandaban conocer muchos colegiados, toda vez que habiendo desaparecido los honorarios orientativos, querían tener una herramienta de conocimiento sobre los costes de mercado".

 TECNIBERIA, por su parte, en 2010 elabora el informe " Los costes unitarios de los profesionales en las empresas de ingeniería " y un resumen ejecutivo del mismo, aplicando datos numéricos actualizados a las fórmulas propuestas (folio 34). A partir de ello se calcula el "Precio Medio de venta en obra" que actúa como precio orientativo, aunque señala:

 "Esta dispersión, manteniendo una calidad aceptable, nunca será superior al 15% en más y en menos, de acuerdo con lo expuesto en el folleto del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos...(...).

 Y concluye:

 "Una vez más, la encuesta de Tecniberia ha corroborado la estructura de costes en las empresas dedicadas a la redacción de proyectos y asistencias técnicas para la construcción de obras civiles, siendo coherentes los datos resultantes con los que se habían obtenido en los trabajos realizados anteriormente, al respecto, por el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos y por Tecniberia.

 Además, con los salarios brutos de mercado y los datos de estructura obtenidos en la nueva encuesta realizada, se han calculado los costes directos del personal los precios de venta y los precios de licitación razonables para asegurar un beneficio mínimo de un 6% (folio 38).

 OCTAVO.- La parte actora señala la ausencia de efectos anticompetitivos y en este sentido debemos recordar que, según reiterada jurisprudencia, de cara a la aplicación del artículo 101 TFUE , apartado 1, la ponderación de los efectos concretos de un acuerdo es superflua cuando resulte que éstos tienen por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión, 56/64 y 58/64, Rec. p. 429, y de 8 de diciembre de 2011, KME Germany y otros/Comisión, C- 272/09 P, Rec. p. I-0000, apartado 65, y KME Germany y otros/Comisión, C-389/10 P, Rec. p. I-0000, apartado 75).

 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la distinción entre «infracciones por objeto» e «infracciones por efecto» reside en el hecho de que determinadas formas de colusión entre empresas pueden considerarse, por su propia naturaleza, perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia ( sentencias de 20 de noviembre de 2008, Beef Industry Development Society y Barry Brothers, C-209/07, Rec. p . I- 8637, apartado 17 , y de 4 de junio de 2009, T- Mobile Netherlands y otros, C-8/08, Rec. p. I-4529, apartado 29).

 Esto viene a significar que un acuerdo que puede afectar al comercio y que tiene un objeto contrario a la competencia constituye, por su propia naturaleza e independientemente de sus efectos concretos, una restricción sensible del juego de la competencia, por lo que la falta de seguimiento o la ausencia de efectos, de ser cierta, no evita el carácter ilícito de la conducta.

 Tampoco puede admitirse la vulneración del derecho de creación literaria, científica o técnica consagrada en el art. 20 de la Constitución , pues la protección especial o acrecida de tales derechos, no pueden amparar en modo alguno conductas prohibidas por la Ley como es el caso.

 NOVENO.- Y en cuanto a los restantes motivos aducidos por la actora igual suerte desestimatoria deben correr.

 Efectivamente mantiene la recurrente que de considerar su conducta constitutiva de infracción, se trataría de una conducta exenta al amparo del art. 1.3 de la LDC .

 Dicho precepto dispone: " La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que contribuyan a mejorar la producción o la comercialización y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico, sin que sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto, siempre que:

 a) Permitan a los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de sus ventajas.

 b) No impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para la consecución de aquellos objetivos, y

 c) No consientan a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios contemplados.

 En este supuesto la estandarización de costes y precios en los servicios de ingeniería civil no reporta eficiencias o, al menos, no se han acreditado ni tiene traslado o reflejo a los consumidores y presumir, como dice la resolución impugnada, que la iniciativa es necesaria para mejorar la comercialización o producción de bienes y servicios es tanto como dar a entender que sin ella las partes, empresarios, administración y empresas, no denotan interés por el resultado de sus trabajos.

 Tampoco cabe acoger el argumento de que en la actuación de la actora no intervino ni dolo ni culpa al no perseguirse efecto anticompetitivo alguno y que en todo caso la sanción era desproporcionada.

 Las actuaciones que son tipificadas por la Ley como infracción pueden ser realizadas tanto a título de dolo como de negligencia y en la actuación de la actora no se ha destacado la más mínima diligencia que le llevara a entender que estaba ante una conducta no amparada por la Ley, dado que la recomendación sobre precios se realizó a los propios profesionales. Dicha falta de diligencia con independencia de su intencionalidad le hace merecedora de sanción.

 . A su vez el art. 63 de la LDC dispone en su apartado 1 que "Los órganos competentes podrán imponer a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en la presente Ley las siguientes sanciones...":

 Por su parte el art. 64 El importe de las sanciones se fijará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:

 a) La dimensión y características del mercado afectado por la infracción.

 b) La cuota de mercado de la empresa o empresas responsables.

 c) El alcance de la infracción.

 d) La duración de la infracción.

 e) El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos.

 f) Los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia de la infracción.

 g) Las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en relación con cada una de las empresas responsables. (...)

 3. Para fijar el importe de la sanción se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias atenuantes:

 a) La realización de actuaciones que pongan fin a la infracción.

 b) La no aplicación efectiva de las conductas prohibidas.

 c) La realización de actuaciones tendentes a reparar el daño causado.

 d) La colaboración activa y efectiva con la Comisión Nacional de la Competencia llevada a cabo fuera de los supuestos de exención y de reducción del importe de la multa regulados en los artículos 65 y 66 de esta Ley.

 No puede acogerse la atenuante de realización de actuaciones que pusieran fin a la infracción, pues la retirada de las publicaciones de la página web se adoptó una vez que la DI inició su investigación. Tampoco la de colaborar activamente pues la Asociación se ha limitado al cumplimiento del deber de colaboración establecido en el art. 39 de la LDC y en cuanto a la no aplicación efectiva de las conductas prohibidas, consta, la parte actora no lo niega, que el informe se publicó en los términos expuestos, y en cuanto a la ausencia de efectos, obviamente dicha circunstancia ha sido tomada en consideración, cuando el importe de la multa se ha fijado en 200.000€.

 Como dice la resolución impugnada, se tratan de recomendaciones no vinculantes, no se ha acreditado que fueran objeto de seguimiento ni que se adoptaran medidas para garantizar su cumplimiento. La CNC considera que de la cifra máxima de 901.518,16€, establecida como tope máximo para las Asociaciones, procede imponer 200.000€., que consideramos ajustada a Derecho.

 DÉCIMO .- Los anteriores razonamientos nos llevan a desestimar el recurso y por lo que se refiere a las costas a tenor de lo establecido en el artículo 139 de la LRJCA , procede imponer las costas a la parte actora.

 VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, por el poder que nos otorga la Constitución:

FALLAMOS

 Que debemos DESESTIMAR YDESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de FERTIBERIA, frente a la Administración del Estado , dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 4 de junio de 2013 , a la que la demanda se contrae que declaramos ajustada a Derecho, con imposición de costas a la parte actora.

 Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la misma no cabe recurso de casación , siguiendo las indicaciones prescritas en el artículo 248 de la Ley Orgánica 6/1985 , y testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a doce de junio de 2015 doy fe.