Id. Cendoj: 28079230062015100165
ECLI: ES:AN:2015:1981
ROJ: SAN  1981/2015
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 21/05/2015
Nº de Recurso: 220/2013
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    No encontrada materia3-1537  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000220 / 2013

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 02307/2013

 Demandante: FERROCARRIL DE SOLLER SA

 Procurador: Dª GLORIA MESSA TEICHMAN

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA

 Madrid, a veintiuno de mayo de dos mil quince.

 VISTO , en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, el recurso nº 220/13 , seguido a instancia de " Ferrocarril de Soller SA ", representada por el Procurador de los Tribunales Dª Gloria Messa Teichman, con asistencia letrada, y como Administración demandada la General del Estado, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado. El recurso versó sobre reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado , la cuantía se fijó en menos de 600.000 €, e intervino como ponente el Magistrado Don SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO. La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO :.- Para el correcto enjuiciamiento de la cuestión planteada es necesario el conocimiento de los siguientes hechos:

 1. La recurrente fue sancionada por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), mediante resolución de 3 de abril de 2007, como autora de una infracción anticompetitiva consiste en un abuso de su posición dominante, a la multa de 318.365 euros.

 2. Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la anterior resolución, fue desestimado por Sentencia de la Audiencia Nacional de 3 de noviembre de 2008 . Esta Sentencia fue revocada por el Tribunal Supremo mediante Sentencia de 6 de marzo de 29012, que anuló la resolución sancionatoria.

 3. En el curso del referido proceso judicial, la recurrente obtuvo la suspensión cautelar del acto impugnado, condicionada a la constitución de un aval bancario. La suspensión se acordó mediante Auto de y se procedió a la cancelación del aval el 20 de mayo de 2012.

 4. Los gastos de mantenimiento del aval ascendieron a 17.510,03 euros.

 5. El 18 de julio de 2012 se incoó el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial de la Administración, en el que recayó resolución desestimatoria dictada por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) el 26 de marzo de 2013.

 SEGUNDO:.- Por la representación de la actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución precedente, formalizando demanda con la súplica de que se dictara sentencia declarando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme a derecho. La fundamentación jurídica de la demanda, tras recordar la doctrina general sobre responsabilidad de las Administraciones Públicas, se basó en las siguientes consideraciones:

 1. Sobre la existencia del daño:

 -Desglosa los gastos de la siguiente forma: 795,91 euros (comisión de apertura), 1591,83 euros (gastos de estudio), 795,91 euros (comisión por riesgo de avales, por 19 períodos de liquidación, lo que equivale a 15.122,29 euros), total: 17.510,03 euros.

 2. Sobre la antijuridicidad del daño.

 -Inexistencia por parte de la recurrente de la obligación de soportar el daño sufrido: la resolución sancionadora era defectuosa, particularmente en la definición del mercado relevante. Frente al artículo 142.4 de la Ley 30/1992 , invoca jurisprudencia que evita su aplicación mecanicista y destacan el aspecto objetivo de la ilegalidad del perjuicio, esto es, el hecho de que el ciudadano no tiene la obligación de soportar perjuicios evaluables económicamente y susceptibles de ser individualizados. El resarcimiento del perjuicio se considera por el Tribunal Supremo, no una excepción, sino la regla general y destaca el carácter objetivo del daño, lo que supone excluir la tesis del margen de tolerancia que dota a la Administración de un margen de impunidad.

 -Extralimitación por parte del TDC en el ejercicio de su potestad sancionadora: el exceso consiste en sancionar a la recurrente por el ejercicio de una conducta protegida por una concesión administrativa que atribuía a la recurrente la condición de único prestador del servicio de transporte público por ferrocarril. El TDC entró a valorar una cuestión sobre las que no tenía atribuciones, como es el modo en el que se ejercita un servicio público sujeto a concesión. No puede la CNC invocar el derecho de la Unción Europea para justificar la denegación de responsabilidad.

 3. Relación de causalidad:

 -El único hecho causante del daño es la resolución del TDC y dicho acto es idóneo para causar el daño. No puede afirmarse que el Auto de suspensión de la AN rompió el nexo causal.

 4. Finalidad de la justicia cautelar:

 -Forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva

 5. Derecho a la absoluta indemnidad:

 -Los 17.510,03 euros reclamados deben actualizarse con los internes legales desde el día en que se presentó la reclamación administrativa hasta la fecha de notificación de la sentencia.

 TERCERO:.- La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella con la súplica de que se dicte sentencia desestimando el recurso y declarando ajustada a derecho la resolución recurrida, asumiendo los argumentos contenidos en la resolución recurrida.

 CUARTO:.- Practicada la prueba declarada pertinente, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes. La recurrente invoca la doctrina del Consejo de Estado sobre responsabilidad patrimonial en caso de anulación de sanciones tributarias.

 QUINTO:.- Señalado el día 12 de noviembre de 2013 para la votación y fallo ésta fue suspendida ante la falta de dictamen del Consejo de Estado. Mediante providencia de 14 de enero de 2014 se concedió a las partes trámite de alegaciones sobre esta circunstancia.

 Mediante providencia de 27 de abril de 2015 se procedió a un nuevo señalamiento para deliberación votación y fallo el 19 de mayo de 2015, fecha en la que dichas actuaciones tuvieron lugar.

 SEXTO:.- Aparecen observadas las formalidades de tramitación, que son las del procedimiento ordinario.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO: La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la Resolución dictada por la Comisión Nacional de la Competencia el 26 de marzo de 2013, en cuya virtud se desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado formulada por la recurrente por funcionamiento anormal de los servicios públicos, concretado en la devolución de los gastos de constitución y mantenimiento aval desembolsados para obtener la suspensión cautelar de la sanción que le fue impuesta como autora de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia . Esta resolución fue confirmada por Sentencia de la Audiencia Nacional de 3 de noviembre de 2008 y finalmente anulada por Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2012 .

 SEGUNDO: La Ley 30/1992 de 30 de noviembre sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dedica su Título X, art. 139 a 146, a regular con carácter general la responsabilidad patrimonial de todas las Administraciones Públicas, y de las autoridades y personal a su servicio. Esta normativa, a la que debe añadirse el RD 429/93 de 26 de marzo sobre procedimiento para hacer exigible la reclamación, junto con las disposiciones de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 ( art. 121 y concordantes), y su Reglamento de 26 de abril de 1957 , integra el núcleo normativo básico que disciplina la materia, que gira en torno al mandato contenido en el art. 106-2 de la CE donde se proclama el principio de responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración por causa del funcionamiento de los servicios públicos.

 TERCERO: Tal y como señala la Exposición de Motivos de la Ley de Expropiación Forzosa, "es inevitable a la actuación de la Administración la creación de una secuela incidental de daños residuales y una constante creación de riesgos", razón por la que debe hacerse frente a esos daños, no deliberados, pero inevitables. Una vez formulada esta afirmación de principio, pasamos a precisar los requisitos generales que necesariamente deben concurrir para que aquella pueda hacerse efectiva, y que pueden sintetizarse, de acuerdo con una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo del siguiente modo:

 1) Producción, por acción u omisión imputable a la Administración, de una lesión patrimonial antijurídica y por tanto resarcible.

 Ésta lo será cuando el particular no tenga el deber de soportar un daño que sea imputable a una acción de la Administración, lo que ocurrirá cuando lo ocasione un agente de ésta, actuando en el ámbito de sus competencias, incluso cuando la acción originada es ejercida legalmente. En definitiva, cualquier conducta dañosa debe ser en principio indemnizada porque de otro modo se produciría un sacrificio individual no justificado, en favor de una actividad de interés público ( art. 141.1 Ley 30/1992 ).

 2) El perjuicio, daño emergente o lucro cesante, debe ser efectivo, concreto, individualizado y evaluable económicamente, sin que concurran causas de justificación que exoneren a la Administración, entre las que cabe citar la fuerza mayor, la existencia de un contrato o disposición normativa que impongan una determinada conducta, y la actuación del propio recurrente, si es determinante de la producción del daño.

 3) Carácter objetivo de la responsabilidad, sin que sea exigible realizar una referencia a la culpa del agente, pues la Administración responde del mal funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos, aunque el daño se produzca de forma involuntaria o como consecuencia del riesgo en la prestación de ciertos servicios. Ni siquiera es preciso probar que el servicio público se ha desenvuelto de manera anómala. Basta que el riesgo inherente a su utilización haya sobrepasado los límites impuestos por los estándares de la seguridad exigibles conforme a la conciencia social. En definitiva, se trata de socializar los riesgos cuando se actúa en defensa de los intereses generales lesionando los particulares.

 4) Que exista relación directa de causalidad entre el daño y la actuación de la Administración, pues el hecho que origina el daño deber ser en sí mismo idóneo para ocasionarlo. La relación de causalidad debe entenderse en el marco de la responsabilidad objetiva, por lo que, sólo la fuerza mayor y la conducta dolosa o negligente del propio recurrente, si es determinante de la producción del daño, pueden romper el nexo causal.

 5) Que se entable la reclamación dentro del año siguiente al momento de la causación de los perjuicios.

 CUARTO: En el presente caso, son dos las cuestiones que se discuten

 por la Administración demandada:

 La primera de ellas se refiere a la ruptura del nexo causal entre la actuación de la Administración y el daño causado, pues estima la Administración que el origen, en su caso, de dicho daño, radicaría no en una actuación de la Administración, sino en la petición de suspensión del acto formulada por la recurrente ante la Sala de la Audiencia Nacional.

 No podemos aceptar el planteamiento de la Administración, pues no cabe duda de que el acto que está en el origen de la reclamación de la recurrente es la sanción que le fue impuesta y que la decisión de la Audiencia Nacional de suspender las eficacia del acto condicionada a la constitución de una garantía, lo único que ha hecho es mitigar el impacto de la ejecución de dicho acto.

 La segunda de las cuestiones, carácter antijurídico o no del acto impugnado, es sensiblemente más compleja y será analizada en el fundamento jurídico siguiente.

 No obstante antes de entrar en su examen, vamos a anticipar el sentido del fallo, que será desestimatorio.

 La razón de esta temprana afirmación, radica en que este Tribunal advierte que con esta Sentencia se produce un cambio de criterio respecto de un pronunciamiento reciente que guarda identidad de razón por la problemática que suscita el presente caso. Nos referimos a nuestra Sentencia de 29 de octubre de 2013, recaída en el recurso nº 672/2012 en la que concluimos que el recurso debía ser estimado, sobre la base de los argumentos jurisprudenciales que precedieron al reconocimiento por la Ley 58/2003, General Tributaria, en su artículo 35 , de los derechos a la devolución de los gastos de constitución y mantenimiento de los gastos de aval en caso de anulación de la liquidación recurrida.

 Este cambio de criterio radica por una parte en la nueva composición de esta Sección, con la integración de dos nuevos magistrados y en la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, que se decanta claramente en favor de la tesis del margen de tolerancia de la Administración, expresamente impugnada por la recurrente.

 QUINTO: La STS 17 de febrero de 2015 rec. casación nº 2335/2012 FJ 2, sintetiza jurisprudencia anterior y destaca tanto el carecer objetivo de la responsabilidad de la Administración, como el hecho de que cuando ésta actúa en el ejercicio de potestades discrecionales o concreta conceptos jurídicos indeterminados, debe reconocérsele un margen de apreciación o tolerancia.

 El ejercicio razonado y razonable de dicha competencia, no puede calificarse como acto antijurídico a los efectos de valorar la existencia de una responsabilidad patrimonial de la Administración, aún en el caso de que, finalmente, los Tribunales anulen la resolución administrativa causante del daño o perjuicio realmente producido al administrado.

 La mencionada STS de 17 de febrero de 2015 se expresa en los siguientes términos: "Pues bien, conforme a las circunstancias expuestas debemos examinar el reproche que se hace a la sentencia aquí recurrida, en orden a considerar la razonabilidad de la decisión de la Administración a los efectos de justificar la antijuridicidad del daño ocasionado. Y en este sentido y como se deja constancia en la ya mencionada sentencia de 21 de abril de 2005 a que antes se ha hecho referencia, con abundante cita de otras anteriores de esta misma Sala, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones en los supuestos de anulación de actos, tanto en vía administrativa como contenciosa, ha merecido una atención especial del Legislador en el artículo 142.4º de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , que exige, por supuesto, la concurrencia de los presupuestos generales de todas responsabilidad patrimonial, adquiriendo una especial relevancia la exigencia de la antijuridicidad de la lesión, como antítesis del deber jurídico del perjudicado de soportar el daño ocasionado por la anulación de la actividad administrativa a que se reprocha la lesión.

 Pero esa imputación del deber de soportar el daño ha de encontrar su fundamento en un título que legalmente imponga a los ciudadanos esa carga, exigencia que, como se recuerda por la jurisprudencia -se deja constancia de ella en el escrito de interposición-, adquiere especial complejidad en estos supuestos de anulación de actos. En tales supuestos la jurisprudencia viene aceptando como circunstancias que excluyen la antijuridicidad de la lesión, el hecho de que el acto anulado generador de los perjuicios comporte el ejercicio de potestades discrecionales, como se admite en el escrito del recurso. Se entiende que en tales supuestos es el propio Legislador que ha configurado esas potestades discrecionales el que ha establecido un margen de actuación a la Administración para que decida conforme a su libre criterio dentro de los márgenes de los elementos reglados; de ahí que siempre que en esa decisión discrecional se mantenga en los términos de lo razonable y se haya razonado, no puede estimarse que el daño sea antijurídico, generando el derecho de resarcimiento. Es decir, sería la propia norma que configura esas potestades discrecionales la que impondría ese deber de soportar los daños ocasionados por el acto, siempre que la decisión adoptada fuese razonable y razonada y se atuviera a los elementos reglados que se impongan en el ejercicio de esas potestades, por más que resulte posteriormente anulado en vía contenciosa o incluso en la misma vía administrativa. No admitir esa posibilidad dejaría en una situación ciertamente limitada de las potestades de la Administración para poder apreciar en cada supuesto cual de las varias opciones admisibles, y todas válidas en Derecho, resultan más idóneas para el interés público a que afectase el acto en cuestión.

 Pero no es solo el supuesto de ejercicio de potestades discrecionales las que permiten concluir la existencia de un supuesto de un deber de soportar el daño ocasionado con el acto anulado, como se sostiene en los motivos del recurso que se examinan, porque como se declara por la jurisprudencia a que antes se ha hecho referencia, "ha de extenderse a aquellos supuestos, asimilables a éstos, en que en la aplicación por la Administración de la norma jurídica en caso concreto no haya de atender sólo a datos objetivos determinantes de la preexistencia o no del derecho en la esfera del administrado, sino que la norma, antes de ser aplicada, ha de integrarse mediante la apreciación, necesariamente subjetivada, por parte de la Administración llamada a aplicarla, de conceptos indeterminados determinantes del sentido de la resolución. En tales supuestos es necesario reconocer un determinado margen de apreciación a la Administración que, en tanto en cuanto se ejercite dentro de márgenes razonados y razonables conforme a los criterios orientadores de la jurisprudencia y con absoluto respeto a los aspectos reglados que pudieran concurrir, haría desaparecer el carácter antijurídico de la lesión y por tanto faltaría uno de los requisitos exigidos con carácter general para que pueda operar el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Ello es así porque el derecho de los particulares a que la Administración resuelva sobre sus pretensiones, en los supuestos en que para ello haya de valorar conceptos indeterminados, o la norma legal o reglamentaria remita a criterios valorativos para cuya determinación exista un cierto margen de apreciación, aun cuando tal apreciación haya de efectuarse dentro de los márgenes que han quedado expuestos, conlleva el deber del administrado de soportar las consecuencias de esa valoración siempre que se efectúe en la forma anteriormente descrita. Lo contrario podría incluso generar graves perjuicios al interés general al demorar el actuar de la Administración ante la permanente duda sobre la legalidad de sus resoluciones." ( sentencia antes citada de 21 de abril de 2005 ).

 Como recuerda la sentencia de 26 de octubre de 2011 (recurso de casación 188/2009 ), en relación con los actos que no tengan carácter discrecional, "habrá que discernir entre aquellas actuaciones en las que la predefinición agotadora alcanza todos los elementos de la proposición normativa y las que, acudiendo a la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, impelen a la Administración a alcanzar en el caso concreto la única solución justa posible mediante la valoración de las circunstancias concurrentes, para comprobar si a la realidad sobre la que actúa le conviene la proposición normativa delimitada de forma imprecisa. Si la solución adoptada se produce dentro de los márgenes de lo razonable y de forma razonada, el administrado queda compelido a soportar las consecuencias perjudiciales que para su patrimonio jurídico derivan de la actuación administrativa, desapareciendo así la antijuridicidad de la lesión."

 Incluso se insiste en la mencionada sentencia que "no acaba aquí el catálogo de situaciones en las que, atendiendo al cariz de la actividad administrativa de la que emana el daño, puede concluirse que el particular afectado debe sobrellevarlo. También resulta posible que, ante actos dictados en virtud de facultades absolutamente regladas, proceda el sacrificio individual, no obstante su anulación posterior, porque se ejerciten dentro de los márgenes de razonabilidad que cabe esperar de una Administración pública llamada a satisfacer los intereses generales y que, por ende, no puede quedar paralizada ante el temor de que, si revisadas y anuladas sus decisiones, tenga que compensar al afectado con cargo a los presupuestos públicos, en todo caso y con abstracción de las circunstancias concurrentes. En definitiva, para apreciar si el detrimento patrimonial que supone para un administrado el funcionamiento de un determinado servicio público resulta antijurídico ha de analizarse la índole de la actividad administrativa y si responde a los parámetros de racionalidad exigibles. Esto es, si, pese a su anulación, la decisión administrativa refleja una interpretación razonable de las normas que aplica, enderezada a satisfacer los fines para los que se la ha atribuido la potestad que ejercita."

 SEXTO: La aplicación de la anterior doctrina al presente caso nos conduce directamente a la desestimación del recurso, por las siguientes razones:

 1. La actuación del TDC que está en el origen de la presente controversia, se desarrolla en el marco de la fijación de unos hechos probados y de calificación jurídica especialmente compleja, en la que resulta necesario concretar conceptos jurídicos indeterminados, tales como la delimitación del mercado afectado, o la existencia de una posición de abuso de dominio.

 2. Las circunstancias que constan en la resolución referida son, esencialmente, las siguientes:

 a) La empresa recurrente operaba en el mercado de venta de excursiones turísticas en Palma de Mallorca, que era comercializado por numerosas agencias de viajes, ofreciendo, entre otras, una excursión intermodal de un día de duración, denominada "Vuelta a la Isla" que se desarrollaba, parte en tren (salida de Palma), parte en barco (Soller a Sa Calobra) y finalmente el regreso desde Soller a Palma en autobús.

 b) La empresa sancionada es concesionaria, hasta 2055, de la línea de ferrocarril de Palma de Mallorca a Soller y a su vez, propietaria de una compañía naviera que operaba desde el puerto de Soller para ofrecer servicios de navegación a playas cercanas como Sa Calobra.

 c) El TDC declaró probado que la entidad recurrente vinculaba la venta de los mejores horarios en el trayecto de ferrocarril a la compra de billetes de los barcos de su propiedad, frente a los de otra naviera competidora en ese mercado.

 d) El TDC impuso a las recurrente una sanción de 318.365 € por infracción del artículo 6 de la Ley 16/1989 de 16 de julio (antigua Ley de Defensa de la Competencia) y calificó su conducta como un abuso de posición dominante realizado "desde la posición de concesionaria en exclusiva de la línea de ferrocarril de servicio público Palma-Soller-Puerto de Soller- de subordinar la obtención de plazas en horarios preferentes en el ferrocarril de Soller que cubre el tramo de la excursión Vuelta a la Isla, a la contratación del tramo en barco de dicha excursión intermodal con Excursiones marítimas Puerto de Soller SL".

 3. La Audiencia Nacional, mediante su Sentencia de 3 de noviembre de 2008 , validó íntegramente la resolución del TDC, asumiendo expresamente sus consideraciones, lo que pone de manifiesto que las decisiones tomadas por el TDC no pueden calificarse como sesgadas, fruto de un voluntarismo selectivo o desprovistas de toda lógica

 4. El Tribunal Supremo, mediante Sentencia de seis de marzo de 2012 , casó la sentencia de la Audiencia Nacional, sobre la base de las siguientes consideraciones:

 a) La entidad recurrente, por su condición de concesionaria de un servicio público, no puede, en la prestación del servicio de ferrocarril, vulnerar las normas del Derecho de la Competencia, pues presta el servicio en exclusiva, sin competidores, por mandato legal.

 b) En todo caso, el mercado relevante tomado en consideración para la calificación de la conducta, el trayecto "Vueltas a las Isla", prestado en la forma intermodal descrita, es artificioso, pues se reconoce que no existe problemática alguna desde el punto de vista del Derecho de la Competencia en los tramos operados en barco y autobús, limitándose la cuestión al traslado en ferrocarril desde Palma a Soller en el que concurre la circunstancia antes descrita.

 c) El tramo en ferrocarril es perfectamente sustituible por el transporte también a la ida, en autobús por lo que rechaza la definición del mercado relevante y casa la Sentencia, anulando la sanción.

 5. En ningún momento el Tribunal Supremo ha señalado que la actuación del TDC fuera irrazonable o desviada de sus funciones, pues se limitó a poner de manifiesto que su criterio de valoración del mercado relevante, y esta es la "ratio" de su decisión, era diferente, razón por la que cabe descartar los argumentos de la recurrente respecto del exceso o falta objetiva de competencia del TDC para actuar en la forma en la que lo hizo.

 6. La recurrente insiste en la tesis de que el TDC se excedió de forma manifiesta en sus funciones pues en ningún caso puede hablarse de abuso de posición de dominio respecto de una empresa que gestiona un servicio público en régimen de concesión, como así lo subrayó el Tribunal Supremo, puntualizando que se refería exclusivamente a la actividad de transporte ferroviario. Nuevamente en este punto debemos remitirnos a la razonabilidad de la resolución y a constatar que la divergencia apuntada se debe simplemente a una valoración diferenciada de planteamientos jurídicos, dentro de marcos de actuación razonables. Buen ejemplo de ello es la Sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de octubre de 2002 asunto Aeropuertos de París C- 82/01 que, en un asunto que ciertamente presenta diferencias respecto del caso analizado, valida, no obstante, una actuación de la Comisión que sanciona por abuso de posición de dominio a una entidad pública que, desde su posición de gestor aeroportuario en régimen de monopolio y como autoridad pública, estableció condiciones desiguales para la explotación de los servicios del aeropuerto a dos empresas competidoras entre sí, imponiéndoles cánones discriminatorios. Tal y como indica el Tribunal de Justicia, apartados 75 y siguientes de la Sentencia, debe huirse en la calificación de este tipo de conductas de puros nominalismos y valorar las circunstancias del caso desde una perspectiva material tratando de constatar en qué medida la actuación de una entidad, poco importa si público o privada, con su actuación ha perturbado el régimen de libre competencia en una actividad distinta pero directamente implicada a la que gestiona en régimen de monopolio.

 7. Particular relevancia debe darse al hecho de que si se estima la tesis de la recurrente se produce un efecto de inhibición del regulador que estimamos particularmente grave. De acuerdo con el artículo 3 del TUE la consecución de un mercado interior competitivo constituye uno de los objetivos básicos de la Unión Europea y para ello es necesario que la actuación del regulador, que obviamente debe estar sujeta a derecho, no se vea condicionada por eventuales reclamaciones de responsabilidad patrimonial generadas por una simple discrepancia interpretativa respecto de la concreción de conceptos jurídicos indeterminados en los que existe un evidente margen de subjetividad.

 En definitiva, en nuestra opinión, el TDC actuó de una forma razonable, por lo que no puede calificarse como antijurídico el daño sufrido por la recurrente, lo que determina la desestimación del recurso

 SÉPTIMO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a la recurrente, parte vencida en este proceso, sin que se aprecien por la Sala la existencia de serias dudas que justifiquen un especial pronunciamiento sobre esta materia.

 Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente

FALLO

 Desestimamos el recurso interpuesto y en consecuencia confirmamos el acto impugnado. Se imponen las costas a la parte recurrente. Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 248 de la LOPJ , al tiempo de notificar la presente sentencia, se indicará a las partes que contra la misma no cabe recurso de casación ordinario.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 2/06/2015 doy fe.