Id. Cendoj: 28079230062015100191
ECLI: ES:AN:2015:2249
ROJ: SAN  2249/2015
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 11/06/2015
Nº de Recurso: 86/2012
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000086 / 2012

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 03655/2012

 Demandante: FESTER, S.L, SOAL MOTOS, S.L

 Procurador: GUILLERMO GARCIA SAN MIGUEL HOOVER

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: MONTESA HONDA, S.A

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA

 Madrid, a once de junio de dos mil quince.

 VISTO, en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, el recurso nº 86/12, seguido a instancia de las mercantiles "Fester SL" y "Soal Motos SL", representadas por el Procurador de los Tribunales D. Guillermo García-San Miguel Hoover, con asistencia letrada, y como Administración demandada la General del Estado, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado. Ha comparecido en calidad de codemandada "Honda Motor Europe Limited, Sucursal en España" como sucesora de "Montesa-Honda SA", representada por el Procurados de los Tribunales D. Aníbal Bordillo Huidobro, con asistencia letrada. El recurso versó sobre impugnación de Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la cuantía se fijó en menos de 600.000 €, e intervino como ponente el Magistrado Don SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO. La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:

                                      ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO :.- Para el correcto enjuiciamiento de la cuestión planteada es necesario el conocimiento de los siguientes hechos:

 1. Las recurrentes constituyen una unidad económica que tiene por objeto la venta de motocicletas, recambios, y accesorios para las mismas y cuentan con los mismos administradores.

 2. El Fundamento Jurídico 3 de la resolución recurrida se establece que las conductas analizadas afectan a la participación activa que tuvieron las recurrentes en los acuerdos de distribución minorista de las motocicletas que el fabricante/importador Montesa Honda realiza en Madrid a través de los concesionarios que distribuyen sus productos, desde mediados de 2008 (17 de junio) hasta finales de 2009.

 En concreto, en sucesivas reuniones de las recurrentes con distintos concesionarios se trataron cuestiones como la organización de la red de subagentes y su margen comercial, temas de política comercial y de precios, como la preparación de tarifas "ad hoc" y fijación de precios mínimos para motocicletas de cilindrada superior a 300 cc, y el problema que plantean algunos concesionarios que no quieren emplear una red de subagentes a los que se fijó una precio de venta máximo.

 La resolución reprocha a las recurrentes el haber impulsado un acuerdo generalizado sobre los precios tanto con carácter horizontal (coordinación de competidores activos en el mismo nivel de mercado), como vertical (es el fabricante/importador el que actúa con capacidad de modificar los niveles propuestos e imponerlos a los concesionarios). También el haber establecido un mecanismo de control para el cumplimiento del acuerdo, exigiendo la remisión de todas las facturas.

 3. Mediante Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 28 de diciembre de 2011, se acordó lo siguiente:

 a) Declarar que "Soal Motos SL" y "Fester SL" y otras entidades, han infringido el artículo 1.1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , al incurrir en un acuerdo colusorio descrito en el FJ 3 de la misma resolución.

 b) Imponer a "Soal Motos SL" y "Fester SL", solidariamente, la multa de 69.861 euros.

 c) Instar a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, para que vigile el cumplimiento de la presente resolución.

 SEGUNDO:.- Por la representación de la actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución precedente, formalizando demanda con la súplica de que se dictara sentencia declarando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme a derecho. La fundamentación jurídica de la demanda se basó en las siguientes consideraciones:

 1. Alteración de las reglas sobre la carga de la prueba:

 -No se ha tenido en cuenta la presunción de inocencia y se presupone la culpabilidad de la recurrente.

 -Invoca la STC 96/90

 TERCERO:.- La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella con la súplica de que se dicte sentencia desestimando el recurso y declarando ajustada a derecho la resolución recurrida. Para sostener esta pretensión se alegó que no existió ninguna de las vulneraciones denunciadas y se remite a la declaración de hechos probados de la resolución recurrida para concluir que la sanción impuesta debe reputarse procedente.

 CUARTO:.- Practicada la prueba declarada pertinente, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.

 QUINTO:.- Señalado el día tres de marzo de 2015 para la deliberación, votación y fallo, se acordó, con suspensión del plazo parta dictar sentencia, oír a las partes sobre la posible caducidad del procedimiento administrativo a la vista de lo acordado en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de marzo de 2015 recaída en el procedimiento 30/2012. Cumplimentado el trámite de audiencia, fue señalado el día dos de junio de 2015, para deliberación, votación y fallo, lo que tuvo lugar en la fecha últimamente indicada.

 SEXTO:.- Aparecen observadas las formalidades de tramitación, que son las del procedimiento ordinario.

                                      FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO: La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la Resolución de fecha 28 de diciembre de 2011, dictada por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), se acordó lo siguiente:

 a) Declarar que "Soal Motos SL" y "Fester SL", y otras entidades, han infringido el artículo 1.1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , al incurrir en un acuerdo colusorio descrito en el FJ 3 de la misma resolución.

 b) Imponer a"Soal Motos SL" y "Fester SL", solidariamente la multa de 69.861 €.

 c) Instar a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, para que vigile el cumplimiento de la presente resolución.

 SEGUNDO: La primera cuestión que debe abordarse en este procedimiento es la relativa a la caducidad del expediente administrativo. Esta cuestión se plantea de oficio a la vista de lo resuelto en la Sentencia de esta misma Sala y Sección, de 13 de marzo de 2015 recaída en el procedimiento 30/2012, una vez oídas las partes personadas en el presente proceso. Esta cuestión entendemos que debe plantearse de oficio aunque la recurrente no lo hubiera alegado, justamente para preservar el derecho a la igualdad, pues debe dispensarse el mismo trato a las partes sometidas al mismo procedimiento siempre que el desarrollo procedimental del mismo sea común e idéntico a las mismas, condición claramente exigida por la STS de 22 de febrero de 2013, recurso de casación nº 4934/2009 FFJJ 4 y 5 para justificar la aplicación del derecho a la igualdad, y que, a diferencia de lo ocurrido en la Sentencia invocada, concurre en este caso. En efecto, como veremos a continuación, a Montesa-Honda se le admitió la práctica de una prueba el 10 de octubre de 2001 , en la que la recurrente tuvo una intervención activa, razón por la que el tratamiento dado al procedimiento debe ser el mismo en ambos supuestos. Por otra parte, el artículo 44.2 de la Ley 30/1992 es imperativo cuando dispone que los procedimientos sancionadores iniciados de oficio, el transcurso del plazo de resolución sin haberse dictado acto alguno de terminación, determinará la caducidad del procedimiento y la Administración queda obligada a decretar su archivo, rotundidad que ha permitido calificar esta cuestión procedimental como de orden público para la Administración actuante.

 Así las cosas, el examen del expediente administrativo, pone de manifiesto los siguientes hechos: Iniciado el procedimiento el 26 de abril de 2010, concluyó el 29 de diciembre de 2011 con la notificación al interesado de la resolución de terminación, cuando el plazo máximo de resolución había vencido el 26 de octubre de 2011, por lo que tuvo una duración real de 18 meses y 63 días.

 No obstante, debe computarse como período de suspensión legítimo los 60 días naturales que discurren entre el 10 de octubre de 2011 y el 9 de diciembre siguiente, en los que se practicó y valoró una prueba documental que se declaró pertinente. Ello es así, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37.1 e) de la Ley 15/2007 y 12.1 b) del RD 261/2008 , debiendo referirse a días naturales el cómputo de dichos plazos ( art. 12.3 RD 261/2008 ).

 En consecuencia, la tramitación y resolución del procedimiento ha tenido una duración de 18 meses y 3 días, superando por lo tanto el plazo de 18 meses establecido en el artículo 36.1 de la Ley 15/2007 .

 La CNC incurre en un error al acordar el 10 de octubre de 2011 la suspensión de la tramitación del procedimiento con fecha de efectos del 6 de octubre anterior.

 Esta práctica contraviene lo dispuestos en los artículos 57. 1 y 3 de la Ley 30/1992 , pues los actos administrativos producen sus efectos desde el momento en el que se dictan, siendo absolutamente excepcional la posibilidad de dictarlos con efectos retroactivos, ya que esos casos se limitan a los supuestos en que la retroacción de efectos sea favorable al interesado o cuando se dicten en sustitución de otros anulados. Ello es así, porque en caso contrario quedaría al criterio de la Administración la fijación de los días iniciales y finales del cómputo del plazo de caducidad del expediente administrativo. Pues bien, ninguno de los dos supuestos mencionados concurre en el presente caso, por lo que debemos fijar como fecha de efectos de la declaración de suspensión del plazo de tramitación aquella en la que el acto se dicta, esto es la del 10 de octubre de 2011.

 El 10 de diciembre de 2011 se levantó la referida suspensión, tras la incorporación y valoración de la prueba practicada, según lo acordado por Resolución de 12 de diciembre, en la que se reitera que la fecha en que se acordó la suspensión fue el 10 de octubre (aunque, según la misma indica, con efectos del 6). La misma "ratio" interpretativa del artículo 57 de la Ley 30/1992 , sólo que a la inversa por tratarse del "dies ad quem" del cómputo, nos conduce a entender que la fecha de efectos es la del 10 de diciembre, cuestión ésta última que sería intrascendente, pues aún en el caso de concluir que el "dies ad quem" coincide con la fecha en la que se documentó el acto (12 de diciembre), la caducidad operaría en igual forma, aunque en ese supuesto, sólo por un día.

 Así las cosas, es claro que la tramitación del procedimiento ha excedido los 18 meses legalmente previstos, concretándose el exceso, una vez descontados los 60 días de suspensión, en 3 días naturales, por lo que procede declarar la caducidad del procedimiento.

 TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a la Administración demandada, parte vencida en este proceso, sin que se aprecien por la Sala la existencia de serias dudas que justifiquen un especial pronunciamiento sobre esta materia.

 Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente

                                                        FALLO

 Estimamos el recurso interpuesto y en consecuencia anulamos el acto impugnado. Se imponen las costas a la Administración demandada. Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 248 de la LOPJ , al tiempo de notificar la presente sentencia, se indicará a las partes que contra la misma no cabe recurso de casación ordinario.

 PUBLICACIÓN.

 La anterior sentencia fue leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente, en audiencia pública.

 Madrid a 16 de junio de 2015