Id. Cendoj: 28079230062015100182
ECLI: ES:AN:2015:2202
ROJ: SAN  2202/2015
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 05/06/2015
Nº de Recurso: 5/2013
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: JAVIER EUGENIO LOPEZ CANDELA
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000005 / 2013

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 00043/2013

 Demandante: ESSELTE S.A

 Procurador: Dª MARÍA CONSUELO RODRIGUEZ CHACÓN

 Letrado: Dª. CANI FERNÁNDEZ VICIÉN, Dª. IRENE MORENO-TAPIA Y D. ALBERT PEREDA MIQUEL

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA

 Madrid, a cinco de junio de dos mil quince.

 Visto el recurso contencioso administrativo que ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido ESSELTE S.A, y en su nombre y representación la Procuradora Sra. Dª María Consuelo Rodríguez Chacón, siendo asistida por las letradas Dª. Cani Fernández Vicién, Dª. Irene Moreno-tapia y D. Albert Pereda Miquel, frente a la Administración del Estado , dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 21 de noviembre de 2012 , relativa a sanción , y la cuantía del presente recurso 2.403.802 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO : Se interpone recurso contencioso administrativo promovido por la actora en fecha 4 de enero de 2.013, y en su nombre y representación la Procuradora Sra. Dª. María Consuelo Rodríguez Chacón frente a la Administración del Estado (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 21 de noviembre de 2012, que impone a la actora la sanción de multa de 2.403.802 euros.

 SEGUNDO : Reclamado y recibido el expediente administrativo, se confirió traslado del mismo a la parte recurrente para que en plazo legal formulase escrito de demanda, haciéndolo en tiempo y forma, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, y suplicando la anulación de la resolución impugnada, o la reducción de la cuantía de la multa en los términos solicitados.

 Dentro de plazo legal la Administración demandada formuló a su vez escrito de contestación a la demanda, oponiéndose a la pretensión de la actora y solicitando la confirmación de la resolución impugnada.

 TERCERO : Habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, y admitida por auto de 27 de junio de 2.013, fueron admitidos los medios de prueba propuestos, y evacuado el trámite de conclusiones, quedaron los autos conclusos y pendientes de votación y fallo, para lo que se acordó señalar el día 11 de marzo de 2.014, quedando sin efecto el señalamiento para votación y fallo al objeto de practicar la diligencia final interesada sobre la cifra del negocios total del grupo, de modo que una vez practicada la misma, se procedió a nuevo señalamiento para votación y fallo para el día 19 de mayo de 2.015.

 CUARTO : En la tramitación de la presente causa se han observado las prescripciones legales previstas en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y en las demás Disposiciones concordantes y supletorias de la misma.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO .- Es objeto de impugnación en autos la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 8 de marzo de 2013, que impone a la actora la sanción de multa de 2.403.802 euros, por infracción del Artículo 1 de la Ley 15 /2007 de Defensa de la Competencia.

 La Resolución impugnada determina en su parte dispositiva, en lo que ahora interesa:

 "PRIMERO. - Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción del artículo 1 de la LDC y del art.1 del TFUE , de la que son autoras...ESSELTE S.A... consistente en una conducta colusoria de fijación de precios y reparto de mercado que debe ser calificada de cartel de empresa.

 SEGUNDO.- Imponer a las empresas como autoras de la conducta infractora las siguientes multas sancionadoras:

 -2.403.802 euros en el caso de ESSELTE S.A.

 QUINTO- Instar a la Dirección de Investigación para que vigile el cumplimiento íntegro de la resolución..."

 SEGUNDO.- Son hechos acreditados en autos, que se deducen de la documental que consta en el expediente administrativo los que a continuación se exponen, aceptándose los expuestos en la resolución impugnada, al margen de lo que expongamos en ulteriores fundamentos de derecho:

 1. El 14 de septiembre de 2010 la empresa UNIPAPEL, S.A. presentó ante la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC) una solicitud de exención del pago de la multa, a los efectos del artículo 65 de la LDC , que pudiera imponerse por la comisión de una infracción del artículo 1 de la LDC , consistente en un acuerdo para la fijación de precios de material de archivo y el reparto de mercado de los clientes de productos de marca propia de material de archivo en el mercado nacional. Esta solicitud, que fue completada posteriormente, junto con la documentación presentada, ofrecía información y elementos de prueba sobre los elementos esenciales de la infracción.

 2. El 26 de octubre de 2010 la DI concedió la exención condicional a UNIPAPEL, S.A. en virtud del artículo 65.1.a) de la LDC , por haber sido la primera empresa en aportar elementos de prueba que, a juicio de la DI, le permitían ordenar el desarrollo de una inspección en los términos establecidos en el artículo 40 de la LDC en relación con el cártel descrito en su solicitud de exención.

 3. El 27 de octubre de 2010 la DI llevó a cabo inspecciones simultáneas en las sedes de DOHE, S.A. (en adelante, DOHE), ESSELTE, S.A. (en adelante, ESSELTE) y GRAFOPLAS DEL NOROESTE, S.A. (en adelante, GRAFOPLAS), de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la LDC . En relación con la inspección de la sede de GRAFOPLAS, mediante Resolución de 1 de marzo de 2011 (Expte. SNC/0010/11 GRAFOPLAS DEL NOROESTE), a propuesta de la DI, el Consejo de la CNC impuso a la citada empresa una sanción por obstrucción de a labor inspectora.

 4. El 15 de noviembre de 2010 DOHE presentó un escrito solicitando la exención del pago de la multa a los efectos del artículo 65 de la LDC o, en su caso, subsidiariamente, la reducción del importe de la multa, a los efectos del artículo 66 de la LDC , que pudiera imponerse en relación con su participación en unos acuerdos de reparto de clientes y de fijación de precios en el mercado de material de archivo que implicaba a la citada DOHE y a otras empresas, siendo completada dicha solicitud posteriormente.

 5. El 16 de diciembre de 2010 la DI notificó a DOHE el rechazo a su solicitud de exención del pago de la multa, acordando no obstante la DI examinar la información y los elementos de prueba aportados como una solicitud de reducción del importe de la multa a los efectos del artículo 66 de la LDC .

 6. El 20 de diciembre de 2010, de conformidad con el artículo 49.1 de la LDC , acordó la incoación del expediente S/0318/10 Material de Archivo, por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en el artículo 1 de la LDC y el artículo 101 del TFUE contra DOHE, ESSELTE, GRAFOPLAS y UNIPAPEL, siendo notificado a las empresas incoadas ese mismo día.

 7. Asimismo, el 20 de diciembre de 2010, analizada la documentación en formato papel recabada en las inspecciones realizadas en las empresas inspeccionadas, la DI notificó a DOHE, ESSELTE y GRAFOPLAS el acuerdo por el que se disponía la incorporación al expediente de dicha documentación, dando plazo para que las citadas empresas solicitaran el carácter confidencial de aquellos documentos que consideraran oportuno. Mediante Acuerdo de 15 de marzo de 2011 la DI resolvió la confidencialidad solicitada por las citadas empresas.

 8. El 29 de marzo de 2011 tuvo entrada en la CNC el recurso interpuesto por GRAFOPLAS ante el Consejo de la CNC contra el acuerdo de la DI de 15 de marzo de 2011 (Expte. R/0070/11 GRAFOPLAS 2). El recurrente solicitaba al Consejo de la CNC que se devolvieran a GRAFOPLAS determinados folios recabados en la inspección o subsidiariamente fuera declarada la confidencialidad de la totalidad de dichos folios. Asimismo solicitaba como medida cautelar la suspensión de la ejecución del acuerdo recurrido hasta que se resolviera el recurso.

 9. El 4 de abril de 2011 la DI acordó, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37.1.d) de la LDC y en el artículo 12.1.f) del RDC, la suspensión del cómputo del plazo máximo de resolución del expediente de referencia hasta la resolución del recurso R/0070/11 GRAFOPLAS 2 por el Consejo de la CNC, notificando este acuerdo a las partes interesadas. Mediante Resolución de 22 de junio de 2011 el Consejo de la CNC desestimó el recurso interpuesto por GRAFOPLAS por no reunir los requisitos exigidos por el artículo 47 de la LDC . En vista de ello, el 29 de junio de 2011 la DI notificó a las partes el levantamiento de la suspensión del plazo máximo para resolver con efectos de 22 de junio de 2012.

 10. El 18 de abril de 2011, analizada la documentación en formato electrónico recabada en las empresas inspeccionadas, la DI notificó a DOHE, ESSELTE y GRAFOPLAS la incorporación al expediente de la documentación en formato electrónico seleccionada, dando plazo para que las empresas solicitaran el carácter confidencial de aquellos documentos que consideraran oportuno. Mediante sendos Acuerdos de 19 y 24 de mayo de 2011 la DI resolvió sobre la confidencialidad de esta documentación solicitada pro ESSELTE y DOHE, respectivamente. GRAFOPLAS no presentó escrito de solicitud de confidencialidad de la documentación en formato electrónico recabada en la inspección de su sede.

 11. El 22 de junio de 2011 la DI puso en conocimiento de UNIPAPEL y de DOHE que consideraba necesario para salvaguardar los derechos de defensa de los interesados levantar la confidencialidad de la información aportada en sus solicitudes de clemencia, que sería incorporada al expediente en la fecha de emisión del Pliego de Concreción de Hechos, concediendo un plazo para solicitar el carácter confidencial de aquellos documentos que consideraran oportunos. A la vista de las solicitudes recibidas, el 17 de noviembre de 2011 la DI notificó a UNIPAPEL y a DOHE el acuerdo de declaración de confidencialidad en relación con la documentación aportada en las solicitudes de clemencia de dichas empresas.

 12. Durante el curso de la instrucción del expediente la DI ha realizado requerimientos de información a las empresas imputadas, a diversos clientes de dichas empresas (CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A., GRUPO ACCS, GRUPO NOVAX COMERCIAL DON PAPEL 2000, S.L., AGRUPACION SUMINISTRADORES DE OFICINAS DISNAK AIE, GRUPO DISOFIC, S.A., CARLIN VENTAS DIRECTAS, S.A., STAPLES PRODUCTOS DE OFICINA, S.L., HIPERCOR, S.A., ALCAMPO, S.A., ANTALIS OFFICE SUPPLIES, S.L., y MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A.) y a la Asociación Española de Fabricantes de Sobres y Manipulados de Papel y Cartón para la Enseñanza y la Oficina (en adelante, ASSOMA).

 13. El 21 de noviembre de 2011 la DI notificó a GRAFOPLAS, ESSELTE, UNIPAPEL y DOHE los acuerdos de declaración de confidencialidad en relación con las solicitudes de confidencialidad presentadas por dichas empresas relativas a las contestaciones a los requerimientos de información realizados por el órgano instructor. El 2 de diciembre de 2011 tuvo entrada en la CNC el recurso interpuesto por ESSELTE ante el Consejo de la CNC contra este acuerdo de la DI (Expte. R/0091/11 ESSELTE). El 7 de diciembre de 2011, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37.1.d) de la LDC y en el artículo 12.1.f) del RDC, la DI acordó la suspensión del cómputo del plazo máximo de resolución del expediente de referencia hasta que el Consejo procediera a resolver el mencionado recurso. El 22 de febrero de 2012 el Consejo de la CNC resolvió el recurso presentado por ESSELTE, notificando la DI el 28 de febrero de 2012 a las partes incoadas el levantamiento de la suspensión del plazo máximo de resolución del procedimiento. Tras ello, la DI notificó a las partes incoadas el levantamiento de la confidencialidad de la información recurrida (folios 3426 a 3439).

 14. De acuerdo con lo previsto en el artículo 50.3 de la LDC , con fecha 21 de diciembre de 2011 se formuló el Pliego de Concreción de Hechos (PCH). En la notificación del PCH, conforme el artículo 50.1 de la LDC y el artículo 32 del RDC, se requirió a las empresas que aportaran información sobre sus volúmenes de negocios, así como, en caso de UNIPAPEL y ESSELTE, de sus matrices. Los escritos de alegación y de contestación al requerimiento de información formulado por la DI tuvieron entrada en la CNC el 10 de enero de 2011 en el caso de UNIPAPEL (folios 2868 a 2871), el 19 de enero de 2012 en el caso de DOHE (folios 2899 a 2917, 2920, 2921, 2923, 2926 y 2927) y el 23 de enero de 2012 en el caso de GRAFOPLAS y ESSELTE, aunque la contestación al requerimiento de información de ESSELTE se produjo el 25 de enero de 2012.

 15. Conforme a lo previsto en el artículo 33.1 del RDC, el 6 de marzo de 2012 la DI acordó el cierre de la fase de instrucción de este expediente sancionador, con el fin de redactar la propuesta de resolución, lo que fue notificado a los interesados (folios 3440 a 3453).

 16. De acuerdo con lo previsto en el artículo 50.4 de la LDC , con fecha 21 de marzo de 2012 se notificó la Propuesta de Resolución de la Dirección de Investigación a las partes, con el fin de que formularan alegaciones. El 27 de marzo de 2012 tuvo entrada en la CNC la solicitud de prórroga del plazo para formular alegaciones de ESSELTE y GRAFOPLAS, notificando la DI el 27 de marzo el acuerdo por el que se les concedía la ampliación de plazo solicitada.

 17. Con fecha 12 de abril de 2012 tuvieron entrada en la CNC sendos escritos de alegaciones a la Propuesta de Resolución presentados por UNIPAPEL (folios 3779 a 3883) y DOHE (folios 3784 a 3814). Con fecha 19 de abril de 2012 tuvo entrada en la CNC escrito de alegaciones a la Propuesta de Resolución presentado por ESSELTE (folios 3817 a 3875). Con fecha 24 de abril de 2012 tuvo entrada en la CNC escrito de alegaciones a la Propuesta de Resolución presentado por GRAFOPLAS (folios 3876 a 4081), conteniendo solicitud de práctica de pruebas testifical y documental ante el Consejo de la CNC.

 18. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50.5 de la LDC , el 27 de abril de 2012 la DI elevó al Consejo el expediente para su resolución, junto con el Informe que incluye la propuesta de resolución así como la propuesta relativa a la exención y reducción de la multa previstas en los artículos 65 y 66 de la LDC .

 19. Mediante escrito de 8 de mayo de 2012 ESSELTE comunicó a la CNC el cambio de domicilio de su representante legal (folio 4235). Posteriormente, el 21 de septiembre de 2012 se ha comunicado un nuevo cambio de domicilio (folios 4269-4273).

 20. Mediante escrito de 30 de julio de 2012 UNIPAPEL informa a la CNC de que con fecha 26 de mayo de 2012, se celebró una Junta General de Accionistas de UNIPAPEL, S.A. en la que se adoptó, entre otros, un acuerdo para cambiar la denominación social "UNIPAPEL, S.A." por la nueva denominación social "ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A." (folios 4236-4239).

 21. Con fecha de 11 de septiembre de 2012, el Consejo dictó Acuerdo por el que informa a las partes de que con fecha 5 de septiembre de 2012 se había remitido a la Comisión Europea la Propuesta de Resolución del expediente en los términos en que se señala en el artículo 11.4 del Reglamento CE 1/2003, por lo que, en cumplimiento del artículo 37.2.c) de la Ley 15/2007 , había quedado suspendido el cómputo del plazo máximo para resolver el expediente hasta que por la Comisión Europea se diera respuesta a la información remitida, o transcurriera el plazo a que hace referencia el mencionado artículo 11.4 del Reglamento CE 1/2003. Transcurrido el plazo de 30 días a que se refiere el último precepto señalado, por Acuerdo de 11 de octubre de 2012, el Consejo resolvió levantar la suspensión del cómputo del plazo máximo para resolver el expediente de referencia, lo que se notificó a las partes.

 22. Mediante escrito de 16 de octubre de 2012 ESSELTE solicita subsanar determinados errores detectados en su contestación de 25 de enero de 2012 al requerimiento de la DI sobre volumen de negocios (folios 4290-4296).

 23. Mediante escrito de 25 de octubre de 2012 GRAFOPLAS solicita al Consejo la práctica de las pruebas formuladas y el alzamiento de la confidencialidad de los documentos mencionados por esa parte en su escrito de alegaciones formuladas a la Propuesta de Resolución, de día 19 de abril de 2012 (folio 4300).

 De la documental que obra en el expediente se deduce que la actora participó en un cártel que tenía por objeto la fijación de precios y el reparto de mercado en el ámbito del material de archivo entre mayo de 2.005 y febrero de 2.010. Ese cartel se instrumentó en diversa reuniones generalmente en la sede de la asociación ASSOMA, a las que acudió ESSELTE SA., y en las que mediante un intercambio de información sobre incrementos de costes y precios coordinaban las estrategias para fijar precios mínimos para material de archivo, además de fijar las comunicaciones que mandarían a sus clientes, siendo dichos acuerdos objeto de seguimiento.

 Dicho acuerdo entre empresas consta acreditado por:

 - La documentación recabada en las inspecciones realizadas el 27 de octubre de 2010 de forma simultánea en DOHE, ESSELTE y GRAFOPLAS ( correos, notas manuscritas...).

 - Los documentos incorporados con la solicitud de clemencia de UNIPAPEL S.A.

 La participación de la recurrente se deduce especialmente de los correos electrónicos recogidos en las inspecciones en las sedes de ESSELTE y DOHE (folios 1360, 1364, 1778, 1820, 1822, 1824), que eran enviados o recibidos desde la dirección de correo jmane@esselte.com, y en los que se indicaba como asunto "mecanismo", o "servicios paquetería", y a los que se solía adjuntar cartas a enviar a los clientes anunciando incremento de precios. Igualmente ello se deduce de:

 -Declaración del Director General de UNIPAPEL (folios 1547, 1566 a 1569) y notas manuscritas del Director General de Distribución (folios 1560 a 1562).

 -Notas manuscritas del Director General de ESSELTE ( folios 377, 380).

 -Notas manuscritas del Director general de Dohe (f.594 a 596 y 600), y del Director General de Grafoplas (folioss 416 a 422).

 -Correos electrónicos obtenidos en la inspección de Dohe y de la solicitud de reducción ( folios 1392 a 1395, 605 607, 873).

 -Tablas de precios obtenidas en la inspección de la sede de Esselte (folio 367).

 TERCERO.- La actora se opone a la sanción impuesta argumentando en primer término que se ha vulnerado el derecho de defensa al tener que atender en un mismo período de tiempo de quince días al trámite de formulación de alegaciones al PCH y al requerimiento de información practicado. Al solicitar una prórroga de doce días para evacuar dichos trámites conjuntos, sólo se le otorgó de 7 días hábiles. Pero ello en modo alguno, ha supuesto causa de indefensión, pudiendo alegar lo que ha tenido por conveniente, sin que precise, con mayor concreción dónde ha radicado esa supuesta indefensión tras la concesión de la mencionada prórroga, y que haya supuesto un vicio de anulabilidad previsto en el art.63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre .

 CUARTO .- En el segundo de los motivos formulados se alega la ausencia de fundamento probatorio de la participación de la actora. Lo cierto es que a la vista de todo lo expuesto en el fundamento de derecho segundo ha quedado acreditada la participación de la actora, rechazándose así el segundo de los motivos formulados, teniendo en cuenta que los documentos de la solicitante de clemencia se han visto corroborados por lo que resulta de la restante documental a la que hemos hecho referencia, de modo que aquella, que dio origen a la información reservada, no constituye, por sí sola, la prueba única de la participación de la actora, respetándose así la Jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea ( Sentencia del Tribunal General de 16.6.2011, asunto FMCForet/comisión , 8.7.2008 , asunt La Farge/Comisión t-54/03).

 Existe, por tanto, indicios suficientes de la comisión de la infracción y participación de la recurrente, aunque la actora no compareciese a todas las reuniones, bastando con la presencia en la mayor parte de ellas ( STJUE de 7.1.2004, asunto Aalborg Portland/ comisión , 28.6.2005 , asunto Dansk Rorindistri, 19.3.2009 , y del Tribunal de Primera Instancia, de 8.7.2008, asunto T-99/04 ).

 Cobra así, relevancia, las declaraciones y notas manuscritas que derivan de la denuncia, ya como verdadera prueba indiciaria, añadida a la anterior, debiéndose recordar que la utilización de la prueba de indicios ha sido admitida en el ámbito del Derecho de la Competencia por el Tribunal Supremo, ya en sentencias de 6 de octubre y 5 de noviembre de 1997 , 26 de octubre de 1998 y 28 de enero de 1999 , entre otras. Para que la prueba de presunciones sea capaz de desvirtuar la presunción de inocencia, resulta necesario que los indicios se basen no en meras sospechas, rumores o conjeturas, sino en hechos plenamente acreditados, y que entre los hechos base y aquel que se trata de acreditar exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, conforme exige la LEC 1/2000 (art.386.1 ), y ello concurre en el presente caso, conforme a lo expuesto.

 También alega dicha falta de participación basándose en que las reuniones existentes tenían por objeto intercambios de información. Pero lo cierto es que dicha información se trata de un medio para implementar los acuerdos para fijar precios y repartirse los clientes, tal como refleja el párrafo 59 de las Directivas sobre acuerdos de cooperación horizontal. No consta beneficio alguno para los consumidores derivados de ese intercambio, ni para las empresas, más allá de su intención de alinear precios.

 QUINTO .- Rechazaremos, en línea con lo expresado en los fundamentos jurídicos anteriores que la actora dejase de participar en el cártel a partir de 2.008, constando su participación en la reunión de 14 de octubre de 2.009, toda vez que no hay motivo alguno para restar relevancia a la declaración de DOHE sobre este aspecto, una vez admitida la participación de la actora en todo el período anterior y la validez probatoria de esta declaración, tal como nos hemos referido antes.

 Impugna además, el mercado relevante, considerando que debe limitarse al de archivos de palanca. También invoca que desde 2.006 dejó de participar en el mercado de material de archivo de palanca de marca del distribuidor, pero lo cierto es que estas alegaciones no se deducen del expediente, ni del contenido de las reuniones, admitiéndose la sustituibilidad desde el lado de la demanda de ese material de archivo, que responde a esa misma finalidad. Y ello sin olvidar que la actora siguió participando en dichas reuniones, por lo que es irrelevante, además de injustificada, esa supuesta limitación del mercado cartelizado que alega la actora, y sin que la actora haya acreditado de forma suficiente lo contrario, no siendo bastante con la alegación de la actora sobre la aportación de las tablas referidas en el anexo 7 a la respuesta al requerimiento de información formulado, pudiendo hacerlo conforme al principio de facilidad probatoria, ex art.217 de la LEc 1/2000 .

 SEXTO .- También discrepa la actora de la cuantificación de la sanción impuesta, en la medida en que la sanción impuesta ha alcanzado a la totalidad del grupo ESSELTE a nivel mundial, sobre la base de los datos tenidos en cuenta en la operación de concentración C/205/10 ESSEKTE/ISABERG HOLDING ABM y en la publicidad de la página Web de dicho grupo. Y también se alega con carácter previo que la Dirección de Investigación propuso la imputación de la matriz, pero que el Consejo no apreció la necesidad de dicha imputación como responsable solidario, porque según se indica en el folio 92 de la resolución impugnada haría "falta una habilitación procedimental específica en este procedimiento que permita al Consejo el ejercicio de la potestad sancionadora en el sentido propuesto por la Dirección de Investigación con respecto a la matriz". En consecuencia, se ha infringido el art. 61.2 de la LDC

 Lo cierto es que la resolución sancionadora no imputa a la matriz de la recurrente responsabilidad alguna, pero utiliza su volumen de negocios fijado conforme a los argumentos de la CNC para sancionar la conducta de la filial, siendo así que ello supone una vulneración de lo dispuesto en el art.61.2 de la LDC , que exige una imputación de la empresa que controla a la hoy sancionada, en este caso, ESSELTE GROUP HOLDINGS INC, o ESSELTE EUROPEAN HOLDINGS INC, lo cual no ha tenido lugar en autos. Por consiguiente, no procede la inclusión del volumen total de negocios del grupo ESSELTE GROUP HOLDINGS, lo que hace innecesario entrar en el examen de la impugnación que formula la recurrente en la determinación de este último volumen, sobre la base del volumen de la sociedad de capital riesgo J.W Childs Associates. Por el contrario, habrá que valorar únicamente la cifra total de negocios de la empresa recurrente en España.

 Por otro lado, en relación con el examen de la proporcionalidad invocada y la doctrina de esta Sala sobre la determinación de la cifra de negocios correspondiente al volumen afectado no puede obviarse que esa doctrina ha sido superada por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como que la sanción impuesta ha aplicado la Comunicación de 6.2.2009, aplicando el tipo del 10% sobre el volumen afectado, y que el Tribunal Supremo, en diversas sentencias, desde la de 29.1.2015, recurso 2872/2013, seguida por las de 30.1.2015, recursos 1476/2014 y 2793/2015 ha considerado que no procede la aplicación de dicha Comunicación, debiéndose ajustar la CNC a los criterios reflejados en los art.63 y 64 de dicha ley 15/2007 .

 Así, se indica en dicha sentencia que:

 Quinto.- La interpretación del artículo 63.1 de la Ley 15/2007 según los criterios hermenéuticos usuales en Derecho conduce a esta Sala a concluir que los porcentajes fijados como límites superiores de las posibles multas (esto es, el uno, cinco o diez por ciento del "volumen de negocios total de la empresa infractora", según se trate de infracciones leves, graves o muy graves respectivamente) constituyen, en cada caso, el techo de la sanción pecuniaria dentro de una escala que, comenzando en el valor mínimo, culmina en el correlativo porcentaje. La preposición "hasta" -que se repite por tres veces, una para cada porcentaje, en el artículo 63.1 de la Ley 15/2007 - denota el término o límite máximo del volumen de ventas utilizable a efectos del cálculo de la sanción (dejamos al margen, por el momento, el significado del adjetivo "total" aplicado al sustantivo "volumen de negocios").

 Esta es una interpretación que seguramente no plantearía problemas desde la perspectiva del derecho nacional si no fuese por la incidencia de un elemento externo -el artículo 23, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento (CE ) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (en lo sucesivo, Reglamento 1/2003 )- al que más tarde haremos referencia. Responde a lo que es usual en las normas sancionadoras administrativas, en las que el legislador fija un intervalo (un espacio entre dos valores, uno máximo y otro mínimo) de las sanciones pecuniarias posibles, bien haciéndolo en términos fijos (multa de 1 euro hasta x euros) bien en términos porcentuales (multa del correspondiente tanto por ciento, desde 0 hasta x, de una determinada magnitud, sea ésta el volumen de negocios de la empresa, la cantidad tributaria defraudada, el contenido económico de la operación de blanqueo de capitales detectada, u otras similares).

 Desde esta perspectiva cada uno de los porcentajes máximos establecido por el artículo 63.1 de la Ley 15/2007 , en función de la calificación de la conducta como infracción leve, grave o muy grave, tiene la misma naturaleza, lo que revela -junto con el resto de consideraciones que hacemos- la debilidad del argumento que emplea el Abogado del Estado cuando sostiene que uno de ellos (el diez por ciento) no ha de ser tomado en consideración para el cálculo de las sanciones sino como factor de moderación a posteriori, esto es, una vez calculadas éstas. Para el Abogado del Estado aquel porcentaje operaría únicamente como límite extrínseco, como "un umbral máximo que, cualquiera que sea el proceso de cálculo empleado, la sanción finalmente impuesta no podrá superar". La finalidad de este límite del diez por ciento sería, a su juicio, la de evitar que "la imposición de la multa convierta en inviable el negocio o la actividad de la empresa, lo que haría perder su finalidad al ejercicio de la potestad sancionadora en dicho ámbito, por cuanto la desaparición de una empresa en cierto sector en nada ayuda a la competencia en el mismo". El argumento del Abogado del Estado, sin embargo, no parece ser aplicable a los otros dos límites porcentuales (el uno y el cinco por ciento) pues difícilmente una multa cuyo máximo fuera equivalente al uno por ciento del volumen de negocios podría desencadenar aquellos efectos.

 Si partimos, como premisa, de que los porcentajes empleados por la legislación española para las infracciones leves y graves (el uno y el cinco por ciento) tienen, en la configuración normativa del artículo 63.1 de la Ley 15/2007 , el mismo significado y carácter que el diez por ciento para las infracciones muy graves, la tesis del Abogado del Estado que acabamos de exponer -y que coincide con la que asume la Comunicación de 6 de febrero de 2009, de la Comisión Nacional de la Competencia, sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1 , 2 y 3 de la Ley 15/2007 , y de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, actuales 101 y 102 del TFUE - dicha tesis, decimos, no resulta aceptable.

 La cuantificación de las sanciones por infracción de la normativa de competencia llevada a cabo según las pautas de la Comunicación de 6 de febrero de 2009 implica en un primer momento fijar el "importe básico de la sanción" sin sujeción a escala alguna. Puede emplearse como valor base un porcentaje incluso del treinta por ciento del volumen de ventas afectado por la infracción. A esta cifra se le aplica, además, ulteriormente un "coeficiente de ajuste" según las circunstancias agravantes o atenuantes que se aprecien, lo que permite que por cada una de las agravantes -que pueden ser, obviamente, varias- se aumente el importe básico en un porcentaje adicional de entre un cinco y un quince por ciento. Y sólo en una tercera fase se ajusta, "cuando proceda", la cantidad así obtenida a los límites fijados en el artículo 63 de la Ley 15/2007 . El método implica, en una buena parte de los casos, establecer un sesgo al alza de los importes de las multas no adaptado a las exigencias del principio de proporcionalidad, para aplicar ulteriormente sólo a modo de correctivo el porcentaje del diez por ciento del volumen de negocios.

 Pues bien, este método de cálculo podrá ser aceptable en aplicación del artículo 23 del Reglamento 1/2003 para las sanciones que impone la Comisión Europea (a ello nos referiremos acto seguido) pero no se aviene con la norma legal española. El artículo 63 de la Ley 15/2007 marca los límites para la imposición de las sanciones en cada una de las tres categorías de infracciones no en cuanto "umbral de nivelación" sino en cuanto cifras máximas de una escala de sanciones pecuniarias en el seno de la cual ha de individualizarse la multa. Se trata de cifras porcentuales que marcan el máximo del rigor sancionador para la sanción correspondiente a la conducta infractora que, dentro de la respectiva categoría, tenga la mayor densidad antijurídica. Cada uno de esos tres porcentajes, precisamente por su cualidad de tope o techo de la respuesta sancionadora aplicable a la infracción más reprochable de las posibles dentro de su categoría, han de servir de referencia para, a partir de ellos y hacia abajo, calcular la multa que ha de imponerse al resto de infracciones.

 El Abogado del Estado defiende, por el contrario, que el límite del diez por ciento actúa únicamente como ulterior "umbral de nivelación" de la sanción ya definida. Con esta expresión (que, por lo demás, no figura en el Reglamento 1/2003 aunque sí en la versión en español de algunas sentencias del Tribunal de Justicia) se quiere identificar lo que hemos denominado "límite extrínseco" aplicable a las sanciones, una vez fijada previamente la cuantía "apropiada" de éstas según el método de cálculo que hace suyo la Comunicación de la Comisión Nacional de Competencia. Dejaremos aparte el hecho de que, en castellano, el término "umbral" no tiene el significado que se emplea en el recurso: umbral es la parte inferior o escalón contrapuesto al dintel, en la puerta o entrada de una casa, o, según su tercera acepción registrada, el "valor mínimo de una magnitud a partir del cual se produce un efecto determinado", no un valor máximo. Pero tal límite extrínseco, repetimos, no se contiene en la Ley española aunque sí lo haga en el Reglamento 1/2003.

 Incluso si admitiéramos -a efectos dialécticos, pues ya hemos rechazado esta interpretación- que el porcentaje del diez por ciento constituye en la Ley 15/2007 un mero "umbral de nivelación", el problema de la inexistencia de unos valores mínimo y máximo para fijar previamente la multa seguiría subsistiendo. La existencia en nuestro ordenamiento de este tipo de límites ulteriores presupone que las respuestas sancionadoras han sido previamente determinadas, e individualizada la pena, conforme a las reglas legales y las exigencias constitucionales de taxatividad en el derecho punitivo. Por poner un ejemplo fácilmente comprensible, las penas privativas de libertad han de imponerse en función de los años de prisión que marquen los tipos correspondientes, no al margen de éstos. Y sólo después, en ciertos casos, la Ley fija un "límite máximo" excepcional, o cláusula de cierre, de "cumplimiento efectivo", de modo que condenas válidamente impuestas, según las pautas legales, a decenas o cientos de años queden ulteriormente "limitadas" ( artículo 76 del Código Penal ) a sólo cuarenta, por ejemplo. Pero la limitación, repetimos, opera una vez que las sanciones penales han sido fijadas conforme a las reglas legales que marcan los máximos y mínimos del tiempo de prisión aplicable a cada delito. No cabría en nuestro Derecho punitivo que esta operación, anterior a la de aplicar la cláusula de cierre, se llevara a cabo sin la existencia de un precepto legal que previera el máximo de la propia sanción.

 El ejercicio, por las autoridades de competencia como por el resto, de las potestades administrativas sancionadoras no puede olvidar que éstas se enmarcan en un contexto jurídico determinado, el constituido por los principios del Derecho sancionador, sin que consideraciones de otro tipo puedan prevalecer sobre las exigencias que constriñen aquel ejercicio. El conocimiento de aquellos principios y de las técnicas generales de aplicación de las normas de carácter punitivo se revela, en este contexto, como particularmente necesario. Y, en este mismo sentido, aunque las multas administrativas tengan sus propias notas conceptuales, no está de más recordar que las sanciones pecuniarias establecidas - también en el caso de las personas jurídicas- para los delitos tipificados en el Código Penal tienen igualmente unos máximos y mínimos que predeterminan la extensión de cada una, de modo que los jueces y tribunales han de imponer motivadamente las multas dentro de los límites fijados para cada delito. La predeterminación normativa de los máximos y mínimos de las multas, tanto penales como administrativas (y sean aquéllos fijos o porcentuales respecto de ciertas magnitudes), a los efectos de individualizar su cálculo bien puede considerarse un principio común insoslayable del Derecho sancionador.

 En un análisis sistemático esta interpretación viene reforzada si atendemos a la coherencia del sistema punitivo en su conjunto. Las conductas más próximas a las restrictivas de la competencia que el legislador considera de mayor reprochabilidad son, como resulta lógico, las que él mismo incluye y tipifica en el Código Penal, cuyo artículo 284.1 sanciona a quienes "empleando violencia, amenaza o engaño, intentaren alterar los precios que hubieren de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores o instrumentos financieros, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación". Se trata de conductas contrarias a la libre concurrencia cualificadas por el añadido de la violencia, la amenaza o el engaño. Pues bien, de conformidad con el artículo 288 del Código Penal , cuando una persona jurídica sea responsable del delito tipificado en el artículo 284 le corresponderá una "multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad" o una "multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos". El sistema de multas-período de tiempo, a su vez, para el caso de las que se pueden imponer a las personas jurídicas tiene como base una cuota diaria con un mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros.

 Si traemos a colación estas referencias es por corroborar que en el Derecho sancionador español incluso las sanciones pecuniarias que corresponden a las conductas contrarias a la libre concurrencia más graves (las delictivas) tienen previstas en la Ley una escala o intervalo de valores mínimos y máximos dentro del cual se ha de individualizar la respuesta punitiva. Es cierto que en el caso de las personas jurídicas las penas por estos delitos no se limitan a las pecuniarias (atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 delartículo 33 del Código Penal , según dispone el artículo 288.2 de éste) pero lo relevante a los efectos que aquí importan es la necesaria -y constante- predeterminación legal de las cifras mínimas y máximas, fijas o porcentuales, dentro de las cuales han de imponerse las multas.

 Sexto.- Avanzábamos en el fundamento de derecho precedente que la interpretación del artículo 63.1 de la Ley 15/2007 que acogemos es la que "naturalmente" dimana de su tenor y del sentido de las escalas de multas máximas y mínimas, además de tratarse de la seguida en nuestro derecho sancionador tanto administrativo como (a fortiori) penal. El intento -por parte de la Comisión Nacional de Competencia y del Abogado del Estado- de armonizar la aplicación de las normas nacionales de defensa de la competencia con las de la Unión Europea, cuando las conductas infractoras lo son simultáneamente de aquéllas y de los artículos 101 y 102 del TFUE , puede explicar -pero no justifica- que hayan optado por no acoger dicha interpretación y la sustituyan por el empleo del método de cálculo de las multas utilizado por la Comisión Europea para las sanciones pecuniarias que esta institución impone al amparo del Reglamento 1/2003, método de cálculo que la Comisión Nacional de Competencia y el Abogado del Estado parecen entender preceptivo y aplicable directamente por las propias autoridades nacionales españolas.

 La premisa de la que parte el Abogado del Estado (que refleja, obviamente, la tesis de la Comisión Nacional de Competencia sobre la materia) no es, sin embargo, correcta y lleva razón la tesis mayoritaria de la Sala de instancia también en este punto. Basta para ello recordar que la propia Comisión Europea admite cómo la legislación de la Unión Europea en esta materia (por lo que aquí respecta, el tan citado Reglamento 1/2003) no ha impuesto un modelo uniforme en el diseño de los regímenes nacionales de aplicación de las normas de competencia. Los Estados miembros han de confiar a sus respectivas autoridades de defensa de la competencia la aplicación efectiva de los artículos 101 y 102 del TFUE , pero el Reglamento 1/2003 les otorga (a los Estados) libertad para determinar sus propias sanciones en la aplicación en su territorio de las normas de competencia de la Unión. Como es obvio, dentro de cada Estado el establecimiento y el diseño normativo de estas sanciones nacionales corresponderá, conforme a sus disposiciones constitucionales, al órgano que ostente la competencia legislativa en sentido amplio (propia o delegada), órgano que en nuestro caso no es precisamente la Comisión Nacional de Competencia (actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

 Siendo cierto, repetimos, que los Estados miembros han de garantizar la ejecución de los artículos 101 y 102 del TFUE bajo los principios generales de efectividad y equivalencia (lo que implica aplicar las mismas normas sustantivas para calificar las conductas que tengan la dimensión y características a las que se refieren ambos), también lo es que ni el Reglamento 1/2003 ni el resto de la legislación de la UE regula o armoniza las cuestiones que atañen a los procedimientos y a las propias sanciones. En otras palabras, la Comisión Europea y las autoridades nacionales de competencia, aun cuando apliquen las mismas normas sustantivas, lo hacen con procedimientos y sanciones que -hasta este momento- no son objeto de una regulación armonizada.

 Estas afirmaciones responden, por lo demás, a la interpretación consolidada del artículo 5 del Reglamento 1/2003 que ha hecho suya en reiteradas ocasiones la propia Comisión Europea. Por no citar sino uno de los últimos documentos emanados de esta institución, puede leerse en su Comunicación de 2014 al Parlamento Europeo y al Consejo sobre "Diez años de aplicación de la normativa antimonopolio del Reglamento (CE) nº 1/2003: logros y perspectivas futuras" (documento COM/2014/0453 final) cómo, en palabras de la propia Comisión, "[...] la legislación de la UE no regula ni armoniza las sanciones por incumplimiento de las normas antimonopolio de la UE", afirmación categórica seguida del recordatorio a los Estados miembros para que "velen por que se disponga de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias".

 Siendo ello así, queda enormemente relativizado el esfuerzo argumental que lleva a cabo el Abogado del Estado (y, en cierto modo, también la sentencia de instancia en su decisión mayoritaria y en el voto particular) con la ayuda de citas, más o menos fragmentarias, de sentencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal General sobre la aplicación del artículo 23 del Reglamento 1/2003 . Reconocida la capacidad de los Estados miembros para instaurar su propio régimen de medidas en respuesta a las infracciones de los artículos 101 y 102 TFUE , sin que sobre esta materia haya exigencias de armonización, las sanciones "nacionales" no tienen por qué adoptar ni los parámetros ni los porcentajes ni las nociones (entre ellas la de volumen de negocios) que emplea el artículo 23 del Reglamento 1/2003 para las sanciones impuestas por la Comisión.

 Tampoco está vinculado el legislador nacional -y, en esa misma medida, el intérprete de las normas internas- por los "métodos de cálculo" diseñados en las "Directrices de la Comisión Europea para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE ) no 1/2003" respecto de las cuales (más propiamente, de sus antecesoras de 1998) ha afirmado el Tribunal de Justicia que "[...] no constituyen ni una legislación, ni una legislación delegada en el sentido del artículo 290 TFUE , apartado 1, ni la base legal de las multas impuestas en materia de competencia, que se adoptan tomando como único fundamento el artículo 23 del Reglamento nº 1/2003 " (apartado 66 de la sentencia de 18 de julio de 2013, asunto C-501/11 ).

 Otra cosa es que el legislador nacional, dentro de su legítimo margen de configuración normativa, hubiera decidido adoptar, de modo expreso y reconocido, las mismas pautas de fijación de las sanciones nacionales que figuran, en términos muy elementales, en el artículo 23 del Reglamento 1/2003 (sin perjuicio de los problemas de constitucionalidad que ello pudiera suponer, a los que inmediatamente nos referiremos). Pese a que en la exposición de motivos de la Ley 15/2007, y con referencia a su título V, existe una alusión a las "tendencias actuales en el ámbito europeo", lo cierto es que la dicción del artículo 63 de la Ley 15/2007 diverge sensiblemente del artículo 23 del Reglamento 1/2003 , hasta el punto de que se implanta en aquél la tipología diferenciada de las diversas infracciones (muy graves, graves o leves) y se asigna a cada una de ellas los intervalos correspondientes en términos de porcentajes del volumen de ventas total de los infractores.

 La técnica nacional de determinación de multas aparejadas a cada tipo de infracción se aparta, pues, del sistema unitario con que trata las infracciones el artículo 23 del Reglamento 1/2003 , precepto que no distingue entre ellas e introduce un solo elemento o factor cuantitativo (el porcentaje del diez por ciento) indistintamente aplicable a todas con la ya dicha función de salvaguarda final ante efectos punitivos en exceso gravosos. Precisamente porque aquel porcentaje es conceptuado desde la perspectiva del Reglamento 1/2003 como "umbral de nivelación" ulterior para modular la incidencia negativa de las multas, una vez calculadas, sobre la economía de las empresas infractoras y evitar su desaparición, no resulta aplicable al sistema diseñado por la Ley 15/2007.

 Séptimo .- Las consideraciones que acabamos de hacer nos dispensan de afrontar con mayor extensión las delicadas cuestiones que se suscitarían, desde la perspectiva del respeto a las exigencias constitucionales, si pudiera prosperar -que no puede- la interpretación del artículo 63 de la Ley 15/2007 auspiciada por el Abogado del Estado. A ellas se refiere la Sala de instancia con una serie de argumentos que no consideramos necesario repetir pues, insistimos, la interpretación que llevamos a cabo de aquel precepto es la anteriormente expuesta.

 Basta a estos efectos recordar que las garantías constitucionales (artículo 25.1) respecto de la predeterminación de las sanciones administrativas en términos taxativos harían muy difícilmente compatible con ellas un sistema a tenor del cual las sanciones pecuniarias pudieran ser fijadas sin haberse previamente establecido por Ley, y a tales efectos, un intervalo o escala que comprenda la multa máxima. Un sistema que no fijase aquella escala y sólo contuviese una previsión para después atemperar el resultado del cálculo a un límite externo reductor se enfrentaría a serios problemas de compatibilidad con aquellas garantías constitucionales.

 En fin, aun cuando se admitiera una cierta colaboración reglamentaria ( artículo 129.3 de la Ley 30/1992 ) para "introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de [...] sanciones establecidas legalmente", que contribuyan "a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes", los reglamentos no podrían en ningún caso alterar la naturaleza o límites de las sanciones que la Ley contempla. Y de modo específico en el caso de las sanciones en materia de defensa de la competencia el Reglamento aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, simplemente no contiene preceptos aplicables a ellas, sin que tampoco se hayan atribuido a la Comisión Nacional de Competencia potestades reglamentarias en la materia, careciendo de esta naturaleza y de carácter vinculante ad extra sus comunicaciones.

 En la versión originaria del artículo 10 de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia , (derogada por la hoy vigente) se establecían "multas de hasta 150.000.000 de pesetas, cuantía que podrá ser incrementada hasta el 10 por 100 del volumen de ventas correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior a la resolución del Tribunal". Se fijaba de este modo un límite máximo de la escala o intervalo sancionador, dentro del cual el importe de las sanciones pecuniarias debía ser concretado atendiendo a la importancia de la infracción según los factores precisados en el apartado 2 del precepto.

 Dado que los criterios de graduación venían referidos en la Ley 16/1989 a una escala que tenía como límite superior aquella cantidad y porcentaje, esta Sala del Tribunal Supremo pudo rechazar el planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad que se nos había solicitado respecto del artículo 10 de la Ley 16/1989 y sentar la doctrina que figura en las sentencias de 8 de marzo de 2002 ( recurso de casación número ), 6 de marzo de 2003 (recurso de casación número 9710/1997 ) y ulteriores, doctrina, por cierto, corroborada por la sentencia constitucional 175/2012, de 15 de octubre de 2012, recaída en el recurso de amparo interpuesto frente a una de aquéllas (la de 3 de febrero de 2009, dictada en el recurso de casación número 3073/2006). No es correcto aducir las referidas sentencias como si de ellas se pudiese validar la tesis favorable al carácter de "umbral de nivelación" del porcentaje del diez por ciento.

 Octavo.- Debemos afrontar a continuación las cuestiones que se suscitan en el recurso sobre la interpretación del mismo precepto ( artículo 63.1 de la Ley 15/2007 ) en cuanto contiene la expresión "volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa".

 Sobre dicha base o volumen se aplican, ya ha quedado expuesto, los porcentajes del uno, el cinco o el diez por ciento para fijar el límite superior de la escala sancionadora según la levedad, gravedad o mayor gravedad de las infracciones, respectivamente. Como bien afirma el tribunal de instancia, no hay problemas respecto al elemento temporal de aquella magnitud, dada la claridad del precepto en este punto: el año o ejercicio de referencia es el inmediatamente anterior a aquel en que se dicta la resolución sancionadora.

 La Sala de instancia se plantea el problema interpretativo de "determinar si el volumen de negocios lo es en todas las actividades económicas, tengan o no relación con la infracción, que realice la empresa infractora". Y, atendidos los criterios de proporcionalidad, finalidad represiva de la norma y "ámbito de vulneración", concluye que "[...] el volumen de negocios total sobre el que ha de aplicarse el porcentaje para determinar la cuantía de la multa, ha de venir referido al ámbito de actividad económica de la empresa, en el que se ha producido la infracción, esto es, al ámbito del mercado directa o indirectamente afectado por la infracción".

 Aun reconociendo que la tesis mayoritaria de la Sala de instancia tiene una base argumental no desdeñable, nuestra interpretación del artículo 63.1 de la Ley 15/2007 está más en la línea del voto discrepante, que hace suya el Abogado del Estado como base de esta segunda parte del recurso de casación. Ello determinará su estimación, limitada a este punto, y la subsiguiente revocación de la sentencia con ese mismo alcance.

 Comenzaremos por subrayar que en la interpretación de las normas legales, cuando éstas incorporan sus propias opciones de política legislativa, los tribunales deben respetar -salvo que incluyan elementos de inconstitucionalidad- los juicios o consideraciones, explícitas o implícitas, que el propio legislador haya efectuado sobre la proporcionalidad de aquellas opciones. Es la ley la que marca, por ejemplo, los valores máximos y mínimos de la escala de multas y, repetimos, salvo que en esos valores o porcentajes se pudieran apreciar factores que induzcan al planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, el juicio de proporcionalidad que incorporan los correlativos preceptos ya queda hecho por el propio Legislador y a él hay que atenerse. Criterio extensible al resto de elementos configuradores del precepto, entre ellos el que define el volumen de negocios de la empresa en términos de "totalidad".

 La utilización de una magnitud como el "volumen de negocios" para fijar porcentualmente, en función de ella, el máximo de las sanciones pecuniarias no es, a nuestro juicio, susceptible de reproche de inconstitucionalidad tanto si se aquella expresión se interpreta en un sentido (el de la mayoría de la Sala) como en otro (el del voto minoritario). Se trata de un factor expresivo de la capacidad económica del sujeto infractor y, en esa misma medida, apto para deducir de él la intensidad de la respuesta sancionadora en que consiste la sanción pecuniaria. El legislador tiene una amplia capacidad de configuración normativa para elegir aquel factor como módulo de referencia en el cálculo de las multas, al igual que podría haber optado por otros (por ejemplo, el beneficio obtenido a consecuencia de la infracción).

 El volumen o cifra de negocios (o de facturación, o de ventas) es un dato o indicador contable que revela, repetimos, la capacidad y situación económica del sujeto infractor y, en esa misma medida, permite calcular a priori la máxima incidencia concreta que una sanción pecuniaria puede suponer para él. A la "situación económica del culpable" se refieren asimismo los artículos 50 y 52 del Código Penal a los efectos de la imposición de las multas. Y en cuanto factor de cálculo es también utilizado en otros sectores del derecho administrativo sancionador, como es el caso de ciertas infracciones tributarias (aun cuando atemperado por unos topes máximos adicionales, por ejemplo en el artículo 203 de la Ley General Tributaria que sanciona determinados comportamientos de resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria con "multa pecuniaria proporcional de hasta el dos por ciento de la cifra de negocios del sujeto infractor en el año natural anterior a aquél en que se produjo la infracción, con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 400.000 euros").

 Partiendo de la premisa que acabamos de enunciar, compete al legislador decidir si el "volumen de negocios" sobre el que debe aplicarse el porcentaje máximo de la escala sancionadora es, en el caso de las empresas con actividad en varios mercados, bien el global o "total", bien el parcial correspondiente a uno o varios de sus ámbitos de actividad económica. De hecho, en algún precedente significativo el propio legislador cambió la norma sectorial sancionadora para pasar, intencionadamente, de uno a otro: el artículo 82.1.a) de la Ley General de Telecomunicaciones de 1998 (Ley 11/1998) fijaba como importe de la sanción pecuniaria para las infracciones muy graves "el 1 por 100 de los ingresos brutos anuales obtenidos por la entidad infractora en el último ejercicio". Dicho artículo fue derogado por la nueva Ley 32/2003 cuyo artículo 56.1.a ) precisamente modificó el cómputo de los ingresos brutos de la entidad infractora, cifra sobre la que se aplica el porcentaje máximo del uno por ciento para fijar el importe de la sanción, atendiendo desde entonces a los ingresos obtenidos por la entidad infractora tan sólo "en la rama de actividad afectada".

 La expresión "volumen de negocios" no es en sí misma conceptualmente diferente de la expresión "volumen de negocios total", como se ha destacado con acierto. Sin embargo, cuando el legislador de 2007 ha añadido de modo expreso el adjetivo "total" al sustantivo "volumen" que ya figuraba, sin adjetivos, en el precepto análogo de la Ley anterior (así ha sucedido con el artículo 63.1 de la Ley 15/2007 frente a la redacción del artículo 10.1 de la Ley 16/1989 ), lo que ha querido subrayar es que la cifra de negocios que emplea como base del porcentaje no queda limitada a una parte sino al "todo" de aquel volumen. En otras palabras, con la noción de "volumen total" se ha optado por unificar el concepto de modo que no quepa distinguir entre ingresos brutos agregados o desagregados por ramas de actividad de la empresa autora de la infracción. Voluntad legislativa acorde con esta interpretación que, como bien recuerda el voto particular, rechazó las propuestas de modificación del texto, expuestas en los trabajos preparatorios de su elaboración, que específicamente intentaban reducir el volumen de ventas a tan sólo las realizadas en el mercado afectado por la infracción.

 Se han puesto de relieve en ocasiones ciertas consecuencias "disfuncionales" de esta opción legislativa como serían, entre otras, el suponer un incentivo para la creación artificial de sociedades independientes, limitadas a un único ámbito de actividad, a fin de minimizar el riesgo de sanciones muy elevadas, o, desde la otra perspectiva, un obstáculo indirecto a la creación de grandes conglomerados empresariales que incluyan actividades diversificadas. Pero ni esta objeción ni otras similares que atienden más bien a razones de oportunidad o conveniencia, o a su incidencia en las decisiones de los agentes económicos, bastan para negar la validez de la opción del legislador, cuya expresión en el artículo 63.1 de la Ley 15/2007 estimamos ha de ser interpretada en el sentido que acabamos de exponer.

 Que ello sea así no implica, sin embargo, que la cifra de negocios referida a ámbitos de actividad distintos de aquel en que se ha producido la conducta anticompetitiva resulte irrelevante a los efectos del respeto al principio de proporcionalidad, de necesaria aplicación en el derecho sancionador. Lo es, y de modo destacado, pero en el momento ulterior de individualización de la multa, no para el cálculo del importe máximo al que, en abstracto y en la peor (para el sancionado) de las hipótesis posibles, podría llegarse.

 Noveno . - Esta última consideración conduce por sí sola a la aplicación del artículo 64.1 de la Ley 15/2007 . En él se ofrece a la autoridad administrativa -y al juez en su función revisora de plena jurisdicción- la suficiente cobertura para atender, como factor relevante entre otros, a la cifra o volumen de negocios de la empresa infractora en el sector o mercado específico donde se haya producido la conducta.

 En efecto, el artículo 64.1 de la Ley 15/2007 exige que, dentro de la escala sancionadora -interpretada en el sentido que ya hemos declarado- se adecúe el importe de la multa en función de criterios tales como la dimensión y características del mercado afectado por la infracción, la cuota que dentro de él tenga la empresa infractora y los beneficios ilícitos por ella obtenidos como consecuencia de la infracción. Son criterios, pues, que inequívocamente remiten a la concreta distorsión de la competencia que se haya producido en cada caso, esto es, a la consumada en el seno de un determinado sector o mercado donde opera la entidad sancionada, que puede, o puede no, simultáneamente operar en otros mercados.

 Si es válido utilizar el "volumen de negocios total" de la entidad para el cálculo del porcentaje máximo aplicable a la más grave de las conductas posibles, en el caso de las empresas "multiproducto" la evaluación pormenorizada de la concreta conducta infractora, dentro del sector específico de actividad y con arreglo a aquellos criterios, permitirá igualmente atender las exigencias del principio de proporcionalidad en el sentido al que tienden las reflexiones de la Sala de instancia en su parecer mayoritario, esto es, tomando en cuenta aquel elemento junto con el resto de los que incluye el artículo 64.1 de la Ley 15/2007 .

 Esta Sala es consciente de la dificultad que encierra compatibilizar, en un único acto y con las solas reglas contenidas en los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007 , las exigencias de efectividad y capacidad disuasoria de las sanciones en materia de defensa de la concurrencia, por un lado, con las derivadas -y también insoslayables- del principio de proporcionalidad, por otro. Quien tiene la competencia para ello deberá valorar si la insuficiencia de la Ley 15/2007 en este punto aconsejaría una modificación parcial de su título V, dado que aquélla no puede ser suplida mediante una mera Comunicación de autoridades carentes de potestades normativas en la materia, por mucho que su propósito sea el elogiable de dotar de mayor nivel de predictibilidad a la imposición de las sanciones pecuniarias.

 A lo largo de la controversia procesal se ha hecho referencia a la finalidad disuasoria de las multas en materia de defensa de la competencia, finalidad que ciertamente les corresponde y que, tratándose de infracciones de los artículos 101 y 102 del TFUE , es inexcusable para la efectividad de ambos, también cuando son aplicados por las autoridades nacionales de los Estados miembros. Pero tal carácter ni es exclusivo de este sector del ordenamiento ni puede constituirse en el punto de referencia prevalente para el cálculo en un supuesto concreto, desplazando al principio de proporcionalidad.

 Las sanciones administrativas previstas para el ejercicio de actividades económicas -en el ámbito del derecho de la competencia que, pese a algunas posturas reduccionistas, no difiere en este punto de otros sectores del ordenamiento sancionador- han de fijarse en un nivel suficientemente disuasorio para que, al tomar sus propias decisiones, las empresas no aspiren a obtener unos beneficios económicos derivados de las infracciones que resulten ser superiores a los costes (las sanciones) inherentes a la represión de aquéllas. Si, además de esta ecuación, el legislador considera oportuno incrementar el "efecto disuasorio" a cotas superiores, tiene capacidad normativa para hacerlo dentro del respeto a las exigencias constitucionales.

 Esta Sala ha declarado (por todas, véanse las sentencias de 6 de marzo de 2003 y 23 de marzo de 2005 , recursos de casación 9710/1997 y 4777/2002 , respectivamente) que entre los criterios rectores para valorar la adecuación de las sanciones a la gravedad de los hechos se encuentra el de que "[...] la comisión de las infracciones anticoncurrenciales no debe resultar para el infractor más beneficiosa que el cumplimiento de las normas infringidas. Criterio que, aun no expresado literalmente en el artículo 10 de la Ley 16/1989 [tampoco explícitamente en la Ley 15/2007], puede entenderse implícito en las letras a), c) y d) de su apartado 2, así como en la facultad de sobrepasar el límite sancionador de los 150 millones de pesetas hasta el diez por ciento del volumen de ventas de la empresa infractora ( artículo 10 apartado uno). En todo caso, con o sin mención legal específica, corresponde a la naturaleza misma de la propia potestad sancionadora, como lo demuestra su posterior inclusión bajo la rúbrica del «principio de proporcionalidad» en elartículo 131.2 de la Ley 30/1992 ".

 Aunque ello dependerá ya del legislador, responsable último de fijar la aptitud intimidatoria de las sanciones, un sistema general de multas que pretenda establecer un nivel de disuasión adecuado quizás debería implicar no sólo la ausencia, en todo caso, de aquellos beneficios sino un plus que añada, a los términos de la ecuación "beneficio esperado" menor al "coste de la sanción", añada, decimos, el factor de la probabilidad en la detección de las conductas infractoras. En todo caso, con o sin este último factor, corresponde a la ley -y no a quien la ejecuta o la interpreta- establecer las modalidades de sanciones y los límites cuantitativos, fijos o porcentuales, que el legislador considere oportuno para cumplir la finalidad disuasoria de las sanciones en este área del ordenamiento jurídico. Ello justifica que determinadas leyes prevean que el castigo pecuniario a las infracciones en ellas contempladas, cuando la sanción deba calcularse en función de los beneficios obtenidos con la conducta, se concrete en multas que oscilan desde el monto del beneficio al duplo, el triple u otros múltiplos de aquél.

 No debe olvidarse, en fin, que el efecto disuasorio debe predicarse de la política de defensa de la competencia en su conjunto, en el marco de la cual sin duda tienen este carácter, además de las sanciones pecuniarias a las propias empresas, ciertas medidas punitivas previstas en la norma pero no siempre adoptadas en la práctica (como la contenida en el artículo 63.2 de la Ley 15/2007 , que permite imponer multas de hasta 60.000 euros a las personas que integran los órganos directivos de las empresas infractoras) o bien un marco procesal de acciones civiles que faciliten el efectivo resarcimiento de los daños ocasionados por las conductas anticompetitivas.

 Precisamente la evolución del Derecho de la Competencia va dirigida a incrementar el nivel de disuasión efectiva contrarrestando los beneficios ilícitos derivados de las conductas restrictivas de la competencia mediante la promoción de las acciones de condena -en la vía civil- al resarcimiento de los daños causados por las empresas infractoras (daños a los consumidores y a otros agentes económicos que son normalmente el reverso del beneficio ilícito obtenido). Se pretende de este modo aumentar la capacidad de disuasión del sistema de defensa de la competencia en su conjunto, de modo que las empresas infractoras -y sus directivos- no sólo "sufran" la sanción administrativa correspondiente sino que, además, queden privadas de sus ilícitas ganancias indemnizando los daños y perjuicios causados con su conducta. Designio en cuya ejecución avanza de manera inequívoca (aunque la obligación de resarcimiento sea anterior y de hecho cuente ya con precedentes judiciales también en España, como el que ofrece la reciente sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2013, dictada en el recurso de casación 2472/2011) la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.

 Décimo.- Ha lugar, pues, a la estimación del recurso del Abogado del Estado tan sólo en lo que se refiere a la segunda parte de su motivo de fondo, esto es, aquella en que censura la interpretación reductora que el tribunal de instancia ha hecho de la expresión "volumen total de negocios" inserta en el artículo 63.1 de la Ley 15/2007 .

 La estimación del recurso en estos limitados términos obliga a esta Sala a resolver "lo que corresponda dentro de los límites en que apareciera planteado el debate" ( artículo 95.2, letra 2 de la Ley Jurisdiccional ). Nuestro juicio debe confirmar la declaración de nulidad de la resolución recurrida en lo que se refiere al importe de la multa, pues ha sido calculado a partir de un método de cálculo no conforme a derecho, dejando subsistente la parte de la sentencia que corrobora la validez de los demás extremos de aquélla.

 Procede, pues, el mantenimiento del fallo de instancia en cuanto ordena a la Comisión Nacional de Competencia (actualmente la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) que imponga de nuevo la sanción pecuniaria "en el porcentaje que resulte, atendidos los criterios legales de graduación debidamente motivados", si bien atemperando esta declaración en el siguiente sentido:

 A) Por un lado, debe atenderse a la precisión efectuada por el tribunal de instancia: "[...] En el presente caso la sanción se impone en Resolución de 1 de diciembre de 2011, y por lo tanto el volumen de negocios a considerar es el del ejercicio de 2010. No es correcta la magnitud considerada por la CNC en cuanto se refiere a otro ejercicio".

 B) Por otro lado, el cálculo de la sanción debe hacerse en sintonía con la interpretación que de los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007 hacemos en esta sentencia. Ello implica la improcedencia de acometerlo con arreglo a las pautas sentadas en la Comunicación de 6 de febrero de 2009, de la Comisión Nacional de la Competencia, sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1 , 2 y 3 de la Ley 15/2007 , y de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, actuales 101 y 102 del TFUE

 En consecuencia, por todas las razones expuestas, procede la estimación del recurso contencioso-administrativo que formula la recurrente, pero con carácter parcial, anulándose la resolución impugnada en los términos expresados en el presente fundamento de derecho, y debiéndose dictar otra en ejecución de sentencia que tenga en cuenta lo establecido en este fundamento de derecho, excluyendo el volumen total de negocios del grupo ESSELTE GROUP HOLDINGS INC, o ESSELTE EUROPEAN HOLDINGS INC, y teniendo en cuenta únicamente el volumen total de negocios de la filial, hoy recurrente, en España en el año anterior a la fecha de la resolución, y con pleno sujeción a lo dispuesto en los art.63 y 64 de la LDC , conforme a la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 29.1.2015 y sucesivas.

 SÉPTIMO.- Conforme al art. 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 29/1998 en su redacción dada por la Ley 37/2011, al haberse estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo, no procede realizar condena alguna en cuanto a las costas procesales.

 VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, por el poder que nos otorga la Constitución:

FALLAMOS

 La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Sexta, ha decidido:

 1º.- ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso contencioso administrativo interpuesto por ESSELTE S.A , y en su nombre y representación la Procuradora Sra. Dª. MARIA CONSUELO RODRÍGUEZ CHACÓN, frente a la Administración del Estado , dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 21 de noviembre de 2012 , y en consecuencia, anulamos la misma, en los términos establecidos en el fundamento de derecho sexto de esta sentencia

 2º.- DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo en cuanto a lo demás que solicita la recurrente .

 3º.- No ha lugar a hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas procesales .

 Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la misma no cabe recurso de casación ordinario, por lo que resulta firme, y testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 16/06/2015 doy fe.