Id. Cendoj: 28079230062016100036
ECLI: ES:AN:2016:420
ROJ: SAN  420/2016
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 55/2016
Fecha de Resolución: 11/02/2016
Nº de Recurso: 142/2014
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: ANA ISABEL RESA GOMEZ
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000142 / 2014

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 01885/2014

 Demandante: HIPER RENT A CAR, S.A.

 Procurador: D. ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: AENA AEROPUERTOS S.A.U

 Abogado Del Estado

 Ponente IIma. Sra.: Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a once de febrero de dos mil dieciséis.

 Visto el recurso contencioso-administrativo nº 142/14 que ante esta Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido HIPER RENT A CAR, S.A. representada por el Procurador D. Antonio García Martínez contra la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) de 6 de febrero de 2014 (expediente S/0420/12) sobre denuncia presentada por supuestas prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. La Administración demandada ha estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, habiendo actuado como codemandada AENA AEROPUERTOS S.A.U., representada por la Procuradora Sra. Agulla Lanza. La cuantía del recurso es indeterminada. Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ , Magistrada de la Sección.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO: El 6 de febrero de 2014 el Consejo de la Comisión Nacional de los mercados y de la Competencia dictó resolución en el expediente S/0420/12, tramitado por la Dirección de Investigación de la CNC a raíz de la denuncia presentada por HIPER RENT A CAR S.A. por supuestas prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

 La referida resolución consta de la siguiente parte dispositiva:

 "ÚNICO.- Declarar la no incoación de procedimiento sancionador y el archivo de las actuaciones iniciadas a virtud de la denuncia presentada por HIPER RENT A CAR S.A., contra AENA AEROPUERTOS S.A., por cuanto las conductas denunciadas como vulneradoras de los Artículos 1 , 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia , no son constitutivas de infracción de las normas de competencia citadas."

 SEGUNDO: El 10 de abril de 2014 la representación procesal de la parte actora interpuso recurso contencioso-administrativo contra dicho acto ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Se turnó a la Sección Sexta donde fue admitido a trámite, reclamándose el expediente administrativo. Presentada demanda el 24 de junio de 2014 la parte solicitó se dicte sentencia por la que se estime la pretensión instada contra AENA, dejando sin efecto la resolución impugnada.

 Se emplazó al Abogado del Estado para que contestara a la demanda presentando escrito en el que solicitó la desestimación del recurso, petición que igualmente reiteró la codemandada.

 TERCERO : No recibido el pleito a prueba quedaron los autos conclusos y pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que se efectuó para el 10 de febrero de 2016, habiéndose observado en la tramitación del presente recurso todas las prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO: El acto impugnado es una resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, que al amparo de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 15/2007 acuerda no incoar un procedimiento sancionador y el archivo de las actuaciones seguidas por la Dirección de Investigación por considerar que en los hechos que se denuncian no se aprecian indicios racionales de existencia de conductas prohibidas por los artículos 1 , 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio .

 Son datos fácticos a tener en cuenta para la resolución del presente contencioso, los siguientes:

 1.- La Dirección de Investigación, en virtud de la denuncia presentada por HIPER RENT A CAR S.A., contra AENA AEROPUERTOS S.A., por supuestas prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por los Artículos 1 , 2 y 3 de la Ley 15/2007 , llevó a cabo una información reservada requiriendo, en varias ocasiones a la denunciada, información sobre la normativa legal aplicable a las empresas de alquiler de coches a empresas no concesionarias; el sistema CAVEN de registro de clientes de las empresas no concesionarias; y las condiciones para la adjudicación de las concesiones para la explotación de la actividad de alquiler de coches en los aeropuertos de las Islas Baleares, explicaciones detalladas de la normativa aplicable a las empresas rent a car, tanto concesionarias como no concesionarias, sobre distintos detalles del procedimiento regulador de la actividad de alquiler de vehículos para empresas no concesionarias, sobre las reuniones que se celebraron para negociar su puesta en marcha, sobre la Oficina Multimodal de Transporte del Aeropuerto de Málaga, sobre la Mesa de Competencia Desleal del Transporte Terrestre y así como sobre la organización de los aparcamientos en los aeropuertos de la red de AENA, requerimientos que fueron debidamente atendidos.

 2.- A la vista de todo ello, la Dirección de Investigación el día 10 de Julio del 2013 elevó propuesta al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, de acuerdo con lo prevenido en el Artículo 49.3 de la Ley 15/2007, de 3 Julio, de Defensa de la Competencia , proponiendo la no incoación de procedimiento sancionador, así como el archivo de las actuaciones, por considerar que no hay indicios de infracción de la mencionada Ley.

 3.- Con fecha 6 de febrero de 2014 el Consejo de la CNC dicta la resolución por la que se acuerda no incoar procedimiento sancionador y disconforme con ello el interesado formula recurso contencioso-administrativo.

 SEGUNDO: Alega la actora como fundamento de su pretensión anulatoria que los hechos denunciados contravienen la legalidad vigente y suponen un abuso de posición dominante y restringen la competencia vulnerando los derechos de los consumidores, dado que AENA ha impedido y sigue impidiendo el acceso para la recogida de clientes dentro de las terminales de llegadas de los aeropuertos de Mallorca, Menorca e Ibiza al personal de la denunciante y/o empresa subcontratada al efectos, denominada Autocares Drus S.L., la cual es una empresa de servicio público a la que AENA veta el acceso a las zonas de servicio público, con el objeto de dificultar la operativa de dicha empresa, en beneficio de las empresas concesionarias, imponiéndole condiciones abusivas y discriminatorias. Asimismo AENA modificó el régimen de accesos al aeropuerto de Ibiza y Menorca en un claro trato discriminatorio hacia esta parte y articuló una estrategia para perjudicar a las empresas de rent a car no concesionarias en beneficio de las que sí lo son.

 Considera que dichas infracciones, vulneran los artículos, 1 , 2 y 3 de la LDC debiendo ser consideradas muy graves y que la falta de incoación del expediente sancionador, impidiendo a la Sala entrar a valorar hechos que considera inexactos o interpretaciones erróneas le causan indefensión. Igualmente invoca falta de motivación por cuanto la resolución se limita a analizar si la actuación de AENA es incardinable en el art. 2 de la ley 15/2007 , pero no analiza si pueden subsumirse en los artículos 1 y 3 de la LDC .

 TERCERO : Efectivamente la DI fundamenta la propuesta de archivo en las siguientes consideraciones, que asume el Consejo:

 "A la luz de los Hechos concretados, que devienen probados, debemos declarar el archivo de las actuaciones y la no incoación de expediente sancionador, toda vez que no existen indicios de infracción, no ya incardinables en los Artículos 1 y 3 de la Ley 15/2007 , sino tampoco en el Artículo 2 de la misma. Y ello, por las siguientes consideraciones:

 1ª la conducta de la denunciada AENA AEROPUERTOS S.A., (AENA) se enmarca en el desarrollo de sus competencias, anteriormente referenciadas y con amparo en normativa legal y en interés general, que en lo que atañe al presente expediente son "la ordenación, dirección, coordinación, explotación, conservación, administración y gestión de los aeropuertos y helipuertos en la red atribuida a su gestión". En consecuencia, la totalidad de actuaciones que van desde la creación de un sistema operativo, el Procedimiento Regulador y sus Anexos; la publicidad de los Pliegos de Bases y Pliegos de Condiciones; la asunción de empresas concesionarias y sus requisitos y las no concesionarias y sus requisitos; y cuantas reglas de juego se consideran objetivamente necesarias, en orden al buen funcionamiento y seguridad de los aeropuertos de las Islas Baleares, en este concreto caso.

 2ª por el contrario, las conductas seguidas por la denunciante, HIPER RENT A CAR S.A., se enmarcan en la desobediencia a las normas establecidas y publicadas, en claro abuso del derecho.

 De una parte, combate las reglas de juego pero indebidamente, por cuanto pudiendo hacerlo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo no lo hace. Es decir, pudo discrepar de lo reglado (Procedimiento Regulador, Pliegos de Bases y Pliegos de Condiciones, diferenciación entre empresas concesionarias y no concesionarias y sus especiales y peculiares reglas, etc.) fundamentándola en posible abuso de derecho, discriminación, exceso en la jurisdicción, etc., o cualesquiera otros motivos en amparo de su derecho. Y no lo hace, por lo que su derecho se aquieta a lo resuelto.

 No debe olvidar la denunciante la reciprocidad de derechos y obligaciones.

 3ª ítem más, su conducta desobediente a lo reglado, lo es en claro fraude del Artículo 7 del Código Civil que previene que "los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe" "la Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso".

 4ª la articulación de su denuncia debe rechazarse, también y a mayor abundamiento, por cuanto la razón o causa de pedir, se debe deferir al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, siendo impropio e improcedente el acudir a esta Comisión."

 El Abogado del Estado y la codemandada consideran en base a ello que la incoación de un procedimiento sancionador es una potestad discrecional de la Administración y que la decisión de archivo está suficientemente motivada.

 CUARTO: La cuestión que debe abordase en el presente caso es la relativa a delimitar cuales son las obligaciones de la autoridad de competencia cuando una persona física o jurídica presenta una denuncia por práctica anticompetitiva, y más en concreto si existe por parte de dicha administración una obligación de investigación, el curso que en cuanto al fondo debe darse a cada denuncia y la extensión del control jurisdiccional en estos casos.

 La STPI de 18 de septiembre de 1992 asunto T-24/90 Automec, apartados 73 a 81, respondió a estas cuestiones con una doctrina que se ha mantenido inalterada con el paso del tiempo. Por su interés y aplicabilidad para el presente asunto, se reproducen los apartados 73 a 81 de dicha resolución, sin que los cambios normativos producidos desde entonces afecten en lo esencial a la "ratio" de la doctrina contenida en la resolución citada:

 " 73. Para definir las obligaciones de la Comisión en este contexto, debe recordarse, con carácter preliminar, que es responsable de la aplicación y de la orientación de la política comunitaria de la competencia (véase la sentencia del Tribunal de Justicia, de 28 de febrero de 1991, Delimitis, C-234/89 , Rec. pp. 935 y ss., especialmente p. 991). Esta es la causa de que el apartado 1 del artículo 89 del Tratado le asigne la misión de velar por la aplicación de los principios establecidos por los artículos 85 y 86 y de que las disposiciones adoptadas con base en el artículo 87 le confieran amplias facultades.

 74. El alcance de las facultades de la Comisión en el ámbito del Derecho de la competencia debe examinarse a la luz del apartado 1 del artículo 89 del Tratado, que, en este ámbito, constituye la manifestación concreta de la misión general de vigilancia confiada a la Comisión por el artículo 155 del Tratado. Ahora bien, como ha señalado el Tribunal de Justicia en el marco del artículo 169 del Tratado ( sentencia de 14 de febrero de 1989, Star Fruit/Comisión, 247/87 , Rec. pp. 291 y ss., especialmente p. 301), dicha misión no implica que la Comisión esté obligada a iniciar procedimientos que tengan como objeto probar posibles violaciones del Derecho comunitario.

 75 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia señala que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ( sentencia de 18 de octubre de 1979 , GEMA, antes citada, pp. 3173 y ss., especialmente p. 3189) se desprende que, entre los derechos conferidos a las partes denunciantes por los Reglamentos n° 17 y n° 99/63 , no figura el de obtener una Decisión, en el sentido del artículo 189 del Tratado, en cuanto a si existe o no la supuesta infracción. De ello se deduce que la Comisión no puede estar obligada a pronunciarse al respecto, salvo cuando el objeto de la denuncia entra dentro de sus competencias exclusivas, como ocurre con la revocación de una exención concedida con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado.

 76 Como la Comisión no tiene la obligación de pronunciarse sobre si existe o no una infracción, no puede ser obligada a llevar a cabo una investigación, ya que ésta no podría tener más objeto que averiguar los elementos de prueba relativos a si existe o no una infracción que ella no está obligada a declarar. A este respecto, procede recordar que, a diferencia de lo que prevé la segunda frase del apartado 1 del artículo 89 del Tratado, en los casos de las solicitudes presentadas por los Estados miembros, los Reglamentos n° 17 y n° 99/63 no obligan expresamente a la Comisión a iniciar investigaciones sobre las denuncias que le sean presentadas.

 77 A este respecto, debe señalarse que constituye un elemento inherente al ejercicio de la actividad administrativa la competencia, del titular de una misión de servicio público, de adoptar todas las medidas de organización necesarias para el cumplimiento de la misión que le haya sido confiada, incluida la definición de prioridades, en el marco establecido por la ley, cuando tales prioridades no han sido definidas por el legislador. Así debe ser, especialmente, cuando a una autoridad le ha sido confiada una misión de vigilancia y de control tan amplia y general como la atribuida a la Comisión en el ámbito de la competencia. Por tanto, el hecho de que la Comisión conceda diferentes grados de prioridad a los expedientes que le son sometidos en el ámbito de las normas sobre la competencia, es conforme a las obligaciones que le impone el Derecho comunitario.

 78 Este punto de vista no es contrario a las sentencias del Tribunal de Justicia, de 11 de octubre de 1983 ( 210/81 ), antes citada ; de 28 de marzo de 1985 , CICCE (298/93, Ree. p. 1105 ), y de 17 de noviembre de 1987, BAT y Reynolds / Comisión (asuntos acumulados 142/84 y 156/84 , Rec. p . 4487). Efectivamente, en la sentencia Demo-Studio Schmidt, el Tribunal de Justicia consideró que la Comisión «tenía que examinar los hechos expuestos» por la parte denunciante, sin prejuzgar, no obstante, la cuestión de si la Comisión podía abstenerse de llevar a cabo una investigación sobre la denuncia, ya que, en aquel asunto, la Comisión había examinado los hechos expuestos en la denuncia y la había desestimado por no haber elementos que permitiesen llegar a la conclusión de que existía una infracción. Dicha cuestión tampoco se planteó en los asuntos posteriores CICCE ( 298 / 83 , antes citado) y BAT y Reynolds (asuntos acumulados 142/84 y 156/84, antes citados).

 79 No obstante, si bien la Comisión no puede ser obligada a llevar a cabo una investigación, las garantías procesales previstas en el artículo 3 del Reglamento n° 17 y en el artículo 6 del Reglamento n° 99/63 la obligan a examinar atentamente los elementos de hecho y de derecho puestos en su conocimiento por la parte denunciante, con el fin de determinar si dichos elementos revelan una conducta que pueda falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y afectar al comercio entre Estados miembros (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de octubre de 1983 , Demo-Studio Schmidt , de 28 de marzo de 1985, CICCE , y de 17 de noviembre de 1987 , BAT y Reynolds, antes citadas).

 80 Cuando, como ocurre en el presente asunto, la Comisión ha adoptado una decisión de archivar la denuncia, sin llevar a cabo investigación alguna, el control de legalidad que debe efectuar este Tribunal tiene la finalidad de comprobar que la decisión controvertida no está basada en hechos materialmente inexactos, no está viciada de ningún error de derecho, ni tampoco de ningún error manifiesto de apreciación ni de desviación de poder.

 81 Corresponde al Tribunal de Primera Instancia, a la luz de estos principios, comprobar en primer lugar si la Comisión realizó el examen de la denuncia al que estaba obligada, evaluando, con toda la atención necesaria, los elementos de hecho y de derecho expuestos por la demandante en su denuncia y, en segundo lugar, si la Comisión motivó correctamente su decisión de archivar la denuncia, invocando su facultad de «conceder diferentes grados de prioridad en la iniciación de actuaciones sobre los asuntos que le son sometidos», por un lado, y refiriéndose al interés comunitario del asunto como criterio de prioridad, por otro".

 QUINTO: La anterior doctrina plantea y resuelve un supuesto que va, incluso, más allá de la realidad que subyace en el presente caso, pues subraya por una parte que no existe un derecho subjetivo del denunciante a obtener una declaración sobre la existencia o no de la infracción, lo que implica que no existe un deber jurídicamente exigible que imponga a la Comisión la obligación de iniciar una investigación, y por otra, que la autoridad de competencia, para el correcto ejercicio de las potestades que le han sido confiadas, puede, incluso, establecer grados de prioridad en las investigaciones.

 En ambos casos, las referidas decisiones, tomadas necesariamente sobre la base de un examen pormenorizado de los hechos y alegaciones formulados por la denunciante, están sujetas a un ulterior control jurisdiccional, que excluye la valoración de la oportunidad en la toma de la decisión, pues se limita a verificar que la decisión controvertida, no está basada en hechos materialmente inexactos, no está viciada de ningún error de derecho, ni tampoco de ningún error manifiesto de apreciación, ni de desviación de poder.

 En el presente caso, la acción de la CNC se enmarca en la primera de las opciones antes contempladas, es decir la obligación de pronunciarse sobre existencia o no de una concreta infracción, en concreto la infracción incardinada en el art. 2 de la Ley 15/2007 , pues descarta la infracción de los artículos 1 y 3 de la LDC y aun cuando no da razón expresa de ello, dicha exclusión descansa tácitamente en el propio literal de dichos preceptos que exigen necesariamente la existencia de acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas o actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público, cuando lo denunciado por la actora es una conducta absolutamente unilateral de AENA.

 SEXTO: La decisión de archivo de la denuncia por parte de la CNC viene precedida de una actividad de investigación preliminar, llevada a cabo por la DI. La CNC asumió plenamente los hechos y la propuesta, que realizó un análisis de la situación denunciada.

 La resolución de la CNC contiene un relato suficiente de los hechos, en los que no se ha puesto de manifiesto que concurra una inexactitud grave causante de indefensión, y además, un razonamiento que por una parte permite a la recurrente comprender los motivos de la denegación de su petición, posibilitando el ejercicio de acciones judiciales y por otra que no puede ser calificado como incurso en un manifiesto error de apreciación, arbitrariedad o constitutivo de una desviación de poder, cuando señala que no existen indicios claros de abuso de posición dominante.

 Efectivamente la resolución impugnada parte de que " AENA es una sociedad mercantil estatal, creada por RDL 13/2010, de 3 de diciembre, que entre otras funciones tiene encomendada la Ordenación, dirección, coordinación, explotación, conservación, administración y gestión de los aeropuertos y helipuertos en la red atribuida a su gestión.

 Que cuando la actividad de alquiler de vehículos sin conductor o rent a car se desarrolla en los aeropuertos, presenta una configuración caracterizada por la existencia de empresas concesionarias y no concesionarias.

 1º Empresas concesionarias.- AENA AEROPUERTOS S.A., (AENA) periódicamente saca a concurso público los locales comerciales situados dentro de sus recintos aeroportuarios, diferenciando por actividades y estableciendo los requisitos, condiciones y criterios de adjudicación en los correspondientes Pliegos de Bases y Pliegos de Condiciones, aplicables a toda su red de aeropuertos. En consecuencia, las empresas que hayan superado el proceso concursal regulado en los referidos Pliegos poseen el derecho a operar dentro del recinto aeroportuario, disponiendo de su propio local en la terminal, así como un cierto número de plazas de aparcamiento reservadas para estacionar sus vehículos de alquiler, que se adjudican en función del canon fijo ofertado. En sus oficinas del aeropuerto, estas empresas concesionarias podrán captar clientes, realizar reservas, formalizar contratos, proceder a la entrega/recepción de vehículos, etc. También les posibilita tener terrenos dentro del recinto aeroportuario, para que las adjudicatarias-concesionarias instalen sus áreas de servicio, depósitos, etc. Las adjudicatarias-concesionarias tienen una contraprestación cual es la de abonar una serie de cánones por la ocupación de bienes de dominio público y por el ejercicio de la actividad en el recinto aeroportuario, así como por las facilidades ofrecidas por AENA AEROPUERTOS S.A., (AENA).

 2º Empresas no concesionarias.- Las empresas no concesionarias bien por no haber cumplido con los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Pliegos de Condiciones en orden a la adjudicación; o bien porque no han concursado (solicitado) una concesión, también pueden actuar en los aeropuertos, si bien obviamente no disponen de un espacio físico, ni plazas de aparcamiento reservadas ad personam, para el desarrollo de su actividad, limitándose en consecuencia a la recogida de clientes con reserva previa, con la finalidad de trasladarlos a sus oficinas, situadas fuera del recinto aeroportuario (locus extra muros) en donde realizan toda la tramitación necesaria para formalizar el alquiler del vehículo.

 AENA AEROPUERTOS S.A., (AENA) en Marzo del 2006 habilitó un Procedimiento Regulador de la actividad del alquiler de vehículos sin conductor para empresas no concesionarias, con el objeto de controlar la actividad de estas empresas en los aeropuertos gestionados en ese concreto momento por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. De esta forma garantizaba que la actividad de estas empresas, en cualesquiera de los aeropuertos, se limitara a la recogida de clientes con reserva previa en el punto de encuentro del parking y a la entrega del vehículo, en su caso. El Procedimiento Regulador de la actividad de alquiler de vehículos para empresas no concesionarias especifica que durante el periodo de vigencia del contrato podrán desarrollar su actividad dentro del aeropuerto, además de las concesionarias, las empresas no concesionarias legalmente establecidas y con acreditación para recoger a sus clientes, con contrato previo, bajo las condiciones que se marquen en el Procedimiento Regulador. El Procedimiento Regulador es común a todos los aeropuertos de la red de AENA y su puesta en marcha se inició en todos ellos en 2008 (con la única excepción del aeropuerto de Málaga, en donde existe una Oficina Multimodal de Transporte) coincidiendo con el inicio de los contratos de explotación de la actividad de alquiler de vehículos sin conductor.

 Las principales características del Procedimiento Regulador son:

 Se prevé como paso previo obligatorio la obtención por la empresa no concesionaria de una acreditación para la realización del trabajo en el aeropuerto, que incorpora un código de referencia que sirve como identificación de la empresa en sus solicitudes periódicas de autorización. Junto al documento de acreditación, se entrega el Procedimiento Regulador, que debe ser visado por la empresa solicitante en todas sus páginas a efectos de conocimiento y aceptación

 En segundo lugar, será necesaria la autorización para la recogida periódica de clientes. Para ello, la empresa acreditada debe entrar en el sistema informático CAVEN a través de una dirección web, con el usuario y la contraseña asignados por AENA. A continuación, elige el aeropuerto y la fecha, e introduce los datos del nombre del pasajero, fecha, hora y número de vuelo y matrícula del vehículo arrendado, obteniendo un listado validado de clientes, que incluye un número de autorización que servirá de identificación en los posteriores controles que realice AENA, y ello con la única finalidad de que la información requerida pueda ser contrastada, de la forma menos invasiva posible, y en orden a dar cumplimiento previo a lo prevenido en el Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre.

 Los trabajadores de aquellas empresas que cumplan los dos requisitos descritos obtendrán, además, una acreditación personal que autoriza la permanencia en las zonas públicas del aeropuerto que no se encuentren en la zona restringida de seguridad, ya que no es posible realizar ningún tipo de trabajo en el recinto aeroportuario sin la correspondiente autorización.

 * La comprobación de la notificación en CAVEN de servicios de contratación previa se lleva a cabo por el personal del aeropuerto, mientras que la Inspección de Transportes Terrestres, la Policía Local o la Policía Nacional son quiénes comprueban que la identidad del pasajero que recoge la empresa no concesionaria se corresponde con la identidad del pasajero notificado.

 La información facilitada por las empresas no concesionarias está únicamente a disposición de la Inspección de Transportes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para poder hacer las comprobaciones pertinentes. El único uso que de esa información hace AENA es elaborar estadísticas relativas al volumen de tráfico de cada aeropuerto.

 Con el documento de acreditación y el listado de clientes, la empresa no concesionaria deberá esperar a sus clientes con reserva o con contrato previo en el punto de encuentro de aparcamiento público designado al efecto. Ninguna empresa acreditada podrá contactar con sus clientes en lugar distinto a dicho punto de encuentro.

 Todos los aeropuertos de la red AENA cuentan con dos puntos de encuentro: uno, situado dentro del edificio terminal, destinado a la recogida de viajeros y también utilizado como referencia por los touroperadores; y otro, situado en el parking, para recoger a los viajeros sin necesidad de aparcar el coche. Es este segundo punto de encuentro el que se indica a las empresas no concesionarias.

 Según el Procedimiento Regulador, el punto de encuentro del aparcamiento es una zona común y de libre acceso, ubicada en el aparcamiento del aeropuerto, con el fin de no interferir los flujos de pasajeros. Centraliza en una única zona el contacto entre empresas no concesionarias que acreditan la existencia de contratación previa y sus clientes. El aeropuerto instalará la señal adecuada, para que los pasajeros conozcan su ubicación, de acuerdo con los standares pertinentes.

 Cada aeropuerto decide la ubicación, señalización y dimensiones de los puntos de encuentro con la única finalidad de controlar la saturación posible, con lo que se mejoran las condiciones de seguridad: reforzando la necesidad de reserva previa, eliminando la tentación de captar nuevos clientes en esa zona y facilitando el control de la documentación de la empresa por parte de la Inspección de Transportes.

 Una vez producido el contacto entre pasajero y empresa en el punto de encuentro en el parking, ésta podrá trasladar a los clientes a su oficina fuera del aeropuerto, para formalizar el contrato y entregar el vehículo. Cualquier tipo de transacción comercial distinta de las anteriores está terminantemente prohibida.

 En caso de incumplimiento de las anteriores disposiciones, la empresa en cuestión perderá su condición de acreditada, no estando permitidos los elementos de apoyo a la actividad empresarial, tales como publicidad, buzones para llaves o señalética.

 El Procedimiento Regulador se aplica en todos los aeropuertos excepto en aquéllos en los que no operen empresas de rent a car no concesionarias.

 El aeropuerto de Málaga es el único aeropuerto de la red de AENA en el que existe un Procedimiento distinto, que permite que las empresas no concesionarias operen en distintas condiciones, al existir una Oficina Multimodal de Transportes, que centraliza la gestión y el control de las empresas de transporte terrestre, incluidas las de rent a car no concesionarias

 La puesta en marcha del Procedimiento Regulador en los aeropuertos de las Islas Baleares fue el resultado de un proceso negociador articulado a través de una serie de reuniones celebradas en los años 2007 y 2008 entre AENA, las Asociaciones de empresas de rent a car de las Islas, AEVAB y BALEBAL y otras empresas que operaban en los aeropuertos, con especial relevancia en el de Palma de Mallorca.

 Tras la resolución del concurso para las concesiones de explotación de la actividad de alquiler de vehículos sin conductor en el aeropuerto de Palma de Mallorca, la Directora de Espacios y Servicios Comerciales de AENA envió una carta al Director del aeropuerto de Palma de Mallorca en la que comentaba la mejora que había supuesto el Procedimiento Regulador incluido en los Pliegos, que había permitido un aumento del 35% de la línea de negocios referida a la actividad de alquiler de vehículos por empresas concesionarias en dicho aeropuerto y "respondía a antiguas reivindicaciones de nuestros concesionarios" (Folios 67-68 y 233- 234). La carta subrayaba la necesidad de implantar este Procedimiento Regulador para las no concesionarias, fundamentalmente por motivos de seguridad, ya que intentaba evitar contrataciones irregulares o estafas. Y a la par, le solicitaba "la elaboración de un plan de acción que incluyera la ubicación, señalización y dimensiones del punto de encuentro en el aparcamiento" por cuanto ello "garantiza que el primer contacto del pasajero sea con nuestras empresas concesionarias" siendo el sistema CAVEN "una herramienta muy útil para conocer el volumen de negocio fuera de nuestras concesiones".

 La denunciante, HIPER RENT A CAR S.A., en el año 2008 solicitó la inscripción en el sistema CAVEN para los tres aeropuertos de las Islas Baleares, si bien expresando su disconformidad con el fundamento y las cláusulas del Procedimiento Regulador, en particular, con la obligación del registro de CAVEN y la acreditación previa y, en todo caso, no firmó la totalidad de las cláusulas del Procedimiento Regulador.

 Durante los años 2009 y 2010, la Dirección del aeropuerto de Palma de Mallorca trató de convencer a aquellas empresas no concesionarias que no cumplían con la normativa y seguían captando clientes y operando en el hall de entrada del aeropuerto, entre las que se encontraba la denunciante, para que se atuvieran al Procedimiento Regulador, comunicándoles diariamente a través del Servicio de Vigilancia de Seguridad del aeropuerto que debían dirigirse al punto de encuentro del aparcamiento" Al efecto, a los Folios 268 al 520 del expediente, obran los partes del personal de seguridad recogiendo estas incidencias; y en Julio del 2009, el Jefe de la División de Seguridad del aeropuerto de Palma de Mallorca interpuso una denuncia penal contra cuatro empresas de rent a car, entre las que se encontraba la denunciante, por negarse a abandonar la terminal y permanecer allí con supuestas amenazas y coacciones a los vigilantes. Esta conducta irregular de las empresas no concesionarias provocó una sucesión de denuncias por competencia desleal..."

 SÉPTIMO : Todos estas actuaciones, que se centran básicamente en la necesidad de darse de alta en CAVEN y de recoger a los clientes en el punto de encuentro habilitado al efecto no constituyen actuaciones de abuso de posición de dominio por pate de AENA, sino del ejercicio de las facultades encomendadas a dicha entidad en orden al buen funcionamiento y seguridad de los aeropuertos. Es la actora la que discrepa de dicho procedimiento, oponiéndose al mismo por vía de hecho y sin impugnación formal del mismo, razón por la que procede desestimar el presente recurso, al considerar que la decisión de no incoar un expediente sancionador, es ajustado a derecho, procediendo, en consecuencia desestimar el recurso.

 OCTAVO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a la recurrente, parte vencida en este proceso.

 VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, por el poder que nos otorga la Constitución:

FALLAMOS

 Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de HIPER RENT A CAR S.A . contra la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) de 6 de febrero de 2014 (expediente S/0420/12) a la que la demanda se contrae, que declaramos ajustada a Derecho. Se imponen las costas a la parte actora.

 Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la misma cabe recurso de casación, siguiendo las indicaciones prescritas en el artículo 248 de la Ley Orgánica 6/1985 , y testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 17/02/2016 doy fe.