Id. Cendoj: 28079230062016100031
ECLI: ES:AN:2016:213
ROJ: SAN  213/2016
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 41/2016
Fecha de Resolución: 25/01/2016
Nº de Recurso: 566/2013
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000566 / 2013

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 05378/2013

 Demandante: FEDERACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTES Y LOGÍSTICA- FVET

 Procurador: D. RAFAEL GAMARRA MEJÍAS

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE CONTENEDORES

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a veinticinco de enero de dos mil dieciséis.

 VISTO, en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, el recurso nº 566/13, seguido a instancia de la Federación Valenciana de Empresarios del Transportes y Logística- FVET, representada por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Gamarra Mejías, con asistencia letrada, y como Administración demandada la General del Estado, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado. Ha actuado como codemandada la Asociación de Empresas de Logística y Transporte de Contenedores representada por el Procurador D. David García Riquelme.

 El recurso versó sobre impugnación de Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la cuantía se fijó en 200.000 €, e intervino como ponente el Magistrado D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO. La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO-. La representación procesal indicada interpuso recurso contencioso-administrativo ante esta Sala contra la Resolución de referencia mediante escrito de fecha 28 de noviembre de 2013. Por Decreto del Sr. Secretario se acordó tener por interpuesto el recurso, ordenando la reclamación del expediente administrativo.

 SEGUNDO-. En el momento procesal oportuno la representación de la actora formalizó la demanda mediante escrito de 25 de marzo de 2014 en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de rigor, terminó suplicando se dicte sentencia por la que:

 "se declare la nulidad del acto administrativo y se deje sin efecto la sanción de 200.000 euros impuesta a la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte".

 TERCERO-. El Abogado del Estado contestó a la demanda para oponerse a la misma, y con base en los fundamentos de hecho y de derecho que consideró oportunos, terminó suplicando la desestimación del recurso.

 CUARTO- . Solicitado el recibimiento del pleito a prueba, fue practicada la que, propuesta se declaró pertinente y tras evacuar las partes el trámite de conclusiones quedaron los autos conclusos y pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 28 de octubre de 2015. Por providencia de fecha 30 de octubre de 2015, se suspendió el plazo para dictar sentencia al haber planteado la Sala la tesis al amparo de lo establecido en el art. 33.2 de la LJ tras lo cual, se continuó la deliberación, el día 3 de diciembre de 2015 y 13 de enero de 2016.

 QUINTO-. En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO : Se impugna en el presente recurso contencioso administrativo la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 27 de septiembre de 2013, por la que se impone a la hoy recurrente la sanción de multa de 200.000 €, por la comisión de una infracción prevista en el Artículo 1 de la Ley 15 /2007, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea .

 SEGUNDO : La Resolución de la CNC que hoy enjuiciamos declara en su parte dispositiva, en lo que ahora interesa:

 " Primero: Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción del artículo 1 de la LDC y 101 del TFUE , en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho QUINTO.

 Segundo : Declarar responsables de dicha infracción a ...; la Federación Valenciana de Empresarios de Transporte y Logística- FVET.

 Tercero: De acuerdo con la responsabilidad atribuida en los Fundamento de Derecho OCTAVO Y NOVENO, imponer a las autoras responsables de la conducta infractora las siguientes multas:

 - FVET,200.000 € .

 Cuarto : Intimar a las partes declaradas responsables en el Resuelve SEGUNDO a que se abstengan en el futuro de conductas iguales o equivalentes.

 Quinto: Instar a la Dirección de Investigación para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta Resolución. "

 TERCERO : Los hechos que precedieron a este acuerdo y que resultan de trascendencia en este concreto procedimiento pueden resumirse, a la vista de los documentos que integran el expediente administrativo, del modo que sigue:

 1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la LDC , y en el marco de una información reservada, la Dirección de Investigación, el día 23 de marzo de 2011, llevó a cabo una inspección en las sedes de la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE CONTENEDORES (en adelante ELTC) (folios 344 a 369), y de la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS, AUTÓNOMOS, COOPERATIVAS Y COOPERATIVISTAS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CONTENEDOR DE LOS PUERTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (en adelante TRANSCONT COMUNIDAD VALENCIANA, o TRANSCONT) (folios 370 a 396) con el objeto de verificar, la existencia, en su caso, de prácticas restrictivas prohibidas por el artículo 1 de la LDC y por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE ).

 2.- Con fecha 14 de junio de 2011, de conformidad con el artículo 49.1 de la LDC , la DI acordó incoar expediente sancionador contra ELTC; TRANSCONT COMUNIDAD VALENCIANA; la AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA (APV); la ASOCIACIÓN NAVIERA VALENCIANA (ANV); la ASOCIACIÓN DE TRANSITARIOS, EXPEDIDORES INTERNACIONALES Y ASIMILADOS OLT (ATEIA-OLT VALENCIA); la ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE CONTENEDORES VALENCIANOS (TRANSCONVAL) y la CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, (CONSELLERÍA) por posibles prácticas prohibidas en el artículo 1 de la LDC y en el artículo 101 del TFUE (folios 1269 a 1271). Dicho acuerdo fue notificado a las partes entre los días 17 y 21 de junio de 2011 (folios 1272 a 1303).

 3 . - Con fecha 17 de octubre de 2011, tuvo entrada en la CNC un recurso de ELTC contra acuerdo de fecha 23 de septiembre de 2011, por el que se denegaba la confidencialidad sobre la documentación en formato papel recabada en la sede de la mencionada Asociación durante la inspección domiciliaria (folios 1523 a 1556). El 20 de octubre de 2011, la DI haciendo uso de la potestad prevista en el artículo 37.1.d) de la LDC , suspendió el plazo máximo de resolución del procedimiento hasta la resolución por parte de Consejo de la CNC de este recurso, notificándolo a las partes (folios 1565 a 1596). Y con fecha 21 de octubre de 2011, la DI declaró cautelarmente confidencial parte de la documentación de ELTC hasta la resolución del recurso (folio 1610). Por Resolución de fecha 28 de diciembre de 2011, el Consejo desestimó este recurso reanudándose el plazo suspendido desde el día siguiente, 29 de diciembre de 2011 (folio 1800).Con fecha 8 de febrero de 2012, la DI procedió a incorporar el resto de la documentación en soporte papel de ELTC notificándolo a las partes (folios 1837 a 1859).

 4.- TRANSCONT COMUNIDAD VALENCIANA con fecha 20 de diciembre de 2011, y ELTC con fecha 22 de diciembre de 2011, interpusieron recursos ante el Consejo de la CNC sobre acuerdo de 13 de diciembre de 2011 (folios 1751 a 1753 y 1755 a 1762, respectivamente). Con fecha 3 de enero de 2012, la DI suspendió el plazo máximo de resolución del procedimiento haciendo uso de la potestad prevista en el artículo 37.1.d) de la LDC , hasta la resolución de los recursos, siendo notificado a las partes entre los días 3 y 5 de enero de 2012 (folios 1777 a 1799). El Consejo desestimó ambos recursos reanudándose el cómputo del plazo (folio 1949) incorporándose a la documentación publica la versión censurada de los documentos con fecha de 29 de marzo (folios 1961 a 1962) y efectos de 23 de marzo.

 5.- El 2 de octubre de 2012, tuvo entrada en el registro de la CNC un escrito de ATEIA-OLT VALENCIA, en el que recurría el Acuerdo de la Dirección de Investigación de fecha 20 de septiembre de 2012, por el que se cerraba la fase de instrucción del expediente de referencia (folios 3348 a 3365). La DI, en uso de lo previsto en el artículo 37.1.d) de la LDC , suspendió con fecha 4 de octubre de 2012 el cómputo del plazo máximo para resolver, reanudándose el 30 de octubre, una vez que el Consejo, por Acuerdo de 29 de octubre de 2012, inadmitió el recurso (folio 3499).

 Con fecha 20 de junio de 2012, la DI acordó, ampliar la incoación del procedimiento a las empresas concesionarias de terminales TCV STEVEDORING COMPANY SA, MARÍTIMA VALENCIANA SA y su sucesora NOATUM PORTS VALENCIANA SAU y MEDIATERRANEAN SHIPPING COMPANY TERMINAL VALENCIA.

 6.- En cumplimiento de lo previsto en el artículo 11.4 del Reglamento (CE ) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia, con fecha 27 de marzo de 2013, la propuesta de resolución fue remitida a la Comisión Europea, acordándose la suspensión del plazo de resolución que dispone el artículo 37.2.c) de la LDC , reanudándose el computo del plazo con fecha 28 de abril de 2013.

 7.- Por Acuerdo de 30 de abril de 2013, teniendo en cuenta la regulación sobre la práctica de Pruebas y la celebración de Vista del artículo 51 de la LDC , el Consejo acordó no celebrar Vista y en relación con las pruebas solicitadas por las partes, ordenó realizar las pruebas y actuaciones complementarias que se recogen a continuación, denegando motivadamente el resto. De acuerdo con el artículo 37.1.e) acordó la suspensión del tiempo máximo para resolver el expediente hasta la sustanciación de las mismas. Por acuerdo de la Consejera ponente con fecha 4 de junio de 2013 se dio plazo para valoración de prueba que finalizó el día 3 de julio de 2013 levantándose en la misma fecha la suspensión, con efectos de 9 de junio.

 8.- En su reunión de 17 de julio de 2013, y haciendo uso del artículo 39.1 de la LDC , el Consejo acordó solicitar a las partes información sobre volumen de negocios, necesaria para la resolución del expediente, dándoles plazo para la aportación de la misma. Conforme a lo dispuesto por el artículo 37.1 a) de la LDC , con fecha 19 de julio de 2013 se acordó suspender el plazo para resolver. Las respuestas tuvieron entrada en la CNC entre los días 26 de julio hasta el 28 de agosto de 2013. Con fecha 19 de agosto de 2013, con efectos del 18 de agosto, se levantó la suspensión, reanudándose el cómputo del plazo para resolver.

 9.- El Consejo deliberó y terminó de resolver sobre este expediente en su reunión de 18 de septiembre de 2013. Finalmente, el 1 de octubre de 2013 se dictó la resolución aquí recurrida, cuya parte dispositiva hemos transcrito antes.

 La resolución recurrida entiende acreditado que las Asociaciones de transportistas, tanto de empresas de transporte como de autónomos, que agrupan a los oferentes del servicio de transporte de contenedores en el Puerto de Valencia, han unificado la conducta de sus asociados fijando los precios, las condiciones comerciales del servicio y otro tipo de cargos, como las demandantes de los servicios de transporte y con las concesionarias de las terminales. Y todo ello con la colaboración de la Autoridad del Puerto de Valencia y en determinados periodos con la de la propia Consellería de Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Valencia.

 La distorsión de la competencia en el puerto de Valencia mediante el pacto de las penalizaciones por retrasos en la actividad de carga y descarga de contendedores, según la CNC, se ha llevado a cabo tanto por transportistas así como por transitarios y consignatarios y las empresas concesionarias de terminales del puerto, así como las autoridades públicas.

 En el caso de los transportistas, según la CNC, las Asociaciones de operadores del transporte, acuerdan en su seno y fijan los precios a los que deben prestar sus asociados los servicios.

 Los transitarios y consignatarios son los demandantes de los servicios de transporte, y para la CNC, las actas de la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE CONTENEDORES revelan que son receptores habituales de notificaciones de los acuerdos de las Asociaciones sobre precios, los tarifarios, y se reúnen con ellos de forma periódica. A partir de las reuniones para las Mesas de transporte en el año 2008, tanto ANV como ATEIA-OLT VALENCIA participan en la mismas y firman el acuerdo " Principios y Compromisos relativos a la normalización de la actividad en eltransporte de contenedores por carretera en el Puerto de Valencia " de 2010.

 En cuanto al papel desempeñado por los gestores de Terminales Portuarias (TCV STEVEDORING COMPANY SA, MEDIATERRANEAN SHIPPING COMPANY TERMINAL VALENCIA (MSTC) y NOATUM PORTS) la resolución impugnada lo explica del siguiente modo: las terminales portuarias, realizan en sus espacios las operaciones de carga y descarga de los contenedores que se transportan con origen y destino en el puerto de Valencia. Las concesionarias no son quienes demandan el transporte pero participan en la ejecución de determinados acuerdos, los relativos a la fijación de compensaciones por retrasos que se producen en la carga y descarga que hace que los transportistas tengan periodos de espera y que no son computados en la tarifa de transporte. Estos periodos de espera pueden ser retribuidos, salvo pacto en contrario y así lo prevé la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) pero no que las compensaciones sean únicas y establecidas colectivamente.

 Para la CNC, los acuerdos de unificación y establecimiento de compensaciones alcanzadas en el seno de las asociaciones tendrían dificultad de aplicarse a cada uno de sus asociados si no fuera por la colaboración de las terminales que eliminaban así toda posibilidad de que los transportistas pudieran llegar a acuerdos distintos de los fijados por sus asociaciones y homogeneizándose de ese modo la compensación que la propia Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terreste de Mercancías (LCTTM), mantiene como parámetro competitivo al fijar la compensación como potestativa y su cuantía sometida a pacto entre las partes, con un mínimo.

 Destaca la resolución recurrida, que el primer Acuerdo de fijación de la compensación por retrasos que consta acreditado en el expediente data de 1998 y lo firman las asociaciones de trasportes ELTC y TRANSCONT y con una terminal, la denominada Marítima Valenciana, S.A.

 En marzo de 2006, Marítima Valenciana (NOATUM) firma con ELTC y con TRANSCONT un "Acuerdo sobre paralizaciones MarítimaValenciana/Transporte Terrestre " por el que se adhiere al acuerdo de 10 de mayo anteriormente citado, e igual hace en febrero de 2007 MSTC.

 Y estos acuerdos multilaterales entre las asociaciones de transporte y las concesionarias de las terminales, que cierra la posibilidad de competir en un aspecto adicional al precio del trasporte, se hace estable y se prorroga actualizando su importe hasta el año 2011.

 CUARTO : En su demanda, la recurrente suscita como motivos determinantes de la anulación de la resolución sancionadora, la infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia , la inaplicación de la ley más favorable, la infracción de los principios de igualdad y proporcionalidad, falta de tipicidad de su conducta y la infracción del principio de legalidad y confianza legítima, así como del derecho a la presunción de inocencia. La improcedente calificación de la infracción como muy grave y la ausencia de proporcionalidad que debería dar lugar, en cualquier caso, a reducir la sanción impuesta.

 Ahora bien, mediante providencia de 30 de octubre de 2015 y, al amparo del art. 33.2 LJCA se acordó oír a las partes, con el fin de que se pronunciaran sobre la posible existencia de un motivo impugnatorio no debidamente apreciado por ellas, consistente en la caducidad del procedimiento sancionador a la vista del criterio expresado en la STS de 15 de junio de 2015 FJ 6, rec. 3454/2013 .

 A esa providencia contestó la parte recurrente, sosteniendo que a los 18 meses del plazo del que dispone la Administración para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador hay que adicionar los días de los sucesivos periodos de suspensión, de manera que cuando la resolución sancionadora fue notificada, el 2 de octubre, se había producido ya la caducidad del procedimiento.

 El Abogado del Estado formuló también sus alegaciones a la cuestión planteada por la Sala, a las que luego nos referiremos.

 QUINTO: Razones de sistemática procesal exigen abordar, en primer lugar, el motivo relativo a la caducidad del procedimiento sancionador al haber transcurrido más de dieciocho meses desde que se inició y hasta que se notificó la resolución que le puso fin.

 Dispone el artículo 36.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio , que "El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador por conductas restrictivas de la competencia será de dieciocho meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo y su distribución entre las fases de instrucción y resolución se fijará reglamentariamente".

 Y añade en su artículo 37.1 que: "El transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para resolver un procedimiento se podrá suspender, mediante resolución motivada, en los siguientes casos: a.- Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. (...)

 d.- Cuando se interponga el recurso administrativo previsto en el artículo 47 o se interponga recurso contencioso-administrativo".

 Por su parte, el artículo 38.1 prevé que "El transcurso del plazo máximo de dieciocho meses establecido en el apartado primero del artículo 36 para resolver el procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas determinará la caducidad del procedimiento". Y, en análogo sentido, señala el artículo 28.4 del Reglamento de Defensa de la Competencia , aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, que "El plazo de instrucción del expediente será de doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación. El transcurso del plazo máximo de dieciocho meses desde la fecha del acuerdo de incoación del procedimiento sancionador sin que se hubiera resuelto el procedimiento determinará la caducidad del mismo de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 38 de la Ley 15/2007, de 3 de julio ".

 En el presente caso, el dies a quo de dicho plazo, el de incoación del expediente, se produce el 14 de junio de 2011 y el dies ad quem, el de notificación de la resolución sancionadora, como reconoce de manera expresa la demandante en su escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo que dio origen a este procedimiento, el 2 de octubre de 2013.

 Resulta incuestionable entonces que entre una y otra fecha transcurrieron más de dieciocho meses pero también que el plazo para resolver quedó interrumpido al concurrir las circunstancias que, con ese efecto, prevé la Ley.

 Así consta, como se ha destacado en el relato de antecedentes, que en la tramitación del presente procedimiento han tenido lugar las siguientes suspensiones:

 Las tres primeras, al amparo del art. 37.1.d) del Reglamento, la cuarta, conforme al art. 37.2.c), la quinta, por el 37.1.e) y la sexta, por el 37.1.a), del siguiente modo:

 Del 20 de octubre a 29 de diciembre de 2011 (folio 1800) por un total de 70 días.

 Del 3 de enero al 22 de marzo de 2012 por un total de 79 días.

 Del 4 de octubre al 30 de octubre de 2012 por un total de 26 días.

 Del 27 de marzo al 28 de abril de 2013 por un total de 31 días.

 Del 30 de abril al 3 de julio de 2013 por un total de 60 días.

 Del 19 de julio al 19 de agosto de 2013 por un total de 30 días.

 En consecuencia, ha de considerarse que el plazo para resolver ha estado suspendido durante un total de 296 días.

 SEXTO: Fijado, conforme a lo expuesto, el tiempo total de suspensión, el día final del plazo habría de determinarse "añadiendo al término del plazo inicial, los días naturales durante los que ha quedado suspendido el plazo", tal y como previene el apartado 3 del artículo 12 del Reglamento de Defensa de la Competencia aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero.

 Sin embargo, sobre esa regla de cómputo entendemos que tiene una incidencia relevante, el criterio seguido por el Tribunal Supremo en sentencia dictada con fecha 15 de junio de 2015, recurso núm. 3454/2013 , que casa y anula la de esta Sección de fecha 31 de julio de 2013 . Razona el Tribunal Supremo en el fundamento de derecho sexto de dicha sentencia lo siguiente:

 "No se discute en el motivo que el plazo inicial de caducidad de los expedientes sancionadores en la normativa de competencia es el de 18 meses ( artículo 36.1 de la Ley de Defensa de la Competencia 15/2007) y que el día inicial ( dies a quo ) de este plazo es aquel en que se hubiera acordado la incoación del procedimiento, fecha que en el caso de autos coincide con el 16 de junio de 2008. Tampoco se discute en casación la aplicación del artículo 12 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero , sobre el cómputo de los plazos máximos de los procedimientos en casos de suspensión a tenor del cual el órgano competente de la Comisión deberá adoptar un acuerdo en el que se señale la casa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 15/2007, de 3 de julio . Y de los dispuesto en el tercero de los apartados del señalado precepto, para la determinación del día final del plazo en los supuestos de suspensión.

 La controversia se centra en una cuestión muy precisa, que es la forma de cálculo del plazo a tenor de lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 261/2008 , y la aplicación del artículo 48 de la ley 30/1992 .

 Partimos, pues, de los datos procesales pacíficos de que el plazo de caducidad de 18 meses comenzó a correr el 16 de junio de 2008, con la incoación del procedimiento sancionador, de manera que el término del plazo inicial, era el día 16 de diciembre de 2009. Se acepta que dicho plazo fue suspendido por acuerdo de la Comisión Nacional de la Competencia de 25 de Noviembre de 2009, por la razón de la necesidad de practicar cierta prueba y que esa suspensión fue alzada por nuevo acuerdo de la Comisión de 30 de diciembre de 2009, esto es, una vez excedido el término del plazo inicial, que, recordemos, se fijó en el 16 de diciembre. Es también aceptado por las partes y así se deduce de los anteriores hitos procesales, que el tiempo que media entre el día de la suspensión, acordada entre el 25 de noviembre hasta el momento de la reanudación, el 30 de diciembre de 2009, es el de 35 días naturales.

 Pues bien, la cuestión litigiosa se refiere en exclusiva a la determinación del dies ad quem o día final del plazo de caducidad. Para determinar este día final, debemos acudir a las previsiones específicas del artículo 12 del Real Decreto 261/2008 , que dispone con total claridad: &lt;&lt; en los casos de suspensión del plazo, el día final del plazo de determinará añadiendo al término del plazo inicial, los días naturales durante los que ha quedado suspendido el plazo &gt;&gt;.

 Así pues, con arreglo a los antecedentes procesales expuestos, el día final del plazo debe calcularse sumando el tiempo de suspensión (en días naturales) al término del plazo inicial, correspondiente a los 18 meses desde la incoación, que es el 16 de diciembre de 2009. El plazo fue suspendido durante 35 días naturales, de manera que, a tenor de lo dispuesto en el apartado 3º del artículo 12 mencionado, hay que adicionar al 16 de diciembre de 2009 los 35 días naturales correspondientes a la suspensión, que da como resultado que el último día del plazo fue el 21 de enero de 2010, fecha en la que la Comisión de la Competencia dicta la resolución sancionadora. No obstante, el artículo 36 de la Ley de Defensa de la Competencia 15/2007, dispone que &lt;&lt; el plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador por conductas restrictivas de la competencia será de dieciocho meses a contar desde la fecha de incoación del mismo .&gt;&gt; De manera que dictada la resolución de la Comisión, la notificación formal de la resolución sancionadora se produjo el día 27 de enero de 2010. esto es, una vez transcurrido el plazo de caducidad. La tesis de la sentencia de instancia, que asume la sostenida por la Abogacía del Estado, parte de la premisa de que el plazo para resolver ha estado suspendido 29 días hábiles y del acuerdo del Consejo del levantamiento de la suspensión el 30 de diciembre de 2009 y en su cálculo, y así, la Sala suma al 30 de diciembre de 2009 estos 29 días &lt;&lt;hábiles&gt;&gt; correspondientes a la suspensión, con la consecuencia de que el vencimiento del plazo tuvo lugar el 4 de febrero, fecha dentro de la cual se habría dictado y notificado la resolución sancionadora.

 A esta conclusión llega la Sala de instancia que adiciona los días durante los que quedó suspendido el plazo, al día en que se alzó la suspensión, y de &lt;&lt;reanudación&gt;&gt; del procedimiento, cuyo resultado determina -a su entender- que el plazo final es el 4 de febrero y la consecuencia jurídica de que no se habría producido la caducidad.

 Pues bien, se advierte en la interpretación de la Sala de instancia un doble error interpretativo. Por un lado, la Sala de instancia toma en consideración, y así lo expone en la sentencia, los días hábiles que median entre el acuerdo de suspensión y su posterior alzamiento, cuando el tenor literal del artículo 12.3 del Real Decreto 261/2008 , es claro y no existen dudas interpretativas acerca de que se trata de días &lt;&lt;naturales&gt;&gt;.

 Por tal razón, no es procedente acudir a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, para supuestos distintos, de plazos que se señalen por días.

 Pero es que, además, también se advierte el error cuando la Sala de instancia no toma en consideración para la determinación del día final del plazo lo dispuesto en el artículo 12.3 del Real Decreto mencionado, sino que acude al día en que el Consejo procede al levantamiento de la suspensión, el 30 de diciembre de 2009, esto es, una vez rebasado el término del plazo inicial (el 16 de diciembre de 2009).

 La Sala de instancia mediante su propia interpretación considera relevante la &lt;&lt;reanudación del plazo&gt;&gt; tras la suspensión, pero no atiende al criterio señalado en el indicado precepto &lt;&lt;al término del plazo inicial&gt;&gt;. La Sala opera con un dato distinto y posterior al señalado en el Reglamento de procedimiento, cual es la fecha de la &lt;&lt;reanudación del procedimiento&gt;&gt; tras alzarse la suspensión, lo que implica que, a los efectos de la caducidad, tenga en consideración el tiempo de suspensión del procedimiento que supera y excede del término inicial del plazo. Esta interpretación no puede ser acogida, pues, cuando está corriendo el plazo de caducidad de 18 meses del procedimiento, sólo puede suspenderse por los motivos y en la forma establecidos en la Ley 15/2007, de 3 de julio y en el Real Decreto 261/2008. Si se produce la suspensión del procedimiento sancionador durante un tiempo que excede del término del plazo inicial, ello no es óbice para que no deba respetarse para el cálculo del día final del plazo, aquel que está reglamentariamente establecido, puesto que de seguir la tesis sustentada en la sentencia, implicaría dejar a la Comisión, a través de las suspensiones, la ampliación de los plazos máximos de caducidad.

 De modo que, cuando se acuerda por la Comisión la suspensión del plazo del procedimiento, para el cálculo nuevo del plazo, ha de partirse necesariamente del término del plazo inicial, siendo así que el tiempo transcurrido entre el término inicial del plazo y aquel posterior al que se refiera la suspensión resulta irrelevante a los efectos de la caducidad. Dicho en otras palabras, a los efectos de la caducidad del procedimiento, el único período en el que es posible que incida la suspensión es aquel que resta hasta alcanzar el término del plazo inicial, lo que determina que el tiempo que exceda de dicho momento carece de virtualidad y eficacia a los efectos aquí debatidos.".

 Advierte de este modo la sentencia citada que el artículo 12.3 del Reglamento de Defensa de la Competencia exige sumar al término del plazo inicial los días naturales durante los que ha quedado suspendido el plazo, lo que por otra parte no es sino lineal aplicación de su propio tenor literal. Recordemos que el término del plazo inicial viene fijado desde el momento mismo de la incoación del procedimiento, y resulta de adicionar a ese día de incoación un plazo de dieciocho meses.

 En el caso ahora enjuiciado, si la fecha de incoación fue la de 14 de junio de 2011, el término del plazo inicial se produciría el 14 de diciembre de 2012.

 Ahora bien, el Tribunal Supremo ha incluido en su sentencia de 15 de junio 2015 una consideración sobre los períodos de suspensión que pueden ser adicionados a ese plazo inicial que opera como referencia para la determinación del plazo máximo de duración del procedimiento, y así dice que " el tiempo transcurrido entre el término inicial del plazo y aquel posterior al que se refiera la suspensión resulta irrelevante a los efectos de la caducidad".

 Supone entonces que las suspensiones acordadas a partir de ese día último del plazo inicial no pueden ser tomadas en consideración para determinar el plazo máximo de duración del procedimiento. Por si hubiera alguna duda, añade que " Dicho en otras palabras, a los efectos de la caducidad del procedimiento, el único período en el que es posible que incida la suspensión es aquel que resta hasta alcanzar el término del plazo inicial, lo que determina que el tiempo que exceda de dicho momento carece de virtualidad y eficacia a los efectos aquí debatidos".

 Además, la sentencia incorpora explícitamente una justificación para sustentar esta interpretación cuando señala que " Si se produce la suspensión del procedimiento sancionador durante un tiempo que excede del término del plazo inicial, ello no es óbice para que no deba respetarse para el cálculo del día final del plazo, aquel que está reglamentariamente establecido, puesto que de seguir la tesis sustentada en la sentencia, implicaría dejar a la Comisión, a través de las suspensiones, la ampliación de los plazos máximos de caducidad".

 En el supuesto que analizamos este criterio viene a significar que de los seis períodos en que el procedimiento estuvo suspendido, los tres primeros -que totalizan 175 días- transcurrieron antes del término del plazo inicial -como vimos, el 14 de diciembre de 2012-; pero los tres restantes tuvieron lugar después, pues el primero de estos tres, arranca del día 27 de marzo de 2013.

 Por lo tanto, estos últimos no puede incorporarse como sumando en la adición a que se refiere el artículo 12.3 del Reglamento de Defensa de la Competencia , de suerte que el plazo máximo de duración del procedimiento se extendería hasta el 7 de junio de 2013 , resultado de añadir al 14 de diciembre de 2012 los referidos 175 días, con la obligada consecuencia de que cuando se notificó la resolución impugnada el 2 de octubre de 2013, el procedimiento había ya caducado.

 A esta conclusión no se oponen las alegaciones del Abogado del Estado a las que contestamos a continuación en lo que guarda relación con lo que aquí se plantea.

 En primer lugar, tiene razón cuando distingue el diferente sistema de cómputo de los distintos periodos de suspensión en función del precepto a cuyo amparo se acuerdan, pues en el caso del art. 37.1.d) y c), el día del acuerdo de suspensión debe ser considerado como día suspendido (así lo prevé la letra f del art. 37) y el día de la notificación del requerimiento debe incluirse en el cómputo (art. 37.1.a).

 Seguidamente aborda la Abogada del Estado el problema de la incidencia que la STS de 15 de junio de 2015 rec. 3454/2013 presenta en cuanto al cómputo del plazo de caducidad. Sostiene que la sentencia de 15 de junio resuelve un problema muy concreto pues en el caso allí enjuiciado, se limitaba a corregir el criterio de la Sala de instancia que sumaba los días de suspensión no desde el día ad quem originario sino desde el levantamiento de la suspensión. Entiende que ese es el único alcance que cabe dar a esa sentencia y que, en modo alguno de la misma cabe entender que, transcurrido el dies ad quem no quepa acordar más suspensiones en el procedimiento porque esa cuestión no fue objeto de debate y no es eso lo que se deduce de su argumentación.

 Sostiene la Abogada del Estado que dicha sentencia confirma que " el dies ad quem originario se convierte en dies a quo en cuanto a la suma de los días de suspensión pero de ahí no se concluye ni mucho menos que transcurrido dicho día no puedan acordarse más suspensiones cuando éstas sean legalmente procedentes".

 A su juicio, sostener que, transcurrido el dies ad quem originario ya no pueden acordarse más suspensiones pese a concurrir causa legal para ello, privaría a la Administración de una facultad que legalmente le corresponde. Ese criterio, además, dificulta a la Administración cumplir con la doctrina de la STS de 29 de enero de 2015 a la hora de tener en cuenta el volumen de operaciones del ejercicio anterior y no la media de los últimos ejercicios para calcular el importe de la sanción porque el requerimiento que hay que dirigir a la empresa, que es causa legal de suspensión, sería imposible de cumplir si se formula transcurrido el dies ad quem originario.

 Considera, finalmente, que de la sentencia de 15 de junio de 2015 rec. 3454/2013 no se desprende que una vez ampliado el plazo a consecuencia de una suspensión procedente en derecho ese plazo no se amplíe a todos los efectos y permita las nuevas suspensiones que puedan proceder. El art. 12.3 del Reglamento no distingue en función de que el periodo de suspensión sea previo o posterior al día final del plazo originario por lo que si la ley no distingue no se debe distinguir.

 Las alegaciones del Abogado del Estado no desvirtúan el razonamiento expuesto en torno a la apreciación de la caducidad del procedimiento, como ya anticipamos en nuestra sentencia de 2 de noviembre de 2015 rec. 339/2015 .

 Es cierto, que la STS de 15 de junio de 2015 rec. 3454/2013 aborda dos cuestiones puntuales, el cómputo en días naturales y el cómputo desde el levantamiento de la suspensión prescindiendo del día final pero de ahí no puede extraerse la conclusión de que no siente una doctrina puesto que aquel recurso versaba sobre la caducidad y, sobre el dies ad quem o final del cómputo, de ahí la insistencia final de la sentencia en que una vez transcurridos los 18 meses de plazo las suspensiones acordadas a partir de esa fecha no pueden tomarse en consideración pues, en otro caso, dice, quedaría en manos de la Administración a través de las suspensiones, la ampliación de los plazos máximos de caducidad.

 Esto es precisamente lo que se pretende impedir y lo que las alegaciones de la Abogada del Estado no permiten rebatir pues aunque ésta sostiene que "la arbitrariedad se evita por la existencia de causas tasadas de suspensión que pueden ser analizadas y cuya falta de concurrencia permite no entender suspendido el procedimiento por el plazo de que se trate" esa medida no impide, al menos a priori, la posibilidad de alargar indefinidamente el plazo con sucesivas suspensiones frente a la interpretación del TS que cierra definitivamente la tentación de considerar aquellas suspensiones que se produzcan más allá del día final de los 18 meses.

 La sentencia del TS, dice "si se produce la suspensión del procedimiento sancionador durante un tiempo que excede del término inicial..." es decir, contempla una suspensión acordada dentro del plazo de los 18 meses pero que se prolonga más allá del día final y añade que "de seguir la tesis sustentada en la sentencia, implicaría dejar a la Comisión, a través de las suspensiones, la ampliación de los plazos máximos de caducidad" y es cierto que lo dice en relación al cómputo desde el levantamiento de la suspensión que tiene lugar fuera del día final, criterio que corrige pero, al mismo resultado se llega, entendemos, si se producen sucesivas suspensiones más allá del día final y se suman a éste, sin límite alguno.

 No existe, por ello, la incongruencia que, a juicio de la Abogada del Estado, supone la interpretación que mantenemos respecto de lo resuelto por la sentencia del TS porque ésta contempla el supuesto en el que la suspensión se produce dentro del término de los 18 meses que es lo mismo que resolvemos aquí, es decir, considerar únicamente las tres suspensiones que se produjeron dentro de dicho plazo desechando las tres restantes pues como dice aquella sentencia " a los efectos de la caducidad del procedimiento, el único periodo en el que es posible que incida la suspensión es aquel que resta hasta alcanzar el término del plazo inicial".

 Dice también la Abogada del Estado que el art. 12.3 del Reglamento no distingue en función de que el periodo de suspensión sea previo o posterior al día final del plazo originario por lo que si la ley no distingue no se debe distinguir. Es cierto que el precepto reglamentario no hace esa distinción pero el art. 37 de la Ley 15/2007 , a propósito de los supuestos de suspensión de plazos y ampliación de su cómputo dice:

 "El transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para resolver un procedimiento se podrá suspender, mediante resolución motivada, en los siguientes casos:"

 Es decir, el acuerdo de suspensión solo se puede producir dentro del plazo legal de resolución, dieciocho meses desde su incoación porque no se puede suspender lo que, por imperativo legal, debería haber concluido mediante la resolución que finaliza el procedimiento y el propio art. 37.4 de la Ley, consciente de las dificultades que puede suponer la tramitación en plazo de un procedimiento de esta naturaleza prevé que "excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes. En el caso de acordarse la ampliación del plazo máximo, ésta no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento."

 Como vemos, el legislador concilia la necesidad de facilitar las facultades investigadoras de la Comisión que pueden justificar, siempre que se motive adecuadamente y antes de que concluya, la ampliación del plazo de resolución, con la garantía que supone establecer un límite máximo al plazo de resolución que la tesis de la Abogada del Estado, de permitir sumar las sucesivas suspensiones que se produjeran después del plazo final haría desaparecer a pesar de que la ley impone un límite máximo.

 Por esa razón, el hecho de que concurran causas legales que amparen la suspensión o que se dificulte la obligación de cumplir el requerimiento para el cálculo de la sanción a imponer no excluye la obligación de someterse al plazo final de los 18 meses que establece la ley como dies ad quem para dictar y notificar la resolución sancionadora. Nada impide a la Administración acogerse a las causas legales que permiten la suspensión del procedimiento pero sabiendo que la fecha límite al efecto es aquella en que se cumplen 18 meses desde la incoación, a partir de esa fecha, las que se acuerden no podrán tomarse en consideración a efectos del cómputo del plazo de caducidad, única forma de conciliar la necesidad de suspender el procedimiento cuando ello proceda con el respeto a la finalidad que persigue la caducidad del procedimiento, garantía de que éste no se mantiene indefinidamente abierto en detrimento de la seguridad jurídica.

 SÉPTIMO: Procede, en consecuencia, estimar el recurso contencioso administrativo, declarando caducado el expediente administrativo sancionador y anular la resolución impugnada, sin imposición de costas a la Administración demandada, no obstante la estimación del recurso, conforme al art. 139.1 de la LRJCA dadas las dudas jurídicas que ha suscitado la resolución del recurso como revela la prolongación de las deliberaciones durante varias sesiones y el razonamiento jurídico sexto de la presente sentencia.

 VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

 QUE DEBEMOS ESTIMAR el recurso interpuesto por el Procurador D. Rafael Gamarra Mejías, en nombre y representación de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística, FVET contra la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 27 de septiembre de 2013 que impuso a la recurrente una sanción por importe de 200.000 €, (euros), resolución que anulamos por su disconformidad a derecho. Sin costas.

 Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la misma no cabe recurso de casación, siguiendo las indicaciones prescritas en el artículo 248 de la Ley Orgánica 6/1985 , y testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 4/02/2016 doy fe.