Id. Cendoj: 28079230062015100358
ECLI: ES:AN:2015:4121
ROJ: SAN  4121/2015
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 111/2015
Fecha de Resolución: 13/11/2015
Nº de Recurso: 358/2014
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: JAVIER EUGENIO LOPEZ CANDELA
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000358 / 2014

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 04649/2014

 Demandante: ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA

 Procurador: D. PABLO OTERINO MENÉNDEZ

 Letrado: D. MARIO POMARES CABALLERO

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: MELPI

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA

 Madrid, a trece de noviembre de dos mil quince.

 VISTO, en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, el recurso nº 358/14, seguido a instancia de ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA , representada por el Procurador de los Tribunales D. Pablo Oterino Menéndez, y asistida por el letrado Sr. D. Mario Pomares Caballero, y como Administración demandada la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado, siendo codemandado MELPI, representado por la Procuradora Sra.Dª. María Isabel Mirones Escobar. El recurso versó sobre impugnación de Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) de fecha 17 de julio de 2.014, la cuantía se fijó en 152.833,52 €, e intervino como ponente el Magistrado D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA. La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO-. La representación procesal indicada interpuso recurso contencioso-administrativo ante esta Sala contra la Resolución de referencia mediante escrito del que por Decreto del Sr. Secretario se acordó tener por interpuesto el recurso, ordenando la reclamación del expediente administrativo.

 SEGUNDO-. En el momento procesal oportuno la representación de la actora formalizó la demanda mediante escrito en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de rigor, termino suplicando se dicte sentencia por la que con estimación del recurso, se anule la resolución impugnada dejando sin efecto la sanción impuesta.

 TERCERO-. El Abogado del Estado contestó a la demanda para oponerse a la misma, y con base en los fundamentos de hecho y de derecho que consideró oportunos, terminó suplicando la desestimación del recurso. Igualmente lo hizo la parte codemandada.

 CUARTO- . Solicitado el recibimiento del pleito a prueba, y admitidos los medios de prueba y tras evacuar las partes el trámite de conclusiones quedaron los autos conclusos y pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 11 de noviembre de 2015, habiéndose respetado en el procedimiento todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO : Es objeto de impugnación en autos la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 17 de julio de 2014, por la que se impone a la hoy recurrente la sanción de multa de 152.833,32 euros por resultar acreditada una infracción del Artículo 1 de la Ley 15 /2007 de 17 de julio de Defensa de la Competencia.

 La Resolución de la CNC que hoy enjuiciamos declara en su parte dispositiva, en lo que ahora interesa:

 " PRIMERO. Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y el art.102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE ).

 SEGUNDO. Declarar responsable de dicha infracción a la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española.

 TERCERO. Imponer la siguiente sanción a la autora de la conducta infractora: 152.833,32 euros.

 CUARTO. Instar a la Dirección de Competencia para que vigile el cumplimiento íntegro de esta resolución. "

 SEGUNDO.- Son hechos acreditados en autos por constar documentalmente en el expediente o ser reconocidos por las partes que el 10 de mayo de 2.011 tuvo entrada en la Dirección de Investigación de la extinta CNC denuncia de MELPI S.L. contra la hoy recurrente, ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA ( ANCCE), por posibles conductas restrictivas de la competencia tendentes a impedir la contratación de MELPI en el mercado de Secretarias Técnicas de concursos morfológicos funcionales, de los caballos de pura raza española.

 La Dl requirió información a la hoy actora para que aportara determinada información, así como a la Subdirección General de Conservación de Recursos y Alimentación Animal. La DI elevó al Consejo de la CNC propuesta de archivo que fue desestimada por acuerdo del Consejo de 17 de octubre de 2.012 ordenando la incoación de expediente sancionador contra ANCCE, lo que tuvo lugar el 29 de noviembre de 2.012 por una infracción prevista en el art.2 de la LDC , relacionada con el procedimiento de homologación de ST para los CMF, sobre la base de los Reglamentos de dicha asociación que introducían unos criterios que reforzaban la posición de la ANCCE y obstaculizaba la competencia en el mercado conexo al de la gestión del Libro genealógico de los animales de Pura Raza española.

 El 7 de diciembre de 2002 MELPI solicitó la adopción de medidas cautelares que fueron acordadas por resolución de 24 de enero de 2.013. El 26 de febrero de 2.013 tuvo entrada nueva denuncia de MELPI respecto del incumplimiento de las medidas cautelares. Después de remitir la actora la información requerida en sucesivos requerimientos en fecha 12 de junio de 2.013 se amplia el expediente a las modificaciones de la normativa de los CMF el 4 de julio de 2.012 la DI formuló el Pliego de Concreción de Hechos (PCH). Dicho PCH fue notificado a las empresas a efectos de que realizaran las alegaciones y propusieran las pruebas que estimaran convenientes. ANCCE las presentó en fecha 2 de agosto de 2.012. La DC formula propuesta de resolución el 4 de noviembre de 2.013, siendo recibidas las alegaciones de MELPI y de ANCCE en fecha 22 y 25 de noviembre de 2.013.

 Asimismo, la DI requirió a las empresas que aportaran información sobre sus volúmenes de negocios en fecha 3 de abril de 2.014 lo que fue notificado a la actora el 9 de abril de 2.014. la contestación de ANCCE tuvo entrada el 24 de abril de 2.014, levantándose la suspensión del plazo el 25 de abril de 2.014.

 En fecha 28 de mayo de 2.014 el Consejo de la CNMC acordó a la Comisión europea información relativa a este expediente conforme al art.11.4 del Reglamento 1/2003, del Consejo , acordándose la suspensión del plazo máximo para resolver el procedimiento. Con fecha 30 de junio de junio de 2.014 se levanta la suspensión, y se dicta la resolución impugnada el 17 de julio de 2.014, lo que fue notificada a la actora el 21 de julio de 2.014, y de forma íntegra con los dos votos particulares el 22 de julio de 2.014

 TERCERO.- Frente a la resolución impugnada opone la actora en primer término la caducidad del procedimiento sancionador, computado entre la fecha de incoación del procedimiento sancionador, y la de notificación de la resolución de fecha 17 de julio de 2.014. Respecto de esta cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el art. 36 de la LDC , hemos de recordar que los procedimientos sancionadores deben tener una duración máxima de 18 meses.

 El art. 36.1 de la Ley 15/2007 dispone que: "El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador por conductas restrictivas de la competencia será de dieciocho meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo y su distribución entre las fases de instrucción y resolución se fijará reglamentariamente."

 A su vez el art. 37.1 señala que: "El transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para resolver un procedimiento se podrá suspender, mediante resolución motivada, en los siguientes casos:

 a.- Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. (...)

 d.- Cuando se interponga el recurso administrativo previsto en el artículo 47 o se interponga recurso contencioso-administrativo.

 El art. 12.3 del RDC establece que: "En los casos de suspensión del plazo se determinará añadiendo al término del plazo inicial, los días naturales durante los que ha quedado suspendido el plazo".

 Debemos recordar lo declarado sobre la institución de la caducidad en nuestra sentencia de 19 de junio de 2013, recurso 394/2011 :

 "El Tribunal Supremo (sentencia de 13 de enero de 2010 rec. 1279/2007 ) ha declarado que la caducidad de los procedimientos sancionadores es una institución jurídica con la que se trata de evitar la tardanza injustificada en resolver aquéllos, por entender el legislador que los sujetos expedientados se encuentran en una situación desfavorable que no ha de alargar indebidamente la Administración sancionante.

 Si la demora no obedece a la desidia administrativa sino que viene propiciada por la necesidad de resolver cuestiones complejas suscitadas por los propios expedientados, la decisión de interrumpir el plazo máximo para resolverlas (tanto más si es consentida por estos últimos) debe entenderse en principio válida a dichos efectos temporales.

 En el procedimiento que regula la Ley 15/2007 está claramente separada la fase de instrucción de la fase de resolución; como ha señalado la propia CNC en algunas de sus resoluciones, del examen conjunto de los artículos 51 pfo.1 de la Ley 15/2007 y el artículo 36 pfo. 1 del Reglamento DC , resulta que en principio no está contemplada la práctica de pruebas en la fase de resolución, porque este último precepto establece que el Consejo podrá denegar la práctica de pruebas que pudieron haber sido propuestas en fase de instrucción ante la Dirección de Investigación y no lo fueron. Igualmente se establece la posibilidad de que en esta fase de resolución, de oficio o a instancias de un interesado, se admita y acuerde la práctica de actuaciones complementarias, y practicadas, que los interesados formulen alegaciones.

 Es coherente con este sistema la extensión del plazo de suspensión a la finalización de la presentación de alegaciones, que van unidas a la admisión y práctica de nuevas actuaciones, y que conforman por tanto la incidencia para la que se ha suspendido el plazo, suspensión autorizada por la LDC.

 Resulta en consecuencia que, a juicio de esta Sala, el periodo por el que se acuerda la suspensión alcanza a la finalización del periodo que se conceda para formular alegaciones a los interesados, cuando, como es el caso, se ha acordado la realización de actuaciones complementarias por el órgano encargado de resolver el expediente. El principio de seguridad jurídica y el respeto al derecho de defensa de las empresas expedientadas justifican que el levantamiento se acuerde una vez finalizado el periodo para formular alegaciones."

 Por su parte, en nuestra sentencia de 12 de abril de 2013, dictada en el recurso 395/2011 , afirma:

 "El artículo 36.1 de la Ley de Defensa de la Competencia 15/2007 (en adelante LDC 2007) establece que "El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador por conductas restrictivas de la competencia será de dieciocho meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo y su distribución entre las fases de instrucción y resolución se fijará reglamentariamente".

 El artículo 28.4 del Reglamento de Defensa de la Competencia aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante RDC 2008) establece que "El plazo de instrucción del expediente será de doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación. El transcurso del plazo máximo de dieciocho meses desde la fecha del acuerdo de incoación del procedimiento sancionador sin que se hubiera resuelto el procedimiento determinará la caducidad del mismo de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 38 de la Ley 15/2007, de 3 de julio ".

 El artículo 38.1 de la Ley de Defensa de la Competencia establece que "el transcurso del plazo máximo de dieciocho meses establecido en el apartado primero del artículo 36 para resolver el procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas determinará la caducidad del procedimiento".

 Resulta en consecuencia que la caducidad del procedimiento sancionador en materia de defensa de la competencia tiene lugar cuando han transcurrido 18 meses sin que haya recaído resolución alguna en el expediente. Ahora bien: el hecho de que la fase de instrucción haya superado en este caso el plazo de del Reglamento de Defensa de la Competencia aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (12 meses) no trae la consecuencia que propugna la actora de caducidad del procedimiento. El precepto en cuestión anuda la caducidad al transcurso de 18 meses en total, lo que confirma el art. 38.1 de la Ley 15/2007 que establece la consecuencia de la caducidad sólo para el supuesto en que se supere el plazo máximo de 18 meses desde la incoación del expediente hasta la notificación de la resolución que ponga fin al expediente sancionador..."

 Como ha quedado acreditado, se incoa el procedimiento sancionador el 29 de noviembre de 2012, lo que conlleva el inicio del cómputo del plazo que vencería inicialmente el 29 de mayo de 2014.

 No obstante consta que mediante acuerdo de 3 de abril se suspende el cómputo del plazo para la petición de información del volumen de negocios, pero ello se notifica el 9 de ese mes, y se remite en fecha 24 de abril de 2.014, siendo la notificación exigible conforme al art.12.4 del RD 261/2008 , lo que supone que ese plazo se aumente en 15 días, esto es hasta el 13 de junio de 2.014. Tras la remisión a la Comisión Europea, con fecha de entrada del oficio en fecha 28 de mayo de 2.014 ( folio 2148), el plazo de treinta días concluye el 27 de junio, por lo que el plazo final de conclusión se retrasa hasta el 13 de julio de 2.014. Habiéndose notificado la resolución impugnada, en el mejor de los casos el 21 de julio de 2.014, resulta claro que el procedimiento ha caducado al haber transcurrido el plazo de duración del procedimiento de 18 meses.

 CUARTO.- A la vista de lo indicado, y por las razones expuestas, procede la estimación del recurso contencioso-administrativo que formula la recurrente, anulándose la resolución impugnada en los términos expresados en el anterior fundamento de derecho, sin necesidad de entrar en el examen de los demás motivos formulados.

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA no procede realizar un especial pronunciamiento sobre las costas, dado el carácter complejo de la cuestión jurídica debatida en autos.

 Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente

FALLAMOS

 La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Sexta) ha decidido:

 1º.- ESTIMAR e l recurso contencioso-administrativo interpuesto por ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA , representada por el Procurador de los Tribunales D. Pablo Oterino Menéndez, contra la resolución de la CNC de fecha 17 de julio de 2014 a la que la demanda se contrae, anulándose la misma en los términos expuestos en el fundamento de derecho cuarto.

 2º.- No hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas procesales.

 Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la misma no cabe recurso ordinario de casación, siguiendo las indicaciones prescritas en el artículo 248 de la Ley Orgánica 6/1985 , y testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 25/11/2015 doy fe.