Id. Cendoj: 28079130032016100019
ECLI: ES:TS:2016:152
ROJ: STS  152/2016
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 25/01/2016
Nº de Recurso: 999/2014
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    Sanción CNC. Cartel de Navarra (expdte. S-179/09-Hormigón y Productos relacionados).- CANTERAS Y HORMIGONES VRE SA (VRESA).-  
  
  Idioma:
  
    Español  

 SENTENCIA

 En la Villa de Madrid, a veinticinco de Enero de dos mil dieciséis.

 Esta sala ha visto el recurso de casación número 999/2014, interpuesto por «CANTERAS Y HORMIGONES VRE SA (VRESA)» representada por la Procuradora Dª. Isabel Campillo García, bajo la dirección letrada de D. Andrew Ward y D.Pablo Lavandeira, contra la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2013, dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 67/2012 , sobre sanción de la Comisión Nacional de la Competencia. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por la Abogacía del Estado y como parte codemandada «HORMIGONES BERIAIN SA» representado por el Procurador D. Alberto Hidalgo Martínez, y bajo la dirección letrada de D. Pedro Suárez Fernández, D. Carlos Melón Pardo, y D. Javier Salinas Casado.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO.- El procedimiento contencioso-administrativo número 67/12, interpuesto por «Canteras y Hormigones VRE, Sociedad Anónima (VRESA)», contra la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 12 de enero de 2012, que declara acreditada la existencia de un cártel del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , consistente en la fijación de los precios del suministro de hormigón, mortero y áridos y el reparto de mercado, mediante el reparto de obras en las zonas delimitadas por el cártel en la Comunidad Foral de Navarra y zonas limítrofes, declarando responsable a «VRESA» por la participación de un reparto de mercado en lo relativo al hormigón, en la Comunidad Foral de Navarra y zonas limítrofes, desde septiembre de 2008 hasta al menos el 22 de septiembre de 2009. Y se impone una sanción a «Canteras y Hormigones VRE SA» de 959.277 Euros, (expdte. S/179/09 HORMIGÓN Y PRODUCTOS RELACIONADOS).

 SEGUNDO. - La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Sexta), dictó sentencia de fecha 12 de diciembre de 2013 cuya parte dispositiva dice textualmente:

 « DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la sociedad CANTERAS Y HORMIGONES VRE, SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 12 de enero de 2012, a que las presentes actuaciones se contraen y, en consecuencia, confirmar la resolución impugnada por su conformidad a Derecho.

 Con expresa imposición de costas a la parte actora. »

 SEGUNDO.- Contra la referida sentencia, el representante legal de «VRESA» preparó recurso de casación que fue admitido a trámite y remitidas las actuaciones al Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes. Presentado ante el Tribunal Supremo el recurso de casación en tiempo y forma, fue admitido a trámite con el número 999/2014.

 TERCERO.- «Canteras y Hormigones VRE SA (VRESA)» en su escrito de interposición del recurso de casación, formuló los tres motivos de casación siguientes:

 a) Al amparo del artículo 88.1.c) LJCA , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia derivadas del artículo 24 y 120.3 CE y del artículo 218.2 LEC , por falta de motivación de la sentencia que la hace irrazonable y produce indefensión a esta parte, por cuanto la sentencia no expresa los motivos o razones por los que se desestima la pretensión de nulidad de la Resolución de la CNC en cuanto considera que «VRESA» ha participado en una infracción de la LDC.

 i) Ausencia de motivación fáctica por lo que respecta a la supuesta incorporación de «VRESA» al cártel tras la cesión a «VRESA» del arrendamiento de industria sobre cuatro plantas de hormigón de Cemex.

 ii) Ausencia de motivación jurídica por lo que respecta a la supuesta incorporación de «VRESA» al cártel tras la cesión a «VRESA» del arrendamiento de industria sobre cuatro plantas de hormigón de Cemex.

 iii) Ausencia de motivación del rechazo de los argumentos relativos a la falta de la prueba de la supuesta participación de «VRESA» en los hechos.

 iv) Falta de motivación de la desestimación de los argumentos relativos al cálculo erróneo de la sanción.

 v) La falta de motivación de la sentencia supone una infracción del artículo 24 y del artículo 120.3 de la Constitución Española .

 b) Al amparo del artículo 88.1.c) LJCA , por quebrantamiento de las formas esenciales

 i) La falta de consideración de las pruebas de descargo aportadas por «VRESA.»

 ii) La imputación errónea y sin motivación y fundamento alguno de la concurrencia de dolo en «VRESA».

 c) Conforme al 88.1.d) de la LJCA, por infracción de la Jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, por cuanto la sentencia injustificadamente no aplica la jurisprudencia consolidada sobre el derecho a la presunción de inocencia, vulnerando con ello el artículo 24 de la CE .

 Terminando por suplicar a la Sala, dicte sentencia en la que se estime el recurso de casación, anulando y casando la sentencia recurrida y en su virtud resuelva sobre el fondo del asunto estimando la demanda.

 CUARTO.- Dado traslado a la recurrida para oposición, la representación procesal de la Administración del Estado presentó su escrito, suplicando la desestimación del recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con condena en costas al recurrente.

 QUINTO.- Se señaló para votación y fallo el día 19 de enero de 2016, fecha en que ha tenido lugar, con observancia de las disposiciones legales.

 Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO .- En el presente recurso de casación, interpuesto por «Canteras y Hormigones VRE, SA» (VRESA) se impugna la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Sexta, de 12 de diciembre de 2013 (rec. 67/12 ) por la que se desestimó el recurso interpuesto por dicha empresa contra la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 12 de enero de 2012.

 La resolución administrativa impugnada en la instancia consideró acreditada la existencia de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia , consistente en la constitución de un cártel para la fijación de los precios del suministro de hormigón, mortero y áridos y el reparto del mercado de la Comunidad Foral de Navarra y zonas limítrofes, por lo que se sancionó a diferentes empresas, entre ellas a la empresa recurrente a la que se le impuso la sanción de 959.277 € y acordó intimar a las empresas sancionadas al cese de la conducta infractora sancionada. La intervención de la ahora recurrente se concretó en la participación en un reparto de mercado en lo relativo al hormigón en la Comunidad Foral de Navarra y zonas limítrofes, desde septiembre de 2008 y hasta al menos el 22 de septiembre de 2009.

 La sentencia de fecha 12 de diciembre de 2013 dictada por la Sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional , confirma la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia con base en la siguiente fundamentación jurídica:

 « 3. La Sala ha considerado acreditada la participación de cada uno de los intervinientes en el cártel examinado con ocasión del examen conjunto llevado a cabo del mismo en la deliberación de los recursos nº 91 y 110/2012 conjuntamente con el presente, considerando acreditada la existencia de acuerdos para la fijación de precios del suministro de hormigón, mortero y áridos y el reparto de mercado, así como la celebración de reuniones para la adopción de tales acuerdos, diferenciando entre las reuniones de alto nivel, como reuniones posteriores bilaterales y multilaterales y reuniones operativas, tales como anotaciones manuscritas realizadas en un cuaderno, o anotaciones en las agendas en formato electrónico, citas anotadas en el calendario de Outlook, tablas de control de reparto de cuotas, entre otros datos que figuran en el expediente administrativo, adquiriendo particular relevancia las grabaciones de audio, seis en total, que se acompañaron junto con la denuncia presentada ante la CNC, de conversaciones telefónicas y de reuniones en las que participan las empresas denunciante y denunciadas.

 Así en nuestra Sentencia de 30 de noviembre último dictada en el rec. nº 110/2012 hemos declarado:

 " QUINTO : Se ha dado valor a una prueba nula, que no reúne las necesarias garantías de fiabilidad y exactitud como son las transcripciones de unas supuestas conversaciones aportadas por el denunciante y un soporte informático de las mismas de dudosa autenticidad.

 Consta en el expediente que la Dirección de Investigación se limitó a comprobar que las transcripciones aportadas por el denunciante coincidían con el contenido de las grabaciones sonoras por él también aportadas al expediente. La comprobación de la veracidad de las grabaciones no puede consistir en la certificación del instructor de que las transcripciones incorporadas al expediente se corresponden fielmente con el contenido de las grabaciones sino que es necesario acreditar su autenticidad y veracidad. Varias de las empresas imputadas solicitaron por ello la práctica de una prueba pericial por perito designado por los mismos. A la vista de esas solicitudes, el Consejo denegó la practica de la prueba en los términos solicitados por los denunciantes pero acordó de oficio la práctica de una pericial y se la encomendó a un perito imparcial la Policía Científica, teniendo acceso al informe todos los imputados y habiendo podido formular las alegaciones que a su derecho conviniera. No se aprecia por ello que se les haya causado indefensión.

 El informe pericial de autentificación de grabaciones digitales realizado por la sección de Acústica Forense de la Comisaría General de la Policía Científica de 2 de noviembre de 2011 (folios 7.992 a 8.029 del expediente administrativo) en las consideraciones previas señala que

 "En la mayoría de los casos, para llevar a cabo un análisis de autentificación exhaustivo, será necesario disponer, tanto de la grabación original, como del conjunto de elementos de registro utilizados en el acto de grabación (micrófonos, equipos grabadores, etc). La ausencia de alguno de estos elementos o soportes podrá incidir en la formulación de las conclusiones del estudio resultando, en cualquier caso, imposible determinar la existencia o no de las distintas alteraciones que pudieran ser detectadas. y añade al final

 "es necesario resaltar, además que con las actuales técnicas de edición de audio es factible realizar, por técnicos especialistas, alteraciones de difícil o imposible detección en grabaciones sonoras digitales; por lo que los análisis que se realicen sobre estos soportes, como es el caso que nos ocupa, han de tener en cuenta este extremo".

 A continuación se procede a realizar un estudio del contenido de los 4 soportes digitales que le han sido facilitados por la CNC

 -En relación al dispositivo grabador (evidencia nº 1) se indica que "la data de grabación se reinicializa cada vez que se instalan baterías nuevas y siempre a criterio del operador de la grabación, por lo cual no puede ser considerado un dato significativo a la hora de inferir conclusiones en la realización del presente informe". Asimismo se indica que no contiene información alguna. Se procede a realizar con dicho dispositivo 6 grabaciones Test conjugando los distintos parámetros de registro (modo de grabación HQ, SP y LD) y sensibilidad del micrófono (normal, lectura). A continuación se realizan una representación oscilográfica, sonográfica y espectográfica FFT y LTA de cada una de esas 6 grabaciones y se señala que de la representación oscilográfica resulta que el equipo no introduce marcas de carácter identificativo asociadas al proceso de grabación (arranque/parada, tonos, fade in/out) 2) se observa un desfase DC-OUT en todas las grabaciones efectuadas sobre la parte inferior de su eje central o eje cero de la onda oscilográfica.

 -En relación al CD-R con 7 ficheros digitales (evidencia nº 2) , se realiza sobre cada uno de ellos las mismas pruebas que se han realizado con el dispositivo grabador es decir una representación oscilográfica, sonográfica y espectográfica y se señala que las representaciones oscilograficas de las grabaciones muestra que no introduce marcas de carácter identificativo asociadas al proceso de grabación (arranque/parada, tonos, fade in/out) y se observa se observa un desfase DC-OUT en todas las grabaciones efectuadas sobre la parte inferior de su eje central. o eje cero de la onda oscilográfica.

 -En relación a los dos PEN DRIVES ( evidencia nº 3 y 4) con las inscripciones manuscritas folio 673 y folio 821 se indica que el contenido de todos los ficheros que contiene coincide con el de igual nombre registrados el CD-R. A dicha conclusión llega tras la realización de una serie de pruebas: escucha crítica mediante la realización de una grabación en formato estéreo en el que en el canal de la derecha se ubica la grabación del CD y en el canal izquierdo la grabación del Pen Drive y una representación oscilográfica, sonográfica y de espectros FFT y LTA. De dichas pruebas se concluye la existencia entre los ficheros del CD-R y de los Pen Drive una identidad semántica, una distribución de energía idénticas una envolvente espectral de gran similitud. (salvo una de las 7 grabaciones "DW-A0011.wav").

 Tras el examen de los soportes digitales, las conclusiones del informe son las siguientes:

 PRIMERO: En referencia al requerimiento de determinar si las grabaciones incluidas en los soportes reseñados como evidencia nº 2, evidencia nº 3 y evidencia nº 4 han sido objeto de manipulación o alteración por alguna forma, el estudio se ha centrado en verificar si las grabaciones no contienen cortes o interrupciones tanto en el plano semántico como en el resto de circunstancias electroacústicas de registro (interrupciones, ausencias de energía, cambios bruscos de la señal en el dominio del tiempo en relación a la amplitud y a la frecuencia). Según esto se puede concluir que No se observan indicios asociados a una alteración posterior al proceso de grabación de los archivos audio registrados en los soportes evidencia nº 2, 3 y 4.

 SEGUNDO: Las grabaciones sonoras correspondientes a los ficheros digitales de igual nombre contenidas en el soporte evidencia nº 2 son idénticas a las contenidas en el soporte nº 3 y 4.

 TERCERO: En cuanto a determinar la autenticidad e integridad de los siete registros de audio y su correspondencia con los originales y en particular si los archivos registrados en los soportes PEN DRIVE se corresponden con los originales contenidos en la grabadora se informa que en el dispositivo grabador aportado no se encuentra registro alguno de ningún tipo

 CUARTO: En cuanto a determinar si las grabaciones originales se tomaron empleando el grabador/ reproductor de audio digital marca Olympus (evidencia nº 1) se determina que "las características observadas mediante los distintos análisis efectuados en los archivos digitales de audio contenidos en los soportes remitidos son compatibles con las grabaciones Test efectuadas, excepto la registrada con el nombre DW A0011 wav"

 QUINTO: La grabación de nombre DW A0011.way no se corresponde en cuanto a características técnicas con la grabación aportada no pudiendo especificar su origen. Esta grabación no es original habiendo sufrido uno o varios procesos de edición.

 El valor probatorio de esta prueba teniendo en cuenta que no se encuentra en el dispositivo grabador registro alguno de ningún tipo, es limitado por cuanto no ha podido certificar la policía científica que los archivos registrados en los soportes PEN DRIVE (o en el CD que coinciden) se corresponden con los originales contenidos en la grabadora. Ahora bien ello no significa que esos documentos no tengan ningún valor probatorio ya que dicho informe concluye que no se observa en ninguno de esos archivos indicios asociados a una alteración posterior al proceso de grabación es decir no contienen cortes o interrupciones tanto en el plano semántico como en el resto de circunstancias electroacústicas de registro (interrupciones, ausencias de energía, cambios bruscos de la señal en el dominio del tiempo en relación a la amplitud y a la frecuencia) pudiendo haber sido realizadas con la grabadora Olympus. Ahora bien incluso esa afirmación debe realizarse con reservas ya que como advierte ese informe en sus consideraciones preliminares "las actuales técnicas de edición de audio es factible realizar, por técnicos especialistas, alteraciones de difícil o imposible detección en grabaciones sonoras digitales". Por otra parte como señalan las partes las grabaciones fueron presentadas ante la CNC el 26 de agosto de 2009, es decir casi un año después de que fueran realizadas.

 Partiendo de este planteamiento, si la única prueba aportada para acreditar la existencia del cartel fueran estas audiciones, debería considerarse la misma insuficiente, pero hay que tener en cuenta que la Dirección de Investigación tras recibir la denuncia en la que se transcribían dichas grabaciones acordó realizar una información reservada ordenando en el curso de la misma la realización de registros simultáneos en las sedes de Canteras de Alaiz de Pamplona, y en la sede de CPV de Madrid, así como en las sedes de Cetya, Hormigones Beriain, Cemex y Holcim España e incautó documentación de la que se constata la coincidencia de datos manuscritos con los datos contenidos en las grabaciones, lo que permite acreditar su autenticidad: en concreto las tablas de adjudicación y control recabadas en las inspecciones de BERIAIN a las que se hace referencia en varios apartados de los hechos probados de la resolución recurrida y la documentación recabada en CPV en concreto las anotaciones del cuaderno del Director General para España de CPV. Se hace referencia a continuación a estas coincidencias

 1) Para poder llevar a cabo el reparto del mercados de los morteros y de los áridos entre CPV, BERIAIN, CETYA y VRESA y del mercado del hormigón entre las citadas empresas y CEMEX, en la Comunidad Foral de Navarra y territorios limítrofes era necesaria la puesta en común de las obras que demandaban suministro en ese momento y que podían ser repartidas. Esta puesta en común se produjo en algunas de las reuniones acreditadas en este expediente, como la celebrada el 12 de junio de 2008. Tal como resulta de dicha transcripción las empresas participantes en el acuerdo declararon cada una de las obras de las que tenían conocimiento para tomar nota de ello y realizar posteriormente el reparto. El Director General de BERIAIN llevó a la reunión las denominadas "hojas de adjudicación" cuyo formato se explicó en la propia reunión (se recoge en el punto 83 de los hechos probados). Pues bien esa descripción de "hojas de adjudicación" durante la reunión de 12 de junio de 2008 (a la que asistieron BERIAIN, CPV, CETYA, CTH y un abogado) coincide, punto por punto, con los documentos recabados en la inspección realizada en la sede de BERIAIN, con un total de 71 obras objeto de reparto por el cártel, reproduciéndose en la resolución recurrida una de estas hojas de adjudicación. (apartado 84 y 85).

 2) En relación con la negociación para el reparto de las obras singulares, las anotaciones del cuaderno del Director General para España de CPV acreditan que finalmente las obras singulares fueron 4, así como que finalmente los porcentajes de reparto de estas obras se fijaron en el 40% para el adjudicatario y el 60 % para el resto de los competidores de las zonas donde estaban ubicadas estas obras singulares, en el caso de que el adjudicatario no tuviese porcentaje asignado en dichas zonas. 62. Estas cifras se mencionan en la reunión celebrada el 12 de junio en la sede de la filial de BERIAN Hormigones Arga SA (trascripción de la grabación aportada por el denunciante). (HP 61 y 62)

 3) En relación a la fijación de incrementos de precios del hormigón, el acuerdo entre CPV CEMEX CETYA y BERIAIN consistió en fijar los precios del hormigón de manera que éstos se incrementaran de manera escalonada tal como resulta de las transcripciones que se recogen en los hechos probados. Ese hecho no solo consta acreditado por las grabaciones que se transcriben en los hechos probados 39 a 43 sino en pruebas documentales a los que se hace referencia en los hechos probados 44 y 45: a) correo electrónico interno de CPV de fecha 29 de agosto de 2008, en el que se hace referencia a Canteras Aláiz, perteneciente a CPV del que resulta que a finales de agosto ya se habían contratado obras a 50-55E/m3, frente a los 40- 42E/m3 de meses anteriores, y que otras obras se estaban ofertando precios a 73-75 €/m3 para realizar el suministro a 65- 68E/m3 tal como se había pactado por las empresas participantes en el cártel (hecho probado 44).b) anotaciones del cuaderno del Director General de CPV bajo el epígrafe de REUNIÓN CON JAL [Dir.General de BERIAIN] // [Presidente de CETYA], y anotaciones posteriores del mismo cuaderno, bajo el epígrafe "Reunión Hormigón Pamplona 8/10/2008", aparecen, entre diversas anotaciones referencias al objetivo del incremento de precios.

 4) En relación al incremento de los precios de los áridos, se transcriben las conversaciones y reuniones en los que se hace referencia a esos incrementos de precios (HP 49 a 52) y se aporta la documentación aportada por CETYA, CPV al requerimiento de información realizado por la Dirección de Investigación en la que se solicitaron precios ofertados a una serie de obras contemporáneas a los acuerdos que confirma que los precios ofertados en relación con los áridos coinciden con lo acordado en las reuniones mantenidas por las empresas imputadas (HP 53 y 54).

 5) En relación con el mercado de los áridos en la zona de Pamplona queda acreditado que tres de las empresas participantes en el cártel se repartieron el suministro de los áridos en partes iguales tal como consta en la conversación telefónica de 5 de junio de 2008 entre un Directivo de CTH y el Director de División de Hormigón para la Zona Norte de CPV y en la reunión celebrada el 6 de junio de 2008 en la sede de CPV grabadas por el denunciante (HP 78 y 79) . Estas cuotas establecidas en el mercado de los áridos en PAMPLONA, (33 % para CPV, BERIAIN y CETYA) coinciden con las que se reflejan en las tablas recabadas en la inspección de BERIAIN, como "ALÁIZ", "CETYA" y "UNCONA" (filial de BERIAIN), (HP 80).

 6) En relación con el reparto de mercado para el hormigón en la zona de Pamplona no coinciden las cifras que constan en la transcripción de la grabaciones aportadas por el denunciante (HP 74 y 75) con las que constan en las tablas de control de acuerdo de reparto de mercado recabadas en la Inspección de Beriain (HP 77) pero la resolución de la CNC explica la razón de la falta de coincidencia (CTH decide no participar en los acuerdos y la venta de 4 plantas de hormigón de CEMEX a VRESA).

 En cuanto a las fechas de los archivos de audio que se indican en los Pen Drive, el 15 de diciembre de 2011 el Consejero Ponente solicitó a la Sección de acústica forenese se verificara la fecha de los ficheros digitales contenidos en los pen drive haciendo referencia a que "en la página 29 del informe pericial de autentificación de grabaciones digitales realizado por la Sección de Acústica Forense de la D.G. de la Policía se señala que los ficheros digitales contenidos en los 2 pen drive aportados por el denunciante al expediente sancionador tienen como fecha el 31 de mayo de 2010 que es la misma fecha que figura en la pagina 16 para los ficheros digitales contenidos en el CD-R aportado al expediente el 15 de junio de 2011. Los citados pen drive fueron aportados por el denunciante en agosto y octubre de 2009 al expediente y de su examen resulta a simple vista que la fecha de grabación de los ficheros digitales que contienen es otra distinta a la arriba indicada, y en todo caso anterior a la fecha de entrega de los soportes al expediente". (tomo VI del Consejo, folio 8221)

 El 20 de diciembre de 2011 se remitió por la Sección de Acústica informe de "aclaración sobre rectificación de fechas" (tomo VI del Consejo folios 8226 a 8.231) en el que señalaba que en la solicitud inicial no se solicitó la comprobación de las datas de grabación por lo cual no se extrajeron las fechas de registro de las grabaciones aportadas, procediendo a remitir copia de los metadatos relativos a las fechas de registro obtenidos de los archivos contenidos en los pen drive, indicando respecto a cada archivo la hora y el día siendo la fecha de grabación de los 6 archivos que se consideran relevantes de junio de 2008.

 Las partes pudieron realizar las alegaciones que consideraron oportunas, por lo que no se aprecia se haya causado indefensión.

 No se aprecia se haya vulnerado el derecho a la intimidad por cuanto el contenido de la conversación no afecta a la intimidad personal, familiar o relaciones interpersonales de las personas que asistieron a las reuniones o participaron en las conversaciones telefónicas, la grabación se efectuó por una de las personas que intervenía en ellas y existía un interés publico como era la obtención de pruebas que acreditaran la existencia de un cartel de fijación de precios y reparto de mercado. Por otra parte esas grabaciones no fueron difundidas en medios de comunicación, sino que fueron entregadas al órgano administrativo competente para investigar y sancionar dichas conductas y por tanto solo han sido conocidas por las empresas imputadas cuyos directivos intervinieron en ellas. El supuesto que cita la recurrente STC 12/2012 es distinto al aquí analizado se trataba de un caso de un reportaje periodístico con cámara oculta difundido en la televisión para desacreditar el trabajo profesional de una determinada persona."

 Por lo que hace a la intervención de la hoy actora en el cártel, señala la resolución impugnada lo siguiente:

 "Por último, en lo relativo a la responsabilidad administrativa de VPESA por su participación en el cártel imputado, el Consejo considera acreditado que VRESA ha participado en el acuerdo de reparto de mercado del hormigón entre las empresas participantes en el cártel en la Comunidad Foral de Navarra y territorios limítrofes, a partir de septiembre de 2008 en que se incorpora al cártel como consecuencia de la adquisición de determinadas (cuatro) plantas de hormigón de CEMEX, transfiriéndosele parte del cupo asignado por el cártel a CEMEX respecto del hormigón. Así resulta en particular de las tablas de adjudicación y control del acuerdo de reparto de mercado recabadas en la inspección de BERIAIN (HP 77, 87 y 91) .

 En cuanto a la finalización de la infracción, el Consejo considera acreditado que la responsabilidad de todas las empresa participantes concluye el 22 de septiembre de 2009, cuando la Dirección de Investigación realiza las inspecciones domiciliarle (HP 2). CPV ha alegado que el cártel habría concluido con la última reunión acreditada (8/11/08) y BERIAIN en el mes de julio 2009. El Consejo no acepta estas alegaciones por cuanto considera acreditada la realización por las empresas imputadas de controles de seguimiento del cártel en los meses de abril mayo, junio y julio de 2009 (HP 77, 93, 94, 100 y 101), así como la existencia de contactos entre varias de ellas el 3 de septiembre de 2009 (HP 38). Por consiguiente, no existiendo constancia en el expediente de manifestación pública por parte de ninguna de las empresas imputadas de haber concluido su participación en el cártel, conforme a la jurisprudencia europea y a sus propios precedentes en materia de cártel (entre las últimas, RCNC de 29 de junio de 2011, Expte. S/0224/10 Colomer, FD 4°, en la que se cita jurisprudencia comunitaria en tal sentido), el Consejo considera acreditado que la infracción del art. 1 de la LDC imputada duró, al menos, hasta el 22 de septiembre de 2009."

 En relación con los efectos de estas actuaciones la resolución recurrida afirma:

 "En el caso objeto de esta resolución, ha quedado acreditado que las empresas imputadas han celebrado reuniones en cuyo ámbito se adoptaron acuerdos expresos en relación con la fijación e incremento de los precios del hormigón, los morteros y los áridos, y un acuerdo de reparto de mercado, delimitando distintas zonas en la Comunidad Foral de Navarra y territorios limítrofes, así como el sistema de ejecución de tal reparto de mercado mediante la asignación de las obras a las que podían suministrar dichos productos las empresas participantes en los acuerdos anticompetitivos, dentro de cada una de las zonas delimitadas, conforme a cupos por ellas establecidos.

 Estos acuerdos anticompetitivos constituyen una infracción única de cártel, definido en la Disposición Adicional cuarta.2 de la LDC , como "todo acuerdo secreto entre dos o más competidores cuyo objeto sea la fijación de precios, de cuotas de producción o venta, el reparto de los mercados, incluidas las pujas fraudulentas, o la restricción de las importaciones o las exportaciones".

 El cártel acreditado en este expediente constituye una infracción única y continuada en el tiempo, desde la adopción de los acuerdos por las empresas participantes en el cártel en junio de 2008 y la posterior incorporación a dicho cártel por parte de VRESA a partir de septiembre de 2008. La elevada casuística y mutabilidad de las conductas que se realizan en los mercados, y la necesidad de garantizar el efecto útil de las normas que tutelan la libre competencia, motivan que las autoridades de competencia y los tribunales tengan que recurrir con cierta frecuencia a esta noción jurídica de la infracción única y continuada, cuya existencia exige la concurrencia de varios requisitos: (1) Unidad de sujeto activo (2) Pluralidad de acciones u omisiones (3) Que las acciones infrinjan el mismo o semejante precepto administrativo, y (4) Que las acciones se hayan realizado en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. (Res. TDC de 27 de julio de 2000, Expte. 1468/1999, Texaco 2; 31 de octubre de 2000, Expte. 475/99, Prensa Vizcaya y 31 de mayo de 2002, Expte. 520/2001, Disared y Resoluciones del Consejo de la CNC de 18 de octubre de 2007, Expte. 617/06 Cajas Vascas y Navarra; de 12 de noviembre de 2009, Expte. S/0037/08, Compañías de Seguro Decenal y de 28 de julio de 2010, Expte. S/0091/08, Vinos finos de Jerez. Sentencias de la Audiencia Nacional de 28 de febrero de 2005 y 6 de noviembre de 2009 , y Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2006 y 19 de marzo de 2008 )."

 Y añade:

 "La Dirección de Investigación propone que se imponga a todas las empresas imputadas la sanción prevista en el art. 63.1. c) de la LDC por la comisión de una infracción muy grave ( art. 62.4.a) de la LDC ) teniendo en cuenta los criterios concurrentes del art. 64.1 de la misma Ley .

 En efecto, el art. 63.1 de la LDC faculta a la CNC para imponer a quien infrinja, de forma negligente o deliberada la prohibición de conductas colusorias del art. 1.1 LDC sanciones económicas que en el caso de conductas de cártel como las acreditadas en este expediente, que son calificadas por el artículo 62.4.a) de la LDC como una infracción muy grave, pueden alcanzar hasta el 10 por ciento del volumen de negocio total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.

 El Consejo considera acreditado que las empresas del cártel eran conscientes de la ilegalidad de su conducta, y sabían que tanto los acuerdos como las reuniones del cártel debían mantenerse en secreto, de ahí el carácter confidencial de los acuerdos adoptados y las cautelas adoptadas en relación con el lugar de celebración de las reuniones operativas del cártel, con la determinación del tipo de control y la reticencia para contratar a un abogado externo como coordinador para controlar el cumplimiento de los acuerdos (HP 25, 27 y 28). Por consiguiente, el Consejo aprecia la concurrencia de dolo en la conducta infractora de todas las empresas imputadas, incluido VRESA en cuanto que filial al 50% de las también imputadas CETYA y CPV. "

 En definitiva, los hechos acreditados en el expediente, y en modo alguno desvirtuados por la actora en el proceso, ponen de relieve que los imputados, entre ellos la ahora recurrente, participaron en reuniones y contactos referidos en las propias tablas o cuadros de reparto, distribuyéndose el mercado entre ellos, haciéndolo por zonas sin perjuicio de que el acuerdo desplegara sus efectos en ámbitos geográficos más amplios. Concretamente en el caso de la recurrente el hecho determinante de su responsabilidad es su incorporación al cártel como consecuencia de la adquisición de cuatro plantas de hormigón de CEMEX, transfiriéndosele parte del cupo asignado por el cártel a CEMEX respecto del hormigón.

 5. Tampoco la Sala entiende que se haya vulnerado el principio de proporcionalidad al imponer la sanción a la hoy actora.

 Hemos de decir, en primer término, que la resolución justifica la cuantificación de la multa haciendo alusión a las distintas circunstancias que se dieron en la comisión de la misma (Fundamento de Derecho Noveno) ninguna de las cuales ha sido desvirtuada por la actora en este proceso que se limita a alegar el incorrecto cálculo de la sanción al partir de un concepto "ventas afectadas" que incluye todo el volumen de negocios realizado por VRESA en la totalidad del territorio de la Comunidad Foral.

 Ahora bien, como también hemos dicho en la precitada sentencia, el concepto de "mercado afectado" por la conducta infractora tal como precisa la CNC, puede no coincidir con el mercado de producto y geográfico relevante ya que, no viene determinado por el territorio en el que las condiciones de competencia son homogéneas sino por el espacio geográfico en el que la infracción analizada haya producido o sea susceptible de producir efectos sobre las condiciones de competencia efectiva. El "mercado geográfico relevante" de estos productos en general es de ámbito local o comarcal ya que tienen una vida limitada (cemento o mortero) o son muy elevados los costes de transporte (áridos) , por lo que .se delimitan en general por relación a la ubicación física de la planta o instalación de producción. El "mercado geográfico afectado" que es el que se tiene en cuenta para cuantificar la sanción es en este caso todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, teniendo en cuenta el sistema de reparto que se estableció de modo que se dividió todo el territorio de la Comunidad Foral en 6 áreas geográficas asignándose en cada territorio o zona una cuota o cupo que se establecía teniendo en cuenta su presencia en la misma, de forma que la empresa a la que no se le asignaba cuota en una determinada zona debía de abstenerse de competir en la misma.

 6 . De lo anterior deriva la procedencia de desestimar el recurso con la paralela confirmación de la resolución administrativa impugnada por su conformidad a Derecho.

 De conformidad con el art. 139-1 de la LRJCA de 13 de julio de 1998, en la redacción dada por la reforma operada por la Ley 37/2011 de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, debe condenarse a la parte recurrente al pago de las costas procesales. »

 SEGUNDO .- La sociedad recurrente formula los siguientes motivos de casación. El primer motivo, planteado al amparo del artículo 88.1.c) LJCA , alega la vulneración de los artículos 24 y 120.3 CE y del artículo 218.2 LEC , por falta de motivación de la sentencia que produce indefensión, al no expresarse los motivos o razones por los que se desestima la pretensión de nulidad de la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia en cuanto considera que «VRESA» ha participado en una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia. Todo ello por: (i) Ausencia de motivación fáctica por lo que respecta a la supuesta incorporación de «VRESA» al cártel tras la cesión a «VRESA» del arrendamiento de industria sobre cuatro plantas de hormigón de Cemex.(ii) Ausencia de motivación jurídica por lo que respecta a la supuesta incorporación de «VRESA» al cártel tras la cesión a «VRESA» del arrendamiento de industria sobre cuatro plantas de hormigón de Cemex.(iii) Ausencia de motivación del rechazo de los argumentos relativos a la falta de la prueba de la supuesta participación de «VRESA» en los hechos.(iv)Falta de motivación de la desestimación de los argumentos relativos al cálculo erróneo de la sanción. Concluye que la falta de motivación de la sentencia supone una infracción del artículo 24 y del artículo 120.3 de la Constitución Española .

 El segundo motivo de casación, al amparo del apartado c) del citado artículo 88.1 LJCA , por quebrantamiento de las formas esenciales, argumenta por un lado, la falta de consideración de las pruebas de descargo aportadas por «VRESA», y, por otro lado, la imputación errónea y sin motivación ni fundamento alguno de la concurrencia de dolo en «VRESA».

 El tercer y último motivo de casación, acogido al cauce del art. 88.1.d), denuncia la infracción de la Jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, por cuanto la sentencia de forma injustificada no aplica la jurisprudencia consolidada sobre el derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el art. 24 de la Constitución .

 TERCERO .- Por razones de orden procesal examinamos de forma prioritaria el motivo de casación segundo que denuncia la infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por no haber resuelto dos alegaciones sustanciales planteadas en la demanda y fundamentales para determinar la responsabilidad de «VRESA». Las alegaciones sustanciales que no han sido contestadas son, por un lado, la falta de consideración de las pruebas de descargo aportadas por «VRESA» que aportó una interpretación plausible de los tres documentos que utilizó la Comisión para sancionarla y de las demás pruebas que demuestran que las existentes en el expediente no eran suficientes para justificar su imputación. A lo anterior añade que la sentencia no se pronuncia acerca de que «VRESA» haya infringido la Ley de Defensa de la Competencia de forma deliberada o negligentemente y que no hay prueba de que una filial tenga que tener conocimiento de los hechos realizados por la matriz, y en fin, la inexistencia de prueba de que «VRESA» conocía los hechos o el supuesto cártel en el que se había pactado el reparto del hormigón que formaba parte de un «cupo» que «VRESA» "adquiriría" de «CEMEX».

 El motivo no puede ser acogido, pues la lectura de la Sala de instancia permite concluir que no ha incurrido en incongruencia omisiva o ex silentio , contraria al artículo 24 de la CE y el artículo 67.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa al no haber dejado imprejuzgada la cuestión suscitada en la demanda deducida en la proceso de instancia respecto de las reseñadas alegaciones. La lectura del fundamento jurídico cuarto de la sentencia recurrida permite concluir que la Sala de instancia no considera trascendente dichos motivos de impugnación ya que, tras analizar la prueba con remisión a su precedente sentencia dictada en el recurso 110/2012 , concluye que la misma permite concluir sobre la participación de la recurrente en la infracción de la Ley de Defensa de la Competencia, y, singularmente, deduce su participación a través de la incorporación de «VRESA» al cártel como consecuencia de su adquisición de ciertas plantas de Hormigón a «CEMEX» y la transferencia de parte del cupo asignado. De esta manera y aún de forma escueta, rechaza la Sala el conjunto de las alegaciones esgrimidas por la recurrente, tanto en lo que se refiere a la interpretación alternativa de la documental que sustenta la sanción obrante a los folios 513, 516, 517 y 529 como a las demás alegaciones sobre el número de obras suministradas y de las llamadas «obras especiales», extremos que son desestimados en la resolución sancionadora impugnada. De igual modo, ha de entenderse rechazada de forma implícita la alegación de la parte recurrente que esgrime la falta de conocimiento de los hechos y de su participación en el «cártel» y que no tenía conocimiento de los hechos realizados por la matriz, de manera que «VRESA» no tenía influencia sobre sus decisiones. La Sala de instancia manifiesta de forma rotunda que se había acreditado la participación de «VRESA» (sociedad participada por CETYA y CPV) en los hechos, y aunque hubiera podido justificar de forma más detallada esta conclusión y el rechazo de la alegación de la parte, es lo cierto que da por acreditada su intervención, sin que pueda apreciarse la incongruencia o el silencio que la parte imputa a la sentencia.

 Procede por lo expuesto, rechazar el motivo casacional recordando la doctrina del Tribunal Constitucional, formulada respecto de la exigencia de congruencia de las resoluciones judiciales, expuesta en la STC 204/2009, de 23 de noviembre , en la que se delimitan los supuestos de vulneración del principio de congruencia, distinguiendo, a estos efectos, entre lo que son pretensiones y alegaciones de orden sustancial deducidas por las partes -que deben ser objeto de pronunciamiento por el órgano judicial-, de los argumentos no relevantes planteados, en los siguientes términos:

 « Este Tribunal ha tenido ocasión de desarrollar una amplia y consolidada doctrina la cuestión. En lo que ahora interesa la reciente STC 73/2009, de 23 de marzo , resume esta doctrina señalando que «el vicio de incongruencia omisiva existe cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre , FJ 4 b). La exposición de esta conocida doctrina exige reiterar la precisión de que la congruencia exige dar respuesta, no sólo a las pretensiones propiamente dichas, sino también a las alegaciones sustanciales, pues, tal como recordábamos en la STC 85/2006, de 27 de marzo : ``el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva `no sólo se vulnera cuando la pretensión no recibe respuesta, sino también cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes. Así lo ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos HiroBalani c. España y Ruiz Torija c. España de 9 de diciembre de 1994 , y lo han reconocido nuestras SSTC 85/2000, de 27 de marzo ; 1/2001, de 15 de enero ; 5/2001, de 15 de enero ; 148/2003, de 14 de julio , y 8/2004, de 9 de febrero , entre otras (FJ 3)``. Finalmente, la circunstancia de que la pretendida incongruencia omisiva se considere producida en una Sentencia que resuelve un recurso de apelación, hace necesario recordar que la relevancia constitucional de la omisión de respuesta judicial a una pretensión o alegación fundamental exigirá que la concreta alegación forme parte del debate procesal que imperativamente ha de resolver el órgano judicial, bien porque haya sido expresamente reiterada o planteada ex novo por alguna de las partes en la fase de apelación, bien porque, pese a aquella falta de reiteración de la petición subsidiaria en los sucesivos grados jurisdiccionales, la configuración legal del recurso de que se trate obligue a dar respuesta a todas las cuestiones controvertidas que hayan sido objeto del litigio, lo que implicará entonces, en defecto de una respuesta judicial completa, un vicio de incongruencia STC 218/2003, de 15 de diciembre , FJ 4.b), que recuerda que así ocurría en el supuesto resuelto por nuestra STC 53/1991, de 11 de marzo , en relación con la casación por infracción de Ley » .».

 Consideramos de acuerdo con la doctrina la doctrina constitucional expuesta que la Sala de instancia no ha incurrido en incongruencia omisiva, puesto que la fundamentación jurídica de la sentencia de la Audiencia Nacional responde de forma explícita o implícita a los argumentos jurídicos planteados con carácter sustancial en el escrito de demanda, en relación con la impugnación de la resolución sancionadora del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 12 de enero de 2012, de modo que no observamos un desajuste entre los términos en que las partes fundamentaron jurídicamente sus pretensiones y el fallo judicial que resulte lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución .

 CUARTO .- El primer motivo de casación, fundamentado en el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, se aduce la falta de motivación de la sentencia, por cuanto las explicaciones de la sentencia no responden a las concretas alegaciones de «VRESA» y suponen una argumentación genérica y abstracta que podría ser aplicable a cualquier otro supuesto no permitiendo a «VRESA »conocer las razones de juicio que han fundamentado la decisión de la sentencia.

 El motivo no puede ser acogido. Aun cuando la sentencia de instancia aborda la impugnación de la resolución sancionadora impugnada de forma genérica y con remisión a otro pronunciamiento precedente, es lo cierto que expone de forma suficiente las razones por las que considera que «VRESA» es responsable de la infracción de la Ley de Defensa de la Competencia que se le imputa. A lo largo de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida se examina la correspondiente resolución sancionadora, partiendo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que determina, en el supuesto enjuiciado, imputar la responsabilidad por la participación en el cártel al haberse acreditado la adquisición de las cuatro plantas de hormigón con transferencia del cupo asignado a «CEMEX». Es cierto que la situación de «VRESA» es particular y diferente a la de otras empresas imputadas en el expediente, y que su participación deriva de la adquisición de las plantas de hormigón, pero la Sala de instancia considera acreditado este hecho relevante y la transferencia o cesión del cupo que el cártel le había asignado, y su asunción por «VRESA».

 Desde la perspectiva de la motivación de la sentencia recurrida, en relación con los concretos motivos de impugnación concluimos que aún cuando de forma parca y escueta la fundamentación jurídica de la sentencia ha de considerarse suficiente pues se expone la ratio decidendi de la que deriva la desestimación del conjunto de los argumentos impugnatorios, al considerar acreditada la participación de «VRESA» con la asunción del cupo de hormigón, que la Sala de instancia, de forma coincidente con la Comisión Nacional de la Competencia considera suficiente para la atribución de la responsabilidad.

 En último término, tampoco estimamos que la sentencia recurrida adolezca de falta de motivación en relación con los argumentos relativos al cálculo erróneo de la sanción, pues en el fundamento jurídico quinto de la sentencia, que hemos trascrito, se exponen las razones por las cuáles rechaza la incorrecta determinación de la sanción a partir de las «ventas afectadas» y el «mercado afectado» explicando el motivo de la cuantificación de la sanción, que dice tener en cuenta el «mercado geográfico afectado» que en este caso es todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, con el sistema de reparto establecido en ese territorio.

 Con arreglo a la doctrina constitucional el artículo 24 de la Constitución , pues «el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de los justiciables a obtener de órganos judiciales una respuesta congruente, motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas en el proceso. Ello significa, en primer lugar, que la resolución judicial ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión ( SSTC 58/1997, de 18 de marzo, FJ 2 , y 25/2000, de 31 de enero , FJ 2). En segundo lugar, que la motivación esté fundada en Derecho ( SSTC 276/2006, de 25 de septiembre, FJ 2 , y 64/2010, de 18 de octubre , FJ 3) o, lo que es lo mismo, que sea consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de un error patente o de la arbitrariedad (por todas, STC 146/2005, de 6 de junio , FJ 7)», lo que «conlleva la garantía de que el fundamento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso. Tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia ( SSTC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3 ; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2 ; 221/2001, de 31 de octubre, FJ 6 , y 308/2006, de 23 de octubre , por todas)».

 QUINTO .- El tercer motivo de casación aduce la infracción de la jurisprudencia formulada en relación con la presunción de inocencia, garantizada en el artículo 24.2 de la Constitución . Argumenta la parte recurrente que las pruebas aportadas por «VRESA» generan dudas suficientes sobre los principales elementos de la infracción y que de haberse aplicado la presunción de inocencia el pronunciamiento hubiera sido distinto, a saber, la constatación de que no se acredita la participación por «VRESA» en infracción alguna.

 El motivo no puede prosperar, pues no se advierte que la Sala de instancia haya vulnerado este derecho fundamental al sostener que la sociedad recurrente «VRESA» es responsable de la comisión de la infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia , al haberse acreditado su participación a través de la forma expuesta, es decir, tras la adquisición de las plantas de hormigón de «CEMEX» y la asunción del cupo de hormigón que el cártel le había asignado.

 Por ello, no puede ser acogida la tesis argumental que formula la recurrente, al acreditarse la intervención de «VRESA», empresa en participación de «CPV» y «CETYA» y aún cuando no ha participado en reuniones previas se ha acreditado a través de la documental obrante en autos que una vez tomó el control de las centrales enajenadas por «CEMEX» en septiembre de 2008, adquirió el cupo de obras asignado por el cártel a la empresa. La Sala concluye que las pruebas aportadas no generan dudas sobre su participación en la comisión de la infracción sancionada, partiendo de la premisa de que no se recibió el proceso a prueba y de lo razonado en la resolución sancionadora, en la que se razona que «VRESA» sustituye en parte a «CEMEX» en el reparto del mercado de hormigón tras adquirir el control de las plantas de «CEMEX» en Navarra. No cabe entender que la Sala de instancia haya vulnerado el artículo 24.2 de la Constitución , al no considerar desvirtuados los hechos probados establecidos en la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 12 de enero de 2012, que declaró acreditada la existencia de un cártel, y la participación de «VRESA» a través del conjunto documental probatorio y singularmente de las tablas de adjudicación y control del acuerdo de reparto de mercado recabadas en la inspección de «BERIAIN» (HP 77, 87 y 91).

 Al respecto, cabe recordar que, según una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, que se expone en la sentencia 66/2007, de 27 de marzo , el derecho a la presunción de inocencia ( artículo 24.2 CE ) tiene el siguiente alcance y significado como garantía esencial del procedimiento administrativo sancionador:

 « Por lo que atañe al derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ), debemos reiterar, una vez más, su vigencia sin excepción en el procedimiento administrativo sancionador, así como que este derecho implica que la carga de la prueba de los hechos constitutivos de infracción recae sobre la Administración, no pudiendo imponerse sanción alguna que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria lícita sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad, con prohibición absoluta de utilizar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales (por todas, en lo relativo al procedimiento disciplinario penitenciario, SSTC 97/1995, de 20 de junio, FJ 4 ; 175/2000, de 26 de junio, FJ 5 ; 237/2002, de 9 de diciembre, FFJJ 3 a 5 ; y 169/2003, de 29 de septiembre , FJ 5).

 De igual modo, sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos competentes "hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado" ( SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 2 ; 120/1999, de 28 de junio, FJ 2 ; 249/2000, de 30 de octubre, FJ 3 ; 155/2002, de 22 de julio, FJ 7 ; y 209/2002, de 11 de noviembre , FJ 3, entre otras muchas).

 Ello no significa, en modo alguno, que los hechos imputados con fundamento en el parte del funcionario no puedan ser desvirtuados mediante prueba idónea de descargo, pues ello supondría partir "del erróneo principio de que el cargo determinado por el funcionario tiene una presunción iuris et de iure, y que al fin y a la postre no admite prueba en contrario" ( SSTC 9/2003, de 20 de enero, FJ 4 ; 91/2004, de 19 de mayo, FJ 6 ; y 316/2006, de 15 de noviembre , FJ 5). Por el contrario, lo que sucede en el presente caso es que, como ha quedado anteriormente expuesto, esa prueba de cargo, válida para enervar la presunción de inocencia del interno, no fue desvirtuada por éste mediante prueba en contrario, pues las pruebas propuestas fueron denegadas motivada y razonablemente por el instructor del expediente, sin que, por otra parte, tales pruebas resultasen objetivamente idóneas para contradecir la versión de los hechos contenida en el parte de incidencias del funcionario que dio lugar al expediente disciplinario.».

 SEXTO .- Al declararse no ha lugar al recurso de casación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en la redacción introducida por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, procede imponer las costas procesales causadas a la parte recurrente.

 A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a cada una de las recurridas, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , hasta una cifra máxima de 4.000 euros.

 Por todo lo expuesto, en nombre de Su majestad el Rey, por la autoridad conferida por la Constitución, esta Sala ha decidido

FALLAMOS

 1.- Desestimar el recurso de casación número 999/2014, interpuesto por «CANTERAS Y HORMIGONES VRE SA (VRESA)» contra la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2013, dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 67/2012 , que confirmamos.

 2. Imponer a la parte recurrente las costas de su recurso en los términos precisados en el último de los fundamentos de la sentencia.

 3.- Acordar la pérdida del depósito.

 Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso.

 Insértese en la colección legislativa.

 Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.