Id. Cendoj: 28079230062016100079
ECLI: ES:AN:2016:951
ROJ: SAN  951/2016
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 98/2016
Fecha de Resolución: 16/03/2016
Nº de Recurso: 428/2013
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: RAMON CASTILLO BADAL
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000428 / 2013

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 04061/2013

 Demandante: GOLDCAR RENTING SL Y GOLDCAR SPAIN SL

 Procurador: D. RAMÓN RODRÍGUEZ NOGUEIRA

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: AVIS, NIZA CARS SLU Y DICKMANNS RENT A CAR

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a dieciseis de marzo de dos mil dieciséis.

 VISTO, en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el recurso nº 428/13, seguido a instancia de GOLDCAR RENTING SL Y GOLDCAR SPAIN SL representadas por el Procurador de los Tribunales D. Ramón Rodríguez Nogueira, con asistencia letrada, y como Administración demandada la General del Estado, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado. Los Procuradores D. Manuel Lanchares Perlado, D. Joaquín Fanjul de Antonio y D. Alberto Hidalgo Martínez se personaron respectivamente en nombre y representación de AVIS, NIZA CARS SLU y DICKMANNS RENT A CAR en calidad de codemandados.

 El recurso versó sobre impugnación de la Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), de 30 de julio de 2013, sobre imposición de sanción. La cuantía se fijó en 15.456.219 ¤, e intervino como ponente el Magistrado D. RAMÓN CASTILLO BADAL. La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO-. La representación procesal indicada interpuso recurso contencioso-administrativo ante esta Sala contra la Resolución de referencia mediante escrito de fecha 20 de septiembre de 2013. Por Decreto del Sr. Secretario se acordó tener por interpuesto el recurso, ordenando la reclamación del expediente administrativo.

 Mediante diligencia de ordenación de 29 de octubre de 2013 se tuvo por personadas a AVIS, NIZA CARS SLU y DICKMANNS RENT A CAR , en calidad de codemandadas si bien no contestaron a la demanda.

 SEGUNDO-. En el momento procesal oportuno la representación de la actora formalizó la demanda mediante escrito de 6 de marzo de 2014 en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de rigor, terminó suplicando se dicte sentencia por la que, previa estimación de la demanda, la resolución recurrida:

 " deberá ser declarada contraria a derecho en su integridad y, como consecuencia de ello, anuladas todas sus declaraciones e intimaciones, incluida la sanción impuesta.

 Subsidiariamente reduzca la sanción impuesta a GOLDCAR a 339.888 euros, sin que en ningún caso pueda superar la cifra máxima de 901.518 euros.

 Subsidiariamente, modifique la referida resolución declarando que no corresponde imponer sanción alguna a mi representada.

 En cualquiera de los casos anteriores se solicita que se acuerde expresa imposición de costas a la Administración demandada".

 TERCERO-. El Abogado del Estado contestó a la demanda para oponerse a la misma, y con base en los fundamentos de hecho y de derecho que consideró oportunos, terminó suplicando la desestimación del recurso.

 CUARTO -. Solicitado el recibimiento del pleito a prueba, fue practicada la propuesta se declaró pertinente y tras evacuar las partes el trámite de conclusiones quedaron los autos conclusos y pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 24 de febrero de 2016., designándose como Ponente al Ilmo Sr. D. RAMÓN CASTILLO BADAL.

 QUINTO-. En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO: Se impugna en el presente recurso contencioso administrativo la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 30 de julio de 2013, por la que se impone a la hoy recurrente la sanción de multa de 15.456.219 ¤ por la comisión de una infracción prevista en el Artículo 1 de la Ley 15 /2007, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

 La Resolución de la CNC que hoy enjuiciamos declara en su parte dispositiva, en lo que ahora interesa:

 " Primero: Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción del artículo 1 de la LDC , en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho QUINTO.

 Segundo : Declarar responsables de dicha infracción a ... ; GOLDCAR SPAIN, S.L. y solidariamente a su matriz GOLDCAR RENTING, S.L

 Tercero: De acuerdo con la responsabilidad atribuida en los Fundamento de Derecho OCTAVO Y NOVENO, imponer a las autoras responsables de la conducta infractora las siguientes multas:

 - 15.456.219 Euros a GOLDCAR SPAIN, S.L. y solidariamente a su matriz GOLDCAR RENTING, S.L.

 Octavo.- Instar a la Dirección de Investigación para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta Resolución. "

 SEGUNDO : Los hechos que precedieron a este acuerdo y que resultan de trascendencia en este concreto procedimiento pueden resumirse, a la vista de los documentos que integran el expediente administrativo, del modo que sigue:

 El 2 de agosto de 2011, la empresa SOL MAR ALQUILER DE VEHÍCULOS, S.L., (SOLMAR), presentó ante la CNMC una solicitud de exención referida a su participación en pactos y acuerdos para la fijación de precios y condiciones comerciales en el sector de de alquiler de vehículos sin conductor.

 En virtud de esa solicitud, la Dirección de Investigación de la CNMC inició una investigación reservada con el fin de determinar la concurrencia de circunstancias que justificasen la incoación de un procedimiento sancionador por conductas anticompetitivas en el sector de alquiler de vehículos sin conductor. Con ese fin, realizó el 26 de octubre de 2011 inspecciones simultáneas en las sedes de AURIGACROWN, NIZA CARS S.L., GOLDCAR SPAIN, DRIVALIA CAR RENTAL, S.L. y RECORD -GO ALQUILER VACACIONAL S.A.

 Posteriormente, el 11 de enero de 2012, la Dirección de Investigación realizó inspecciones simultáneas en las sedes de la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE COCHES DE ALQUILER (AECA) y en las empresas FLORENCIO BARRERA E HIJOS SL, , CENTAURO y GUERIN RENT A CAR S.L.

 El 12 de enero de 2012, la CNMC acordó la incoación de expediente sancionador s/0380/2011 coches de alquiler contra AURIGACROWN CAR HIRE, S.L, BARDON Y RUFO 67, S.L., CENTAURO RENT-A-CAR, S.L., DRIVALIA CAR RENTAL, S.L., GOLDCAR SPAIN, S.L., HELLE AUTO, S.A., NEW CARS COSTA DEL SOL, S.L., NIZA CARS, S.L., RECORD-GO ALQUILER VACACIONAL, S.A., SOL MAR ALQUILER DE VEHÍCULOS, S.L., ALQUILER DE COCHES VICTORIA S.L., CARGEST S.L., DICKMANNS RENT A CAR, S.L., GUERIN RENT A CAR, S.L., IDAPI, S.A., PRIMA RENT A CAR, S.L., así como contra la ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE SERVICIOS DE VEHÍCULOS DE ALQUILER DE ANDALUCÍA (AECA) y la ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE VEHÍCULOS DE ALQUILER (AESVA), por prácticas restrictivas de la competencia consistentes, en general, en la adopción de acuerdos para la fijación de precios y el establecimiento de determinadas condiciones comerciales en el mercado de alquiler de coches sin conductor en el territorio nacional, prohibidas en el artículo 1 de la Ley 16/1989 y en el artículo 1 de la LDC ,

 El expediente fue, posteriormente ampliado el 20 de abril de 2012, a las empresas SIX RENT A CAR SL y AVIS ALQUILE UN COCHE S.A.

 Con fecha 5 de diciembre de 2012, la CNMC formuló un pliego de concreción de hechos cerrando seguidamente la fase de instrucción con el fin de redactar la Propuesta de resolución notificada a las partes el 24 de enero siguiente.

 Mediante acuerdo de 21 de enero de 2013 se requirió a las empresas información sobre su volumen de negocios y, finalmente, se dictó la resolución sancionadora el 30 de julio de 2013.

 La conducta sancionada consiste, a juicio de la CNMC, en el establecimiento de un cártel de empresas del sector del alquiler de vehículos sin conductor para fijar unos precios mínimos de venta al público y pactar unas condiciones comerciales homogéneas al mismo precio y en alguna ocasión incluso, pactando los márgenes de algunos de los brokers o intermediarios con los que trabajaban más frecuentemente.

 TERCERO : El examen de las actuaciones confirma, a juicio de la Sala, la existencia, conforme a la definición que contempla la Disposición Adicional Cuarta. Apartado 2 de la Ley 15/2007 , de un cártel de empresas operantes en el sector del alquiler de vehículos sin conductor en el segmento del turismo low cost que ha venido actuando, al menos, desde la primera reunión constatada el 27 de mayo de 2005 hasta octubre de 2011 con un plan preconcebido consistente en la fijación de unos precios mínimos de venta al público y el establecimiento de unas condiciones comerciales homogéneas al mismo precio en aspectos como la duración de las temporadas o los recargos a aplicar por los extras o complementos contratados junto al coche de alquiler, recargos aplicados por el alquiler de sillitas para bebés, entregas fuera de hora, conductor adicional, recogida en el aeropuerto, por seguros de ruedas/cristales, etc. El ámbito geográfico definido por la CNMC en la actuación del cártel es supraautonómico y abarca las Comunidades de Cataluña, Valencia, Andalucía y Baleares.

 Ese objetivo y el acuerdo de voluntades que lo conforma se pone de manifiesto en la denuncia formulada inicialmente por SOLMAR corroborada por la documentación encontrada en las inspecciones realizadas en las sedes de algunas empresas como la propia GOLDCAR, AURIGACROWN, NIZA CARS S.L ., AECA, FLORENCIO BARRERA E HIJOS SL, CENTAURO y GUERIN RENT A CAR S.L. así como los correos electrónicos cruzados entre las distintas empresas integrantes del cartel con el único objeto de pactar precios mínimos y aquellas condiciones.

 Se trata además, de una infracción continua porque ese objetivo de establecer unos precios mínimos y unas condiciones comerciales estables se ha mantenido a lo largo de las 32 reuniones que se sucedieron hasta la última acreditada celebrada el 30 de marzo de 2011 y en todas ellas ha participado GOLDCAR. Las prácticas anticompetitivas consistían en que las entidades participantes en el cártel fijaban precios para las diferentes categorías de coches de alquiler, diferenciando según gama y temporada (alta o Premium, media, baja o invierno, navidades, semana santa, etc.), estableciendo también la duración temporal de dichas temporadas y la fecha de aplicación de los precios pactados para así poder hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y no perder reservas, pues normalmente se acordaban incrementos de los precios mínimos.

 Para garantizar la consecución de estos objetivos las entidades participantes en el cártel realizaban reuniones periódicas que se desarrollaban habitualmente en salas de hoteles o restaurantes reservadas alternativamente por las 5 empresas que originariamente constituyeron el cártel, entre ellas, GOLDCAR, desde mayo de 2005 y con periodicidad prácticamente mensual a partir de 2006, repartiéndose también entre dichas empresas los gastos por la reserva de estas salas. Así lo demuestra la reunión del cártel celebrada el 13 de noviembre de 2006, en la que GOLDCAR comunica (Correos electrónicos de 27 de noviembre de 2006 remitidos por GOLDCAR a CROWN y RECORD, recabados en la inspección de AURIGACROWN (folio 5502) y de RECORD (folios 8458) a CROWN y a RECORD la parte proporcional de los gastos de la reunión que dichas empresas debían pagar y que era de 21.40 euros de un total de 214 por el alquiler de la sala en la que se había celebrado dicha reunión del cártel.

 Además de las reuniones citadas que tenían por objeto adoptar los acuerdos de precios y otras condiciones comerciales y realizar un seguimiento de dichos acuerdos, también eran frecuentes las comunicaciones entre ellas vía correo electrónico, pues cada vez que los miembros del cartel encontraban publicado en las webs de los brokers algún precio por debajo de lo acordado, ponían de manifiesto esta "incidencia" al incumplidor, para que lo remediara lo antes posible, remitiéndose normalmente un "pantallazo" o "captura de pantalla" a modo de prueba, en el que se podían ver los detalles del incumplimiento del precio ofertado, identificándose la empresa incumplidora, el modelo de coche de alquiler, el precio y el lugar.

 Estas incidencias eran frecuentes, por las características del mercado, y el infractor normalmente procedía a modificar el precio ofertado, ajustándose a lo acordado por el cártel, acreditándose, como revela el expediente, el cumplimiento en términos generales de los acuerdos adoptados por el cártel, a pesar de incumplimientos puntuales por parte de las empresas que eran rápidamente solucionados.

 A juicio de ésta Sala, las empresas participantes en el cartel eran conocedoras de la ilicitud de su conducta como lo refleja el contenido de las comunicaciones entre ellas y, el diseño de un sistema de comunicación mediante correos con copia oculta a las demás para garantizar el secreto. Los mensajes desde la cuenta de correo denominada acava rentacares@gmail.com se enviaban con copia oculta a los participantes en el cartel de manera que en el destinatario solo aparece "acava" aunque esos mensajes como recibidos aparecieron en las inspecciones que se realizaron en las sedes de RECORD, GOLDCAR O NIZA, entre otras, lo que revela el propósito de guardar el secreto de los acuerdos a terceros ajenos al cartel y el conocimiento de los destinatarios de los correos del carácter ilícito de su proceder.

 CUARTO : En su demanda, la recurrente, que no cuestiona los hechos referidos, suscita como motivos determinantes de la anulación de la resolución sancionadora, en primer lugar, que en el procedimiento administrativo se han vulnerado los derechos de defensa de GOLDCAR porque no se la permitió la presentación de alegaciones sobre el importe de la sanción en la propuesta de resolución.

 Además, la existencia de un error en la calificación de la conducta como única y continuada. La determinación errónea de la legislación aplicable al cálculo de la sanción que debe ser la Ley 16/1989, en cuyo caso habría que fijar como tope máximo los 901.518 euros y, suscita, finalmente un cálculo alternativo de la sanción para el caso de que no se considere que el límite máximo sean 901.518 euros.

 El primer motivo no puede prosperar porque al folio 116 de la resolución sancionadora leemos que "conforme a lo dispuesto por el art. 34.1 del RDC, relativa al contenido mínimo de la Propuesta de Resolución, la DI debe determinar la responsabilidad que corresponda a cada uno de los autores de la infracción declarada acreditada, los efectos que en su caso ha producido la infracción en el mercado y las circunstancias agravantes y atenuantes que a su juicio concurran, cuestiones todas ellas que se contienen en la Propuesta de Resolución formulada en este expediente, pero en absoluto viene obligada a elevar al Consejo una propuesta concreta e individualizada de sanción, cuya ausencia, por tanto, no puede generar indefensión."

 La respuesta corresponde a la denuncia formulada por AESVA, AECA, PRIMA, HELLE y DICKMANNS. Por tanto, GOLDCAR no formuló reparo alguno a esta cuestión y, en consecuencia, no puede alegar ahora indefensión pero es que, en cualquier caso, el art. 34 del reglamento de Defensa de la Competencia no impone que la propuesta de resolución contemple una sanción concreta y, en éste sentido, ya hemos dicho, SAN de 11 de diciembre de 2012 rec.6/2012 que "En cuanto al hecho de no haber incluido el Informe propuesta una sanción precisa, hay que indicar que la determinación de la multa es una competencia que corresponde exclusivamente al órgano sancionador, y en ningún caso a la Dirección de Investigación que, es el órgano instructor del expediente al que le corresponde elaborar una propuesta cuyo contenido determina el artículo 34 del Real Decreto 261/2008 de 22 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia que señala que " la propuesta de resolución deberá contener los antecedentes del expediente, los hechos acreditados, sus autores, la calificación jurídica que le merezcan los hechos, la propuesta de declaración de existencia de infracción y, en su caso, los efectos producidos en el mercado, la responsabilidad que corresponda a sus autores, las circunstancias agravantes y atenuantes concurrentes y la propuesta de la Dirección de Investigación relativa a la exención o reducción del importe de la multa a la que se refieren los artículos 65 y 66 de la Ley 15/2007, de 3 de julio . Cuando la Dirección de Investigación considere que no ha quedado acreditada la existencia de prácticas prohibidas pondrá de manifiesto dicha circunstancia en su propuesta de resolución". Por tanto no se establece que fije una propuesta de la sanción a imponer.

 Como señala la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea de 18 de junio de 2008 asunto T -410703 Hoechst GMBH.c Comisión "Por lo que respecta más concretamente al cálculo del importe de los multas, la Comisión cumple su obligación de respetar el derecho de las empresas a ser oídas desde el momento en que indica expresamente, en el pliego de cargos, que va a examinar si procede imponer multas a las empresas afectadas e indica los principales elementos de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta infracción y el hecho de haberla cometido «deliberadamente o por negligencia». Al actuar así, la Comisión les da las indicaciones necesarias para defenderse, no sólo contra la calificación de los hechos como infracción, sino también contra la posibilidad de que se les imponga una multa" (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión [ TJCE 2005, 194], citada en el apartado 344 supra, apartado 428; véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002 [TJCE 2002, 115] , LR AF 1998/Comisión, T-23/99, Rec. p. II-1705, apartado 199 y jurisprudencia que allí se cita, y de 15 de junio de 2005, Tokai Carbon/Comisión, citada en el apartado 118 supra , apartado 139; véase igualmente en este sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 21)."

 QUINTO: Como decíamos, no cuestiona la recurrente los hechos que relata la resolución sancionadora en cuanto reflejan la existencia de un cartel que perseguía entre los distintos competidores fijar precios mínimos y determinadas condiciones comerciales en la prestación de servicios de alquiler de vehículos sin conductor en el segmento low cost pero sí la calificación de la infracción como "única y continuada" que hace la resolución impugnada. En éste sentido, argumenta que no se puede apreciar una gran infracción en la que habrían participado todas las empresas sancionadas. No se ha probado, dice, ninguna reunión en la que estuvieran las 19 empresas presentes. Existen, sí, iniciativas separables que afectaron a diversos mercados geográficos en momentos temporales diferenciados pero no hay identidad de sujetos ni conexión espacio temporal entre las iniciativas y de hecho, la resolución recurrida al imponer las sanciones a cada empresa se refiere a ámbitos temporales y geográficos distintos.

 Así, distingue cuatro grupos:

 Contactos desde el 27 de mayo de 2005 al 28 de diciembre de 2006 (costa levantina y Mallorca)

 Contactos desde el 5 de febrero de 2008 hasta octubre de 2011 (costa levantina y Mallorca)

 Contactos desde la reunión de AECA de 2 de abril de 2009 hasta el 30 de marzo de 2011 (provincia de Málaga y aeropuerto de allí)

 Iniciativas desde el 1 de febrero de 2011 hasta octubre de 2011 Barcelona..

 Antes de analizar éste alegato y dado que la resolución recurrida utiliza indistintamente los conceptos de infracción continua y continuada conviene diferenciar ambas figuras, pues aparecen claramente distinguidas en el artículo 25.2 del Reglamento 1/2003 ..

 La Sentencia del Tribunal General de 17 de mayo de 2013 Asunto Trelleborg Industrie SAS, T-147 y 148/09 , apartados 57 a 71 y 72 a 89, reitera y expresa con claridad la distinción entre ambos conceptos y sus consecuencias en la forma que pasamos a sistematizar. No obstante, con carácter previo, debemos precisar que las formas de comisión de la infracción, permiten calificar la infracción única, ya sea como continua o bien como continuada, pues el concepto "única" se refiere a un comportamiento continuado que tenía una única finalidad económica, dirigida a falsear la competencia, o incluso por infracciones individuales relacionadas entre ellas por una identidad de objeto y de sujetos

 1. Concepto de infracción continua y sus consecuencias:

 La jurisprudencia permite a la Comisión presumir que la infracción, o la participación de una empresa en ella, no se ha interrumpido, aunque no disponga de pruebas de la infracción durante algunos períodos específicos, siempre que las diferentes acciones que forman parte de esa infracción persigan una sola finalidad y puedan insertarse en una infracción de carácter único y continuo, apreciación ésa que debe sustentarse en indicios objetivos y concordantes acreditativos de la existencia de un plan conjunto (apartado 61).

 Cuando concurren esas condiciones el concepto de infracción continua permite, de esa forma, que la Comisión imponga una multa por la totalidad del período de infracción considerado y determine la fecha en la que empieza a correr el plazo de prescripción, a saber, la fecha en la que la infracción continua ha finalizado (apartado 62), sin perjuicio del derecho de la parte a desvirtuar dicha presunción.

 La consecuencia fundamental se vincula a la fijación del "dies a quo" a los efectos del cómputo del plazo de prescripción y al hecho de la responsabilidad de la empresa sancionada debe calcularse, en principio, teniendo en cuenta todo el período de duración de la infracción.

 2. Concepto de infracción continuada y sus consecuencias:

 Cuando se pueda considerar que la participación de una empresa en la infracción se interrumpió y que la empresa participó en ésta antes y después de esa interrupción, esa infracción puede calificarse como continuada si, al igual que la infracción continua, existe un objetivo único perseguido por ella antes y después de la interrupción. Ello podrá deducirse que de la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos afectados, de las empresas que han participado en la colusión, de las formas principales de su ejecución, de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas y por último del ámbito de aplicación geográfico de esas prácticas.

 En ese supuesto la infracción es única y continuada, y aunque la Comisión puede imponer una multa por todo el período de duración de la infracción, en cambio no puede imponerla por el período durante el que ésta se interrumpió.

 El origen del artículo 25.2 del Reglamento 1/2003 se encuentra en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la competencia de la Comunidad Económica Europea (DO L 319, p. 1; EE 08/02, p. 41), del que proceden las disposiciones sobre la prescripción contenidas en el Reglamento nº 1/2003, se refería a las infracciones «continuas o continuadas», y en la versión en lengua francesa al de infracciones «continues ou continuées, que fue sustituido en la versión en lengua francesa del artículo 25, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 , por el de infracción «continuée ou répétée», modificación que no se dio en las demás versiones lingüísticas, lo que ha dado lugar a una cierta confusión conceptual.

 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ha establecido las pautas o elementos que deben tomarse en consideración para calificar una conducta como infracción única y continua, que parten de un presupuesto irrenunciable, la existencia de un plan único de actuación conjunta de las distintas entidades implicadas.

 En este sentido puede citarse la Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2012, Asunto Verhuizongen Coppens, C- 441/11 , apartado 41, en el que se indica que: "Según reiterada jurisprudencia, una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, actualmente 101.1 del TFUE , puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto ( sentencias Comisión/Anic Partecipazioni, antes citada, apartado 81, así como de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Rec. p. I-123, apartado 258)".

 Por su parte, el Tribunal General, sin perjuicio, obviamente, de aplicar esta jurisprudencia, ha puntualizado los siguientes extremos:

 1º Así, en la sentencia de 6 de febrero de 2014, asunto T-27/10 AC- Treuhand AG, apartados 240 y 241, señala que no puede identificarse de forma genérica el concepto "objetivo único", que subyace en el plan conjunto de las empresas implicadas, con la simple distorsión de la competencia, pues ese es el presupuesto de la calificación de la práctica como anticompetitiva. Esa interpretación tendría como consecuencia, que varios comportamientos relativos a un sector económico, contrarios al artículo 81 CE , apartado 1, deberían calificarse sistemáticamente como elementos constitutivos de una infracción única (véase la sentencia del Tribunal de 30 de noviembre de 2011, Quinn Barlo y otros/Comisión, T-208/06 , Rec. p. II-7953, apartado 149, y la jurisprudencia citada).

 Por ello, debe siempre verificarse el grado de complementariedad de los distintos comportamientos que integran la infracción única.

 A este respecto, habrá que tener en cuenta cualquier circunstancia que pueda demostrar o desmentir dicho vínculo, como el período de aplicación, el contenido (incluyendo los métodos empleados) y, correlativamente, el objetivo de los diversos comportamientos de que se trata (véase la sentencia Amann &amp; Söhne y Cousin Filterie/Comisión, antes citada, apartado 92, y la jurisprudencia citada).

 2º La sentencia de 17 de mayo de 2013 Asunto T-147/09 Trelleborg Industrie, apartados 59 y ss, precisa que:

 a) En el marco de una infracción que dura varios años, no impide la calificación de infracción única el hecho de que las distintas manifestaciones de los acuerdos se produzcan en períodos diferentes, siempre que pueda identificarse el elemento de unidad de actuación y finalidad

 b) De acuerdo con una práctica jurisprudencial constante se han identificado una serie de criterios que ayudan a calificar una infracción como única y continuada, a saber: la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos y servicios, de las empresas participantes, y de las formas de ejecución, pudiéndose tener en cuenta, además, la identidad de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas implicadas y la identidad del ámbito de aplicación geográfico de las prácticas consideradas.

 c) La Comisión puede, en consecuencia, presumir la permanencia de una empresa durante todo el período de duración del cártel, aunque no se haya acreditado la participación de la empresa en cuestión en fases concretas, siempre que concurran los elementos suficientes para acreditar la participación de la empresa en un plan conjunto con una finalidad específica, que se prolonga en el tiempo. La consecuencia inmediata de ello, es que el "dies a quo" del plazo de prescripción, se computa a partir del cese de la última conducta.

 Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad conferida a la empresa implicada de desvirtuar esta presunción.

 Esta doctrina ha sido plenamente asumida por esta Sala de la Audiencia Nacional en las Sentencias de 15 de julio de 2014 (recursos nº 150/2013 y 176/2013 , asuntos Torres Epic y Tepol).

 SEXTO: Como decíamos antes, ha quedado acreditado, la existencia de un cartel de empresas operantes en el sector del alquiler de vehículos sin conductor en el segmento del turismo "low cost" que ha venido actuando, al menos, desde la primera reunión el 27 de mayo de 2005 con un plan preconcebido consistente en la fijación de unos precios mínimos de venta al público y el establecimiento de unas condiciones comerciales homogéneas al mismo precio.

 Se trata además, de una infracción continua porque ese objetivo de establecer unos precios mínimos y unas condiciones comerciales estables se ha mantenido inalterable a lo largo de las 32 reuniones que se sucedieron hasta la última acreditada celebrada el 30 de marzo de 2011 en todas las cuales ha participado GOLDCAR, que redactaba, además, una nota o informe acerca del contenido de la reunión para dejar constancia del acuerdo de fijación de precios y verificar así su grado de cumplimiento.

 El carácter de infracción continua pretende desvirtuarlo la recurrente por entender que únicamente existieron iniciativas separables que afectaron a diversos mercados geográficos en momentos temporales diferenciados. No hay identidad de sujetos ni conexión espacio temporal entre las iniciativas y de hecho, la resolución recurrida al imponer las sanciones a cada empresa se refiere a ámbitos temporales y geográficos distintos.

 No podemos acoger tal alegato. Lo que caracteriza la infracción única y continua es la existencia de un plan preconcebido, en éste caso, el único objeto de fijar precios mínimos y su mantenimiento de forma persistente en el tiempo, como así revelan las reuniones periódicas que las empresas integrantes del cartel celebraban sin otra finalidad que aquella, no siendo posible diferenciar la infracción por periodos temporales o espacios geográficos como se pretende, pues el objetivo era el mismo y dirigido al mercado nacional del alquiler de vehículos sin conductor "low cost" con independencia de que las reuniones hicieran referencia en cada ocasión a un ámbito territorial o a otro. De ahí que la CNMC definiese el ámbito geográfico del mercado afectado por el cártel como suprautonómico que abarca las Comunidades de Cataluña, Valencia, Andalucía y Baleares.

 Ahora bien, esa circunstancia sí ha tenido reflejo posteriormente, en la individualización de la sanción pues a la hora de concretar su importe se ha diferenciado el ámbito territorial y el alcance temporal de la conducta infractora.

 Tampoco es obstáculo a la existencia de la infracción que la propia recurrente incumpliera los acuerdos así pactados pues la fijación de unos precios mínimos y el establecimiento de mecanismos que garanticen su seguimiento supone una clara ventaja competitiva frente a las demás empresas del sector ya que al conocer ese marco cierto de precios mínimos o de condiciones de prestación del servicio la coloca en mejor posición para, en su caso, rebajarlos en su particular beneficio.

 SÉPTIMO: Sostiene la recurrente que la resolución recurrida considera erróneamente como legislación más favorable la ley 15/2007 cuando, en realidad, es la Ley 16/1989 en cuyo caso habría que fijar como tope máximo de la sanción los 901.518 euros. En éste sentido censura que la resolución recurrida se limita a una comparación en abstracto de la Ley 15/2007 con la Ley 16/1989 sin tener en cuenta las circunstancias del caso concreto.y que, además, en éste caso la ley del 89 es más favorable porque presenta un límite ordinario de 150.000.000 pesetas (901.518,16 euros) que desaparece en la Ley 15/2007 y que la propia CNMC ha declarado que la Ley de 1989 es más favorable, en la posterior resolución de 2 de enero de 2014.

 Sobre esta misma cuestión nos hemos pronunciado en otras ocasiones y así, en la SAN de 29 de julio de 2014 rec. 172 / 2013 hemos dicho que "que sin perjuicio de que la conducta regulada por el artículo 1 de ambas leyes sea idéntica, lo cierto es que el régimen sancionador diseñado por la Ley 15/2007 , es, desde un punto de vista global, más favorable a los infractores que el contemplado por la anterior Ley 16/1989. Así resulta, entre otros elementos de juicio, del sistema de graduación de las infracciones inexistente en la legislación anterior, del establecimiento de topes máximos al importe de algunas sanciones de cuantía inferior al general previsto por el artículo 10 de la Ley 16/1989 , de la reducción de los plazos de prescripción para algunas de las conductas tipificadas o de la especialmente destacable en este supuesto la posibilidad, común a todos los que hayan participado en un cártel, de solicitar la exención o reducción de la sanción.

 Por tanto, como quiera que ambas leyes sancionaban exactamente las mismas conductas, el tratamiento de éstas es idéntico así como la cuantificación de la multa, pues en ambas se señala que la cuantía podrá ser incrementada hasta el 10% del volumen de ventas correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior a la resolución del Tribunal, no se puede afirmar que la nueva Ley sea más perjudicial para la actora que la antigua. Cuestión distinta es la aplicación de las directrices para el cálculo de las multas aprobadas por la CNC que será objeto de análisis al tratar la alegación de falta de proporción de la multa impuesta. "

 Este criterio es igualmente trasladable aquí, pues la aplicación de la Ley de 1989, art. 10 permitía también la aplicación, mediante un razonamiento que así lo justificase incrementar la sanción desde los 150.000.000 pesetas ( 901.518 euros) hasta el 10% del volumen de ventas correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior a la resolución del Tribunal.

 OCTAVO: Finalmente, la parte recurrente propone un cálculo alternativo de la sanción para el caso de que no se considere que el límite máximo sean los 901.518 euros antes citados teniendo en cuenta una serie de criterios como la ausencia de efectos de las conductas y el escaso seguimiento de las iniciativas por parte de GOLDCAR. Finalmente, la no aplicación de atenuantes pues GOLDCAR colaboró activamente con la Dirección de Investigación desde el primer momento y, en particular en la investigación domiciliaria realizada en sus oficinas.

 No puede acogerse la alegación relativa a la ausencia de efectos de las iniciativas en los mercados pues la infracción prevista en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC ), se consuma por la existencia del pacto colusorio ya que este tipo de infracción ha sido calificada por una jurisprudencia unánime de los Tribunales de la Unión Europea, General y de Justicia, que vincula a todos los poderes públicos nacionales según se desprende del artículo 19 del Tratado de la Unión Europea , como infracción por objeto, es decir que se entienden cometidas por la acreditación del mero pacto, lo que ha ocurrido en este caso, dejando al margen su ejecución.

 Los acuerdos antes descritos son anticompetitivos por su objeto habida cuenta de que por su propia naturaleza son aptos para restringir la competencia en el mercado.

 Este tipo de acuerdos choca manifiestamente con la concepción inherente a las disposiciones del Tratado CE relativas a la competencia, según la cual los operadores económicos deben determinar de forma independiente la política que vayan a adoptar en el mercado. En efecto, el artículo 81 CE , apartado 1, prohíbe cualquier forma de coordinación que sustituya conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre los empresarios". Además, las conductas que suponen acuerdos sobre precios son por su propia naturaleza muy graves, y así lo establece explícitamente tanto la jurisprudencia del TJUE, así, la STJUE de 9 de julio de 2015 Innolux/Comisión como la Ley 15/2007 (artículos 61 y ss ).

 Por otra parte, el hecho de que en algunas ocasiones GOLDCAR se apartase de algunos acuerdos de fijación de precios no altera su responsabilidad pues era precisamente a partir del conocimiento del acuerdo previamente adoptado lo que la colocaba en una posición de ventaja para adoptar, a su vez medidas que la otorgaban una posición prevalente en el mercado.

 Por lo que se refiere a la toma en consideración de atenuantes por la colaboración en la investigación, coincidimos con la resolución sancionadora en que la recurrente no ha hecho más que cumplir con su obligación de colaborar con la CNMC ( art. 39 de la LDC ) y que su colaboración no ha sido espontánea sino a requerimiento de la Dirección de Investigación.

 No obstante lo anterior, como la sanción se ha impuesto sobre la base de la Comunicación de 6 de febrero de 2009, debe estimarse el recurso en este punto a fin de que por la CNMC se dicte una nueva resolución sancionadora adecuando la motivación y cuantificación a los parámetros expuestos por el Tribunal Supremo en la STS de 29 de enero de 2015, rec. 2872/2013 , doctrina reiterada en otras posteriores como la de 4 de marzo de 2016 rec. 04/03/2016 , razón por la que no entramos a analizar los informes periciales aportados.

 NOVENO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA no procede imponer las costas a ninguna de las partes en este proceso, dada la estimación parcial del recurso.

 Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación,

FALLAMOS

 QUE DEBEMOS ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso interpuesto por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de GOLDCARRENTING SL Y GOLDCAR SPAIN SL , contra la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 30 de julio de 2013 que impuso a la recurrente una sanción por importe de 15.456.219 ¤ (euros), debemos anular y anulamos la referida resolución en el solo particular relativo a la determinación de la cuantía de la multa, por no ser en este extremo ajustada a Derecho; disponiendo se remitan las actuaciones a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a fin de que dicte otra en la cual fije su importe en atención a los criterios legales de graduación debidamente motivados y por aplicación de los artículos 63 y 64 de la Ley 17/2007, de Defensa de la Competencia , de conformidad con los criterios expuestos en la STS de 29 de enero de 2015, rec. 2872/2013 . Sin hacer expresa imposición de costas.

 Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la misma cabe recurso de casación, siguiendo las indicaciones prescritas en el artículo 248 de la Ley Orgánica 6/1985 , y testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 17/03/2016 doy fe.