Id. Cendoj: 28079230062016100080
ECLI: ES:AN:2016:952
ROJ: SAN  952/2016
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 100/2016
Fecha de Resolución: 16/03/2016
Nº de Recurso: 451/2013
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: BERTA MARIA SANTILLAN PEDROSA
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000451 / 2013

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 04339/2013

 Demandante: CENTAURO RENT A CAR, S.L. Y CENTAURO, S.L.

 Procurador: D. GUILLERMO GARCÍA SAN MIGUEL HOOVER

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: AVIS, DICKMANNS RENT A CAR S.L.

 Abogado Del Estado

 Ponente IIma. Sra.: Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a dieciseis de marzo de dos mil dieciséis.

 VISTO por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, el recurso contencioso- administrativo núm. 451/2013, promovido por el Procurador de los Tribunales D. Guillermo García San Miguel Hoover, en nombre y en representación de las mercantiles "CENTAURO RENT A CAR, S.L." y "CENTAURO, S.L.", contra la Resolución dictada en fecha 30 de julio de 2013 por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el expediente sancionador nº S/0380/11, resolución que agota la vía administrativa. Ha sido parte en autos la Administración demandada representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO. Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizase la demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que entendió oportunos Suplico a la Sala que dicte sentencia por la que, estimando el presente recurso:

 " 1.- Declare no ser conforme a Derecho la Resolución del Consejo de la CNC de fecha 30 de julio de 2013.

 2.- Consecuentemente, anule la imposición de la multa sancionadora o, subsidiariamente, reduzca la cuantía de la sanción impuesta, pues esta no habría sido, en ningún caso, debidamente valorada.

 3.-Declare, en todo caso, la inexistencia de responsabilidad solidaria de Centauro, S.L."

 SEGUNDO . El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se desestime el recurso contencioso administrativo interpuesto.

 TERCERO. Una vez practicadas las pruebas admitidas a tramite se dio traslado a las partes para que presentaran escritos de conclusiones y aportados quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

 CUARTO. Para votación y fallo del presente proceso se señaló la audiencia el día 24 de febrero de 2016.

 QUINTO. En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

 VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.

 Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dña. BERTA SANTILLAN PEDROSA.

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

 PRIMERO.- En el presente recurso contencioso administrativo se impugna la Resolución dictada en fecha 30 de julio de 2013 por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el expediente sancionador nº S/0380/11, Coches de Alquiler , resolución que agota la vía administrativa.

 Dicha resolución acuerda:

 "PRIMERO.- Declarar que en este expediente ha quedado acreditada la existencia de una infracción única y continuada del articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , conformada por los acuerdos adoptados e implementados por ALQUILER DE COCHES VICTORIA, S.L.; AURIGACROWN CAR HIRE, S.L. y su sucesora AURIGACROWN WEB, S.L.; BARDON Y RUFO 67, S.L.; CARGEST, S.L.; CENTAURO RENT-A-CAR, S.L. y su matriz CENTAURO, S.L.; DICKMANNS RENT A CAR S.L.; DRIVALIA CAR RENTAL, S.L.; GOLDCAR SPAIN S.L. y su matriz GOLDCAR RENTING, S.L.; GUERIN RENT A CAR S.L. y su matriz IBERICAR SOCIEDAD IBERICA DEL AUTOMOVIL, S.A.;HELLE AUTO, S.A.; NEW CARS COSTA DEL SOL, S.L.; NIZA CARS, S.L.; PRIMA RENT A CAR S.L.; RECORD-GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. y su matriz GO DE ALQUILER; S.L.; SOL MAR ALQUILER DE VEHICULOS, S.L. ; AVIS ALQUILE UN COCHE S.A. y su matriz AVIS EUROPE OVERSEAS LTD; AUTOMOTIVECARS MALAGA, S.L. y su matriz IDAPI; S.A. ; así como la ASOCIACION EMPRESARIAL DE COCHES DE ALQUILER-ANDALUCIA (AECA) y la ASOCIACION EMPRESARIOS DE VEHICULOS DE ALQUILER (AESVA) a través de los contactos y reuniones entre representantes de dichas entidades desde el 27 de mayo de 2005 hasta octubre de 2011, que entran dentro de la definición de cartel, en cuanto que el objeto de los acuerdos alcanzados por dichas entidades ha consistido en la fijación de precios y de condiciones comerciales.

 SEGUNDO.- Declarar como sujetos responsables de esta infracción de cártel de acuerdo con el articulo 61 de la LDC , a:

 .....

 CENTAURO RENT-A-CAR, S.L. y su matriz CENTAURO, S.L., por los acuerdos de fijación de precios y condiciones comerciales en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Valencia y Cataluña, por el periodo comprendido entre el 27 de mayo de 2005 y octubre de 2011.

 TERCERO.- Imponer, como autoras de la conducta infractora declarada en el resuelve primero y en atención a la responsabilidad que corresponde a cada una de ellas conforme a lo establecido en el Fundamento de Derecho Octavo, las siguientes multas sancionadoras:

 .....

 5.567.940 euros a CENTAURO RENT A CAR, S.L. y su matriz CENTAURO, S.L.".

 Concretamente, la resolución impugnada considera que las entidades sancionadas participaron en un cártel de empresas del sector del alquiler de vehículos sin conductor en diversos aeropuertos para fijar unos precios mínimos de venta al público y pactar unas condiciones comerciales homogéneas a través de diversas reuniones que tuvieron lugar en el caso de la mercantil recurrente desde el 27 de mayo de 2005 hasta el mes de octubre de 2011. Actuaciones anticompetitivas que se prohíben en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia .

 En la resolución sancionadora objeto del presente proceso se destacan los siguientes hechos que permiten a la CNC calificar la conducta imputada como de cártel. Y así se señala:

 "(174) En concreto, las entidades participantes en el cártel fijaban precios para las diferentes categorías de coches de alquiler, diferenciando según gama y temporada (alta o Premium, media, baja o invierno, navidades, semana santa, etc.), fijando también la duración temporal de dichas temporadas y la fecha de aplicación de los precios pactados para así poder fácilmente hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y no perder reservas, pues normalmente se acordaban incrementos delos precios mínimos.

 (175)Estos acuerdos entre las entidades participantes en el cártel se realizaron fundamentalmente a través de las reuniones celebradas por el cártel, normalmente en salas de hoteles o restaurantes reservadas alternativamente por las 5 empresas que originariamente constituyeron el cártel -GOLDCAR, SOLMAR, CENTAURO, URIGACROWN y RECORD-, desde mayo de 2005 y con periodicidad prácticamente mensual a partir de 2006, repartiéndose también entre dichas empresas los gastos por la reserva de estas salas, como se acredita, por ejemplo, respecto de la reunión del cártel celebrada el 13 de noviembre de 2006, comunicando GOLDCAR a CROWN y a RECORD la parte proporcional de los gastos de la reunión que dichas empresas debían pagar...

 (176)Al margen de estas reuniones en las que las entidades participantes en el cártel además de adoptar los acuerdos de precios y otras condiciones comerciales, realizaban un seguimiento de dichos acuerdos, también eran frecuentes los contactos entre reunión y reunión, principalmente vía correo electrónico, pues cada vez que los miembros del cartel encontraban publicado en las webs de los brokers algún precio por debajo de lo acordado, ponían de manifiesto esta "incidencia" (así la llamaban) al incumplidor, para que lo remediara lo antes posible, remitiéndose normalmente un "pantallazo" o "captura de pantalla" a modo de prueba, y en ese pantallazo, se podía ver los detalles del incumplimiento del precio ofertado, identificándose la empresa incumplidora, el modelo de coche de alquiler, el precio y el lugar.

 (177)Estas incidencias eran frecuentes, al ser este mercado muy dinámico, y el infractor normalmente procedía a modificar el precio ofertado, ajustándose a lo acordado por el cártel.

 (178)También era frecuente a partir de 2008 que las comunicaciones a sus clientes anunciando los términos de los acuerdos adoptados por el cártely su efectiva aplicación a partir de una determinada fecha se remitieran por correo electrónico y en copia oculta el resto de las empresas participantes en el cártel, como una medida de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados.

 ....

 (179)A partir de abril de 2009, con reuniones convocadas por las asociaciones imputadas, se llegó a dar instrucciones incluso más precisas en cuanto al seguimiento del cártel y estableciéndose un mediador o garante de los acuerdos adoptados por el cártel, el Presidente de AECA en esos momentos, que creó una cuenta de gmail, denominada acaba (rentacares@gmail.com) para este propósito y a través de la cual se comunicaban todos los miembros del cártel.

 (180)De igual forma se mantuvo el seguimiento constante del cumplimiento delos acuerdos adoptados por el cártel, dándose instrucciones precisas sise producían incidencias, remitiéndose éstas con pantallazo al infractor ala citada dirección de correo electrónico creada al efecto, con copia oculta a todos los miembros del cártel".

 SEGUNDO.- En el escrito de demanda presentado por las mercantiles recurrentes"CENTAURO RENT A CAR, S.L." y "CENTAURO, S.L. se solicita la nulidad de la resolución administrativa impugnada porque considera que es contraria a derecho. Y ello en virtud de las siguientes consideraciones.

 1.- No comparte la definición de mercado geográfico relevante adoptado por el Consejo de la CNC. No está de acuerdo con la CNC cuando entiende que las conductas tuvieron lugar en un mercado supra-autonómico de alquiler de vehículos sin conductor; concretamente, en las Comunidades Autónomas de Valencia, Cataluña, Andalucía y de Baleares y que ello es lo que justifica su competencia para la tramitación y resolución del expediente sancionador.

 Frente a ello, las recurrentes consideran que el ámbito geográfico relevante debe limitarse al ámbito geográfico referido a los aeropuertos y zonas limítrofes en los que sí tenían oficinas, como eran los aeropuertos de Málaga, Alicante, Valencia y Barcelona porque los eventuales acuerdos solo podían aplicarse a los contratos de alquiler de vehículos sin conductor suscritos únicamente en los citados aeropuertos y zonas limítrofes. Y de esta afirmación la recurrente concluye que su cuota de mercado en dichos aeropuertos en el periodo 2005-2011 fue aproximadamente del 12% en el aeropuerto de Alicante; del 8% en el aeropuerto de Málaga y del 17% en el aeropuerto de Valencia. Cuotas que considera que están muy por debajo de lo que se considera cuota significativa desde el punto de vista del derecho de la competencia.

 2.- Se ha vulnerado el articulo 24 de la CE en cuanto que considera que se le ha sancionado sin prueba de cargo suficiente pues los indicios que ha tenido en cuenta la Administración no permiten deducir su participación en las reuniones en las que se adoptaron los acuerdos colusorios.

 Concretamente, niega valor probatorio a los indicios que han llevado a la CNC a determinar tanto su participación como el conocimiento de lo acordado en las reuniones del 27 de mayo de 2005, del 3 de noviembre de 2005 y del 28 de diciembre de 2005. Niega que pueda servir de prueba la manifestación realizada por un tercero. Asimismo, afirma que no hay ninguna prueba que permita concluir su participación en las reuniones celebradas a partir de septiembre de 2006 hasta el mes de abril del año 2009.

 Y aunque admite su participación en las reuniones que se celebraron a partir del mes de abril de 2009, no obstante destaca que ello tuvo lugar como consecuencia de las presiones recibidas de las otras empresas así como por el entorno de crispación e incidentes intimidatorios que se vivía en algunos aeropuertos, especialmente en el de Málaga entre los meses de enero y abril de 2009 que forzaron a la mercantil recurrente a tener contactos con las demás empresas competidoras. Pero que, en todo caso, insiste en que desde entonces su papel fue pasivo puesto que no consta que asumiera un papel relevante en la toma de decisiones ni consta que enviara correos electrónicos intimidatorios. Y ello debió tenerse en cuenta por la CNC para valorar la gravedad de la infracción y para la determinación de la cuantía de la multa.

 3.- La CNC ha vulnerado su derecho a la defensa por cuanto no ha analizado las 32.000 facturas que aportó al expediente sancionador que demuestran, según expone, que la mercantil recurrente no aplicó a sus clientes los precios mínimos supuestamente pactados.

 4.- Niega que pueda calificarse su conducta como infracción única y continuada.

 La actora manifiesta que, como no participó en la adopción de acuerdos anticompetitivos entre los meses de septiembre de 2006 hasta el mes de abril de 2009, no hay proximidad temporal suficiente entre las conductas sancionadas - las relativas al primer periodo (2005 y 2006) y el ultimo periodo(2009 a 2011)-. Y concluye que ambas conductas deberían tratarse de forma individual y separada lo cual supondría la prescripción de la supuesta conducta llevada a cabo hasta diciembre de 2006.

 5.- Discute que pueda exigirse responsabilidad solidaria a la mercantil matriz, CENTAURO, S.L., por los actos realizados por la filial, CENTAURO RENT A CAR, S.L.

 Sobre este punto, la recurrente afirma que solo puede exigirse esa responsabilidad solidaria cuando el comportamiento económico de la mercantil filial viene determinado por la matriz. Dependencia que no concurre en el presente caso puesto que la actividad de la matriz es simplemente la tenencia de las acciones de las distintas empresas del grupo y no desarrolla una actividad económica propia e independiente en el mercado. Por el contrario, refiere que la filial disponía de las mas amplia autonomía frente a la matriz.

 6.- Finalmente, alega error en la determinación de la cuantía de la sanción.

 Sobre este extremo afirma en primer lugar que la CNC debió aplicar la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, por tratarse de la normativa mas favorable. Y, sin embargo, se ha aplicado la Ley 15/2007. El recurrente apoya su pretensión en que la propia CNC en la resolución sancionadora de Servicios Comerciales AENA de 2 de enero de 2014, expediente S/0404/12, ha entendido que es mas beneficiosa y favorable la Ley de 1989.

 Las razones que expone para entender que es mas favorable la Ley de 1989 es que ésta tenia fijado el limite de la cuantía de la sanción en el importe de 901.518,16 euros y, aunque, permitía aplicar un incremento del hasta el 10% del volumen de ventas correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior a la resolución ello, al ser una potestad discrecional, exigía una motivación especifica. Porcentaje que considera que debía aplicarse, en su caso, sobre el ámbito del mercado afectado por la infracción y que en este supuesto eran los ingresos generados por la actividad de "Centauro Rent a Car, S.L."y referidos al ámbito geográfico afectado por la infracción, esto es, a los aeropuertos de Valencia, Alicante, Málaga y Barcelona que en el año 2012 ascendió a 47.278.099,11 euros.

 Asimismo, refiere que el importe de la multa es incorrecto porque se han aplicado de forma incorrecta los requisitos previstos en el articulo 64.1 de la LDC .

 7.- Expone que en la cuantificación del importe de la multa deben tenerse en cuenta circunstancias atenuantes por la no aplicación efectiva de las conductas prohibidas; por su incapacidad contributiva toda vez que el pago de la multa conllevaría la perdida de todo el valor de sus activos empresariales.

 TERCERO . - Por el contrario, el Abogado del Estado en su escrito de contestación a la demanda solicita que se desestime el recurso contencioso administrativo interpuesto y que, en consecuencia, se confirme la sanción impuesta a la mercantil recurrente. Y rechaza todas y cada una de las alegaciones en que la mercantil recurrente justificaba su defensa.

 CUARTO.- Centrado el objeto de debate son muchas las razones que esgrime la mercantil recurrente para obtener o bien la nulidad de la sanción o, en su caso, la reducción de la cuantía de la multa impuesta.

 La conducta imputada se ha tipificado por la CNC con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia que dispone:

 "1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en:

 a. La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio".

 La actividad que se prohíbe en el citado precepto es cualquier acuerdo o conducta concertada conscientemente tendente a falsear la libre competencia, lo que exige la concurrencia de voluntades de dos o más sujetos a tal fin; y no requiere que se alcance la finalidad de vulneración de la libre competencia, basta con que se tienda a ese fin en la realización de la conducta, tenga éxito o no la misma. Es decir, la conducta ha de ser apta para lograr el fin de falseamiento de la libre competencia. Y es precisamente la naturaleza del objeto de esta prohibición lo que impide admitir la afirmación de la recurrente cuando considera que se ha vulnerado su derecho a la defensa porque la CNC no ha examinado las diversas facturas que había aportado como prueba de que no llegó a implementar los acuerdos colusorios imputados. Sobre este punto, debemos recordar que la información imputada es por el objeto y no por sus efectos de tal manera que se entiende cometida la infracción por su mera participación en las reuniones, o conocimiento de lo que en ellas se acordaba, en las que junto a otros competidores se adoptaban acuerdos que tenían por objeto fijar los precios mínimos y condiciones comerciales en el alquiler de los coches sin conductor.

 En el presente supuesto, resulta pertinente en este momento esbozar de manera general, la lógica y funcionamiento de la práctica sancionada tal y como se desprende de la resolución recurrida, que, en términos globales, este Tribunal asume.

 La CNC concluyó que desde el 27 de mayo de 2005, generalizándose la conducta a otras entidades a partir del 2 de abril de 2009 y hasta el mes de octubre de 2011, existió un cártel de empresas del sector del alquiler de vehículos sin conductor acorto plazo. El ámbito geográfico definido por la CNC es suprautonomico y abarca las Comunidades de Cataluña, Valencia, Andalucía y Baleares.

 Su finalidad era fijar unos precios mínimos de venta al público y pactar unas condiciones comerciales homogéneas al mismo precio. En alguna ocasión, incluso, se pactaron los márgenes de algunos de los brokers o intermediarios con los que trabajaban más frecuentemente.

 Más en concreto, y según la apreciación de la CNC manifestada en la resolución recurrida, las entidades participantes en el cártel fijaban precios para las diferentes categorías de coches de alquiler, diferenciando según gama y temporada (alta o Premium, media, baja o invierno, navidades, semana santa, etc.) fijando también la duración temporal de dichas temporadas y la fecha de aplicación de los precios pactados, para así poder fácilmente hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y no perder reservas, pues normalmente se acordaban incrementos de los precios mínimos.

 Estos acuerdos entre las entidades participantes en el cártel se realizaron fundamentalmente en su fase inicial y según la apreciación de la CNC, a través de las reuniones celebradas por el cártel normalmente en salas de hoteles o restaurantes reservadas alternativamente. Estima la CNC que fueron 5 las empresas que originariamente constituyeron el cártel a las que considera actores singulares del mismo: Goldcar, Solmar, Centauro, Aurigacrown y Record.

 A partir del 2 de abril de 2009, nuevas empresas de carácter local se incorporaron al cártel y se crea un mecanismo de seguimiento, en concreto por medio del Presidente de la Asociación AECA que creo una cuenta de gmail, denominada acava ( rentacares@gmail.com ) para este propósito y a través de la cual se comunicaban todos los miembros del cártel para denunciar incumplimientos y otras novedades respecto de lo pactado.

 Esta Sección a la vista de lo expuesto considera que se está ante una conducta anticompetitiva denominada cártel que supone un acuerdo formal entre empresas del mismo sector cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado obteniendo un poder sobre el mercado en el cual obtienen los mayores beneficios posibles en perjuicio de los consumidores. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de junio de 2009 Asunto C-8/08 T-Mobile en su párrafo 26 refiere que:

 "Por lo que respecta a la definición de práctica concertada, el Tribunal de Justicia declaró que tal práctica concertada es una forma de coordinación entre empresas que, sin haber desembocado en la celebración de un convenio propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas (véanse las sentencias de 16 de diciembre de 1975, SuikerUnie y otros/Comisión, 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartado 26 , y de 31 de marzo de 1993, AhlströmOsakeyhti ö y otros/Comisión, C-89/85 , C-104/85, C-114/85, C-116/85, C- 117/85 y C-125/85 a C-129/85, Rec. p. I-1307, apartado 63)".

 Esa misma sentencia del Tribunal de Justicia en sus párrafos 30 y 31 refiere que:

 "(30) Y en el caso analizado se ha constatado la existencia de contactos directos entre competidores con el fin de coordinar su comportamiento competitivo en materia comercial de fijación de precios mínimos lo cual es contrario a la competencia. En tales circunstancias, contrariamente a lo que defiende el órgano jurisdiccional remitente, no es necesario examinar los efectos de una práctica concertada cuando quede acreditado su objeto contrario a la competencia. (31).Por lo que respecta al análisis del objeto contrario a la competencia de una práctica concertada como la controvertida en el litigio principal, ha de recordarse, en primer lugar, que, como señaló la Abogado General en el punto 46 de sus conclusiones, para tener un objeto contrario a la competencia, basta con que la práctica concertada pueda producir efectos negativos en la competencia. Dicho de otro modo, sólo tiene que ser concretamente apta, teniendo en cuenta el contexto jurídico y económico en el que se inscribe, para impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el mercado común. La cuestión de si tal efecto se produce realmente y, en su caso, en qué medida, únicamente puede ser relevante para calcular el importe de las multas y los derechos de indemnización por daños y perjuicios".

 No es comprensible una conducta de acordar unos precios mínimos para el alquiler de vehículos sin conductor así como algunas condiciones comerciales comunes si no lo es bajo el prisma de tratar de uniformar las condiciones comerciales y de eliminar la incertidumbre y, por ello, con el objeto de restringir, falsear o eliminar la competencia; y, además, es lo cierto que tales conductas tenían aptitud para distorsionar la libre competencia y cualquiera de las entidades implicadas, desplegando la diligencia exigible, podía fácilmente concluir que tal comportamiento podía tener un efecto restrictivo de la competencia. Por ello la conducta analizada es perfectamente subsumible en el artículo 1 de la Ley 15/2007 .

 QUINTO. - La CNC ha calificado, además, esas conductas como infracción única y continua que se desarrollaron desde el 27 de mayo de 2005 hasta el 26 de octubre de 2011 - fecha en la que la CNC realizó las primeras inspecciones- , periodo en el que varias empresas actuaron con un plan único y homogéneo de actuación conjunta participando en la adopción de acuerdos dirigidos a determinar y fijar los precios mínimos y condiciones comerciales en el sector de alquiler de vehículos sin conductor. Para la CNC la mercantil recurrente tuvo una participación completa desde su incorporación al cártel en fecha 27 de mayo de 2005 hasta el mes de octubre de 2011.

 La mercantil recurrente insiste, desde distintos puntos de vista como se irá viendo a lo largo de esta sentencia, que difícilmente su conducta puede integrarse en el concepto de infracción única y continua y ello porque desconocía el contenido de los acuerdos globales adoptados por las cinco empresas que constituyeron lo que se denomina cártel. Insiste en que su participación, en su caso, tuvo lugar en un espacio temporal muy reducido y en un ámbito de actuación muy restringido, como era su participación en los aeropuertos de Málaga, Valencia, Alicante y Barcelona.

 Para dar adecuada respuesta a dicha afirmación debemos recordar la jurisprudencia comunitaria del Tribunal de Justicia que ha establecido las pautas o elementos que deben tomarse en consideración para calificar una conducta como infracción única y continua que parten de un presupuesto irrenunciable, como es la existencia de un plan único de actuación conjunto de las distintas entidades implicadas. En este sentido puede citarse la Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2012, Asunto C- 441/11 , apartado 41, en el que se indica que:

 "Según reiterada jurisprudencia, una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, actualmente 101.1 del TFUE , puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto ( sentencias Comisión/AnicPartecipazioni, antes citada, apartado 81, así como de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Rec. p. I-123, apartado 258)".

 En el cártel que ahora se revisa concurren los requisitos exigidos por la jurisprudencia comunitaria toda vez que consta que se adoptaron por diversas empresas competidoras entre sí varios acuerdos bajo el interés de una actuación común y preconcebida que afectaban a la competencia al imponerse unos precios mínimos comunes en relación con el alquiler de vehículos sin motor en los aeropuertos con afluencia importante de turistas y por sí solo podía restringir la libertad de las partes de actuar independientemente en el mercado. Y ello permite encuadrar todas las conductas bajo el concepto de infracción única y continua sin perjuicio de que en cada caso concreto se especifique el periodo de participación de cada una de las empresas a efectos de graduación de la sanción de multa. Como así ha sucedido en relación con la ahora recurrente.

 SEXTO.- La mercantil recurrente refiere que es difícil que se le pueda imputar una infracción única y continua cuando el ámbito territorial en el que podían, en su caso, producir los efectos de las prácticas restrictivas de la competencia eran los aeropuertos de Málaga, Valencia, Alicante y Barcelona. Esta afirmación nos obliga a examinar cual fue el mercado geográfico relevante. La recurrente niega que se estuviera ante un ámbito supra-autonómico puesto que se estaba ante un sector económico que producía efectos en un ámbito geográfico muy localizado como eran los aeropuertos concretos -antes referidos- en los que la recurrente ejercía su actividad económica alquilando vehículos sin conductor en zonas con especial movimiento de turistas.

 Para determinar el ámbito geográfico relevante es necesario especificar las características del cártel examinado. Como ya se ha expuesto supuso la adopción de acuerdos para fijar precios mínimos en el mercado de alquiler de vehículos sin conductor en los aeropuertos de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Baleares, Valencia y Cataluña; aeropuertos todos ellos en los que existe una importante afluencia de turistas que ya en el propio aeropuerto solicitan vehículos sin conductor por periodos cortos que coinciden con periodos vacacionales.

 Frente a ello la recurrente refiere que su actuación solo pudo afectar a los aeropuertos concretos en los que tenia actividad económica porque los eventuales acuerdos solo podían aplicarse a los contratos de alquiler de vehículos sin conductor suscritos únicamente en los citados aeropuertos por lo que el ámbito geográfico relevante no tuvo un ámbito supra-autonómico.

 La resolución sancionadora señala cual es en el caso examinado el mercado relevante y el mercado geográfico relevante al exponer:

 "(153) En el caso del expediente de referencia, el mercado relevante se centra en el mercado de alquiler de coches sin conductor, a corto plazo y, por tanto, el producto analizado consiste en el arrendamiento al cliente durante un periodo limitado de tiempo de un vehículo y está dirigido básicamente a personas que no cuentan con medio de transporte en el lugar de destino vacacional o de negocios.

 (154) Asimismo y dadas las características económicas en España, el turismo ha favorecido un importante desarrollo de este mercado, en particular en determinadas zonas del territorio nacional.

 .....

 (161) En cuanto al mercado geográfico, reiterada jurisprudencia comunitaria ha definido el mismo como "la zona geográfica donde se comercializa el producto en cuestión y donde las condiciones de competencias son lo suficientemente homogéneas como para permitir la evaluación de la repercusión del poder económico de una determinada empresa.

 (162)Tanto la práctica comunitaria como la nacional han coincidido en numerosas ocasiones en establecer que el mercado de los servicios de alquiler operativo de vehículos es de ámbito nacional debido, entre otras razones, a la importancia de contar con una red capilar de mantenimiento y asistencia en el territorio nacional, a las distintas normativas nacionales en el ámbito fiscal, a las diferentes condiciones de las carreteras en cada Estado, aspecto éste que influye de forma determinante en las necesidades y preferencias de los clientes, así como a la inexistencia de productos estandarizados a nivel europeo.

 (163)A todo lo anterior hay que añadir que derivada de la estrecha relación con el turismo en este mercado, la actividad del mismo se concentra en los principales destinos turísticos del país. Así, según los datos del año 2009 del DIRCE 200 (Directorio Central de Empresas, del Instituto Nacional de Estadística) el 80% de las empresas dedicadas al alquiler de vehículos se concentran en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia, Andalucía, Baleares, Canarias y Madrid. De lo anterior se deduce la clara asimetría geográfica que existe en el mercado derivada de la ya mencionada relación con el turismo".

 Esta Sección anticipa que rechaza la alegación formulada por la recurrente sobre este punto. Así de acuerdo con la Comunicación de la Comisión Europea relativa la definición de mercado de referencia a efectos dela normativa comunitaria en materia de competencia (Diario Oficial nº C 372, de 9 de diciembre de 1997) se define el ámbito geográfico del mercado relevante como "la zona en la que las empresas afectadas desarrollan actividades de suministro de los productos y de prestación de los servicios de referencia, en la que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse de otras zonas geográficas próximas, debido, en particular, a que las condiciones de competencia en ella prevalecientes son sensiblemente distintas a aquellas".

 Y el Tribunal de Primera Instancia de 11 de diciembre de 2003, Asunto T-61/99, Adriática di NavigazioneSpA, especifica que es lo que debe entenderse por mercado geográfico relevante cuando refiere que

 "puede imputarse a una empresa la responsabilidad de un cartel en conjunto, aun cuando solo haya participado directamente en uno o varios de los elementos constitutivos de dicho cártel, si sabía que la colusión formaba parte de un plan de conjunto destinado a falsear el juego normal de la competencia. En consecuencia, la Comisión sostiene que el hecho de que la demandante participase en las practicas colusorias únicamente por lo que respecta a la línea que explotaba no descarta su responsabilidad por el conjunto de la infracción dado que tenía conocimiento de la existencia de un plan de conjunto de las compañías marítimas con objeto de fijar los precios. Así pues, el hecho de que participase solo en uno de los aspectos de las practicas colusorias, el relativo a los servicios de transporte prestados entre Brindisi y Patras, solo tiene consecuencias en relación con su grado de participación en el acuerdo y con su responsabilidad por este aspecto del acuerdo, pero no tiene ninguna relevancia en la definición del mercado afectado".

 En el caso examinado, los acuerdos colusorios adoptados no afectaban de forma separada e individualizada a cada uno de los aeropuertos afectados sino que formaban parte de un sistema colusorio más amplio por el que se fijaban precios y condiciones comerciales que afectaban a aeropuertos de distintos lugares del territorio nacional que tenían en común que eran aeropuertos en los que había un importante mercado para el alquiler de vehículos sin conductor a corto plazo como eran los turistas que llegaban en periodos y temporadas de vacaciones. Y esa trama común y homogénea es lo que justifica que la CNC haya considerado a la recurrente como responsable de una infracción única y continua al margen de su campo geográfico concreto de actuación y al margen del periodo de actuación de la misma que tendrá relevancia a los efectos de graduar la cuantía de la multa que pueda imponerse.

 SÉPTIMO. - Una vez determinado el ámbito supra-autonómico de las practicas colusorias imputadas por la CNC corresponde examinar cual fue la participación concreta de la recurrente en la adopción de los referidos acuerdos y prácticas anticompetitivas. Y ello nos conduce a examinar si hay prueba sobre su culpabilidad.

 La CNC le imputa responsabilidad por su participación en el cártel desde el 27 de mayo de 2005 hasta el mes de octubre de 2011. Sin embargo, la mercantil recurrente niega su participación en el periodo que le ha imputado la CNC, admitiendo exclusivamente su participación en las reuniones celebradas a partir del 2 de abril de 2009, fecha en la que acude a las reuniones convocadas por las asociaciones AECA/AESVA, pero destaca que acudía con la convicción de que eran reuniones en las que se trataban temas de interés general para todos los asociados dada la situación de crisis y de crispación del sector pero que eran ineficaces a los efectos de cualquier efecto colusorio o anticompetitivo.

 Nuevamente insiste la recurrente en la idea de que no es factible que pueda incluirse su participación en un plan conjunto si como es su caso su conocimiento y participación no tuvo lugar desde sus inicios, en el mes de mayo de 2005, sino en su fase casi final.

 Su tesis debe rechazarse con arreglo a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia como así se refleja en la reciente sentencia de 24 de junio de 2015 donde se expone:

 "Según reiterada jurisprudencia, una infracción del artículo 81 CE , apartado 1, puede resultar no solo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado pueden también constituir, por sí mismo y aisladamente considerados, una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un plan conjunto, debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto ( Sentencia Comisión /VerhuizingenCoppens C-441/11 P, EU:C:2012:778, apartado 41 y jurisprudencia citada).

 Una empresa que haya participado en tal infracción única y compleja mediante comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de acuerdo o de practica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 81 CE , apartado 1, y que pretendían contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede así ser también responsable de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el periodo de su participación en dicha infracción. Así sucede cuando se acredita que la citada empresa intentaba contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes y que tuvo conocimiento de los comportamientos infractores previstos o ejecutados por otras empresas para alcanzar los mismos objetivos o que pudo de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo ( sentencia Comisión /VerhuizingenCoppens C-441/11 P, EU:C:2012:778, apartado 42 y jurisprudencia citada).

 En consecuencia, una empresa puede haber participado directamente en todos los comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción única y continuada, en cuyo caso la Comisión puede imputarle conforme a Derecho la responsabilidad de todos esos comportamientos y, por tanto, de dicha infracción en su totalidad. Asimismo, una empresa puede haber participado directamente solo en una parte de los comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción única y continuada, pero haber tenido conocimiento de todos los otros comportamientos infractores previstos o ejecutados por los demás participantes en el cartel para alcanzar los mismos objetivos o haber podido preverlos de forma razonable y haber estado dispuesta a asumir el riesgo. En tal caso, la Comisión también pude lícitamente imputarle a dicha empresa la responsabilidad de la totalidad de los comportamientos contrarios a la competencia que componen tal infracción y, por consiguiente, de esta en su totalidad ( sentencia Comisión /VerhuizingenCoppens C-441/11 P, EU:C:2012:778, apartado 43 y jurisprudencia citada)".

 Debemos así analizar si existe o no prueba de la participación de la recurrente en el cártel con conocimiento de los acuerdos anticompetitivos adoptados, con independencia de que la recurrente no se reuniera desde el inicio de la actuación del plan conjunto.

 En este tipo de actuaciones es difícil encontrarse con la existencia de pruebas directas que permitan acreditar la participación en las conductas infractoras; lo normal es que sea a través de indicios. Pues bien, la prueba de indicios está ampliamente aceptada por la jurisprudencia constitucional desde la SSTC 174 y 175/1985 , y resulta práctica habitual en materia de cárteles, siempre que los indicios resulten probados de forma directa, tengan fuerza persuasiva, produzcan una convicción suficiente en el juzgador, se encuentren en directa relación con las consecuencias que se pretenden extraer de los mismos y no exista una explicación alternativa que permita desvirtuar las conclusiones a las que llega la Administración.

 La recurrente apoya su defensa refiriendo que no está acreditada la decisión de la CNC cuando le imputa su participación desde la primera reunión, en fecha 27 de mayo de 2005. Y ello porque niega su participación en las reuniones iniciales celebradas los días 27 de mayo de 2005, 3 de noviembre de 2005 y 28 de diciembre de 2005 puesto que considera que no tienen valor probatorio las notas manuscritas elaboradas por un tercero que afirma la participación de la recurrente en las citadas reuniones. Y, además, porque los correos electrónicos remitidos por terceros relativos a las manifestaciones sobre Centauro únicamente permiten deducir una clara intención de contactar con Centauro con el objetivo de convencerle para formar parte de los supuestos acuerdos de los que no era miembro.

 En este caso, la CNC ha considerado que la recurrente es responsable desde el 27 de mayo de 2005-fecha en que tuvo lugar la primera reunión que se ha constatado- y ello porque ha entendido que tuvo conocimiento de los acuerdos colusorios adoptados en esa primera reunión sin que conste su oposición ni alejamiento publico especifico de los mismos. Y la CNC se apoya en una nota manuscrita obtenida por la inspección en la sede de GOLDCAR.

 Es cierto que esa manifestación de un tercero - nota manuscrita recabada en la inspección de la sede de GOLDCAR- debe ser valorada con prudencia y debe ser corroborada por otros elementos probatorios. Es posible que quizás esa afirmación hubiera podido tener la transcendencia que quiere atribuirle la recurrente si la CNC basara su participación única y exclusivamente en esa nota manuscrita de un tercero. Pero lo cierto es que figuran en el expediente administrativo bastantes indicios que permiten concluir que la recurrente conocía desde sus inicios los acuerdos adoptados en relación con la fijación de los precios mínimos y de otras condiciones comerciales en el sector económico aludido sin que a los efectos de su imputación y responsabilidad sea esencial su asistencia a la primera reunión puesto que lo importante es tener conocimiento de los acuerdos anticompetitivos adoptados y no haber mostrado su oposición especifica a los mismos. En este aspecto se recuerda la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia en la sentencia dicta en el Asunto T-Mobile cuando destaca en sus párrafos 53, 61 y 62 que:

 "(53). A la luz de las consideraciones que preceden, debe responderse a la segunda cuestión que, en el marco del examen de la relación de causalidad entre la concertación y el comportamiento en el mercado de las empresas que participan en ella -relación exigida para determinar la existencia de una práctica concertada en el sentido del artículo 81 CE , apartado 1-, el juez nacional está obligado a aplicar, salvo prueba en contrario que incumbe aportar a estas últimas, la presunción de causalidad establecida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual las referidas empresas, si permanecen activas en el mercado, tienen en cuenta la información intercambiada con sus competidores. ....(61). En tales circunstancias, procede considerar que el punto decisivo no es tanto el número de reuniones celebradas entre las empresas interesadas como el hecho de saber si el contacto o los contactos que se han producido han dado a éstas la posibilidad de tener en cuenta la información intercambiada con sus competidores para determinar su comportamiento en el mercado de que se trate y sustituir conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas. Dado que ha quedado demostrado que dichas empresas han llegado a concertar su comportamiento y que han permanecido activas en el mercado, está justificado exigir que aporten la prueba de que dicha concertación no ha influido en su comportamiento en el referido mercado.(63). Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión que, siempre que la empresa participante en la concertación permanezca activa en el mercado de que se trate, es aplicable la presunción de que existe una relación de causalidad entre la concertación y el comportamiento de dicha empresa en el mercado, incluso si la concertación se basa solamente en una única reunión de las empresas interesadas".

 Esta Sección anticipa ya su conclusión y entiende que ha sido correcta la decisión de la CNC de imputar a la recurrente responsabilidad por su participación y conocimiento desde la fecha del 27 de mayo de 2005. En este sentido se destacan las siguientes pruebas indiciarias que nos llevan a la citada conclusión:

 a) En el folio 484 del expediente administrativo figura una importante prueba indiciaria que permite concluir que la recurrente tenia pleno conocimiento de los acuerdos alcanzados en la primera reunión celebrada el 27 de mayo de 2005 sin que conste que hubiese formulado ninguna objeción ni comportamiento que permitiera entender que se había separado expresamente de los acuerdos adoptados relativos a la fijación de los precios mínimos pactados. Esa prueba es un correo electrónico que se envia el 28 de diciembre de 2005 en el que se expresa "hoy he tenido la reunión que a continuación te detallo" . Y entre los participantes a esa reunión ya consta la asistencia de Eric Devesa, Director Comercial de Centauro. Frente al criterio de la recurrente esta Sección considera que analizando el contenido íntegro de esa nota manuscrita no puede admitirse que la mención de Eric Devesa, como asistente, se debiera al capricho de un tercero sino que consta su participación activa en esa reunión en la que se adoptaron acuerdos sobre precios mínimos. Reunión ésta en la que las empresas participantes continúan adelante con las medidas de fijación de precios mínimos adoptados en las reuniones anteriores de 27 de mayo y de 3 de noviembre de 2005 al decir

 "hemos confirmado los acuerdos que ya habíamos llegado" y "queda claro que estos son los mínimos" y "las próximas semanas van a ser importantes para ver el grado de cumplimiento, aunque yo creo que todos vamos en serio. Supongo que no tendremos ninguna tarifa por debajo de estos minimos?" . Asimismo se destaca que en dicho correo se recoge una manifestación concreta realizada por la recurrente en la reunión del 28 de diciembre de 2005 al señalarse que "En cuanto a las tarjetas de crédito quise que fuera obligatorio cobrar con ellas, pero no lo he conseguido. Centauro dice que cobra siempre...".

 b) En el folio 485 del expediente figura el "acta" elaborada con ocasión de la reunión anterior celebrada el 3 de noviembre de 2005 en la que se señala que aunque "no se varia muchas cosas de la anterior del 27.5.05" , se especifican los precios que debían cobrarse por tener los coches sillas de bebe así como los precios que se debían cobrar tanto en temporada media como en temporada alta con precios distintos en península y en Mallorca. Es cierto que no consta la asistencia de la recurrente a esa reunión de 3 de noviembre de 2005 al referirse " Centauro no asiste aunque trasmite Auriga que aceptará todos los acuerdos que haya. No obstante quedamos que lo que acordemos quedará supeditado a este conforme por parte de Centauro", no obstante, nuevamente esta Sala insiste en que una vez conocidos los acuerdos por parte de la mercantil recurrente no consta que ésta se hubiera apartado específicamente de los mismos. Al contrario, consta en el expediente administrativo que a partir de la reunión del 28 de diciembre de 2005 la mercantil siguió acudiendo a reuniones en las que se seguía discutiendo y fijando los precios mínimos.

 c) Así en el folio 487 del expediente administrativo figura el acta de la reunión del día 14 de septiembre de 2006 en la que consta la participación de Eric y David Devesa, Director Comercial y Director Financiero de Centauro en la que se refiere

 "se empieza una discusión sobre los precios y sobre lo que ha hecho cada uno durante este verano. Queda claro que nadie ha mantenido el acuerdo" . Y se concluye " al final quedamos de seguir con las reuniones ya que hubo un momento que lo cuestionamos" y "próxima reunión lo organiza Centauro y será el día 19 de octubre" .

 d) Finalmente se destaca la asistencia de la recurrente a las reuniones celebradas en fechas 21 de marzo de 2006 - folio 499 del expediente-, 23 de abril de 2006 -folio 493- y 25 de mayo de 2006 -folio 490- en las que se especifica como asistentes a "los hermanos Devesa"(Centauro) ".

 La recurrente considera que aunque se admitiera su participación en las anteriores reuniones, en virtud de las notas manuscritas obtenidas por la CNC en sus actuaciones inspectoras, así como su participación en las reuniones convocadas a partir del mes de abril de 2009 por las Asociaciones AECA y AESVA -folios 528 y 529 del expediente administrativo-, insiste en que ello por sí solo no permite encuadrar su asistencia como miembro participante de un cártel cuando en las reuniones celebradas a partir del mes de abril de 2009 no consta que su participación fuera activa en la toma de los acuerdos sobre los precios mínimos e incluso, en las convocadas por las asociaciones, tenía la convicción de que eran acuerdos beneficiosos para el sector dada la situación de crispación que se estaba viviendo.

 Esta Sala no admite la afirmación de la recurrente cuando considera que carece de responsabilidad en relación con ese último periodo porque creyó que eran reuniones en las que se trataban temas beneficiosos para todas las empresas competidoras pero sin intención de alterar la libre competencia entre ellas. Tampoco se puede compartir que su participación en ese periodo fue pasiva. Al contrario, figuran en el expediente administrativo actuaciones muy reveladoras de la actuación e interés de la recurrente que van mas allá de una actitud meramente pasiva. Se destacan en este sentido algunas pruebas indiciarias. Así, al margen de las razones que pudieron llevar a la recurrente a participar en la reunión del 2 de abril de 2009 lo cierto es que una vez terminada esa reunión la mercantil Centauro decidió junto con algunas de las empresas participantes - curiosamente coinciden con las que empezaron las reuniones en el mes de mayo de 2005- continuar la reunión y se acordó extender el acuerdo adoptado en la citada reunión - que era solo para Andalucía- al resto del territorio de la península en el que estaban actuando los presentes, excepto en Canarias (folio 516 del expediente administrativo) y fijaron las nuevas tarifas Premium así como el periodo en el que iban a aplicarse -1-07-2009 al 22-08-2009-.Asimismo se destaca que consta su participación en reuniones posteriores con un claro papel directo y decisivo de la recurrente como lo demuestra: a) la reunión celebrada el 29 de julio de 2009 en cuya "acta" figura que la idea de subir los precios acordados para enero había sido de Centauro - folio 7836 del expediente administrativo-; b) la reunión celebrada el 15 de septiembre de 2009 -folio 8756 del expediente administrativo-. E igualmente consta la recepción de diversos correos electrónicos sin que se acredite el abandono de la mercantil Centauro de los acuerdos de precios anticompetitivos; e incluso constan correos en los que la recurrente advierte de incumplimientos por parte de otras empresas y otros correos en los que anima a seguir con la aplicación de los acuerdos a pesar de las dificultades.

 OCTAVO. - La mercantil recurrente niega que, en su caso, su participación en el cartel pueda entenderse como infracción única y continuada. Y ello porque entiende que, para el caso de que se admitiera su participación en las reuniones celebradas en el año 2006, lo cierto, según expone, es que desde la reunión del mes de septiembre de 2006 no hay ninguna prueba que acredite ni su participación en las sucesivas reuniones ni conocimiento de los acuerdos posteriores hasta la reunión celebrada el 2 de abril de 2009. Interrupción de su participación entre ambas fechas que no solo impide hablar de continuidad en la conducta infractora sino que, además, entiende que habría prescrito el derecho de la Administración a perseguir las conductas anticolusorias realizadas antes del año 2006. Y en este sentido la recurrente hace especial hincapié en que no puede admitirse su participación en la reunión celebrada el 28 de diciembre de 2006 pues su asistencia solo se ha acreditado por la manifestación de un tercero como así resulta de la nota manuscrita recabada en la inspección de la sede de RECORD (folio 4162 del expediente administrativo) en la que se recoge manuscrito el nombre de Erik como asistente a la reunión. Indicio este que la recurrente entiende insuficiente para acreditar su participación en la misma cuando, con posterioridad, no solo no ha participado en ninguna otra reunión hasta el mes de abril de 2009 sino que, en contra de lo manifestado por la CNMC, no ha recibido ningún correo electrónico. Estas afirmaciones le llevan a concluir que ha existido interrupción suficiente entre las fechas de la ultima reunión en la que participa del año 2006 y su participación de nuevo en abril de 2009. Periodo temporal que entiende que es lo suficientemente amplio entre ambas fechas como para que no pueda calificarse su conducta como infracción única y continuada al no concurrir unidad de resolución y de propósito que son exigibles a una pluralidad de actos.

 Es cierto que la CNMC deduce la participación de la recurrente en la reunión de 28 de diciembre de 2006 de una nota manuscrita recabada por la inspección en la sede de RECORD en la que aparece el nombre de Erik-sin mas especificaciones-; reunión en la que consta que se fijan nuevos precios (folio 4162). No obstante, es ese un indicio de los muchos que ya se han expuesto que en su conjunto permiten concluir que el recurrente participó desde el principio en la toma de decisiones consistentes en la fijación de precios mínimos y que continuó con posterioridad en el plan conjunto aunque en relación con algunas reuniones no constase su asistencia; pero existen otros indicios que acreditan conocimiento y seguimiento del plan como son los diversos correos electrónicos que recibe en fechas que son cercanas a la de la reunión discutida que corroboran su conocimiento pues no hay nada que permita deducir lo contrario. Y son los correos electrónicos de fecha 21 de noviembre de 2006(folio 5495), de fecha 27 de noviembre de 2006 (folio 5498), y de fecha 1 de diciembre de 2006 (folio 5505).

 También es cierto que desde esas fechas -finales del año 2006- no aparece entre la extensa documentación aportada por la CNMC ningún otro indicio de su participación expresa en el plan conjunto y deliberado hasta noviembre de 2008; fecha en la que consta un correo electrónico en el que se menciona la reunión celebrada el 10 de noviembre de 2008 en la que se acordó cobrar un cargo único de 20 euros por entrega en aeropuertos y que se iba a poner en marcha el 8 de diciembre (folio 7773). Y se añade en ese correo " Mañana se hablara con Centauro. Luigi no pudo asistir" ( en otros correos y "actas" se menciona Luigi el de Centauro). Esta Sección de las expresiones verbales utilizadas concluye que no se menciona a Centauro como si hiciera mucho tiempo que no se supiera de él o de que hubiera cambiado de opinión; al contrario, se menciona que debe hablarse con Centauro como si fuera normal la habitualidad de su participación. Las consecuencias que este Tribunal extrae de la documentación referida es la siguiente: la recurrente a pesar de no asistir personalmente a algunas de las reuniones del grupo era considerada como un miembro del mismo, recibía sus comunicaciones e informaciones. Por tanto, estaba en contacto con el grupo, con conocimiento de lo que en las reuniones se trataba e intercambiando información.

 Asimismo, se destaca que es trascendente que no conste ninguna manifestación pública de Centauro de que las empresas competidoras dejasen de enviarle correos electrónicos con noticias sobre los acuerdos adoptados. Sobre este punto es necesario recordar la declaración recogida en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de diciembre de 2003, Asunto T-61/99 Adriatica di NavigazioneSpA, que en apartado 118 refiere

 "según reiterada jurisprudencia, el hecho de que una empresa no se pliegue a los resultados de reuniones cuyo objeto sea manifiestamente contrario a las normas sobre la competencia no puede eximirla de su plena responsabilidad derivada de su participación en el acuerdo siempre que no se haya distanciado públicamente del contenido de las reuniones ( sentencia Mayr- Melnhof/Comisión, aparatdo 135)" .

 Y tras ese periodo se llega a la reunión celebrada en fecha 2 de abril de 2009 en el Parador de Golf (Málaga) en la que consta la asistencia de Centauro y así lo reconoce ya la recurrente.

 Es cierto que nos encontramos ante un cártel que se ha desarrollado en un extenso periodo de tiempo en el que es posible encontrarse con la inactividad de alguna de las empresas participantes durante algún espacio temporal del mismo. Para poder resolver correctamente esta cuestión merece recordar la sentencia de 17 de mayo de 2013 del Tribunal General Asunto T-147/09 Trelleborg Industrie que en sus apartados 59 y ss precisa que:

 a) En el marco de una infracción que dura varios años, no impide la calificación de infracción única el hecho de que las distintas manifestaciones de los acuerdos se produzcan en periodos diferentes, siempre que pueda identificarse el elemento de unidad de actuación y finalidad.

 b) De acuerdo con una práctica jurisprudencial constante se han identificado una serie de criterios que ayudan a calificar una infracción como única y continuada, a saber: la identidad de los objetivos de las practicas consideradas, de los productos y servicios, de las empresas participantes, y de las formas de ejecución, pudiéndose tener en cuenta, además, la identidad de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas implicadas y la identidad del ámbito de aplicación geográfico de las practicas consideradas.

 c) La Comisión puede, en consecuencia, presumir la permanencia de una empresa durante todo el periodo de duración del cartel aunque no se haya acreditado la participación de la empresa en cuestión en fases concretas, siempre que concurran los elementos suficientes para acreditar la participación de la empresa en un plan conjunto con una finalidad específica, que se prolonga en el tiempo. La consecuencia inmediata de ello es que el "dies a quo" del plazo de prescripción se computa partir del cese de la última conducta.

 Aplicando dicha jurisprudencia, esta Sala presume que la participación de la empresa recurrente en la infracción no se ha interrumpido, aunque no se disponga de pruebas de la infracción durante algunos periodos específicos, puesto que las diferentes acciones que formaban parte de esa infracción persiguen una sola finalidad y pueden insertarse en una infracción de carácter único y continuo: existía identidad en los acuerdos, en las empresas participantes y en el ámbito del mercado afectado.

 NOVENO- También se expone por la recurrente que no se puede exigir responsabilidad a la sociedad matriz por los actos realizados por la filial.

 En la resolución sancionadora que se revisa se ha imputado responsabilidad solidaria a la matriz por la conducta anticompetitiva realizada por la filial en el cártel porque se ha entendido que concurrían los presupuestos que permitían imponer dicha responsabilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley 15/2007 que dispone:

 "A los efectos de la aplicación de esta Ley, la actuación de una empresa es también imputable a las empresas o personas que la controlan, excepto cuando su comportamiento económico no venga determinado por alguna de ellas". Este precepto recoge la doctrina comunitaria que permite imputar la responsabilidad a la sociedad matriz aunque no haya participado directamente en el acuerdo.

 El fundamento de la previsión legal, que refleja la normativa comunitaria, no es otro que la doctrina de la unidad económica. En la sentencia dictada el 19 de julio de 2012 (Asuntos acumulados C-628/10P y C-14/11P Alliance One International) el Tribunal recuerda que según su jurisprudencia:

 "el concepto de empresa abarca cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación. Debe entenderse ese concepto en el sentido de que designa una unidad económica aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas. Cuando una entidad económica de este tipo infringe las normas sobre la competencia, le incumbe, conforme al principio de responsabilidad personal, responder por esa infracción ( sentencias de 20 de enero de 2011, General Química y otros/Comisión, C-90/09 P, Rec. p. I-0000, apartados 34 a 36 y la jurisprudencia citada, y de 29 de septiembre de 2011, ElfAquitaine/Comisión, C-521/09 P, Rec. p. I-0000, apartado 53)."

 Y de esa misma jurisprudencia comunitaria se desprende que el comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas ( Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de junio de 2015 que recoge las sentencias Akzo Nobel y otros/Comisión, C-97/08 P, EU:C:2009:536, apartado 58; Alliance One International y Standard Commercial Tobacco/Comisión y Comisión/Alliance OneInternactional y otros.....). Por otra parte, en la citada sentencia de 24 de junio de 2015 se recogen los criterios que permiten presumir esa influencia económica de la matriz sobre la filial al señalar que el conjunto de vínculos económicos, organizativos y jurídicos demuestran una capacidad de control de la matriz para ejercer una influencia determinante sobre la filial y entre esos criterios señala los vínculos de capital existentes entre la matriz y la filial reflejan una capacidad de la matriz para ejercer una influencia en la gestión diaria de la filial; el interés financiero de la matriz en las actividades de la filial constituye una motivación suficiente y evidente para ejercer una influencia; la matriz puede tener interés en ejercer un control sobre los precios fijados por la filial en la medida en que estos producirán efectos en la cuenta de resultados de dicha sociedad y, por consiguiente, en los beneficios que obtenían sus accionistas.

 No es suficiente con negar responsabilidad de la matriz como hace la recurrente en su escrito de demanda. La jurisprudencia comunitaria ha considerado que en los casos en los que, como así sucede en el supuesto analizado, la matriz participa del 100% del capital social de su filial existe una presunción "iuris tantum" de que la matriz ejerce una influencia decisiva en el comportamiento de su filial, que corresponde desvirtuar a la matriz aportando pruebas que demuestren que la filial determina de modo autónomo su conducta en el mercado. Prueba que no figura en el caso analizado. Presunción que se admite en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 2011(C-521/09 P) al señalar que:

 "(60) Procede recordar , por un lado, que dicha presunción se basa en la constatación de que, salvo en circunstancias completamente excepcionales, una sociedad que es titular de la totalidad del capital de una filial puede, por el mero hecho de ser titular de dicha cuota, ejercer una influencia determinante en la conducta de dicha filial y, por otro lado, que para probar la falta de ejercicio efectivo de ese poder de influencia normalmente lo más eficaz es buscar elementos en la esfera de las entidades contra las que opera dicha presunción. (61) En dichas circunstancias, si para destruir dicha presunción , a la parte interesada le bastase con formular meras afirmaciones sin fundamento, aquella se vería ampliamente privada de su utilidad".

 En este caso, no se ha practicado prueba alguna dirigida a acreditar que no existía ni tal unidad económica ni tal influencia decisiva de la matriz en la actividad económica de la filial, por lo que debe desestimarse este motivo de recurso.

 DÉCIMO .- Resta por analizar cual es la norma aplicable en relación con la determinación de la cuantía de la sanción de multa toda vez que nos encontramos ante una infracción única y continua que se inició en el mes de mayo de 2005 -cuando aun estaba en vigor la Ley 16/1989- y finaliza en el mes de octubre de 2011- cuando ya esta en vigor la Ley 15/2007-. La CNC ha aplicado la Ley 15/2007 porque ha entendido que es la norma mas favorable frente al criterio que mantiene la actora que considera que la CNC ha realizado una indebida aplicación retroactiva de la Ley 15/2007.

 No se discute que la tramitación del expediente sancionador se haya realizado conforme a las normas procesales de la Ley 15/2007, pues así resulta, a sensu contrario, de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del citado texto legal, en el que se señala que: "Los procedimientos sancionadores en materia de conductas prohibidas incoados antes de la entrada en vigor de esta Ley se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes en el momento de su inicio."

 Pero en cuanto al derecho material, debe señalarse que sin perjuicio de que la conducta regulada por el artículo 1 de ambas leyes sea idéntica, lo cierto es que el régimen sancionador diseñado por la Ley 15/2007 , es, desde un punto de vista global, más favorable a los infractores que el contemplado por la anterior Ley 16/1989. Así resulta, entre otros elementos de juicio, del sistema de graduación de las infracciones inexistente en la legislación anterior, del establecimiento de topes máximos al importe de algunas sanciones de cuantía inferior al general previsto por el artículo 10 de la Ley 16/1989 , de la reducción de los plazos de prescripción para algunas de las conductas tipificadas o de la especialmente destacable en este supuesto la posibilidad, común a todos los que hayan participado en un cártel, de solicitar la exención o reducción de la sanción.

 DECIMOPRIMERO .- Finalmente la recurrente refiere que la sanción de multa es desproporcionada en cuanto a su cuantía.

 En este caso la sanción se ha impuesto con arreglo a los criterios fijados en la "Comunicación de la CNC sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1 , 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea" (BOE de 11 de febrero de 2009). Y por ese único motivo, esta Sección estima y acepta la afirmación de la recurrente de que la cuantía de la multa impuesta debe anularse porque no respeta el principio de proporcionalidad como así se ha declarado por el Tribunal Supremo en la sentencia dictada en fecha 29 de enero de 2015 (casación 2872/2013 ), criterios jurídicos que se han mantenido posteriormente en numerosas sentencias. Y ello nos llevan a la estimación del recurso contencioso administrativo pero exclusivamente en este punto y se ordena a la Comisión Nacional de la Competencia a que proceda a cuantificar de nuevo la multa de acuerdo con la interpretación que de los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007 se hace por el Tribunal Supremo en esa sentencia.

 DECIMOSEGUNDO.- Toda vez que se ha estimado parcialmente el presente recurso contencioso administrativo no se hace un pronunciamiento especial sobre las costas procesales causadas en esta instancia tal como dispone el artículo 139.1 de la LJCA en la redacción dada por la Ley 37/2011 de 10 de octubre.

FALLAMOS

 Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencioso administrativo 451/2013, promovido por el Procurador de los Tribunales D. Guillermo García San Miguel Hoover, en nombre y en representación de las mercantiles "CENTAURO RENT A CAR, S.L." y "CENTAURO, S.L.", contra la Resolución dictada en fecha 30 de julio de 2013 por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el expediente sancionador nº S/0380/11, resolución que agota la vía administrativa y, en consecuencia, se anula por ser contraria al ordenamiento jurídico pero en el único y exclusivo aspecto relativo a la cuantía de la multa impuesta que se deja sin efecto por entenderse que ha sido desproporcionada y se ordena a la CNC que fije de nuevo la cuantía de la multa con arreglo a la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en la sentencia referida en el fundamento de derecho decimoprimero de esta sentencia.

 No se hace un pronunciamiento especial sobre las costas procesales causadas en esta instancia.

 Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la misma cabe recurso de casación, siguiendo las indicaciones prescritas en el artículo 248 de la Ley Orgánica 6/1985 .

 Lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 17/03/2016 doy fe.