Id. Cendoj: 28079230062016100082
ECLI: ES:AN:2016:954
ROJ: SAN  954/2016
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 101/2016
Fecha de Resolución: 16/03/2016
Nº de Recurso: 430/2013
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000430 / 2013

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 04077/2013

 Demandante: NEW CARS COSTA DEL SOL SL, MARBESOL

 Procurador: D. ANTONIO ORTEU DEL REAL,

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a dieciseis de marzo de dos mil dieciséis.

 VISTO , en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, el recurso nº 430/13 , seguido a instancia de " New Cars Costa del Sol SL, Marbesol ", representada por el Procurador de los Tribunales D. Antonio Orteu del Real, con asistencia letrada, y como Administración demandada la General del Estado, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado. El recurso versó sobre impugnación de Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) , la cuantía se fijó en 370.535 euros, e intervino como ponente el Magistrado Don SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO. La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO :.- Para el correcto enjuiciamiento de la cuestión planteada es necesario el conocimiento de los siguientes hechos:

 I. La recurrente en este proceso es:

 New Cars Costa del Sol, S.L. cuyo objeto social abarca, entre otras actividades, el alquiler de automóviles con o sin conductor, que comercializa con la marca "MARBESOL". No forma parte de ningún grupo empresarial. Esta empresa es miembro de AESVA, Asociación de Empresarios Servicio Vehículos Alquiler de Andalucía. .

 II. La actuación de la CNC que da lugar a las presentes actuaciones se inicia el 2 de agosto de 2011, con el registro en la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), de la solicitud de exención del pago de multa presentada por SOL MAR ALQUILER DE VEHÍCULOS, S.L, (SOLMAR), por la comisión de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC ) consistente en la participación en pactos y acuerdos para la fijación de los precios y condiciones comerciales en el sector de alquiler de vehículos sin conductor.

 1 . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la LDC , la Dirección de Investigación de la CNC (DI) realizó una información reservada, con el fin de determinar la concurrencia de circunstancias que justificasen la incoación de un expediente sancionador por conductas anticompetitivas en el sector de alquiler de vehículos sin conductor.

 2. En el marco de esta información reservada, entre otras actuaciones, el 25 de octubre de 2011 la DI concedió la exención condicional del pago de la multa a SOL MAR ALQUILER DE VEHÍCULOS, S.L., en virtud del artículo 65.1.a) de la LDC , al aportar elementos de prueba que, a juicio de la DI, le permitían ordenar el desarrollo de inspecciones a la CNC en relación con el cártel descrito en la citada solicitud de exención del pago de la multa.

 3. De acuerdo con el artículo 40 de la LDC , el 26 de octubre de 2011 la CNC llevó a cabo inspecciones simultáneas en las sedes de AURIGACROWN CAR HIRE, S.L. (en adelante, AURIGACROWN), NIZA CARS, S.L. (en adelante, NIZA), GOLDCAR SPAIN, S.L (en adelante, GOLDCAR), DRIVALIA CAR RENTAL, S.L. (en adelante, DRIVALIA) y RECORD-GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. (en adelante, RECORD-GO).

 4. El 12 de diciembre de 2011 tuvo entrada en la CNC la solicitud de exención del pago de la multa o, en su caso, subsidiariamente de reducción de su importe, presentada por NIZA, por la comisión de una infracción del artículo 1.1 de la LDC consistente en acuerdos para fijar precios mínimos en el sector de alquiler de vehículos sin conductor.

 5 . El 23 de diciembre de 2011, la DI rechazó esta solicitud de exención del pago de la multa presentada por NIZA, dado que no se cumplían las condiciones establecidas en el artículo 65.1 de la LDC y acordó examinar la información y los elementos de prueba presentados por NIZA, bajo la consideración de una solicitud de reducción del importe de la multa.

 6. De acuerdo con el artículo 40 de la LDC , el 11 de enero de 2012 la DI llevó a cabo inspecciones simultáneas en las sedes de la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE COCHES DE ALQUILER (en adelante, AECA) y en las empresas FLORENCIO BARRERA E HIJOS, S.L. (en adelante, FLORENCIO BARRERA), CENTAURO y GUERIN RENT A CAR, S.L. (en adelante, GUERIN).

 7. A la vista de la información reservada realizada, la DI consideró que existían indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la LDC. Por ello, el 12 de enero de 2012, de conformidad con el artículo 49.1 de la LDC , la DI acordó la incoación del expediente sancionador        NUM000 Coches de alquiler, contra determinadas empresas que fue ampliado el 20 de abril de 2012.

 III. La CNC concluyó que durante el período 27 de mayo 2005 generalizándose a partir del 2 de abril de 2009 a otras entidades y hasta el mes de octubre 2011 (la última reunión se celebra el 30 de marzo de 2011), existió un cártel de empresas del sector del alquiler de vehículos sin conductor a corto plazo (menos de un año), para fijar unos precios mínimos venta al público y pactar unas condiciones comerciales homogéneas al mismo precio. En alguna ocasión, incluso, pactaron los márgenes de algunos de los brokers o intermediarios con los que trabajaban más frecuentemente. El ámbito geográfico definido por la CNC es suprautonómico y abarca las Comunidades de Cataluña, Valencia, Andalucía y Baleares.

 1. En concreto, y según la apreciación de la CNC manifestada en la resolución recurrida, las entidades participantes en el cártel fijaban precios para las diferentes categorías de coches de alquiler, diferenciando según gama y temporada (alta o Premium, media, baja o invierno, navidades, semana santa, etc.), fijando también la duración temporal de dichas temporadas y la fecha de aplicación de los precios pactados, para así poder fácilmente hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y no perder reservas, pues normalmente se acordaban incrementos de los precios mínimos.

 2. Estos acuerdos entre las entidades participantes en el cártel se realizaron fundamentalmente, en su fase inicial y según la apreciación de la CNC, a través de las reuniones celebradas por el cártel, normalmente en salas de hoteles o restaurantes reservadas alternativamente por las 5 empresas que originariamente constituyeron el cártel -GOLDCAR, SOLMAR, CENTAURO, AURIGACROWN y RECORD .

 3. A partir de abril de 2009, la CNC concluye que se llegó a dar instrucciones incluso más precisas en cuanto al seguimiento del cártel y estableciéndose un mediador o garante de los acuerdos adoptados por el cártel, el Presidente de AECA en esos momentos, que creó una cuenta de gmail, denominada acava (rentacares@gmail.com) para este propósito y a través de la cual se comunicaban todos los miembros del cártel.

 IV. Los hechos imputados por la CNC a la recurrente son los siguientes:

 1. NEW CARS, en el periodo comprendido entre el 2 de abril de 2009 y hasta octubre de 2011, participa en los acuerdos de fijación de precios y otras condiciones comerciales descritos.

 2. En particular consta su participación en las siguientes reuniones de carácter anticompetitivo celebradas por el cártel.

 -2 de abril de 2009, 29 de julio de 2009, 3 de septiembre de 2009, 15 de septiembre de 2009, 16 de diciembre de 2010, 11 de enero de 2011, 26 de enero de 2011, 16 de febrero de 2011, 16 de marzo de 2011, y 30 de marzo de 2011.

 3. El día 30 de abril de 2009 (es decir, un día después de la reunión del cártel celebrada en el Parador de Golf en Málaga para fijar precios y otras condiciones comerciales para Andalucía), la recurrente remitió un correo electrónico al Presidente de AECA, a través de "ACAVA", advirtiéndole de precios bajos en algunos brokers.

 V. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), mediante resolución de fecha de de adoptó las siguientes decisiones:

 1. Declarar que la actuación de las entidades recurrentes descrita

 constituye una infracción única y continuada prevista en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia durante el período 2 de abril de 2011 hasta el mes de octubre de dicho año.

 2. Imponer a la entidad recurrente una sanción de multa por importe de 370.535 euros.

 SEGUNDO:.- Por la representación de la actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución precedente, formalizando demanda con la súplica de que se dictara sentencia declarando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme a derecho. La fundamentación jurídica de la demanda se basó en las siguientes consideraciones:

 I. Inconsistencias en la definición del mercado:

 -La recurrente no forma parte de ningún grupo empresarial y solo forma parte de AESVA (asociación de empresarios del sector).

 -La recurrente solo opera a nivel local, en la provincia de Málaga, por lo carece de sentido su participación en un cártel de ámbito nacional. No puede influir en el juego de la competencia del sector, habida cuenta su flota (de 350 a 700 vehículos no todos destinados al alquiler), volumen de facturación, número de trabajadores y destinatarios de su oferta.

 -En el sector hay unas 1800 empresas y 5 detentan el 56% del mercado. En Málaga hay 200 empresas de alquiler de vehículos, lo que supone el 4% del mercado nacional

 II. Contexto en el que acude a la reunión de 2 de abril de 2009:

 1. Reconoce haber asistido a la reunión de 2 de abril de 2009, pero cuestiona haberse integrado en el cártel:

 -Asistió a dicha reunión como miembro de AESVA y convocada por ésta.

 -Las razones para asistir a dicha reunión fueron las siguientes: a) tratar los ataques sufridos en sus instalaciones por grupos violentos que le acusaban de ofrecer precios bajos, b) aprobar una derrama en el seno de AESVA para contratar un abogado afín de protestar por los acuerdos preferenciales de las empresas multinacionales con ciertos fabricantes de coches, y c) discutir la posición de las aseguradoras que abonaban una indemnización por inmovilización de flota por causas ajenas al rent a car por una cuantía superior al precio de alquiler diario del vehículo.

 -Invoca la SAN de 25 de enero de 2013 que relativiza las consecuencias de la asistencia a una reunión.

 -En ningún caso tuvo noticia, ni se adhirió, a una actuación colusoria que, en su caso, tendría lugar una vez terminada la participación de la recurrente en la reunión convocada por AESVA.

 -Es posible, en determinados sectores, intercambiar información y experiencias con el objeto de evitar riesgos de fijar precios por debajo del costo real para la empresa. ( SAN de 25 de noviembre de 2015 y 4 de enero de 2013 ).

 -La competencia recriminó a la recurrente el hecho de ofrecer precios muy bajos.

 III. Infracción del artículo 24 CE con vulneración del derecho a la presunción de inocencia por haberse dictado la resolución recurrida sin base probatoria alguna:

 -No hay prueba de la asistencia de representante de la recurrente, debidamente apoderado, a la mayoría de reuniones que se indican.

 -No hay constancia de la recepción por la recurrente de correos electrónicos enviados por AECA, asociación a la que la recurrente no pertenece y que, al parecer los envía de forma indiscriminada. Tampoco hay prueba de que la recurrente se adhiriera a su contenido.

 -AECA recibe quejas de sus asociados y trata de solventar los problemas creados por empresas, como la recurrente, que fijan precios por debajo de mercado.

 -La sanción impuesta con base a dichos correos no cumple con las exigencias debidas para validar la prueba indiciaria.

 -Destaca que dichos correos fueron elaborados unilateralmente por competidores y su contenido no es veraz.

 -La recurrente siempre ha actuado de forma autónoma en la fijación de sus precios, recibiendo quejas de los competidores, siendo irrelevante e intercambio de información para falsear la competencia, dada la publicidad de tarifas inherente al sistema de internet.

 IV. Subsidiariamente, matiza su grado de participación:

 -La última fecha en la que se le imputa haber participado en el cártel es el 30 de marzo de 2011 y sin embargo declaran su responsabilidad hasta el mes de octubre de 2011, existiendo correos electrónicos que destacan su separación del grupo desde esa fecha.

 V. Sobre la graduación de la sanción:

 -La recurrente no ha obtenido ningún tipo de beneficio económico con el cártel.

 -La recurrente tiene un objeto social más amplio que el del alquiler de vehículos por lo que la multa debería haberse calculado sobre el volumen de actividad en ducho sector y no sobre la actividad total, produciéndose un enriquecimiento injusto.

 -Limita su actividad a la provincia de Málaga, a los vehículos de alquiler sin conductor vacacionales, a corto plazo y que afectan a vehículos de los grupos AA y D, lo que evidencia la limitación del mercado.

 -Invoca las menciones del artículo 64 LDC , y destaca, además de lo ya expuesto, que concurren los hechos atenuantes siguientes: a) no existió acusación directa en su contra, b) fue víctima de sus competidores que fijaron precios superiores a los suyos, c) ha jugado un papel pasivo, d) no ha adoptado medidas de implementación, e) ha colaborado siempre con la CNC. Cree de aplicación las siguientes atenuantes: a) ha realizado actuaciones que ponen fin a la actuación infractora, b) no aplicación efectiva de las conductas, c) realiza actuaciones tendentes a reparar el daño causado, d) efectiva colaboración con la CNC.

 -Invoca la aplicación de la regla de minimis.

 TERCERO:.- La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella con la súplica de que se dicte sentencia desestimando el recurso y declarando ajustada a derecho la resolución recurrida. El acta de la reunión de 2 de abril de 2009 detalla las conductas anticompetitivas asumidas por la recurrente que al recibir la información limitaba su capacidad de actuación autónoma. Además, participó en las sucesivas reuniones que se describen en los hechos probados y que demuestran el papel activo de la recurrente en la implementación del cártel. Existe un correo enviado por la recurrente al Presidente de AECA el 30 de abril de 2009, que evidencia su participación (párrafo 249 PCH) y resulta suficiente a los efectos de establecer la existencia de una prueba indiciaria.

 La duración establecida de la infracción es correcta, de acuerdo con la doctrina de la STGUE de 24 de marzo de 2011 asunto IBP T-384/06, apartado 56, al no haberse distanciado públicamente de la conducta.

 La sanción es proporcional, dado que la infracción se consuma por su objeto. Se han tomado en consideración todos los parámetros legales. De conformidad con el artículo 62.4 a) LDC , la infracción se califica como muy grave, fijando el art. 63.1 c) la multa, hasta el 10% del volumen de negocios. Se han tomado en cuenta todas las circunstancias concurrentes, afectando de forma muy dañina a un mercado bien delimitado, con un correcto cálculo de la duración de la infracción, se tomó como base del cálculo el volumen de negocio declarado en el ámbito geográfico afectado por la conducta ilícita y finalmente se aplicó el porcentaje del 10%.

 CUARTO:.- Practicada la prueba declarada pertinente, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.

 QUINTO:.- Señalado el día dos de marzo de 2016 para la deliberación, votación y fallo ésta tuvo lugar en la reunión del Tribunal señalada al efecto.

 SEXTO:.- Aparecen observadas las formalidades de tramitación, que son las del procedimiento ordinario.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO: La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la Resolución de fecha 30 de julio de 2013, del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), por la que se adoptaron las siguientes decisiones:

 1. Declarar que la actuación de las entidades recurrentes descrita constituye una infracción única y continuada prevista en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia durante el período 29 de abril de 2011 hasta el mes de octubre de dicho año.

 2. Imponer a la entidad recurrente una sanción de multa por importe de 370.535 euros.

 Una doble precisión previa resulta necesaria.

 La sanción se impone por infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio , sin realizar mención alguna al artículo 101 del TFUE ni al Reglamento 1/2003, por lo que, en principio, debe considerarse que la infracción es de ámbito puramente nacional. Ello no es obstáculo para la aplicación sistemática de la jurisprudencia del TJUE, en la medida en que, ni la legislación nacional ni su jurisprudencia, podrán contravenir los planteamientos del TJUE, salvo para la imposición de sanciones de más gravedad. Las propias partes recurrentes y la resolución recurrida, apoyan sus respectivas argumentaciones en dicha jurisprudencia como lo va a hacer esta Sentencia.

 Por otra parte, debemos referirnos a la selección de la normativa aplicable. Se fija como fecha de inicio del cártel el 27 de mayo de 2005 y de terminación el mes de octubre de 2011, por lo que el cártel se desarrolla, tanto bajo la vigencia de la Ley 16/1989 de 17 de julio, como de la actual Ley 15/2003 de 3 de julio, ambas de Defensa de la Competencia (LDC). La Ley 15/2007 es la que resulta de aplicación, al ser, globalmente considerada y de acuerdo con una jurisprudencia constante, la más favorable a las recurrentes.

 SEGUNDO: Resulta pertinente en este momento esbozar de manera general, la lógica y funcionamiento de la práctica sancionada tal y como se desprende de la resolución recurrida, que, en términos globales, este Tribunal asume. Sin perjuicio de lo anterior, en los sucesivos fundamentos jurídicos de esta resolución, entraremos a analizar, con mayor profundidad, los distintos aspectos y cuestiones que plantea la parte recurrente.

 La CNC concluyó que desde el 27 de mayo 2005, generalizándose la conducta a otras entidades a partir del 2 de abril de 2009 y hasta el mes de octubre 2011, existió un cártel de empresas del sector del alquiler de vehículos sin conductor a corto plazo. El ámbito geográfico definido por la CNC es suprautonómico y abarca las Comunidades de Cataluña, Valencia, Andalucía y Baleares.

 Su finalidad era fijar unos precios mínimos venta al público y pactar unas condiciones comerciales homogéneas al mismo precio. En alguna ocasión, incluso, se pactaron los márgenes de algunos de los brokers o intermediarios con los que trabajaban más frecuentemente.

 Más en concreto, y según la apreciación de la CNC manifestada en la resolución recurrida, las entidades participantes en el cártel fijaban precios para las diferentes categorías de coches de alquiler, diferenciando según gama y temporada (alta o Premium, media, baja o invierno, navidades, semana santa, etc.), fijando también la duración temporal de dichas temporadas y la fecha de aplicación de los precios pactados, para así poder fácilmente hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y no perder reservas, pues normalmente se acordaban incrementos de los precios mínimos.

 Estos acuerdos entre las entidades participantes en el cártel se realizaron fundamentalmente, en su fase inicial y según la apreciación de la CNC, a través de las reuniones celebradas por el cártel, normalmente en salas de hoteles o restaurantes reservadas alternativamente. Estima la CNC que fueron 5 las empresas que originariamente constituyeron el cártel, a las que considera actores singulares del mismo: Goldcar, Solmar, Centauro, Aurigacrown y Record.

 A partir del dos de abril de 2009, nuevas empresas de carácter local se incorporan al cártel y se crea un mecanismo de seguimiento, en concreto por medio del Presidente de la Asociación Empresarial de Coches de Alquiler de Andalucía (AECA), que creó una cuenta de gmail, denominada Acava (rentacares@gmail.com) para este propósito y a través de la cual se comunicaban todos los miembros del cártel para denunciar incumplimientos y otras novedades respecto de lo pactado.

 La incorporación de la recurrente se habría realizado el dos de abril de 2009.

 TERCERO : La primera cuestión que debe abordarse se refiere a la denunciada inconsistencia en la definición del mercado que la recurrente imputa a la resolución recurrida. Así, destaca que solo opera a nivel local, en la provincia de Málaga, por lo carece de sentido su participación en un cártel de ámbito nacional, sin que, en consecuencia, pueda influir en el juego de la competencia del sector. Su flota (de 350 a 700 vehículos no todos destinados al alquiler), volumen de facturación, número de trabajadores y destinatarios de su oferta avalarían esta tesis, particularmente cuando en el sector hay unas 1800 empresas y 5 detentan el 56% del mercado.

 Debemos destacar de entrada y con toda claridad, que cualquier debate sobre la obligación de la CNC respecto de una precisa y concreta definición del mercado como presupuesto para la declaración de una infracción del artículo 1 de la LDC o 101 del TFUE , debe zanjarse de forma contundente con una respuesta negativa.

 Así lo ha entendido una constante y uniforme jurisprudencia de la es muestra la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (TPI), de 11 de diciembre de 2003 (asunto T- 61/99 , Adriática, invocada por la recurrente), apartado 27, que recuerda la distinta importancia que tiene la definición del mercado cuando se trata de aplicar el artículo 101 del TFUE o el 102 del mismo texto (antiguos artículos 85 y 85 TCEE ).

 Por lo que respecta a los acuerdos horizontales de precios ( artículo 101 TFUE ), el mercado de referencia debe definirse para determinar únicamente si la conducta anticompetitiva puede afectar al comercio entre Estados miembros y tiene por objeto por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. Con más contundencia aún se pronunció sobre este tema el Auto del TJUE de 16 de febrero de 2006 C-111/04 , apartado 31, que desestimó el recurso de casación interpuesto contra dicha Sentencia. En definitiva, para la declaración de la existencia de la infracción, es decir, para la tipificación de la conducta, no es indispensable realizar una precisa definición del mercado relevante que vaya más allá de los fines antes señalados.

 Cuestión distinta y, sin duda relevante, es la importancia de la definición del mercado a otros efectos. En concreto en supuestos como el presente, en el que la queja de la recurrente sobre la indefinición del mercado se refiere a aspectos, que aún sin referirse a la declaración de la existencia de la infracción, son, sin duda, importantes y están vinculados a la aplicación del artículo 1 LDC , que es prácticamente idéntico al artículo 101 TFUE . En este sentido pueden citarse, el alcance de dichas prácticas, su naturaleza única o global y el grado de participación de cada empresa sancionada en la infracción así definida. Recuerda la Sentencia Adriática mencionada (apartado 30), que dichos elementos están íntimamente relacionados con el principio de responsabilidad personal por la comisión de infracciones colectivas ( STJUE de 8 de julio de 1999 Comisión/Anic C- 49/92 , apartado 78) y con principios generales del derecho como el de seguridad jurídica y proporcionalidad.

 El problema presenta especial relevancia en los casos en los que se imputa a la empresa sancionada una infracción continua y compleja, pues sobre la base de una decisión de la CNC que declara la existencia de un acuerdo general sobre precios, los clientes de las empresas sancionadas podrían demandar el resarcimiento de los daños provocados por ello.

 Por esta razón, concluye la Sentencia Adriática, el pleno ejercicio del derecho de defensa respecto de una imputación personal y sólo a estos efectos, implica partir de una correcta y suficiente delimitación del mercado

 En el presente caso, y contrariamente a lo que sostiene la recurrente, debemos concluir que la CNC realizó una delimitación del mercado lo suficientemente precisa para garantizar los objetivos definidos.

 A partir del apartado 147 de la resolución recurrida se procede a la delimitación del mercado. Respecto del mercado relevante de producto señala (153) que en el presente caso se centra en el mercado de alquiler de coches sin conductor a corto plazo (menos de 1 año), ya sea vacacional, al que dedica un mayor análisis, o por negocios. Concluye afirmando que existe, sin duda, una diferencia apreciable en los precios y servicios ofrecidos por las empresas multinacionales y las locales, cuando se trata de alquiler vacacional. También define el mercado geográfico como nacional, de acuerdo con una práctica consolidada haciendo referencia estrecha a la relación de dicho mercado con el turismo, lo que determina una concentración elevada de actividad en determinadas Comunidades Autónomas.

 Desde el punto de vista de la oferta y la demanda analiza las diferencias entre el sector turístico y el de negocios. En el FJ 5 de la resolución se realiza la valoración del Consejo sobre el mercado tomando en consideración, no solo las alegaciones de las partes, sino la propuesta de la DI y de forma expresa señala la ausencia de barreras como el elemento que permite descartar la tesis de la existencia de un mercado diferenciado limitado al sector turístico.

 Ninguna vulneración se ha producido pues del derecho de defensa, ya que la recurrente han podido, en todo momento, y en esto coincidimos con la CNC, conocer la dimensión del mercado tomada en consideración por la resolución recurrida y las consecuencias que de ello podrían derivarse. Buena prueba de ello es la precisión con la que la recurrente desbroza sus argumentos en su escrito de demanda.

 Por otra parte, consideramos que el mercado geográfico ha sido correctamente delimitado. El hecho de que la recurrente opere únicamente en un ámbito local y provincial, no es obstáculo, como veremos a continuación, para participar en una infracción continua y compleja, que despliega su actividad en diferentes Comunidades Autónomas

 CUARTO : A continuación procede referirse a la problemática suscitada por la calificación de la conducta descrita, como una infracción única y continua en la que la recurrente, de acuerdo con las tesis de la CNC, tendría una participación completa si bien limitada en el tiempo desde su incorporación al cártel, el dos de abril de 2009.

 Llegados a este punto, este Tribunal considera necesario realizar una precisión conceptual que puede acarrear importantes consecuencias jurídicas. Esta precisión viene motivada por el uso indistinto e indebido que se realiza en nuestra práctica y jurisprudencia, entre los conceptos de infracción continua y continuada, claramente distinguidos en el artículo 25.2 del Reglamento 1/2003 .

 La Sentencia del Tribunal General de 17 de mayo de 2013 Asunto Trelleborg Industrie SAS, T-147 y 148/09 , apartados 57 a 71 y 72 a 89, reitera y expresa con claridad la distinción entre ambos conceptos y sus consecuencias en la forma que pasamos a sistematizar. No obstante, con carácter previo, debemos precisar que las formas de comisión de la infracción, permiten calificar la infracción única, ya sea como continua o bien como continuada, pues el concepto "única" se refiere a un comportamiento prolongado en el tiempo que tiene una única finalidad económica dirigida a falsear la competencia, o incluso a infracciones individuales relacionadas entre ellas por una identidad de objeto y de sujetos

 1. Concepto de infracción continua y sus consecuencias:

 -La jurisprudencia permite a la Comisión presumir que la infracción, o la participación de una empresa en ella, no se ha interrumpido, aunque no disponga de pruebas de la infracción durante algunos períodos específicos, siempre que las diferentes acciones que forman parte de esa infracción persigan una sola finalidad y puedan insertarse en una infracción de carácter único y continuo, apreciación ésa que debe sustentarse en indicios objetivos y concordantes acreditativos de la existencia de un plan conjunto (apartado 61).

 - Cuando concurren esas condiciones el concepto de infracción continua permite, de esa forma, que la Comisión imponga una multa por la totalidad del período de infracción considerado y determine la fecha en la que empieza a correr el plazo de prescripción, a saber, la fecha en la que la infracción continua ha finalizado (apartado 62), sin perjuicio del derecho de la parte a desvirtuar dicha presunción.

 -La consecuencia fundamental, se vincula a la fijación del "dies a quo" a los efectos del cómputo del plazo de prescripción y al hecho de que la responsabilidad de la empresa sancionada debe calcularse, en principio, teniendo en cuenta todo el período de duración de la infracción.

 2. Concepto de infracción continuada y sus consecuencias:

 -Cuando pueda considerarse que la participación de una empresa en la infracción se interrumpió y que la empresa intervino en ésta antes y después de esa interrupción, dicha infracción puede calificarse como continuada si, al igual que la infracción continua, existe un objetivo único perseguido por la misma, antes y después de la interrupción.

 Esta circunstancia podría deducirse de la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos afectados, de las empresas que han participado en la colusión, de las formas principales de su ejecución, de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas y por último del ámbito de aplicación geográfico de esas prácticas.

 -En ese supuesto la infracción es única y continuada, y aunque la Comisión puede imponer una multa por todo el período de duración de la infracción, en cambio no puede imponerla por el período durante el que ésta se interrumpió.

 - El origen del artículo 25.2 del Reglamento 1/2003 se encuentra en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la competencia de la Comunidad Económica Europea (DO L 319, p. 1; EE 08/02, p. 41), del que proceden las disposiciones sobre la prescripción contenidas en el Reglamento nº 1/2003. Dicha norma se refería a las infracciones «continuas o continuadas», y en la versión en lengua francesa al de infracciones «continues ou continuées, que fue sustituido en la versión en lengua francesa del artículo 25, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 , por el de infracción «continuée ou répétée», modificación que no se dio en las demás versiones lingüísticas, lo que ha dado lugar a una cierta confusión conceptual.

 -Lamentablemente tenemos que consignar que por un problema de traducción, se presentan ambos conceptos como sinónimos cuando claramente no lo son, por lo que consideramos pertinente establecer la presente precisión.

 QUINTO: En el presente caso no cabe duda de que, pese al uso indistinto que de ambos conceptos realiza la resolución recurrida, la imputación que se hace a la recurrente se refiere a la eventual existencia de una infracción continua.

 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ha establecido las pautas o elementos que deben tomarse en consideración para calificar una conducta como infracción única y continua, que parten de un presupuesto irrenunciable, la existencia de un plan único de actuación conjunta de las distintas entidades implicadas.

 En este sentido puede citarse la Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2012, Asunto Verhuizongen Coppens, C- 441/11 , apartado 41, en el que se indica que: "Según reiterada jurisprudencia, una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, actualmente 101.1 del TFUE , puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto ( sentencias Comisión/Anic Partecipazioni, antes citada, apartado 81, así como de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Rec. p. I-123, apartado 258)".

 Por su parte, el Tribunal General, sin perjuicio, obviamente, de aplicar esta jurisprudencia, ha puntualizado los siguientes extremos:

 1º Así, en la sentencia de 6 de febrero de 2014, asunto T-27/10 AC- Treuhand AG, apartados 240 y 241, señala que no puede identificarse de forma genérica el concepto "objetivo único", que subyace en el plan conjunto de las empresas implicadas, con la simple distorsión de la competencia, pues ese es el presupuesto de la calificación de la práctica como anticompetitiva. Esa interpretación tendría como consecuencia, que varios comportamientos relativos a un sector económico, contrarios al artículo 81 CE , apartado 1, deberían calificarse sistemáticamente como elementos constitutivos de una infracción única (véase la sentencia del Tribunal de 30 de noviembre de 2011, Quinn Barlo y otros/Comisión, T-208/06 , Rec. p. II-7953, apartado 149, y la jurisprudencia citada).

 Por ello, debe siempre verificarse el grado de complementariedad de los distintos comportamientos que integran la infracción única.

 A este respecto, habrá que tener en cuenta cualquier circunstancia que pueda demostrar o desmentir dicho vínculo, como el período de aplicación, el contenido (incluyendo los métodos empleados) y, correlativamente, el objetivo de los diversos comportamientos de que se trata (véase la sentencia Amann &amp; Söhne y Cousin Filterie/Comisión, antes citada, apartado 92, y la jurisprudencia citada).

 2º La sentencia de 17 de mayo de 2013 Asunto T-147/09 Trelleborg Industrie, apartados 59 y ss, precisa que:

 a) En el marco de una infracción que dura varios años, no impide la calificación de infracción única el hecho de que las distintas manifestaciones de los acuerdos se produzcan en períodos diferentes, siempre que pueda identificarse el elemento de unidad de actuación y finalidad

 b) De acuerdo con una práctica jurisprudencial constante se han identificado una serie de criterios que ayudan a calificar una infracción como única y continua, a saber: la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos y servicios, de las empresas participantes, y de las formas de ejecución, pudiéndose tener en cuenta, además, la identidad de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas implicadas y la identidad del ámbito de aplicación geográfico de las prácticas consideradas.

 c) La Comisión puede, en consecuencia, presumir la permanencia de una empresa durante todo el período de duración del cártel, aunque no se haya acreditado la participación de la empresa en cuestión en fases concretas, siempre que concurran los elementos suficientes para acreditar la participación de la empresa en un plan conjunto con una finalidad específica, que se prolonga en el tiempo. La consecuencia inmediata de ello, es que el "dies a quo" del plazo de prescripción, se computa a partir del cese de la última conducta.

 Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad conferida a la empresa implicada de desvirtuar esta presunción.

 Esta doctrina ha sido plenamente asumida por esta Sala de la Audiencia Nacional en las Sentencias de 15 de julio de 2014 (recursos nº 150/2013 y 176/2013, asunto Torres Epic y Tepol ).

 Sin perjuicio de lo anterior, debe recordarse que con carácter general, el derecho sancionador español ha descrito este tipo de infracción en el artículo 4.6 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto , por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, que dispone: "Asimismo, será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión".

 La construcción española de la infracción continua obedece a un principio inspirador, importado del proceso penal, que tiene por objeto atenuar la responsabilidad del infractor, mientras que la concepción dimanante de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se inspira en la doctrina anglosajona de la conspiracy. Esta doctrina tiene por objeto establecer una presunción en favor de la Comisión, a los efectos de facilitar la prueba de la participación de las empresas en infracciones complejas y de larga duración en las que no necesariamente se dispone prueba directa de la participación del sujeto infractor durante todo el período de la vulneración del Derecho de la Competencia. Naturalmente, esta presunción admite prueba en contrario. Por otra parte, puede observarse que el texto legal español emplea la expresión infracción continuada, sin efectuar la distinción a la que hemos hecho referencia entre infracción continua y continuada.

 SEXTO: Una vez establecida la existencia del cártel y la calificación de la infracción como única y continua, debemos analizar la conducta de la recurrente para determinar su grado de participación y si, efectivamente, estaba al corriente de todos los objetivos y conductas del cártel. Nuestro análisis, de conformidad con la doctrina establecida en la sentencia de 27 de septiembre de 2011 del TEDH, Asunto Menarini Diagnósticos , deberá examinar con profundidad los elementos de hecho de carácter incriminatorio para poder pronunciarnos sobre una eventual infracción de la normativa de competencia aplicada.

 La recurrente apoya sus alegaciones en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que determina la inexistencia de la infracción, por entender que no ha sido probada su participación en el cártel, a pesar de haber asistido a alguna reunión del mismo.

 De conformidad con la jurisprudencia expuesta, corresponde a la Comisión las prueba sobre la participación en el cártel de cada empresa y además debe probar que éstas conocían las distintas conductas que se desarrollaban en el mismo, en este caso, la fijación de precios y la determinación y homologación de otras condiciones comerciales, como las fechas de inicio de cada temporada y la fecha de ejecución de los acuerdos.

 Sobre la valoración que debe darse al hecho de haber asistido a una sola reunión del cártel, extremo sobre el que insiste la recurrente, existe una jurisprudencia consolidada, que pasamos a exponer.

 Resulta clásica la cita de la Sentencia del Tribunal de Justicia ( STJUE) de 4 de junio de 2009, asunto C-8/08 T-Mobile, que a este respecto realiza las siguientes afirmaciones en respuesta a la tercera de las cuestiones prejudiciales que le fueron planteadas:

 1. Un único intercambio de información entre competidores puede conducir "per se", a una concertación contraria a las normas de competencia.

 2. No obstante lo anterior, admite que en función de la estructura del mercado, una única toma de contacto pudiera no ser suficiente en el supuesto de que los operadores que participan en la concertación creen un cártel con un sistema complejo y sofisticado en relación con un gran número de aspectos relativos a su comportamiento en el mercado.

 3. El punto decisivo no es el número de reuniones al que se asiste, sino el hecho de saber si el contacto o los contactos que se han producido han dado la posibilidad de tener en cuenta la información intercambiada.

 4. La presunción de que existe una relación de causalidad entre la concertación y el comportamiento de dicha empresa en el mercado existirá siempre que la empresa participante en la concertación permanezca activa.

 Esta doctrina, que puede calificarse como clásica ha sido recientemente reiterada por sentencias del Tribunal de Justicia como la de 3 de mayo de 2012 asunto Comap C-290/11 , seguida también por una constante jurisprudencia del Tribunal General de la que es un ejemplo la STG de 30 de noviembre de 2011, asunto Quin Barloo, en la que se indica, a partir del apartado 47, que: "Cuando la participación en tales reuniones ha quedado acreditada, incumbe a esta empresa aportar los indicios adecuados para demostrar que su participación en las reuniones no estaba guiada en absoluto por un espíritu contrario a la competencia, probando que informó a sus competidores de que ella participaba en las reuniones con unas intenciones diferentes a las suyas (sentencias Hüls/Comisión, citada en el apartado 36 supra, apartado 155; Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 34 supra, apartado 96, y Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartado 81).

 La razón que subyace en este principio jurídico es que, al haber participado en la reunión sin distanciarse públicamente de su contenido, la empresa ha dado a entender a los demás participantes que suscribía su resultado y que se atendría a éste (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartado 82)".

 Resulta de interés la cita de la STJUE de 17 de septiembre de 2015, asunto Total Marketing Services SA, C-634/13 , cuya doctrina ha sido reiterada por la STJUE de 21 de enero de 2016, asunto C- 74/14 , Eturas UAB, en la medida en que viene a precisar el concepto y características que debe reunir el distanciamiento público para exonerar de responsabilidad a los asistentes a reuniones anticompetitivas. Así se afirma que, aunque la constancia de un distanciamiento público es un medio idóneo para acreditar la ruptura con el cártel, no es la única opción con la que cuenta una empresa acusada de participar en el mismo, concluyendo que, cuando la empresa en cuestión haya dejado de participar en las reuniones durante un período significativo, la Comisión deberá acompañar algún elemento de prueba concordante para acreditar que sigue siendo partícipe del cártel.

 En el presente caso, como ya tempos señalado, la CNC estableció que la recurrente había asistido a las siguientes reuniones del cártel: 2 de abril de 2009, 29 de julio de 2009, 3 de septiembre de 2009, 15 de septiembre de 2009, 16 de diciembre de 2010, 11 de enero de 2011, 26 de enero de 2011, 16 de febrero de 2011, 16 de marzo de 2011, y 30 de marzo de 2011. Además, el 30 de abril de 2009, la recurrente habría remitido un correo electrónico al Presidente de AECA, a través de "ACAVA", advirtiéndole de precios bajos en algunos brokers.

 La primera de ellas, de particular importancia pues supone la ampliación del cártel, está acreditada por el documento elaborado por Goldcar (folios 528 y 529 del expediente administrativo) que realiza resumen de lo ocurrido en dicha reunión de dos de abril de 2009, que describe unas pautas de actuación claramente anticompetitivas.

 En primer lugar debe destacarse que la recurrente, miembro de AESVA, reconoce expresamente que acude a la reunión en compañía de un abogado, experto en Derecho de la Competencia, para quejarse ante las promotoras del cártel y empresas de más potencial sobre sus prácticas de fijar precios predatorios, amenazando con el ejercicio de acciones legales.

 Sin perjuicio de lo anterior, el documento refleja, además, un contenido anticompetitivo consistente en un acuerdo final sobre precios para la temporada baja y media, y su extensión por parte de varias empresas al "resto del territorio", más allá de Andalucía, lo que pone de manifiesto que la recurrente conocía los detalles del plan global que caracterizaba al cártel y en consecuencia debe reputarse partícipe en todas las conductas del mismo. Resulta significativa la frase que figura en dicho documento referida, entre otros, a la recurrente que dice: "Al final creo que van a desistir pero tienen muy claro que al que se salga del acuerdo le presentarán denuncia".

 Una vez constatado que la recurrente asistió a la reunión asesorada por un abogado experto en Derecho de la Competencia y que en la misma sesión se trató, no solo el acuerdo sobre la fijación de precios, sino otras condiciones comerciales como las fechas de inicio de las temporadas baja y media y el momento de ejecución de los acuerdos, como confirman las comunicaciones expedidas por la empresa Goldcar a los participantes al día siguiente (folios 7316 y 5870), la carga de la prueba sobre el abandono de la reunión y su rechazo a las prácticas anticompetitivas adoptadas, corresponde a la recurrente.

 La jurisprudencia anotada le exige para aceptar su desvinculación del cártel un distanciamiento público de dichas conductas o una prueba similar, lo que no se ha acreditado que haya ocurrido.

 La asistencia a una única reunión, de acuerdo con la jurisprudencia expuesta, puede ser suficiente para vincular a una empresa a un cártel, pues lo relevante, no es tanto el número de reuniones a las que se asiste, como el contenido de éstas y sobre todo, la complejidad del cártel.

 En el presente caso, debemos concluir que la estructura del cártel es sencilla y que bastaba con la asistencia a una sola reunión para tomar conocimiento de su objeto, esencialmente la fijación de precios y condiciones comerciales, las condiciones de aplicación y su dimensión suprautonómica, razón por la que no es aplicable la doctrina de las SSTGUE de 11 de diciembre de 2003 (asunto Adriática T-61/99) y de 12 de septiembre de 2007 ( asunto Coats Holdings T-36/05) y las SSAN de 25 de octubre de 2012 y de 25 de enero de 2013 , invocadas por la recurrente.

 No obstante, son hasta diez las reuniones en las que participa la recurrente y lo que resulta particularmente llamativo es el correo electrónico que envió D.          José , directivo de New Cars, al Presidente de AECA el 30 de abril de 2009, en el que dice lo siguiente:

 "Seguimos teniendo problemas con nuestros colaboradores a la hora de fijar los precios.

 En nuestra última reunión se estableció un precio por semana para el coche más pequeño. Las discordancias aparecen para los alquileres de más o menos días, donde dicho precio no se está aplicando.

 Nuestros colaboradores nos presionan alegando que si otros proveedores no les exigen este mínimo, ni en Málaga ni en otros destinos, para dichos alquileres, no van a hacerlo con nosotros. Es necesario que todos unamos nuestros criterios y actuemos por igual para poder volver a dirigir el mercado y arrebatar ese control a los colaboradores, tal y como ha estado ocurriendo hasta ahora".

 Este documento (folio 5018 del expediente), evidencia, sin género de dudas, que la recurrente, no sólo estaba al corriente de las prácticas anticompetitivas descritas, sino que, además, era un miembro activo del cártel. Por ello no podemos aceptar las alegaciones de la recurrente sobre su desconocimiento de lo tratado en la reunión de dos de abril de 2009, a la que reconoce haber asistido aunque, según afirma, lo hizo para tratar cuestiones profesionales dentro del marco de las competencias de AESVA.

 La inexistencia de un acuerdo expreso de adhesión al cártel o la falta de apoderamiento de las personas que según los correos indicados asistieron a las reuniones, no es obstáculo, de acuerdo con la jurisprudencia expuesta, para declarar la responsabilidad de la recurrente, pues el dato relevante es que la simple recepción de información estratégica, aún pasiva, que se produce en las diferentes reuniones, condiciona la iniciativa de las partes en el mercado. Por ello basta la mera asistencia, incluso a una sola reunión, para tener por probada la participación en el cártel, siempre que la estructura del mismo no sea compleja y la empresa siga activa en el mercado, como ocurre en este caso, y, además, no se haya producido un distanciamiento público del mismo o actuación análoga por parte de la recurrente.

 En el presente caso contamos con el correo de 30 de abril de 2009 reseñado, dato suficiente para tener por probada su participación a la vista de los contundentes términos en los que se pronuncia. Esta circunstancia hace perfectamente creíble la constante mención a la recurrente en los distintos correos como partícipe del cártel y su convocatoria a las diferentes reuniones. A ello debe unirse la falta de distanciamiento del mismo o conducta asimilada, que constituye un dato determinante para confirmar la responsabilidad de la recurrente.

 Otro ejemplo de la participación directa de la recurrente en el cártel, es el documento que obra en el expediente con el número 8814 en el que New Cars responde a los restantes miembros del cártel sobre sus incumplimientos. En el mismo textualmente se dice que: "Por otro lado, y por lo que tenía entendido, el tema estaba en repartirnos el pastel de reservas entre todos, pero como he podido comprobar el pastel se lo quieren llevar entero entre unos pocos, intentando engañarnos al resto, dando precios netos muy bajos pero presionando para que se venda al precio mínimo".

 En esta misma línea podemos citar el correo de la recurrente dirigido "a todos", de 16 de septiembre de 2009 (folio 7504) en el que además de tratar la cuestión de fijación de precios, se indica claramente que todos estaban implicados en el cártel y animaba a seguir en el mismo.

 Finalmente solo cabe decir que, contrariamente a lo que alega la recurrente, no hay constancia de documento o prueba alguna que ponga de manifiesto su voluntad de separarse o distanciarse del cártel a partir del 30 de marzo de 2011, por lo que debe rechazarse su petición subsidiaria de modulación temporal de su responsabilidad.

 En atención a lo expuesto, debemos concluir que la CNC fundó su resolución en una prueba de cargo suficiente por lo que ninguna vulneración del artículo 24 CE y más en concreto del derecho a la presunción de inocencia, se ha producido.

 SÉPTIMO: Sobre la graduación de la multa deben realizarse las siguientes consideraciones:

 1. La regla "de minimis" invocada por la recurrente no es aplicable a las infracciones consistentes en acuerdos horizontales para alterar las reglas del mercado, singularmente en los casos de la fijación de precios ( artículo 2.1 a) del RD 261/2008 ).

 2. El tope máximo del 10% para el cálculo de la multa, se refiere al volumen total de negocios de la empresa en cuestión, con independencia de los sectores de actividad en los que realiza su producción y el mercado en el que opera ( STS de 29 de enero de 2015 ).

 3. No concurre ninguna de las atenuantes que invoca, ya que su colaboración con la CNC se ha limitado a no obstruir su actividad inspectora, ha puesto fin al cártel como consecuencia de la actuación de la CNC, no consta qué actuaciones haya realizado para reparar el daño causado y tampoco consta, más bien lo contrario, que no haya aplicado los acuerdos.

 4. No obstante lo anterior, y de conformidad con la doctrina establecida en la STS de 29 de enero de 2015 , debemos concluir que procede la estimación parcial del recurso dado que la sanción impuesta ha sido calculada con aplicación de la comunicación sobre multas de la CNC de 6 de febrero de 2009. En consecuencia, la CNC deberá realizar un nuevo cálculo de la multa, tomando en consideración las indicaciones de la referida Sentencia.

 OCTAVO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA no procede realizar un especial pronunciamiento sobre las costas, debiendo abonar cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

 Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente

FALLO

 Estimamos en parte el recurso interpuesto con el alcance y a los efectos que se determinan en el FJ Séptimo. 4. Sin costas. Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 248 de la LOPJ , al tiempo de notificar la presente sentencia, se indicará a las partes que contra la misma no cabe recurso de casación ordinario.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 17/03/2016 doy fe.