Id. Cendoj: 28079230062016100083
ECLI: ES:AN:2016:955
ROJ: SAN  955/2016
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 102/2016
Fecha de Resolución: 16/03/2016
Nº de Recurso: 486/2013
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000486 / 2013

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 04750/2013

 Demandante: CARGEST SL

 Procurador: D. ARGIMIRO VÁZQUEZ GUILLÉN

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a dieciseis de marzo de dos mil dieciséis.

 VISTO , en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, el recurso nº 486/13 , seguido a instancia de " Cargest SL ", representadas por el Procurador de los Tribunales D. Argimiro Vázquez Guillén, con asistencia letrada, y como Administración demandada la General del Estado, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado. El recurso versó sobre impugnación de Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) , la cuantía se fijó en 160.983 euros, e intervino como ponente el Magistrado Don Santiago Soldevila Fragoso . La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO :.- Para el correcto enjuiciamiento de la cuestión planteada es necesario el conocimiento de los siguientes hechos:

 I. La recurrente en este proceso es:

 CARGEST, S.L. (CARGEST), cuyo objeto social es, desde su constitución en 1997, el alquiler de vehículos sin conductor en Málaga, así como la compraventa de automóviles. No pertenece a ningún grupo empresarial. Al tiempo de dictarse la resolución recurrida se encontraba inmersa en un procedimiento concursal. CARGEST es miembro de AESVA. Su cuota de mercado está entorno al 1% del mercado de producto y no tiene oficina en el aeropuerto de Málaga, operando desde su sede social en la ciudad.

 II. La actuación de la CNC que da lugar a las presentes actuaciones se inicia el 2 de agosto de 2011, con la entrada en la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) de la solicitud de exención del pago de la multa presentada por SOL MAR ALQUILER DE VEHÍCULOS, S.L., (SOLMAR), por la comisión de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC ) consistente en la participación en pactos y acuerdos para la fijación de los precios y condiciones comerciales en el sector de alquiler de vehículos sin conductor.

 1 . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la LDC , la Dirección de Investigación de la CNC (DI), realizó una información reservada con el fin de determinar la concurrencia de circunstancias que justificasen la incoación de un expediente sancionador por conductas anticompetitivas en el sector de alquiler de vehículos sin conductor.

 2. En el marco de esta información reservada, entre otras actuaciones, el 25 de octubre de 2011 la DI concedió la exención condicional del pago de la multa a SOL MAR ALQUILER DE VEHÍCULOS, S.L, en virtud del artículo 65.1.a) de la LDC , al aportar elementos de prueba que, a juicio de la DI, le permitían ordenar el desarrollo de inspecciones a la CNC en relación con el cártel descrito en la citada solicitud de exención del pago de la multa.

 3. De acuerdo con el artículo 40 de la LDC , el 26 de octubre de 2011 la CNC llevó a cabo inspecciones simultáneas en las sedes de AURIGACROWN CAR HIRE, S.L. (en adelante, AURIGACROWN), NIZA CARS, S.L. (en adelante, NIZA), GOLDCAR SPAIN, S.L (en adelante, GOLDCAR), DRIVALIA CAR RENTAL, S.L. (en adelante, DRIVALIA) y RECORD-GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. (en adelante, RECORD-GO).

 4. El 12 de diciembre de 2011 tuvo entrada en la CNC la solicitud de exención del pago de la multa o, en su caso, subsidiariamente de reducción del importe de la multa, presentada por NIZA, por la comisión de una infracción del artículo 1.1 de la LDC , consistente en acuerdos para fijar precios mínimos en el sector de alquiler de vehículos sin conductor.

 5 . El 23 de diciembre de 2011 la DI rechazó esta solicitud de exención del pago de la multa presentada por NIZA, dado que no se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 65.1 de la LDC , y acordó examinar la información y los elementos de prueba presentados por NIZA bajo la consideración de una solicitud de reducción del importe de la multa.

 6. De acuerdo con el artículo 40 de la LDC , el 11 de enero de 2012 la DI llevó a cabo inspecciones simultáneas en las sedes de la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE COCHES DE ALQUILER (en adelante, AECA) y en las empresas FLORENCIO BARRERA E HIJOS, S.L. (en adelante, FLORENCIO BARRERA), CENTAURO y GUERIN RENT A CAR, S.L. (en adelante, GUERIN).

 7. A la vista de la información reservada realizada, la DI consideró que existían indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la LDC. Por ello, el 12 de enero de 2012, de conformidad con el artículo 49.1 de la LDC , la DI acordó la incoación del expediente sancionador S/0380/11 Coches de alquiler, contra determinadas empresas que fue ampliado el 20 de abril de 2012 para incluir a las recurrentes.

 III. La CNC concluyó que desde el 27 de mayo 2005, generalizándose a partir del 2 de abril de 2009 a otras entidades y hasta el mes de octubre 2011 (la última reunión se celebra el 30 de marzo de 2011), existió un cártel de empresas del sector del alquiler de vehículos sin conductor a corto plazo ( menos de un año), para fijar unos precios mínimos venta al público y pactar unas condiciones comerciales homogéneas al mismo precio: En alguna ocasión incluso pactaron los márgenes de algunos de los brokers o intermediarios con los que trabajaban más frecuentemente. El ámbito geográfico definido por la CNC es suprautonómico y abarca las Comunidades de Cataluña, Valencia, Andalucía y Baleares.

 1. En concreto, y según la apreciación de la CNC manifestada en la resolución recurrida, las entidades participantes en el cártel fijaban precios para las diferentes categorías de coches de alquiler, diferenciando según gama y temporada (alta o Premium, media, baja o invierno, navidades, semana santa, etc.), fijando también la duración temporal de dichas temporadas y la fecha de aplicación de los precios pactados. De esta manera podía fácilmente hacerse un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y no perder reservas, pues normalmente se acordaban incrementos de los precios mínimos.

 2. Estos acuerdos entre las entidades participantes en el cártel se realizaron fundamentalmente, en su fase inicial y según la apreciación de la CNC, a través de las reuniones celebradas por el cártel, normalmente en salas de hoteles o restaurantes reservadas alternativamente por las 5 empresas que originariamente constituyeron el cártel -Goldcar, Solmar, Centauro, Aurigacrown y Record .

 3. A partir de abril de 2009, la CNC concluye que se llegó a dar instrucciones incluso más precisas en cuanto al seguimiento del cártel y estableciéndose un mediador o garante de los acuerdos adoptados por el cártel, el Presidente de la AECA en esos momentos, que creó una cuenta de gmail, denominada acava (rentacares@gmail.com) para este propósito y a través de la cual se comunicaban todos los miembros del cártel.

 IV. Los hechos imputados por la CNC a la recurrente son los siguientes:

 1 . Asistir a la reunión convocada por AESVA y AECA el 2 de abril de 2009 en el Parador de Golf de Málaga y en la que participaron representantes de Record, Aurigacrown, Solmar, Centauro, Goldcar, Bardón y Rufo, Helle, New Cars, Niza, Prima, Cargest (vocal de Aesva asimismo) y las citadas asociaciones Aesva y Aeca.

 En la referida reunión se indicó al respecto lo siguiente, de acuerdo con el informe interno elaborado por Goldcar :

 "(...) el inicio ha sido tenso ya que (Aesva) insistía en que sus asociados quieren que se presenten esas denuncias, por que además ya se han gastado mucho dinero en el estudio que han hecho previamente e incluso nos ha dicho que nos puede valer para unificar precios y su abogado lo atestigua que con la excusa de la denuncia podemos llegar a un acuerdo y entonces no tendríamos problemas con el tribunal de la competencia por ponernos de acuerdo (lo cual todos sabemos que no debemos hacer)"

 "Al final creo que van a desistir pero tienen muy claro que al que se salga del acuerdo le presentaran la denuncia. (...) estos dos acuerdos anteriores son solo para Andalucía y va a vigilar que esto se cumpla el presidente (Aeca) a quien le tenemos que remitir cualquier incidencia que veamos y el le llamara el orden al infractor o tomaran las medidas que estimen oportunas". el acuerdo es para temporada baja, o sea desde el 1-11-09 al 15-3-10 el precio del coche mas pequeño sera 100 euros y el focus 130, con la salvedad que en navidad del 18.12.09 al 04-0110 sera un 20% mas caro, o sea 120 y 156 respectivamente.. se entiende que los precios son de venta al publico o sea cada proveedor es responsable de no entregar ningún vehículo que se venda al publico por debajo de estos precios. estos precios se pondrán a la venta en todas las web como máximo el día 1-5-09 o sea hay que hacer las gestiones necesarias antes para que los broquers en esta fecha ya vendan en estas cantidades.

 En cuanto a la temporada media se acuerda 105 y 140 desde el día 16-04-09 (en esta fecha tienen que estar en todas las web que venden) hasta 3l 30-10-09. no se acuerdan otros precios para veranos por que se decide que no hace falta dado que cada uno los va a subir a su criterio ya que todos eran conscientes de que en julio agosto y septiembre no va a ver coches y no es necesario ningún acuerdo. en este acuerdo (aurigacrown) se lo han pensado mucho ya que yo les he presionando sabiendo que tienen acuerdo de hace tiempo sobre todo con holiday autos y han dicho que lo arreglarían para solucionarlo, también ha asentido (...) de record quien ha dicho que ahora mismo algunos brokers estaban vendiendo entre 95 y 102, entre ellos holiday autos.

 Estos dos acuerdos anteriores son solo para Andalucía y va a vigilar que esto se cumpla el presidente (Aeca) a quien le tenemos que remitir cualquier incidencia que veamos y el le llamara el orden al infractor o tomaran las medidas que estimen oportunas".

 2. Asistencia a la reunión de 26 de enero de 2011 en la que se produjeron acuerdos anticompetitivos en la fijación de precios.

 V. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), mediante resolución de fecha de de adoptó las siguientes decisiones:

 1. Declarar que la actuación de la entidad recurrente descrita

 constituye una infracción única y continuada prevista en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia durante el período 2 de abril de 2009 hasta el mes de octubre de 2011.

 2. Imponer a la entidad recurrente una sanción de multa por importe de 160.983 euros.

 SEGUNDO:.- Por la representación de la actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución precedente, formalizando demanda con la súplica de que se dictara sentencia declarando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme a derecho. La fundamentación jurídica de la demanda se basó en las siguientes consideraciones:

 I. Nulidad de la resolución por falta de competencia del organismo que la dictó, como consecuencia de la errónea determinación del mercado relevante y del afectado. Infracción del artículo 1 Ley 1/2002 y del 6 de la Ley 6/2007 de 26 de junio de Promoción y Defensa de la Competencia en Andalucía :

 -El mercado relevante es el del alquiler de vehículos sin conductor low cost (gama baja) para turistas en aeropuertos de zonas turísticas (Costa del Sol, Baleares, Levante). El mercado afectado es, sin embargo, de ámbito local.

 -Existen dos marcos de actuación diferentes, que deberían haber dado lugar a dos expedientes distintos, ante autoridades distintas:

 a) Desde 2005, existe, al parecer, un cártel gestionado por 5 grandes empresas que detentan en el mercado relevante una cuota entorno al 56 y 60% (entre ellas no se encuentra la recurrente). Ejercen en varias Comunidades Autónomas y pactan precios en mercados dispersos. Debió tramitarse ante la CNC

 b) Desde 2009 a 2011, existe, al parecer, un acuerdo entre las 5 empresas referidas y otras radicadas en Málaga vinculadas su aeropuerto, limitando los acuerdos y reuniones a dicho mercado (la resolución implica a la recurrente en este grupo). De las 28 empresas investigadas, 17 son andaluzas, incluyendo dos asociaciones empresariales locales, con nulo poder de influencia en el mercado nacional. Debió tramitarse ante la Autoridad Andaluza de la Competencia.

 II. Nulidad por infracción del principio de presunción de inocencia:

 -La única prueba empleada contra la recurrente es la de su asistencia a la reunión de 2 de abril de 2009, a la que sí asistió, y a otra posterior de 26 de enero de 2011, extremo no probado.

 -Destaca particularmente que la reunión de 2 de abril de 2009 fue convocada por AESVA y AECA, se celebró en dos sesiones y reunió a los agentes más representativos del sector.

 -La recurrente no fue convocada a la reunión como tal, aunque su administrador, el Sr.        Augusto , asistió en su condición de vocal de AESVA.

 -En la primera sesión, única a las que asistió Don.        Augusto , se trató como tema central el posible ejercicio de acciones legales contra determinadas empresas por realizar prácticas anticompetitivas (ventas a precios predatorios). Ante el enconamiento producido, Don.        Augusto abandonó la reunión, que continuó con los integrantes del cártel y según indica el párrafo 253 de la resolución recurrida, en ese momento se pactaron las prácticas colusorias.

 -La recurrente no fue informada por la vía de comunicación establecida por el cártel (correo Acava) de los supuestos acuerdos alcanzados y el 4 de febrero de 2009 fue declarada en situación de concurso.

 - El informe de la Administración concursal destaca que la crisis económica de la recurrente se debió, en parte, a la situación generalizada de competencia desleal en el sector y destaca que mantuvo su iniciativa de ejercicio de acciones hasta el mes de julio de 2011.

 -El documento que la CNC utiliza para probar su asistencia a la reunión de 2 de abril de 2009, es un documento privado, expedido unilateralmente por una empresa sancionada, al día siguiente de la reunión y contradictorio con el resto de la prueba. Ninguna de las empresas que solicitó la clemencia implicó a la recurrente en el cártel. Tampoco la recurrente figura como receptora o emisora de ninguno de los correos intercambiados por las empresas sancionadas, siendo especialmente relevante el de 15 de septiembre de 2009 (folio 5189) en el que se identifican a las empresas participantes en el cártel.

 -Nula prueba sobre la asistencia de la recurrente a la reunión de 26 de enero de 2011:

 a) La recurrente no asistió a ninguna reunión previa, ni fue convocada a ésta, b) ningún correo posterior le fue remitido en orden a garantizar la ejecución de los acuerdos adoptados, c) Goldar, Helle y Record-Go, tres empresa sancionadas levantaron acta manuscrita de la reunión y no mencionan a la recurrente, que sólo aparece mencionada en un correo del día siguiente (folio 4840-4842), d) En esas fechas la recurrente concretó toda su actividad en negociar su situación concursal (la junta de acreedores se celebró el 24 de febrero de 2011).

 -Invoca las SSTGUE de 11 de diciembre de 2003 (asunto Adriática T-61/99) y de 12 de septiembre de 2007 ( asunto Coats Holdings T-36/05) y las SSAN de 25 de octubre de 2012 y de 25 de enero de 2013 . La asistencia esporádica a una o dos reuniones no basta para sancionar si no va acompañada de otros elementos incriminatorios.

 -Justifica su exclusión del cártel por los siguientes motivos:

 a) No participó en las reuniones del cártel

 b) No fue informada por los miembros del cártel de la marcha del mismo.

 c) No fue convocada a las reuniones del cártel.

 d) No aplicó los precios colusorios, actuando al margen de la operativa del cártel.

 e)La CNC en la página 151 de la resolución impugnada duda de la suficiencia de esta prueba y justifica la sanción por falta de apartamiento público del cártel después de haber asistido a una reunión.

 f)La difícil situación financiera por la que pasaba le obligaba a concentrar sus esfuerzos en la gestión de la empresa y no en la organización de un cártel.

 g)Denuncia un trato discriminatorio respecto de la empresa Sixt Rent a Car que encontrándose en situación similar a la de la recurrente, e incluso habiendo recibido algún correo invitándola a reuniones, fue excluida del cártel por la CNC.

 III. Subsidiariamente. Error en la determinación de las circunstancias concurrentes. Inaplicación de circunstancias atenuantes e infracción del principio de proporcionalidad:

 -Denuncia un cierto automatismo en la imposición de las sanciones por las siguientes razones: a) el mercado afectado no es, para la recurrente, el nacional sino el local de Málaga, b) No hay base para suponer que la recurrente prestó asentimiento al cártel nacional, c) La recurrente carecía de información e interés en dicho cártel, d) a lo sumo debería haberse limitado la participación de la recurrente hasta 2010, fecha en la que su administrador abandonó la Junta Directiva de AESVA e) Contrariamente a lo que dice la resolución recurrida, la recurrente presentó los datos económicos de todos los ejercicios y no solo de 2012, como señala la resolución recurrida, f) La CNC aplica el 10% sin mayor justificación.

 -Indebida inaplicación de la atenuante de nulo efecto en el mercado del comportamiento infractor, ex. artículo 64.1 e LDC ). Tampoco se ha tenido en cuenta la irrisoria cuota de mercado de la recurrente.

 -La elevada cuantía de la sanción pone en peligro la viabilidad económica de la empresa.

 TERCERO:.- La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella con la súplica de que se dicte sentencia desestimando el recurso y declarando ajustada a derecho la resolución recurrida. Recuerda que la competencia de la CNC abarca los supuestos en los que los efectos de la conducta anticompetitiva exceden del marco de una Comunidad Autónoma con independencia de la actuación de la recurrente. Recuerda la jurisprudencia del TJUE (Aalborg, Dansk Rorindustri y Archer Daniels), sobre las consecuencias de asistir, aún pasivamente, a una reunión anticompetitiva sin distanciarse públicamente de la misma.

 El acta de la reunión de 2 de abril de 2009 detalla las conductas anticompetitivas asumidas por la recurrente, siendo irrelevante que fuera convocada a título personal o no, que al recibir la información limitaba su capacidad de actuación autónoma. Además, participó en la reunión de 26 de enero de 2011, que demuestran el papel activo de la recurrente en la implementación del cártel.

 La duración establecida de la infracción es correcta, de acuerdo con la doctrina de la STGUE de 24 de marzo de 2011 asunto IBP T-384/06, apartado 56, al no haberse distanciado la recurrente públicamente de la conducta.

 La sanción es proporcional, dado que la infracción se consuma por su objeto. Se han tomado en consideración todos los parámetros legales. De conformidad con el artículo 62.4 a) LDC , la infracción se califica como muy grave, fijando el art. 63.1 c) la multa, hasta el 10% del volumen de negocios.

 Se han tomado en cuenta todas las circunstancias concurrentes, afectando de forma muy dañina a un mercado bien delimitado, con un correcto cálculo de la duración de la infracción, se tomó como base del cálculo el volumen de negocio declarado en el ámbito geográfico afectado por la conducta ilícita y finalmente se aplicó el porcentaje del 10%. Se aplicó correctamente la Comunicación de 6 de febrero de 2009.

 CUARTO:.- Practicada la prueba declarada pertinente, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.

 QUINTO:.- Señalado el día dos de marzo de 2016 para la deliberación, votación y fallo ésta tuvo lugar en la reunión del Tribunal señalada al efecto.

 SEXTO:.- Aparecen observadas las formalidades de tramitación, que son las del procedimiento ordinario.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO: La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la Resolución de fecha 30 de julio de 2013, dictada por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que adoptó las siguientes decisiones:

 1. Declarar que la actuación descrita de la entidad recurrente constituye una infracción única y continuada prevista en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia , que abarca el período que va desde el dos de abril de 2009 hasta el mes de octubre de dicho año.

 2. Imponer a la entidad recurrente una sanción de multa por importe de 160.983 euros.

 Una doble precisión previa resulta necesaria.

 La sanción se impone por infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio , sin realizar mención alguna al artículo 101 del TFUE ni al Reglamento 1/2003, por lo que, en principio, debe considerarse que la infracción es de ámbito puramente nacional. Ello no es obstáculo para la aplicación sistemática de la jurisprudencia del TJUE, en la medida en que, ni la legislación nacional ni su jurisprudencia, podrán contravenir los planteamientos del TJUE, salvo para la imposición de sanciones de más gravedad. Las propias partes recurrentes y la resolución recurrida, apoyan sus respectivas argumentaciones en dicha jurisprudencia como lo va a hacer esta Sentencia.

 Por otra parte, debemos referirnos a la selección de la normativa aplicable. Se fija como fecha de inicio del cártel el 27 de mayo de 1992 y de terminación el mes de octubre de 2011, por lo que el cártel se desarrolla, tanto bajo la vigencia de la Ley 16/1989 de 17 de julio, como de la actual Ley 15/2003 de 3 de julio, ambas de Defensa de la Competencia (LDC). La Ley 15/2007 es la que resulta de aplicación, al ser, globalmente considerada y de acuerdo con una jurisprudencia constante, la más favorable a las recurrentes.

 SEGUNDO: Resulta pertinente en este momento esbozar de manera general, la lógica y funcionamiento de la práctica sancionada tal y como se desprende de la resolución recurrida, que, en términos globales, este Tribunal asume. Sin perjuicio de lo anterior, en los sucesivos fundamentos jurídicos de esta resolución, entraremos a analizar, con mayor profundidad, los distintos aspectos y cuestiones que plantea la recurrente.

 La CNC concluyó que desde el 27 de mayo 2005, generalizándose la conducta a otras entidades a partir del 2 de abril de 2009 y hasta el mes de octubre 2011, existió un cártel de empresas del sector del alquiler de vehículos sin conductor a corto plazo. El ámbito geográfico definido por la CNC es suprautonómico y abarca las Comunidades de Cataluña, Valencia, Andalucía y Baleares.

 Su finalidad era fijar unos precios mínimos venta al público y pactar unas condiciones comerciales homogéneas al mismo precio. En alguna ocasión, incluso, se pactaron los márgenes de algunos de los brokers o intermediarios con los que trabajaban más frecuentemente.

 Más en concreto, y según la apreciación de la CNC manifestada en la resolución recurrida, las entidades participantes en el cártel fijaban precios para las diferentes categorías de coches de alquiler, diferenciando según gama y temporada (alta o Premium, media, baja o invierno, navidades, semana santa, etc.), fijando también la duración temporal de dichas temporadas y la fecha de aplicación de los precios pactados, para así poder fácilmente hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y no perder reservas, pues normalmente se acordaban incrementos de los precios mínimos.

 Estos acuerdos entre las entidades participantes en el cártel se realizaron fundamentalmente, en su fase inicial y según la apreciación de la CNC, a través de las reuniones celebradas por el cártel, normalmente en salas de hoteles o restaurantes reservadas alternativamente. Estima la CNC que fueron 5 las empresas que originariamente constituyeron el cártel, a las que considera actores singulares del mismo: Goldcar, Solmar, Centauro, Aurigacrown y Record.

 A partir del dos de abril de 2009, nuevas empresas de carácter local se incorporan al cártel y se crea un mecanismo de seguimiento, en concreto por medio del Presidente de la Asociación AECA, que creó una cuenta de gmail, denominada acava (rentacares@gmail.com) para este propósito y a través de la cual se comunicaban todos los miembros del cártel para denunciar incumplimientos y otras novedades respecto de lo pactado.

 La incorporación de la recurrente, única empresa multinacional implicada, se habría realizado el 30 de marzo de 2011.

 TERCERO : La primera cuestión que debe analizarse es la relativa a la competencia de la CNC para dictar la resolución objeto de recurso. Señala la recurrente que el mercado afectado es de ámbito local y que existen dos marcos de actuación diferentes, que deberían haber dado lugar a dos expedientes distintos, ante autoridades distintas, subrayando que su participación se limitaría, en todo caso, al período 2009 a 2011 y limitado al ámbito geográfico del aeropuerto de Málaga.

 No podemos compartir los planteamientos de la recurrente por las siguientes razones:

 1. El mercado geográfico afectado ha sido definido por la CNC como de carácter suprautonómico, comprendiendo las Comunidades de Andalucía, Valencia, Cataluña e Islas Baleares.

 2. De aceptarse esta premisa sobre cuya verosimilitud volveremos más adelante, no cabe duda de que la competencia para sancionar las conductas anticompetitivas le correspondería a la CNC, pues así lo dispone el artículo 1.1 de la Ley 1/2002 de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia.

 3. La tesis de la recurrente, que, con independencia de la amplitud del cártel, limita los efectos de su eventual participación a la provincia de Málaga, no puede ser acogida, pues la prueba practicada, como tendremos ocasión de analizar, pone de manifiesto que intervino en dos reuniones a las que asistieron los demás integrantes del cártel que actuaban en el nivel suprautonómico descrito. Resulta además, llamativa la lectura de los folios 4840 a 4842 del expediente y más en concreto el que se titula "reunión AGP día 26 de enero de 2011", en los que se indica que la siguiente reunión tendría lugar en Alicante, dato que evidencia el conocimiento que tenía la recurrente de la dimensión suprautonómica del cártel y ello con independencia de que la recurrente actuara o no en dicho territorio, pues lo relevante es que estaba al corriente de dicha información.

 En este mismo sentido, en el documento que resume lo acaecido en la reunión de dos de abril de 2009 (folios 528 y ss del expediente administrativo), refleja un acuerdo de contenido anticompetitivo de fijación de precios para la temporada baja y su extensión, por parte de empresas distintas a la recurrente al "resto del territorio", más allá de Andalucía.

 En definitiva, debemos concluir ninguna quiebra del derecho de defensa debe imputarse a la delimitación que del mercado geográfico ha realizado la CNC y que dado su carácter suprautonómico, conocido por la recurrente, la competencia para conocer de las infracción corresponde a la CNC.

 CUARTO: La segunda cuestión planteada se refiere a la calificación de la conducta descrita como una infracción única y continua en la que las recurrentes, de acuerdo con las tesis de la CNC, tendrían una participación completa si bien limitada en el tiempo desde su incorporación al cártel el dos de abril de 2011.

 Llegados a este punto, este Tribunal considera necesario realizar una precisión conceptual que puede acarrear importantes consecuencias jurídicas. Esta precisión viene motivada por el uso indistinto e indebido que se realiza en nuestra práctica y jurisprudencia, entre los conceptos de infracción continua y continuada, claramente distinguidos en el artículo 25.2 del Reglamento 1/2003 ..

 La Sentencia del Tribunal General de 17 de mayo de 2013 Asunto Trelleborg Industrie SAS, T-147 y 148/09 , apartados 57 a 71 y 72 a 89, reitera y expresa con claridad la distinción entre ambos conceptos y sus consecuencias en la forma que pasamos a sistematizar. No obstante, con carácter previo, debemos precisar que las formas de comisión de la infracción, permiten calificar la infracción única, ya sea como continua o bien como continuada, pues el concepto "única" se refiere a un comportamiento continuado que tenía una única finalidad económica, dirigida a falsear la competencia, o incluso por infracciones individuales relacionadas entre ellas por una identidad de objeto y de sujetos

 1. Concepto de infracción continua y sus consecuencias:

 -La jurisprudencia permite a la Comisión presumir que la infracción, o la participación de una empresa en ella, no se ha interrumpido, aunque no disponga de pruebas de la infracción durante algunos períodos específicos, siempre que las diferentes acciones que forman parte de esa infracción persigan una sola finalidad y puedan insertarse en una infracción de carácter único y continuo, apreciación ésa que debe sustentarse en indicios objetivos y concordantes acreditativos de la existencia de un plan conjunto (apartado 61).

 - Cuando concurren esas condiciones el concepto de infracción continua permite, de esa forma, que la Comisión imponga una multa por la totalidad del período de infracción considerado y determine la fecha en la que empieza a correr el plazo de prescripción, a saber, la fecha en la que la infracción continua ha finalizado (apartado 62), sin perjuicio del derecho de la parte a desvirtuar dicha presunción.

 -La consecuencia fundamental se vincula a la fijación del "dies a quo" a los efectos del cómputo del plazo de prescripción y al hecho de la responsabilidad de la empresa sancionada debe calcularse, en principio, teniendo en cuenta todo el período de duración de la infracción.

 2. Concepto de infracción continuada y sus consecuencias:

 -Cuando se pueda considerar que la participación de una empresa en la infracción se interrumpió y que la empresa participó en ésta antes y después de esa interrupción, esa infracción puede calificarse como continuada si, al igual que la infracción continua, existe un objetivo único perseguido por ella antes y después de la interrupción. Ello podrá deducirse que de la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos afectados, de las empresas que han participado en la colusión, de las formas principales de su ejecución, de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas y por último del ámbito de aplicación geográfico de esas prácticas.

 -En ese supuesto la infracción es única y continuada, y aunque la Comisión puede imponer una multa por todo el período de duración de la infracción, en cambio no puede imponerla por el período durante el que ésta se interrumpió.

 -El origen del artículo 25.2 del Reglamento 1/2003 se encuentra en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la competencia de la Comunidad Económica Europea (DO L 319, p. 1; EE 08/02, p. 41), del que proceden las disposiciones sobre la prescripción contenidas en el Reglamento nº 1/2003, se refería a las infracciones «continuas o continuadas», y en la versión en lengua francesa al de infracciones «continues ou continuées, que fue sustituido en la versión en lengua francesa del artículo 25, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 , por el de infracción «continuée ou répétée», modificación que no se dio en las demás versiones lingüísticas, lo que ha dado lugar a una cierta confusión conceptual.

 -Lamentablemente tenemos que consignar que por un problema de traducción, se presentan ambos conceptos como sinónimos cuando claramente no lo son, por lo que consideramos pertinente establecer la presente precisión.

 QUINTO: En el presente caso no cabe duda de que, pese al uso indistinto que de ambos conceptos realiza la resolución recurrida, la imputación que se hace a la recurrente se refiere a la eventual existencia de una infracción continua.

 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ha establecido las pautas o elementos que deben tomarse en consideración para calificar una conducta como infracción única y continua, que parten de un presupuesto irrenunciable, la existencia de un plan único de actuación conjunta de las distintas entidades implicadas.

 En este sentido puede citarse la Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2012, Asunto Verhuizongen Coppens, C- 441/11 , apartado 41, en el que se indica que: "Según reiterada jurisprudencia, una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, actualmente 101.1 del TFUE , puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto ( sentencias Comisión/Anic Partecipazioni, antes citada, apartado 81, así como de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Rec. p. I-123, apartado 258)".

 Por su parte, el Tribunal General, sin perjuicio, obviamente, de aplicar esta jurisprudencia, ha puntualizado los siguientes extremos:

 1º Así, en la sentencia de 6 de febrero de 2014, asunto T-27/10 AC- Treuhand AG, apartados 240 y 241, señala que no puede identificarse de forma genérica el concepto "objetivo único", que subyace en el plan conjunto de las empresas implicadas, con la simple distorsión de la competencia, pues ese es el presupuesto de la calificación de la práctica como anticompetitiva. Esa interpretación tendría como consecuencia, que varios comportamientos relativos a un sector económico, contrarios al artículo 81 CE , apartado 1, deberían calificarse sistemáticamente como elementos constitutivos de una infracción única (véase la sentencia del Tribunal de 30 de noviembre de 2011, Quinn Barlo y otros/Comisión, T-208/06 , Rec. p. II-7953, apartado 149, y la jurisprudencia citada).

 Por ello, debe siempre verificarse el grado de complementariedad de los distintos comportamientos que integran la infracción única.

 A este respecto, habrá que tener en cuenta cualquier circunstancia que pueda demostrar o desmentir dicho vínculo, como el período de aplicación, el contenido (incluyendo los métodos empleados) y, correlativamente, el objetivo de los diversos comportamientos de que se trata (véase la sentencia Amann &amp; Söhne y Cousin Filterie/Comisión, antes citada, apartado 92, y la jurisprudencia citada).

 2º La sentencia de 17 de mayo de 2013 Asunto T-147/09 Trelleborg Industrie, apartados 59 y ss, precisa que:

 a) En el marco de una infracción que dura varios años, no impide la calificación de infracción única el hecho de que las distintas manifestaciones de los acuerdos se produzcan en períodos diferentes, siempre que pueda identificarse el elemento de unidad de actuación y finalidad

 b) De acuerdo con una práctica jurisprudencial constante se han identificado una serie de criterios que ayudan a calificar una infracción como única y continuada, a saber: la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos y servicios, de las empresas participantes, y de las formas de ejecución, pudiéndose tener en cuenta, además, la identidad de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas implicadas y la identidad del ámbito de aplicación geográfico de las prácticas consideradas.

 c) La Comisión puede, en consecuencia, presumir la permanencia de una empresa durante todo el período de duración del cártel, aunque no se haya acreditado la participación de la empresa en cuestión en fases concretas, siempre que concurran los elementos suficientes para acreditar la participación de la empresa en un plan conjunto con una finalidad específica, que se prolonga en el tiempo. La consecuencia inmediata de ello, es que el "dies a quo" del plazo de prescripción, se computa a partir del cese de la última conducta.

 Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad conferida a la empresa implicada de desvirtuar esta presunción.

 Esta doctrina ha sido plenamente asumida por esta Sala de la Audiencia Nacional en las Sentencias de 15 de julio de 2014 (recursos nº 150/2013 y 176/2013, asunto Torres Epic y Tepol ).

 Sin perjuicio de lo anterior, debe recordarse que con carácter general, el derecho sancionador español ha descrito la infracción prolongada en el tiempo en el artículo 4.6 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto , por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, que dispone: "Asimismo, será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión".

 La construcción española de la infracción continua obedece a un principio inspirador, importado del proceso penal, que tiene por objeto atenuar la responsabilidad del infractor, mientras que la concepción dimanante de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se inspira en la doctrina anglosajona de la conspiracy. La misma tiene por finalidad establecer una presunción en favor de la Comisión, a los efectos de facilitar la prueba de la participación de las empresas en infracciones complejas y de larga duración en las que no necesariamente se dispone prueba directa de la participación del sujeto infractor durante todo el período de la vulneración del Derecho de la Competencia. Naturalmente esta presunción admite prueba en contrario.

 Por otra parte, puede observarse que el texto legal español emplea la expresión infracción continuada sin efectuar la distinción a la que hemos hecho referencia entre infracción continua y continuada.

 SEXTO: . Una vez establecida la existencia del cártel y la calificación de la infracción como única y continua, debemos analizar la conducta de la recurrente para determinar su grado de participación y si, efectivamente, estaba al corriente de todos los objetivos del cártel.

 Mediante su segundo motivo de recurso, la recurrente invoca la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, cuestión que pasamos a abordar, no sin antes dejar consignado que las únicas pruebas empleadas por la CNC para justificar la imposición de la sanción, consisten en su asistencia a las reuniones de dos de abril de 2009 y de 26 de enero de 2011 en las que se trataron cuestiones anticompetitivas.

 La recurrente admite su participación en la primera de ellas, negando que se trataran cuestiones anticompetitivas y afirma no haber asistido a la segunda.

 Dos son las cuestiones que plantea la tesis de la recurrente. Por una parte determinar si en la primera cuestión se trataron cuestiones anticompetitivas, y, por otra parte, verificar si asistió efectivamente a la segunda reunión, valorando dicha asistencia como prueba de su participación en el cártel.

 Nuestro análisis, de conformidad con la doctrina establecida en la sentencia de 27 de septiembre de 2011 del TEDH, Asunto Menarini Diagnósticos , deberá examinar con profundidad los elementos de hecho de carácter incriminatorio para poder pronunciarnos sobre una eventual infracción de la normativa de competencia aplicada.

 Resulta clásica la cita de la Sentencia del Tribunal de Justicia ( STJUE) de 4 de junio de 2009, asunto C-8/08 T-Mobile que a este respecto realiza las siguientes afirmaciones en respuesta a la tercera de las cuestiones prejudiciales que le fueron planteadas:

 1. Un único intercambio de información entre competidores puede conducir "per se", a una concertación contraria a las normas de competencia.

 2. No obstante lo anterior, admite que en función de la estructura del mercado, una única toma de contacto pudiera no ser suficiente en el supuesto de que los operadores que participan en la concertación creen un cártel con un sistema complejo y sofisticado en relación con un gran número de aspectos relativos a su comportamiento en el mercado.

 3. El punto decisivo no es el número de reuniones al que se asiste, sino el hecho de saber si el contacto o los contactos que se han producido han dado la posibilidad de tener en cuenta la información intercambiada.

 4. La presunción de que existe una relación de causalidad entre la concertación y el comportamiento de dicha empresa en el mercado existirá siempre que la empresa participante en la concertación permanezca activa.

 Esta doctrina, que puede calificarse como clásica ha sido recientemente reiterada por sentencias del Tribunal de Justicia como la de 3 de mayo de 2012 asunto Comap C-290/11 , seguida también por una constante jurisprudencia del Tribunal General de la que es un ejemplo la STG de 30 de noviembre de 2011, asunto Quin Barloo, en la que se indica, a partir del apartado 47, que: "Cuando la participación en tales reuniones ha quedado acreditada, incumbe a esta empresa aportar los indicios adecuados para demostrar que su participación en las reuniones no estaba guiada en absoluto por un espíritu contrario a la competencia, probando que informó a sus competidores de que ella participaba en las reuniones con unas intenciones diferentes a las suyas (sentencias Hüls/Comisión, citada en el apartado 36 supra, apartado 155; Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 34 supra, apartado 96, y Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartado 81).

 La razón que subyace en este principio jurídico es que, al haber participado en la reunión sin distanciarse públicamente de su contenido, la empresa ha dado a entender a los demás participantes que suscribía su resultado y que se atendría a éste (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartado 82)".

 Resulta de interés la cita de la STJUE de 17 de septiembre de 2015, asunto Total Marketing Services SA, C-634/13 , cuya doctrina ha sido reiterada por la STJUE de 21 de enero de 2016, asunto C- 74/14 , Eturas UAB, en la medida en que viene a precisar el concepto y características que debe reunir el distanciamiento público para exonerar de responsabilidad a los asistentes a reuniones anticompetitivas. Así se afirma que, aunque la constancia de un distanciamiento público es un medio idóneo para acreditar la ruptura con el cártel, no es la única opción con la que cuenta una empresa acusada de participar, concluyendo que cuando la empresa en cuestión haya dejado de participar en las reuniones durante un período significativo, la Comisión deberá acompañar algún elemento de prueba concordante para acreditar que sigue siendo partícipe del cártel.

 SÉPTIMO: Por lo que a la primera de las reuniones respecta, es decir, la de dos de abril de 2009, la recurrente admite haber asistido aunque no fue formalmente convocada como tal, ya que su administrador asistió en calidad de vocal de AESVA.

 La cuestión relevante es la de determinar el contenido, anticompetitivo o no, de lo tratado en dicha reunión.

 El documento elaborado por Goldcar (folios 528 y 529 del expediente administrativo) que realiza resumen de lo ocurrido en la reunión de dos de abril de 2009, describe unas pautas de actuación claramente anticompetitivas. En primer lugar debe destacarse que AESVA reconoce expresamente que acude a la reunión en compañía de un abogado, experto en Derecho de la Competencia, para quejarse ante las promotoras del cártel y empresas de más potencial sobre sus prácticas de fijar precios predatorios, amenazando con el ejercicio de acciones legales, afirmación con la que la recurrente muestra su conformidad.

 Sin perjuicio de lo anterior, el documento refleja, además, un contenido anticompetitivo consistente en un acuerdo sobre precios para la temporada baja y media, y su extensión, por parte de empresas distintas a la recurrente pero con conocimiento de ésta, al "resto del territorio", más allá de Andalucía.

 La recurrente señala que no estuvo presente cuando se estableció dicho acuerdo pues había abandonado antes la reunión y fue posteriormente cuando se pactaron las prácticas colusorias, con referencia al apartado 253 de los Hechos Probados.

 Esta afirmación de la recurrente no resulta convincente, una vez constatado que la recurrente asistió a la reunión asesorada por un abogado experto en Derecho de la Competencia y que en la misma sesión, y con independencia de pactos ulteriores, se trató el acuerdo de fijación de precios para las temporadas baja y media, como evidencia las comunicaciones expedidas por la empresa Goldcar a los participantes al día siguiente (folios 7316 y 5870).

 Acreditados estos extremos, la carga de la prueba sobre el abandono de la reunión y su rechazo a las prácticas anticompetitivas adoptadas, corresponde a la recurrente, mediante un distanciamiento público de dichas conductas o medio de prueba similar, lo que no consta que haya ocurrido.

 La referencia de la recurrente al párrafo 253 de los hechos probados no desvirtúa esta circunstancia, pues si bien es cierto que concluida la reunión a que hacemos referencia, otras empresas pactaron acuerdos anticompetitivos esencialmente similares referidos a la temporada alta, ello no es incompatible con los pactos de precios de temporada baja y media realizados en la sesión a la que asistió las recurrente.

 La asistencia a una única reunión, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, puede ser suficiente para vincular a una empresa a un cártel, tal y como señala la jurisprudencia anotada, pues lo relevante, no es tanto el número de reuniones a las que se asiste como el contenido de éstas y sobre todo, la complejidad del cártel.

 En el presente caso, debemos concluir que la estructura del cártel es sencilla y que bastaba con la asistencia a una sola reunión para tomar conocimiento del objeto del cártel, esencialmente la fijación de precios, y otras condiciones como las fechas de inicio de cada temporada y su ejecución, además de su dimensión suprautonómica, razón por la que no es aplicable la doctrina de las SSTGUE de 11 de diciembre de 2003 (asunto Adriática T-61/99) y de 12 de septiembre de 2007 ( asunto Coats Holdings T-36/05) y las SSAN de 25 de octubre de 2012 y de 25 de enero de 2013 , invocadas por la recurrente.

 A esto debemos añadir que aparece un documento posterior (folio 4840) que señala a la recurrente como asistente a la reunión de 26 de enero de 2011, extremo que vendría a corroborar lo dicho hasta ahora. La prueba de la asistencia a esta reunión consistente en una acta levantada por uno de los asistentes a la misma, la consideramos suficiente y así lo hemos acordado para el resto de empresas por su coherencia con el resto del material probatorio y aceptación por las restantes empresas. La misma no queda desvirtuada por el hecho de que otras empresas asistentes no recogieran en sus notas manuscritas dicho dato pues ello no es obstativo de la conclusión que hemos alcanzado. La persona que asiste a la reunión en nombre de la recurrente, según se indica en dicho documento, tiene por nombre          Urbano , que es el nombre de pila del administrador de Cargest que asistió a la reunión de dos de abril de 2009.

 Finalmente, la situación concursal por la que atravesaba la recurrente no desvirtúa lo anterior, pues en dicha situación conserva su administración y la autonomía suficiente para establecer los pactos y acuerdos que estime oportunos, es decir, sigue activa en el mercado. La única limitación que se le impone es que éstos deben ser aprobados por los administradores, extremo que no impide a la recurrente asistir a las distintas reuniones y llegar a acuerdos que, al menos aparentemente, se inscriban en las normas del mercado.

 OCTAVO: La recurrente formula unas alegaciones que guardan un cierto paralelismo con las esgrimidas por Avis en el recurso nº 506/13 y dado que en el mismo se concluye con una sentencia absolutoria es preciso justificar la diferencia de trato.

 Es cierto que, al igual que en el caso Avis, la recurrente no fue informada por la vía de comunicación establecida por el cártel (correo Acava) de los supuestos acuerdos alcanzados, y que ninguna de las empresas que solicitó la clemencia implicó a la recurrente en el cártel. También es cierto que la recurrente no figura como receptora o emisora de ninguno de los correos intercambiados por las empresas sancionadas.

 Dichas circunstancias fueron sin duda relevantes y tomadas en consideración para exculpar a Avis del cártel, pero entre esta empresa y la recurrente, así como con la empresa Sixt Rent a Car, existe una diferencia fundamental y decisiva para justificar una solución diferente a su reclamación, como se expone a continuación.

 La recurrente, sin género de dudas, porque lo admitió expresamente, asistió a la reunión anticompetitiva de dos de de abril de 2009 sin que conste un apartamiento público de la lo acordado en la misma, situación que se vio confirmada con su asistencia a la reunión de 26 de enero de 2011.

 Dicho dato es suficiente para justificar, de acuerdo con la jurisprudencia expuesta, la desestimación de este motivo de recurso.

 NOVENO: Procede, a continuación, examinar los motivos de recurso esgrimidos por la recurrente con carácter subsidiario, que van a merecer una solución estimatoria parcial, en lo que se refiere a la fórmula seguida para el cálculo de la multa. Ello es así, en aplicación de la doctrina establecida en la STS de 29 de enero de 2015 que acuerda la ilegalidad de las sanciones fijadas siguiendo las metodología establecida en la Circular de la CNC de 6 de febrero de 2009, lo que ocurre en el presente caso.

 Además, ciertamente se aprecia un cierto automatismo en la fijación del límite máximo de la sanción, pues una cosa es que ésta no pueda superar el 10% del volumen total de negocios y otra cosa es que pueda imponerse hasta dicho límite sin mayor justificación. Sin perjuicio de lo anterior, no podemos compartir las alegaciones de la recurrente sobre su falta de participación en el cártel suprautonómico, pues aunque su actividad se desarrollara en el ámbito local de Málaga y no abarcara todas las conductas del cártel, lo cierto es que tenía conocimiento de la extensión geográfica del cártel y de las conductas desarrolladas en el mismo, como ponen de manifiesto los dos documentos incriminatorios, y eso es suficiente para justificar considerar ajustada a derecho la calificación de la infracción cometida como única y continua.

 Su participación está acreditada hasta octubre de 2011 por su asistencia a la reunión de 26 de enero de 2011 y la falta de distanciamiento del cártel desde esa fecha hasta la intervención de la CNC.

 Finalmente, debe decirse que no concurre la circunstancia atenuante invocada de falta de ejecución de los acuerdos, pues, con independencia de que no consta que la recurrente la invocara ante la CNC (no aparece ninguna mención en la resolución recurrida al respecto), lo cierto es que los acuerdos se ejecutaron y causaron una perturbación en el mercado.

 En estas circunstancias, deberá estimarse el recurso para que la CNC calcule la multa que debe imponerse con arreglo a lo establecido en la STS de 29 de enero de 2015 .

 DÉCIMO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA no procede realizar un especial pronunciamiento sobre las costas devengadas.

 Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente

FALLO

 Estimamos el recurso interpuesto con los efectos y extensión determinados en el FJ Noveno de esta resolución, desestimándolo en todo lo demás. Sin costas. Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 248 de la LOPJ , al tiempo de notificar la presente sentencia, se indicará a las partes que contra la misma no cabe recurso de casación ordinario

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 17/03/2016 doy fe.