Id. Cendoj: 28079230062016100084
ECLI: ES:AN:2016:956
ROJ: SAN  956/2016
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 103/2016
Fecha de Resolución: 16/03/2016
Nº de Recurso: 495/2013
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: RAMON CASTILLO BADAL
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000495 / 2013

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 04826/2013

 Demandante: DICKMANNS RENT A CAR SL

 Procurador: D. ALBERTO HIDALGO MARTÍNEZ

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a dieciseis de marzo de dos mil dieciséis.

 VISTO, en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, el recurso nº 495/13, seguido a instancia de DICKMANNS RENT A CAR SL representada por el Procurador de los Tribunales D. Alberto Hidalgo Martínez, con asistencia letrada, y como Administración demandada la General del Estado, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado.

 El recurso versó sobre impugnación de Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), de 30 de julio de 2013, sobre imposición de sanción. La cuantía se fijó en 332.308 ¤, e intervino como ponente el Magistrado D. RAMÓN CASTILLO BADAL. La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO-. La representación procesal indicada interpuso recurso contencioso-administrativo ante esta Sala contra la Resolución de referencia mediante escrito de fecha 30 de octubre de 2013. Por Decreto del Sr. Secretario se acordó tener por interpuesto el recurso, ordenando la reclamación del expediente administrativo.

 SEGUNDO-. En el momento procesal oportuno la representación de la actora formalizó la demanda mediante escrito de 20 de enero de 2015 en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de rigor, terminó suplicando se dicte sentencia por la que:

 " Declare nula o, subsidiariamente anule la Resolución de 30 de julio de 2013, del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia por la que se declara a DICKMANNS responsable de la comisión de una infracción muy grave del artículo 1 de LDC , consistente en una infracción única y continuada integrada por diferentes acuerdos de fijación de precios mínimos y otras condiciones comerciales -calificados como cártel- que tuvieron lugar entre 27 de mayo de 2005 y octubre de 2011 y se impone a dicha sociedad una multa de 332.308 ¤,

 Subsidiariamente a lo anterior, anula la resolución citada y reduzca la mencionada multa conforme a lo expuesto en el cuerpo del presente escrito.

 Ordene la publicación de la sentencia total o parcialmente estimatoria y de una nota de prensa relativa a la misma en el sitio web "cnmc.es" de la misma manera y forma en que se ha hecho pública la resolución impugnada, con el fin de reparar el daño reputacional inflingido a mis representadas.

 Ordene la devolución de los costes derivados de la garantía prestada para la suspensión cautelar de la obligación de pago de la multa indebidamente impuesta por la CNMC.

 Todo ello con imposición de las costas devengadas en el presente proceso a la parte demandada".

 TERCERO-. El Abogado del Estado contestó a la demanda para oponerse a la misma, y con base en los fundamentos de hecho y de derecho que consideró oportunos, terminó suplicando la desestimación del recurso.

 CUARTO- . Solicitado el recibimiento del pleito a prueba, fue practicada la que, propuesta se declaró pertinente y tras evacuar las partes el trámite de conclusiones quedaron los autos conclusos y pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 2 de marzo de 2016., designándose como Ponente al Ilmo Sr. D. RAMÓN CASTILLO BADAL.

 QUINTO-. En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO : Se impugna en el presente recurso contencioso administrativo la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 30 de julio de 2013, por la que se impone a la hoy recurrente la sanción de multa de 332.308 ¤, por la comisión de una infracción prevista en el Artículo 1 de la Ley 15 /2007, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

 SEGUNDO : La Resolución de la CNC que hoy enjuiciamos declara en su parte dispositiva, en lo que ahora interesa:

 " Primero: Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción del artículo 1 de la LDC y 101 del TFUE , en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho QUINTO.

 Segundo: Declarar responsables de dicha infracción a DICKMANNS RENT A CAR, S.L. por los acuerdos de fijación de precios y condiciones comerciales en la Comunidad Autónoma de Valencia, por el periodo comprendido entre el 13 de enero de 2011 y octubre de 2011.

 Tercero: De acuerdo con la responsabilidad atribuida en los Fundamento de Derecho OCTAVO Y NOVENO, imponer a las autoras responsables de la conducta infractora las siguientes multas:

 - 332.308 Euros a DICKMANNS RENT A CAR, S.L.

 Octavo.- Instar a la Dirección de Investigación para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta Resolución. "

 TERCERO : Los hechos que precedieron a este acuerdo y que resultan de trascendencia en este concreto procedimiento pueden resumirse, a la vista de los documentos que integran el expediente administrativo, del modo que sigue:

 El 2 de agosto de 2011, la empresa SOL MAR ALQUILER DE VEHÍCULOS, S.L., (SOLMAR), presentó ante la CNMC una solicitud de exención referida a su participación en pactos y acuerdos para la fijación de precios y condiciones comerciales en el sector de de alquiler de vehículos sin conductor.

 En virtud de esa solicitud, la Dirección de Investigación de la CNMC inició una investigación reservada con el fin de determinar la concurrencia de circunstancias que justificasen la incoación de un procedimiento sancionador por conductas anticompetitivas en el sector de alquiler de vehículos sin conductor. Con ese fin, realizó el 26 de octubre de 2011 inspecciones simultáneas en las sedes de AURIGACROWN, NIZA CARS S.L., GOLDCAR SPAIN, DRIVALIA CAR RENTAL, S.L. y RECORD -GO ALQUILER VACACIONAL S.A.

 Posteriormente, el 11 de enero de 2012 la Dirección de Investigación realizó inspecciones simultáneas en las sedes de la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE COCHES DE ALQUILER (AECA) y en las empresas FLORENCIO BARRERA E HIJOS SL, , CENTAURO y GUERIN RENT A CAR S.L.

 El 12 de enero de 2012, la CNMC acordó la incoación de expediente sancionador s/0380/2011 Coches de alquiler contra AURIGACROWN CAR HIRE, S.L, BARDON Y RUFO 67, S.L., CENTAURO RENT-A-CAR, S.L., DRIVALIA CAR RENTAL, S.L., GOLDCAR SPAIN, S.L., HELLE AUTO, S.A., NEW CARS COSTA DEL SOL, S.L., NIZA CARS, S.L., RECORD-GO ALQUILER VACACIONAL, S.A., SOL MAR ALQUILER DE VEHÍCULOS, S.L., ALQUILER DE COCHES VICTORIA S.L., CARGEST S.L., DICKMANNS RENT A CAR, S.L., GUERIN RENT A CAR, S.L., IDAPI, S.A., PRIMA RENT A CAR, S.L., así como contra la ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE SERVICIOS DE VEHÍCULOS DE ALQUILER DE ANDALUCÍA (AECA) y la ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE VEHÍCULOS DE ALQUILER (AESVA), por prácticas restrictivas de la competencia consistentes, en general, en la adopción de acuerdos para la fijación de precios y el establecimiento de determinadas condiciones comerciales en el mercado de alquiler de coches sin conductor en el territorio nacional, prohibidas en el artículo 1 de la Ley 16/1989 y en el artículo 1 de la LDC ,

 El expediente fue, posteriormente ampliado el 20 de abril de 2012 a las empresas SIX RENT A CAR SL y AVIS ALQUILE UN COCHE S.A.

 Con fecha 5 de diciembre de 2012, la CNMC formuló un pliego de concreción de hechos cerrando seguidamente la fase de instrucción con el fin de redactar la Propuesta de resolución notificada a las partes el 24 de enero siguiente.

 Mediante acuerdo de 21 de enero de 2013 se requirió a las empresas información sobre su volumen de negocios y, finalmente, se dictó la resolución sancionadora el 30 de julio de 2013.

 La conducta sancionada consiste en el establecimiento de un cártel de empresas del sector del alquiler de vehículos sin conductor para fijar unos precios mínimos de venta al público y pactar unas condiciones comerciales homogéneas al mismo precio. Además, en alguna ocasión incluso, pactaron los márgenes de algunos de los brokers o intermediarios con los que trabajaban más frecuentemente.

 CUARTO : En su demanda, la recurrente plantea como motivos determinantes de la anulación de la resolución sancionadora, en primer lugar, que la resolución sancionadora se adoptó prescindiendo de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

 Un segundo motivo anulatorio basado en que en el procedimiento administrativo se han vulnerado los derechos de defensa de DICKMANNS porque no se la permitió la presentación de alegaciones sobre el importe de la sanción en la propuesta de resolución.

 La falta de prueba acerca de su participación en una infracción única y continuada y de la propia existencia de ésta. La calificación indebida de la conducta como un cártel. Finalmente, la infracción del principio de proporcionalidad ya que la resolución sancionadora no ha tenido en cuenta el ámbito geográfico de la infracción dado que solo opera en tres aeropuertos y su reducida cuota de mercado.

 QUINTO: El primer motivo, basado en que la resolución impugnada fue adoptada por un Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia compuesto de seis miembros de los que solo dos tenían su cargo en vigor al haber expirado su mandato los restantes, no puede prosperar.

 La recurrente no tiene en cuenta que la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que entró en vigor, según su Disposición final Undécima, el 6 de junio de 2013, establece en su artículo 23.3 que "Continuarán desempeñando su cargo en funciones los miembros del Consejo en los que concurran las causas de cese contempladas en las letras a) y b) del apartado 1 hasta que se publique en el «Boletín Oficial del Estado» el real decreto de cese correspondiente. " refiriéndose en las letras citadas al cese por renuncia y por expiración del término de su mandato.

 De este modo, los Consejeros a los que alude estaban en funciones al no haberse dictado el Real Decreto de cese correspondiente y la resolución se adoptó por un órgano perfectamente constituido.

 SEXTO: El segundo, tampoco puede ser acogido porque, el art. 34 del reglamento de Defensa de la Competencia no impone que la propuesta de resolución contemple una sanción concreta y, en éste sentido, ya hemos dicho, así, en SAN de 11 de diciembre de 2012 rec. 6/2012 que " en cuanto al hecho de no haber incluido el Informe propuesta una sanción precisa, hay que indicar que la determinación de la multa es una competencia que corresponde exclusivamente al órgano sancionador, y en ningún caso a la Dirección de Investigación que, es el órgano instructor del expediente al que le corresponde elaborar una propuesta cuyo contenido determina el artículo 34 del Real Decreto 261/2008 de 22 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia que señala que " la propuesta de resolución deberá contener los antecedentes del expediente, los hechos acreditados, sus autores, la calificación jurídica que le merezcan los hechos, la propuesta de declaración de existencia de infracción y, en su caso, los efectos producidos en el mercado, la responsabilidad que corresponda a sus autores, las circunstancias agravantes y atenuantes concurrentes y la propuesta de la Dirección de Investigación relativa a la exención o reducción del importe de la multa a la que se refieren los artículos 65 y 66 de la Ley 15/2007, de 3 de julio . Cuando la Dirección de Investigación considere que no ha quedado acreditada la existencia de prácticas prohibidas pondrá de manifiesto dicha circunstancia en su propuesta de resolución". Por tanto no se establece que fije una propuesta de la sanción a imponer.

 Como señala la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea de 18 de junio de 2008 asunto T -410703 Hoechst GMBH.c Comisión "Por lo que respecta más concretamente al cálculo del importe de los multas, la Comisión cumple su obligación de respetar el derecho de las empresas a ser oídas desde el momento en que indica expresamente, en el pliego de cargos, que va a examinar si procede imponer multas a las empresas afectadas e indica los principales elementos de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta infracción y el hecho de haberla cometido «deliberadamente o por negligencia». Al actuar así, la Comisión les da las indicaciones necesarias para defenderse, no sólo contra la calificación de los hechos como infracción, sino también contra la posibilidad de que se les imponga una multa" (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión [ TJCE 2005, 194], citada en el apartado 344 supra, apartado 428; véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002 [TJCE 2002, 115] , LR AF 1998/Comisión, T-23/99, Rec. p. II-1705, apartado 199 y jurisprudencia que allí se cita, y de 15 de junio de 2005, Tokai Carbon/Comisión, citada en el apartado 118 supra , apartado 139; véase igualmente en este sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 21)."

 SÉPTIMO: El examen de las actuaciones confirma, a juicio de la Sala, la existencia, conforme a la definición que contempla la Disposición Adicional Cuarta. Apartado 2 de la Ley 15/2007 , de un cartel de empresas operantes en el sector del alquiler de vehículos sin conductor en el segmento del turismo low cost que ha venido actuando, al menos, desde la primera reunión constatada el 27 de mayo de 2005 hasta octubre de 2011 con un plan preconcebido consistente en la fijación de unos precios mínimos de venta al público y el establecimiento de unas condiciones comerciales homogéneas al mismo precio en aspectos como la duración de las temporadas o los recargos a aplicar por los extras o complementos contratados junto al coche de alquiler, recargos aplicados por el alquiler de sillitas para bebés, entregas fuera de hora, conductor adicional, recogida en el aeropuerto, por seguros de ruedas/cristales, etc

 Ese objetivo y el acuerdo de voluntades que lo conforma se pone de manifiesto en la denuncia formulada inicialmente por SOLMAR corroborada por la documentación encontrada en las inspecciones realizadas en las sedes de algunas empresas como GOLDCAR, AURIGACROWN, NIZA CARS S.L., AECA, FLORENCIO BARRERA E HIJOS SL, CENTAURO y GUERIN RENT A CAR S.L. así como los correos electrónicos cruzados entre las distintas empresas integrantes del cartel con el único objeto de pactar precios mínimos y aquellas condiciones.

 Se trata además, de una infracción continua porque ese objetivo de establecer unos precios mínimos y unas condiciones comerciales estables se ha mantenido a lo largo de las 32 reuniones que se sucedieron hasta la última acreditada celebrada el 30 de marzo de 2011. Las prácticas anticompetitivas consistían en que las entidades participantes en el cártel fijaban precios para las diferentes categorías de coches de alquiler, diferenciando según gama y temporada (alta o Premium, media, baja o invierno, navidades, semana santa, etc.), estableciendo también la duración temporal de dichas temporadas y la fecha de aplicación de los precios pactados para así poder hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y no perder reservas, pues normalmente se acordaban incrementos de los precios mínimos.

 Para garantizar la consecución de estos objetivos las entidades participantes en el cártel realizaban reuniones periódicas, normalmente en salas de hoteles o restaurantes reservadas alternativamente por las 5 empresas que originariamente constituyeron el cártel, desde mayo de 2005 y con periodicidad prácticamente mensual a partir de 2006, repartiéndose también entre dichas empresas los gastos por la reserva de estas salas, como se acredita, por ejemplo, respecto de la reunión del cártel celebrada el 13 de noviembre de 2006, comunicando GOLDCAR a CROWN y a RECORD la parte proporcional de los gastos de la reunión que dichas empresas debían pagar y que era de 21.40 euros de un total de 214 por el alquiler de la sala en la que se había celebrado dicha reunión del cártel.

 Además de las reuniones citadas que tenían por objeto adoptar los acuerdos de precios y otras condiciones comerciales y realizar un seguimiento de dichos acuerdos, también eran frecuentes las comunicaciones entre ellas vía correo electrónico, pues cada vez que los miembros del cartel encontraban publicado en las webs de los brokers algún precio por debajo de lo acordado, ponían de manifiesto esta "incidencia" al incumplidor, para que lo remediara lo antes posible, remitiéndose normalmente un "pantallazo" o "captura de pantalla" a modo de prueba, en el que se podían ver los detalles del incumplimiento del precio ofertado, identificándose la empresa incumplidora, el modelo de coche de alquiler, el precio y el lugar.

 Estas incidencias eran frecuentes, por las características del mercado, y el infractor normalmente procedía a modificar el precio ofertado, ajustándose a lo acordado por el cártel, acreditándose de acuerdo con la información obrante en el expediente el cumplimiento en términos generales de los acuerdos adoptados por el cártel, a pesar de incumplimientos puntuales por parte de las empresas que eran rápidamente solucionados.

 Las empresas participantes en el cartel eran conocedoras de la ilicitud de su conducta como lo refleja el contenido de las comunicaciones entre ellas y, el diseño de un sistema de comunicación mediante correos con copia oculta a las demás para garantizar el secreto.

 OCTAVO: Antes de analizar la participación de la recurrente en esa infracción continua y dado que la resolución recurrida utiliza indistintamente los conceptos de infracción continua y continuada conviene diferenciar ambas figuras, pues aparecen claramente distinguidas en el artículo 25.2 del Reglamento 1/2003 ..

 La Sentencia del Tribunal General de 17 de mayo de 2013 Asunto Trelleborg Industrie SAS, T-147 y 148/09 , apartados 57 a 71 y 72 a 89, reitera y expresa con claridad la distinción entre ambos conceptos y sus consecuencias en la forma que pasamos a sistematizar. No obstante, con carácter previo, debemos precisar que las formas de comisión de la infracción, permiten calificar la infracción única, ya sea como continua o bien como continuada, pues el concepto "única" se refiere a un comportamiento continuado que tenía una única finalidad económica, dirigida a falsear la competencia, o incluso por infracciones individuales relacionadas entre ellas por una identidad de objeto y de sujetos

 1. Concepto de infracción continua y sus consecuencias:

 La jurisprudencia permite a la Comisión presumir que la infracción, o la participación de una empresa en ella, no se ha interrumpido, aunque no disponga de pruebas de la infracción durante algunos períodos específicos, siempre que las diferentes acciones que forman parte de esa infracción persigan una sola finalidad y puedan insertarse en una infracción de carácter único y continuo, apreciación ésa que debe sustentarse en indicios objetivos y concordantes acreditativos de la existencia de un plan conjunto (apartado 61).

 Cuando concurren esas condiciones el concepto de infracción continua permite, de esa forma, que la Comisión imponga una multa por la totalidad del período de infracción considerado y determine la fecha en la que empieza a correr el plazo de prescripción, a saber, la fecha en la que la infracción continua ha finalizado (apartado 62), sin perjuicio del derecho de la parte a desvirtuar dicha presunción.

 La consecuencia fundamental se vincula a la fijación del "dies a quo" a los efectos del cómputo del plazo de prescripción y al hecho de la responsabilidad de la empresa sancionada debe calcularse, en principio, teniendo en cuenta todo el período de duración de la infracción.

 2. Concepto de infracción continuada y sus consecuencias:

 Cuando se pueda considerar que la participación de una empresa en la infracción se interrumpió y que la empresa participó en ésta antes y después de esa interrupción, esa infracción puede calificarse como continuada si, al igual que la infracción continua, existe un objetivo único perseguido por ella antes y después de la interrupción. Ello podrá deducirse que de la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos afectados, de las empresas que han participado en la colusión, de las formas principales de su ejecución, de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas y por último del ámbito de aplicación geográfico de esas prácticas.

 En ese supuesto la infracción es única y continuada, y aunque la Comisión puede imponer una multa por todo el período de duración de la infracción, en cambio no puede imponerla por el período durante el que ésta se interrumpió.

 El origen del artículo 25.2 del Reglamento 1/2003 se encuentra en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la competencia de la Comunidad Económica Europea (DO L 319, p. 1; EE 08/02, p. 41), del que proceden las disposiciones sobre la prescripción contenidas en el Reglamento nº 1/2003, se refería a las infracciones «continuas o continuadas», y en la versión en lengua francesa al de infracciones «continues ou continuées, que fue sustituido en la versión en lengua francesa del artículo 25, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 , por el de infracción «continuée ou répétée», modificación que no se dio en las demás versiones lingüísticas, lo que ha dado lugar a una cierta confusión conceptual.

 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ha establecido las pautas o elementos que deben tomarse en consideración para calificar una conducta como infracción única y continua, que parten de un presupuesto irrenunciable, la existencia de un plan único de actuación conjunta de las distintas entidades implicadas.

 En este sentido puede citarse la Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2012, Asunto Verhuizongen Coppens, C- 441/11 , apartado 41, en el que se indica que: "Según reiterada jurisprudencia, una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, actualmente 101.1 del TFUE , puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto ( sentencias Comisión/Anic Partecipazioni, antes citada, apartado 81, así como de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Rec. p. I-123, apartado 258)".

 Por su parte, el Tribunal General, sin perjuicio, obviamente, de aplicar esta jurisprudencia, ha puntualizado los siguientes extremos:

 1º Así, en la sentencia de 6 de febrero de 2014, asunto T-27/10 AC- Treuhand AG, apartados 240 y 241, señala que no puede identificarse de forma genérica el concepto "objetivo único", que subyace en el plan conjunto de las empresas implicadas, con la simple distorsión de la competencia, pues ese es el presupuesto de la calificación de la práctica como anticompetitiva. Esa interpretación tendría como consecuencia, que varios comportamientos relativos a un sector económico, contrarios al artículo 81 CE , apartado 1, deberían calificarse sistemáticamente como elementos constitutivos de una infracción única (véase la sentencia del Tribunal de 30 de noviembre de 2011, Quinn Barlo y otros/Comisión, T-208/06 , Rec. p. II-7953, apartado 149, y la jurisprudencia citada).

 Por ello, debe siempre verificarse el grado de complementariedad de los distintos comportamientos que integran la infracción única.

 A este respecto, habrá que tener en cuenta cualquier circunstancia que pueda demostrar o desmentir dicho vínculo, como el período de aplicación, el contenido (incluyendo los métodos empleados) y, correlativamente, el objetivo de los diversos comportamientos de que se trata (véase la sentencia Amann &amp; Söhne y Cousin Filterie/Comisión, antes citada, apartado 92, y la jurisprudencia citada).

 2º La sentencia de 17 de mayo de 2013 Asunto T-147/09 Trelleborg Industrie, apartados 59 y ss, precisa que:

 a) En el marco de una infracción que dura varios años, no impide la calificación de infracción única el hecho de que las distintas manifestaciones de los acuerdos se produzcan en períodos diferentes, siempre que pueda identificarse el elemento de unidad de actuación y finalidad

 b) De acuerdo con una práctica jurisprudencial constante se han identificado una serie de criterios que ayudan a calificar una infracción como única y continuada, a saber: la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos y servicios, de las empresas participantes, y de las formas de ejecución, pudiéndose tener en cuenta, además, la identidad de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas implicadas y la identidad del ámbito de aplicación geográfico de las prácticas consideradas.

 c) La Comisión puede, en consecuencia, presumir la permanencia de una empresa durante todo el período de duración del cártel, aunque no se haya acreditado la participación de la empresa en cuestión en fases concretas, siempre que concurran los elementos suficientes para acreditar la participación de la empresa en un plan conjunto con una finalidad específica, que se prolonga en el tiempo. La consecuencia inmediata de ello, es que el "dies a quo" del plazo de prescripción, se computa a partir del cese de la última conducta.

 Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad conferida a la empresa implicada de desvirtuar esta presunción.

 Esta doctrina ha sido plenamente asumida por esta Sala de la Audiencia Nacional en las Sentencias de 15 de julio de 2014 (recursos nº 150/2013 y 176/2013 , asuntos Torres Epic y Tepol).

 NOVENO: Denuncia la recurrente la falta de prueba de su participación en una infracción única y continuada.

 En el presente caso, como veremos, la prueba de cargo de la participación de la recurrente en el cartel ha quedado acreditada a través de prueba indiciaria, cuya utilización en el ámbito del derecho de la competencia ha sido admitida por el Tribunal Supremo ya desde las sentencias de 6 de octubre y 5 de noviembre de 1997 , 26 de octubre de 1998 y 28 de enero de 1999 si bien exige, que los indicios se basen no en meras sospechas, rumores o conjeturas, sino en hechos plenamente acreditados, y que entre los hechos base y aquel que se trata de acreditar exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano.

 En éste sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2015 rec. 650/2013 recuerda que "el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria; si bien para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales: los indicios han de estar plenamente probados -no puede tratarse de meras sospechas- y se debe explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, se ha llegado a la conclusión de que el imputado realizó la conducta infractora; pues, de otro modo, ni la subsunción estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el producto deductivo es arbitrario, irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al estimar que la actividad probatoria puede entenderse de cargo.

 En parecidos términos se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, que también ha sostenido que no se opone al contenido del artículo 6.2 del Convenio la utilización de la denominada prueba de indicios ( STEDH de 25 de septiembre de 1992, caso Phan Hoang c. Francia , § 33; de 20 de marzo de 2001, caso Telfner c. Austria , § 5); si bien, cuando se trata de la denominada prueba de indicios la exigencia de razonabilidad del engarce entre lo acreditado y lo que se presume cobra una especial trascendencia, pues en estos casos es imprescindible acreditar no sólo que el hecho base o indicio ha resultado probado sino que el razonamiento es coherente, lógico y racional. Es ésa, como destacábamos en la sentencia antes citada de 6 de noviembre de 2013 (casación 2736/2010 ), la única manera de distinguir la verdadera prueba de indicios de las meras sospechas o conjeturas, debiendo estar asentado el engarce lógico en una «comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes» ( SsTC 45/1997, de 11 de marzo, F. 5 ; 237/2002, de 9 de diciembre, F. 2 ; 135/2003, de 30 de junio , F. 2, entre otras). "

 Pues bien el examen de las actuaciones revela una serie de reuniones en las que intervino DICKMANNS cuyo objeto era pactar los precios mínimos o condiciones homogéneas del alquiler de vehículos sin conductor y hacer un seguimiento del cumplimiento de tales acuerdos. Son las siguientes:

 1) A raíz de la reunión que tuvo lugar el 11 de enero de 2011, en el Hotel Cervantes de Torremolinos, en la que se pactaron unos precios mínimos se iniciaron contactos para subir las tarifas y así DICKMANNS se comprometió a subir los precios a partir del 13 de enero de 2011. Así lo acredita el correo electrónico interno de GOLDCAR de 13 de enero de 2011, recabado en la inspección de GOLDCAR (folios 8130 a 8133).

 2) 16 de febrero de 2011 , reunión en el Hotel Tryp Gran Sol, de Alicante, con representantes de GOLDCAR, PRIMA, AURIGACROWN, CENTAURO, BARDON Y RUFO, HELLE, RECORD, DICKMANNS, DRIVALIA, NEW CARS y AECA, en la que se acordaron precios para las dos categorías habituales de coches de alquiler para abril tanto en Península como en Mallorca y cobrar también por el primer conductor adicional. Así lo acreditan las notas manuscritas (folios 550 y 551), correos electrónicos internos de GOLDCAR de 15 de febrero de 2011, asunto: Sala de reunión Hotel Tryp Gran Sol 16.02.11 (folios 8198 y 8199) y el correo electrónico interno de GOLDCAR de 16 de febrero de 2011, asunto: reunión ALC proveedores (folio 8200), recabados en la inspección de GOLDCAR.

 3) 16 de marzo de 2011, reunión en el Parador de Puerto Lumbreras (Murcia), en la que participaron HELLE, RECORD, CENTAURO, NEW CARS, AURIGACROWN, AUTOMOTIVE, DICKMANNS, BARDON Y RUFO, AECA, AESVA y GOLDCAR. En ella se acordó mantener las tarifas actuales, según acreditan las notas manuscritas recabadas en la inspección de GOLDCAR (folio 4887) de RECORD (folios 4144 y 4145) y el correo electrónico de 14 de marzo de AURIGACROWN para GOLDCAR, asunto: Reunion 16.03, recabado en la inspección de GOLDCAR (folios 8231 y 8232).

 La recurrente sostiene que las tres únicas reuniones que la citan como interviniente no constituyen una prueba suficiente para atribuirle responsabilidad y que el hecho de participar en esas reuniones no presupone que aceptase lo acordado en ellas.

 No puede aceptarse el argumento. La reunión de 11 de enero de 2011 tuvo por objeto pactar unos precios netos mínimos y en ella se valoró la necesidad de subirlos, pues, la resolución recurrida dice " Los contactos para subir los precios siguieron tal y como habían quedado en la reunión, y así DICKMANNS se comprometió a subir los precios a partir del 13 de enero de 2011" (folio 95 de la resolución sancionadora) , es decir, que esa decisión la tomó Dickmanns a partir del acuerdo adoptado en la reunión de 11 de enero de 2011 de bajar precios a partir de una fecha. Lo mismo sucede con las reuniones de 16 de enero y 16 de marzo de 2011 cuyo objeto anticompetitivo en cuanto a fijación concertada de precios y condiciones se ha descrito. El objeto de esas reuniones no se ha cuestionado por la actora.

 La participación de la recurrente en únicamente tres reuniones no excluye su intervención en una infracción única y continuada pues, como recuerda la sentencia del TJUE de 24 de junio de 2015, Fresh Del Monte Produce Inc. contra Comisión Europea (C- 293/13 P) y Comisión Europea contra Fresh Del Monte Produce Inc. (C-294/13 P):

 " una empresa puede haber participado directamente en todos los comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción única y continuada, en cuyo caso la Comisión puede imputarle conforme a Derecho la responsabilidad de todos esos comportamientos y, por tanto, de dicha infracción en su totalidad. Asimismo, una empresa puede haber participado directamente sólo en una parte de los comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción única y continuada, pero haber tenido conocimiento de todos los otros comportamientos infractores previstos o ejecutados por los demás participantes en el cartel para alcanzar los mismos objetivos o haber podido preverlos de forma razonable y haber estado dispuesta a asumir el riesgo. En tal caso, la Comisión también puede lícitamente imputarle a dicha empresa la responsabilidad de la totalidad de los comportamientos contrarios a la competencia que componen tal infracción y, por consiguiente, de ésta en su totalidad ( sentencia Comisión/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, apartado 43)."

 En el presente caso, el contenido de las reuniones permite apreciar que DICKMANNS conocía cual era su objeto anticompetitivo, que decidió participar en ellas y que, no se distanció de tales prácticas pues, como recuerda la sentencia del TJUE de 11 de diciembre de 2003 en el asunto T-61/99 , Adriatica di Navigazione SpA/Comisión "la doctrina del distanciamiento público forma parte de un principio jurisprudencial según el cual, cuando una empresa ha participado en reuniones con un contenido ilegal, su exención de responsabilidad sólo puede derivarse de la prueba de que se distanció formalmente del contenido de dichas reuniones ( sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, Tréfileurope/Comisión, T-141/89 , Rec. p. II-791; sentencias Sarrió/Comisión y PVC II, antes citadas), distanciamiento que corresponde acreditar a la empresa imputada aportando la prueba de que su participación en las reuniones no estaba guiada en absoluto por un espíritu contrario a la competencia y demostrando que informó a sus competidores de que ella participaba con unas intenciones diferentes a las suyas ( sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, Chemie Linz/Comisión, T-15/89 , Rec. p. II-1275, apartado 135)."

 Pues bien, acreditada la participación de DICKMANNS en reuniones cuyo objeto eran las prácticas colusorias antes descritas, aquella no ha aportado prueba alguna que revele un apartamiento de las mismas, de ahí que sea conforme a la jurisprudencia citada la imputación de la conducta anticompetitiva desde el 11 de enero de 2011 hasta el momento en que se tiene por finalizada aquella.

 Por lo demás, tiene razón la recurrente en que es preciso acreditar que DICKMANS conocía el plan preconcebido común pues la jurisprudencia ha precisado que "puede imputarse a una empresa la responsabilidad de un cártel en conjunto, aun cuando sólo haya participado directamente en uno o varios de los elementos constitutivos de dicho cártel, si sabía que la colusión formaba parte de un plan de conjunto destinado a falsear el juego normal de la competencia" y, por tanto, sería preciso demostrar que conocía las conductas realizadas en Barcelona o Baleares. Lo cierto es que las reuniones de 11 de enero y 16 de marzo de 2011 se refieren a fijación de precios con carácter general, en particular, para Península (sin Barcelona) y Baleares para el período 10 de enero a 31 de marzo de 2011 , y en la reunión de 16 de febrero se menciona específicamente a Península y Baleares, por lo que, puede concluirse, razonablemente que la actora conocía que en las reuniones en las que participó los acuerdos adoptados se referían a todo el mercado nacional.

 DÉCIMO: Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad de la sanción se argumenta que la resolución sancionadora no ha acreditado que los acuerdos a los que alude tuvieran efectos económicos negativos para la competencia.

 Sin embargo, ha de recordarse que la infracción prevista en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC ), se consuma por la existencia del pacto colusorio ya que este tipo de infracción ha sido calificada por una jurisprudencia unánime de los Tribunales de la Unión Europea, General y de Justicia, que vincula a todos los poderes públicos nacionales según se desprende del artículo 19 del Tratado de la Unión Europea , como infracción por objeto, es decir que se entienden cometidas por la acreditación del mero pacto, lo que ha ocurrido en este caso, dejando al margen su ejecución. En el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2015 rec. 978 / 2014.

 Los acuerdos descritos, de fijación de precios son anticompetitivos por su objeto habida cuenta de que por su propia naturaleza son aptos para restringir la competencia en el mercado.

 Este tipo de acuerdos choca manifiestamente con la concepción inherente a las disposiciones del Tratado CE relativas a la competencia, según la cual los operadores económicos deben determinar de forma independiente la política que vayan a adoptar en el mercado. En efecto, el artículo 81 CE , apartado 1, prohíbe cualquier forma de coordinación que sustituya conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre los empresarios".

 Por lo demás, la resolución sancionadora para cuantificar la sanción ha tenido en cuenta, el periodo de tiempo en el que se ha desarrollado la infracción (entre el 13 de enero de 2011 y octubre de 2011 y el ámbito territorial de ésta, Comunidad Autónoma de Valencia por lo que, teniendo en cuenta, que las conductas que suponen acuerdos sobre precios son por su propia naturaleza muy graves, y así lo establece explícitamente tanto la jurisprudencia del TJUE citada, asi, la STJUE de 9 de julio de 2015 Innolux/Comisión como la Ley 15/2007 (artículos 61 y ss ), la sanción no vulnera el principio de proporcionalidad pues ha tomado en consideración los elementos que indica la recurrente para individualizar la sanción.

 No obstante lo anterior, como la sanción se ha impuesto sobre la base de la Comunicación de 6 de febrero de 2009, debe estimarse el recurso en este punto a fin de que por la CNMC se dicte una nueva resolución sancionadora adecuando la motivación y cuantificación de la sanción a los parámetros expuestos por el Tribunal Supremo en la STS de 29 de enero de 2015, rec. 2872/2013 , reiterados, entre otras, en la sentencia de 30 de septiembre de 2015 rec. 496/2013 y, sin que, en ningún caso, pueda resultar un importe superior al de la multa (de 332.308 ¤, euros) que ahora se anula.

 UNDÉCIMO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA no procede imponer las costas a ninguna de las partes en este proceso, dada la estimación parcial del recurso.

 Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación,

FALLAMOS

 QUE DEBEMOS ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso interpuesto por el Procurador D. Alberto Hidalgo Jiménez,, en nombre y representación de DICKMANNS RENT A CAR SL , contra la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 30 de julio de 2013, que impuso a la recurrente una sanción de multa por importe de 332.308 ¤, (euros), por la comisión de una infracción muy grave, debemos anular y anulamos la referida resolución en el solo particular relativo a la determinación de la cuantía de la multa, por no ser en este extremo ajustada a Derecho; disponiendo se remitan las actuaciones a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a fin de que dicte otra en la cual fije su importe en atención a los criterios legales de graduación debidamente motivados y por aplicación de los artículos 63 y 64 de la Ley 17/2007, de Defensa de la Competencia , de conformidad con los criterios expuestos en la STS de 29 de enero de 2015, rec. 2872/2013 . Sin hacer expresa imposición de costas.

 Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la misma no cabe recurso de casación, siguiendo las indicaciones prescritas en el artículo 248 de la Ley Orgánica 6/1985 , y testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 17/03/2016 doy fe.