Id. Cendoj: 28079230062016100095
ECLI: ES:AN:2016:1039
ROJ: SAN  1039/2016
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 112/2016
Fecha de Resolución: 30/03/2016
Nº de Recurso: 492/2013
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: ANA ISABEL RESA GOMEZ
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000492 / 2013

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 04804/2013

 Demandante: GUERIN RENT A CAR S.L. E IBERICAR SOCIEDAD IBÉRICA DEL AUTOMOVIL S.A.

 Procurador: D. CARMELO OLMOS GÓMEZ

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IIma. Sra.: Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. Berta Santillan Pedrosa

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a treinta de marzo de dos mil dieciséis.

 Visto el recurso contencioso administrativo núm. 492/2013 que ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido GUERIN RENT A CAR S.L. e IBERICAR SOCIEDAD IBÉRICA DEL AUTOMÓVIL S.A., representadas por el Procurador Sr. Olmos Gómez frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 30 de julio de 2013, relativa a expediente sancionador por incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia, con una cuantía de 226.732¤, siendo Ponente la Iltma. Sra. Dª ANA ISABEL RESA GÓMEZ, Magistrada de la Sección, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO -. La representación procesal indicada interpuso recurso contencioso-administrativo ante esta Sala contra la Resolución de referencia mediante escrito de fecha 29 de octubre de 2013. Por Decreto del Sr. Secretario se acordó tener por interpuesto el recurso, ordenando la reclamación del expediente administrativo.

 SEGUNDO -. En el momento procesal oportuno la representación procesal de la actora formalizó la demanda mediante escrito de 17 de febrero de 2014 en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de rigor, termino suplicando se dicte sentencia por la que con estimación del recurso se anule la resolución impugnada, o, subsidiariamente se reduzca la multa impuesta.

 TERCERO -. El Abogado del Estado contestó a la demanda para oponerse a la misma, y con base en los fundamentos de hecho y de derecho que consideró oportunos, terminó suplicando la desestimación del recurso.

 CUARTO -. Solicitado el recibimiento del pleito a prueba, fue practicada la que propuesta se declaró pertinente con el resultado obrante en autos y tras evacuar las partes el trámite de conclusiones, quedaron los autos conclusos y pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 24 de febrero de 2016 en el que efectivamente se deliberó, votó y falló, habiéndose observado en la tramitación del presente recurso todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO .- Es objeto de impugnación en este recurso contencioso-administrativo la resolución dictada por la Comisión Nacional de la Competencia el día 30 de julio de 2013 en el expediente sancionador S/0380/11 Coches de Alquiler contra la entidad GUERIN RENT A CAR S.L. e IBERICAR SOCIEDAD IBÉRICA DEL AUTOMOVIL S.A., por supuestas prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).

 La resolución impugnada tiene la siguiente parte dispositiva:

 "PRIMERO.- Declarar que en este expediente ha quedado acreditada la existencia de una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , conformada por los acuerdos adoptados e implementados por ALQUILER DE COCHES VICTORIA, S.L., AURIGACROWN CAR HIRE, S.L. y su sucesora AURIGACROWN WEB, S.L., BARDON Y RUFO 67, S.L., CARGEST, S.L., CENTAURO RENT-A-CAR, S.L. y su matriz CENTAURO, S.L., DICKMANNS RENT A CAR, S.L., DRIVALIA CAR RENTAL, S.L., GOLDCAR SPAIN, S.L. y su matriz GOLDCAR RENTING, S.L., GUERIN RENT A CAR, S.L. y su matriz IBERICAR SOCIEDAD IBÉRICA DEL AUTOMÓVIL, S.A., HELLE AUTO, S.A., NEW CARS COSTA DEL SOL, S.L., NIZA CARS, S.L., PRIMA RENT A CAR, S.L., RECORD-GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. y su matriz GO DE ALQUILER, S.L., SOL MAR ALQUILER DE VEHÍCULOS, S.L., AVIS ALQUILE UN COCHE, S.A. y su matriz AVIS EUROPE OVERSEAS LTD, AUTOMOTIVECARS MÁLAGA, S.L. y su matriz IDAPI, S.A., así como la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE COCHES DE ALQUILER- Andalucía (AECA) y la ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE VEHÍCULOS DE ALQUILER (AESVA), a través de los contactos y las reuniones entre representantes de dichas entidades desde el 27 de mayo de 2005 hasta octubre de 2011, que entran dentro de la definición de cártel, en cuanto que el objeto de los acuerdos alcanzados por dichas entidades ha consistido en la fijación de precios y de condiciones comerciales.

 SEGUNDO.- Declarar como sujetos responsables de esta infracción de cártel de acuerdo con el artículo 61 de la LDC , a: (...)

 13.- GUERIN RENT A CAR, S.L. y su matriz IBERICAR SOCIEDAD IBÉRICA DEL AUTOMÓVIL, S.A. por el acuerdo de fijación de precios en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por el periodo comprendido entre enero y octubre de 2011 en el supuesto de GUERIN y desde el 16de junio hasta octubre de 2011, su matriz...

 TERCERO.- Imponer, como autoras de la conducta infractora declarada en el resuelve primero y en atención a la responsabilidad que corresponde a cada una de ellas conforme a lo establecido en el Fundamento de Derecho Octavo, las siguientes multas sancionadoras:

 226.732 Euros a GUERIN RENT A CAR, S.L. y solidariamente a su matriz IBERICAR SOCIEDAD IBÉRICA DEL AUTOMÓVIL, S.A. desde el 16 de junio hasta octubre de 2011.

 CUARTO.- Declarar que SOL MAR ALQUILER DE VEHÍCULOS, S.L. reúne los requisitos previstos en el artículo 65 de la Ley 15/2007 y, en consecuencia, eximirle del pago de la multa que le corresponde por su participación en la conducta infractora.

 QUINTO.- Declarar que NIZA CARS, S.L. no reúne los requisitos del artículo 66 de la Ley 15/2007 y, en consecuencia, no procede aplicarle reducción alguna del importe de la multa fijado en el dispositivo TERCERO.

 SEXTO.- Acordar el archivo de las actuaciones seguidas contra SIXT RENT A CAR, S.L. y su matriz SIXT AKTIENGESELLSCHAFT, por no haber quedado acreditada la comisión de infracción por dichas empresas.

 SÉPTIMO.- Acordar la confidencialidad solicitada por las partes en sus escritos de alegaciones a la Propuesta de Resolución y de contestación al Acuerdo del Consejo de 11 de junio de 2013 relativo al volumen de negocios de las empresas sancionadas.

 OCTAVO.-. Instar a la Dirección de Investigación para que vigile el cumplimiento íntegro de esta Resolución. "

 SEGUNDO -. El expediente sancionador S/0380/11 Coches de Alquiler tiene su origen en la exención del pago de la multa presentada el 2 de agosto de 2011 en la Comisión Nacional de la Competencia por SOL MAR ALQUILER DE VEHÍCULOS, S.L., (SOLMAR), por la comisión de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC ), consistente en la participación en pactos y acuerdos para la fijación de los precios y condiciones comerciales en el sector de alquiler de vehículos sin conductor. Esta solicitud de exención, junto con la documentación presentada, ofrecía información y elementos de prueba sobre las características esenciales de la infracción, siendo completada posteriormente el 19 y el 27 de septiembre de 2011 y el 29 de noviembre de 2012.

 El 12 de diciembre de 2011 tuvo entrada en la CNC la solicitud de exención del pago de la multa o, en su caso, subsidiariamente de reducción del importe de la multa, presentada por NIZA, por la comisión de una infracción del artículo 1.1 de la LDC consistente en acuerdos para fijar precios mínimos en el sector de alquiler de vehículos sin conductor. La solicitud de clemencia fue completada el 17 de enero de 2012. El 23 de diciembre de 2011 la DI rechazó esta solicitud de exención del pago de la multa presentada por NIZA, dado que no se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 65.1 de la LDC , y acordó examinar la información y los elementos de prueba presentados por NIZA bajo la consideración de una solicitud de reducción del importe de la multa.

 A raíz de estos hechos, la Dirección de Investigación inició una información reservada y llevó a cabo inspecciones simultáneas en las sedes de varias entidades, a la vista de lo cual consideró que existían indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la LDC, razón por la que el 12 de enero de 2012, de conformidad con el artículo 49.1 de la LDC , acordó la incoación del expediente sancionador S/0380/11 Coches de alquiler, entre otras, contra la actora, que finalizó con la propuesta de resolución de que se declarase la existencia de conducta colusoria del artículo 1 de la Ley 16/1989 y de la vigente LDC, por los acuerdos adoptados e implementados, entre otros, por GUERIN, a través de los contactos y las reuniones entre representantes de dichas entidades desde mayo 2005 hasta octubre de 2011, que entran dentro de la definición de cártel, en cuanto que el objeto de los acuerdos alcanzados por dichas entidades ha consistido en la fijación de precios y de condiciones comerciales y que dichas conductas debían tipificarse, a efectos de determinación de la sanción a imponer, como infracciones muy graves del art. 62.4 a) de la LDC .

 En cuanto a las partes

 GUERIN RENT A CAR, S.L. (GUERIN) es una empresa de alquiler de coches sin conductor constituida en 2002, perteneciendo el 66% de sus acciones a GLOBALIA AUTOMÓVILES, S.L y el 34 % restante a personas físicas. Tras diversas ampliaciones de capital y transmisiones de participaciones en diciembre de 2008 GLOBALIA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A. poseía el 50% de GUERIN. El 17 de junio de 2009 IBERICAR SOCIEDAD IBÉRICA DEL AUTOMÓVIL, S.A. adquirió el otro 50% de GUERIN y el 16 de junio de 2011 el resto de las acciones que hasta ese momento eran propiedad de GLOBALIA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A., por lo que desde esta fecha pertenece al 100% a IBERICAR SOCIEDAD IBÉRICA DEL AUTOMÓVIL, S.A. Esta empresa se dedica al alquiler de vehículos sin conductor, cuyo ámbito territorial abarca el territorio español, Gibraltar, Portugal, Andorra y Francia, utilizando la marca comercial "pepecar.com' y prestando este servicio tanto con vehículos propios como con vehículos no propios pero en acuerdo con otros operadores. GUERIN pertenece a la Asociación Empresarial del Alquiler de Vehículos con y sin Conductor de Madrid (ASEVAL), que pertenece a la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos Con y Sin Conductor (FENEVAL)

 TERCERO-. La resolución impugnada después de analizar el marco normativo, indica cuál es el mercado relevante y el mercado geográfico, señalando en cuanto al primero que este se centra en el mercado de alquiler de coches sin conductor, a corto plazo y, por tanto, el producto analizado consiste en el arrendamiento al cliente durante un periodo limitado de tiempo de un vehículo y está dirigido básicamente a personas que no cuentan con medio de transporte en el lugar de destino vacacional o de negocios y estableciendo en cuanto al segundo, que el mercado geográfico es de ámbito nacional debido, entre otras razones, a la importancia de contar con una red capilar de mantenimiento y asistencia en el territorio nacional, a las distintas normativas nacionales en el ámbito fiscal, a las diferentes condiciones de las carreteras en cada Estado, aspecto éste que influye de forma determinante en las necesidades y preferencias de los clientes, así como a la inexistencia de productos estandarizados a nivel europeo, añadiendo que, derivada de la estrecha relación con el turismo en este mercado, la actividad del mismo se concentra en los principales destinos turísticos del país.

 Los hechos acreditados en este expediente se fundamentan en la información facilitada por SOLMAR en su solicitud de exención del pago de la multa, la documentación recabada en las inspecciones realizadas el 26 de octubre de 2011 en las sedes de AURIGACROWN, NIZA, GOLDCAR, DRIVALIA y RECORD y posteriormente, en las inspecciones realizadas el 11 de enero de 2012 en la sede de la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE COCHES DE ALQUILER (AECA) y en las empresas FLORENCIO BARRERA, CENTAURO y GUERIN, así como en las contestaciones a los requerimientos de información de la DI a las empresas y asociaciones incoadas, así como a AENA, en relación a las prácticas investigadas en este expediente sancionador y que consiste en un cártel de empresas del sector del alquiler de vehículos sin conductor para fijar unos precios mínimos de venta al público y pactar unas condiciones comerciales homogéneas al mismo precio y en alguna ocasión incluso, pactaron los márgenes de algunos de los brokers o intermediarios con los que trabajaban más frecuentemente.

 Del análisis de toda esta documentación, la DI constata la existencia de una infracción compleja, en la que se subsumen múltiples acuerdos adoptados en un principio, desde al menos el 27 de mayo de 2005, por 5 de las empresas imputadas -AURIGAGROWN, GOLDCAR, SOLMAR, RECORD Y CENTAURO-, en el ámbito territorial en el que operan dichas empresas, generalizándose a partir del 2 de abril de 2009 al resto de las entidades imputadas.

 En concreto, las entidades participantes en el cártel fijaban precios para las diferentes categorías de coches de alquiler, diferenciando según gama y temporada (alta o Premium, media, baja o invierno, navidades, semana santa, etc.), fijando también la duración temporal de dichas temporadas y la fecha de aplicación de los precios pactados para así poder fácilmente hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y no perder reservas, pues normalmente se acordaban incrementos de los precios mínimos.

 Estos acuerdos entre las entidades participantes en el cártel se realizaron fundamentalmente a través de las reuniones celebradas por el cártel, normalmente en salas de hoteles o restaurantes reservadas alternativamente por las 5 empresas que originariamente constituyeron el cártel -GOLDCAR, SOLMAR, CENTAURO, AURIGACROWN y RECORD-, desde mayo de 2005 y con periodicidad prácticamente mensual a partir de 2006, repartiéndose también entre dichas empresas los gastos por la reserva de estas salas, Posteriormente, con la ampliación del cártel a otras empresas y asociaciones estas reuniones se convocaron por dichas Asociaciones y tuvieron diferente periodicidad.

 Al margen de estas reuniones en las que las entidades participantes en el cártel, además de adoptar los acuerdos de precios y otras condiciones comerciales, realizaban un seguimiento de dichos acuerdos, también eran frecuentes los contactos entre reunión y reunión, principalmente vía correo electrónico, pues cada vez que los miembros del cartel encontraban publicado en las webs de los brokers algún precio por debajo de lo acordado, ponían de manifiesto esta "incidencia" (así la llamaban) al incumplidor, para que lo remediara lo antes posible, remitiéndose normalmente un "pantallazo" o "captura de pantalla" a modo de prueba, y en ese pantallazo, se podía ver los detalles del incumplimiento del precio ofertado, identificándose la empresa incumplidora, el modelo de coche de alquiler, el precio y el lugar.

 CUARTO-. Teniendo en cuenta los hechos probados en esta Resolución y lo dispuesto en los artículos 61.1 y 63.1.c) de la LDC , sin que conste que GUERIN indicara públicamente al resto de las entidades del cártel su intención de finalizar su participación en el cártel, se considera responsable a GUERIN RENT A CAR, S.L. y su matriz IBERICAR SOCIEDAD IBÉRICA DEL AUTOMÓVIL, S.A., por el acuerdo de fijación de precios en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por el periodo comprendido entre enero y octubre de 2011 en el supuesto de GUERIN y desde el 16 de junio hasta octubre de 2011 su matriz.

 Frente a ello la actora sostiene como fundamento de su pretensión anulatoria: 1.- La CNMC ha ignorado gravemente las reglas sobre procedimiento administrativo a seguir en el marco del expediente S/380/11 en cuanto a la práctica y valoración de pruebas plenamente relevantes y pertinentes a efectos de acreditar la existencia de una infracción del art. 1 de la LDC causando una grave indefensión e infringiendo la presunción de inocencia. 2.- La CNMC ha aplicado de forma manifiestamente incorrecta la LDC, infringiendo asimismo importantes principios de derecho administrativo sancionador. 3.- La CNMC ha aplicado de forma manifiestamente errónea la LDC y el derecho administrativo sancionador en lo que se refiere a la imputación de responsabilidad solidaria de Ibericar, como matriz de Guerín y 4.- La resolución impugnada infringe de forma evidente el principio de proporcionalidad en la sanción.

 El Abogado del Estado se muestra disconforme con dichos argumentos.

 QUINTO -. Señala la parte actora como primer motivo de impugnación que la resolución recurrida incurre en una doble omisión procedimental porque por un lado deja de valorar debidamente una serie de pruebas aportadas, no respondiendo a las alegaciones realizadas en cuanto a las mismas y por otro, deniega injustificadamente otra serie de pruebas a todas luces pertinentes.

 A este respecto debe indicarse que GUERIN RENT A CAR, S.L. solicita la práctica de la prueba documental siguiente:

 DOCUMENTAL, consistente en integrar en el expediente el contenido de los Anexos nº 2 BIS, 3 BIS, 6 BIS, 7 BIS y 8 BIS del presente escrito, consistentes en las versiones no confidenciales de los Anexos nº 2, 3, 6, 7 y 8 de sus alegaciones al Pliego.

 (ii) DOCUMENTAL DE TERCEROS, a practicar por el Consejo de la CNC mediante requerimiento de información a las empresas Centauro, Goldcar y Victoria para que aporten a la CNC datos detallados sobre los precios aplicados en sus contratos de alquiler de vehículos con categoría A y DD en la zona de Barcelona, durante todo el año 2011, con desglose de temporadas según se señala en el párrafo 306 de este Pliego (invierno, semana santa, media y alta). Igualmente solicita la celebración de Vista, que justifica en la existencia de cuestiones controvertidas sobre la existencia de determinadas conductas, su verdadero alcance y efectos, y la utilidad que podría tener su análisis en una vista pública ante el Consejo.

 IBERICAR SOCIEDAD IBÉRICA DEL AUTOMÓVIL, S.A. solicita que se admita como prueba los documentos que adjunta, de los que presenta versión confidencial y pública. Además solicita que se practique las siguientes pruebas testificales:

 - " a practicar por el Consejo de la CNC mediante interrogatorio a Don [Conf.] , apoderado de Guerin Rent a Car S.L. en el momento en que se produjeron los hechos imputados a mi mandante, a efectos de clarificar varios extremos relacionados con la actuación de Guerin en FITUR a finales de enero de 2011 y en la reunión de Valencia de 1 de febrero de 2011. El sr. [Conf.] También podría aclarar numerosas cuestiones referidas al contenido de correos remitidos o dirigidos a Guerin entre enero y abril de 2011 .", y

 - "a practicar por el Consejo de la CNC mediante interrogatorio a Don [Conf.] , apoderado de Guerin Rent a Car S.L. desde el 29 de noviembre de 2011, a efectos de clarificar la independencia y autonomía de la gestión de la propia GUERIN".

 El artículo 51.1 de la LDC regula la práctica por el Consejo de pruebas solicitadas por las partes, siempre que sean distintas de las practicadas en la fase de instrucción por la DI, o de actuaciones complementarias, bien sean de oficio o a instancia de los interesados, cuando dichas pruebas o actuaciones sean consideradas por el Consejo necesarias para la formación del juicio en la toma de decisión. Ese mismo precepto legal, en su apartado 3, dispone que a propuesta de los interesados el Consejo de la CNC pueda acordar la celebración de Vista.

 Por tanto en el esquema de la Ley 15/2007, tanto la práctica de pruebas, a propuesta de las partes o de oficio del Consejo, como la celebración de Vista, son actuaciones potestativas del Consejo, que las acordará en la medida en que las considere necesarias para aclarar cuestiones que no constan en la instrucción, y que son precisas para la formación de su juicio antes de resolver ( artículo 51. 1 y 3 de la LDC ).

 Además, en materia probatoria, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, es criterio del Consejo considerar que sólo son admisibles aquéllas que tienen por objeto refutar los hechos imputados, la participación en los mismos de las empresas imputadas, o los efectos dañinos sobre el mercado, así como, en su caso, las relativas a la dimensión del mercado afectado o la cifra de negocios del imputado.

 Sobre esta base normativa, el Consejo acuerda incorporar al expediente toda la documentación e informes que las partes han adjuntado al expediente como alegación de parte.

 Sobre la restante prueba solicitada por las partes, el Consejo no la considera pertinente ni necesaria para la resolución del expediente ni para el derecho de defensa de las partes solicitantes.

 En particular:

 -Se rechaza la práctica de la prueba documental de terceros propuesta por GUERIN. El Consejo coincide con la DI en que el resultado de esta prueba no puede aportar valor adicional en relación con la participación de las empresas en las conductas analizadas en el expediente de referencia, ni son necesarias para determinar el alcance y efectos de las actuaciones de estas empresas; por tanto, no pueden constituir prueba de descargo. En el expediente consta información, proveniente de distintas fuentes, que acreditan que las conductas colusorias no afectaron únicamente a las categorías o gamas de coches de alquiler que se citan en la solicitud de prueba.

 - Se rechaza la práctica de la prueba testifical propuesta por IBERICAR. La empresa podría haber aportado al expediente las declaraciones de las personas designadas (directivos de su filial GUERIN) si así lo hubiese querido. En todo caso, la testifical planteada (ya solicitada por GUERIN ante la DI, y denegada por ésta) no es idónea en términos de prueba de descargo, pues tiene por objeto "aclarar" el contenido de documentos, obtenidos de fuentes diversas (inspecciones y requerimientos), que constituyen prueba directa de la participación de GUERIN en el cártel.

 Por tanto el motivo debe ser desestimado por cuanto el derecho a la utilización de los medios de prueba en el procedimiento administrativo sancionador requiere superar un juicio de pertinencia, conforme al art.24.2 de la CE ( STC 192/87 , 212/90 de 20 de diciembre , 297/1993 ), que en el presente caso no se ha producido, habiendo razonado el Consejo la razón de tal denegación, lo que impide apreciar la existencia de indefensión.

 Y en cuanto al hecho de haber dejado de valorar la CNMC pruebas relevantes aportadas, debe indicarse que el respeto del derecho de defensa en un procedimiento tramitado ante la Comisión con el objeto de imponer una multa a una empresa por infringir las normas de defensa de la competencia exige que la empresa interesada haya podido exponer de modo útil su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y las circunstancias alegados y sobre los documentos que la Comisión tuvo en cuenta para fundamentar su alegación de la existencia de una infracción al Tratado (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, antes citada, apartado 66). El artículo 41, apartado 2, letras a) y b), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea concreta el contenido de este derecho.

 SEXTO-. Es la valoración del conjunto de las pruebas obrantes en el expediente sancionador lo que ha llevado a la CNMC a concluir con la participación e imputación de la actora en los hechos descritos, constitutivos de infracción, y tal cuestión enlaza con el principio de presunción de inocencia, que abordaremos a continuación, no sin antes entrar a debatir el concepto de infracción única y continua que la actora cuestiona.

 La CNC califica las conductas que se desarrollaron desde el 27 de mayo de 2005 hasta el 26 de octubre de 2011 - fecha en la que la CNC realizó las primeras inspecciones- , como de infracción única y continua, pues en este periodo varias empresas actuaron con un plan único y homogéneo de actuación conjunta participando en la adopción de acuerdos dirigidos a determinar y fijar los precios mínimos y condiciones comerciales en el sector de alquiler de vehículos sin conductor. Para la CNC la mercantil recurrente tuvo una participación completa si bien limitada al periodo comprendido entre enero y octubre de 2011.

 La mercantil recurrente insiste, desde distintos puntos de vista, que difícilmente su conducta puede integrarse en el concepto de infracción única y continua y ello porque no ha formado parte, ni activa ni pasivamente, del cartel denunciado por los solicitantes de clemencia. Insiste en que su participación, en su caso, tuvo lugar en un espacio temporal muy reducido y en un ámbito de actuación muy restringido.

 Para dar adecuada respuesta a dicha afirmación debemos recordar la jurisprudencia comunitaria del Tribunal de Justicia que ha establecido las pautas o elementos que deben tomarse en consideración para calificar una conducta como infracción única y continúa que parten de un presupuesto irrenunciable, como es la existencia de un plan único de actuación conjunto de las distintas entidades implicadas. En este sentido puede citarse la Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2012, Asunto C- 441/11 , apartado 41, en el que se indica que:

 "Según reiterada jurisprudencia, una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, actualmente 101.1 del TFUE , puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto ( sentencias Comisión/Anic Partecipazioni, antes citada, apartado 81, así como de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C- 219/00 P, Rec. p. I-123, apartado 258)".

 En el cártel que ahora se revisa concurren los requisitos exigidos por la jurisprudencia comunitaria toda vez que consta que se adoptaron por diversas empresas competidoras entre sí varios acuerdos bajo el interés de una actuación común y preconcebida que afectaban a la competencia al imponerse unos precios mínimos comunes en relación con el alquiler de vehículos sin motor en los aeropuertos con afluencia importante de turistas y por sí solo podía restringir la libertad de las partes de actuar independientemente en el mercado. Y ello permite encuadrar todas las conductas bajo el concepto de infracción única y continua sin perjuicio de que en cada caso concreto se especifique el periodo de participación de cada una de las empresas a efectos de graduación de la sanción de multa. Como así ha sucedido en relación con la ahora recurrente.

 SÉPTIMO-. La mercantil recurrente refiere que es difícil que se le pueda imputar una infracción única y continua cuando el ámbito territorial en el que podían, en su caso, producirse los efectos de las prácticas restrictivas de la competencia era el territorio de Barcelona.

 Para determinar el ámbito geográfico relevante es necesario especificar las características del cártel examinado. Como ya se ha expuesto supuso la adopción de acuerdos para fijar precios mínimos en el mercado de alquiler de vehículos sin conductor en los aeropuertos de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Baleares, Valencia y Cataluña; aeropuertos todos ellos en los que existe una importante afluencia de turistas que ya en el propio aeropuerto solicitan vehículos sin conductor por periodos cortos que coinciden con periodos vacacionales.

 La resolución sancionadora señala cual es en el caso examinado el mercado relevante y el mercado geográfico relevante al exponer:

 (153) En el caso del expediente de referencia, el mercado relevante se centra en el mercado de alquiler de coches sin conductor, a corto plazo y, por tanto, el producto analizado consiste en el arrendamiento al cliente durante un periodo limitado de tiempo de un vehículo y está dirigido básicamente a personas que no cuentan con medio de transporte en el lugar de destino vacacional o de negocios.

 (154) Asimismo y dadas las características económicas en España, el turismo ha favorecido un importante desarrollo de este mercado, en particular en determinadas zonas del territorio nacional. .....

 (161) En cuanto al mercado geográfico, reiterada jurisprudencia comunitaria ha definido el mismo como "la zona geográfica donde se comercializa el producto en cuestión y donde las condiciones de competencias son lo suficientemente homogéneas como para permitir la evaluación de la repercusión del poder económico de una determinada empresa.

 (162) Tanto la práctica comunitaria como la nacional han coincidido en numerosas ocasiones en establecer que el mercado de los servicios de alquiler operativo de vehículos es de ámbito nacional debido, entre otras razones, a la importancia de contar con una red capilar de mantenimiento y asistencia en el territorio nacional, a las distintas normativas nacionales en el ámbito fiscal, a las diferentes condiciones de las carreteras en cada Estado, aspecto éste que influye de forma determinante en las necesidades y preferencias de los clientes, así como a la inexistencia de productos estandarizados a nivel europeo.

 (163) A todo lo anterior hay que añadir que derivada de la estrecha relación con el turismo en este mercado, la actividad del mismo se concentra en los principales destinos turísticos del país. Así, según los datos del año 2009 del DIRCE 200 (Directorio Central de Empresas, del Instituto Nacional de Estadística) el 80% de las empresas dedicadas al alquiler de vehículos se concentran en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia, Andalucía, Baleares, Canarias y Madrid. De lo anterior se deduce la clara asimetría geográfica que existe en el mercado derivada de la ya mencionada relación con el turismo".

 Esta Sección anticipa que rechaza la alegación formulada por la recurrente sobre este punto. Así de acuerdo con la Comunicación de la Comisión Europea relativa la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia (Diario Oficial nº C 372, de 9 de diciembre de 1997) se define el ámbito geográfico del mercado relevante como "la zona en la que las empresas afectadas desarrollan actividades de suministro de los productos y de prestación de los servicios de referencia, en la que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse de otras zonas geográficas próximas, debido, en particular, a que las condiciones de competencia en ella prevalecientes son sensiblemente distintas a aquellas".

 Y el Tribunal de Primera Instancia de 11 de diciembre de 2003, Asunto T-61/99, Adriática di Navigazione SpA, especifica que es lo que debe entenderse por mercado geográfico relevante cuando refiere que "puede imputarse a una empresa la responsabilidad de un cartel en conjunto, aun cuando solo haya participado directamente en uno o varios de los elementos constitutivos de dicho cártel, si sabía que la colusión formaba parte de un plan de conjunto destinado a falsear el juego normal de la competencia. En consecuencia, la Comisión sostiene que el hecho de que la demandante participase en las practicas colusorias únicamente por lo que respecta a la línea que explotaba no descarta su responsabilidad por el conjunto de la infracción dado que tenía conocimiento de la existencia de un plan de conjunto de las compañías marítimas con objeto de fijar los precios. Así pues, el hecho de que participase solo en uno de los aspectos de las practicas colusorias, el relativo a los servicios de transporte prestados entre Brindisi y Patras, solo tiene consecuencias en relación con su grado de participación en el acuerdo y con su responsabilidad por este aspecto del acuerdo, pero no tiene ninguna relevancia en la definición del mercado afectado".

 En el caso examinado, los acuerdos colusorios adoptados no afectaban de forma separada e individualizada a cada uno de los aeropuertos afectados sino que formaban parte de un sistema colusorio más amplio por el que se fijaban precios y condiciones comerciales que afectaban a aeropuertos de distintos lugares del territorio nacional que tenían en común que eran aeropuertos en los que había un importante mercado para el alquiler de vehículos sin conductor a corto plazo como eran los turistas que llegaban en periodos y temporadas de vacaciones. Y esa trama común y homogénea es lo que justifica que la CNC haya considerado a la recurrente como responsable de una infracción única y continua al margen de su campo geográfico concreto de actuación y al margen del periodo de actuación de la misma que tendrá relevancia a los efectos de graduar la cuantía de la multa que pueda imponerse.

 OCTAVO - Una vez determinado el ámbito supra-autonómico de las practicas colusorias imputadas por la CNC corresponde examinar cual fue la participación concreta de la recurrente en la adopción de los referidos acuerdos y prácticas anticompetitivas. Y ello nos conduce a examinar si hay prueba sobre su culpabilidad.

 La CNC le imputa responsabilidad por su participación en el cártel por el periodo comprendido entre enero y octubre de 2011 y a IBERICAR desde el 16 de junio hasta octubre de 2011. Sin embargo, la mercantil recurrente niega su participación en el periodo que le ha imputado la CNC, admitiendo que su participación en la reunión de Valencia el 1 de febrero de 2011 era para hablar de temas logísticos en el área del aeropuerto de Barcelona, enfocados a la reducción de costes, pero ajenos a una fijación de precios.

 Nuevamente insiste la recurrente en la idea de que no es factible que pueda incluirse su participación en un plan conjunto si como es su caso su conocimiento y participación no tuvo lugar desde sus inicios, en el mes de mayo de 2005, sino en su fase casi final.

 Su tesis debe rechazarse con arreglo a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia como así se refleja en la reciente sentencia de 24 de junio de 2015 donde se expone:

 "Según reiterada jurisprudencia, una infracción del artículo 81 CE , apartado 1, puede resultar no solo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado pueden también constituir, por sí mismo y aisladamente considerados, una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un plan conjunto, debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto ( Sentencia Comisión /Verhuizingen Coppens C-441/11 P, EU:C:2012:778, apartado 41 y jurisprudencia citada).

 Una empresa que haya participado en tal infracción única y compleja mediante comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de acuerdo o de practica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 81 CE , apartado1, y que pretendían contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede así ser también responsable de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el periodo de su participación en dicha infracción. Así sucede cuando se acredita que la citada empresa intentaba contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes y que tuvo conocimiento de los comportamientos infractores previstos o ejecutados por otras empresas para alcanzar los mismos objetivos o que pudo de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo ( sentencia Comisión /Verhuizingen Coppens C-441/11 P, EU:C:2012:778, apartado 42 y jurisprudencia citada).

 En consecuencia, una empresa puede haber participado directamente en todos los comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción única y continuada, en cuyo caso la Comisión puede imputarle conforme a Derecho la responsabilidad de todos esos comportamientos y, por tanto, de dicha infracción en su totalidad. Asimismo, una empresa puede haber participado directamente solo en una parte de los comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción única y continuada, pero haber tenido conocimiento de todos los otros comportamientos infractores previstos o ejecutados por los demás participantes en el cartel para alcanzar los mismos objetivos o haber podido preverlos de forma razonable y haber estado dispuesta a asumir el riesgo. En tal caso, la Comisión también pude lícitamente imputarle a dicha empresa la responsabilidad de la totalidad de los comportamientos contrarios a la competencia que componen tal infracción y, por consiguiente, de esta en su totalidad ( sentencia Comisión /Verhuizingen Coppens C-441/11 P, EU:C:2012:778, apartado 43 y jurisprudencia citada)".

 Debemos así analizar si existe o no prueba de la participación de la recurrente en el cártel con conocimiento de los acuerdos anticompetitivos adoptados, con independencia de que la recurrente no conociera ni se reuniera desde el inicio de la actuación del plan conjunto.

 En este tipo de actuaciones es difícil encontrarse con la existencia de pruebas directas que permitan acreditar la participación en las conductas infractoras; lo normal es que sea a través de indicios. Pues bien, la prueba de indicios está ampliamente aceptada por la jurisprudencia constitucional desde la SSTC 174 y 175/1985 , y resulta práctica habitual en materia de cárteles, siempre que los indicios resulten probados de forma directa, tengan fuerza persuasiva, produzcan una convicción suficiente en el juzgador, se encuentren en directa relación con las consecuencias que se pretenden extraer de los mismos y no exista una explicación alternativa que permita desvirtuar las conclusiones a las que llega la Administración.

 Así las cosas consta que:

 " EL 21 de enero de 2011 en unos correos electrónicos internos de GOLDCAR se comentó que sería bueno en Barcelona fijar "entre Centauro, Pepecar, nosotros y tal vez Victoria un neto mínimo para así "asegurarnos" que no baje el precio al mismo nivel que el resto de la península", ofreciéndose el Presidente Ejecutivo de GOLDCAR a llamar a VICTORIA. Respecto de este acuerdo, en la inspección realizada en la sede de GUERIN se encontró en la mesa del Director de Nuevos Canales de Negocio una carpeta denominada "Miércoles FITUR Broker actuales (NIZA,HERZT;HIPER; CENTAURO;OWNERS)" -FITUR se celebró del 19 al 23 de enero de 2011- que contenía un documento con la siguiente anotación:

 "- Precios mercado BCN Reunión para marcar mínimos.

 PPCAR

 GOLDCAR

 VICTORIA

 RECORD

 CENTAURO

 SIXT".

 "EL 1 de febrero de 2011 se celebró una reunión entre representantes de CENTAURO, GUERIN, VICTORIA y GOLDAR en Valencia, para fijar precios mínimos en Barcelona para dos categorías de coches en varias temporadas, cuya duración también acordaban, como se constante en el correo interno de GOLDCAR enviado para la aplicación inmediata en Barcelona de las tarifas acordadas en la reunión:

 "(...) (Centauro), (...) (PepeCar), (...) y (...) (Victoria) y (...) (Goldcar).

 Hablamos de la situación en BCN. Todos pensamos que no debemos bajar los precios tanto y hacernos la competencia. El negocio/cliente de BCN no tiene nada que ver con el resto de la península.

 Cada una marcará la calculación de los alquileres de corta duración como quiera.

 La próxima reunión será dentro de un mes.

 Nos comprometemos de vigilar también a las multinacionales y si viéramos una bajada de sus precios reaccionaríamos.

 En las web propias aumentaremos los netos con un 15%.

 Hemos acordado lo siguiente:

 Invierno hasta el día 31.03.2011

 AA: 90 euros por semana

 D: 125 euros por semana

 Semana Santa: 15.04 al 23.04

 AA: 170

 D: 205

 Media: 01.04 al 14.04 / 24.04 al 30.06 / 01.10 al 31.10

 AA: 145

 D: 180

 Alta: 01.07 al 30.09

 AA: 195

 D: 230".

 "El 21 de febrero de 2011 CENTAURO envió un correo electrónico a GUERIN en el que le indicaba: "Veo en Barcelona no habéis cambiado nada!!!!!", a lo que GUERIN le contestó que estaban en ello(Folio 4676).

 En el informe semanal interno de GOLDCAR enviado el 6 de marzo de 2011 se menciona el acuerdo de 1 de febrero de 2011 para Barcelona, así como una actualización del mismo "- Hemos bajado los precios de BCN hasta 31.03.2011. Es un acuerdo entre Centauro, PepeCar y nosotros. Cuando acordamos hace un mes en VLC que íbamos a subir los precios etc. Victoria también estaba de acuerdo. Al final, porque Pepecar tardó más de la cuenta de ponerlo en marcha ellos no lo hicieron."

 El 17 de marzo de 2011 CENTAURO envió un correo electrónico a GUERIN, en el que le indicaba que tenía unos precios bajísimos que estaban destrozando el mercado y que no coincidía con lo hablado entre ellos:

 "Lo siento molestarte pero en Barcelona Semana Santa y Temporada Alta estáis destrozando el mercado. Estáis a 50¤ más barato que los otros. Todo el mundo está presionándonos por tus precios. No es necesario y además hablamos de otros precios durante el café. Creo que no vale la pena de tomar otra café. Los otros están completamente sorprendidos, y confundido con esta política de precios. Si no hay un cambio, veo guerra total. Solmar también están entrando en la guerra de precios. Por favor llámame para ver si se puede hacer algo o no. Espero que si."

 A la vista de lo expuesto esta Sala no admite la afirmación de la recurrente cuando considera que carece de responsabilidad porque creyó que eran reuniones en las que se trataban temas beneficiosos para todas las empresas competidoras pero sin intención de alterar la libre competencia entre ellas. En este aspecto se recuerda la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia en la sentencia ya referida del Asunto T-Mobile cuando destaca en sus párrafos 53, 61 y 62 que:

 "(53). A la luz de las consideraciones que preceden, debe responderse a la segunda cuestión que, en el marco del examen de la relación de causalidad entre la concertación y el comportamiento en el mercado de las empresas que participan en ella -relación exigida para determinar la existencia de una práctica concertada en el sentido del artículo 81 CE , apartado 1-, el juez nacional está obligado a aplicar, salvo prueba en contrario que incumbe aportar a estas últimas, la presunción de causalidad establecida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual las referidas empresas, si permanecen activas en el mercado, tienen en cuenta la información intercambiada con sus competidores. ....

 (61). En tales circunstancias, procede considerar que el punto decisivo no es tanto el número de reuniones celebradas entre las empresas interesadas como el hecho de saber si el contacto o los contactos que se han producido han dado a éstas la posibilidad de tener en cuenta la información intercambiada con sus competidores para determinar su comportamiento en el mercado de que se trate y sustituir conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas. Dado que ha quedado demostrado que dichas empresas han llegado a concertar su comportamiento y que han permanecido activas en el mercado, está justificado exigir que aporten la prueba de que dicha concertación no ha influido en su comportamiento en el referido mercado.(63). Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión que, siempre que la empresa participante en la concertación permanezca activa en el mercado de que se trate, es aplicable la presunción de que existe una relación de causalidad entre la concertación y el comportamiento de dicha empresa en el mercado, incluso si la concertación se basa solamente en una única reunión de las empresas interesadas".

 En el caso analizado no consta que la recurrente conocedora de los acuerdos por su participación, aún en una única reunión, se apartara expresamente del grupo o manifestara su oposición a ese tipo de prácticas, al contrario consta su seguimiento y control especifico de terceras empresas incumplidoras y, además, seguía activa en el mismo sector de actividad lo cual permite concluir que su participación era activa y conocía los acuerdos que se estaban adoptando sobre precios mínimos según temporada y gamas de vehículos.

 Y frente a las alegaciones de ausencia de efectos por no implementación de los acuerdos colusorios o por su incumplimiento generalizado, debemos señalar que todo cártel, por su propia naturaleza, produce un falseamiento significativo de la competencia en el mercado considerado, que beneficia exclusivamente a las empresas participantes en los acuerdos conformadores de la infracción, que es sumamente perjudicial para los clientes y, en definitiva, para el público en general. Siendo, pues, los cárteles infracciones por objeto su prohibición por el art. 1.1 de la LDC no se hace depender de su efectiva aplicación por las empresas que lo integran, ni menos aún de la acreditación de tales efectos anticompetitivos.

 Los acuerdos adoptados por los miembros del cártel tenían por objeto fijar precios (ya sean mínimos o directamente un incremento de éstos, así como su mantenimiento en los periodos delimitados) y la misma política comercial respecto al inicio y final de cada temporada (alta, media, baja), como también de los extras y sus precios (recargos por sillas de bebes, baca, conductor adicional, tasa de aeropuerto, etc.).

 Por tanto, un primer efecto del cártel consiste en la creación de un clima de mayor seguridad y estabilidad entre la incoadas, que ha limitado artificialmente la incertidumbre propia de los mercados en régimen de competencia al tiempo de establecer cada empresa, de forma individual y autónoma, su estrategia comercial en materia de precios y de oferta de otras condiciones de prestación del servicio de alquiler de coches sin conductor a corto plazo. A través de esta coordinación y adaptación planificada de su comportamiento comercial, las empresas del cártel adquirieron durante su vigencia una ventaja competitiva ilícita respecto del resto de los competidores, en perjuicio de éstos, de sus clientes y de los consumidores finales.

 Pero las empresas cartelizadas no sólo adoptaron acuerdos de fijación de precios y otras condiciones de prestación del servicio sino que los pusieron en práctica, como así resulta de las notas de las reuniones del cártel (por ejemplo, en la reunión de 25 de mayo de 2006, RECORD-GO comentó " Parece que nadie hay[a] roto el pacto. Los precios reflejados en las páginas web de los brokers parecen que son los mismos "; y en la reunión de 21 de mayo de 2009 se afirma " Tras varias reuniones parece ser que los precios se han adecentado ": párr. 216 PCH y 322 PR), de las comunicaciones a los brokers informando los nuevos precios (por ejemplo, párr. 191 PCH y 326 PR), y del sistema diseñado para vigilar el seguimiento de lo acordado y solucionar los incumplimientos puntuales detectados.

 NOVENO - Y por lo que se refiere a la imputación de responsabilidad a Ibericar, el artículo 61.2 LDC establece:

 "A los efectos de la aplicación de esta Ley, la actuación de una empresa es también imputable a las empresas o personas que la controlan, excepto cuando su comportamiento económico no venga determinado por alguna de ellas"

 Como recuerda la resolución impugnada, este precepto recoge la doctrina comunitaria, que permite imputar la responsabilidad a la sociedad matriz aunque no haya participado directamente en el acuerdo.

 El fundamento de la previsión legal, que refleja la normativa comunitaria, no es otro que la doctrina de la unidad económica. En la sentencia dictada el 19 de julio de 2012 (Asuntos acumulados C-628/10P y C-14/11P Alliance One International) el Tribunal recuerda que según su jurisprudencia: " el concepto de empresa abarca cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación. Debe entenderse ese concepto en el sentido de que designa una unidad económica aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas. Cuando una entidad económica de este tipo infringe las normas sobre la competencia, le incumbe, conforme al principio de responsabilidad personal, responder por esa infracción ( sentencias de 20 de enero de 2011, General Química y otros/Comisión, C-90/09 P, Rec. p. I-0000, apartados 34 a 36 y la jurisprudencia citada, y de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, C-521/09 P, Rec. p. I-0000, apartado 53)."

 El comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz cuando, aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado. En el caso de que una sociedad matriz participe en el 100% del capital o en la inmensa mayoría del mismo de una empresa que ha infringido las normas de derecho de la competencia existe una presunción "iuris tantum" de que esa sociedad matriz ejerce una influencia decisiva en el comportamiento de su filial y, por tanto se la puede considerar responsable solidaria de la conducta ya que en este caso se sanciona a la unidad económica, correspondiendo en su caso a la matriz desvirtuar dicha presunción. ( Sentencia del TJ de 10 de septiembre de 2009, asunto C-97/08 ). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha mantenido una constante línea jurisprudencial en este sentido, iniciada en la sentencia de 25 de octubre de 1.983 (AEG Telefunken) en la cual se estableció que la matriz que controla una filial al 100% debe acreditar que pese a ello esta es capaz de desarrollar una conducta autónoma, y continuadamente ha establecido que el criterio decisivo a estos efectos no es la forma jurídica que adopte la relación empresarial, sino la existencia de una unidad de comportamiento en el mercado. En la sentencia Air Liquide, el Tribunal General estableció que "cualquier vínculo económico, legal u organizacional" puede mostrar la existencia de este control efectivo de la matriz sobre la filial.

 Conforme a la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Octava) sentencia de 16 junio 2011 En los asuntos acumulados -204/08 y T-212/08, Team Relocations NV 150) "en el caso específico de una sociedad matriz a la que pertenece el 100% del capital social de su filial autora de un comportamiento infractor, como en el presente asunto, hay una presunción rebatible de que la matriz ejerce una influencia decisiva en la política comercial de su filial (véanse en ese sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 1983, AEG/Comisión, 107/82, Rec. p. 3151, apartado 50 , y de 16 de noviembre de 2000 , Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión , C-286/98 P, Rec. p. I-9925, apartado 29, y las sentencias del Tribunal General de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, T-305/94 a T-307/94 , T-313/94 a T-316/94 , T-318/94 , T- 325/94 , T-328/94 , T-329/94 y T-335/94 , Rec. p. II-931, apartados 961 y 984, y de 12 de diciembre de 2007, Akzo Nobel y otros/Comisión, T-112/05, Rec. p. II-5049, apartado 62). Esa jurisprudencia ha sido confirmada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 10 de septiembre de 2009 (TJCE 2009, 274), Akzo Nobel y otros/Comisión (C-97/08 P, Rec. p. I-8237). "

 En este caso, la parte actora no ha desvirtuado dicha presunción "iuris tantum", acreditando que no existe ni tal unidad económica ni tal influencia decisiva de la matriz en la actividad económica de la filial, por lo que igualmente debe desestimarse este motivo de recurso.

 En estas circunstancias, debe desestimarse este motivo de impugnación.

 DÉCIMO-. Finalmente la recurrente refiere que la sanción de multa es desproporcionada en cuanto a su cuantía.

 En este caso la sanción se ha impuesto con arreglo a los criterios fijados en la "Comunicación de la CNC sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1 , 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea" (BOE de 11 de febrero de 2009). Y por ese único motivo, esta Sección estima y acepta la afirmación de la recurrente de que la cuantía de la multa impuesta debe anularse porque no respeta el principio de proporcionalidad como así se ha declarado por el Tribunal Supremo en la sentencia dictada en fecha 29 de enero de 2015 (casación 2872/2013 ), criterios jurídicos que se han mantenido posteriormente en numerosas sentencias. Y ello nos llevan a la estimación del recurso contencioso administrativo pero exclusivamente en este punto y se ordena a la Comisión Nacional de la Competencia a que proceda a cuantificar de nuevo la multa de acuerdo con la interpretación que de los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007 se hace por el Tribunal Supremo en esa sentencia.

 UNDÉCIMO-. Toda vez que se ha estimado parcialmente el presente recurso contencioso administrativo no se hace un pronunciamiento especial sobre las costas procesales causadas en esta instancia tal como dispone el artículo 139.1 de la LJCA en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre.

 VISTOS.- los artículos legales citados por las partes y demás de general y pertinente aplicación, y siendo Ponente la Ilma. Sra. Dª ANA ISABEL RESA GÓMEZ, Magistrada de la Sección:

FALLAMOS

 Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS EN PARTE el recurso interpuesto por la representación procesal de GUERIN RENT A CAR, S.L. e IBERICAR SOCIEDAD IBÉRICA DEL AUTOMOVIL S.A. y en consecuencia se anula por ser contraria al ordenamiento jurídico pero en el único y exclusivo aspecto relativo a la cuantía de la multa impuesta que se deja sin efecto por entenderse que ha sido desproporcionada y se ordena a la CNC a que fije de nuevo la cuantía de la multa con arreglo a la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en la sentencia referida en el fundamento de derecho décimo de esta sentencia. Sin costas.

 Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 248 de la LOPJ , al tiempo de notificar la presente sentencia, se indicará a las partes que contra la misma no cabe recurso de casación.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.