Id. Cendoj: 28079230062016100096
ECLI: ES:AN:2016:1126
ROJ: SAN  1126/2016
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 107/2016
Fecha de Resolución: 16/03/2016
Nº de Recurso: 507/2013
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: BERTA MARIA SANTILLAN PEDROSA
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000507 / 2013

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 04860/2013

 Demandante: IDAPI, S.A Y AUTOMOTIVECARS MALAGA, S.L.

 Procurador: DÑA. INMACULADA GUZMÁN ALTUNA

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IIma. Sra.: Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a dieciseis de marzo de dos mil dieciséis.

 VISTO por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, el recurso contencioso- administrativo núm. 507/2013, promovido por la Procuradora de los Tribunales Dña. Inmaculada Guzmán Altuna, en nombre y en representación de las mercantiles "IDAPI, S.A." y "AUTOMOTIVECARS MALAGA, S.L.", contra la Resolución dictada en fecha 30 de julio de 2013 por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el expediente sancionador nº        NUM000 , resolución que agota la vía administrativa. Ha sido parte en autos la Administración demandada representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO. Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizase la demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que entendió oportunos Suplico a la Sala que dicte sentencia por la que, estimando el presente recurso "se anule el acto impugnado, con expresa imposición de costas a la Administración demandada".

 SEGUNDO. El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se desestime el recurso contencioso administrativo interpuesto.

 TERCERO. Una vez practicadas las pruebas admitidas a trámite se dio traslado a las partes para que presentaran escritos de conclusiones y aportados quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

 CUARTO. Para votación y fallo del presente proceso se señaló la audiencia el día 24 de febrero de 2016.

 QUINTO. En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

 VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.

 Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dña. BERTA SANTILLAN PEDROSA.

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

 PRIMERO.- En el presente recurso contencioso administrativo se impugna la Resolución dictada en fecha 30 de julio de 2013 por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el expediente sancionador nº          NUM000 , Coches de Alquiler , resolución que agota la vía administrativa.

 Dicha resolución acuerda:

 "PRIMERO.- Declarar que en este expediente ha quedado acreditada la existencia de una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , conformada por los acuerdos adoptados e implementados por ALQUILER DE COCHES VICTORIA, S.L.; AURIGACROWN CAR HIRE, S.L. y su sucesora AURIGACROWN WEB, S.L.; BARDON Y RUFO 67, S.L.; CARGEST, S.L.; CENTAURO RENT-A-CAR, S.L. y su matriz CENTAURO, S.L.; DICKMANNS RENT A CAR S.L.; DRIVALIA CAR RENTAL, S.L.; GOLDCAR SPAIN S.L. y su matriz GOLDCAR RENTING, S.L.; GUERIN RENT A CAR S.L. y su matriz IBERICAR SOCIEDAD IBERICA DEL AUTOMOVIL, S.A.;HELLE AUTO, S.A.; NEW CARS COSTA DEL SOL, S.L.; NIZA CARS, S.L.; PRIMA RENT A CAR S.L.; RECORD-GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. y su matriz GO DE ALQUILER; S.L.; SOL MAR ALQUILER DE VEHICULOS, S.L. ; AVIS ALQUILE UN COCHE S.A. y su matriz AVIS EUROPE OVERSEAS LTD; AUTOMOTIVECARS MALAGA, S.L. y su matriz IDAPI; S.A. ; así como la ASOCIACION EMPRESARIAL DE COCHES DE ALQUILER-ANDALUCIA (AECA) y la ASOCIACION EMPRESARIOS DE VEHICULOS DE ALQUILER (AESVA) a través de los contactos y reuniones entre representantes de dichas entidades desde el 27 de mayo de 2005 hasta octubre de 2011, que entran dentro de la definición de cartel, en cuanto que el objeto de los acuerdos alcanzados por dichas entidades ha consistido en la fijación de precios y de condiciones comerciales.

 SEGUNDO.- Declarar como sujetos responsables de esta infracción de cártel de acuerdo con el artículo 61 de la LDC , a:

 ......

 AUTOMOTIVECARS MALAGA S.L. y su matriz IDAPI, por los acuerdos de fijación de precios y condiciones comerciales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2010 y octubre de 2011.

 TERCERO.- Imponer, como autoras de la conducta infractora declarada en el resuelve primero y en atención a la responsabilidad que corresponde a cada una de ellas conforme a lo establecido en el Fundamento de Derecho Octavo, las siguientes multas sancionadoras:

 ........

 2.986.326 euros a AUTOMOTIVECARS MALAGA, S.L. y solidariamente a su matriz IDAPI".

 Concretamente, la resolución impugnada considera que las entidades sancionadas participaron en un cártel de empresas del sector del alquiler de vehículos sin conductor en diversos aeropuertos para fijar unos precios mínimos de venta al público y pactar unas condiciones comerciales homogéneas a través de diversas reuniones que tuvieron lugar en el caso de la mercantil recurrente desde el 16 de diciembre de 2010 hasta el mes de octubre de 2011. Actuaciones anticompetitivas que se prohíben en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia .

 En la resolución sancionadora objeto del presente proceso se destacan los siguientes hechos que permiten a la CNC calificar la conducta imputada como de cártel. Y así se señala:

 "(174) En concreto, las entidades participantes en el cártel fijaban precios para las diferentes categorías de coches de alquiler, diferenciando según gama y temporada (alta o Premium, media, baja o invierno, navidades, semana santa, etc.), fijando también la duración temporal de dichas temporadas y la fecha de aplicación de los precios pactados para así poder fácilmente hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y no perder reservas, pues normalmente se acordaban incrementos de los precios mínimos.

 (175) Estos acuerdos entre las entidades participantes en el cártel se realizaron fundamentalmente a través de las reuniones celebradas por el cártel, normalmente en salas de hoteles o restaurantes reservadas alternativamente por las 5 empresas que originariamente constituyeron el cártel -GOLDCAR, SOLMAR, CENTAURO, URIGACROWN y RECORD-, desde mayo de 2005 y con periodicidad prácticamente mensual a partir de 2006, repartiéndose también entre dichas empresas los gastos por la reserva de estas salas, como se acredita, por ejemplo, respecto de la reunión del cártel celebrada el 13 de noviembre de 2006, comunicando GOLDCAR a CROWN y a RECORD la parte proporcional de los gastos de la reunión que dichas empresas debían pagar...

 (176) Al margen de estas reuniones en las que las entidades participantes en el cártel además de adoptar los acuerdos de precios y otras condiciones comerciales, realizaban un seguimiento de dichos acuerdos, también eran frecuentes los contactos entre reunión y reunión, principalmente vía correo electrónico, pues cada vez que los miembros del cártel encontraban publicado en las webs de los brokers algún precio por debajo de lo acordado, ponían de manifiesto esta "incidencia" (así la llamaban) al incumplidor, para que lo remediara lo antes posible, remitiéndose normalmente un "pantallazo" o "captura de pantalla" a modo de prueba, y en ese pantallazo, se podía ver los detalles del incumplimiento del precio ofertado, identificándose la empresa incumplidora, el modelo de coche de alquiler, el precio y el lugar.

 (177) Estas incidencias eran frecuentes, al ser este mercado muy dinámico, y el infractor normalmente procedía a modificar el precio ofertado, ajustándose a lo acordado por el cártel.

 (178) También era frecuente a partir de 2008 que las comunicaciones a sus clientes anunciando los términos de los acuerdos adoptados por el cártel y su efectiva aplicación a partir de una determinada fecha se remitieran por correo electrónico y en copia oculta el resto de las empresas participantes en el cártel, como una medida de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados.

 ......

 (179) A partir de abril de 2009, con reuniones convocadas por las asociaciones imputadas, se llegó a dar instrucciones incluso más precisas en cuanto al seguimiento del cártel y estableciéndose un mediador o garante de los acuerdos adoptados por el cártel, el Presidente de AECA en esos momentos, que creó una cuenta de gmail, denominada acaba (rentacares@gmail.com) para este propósito y a través de la cual se comunicaban todos los miembros del cártel.

 (180) De igual forma se mantuvo el seguimiento constante del cumplimiento de los acuerdos adoptados por el cártel, dándose instrucciones precisas si se producían incidencias, remitiéndose éstas con pantallazo al infractor a la citada dirección de correo electrónico creada al efecto, con copia oculta a todos los miembros del cártel".

 SEGUNDO.- En el escrito de demanda presentado por las mercantiles recurrentes "AUTOMOTIVECARS MALAGA, S.L. " y"IDAPI, S.A." se solicita la nulidad de la resolución administrativa impugnada porque considera que es contraria a derecho en cuanto que se le ha sancionado por haberle considerado participe del cártel referido durante el periodo 16 de diciembre de 2010 y octubre de 2011. Y ello en virtud de las siguientes consideraciones.

 1.- Niega su participación y conocimiento del cártel porque considera que no asistió a ninguna de las cuatro únicas reuniones que le ha imputado la CNC, celebradas en fechas 16/12/2010, 11/01/2011, 26/01/2011 y 16/03/2011.

 Y ello porque no consta que a dichas reuniones hubiese acudido o bien el Administrador Único de las mercantiles recurrentes o bien cualquier otra persona con cargos de representación de las mismas. No acepta que sea su representante          Dionisio como así figura en las "actas" manuscritas de dichas reuniones. Sobre este punto mantiene que no conoce al Sr.          Dionisio y que nunca pudo actuar en representación de las mercantiles no solo porque no tenía ningún poder de representación sino porque, además, nunca había trabajado para las recurrentes. En apoyo de esta tesis aporta como prueba documental el informe de vida laboral de la empresa Automotivecars Málaga S.L.

 Igualmente rechaza la presunción que lleva a la CNC a concluir la participación de la recurrente en el citado cártel. Según la CNC la recurrente tuvo contactos con las otras empresas competidoras sobre los temas de los precios a través de varios correos electrónicos enviados y recibidos por          Gregorio , agente comercial de Automotivecars Málaga S.L. La recurrente admite que es agente comercial desde el 26 de abril de 2010 pero que como no tenía ningún poder de representación de la recurrente ello impide que pueda concluirse que actuaba con la autorización y conocimiento de la mercantil para la cual trabajaba.

 Y termina su defensa refiriendo que no se le puede imputar responsabilidad alguna sobre la aceptación de unos supuestos pactos de precios desde el año 2005 al año 2011, por la participación en una sola reunión informativa celebrada el 26 de enero de 2011 a la que acudió una de las trabajadoras de la recurrente con el único objetivo de estar informados por la Asociación Empresarial de Coches de Alquiler, convocante de la reunión, en relación con asuntos de interés general.

 2.- Niega asimismo la responsabilidad de la mercantil IDAPI; S.A. por el mero hecho de ser la propietaria de las acciones de Automotivecars Málaga, S.L. Y ello porque, tal como consta en la escritura pública de constitución inscrita en el Registro Mercantil, el objeto social de la matriz IDAPI, SA nunca ha sido la actividad de alquiler de vehículos, teniendo ambas empresas distintos campos de acción y de decisión.

 3.- Finalmente, alega la desproporción en la cuantía de la multa.

 TERCERO . - Por el contrario, el Abogado del Estado en su escrito de contestación a la demanda solicita que se desestime el recurso contencioso administrativo interpuesto y que, en consecuencia, se confirme la sanción impuesta a la mercantil recurrente. Y rechaza todas y cada una de las alegaciones en que la mercantil recurrente justificaba su defensa.

 CUARTO.- Centrado el objeto de debate son muchas las razones que esgrimen las mercantiles recurrentes para obtener o bien la nulidad de la sanción o, en su caso, la reducción de la cuantía de la multa impuesta.

 La conducta imputada se ha tipificado por la CNC con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia que dispone:

 "1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en:

 a. La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio".

 La actividad que se prohíbe en el citado precepto es cualquier acuerdo o conducta concertada conscientemente tendente a falsear la libre competencia, lo que exige la concurrencia de voluntades de dos o más sujetos a tal fin; y no requiere que se alcance la finalidad de vulneración de la libre competencia, basta con que se tienda a ese fin en la realización de la conducta, tenga éxito o no la misma. Es decir, la conducta ha de ser apta para lograr el fin de falseamiento de la libre competencia.

 En el presente supuesto, resulta pertinente en este momento esbozar de manera general, la lógica y funcionamiento de la práctica sancionada tal y como se desprende de la resolución recurrida, que, en términos globales, este Tribunal asume.

 La CNC concluyó que desde el 27 de mayo de 2005, generalizándose la conducta a otras entidades a partir del 2 de abril de 2009 y hasta el mes de octubre de 2011, existió un cártel de empresas del sector del alquiler de vehículos sin conductor acorto plazo. El ámbito geográfico definido por la CNC es suprautonomico y abarca las Comunidades de Cataluña, Valencia, Andalucía y Baleares.

 Su finalidad era fijar unos precios mínimos de venta al público y pactar unas condiciones comerciales homogéneas al mismo precio. En alguna ocasión, incluso, se pactaron los márgenes de algunos de los brokers o intermediarios con los que trabajaban más frecuentemente.

 Más en concreto, y según la apreciación de la CNC manifestada en la resolución recurrida, las entidades participantes en el cártel fijaban precios para las diferentes categorías de coches de alquiler, diferenciando según gama y temporada (alta o Premium, media, baja o invierno, navidades, semana santa, etc.) fijando también la duración temporal de dichas temporadas y la fecha de aplicación de los precios pactados, para así poder fácilmente hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y no perder reservas, pues normalmente se acordaban incrementos de los precios mínimos.

 Estos acuerdos entre las entidades participantes en el cártel se realizaron fundamentalmente en su fase inicial y según la apreciación de la CNC, a través de las reuniones celebradas por el cártel normalmente en salas de hoteles o restaurantes reservadas alternativamente. Estima la CNC que fueron 5 las empresas que originariamente constituyeron el cártel a las que considera actores singulares del mismo: Goldcar, Solmar, Centauro, Aurigacrown y Record.

 A partir del 2 de abril de 2009, nuevas empresas de carácter local se incorporaron al cártel y se crea un mecanismo de seguimiento, en concreto por medio del Presidente de la Asociación AECA que creo una cuenta de gmail, denominada acava ( rentacares@gmail.com ) para este propósito y a través de la cual se comunicaban todos los miembros del cártel para denunciar incumplimientos y otras novedades respecto de lo pactado.

 Esta Sección a la vista de lo expuesto considera que se está ante una conducta anticompetitiva denominada cártel que supone un acuerdo formal entre empresas del mismo sector cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado obteniendo un poder sobre el mercado en el cual obtienen los mayores beneficios posibles en perjuicio de los consumidores. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de junio de 2009 Asunto C-8/08 T-Mobile en su párrafo 26 refiere que:

 "Por lo que respecta a la definición de práctica concertada, el Tribunal de Justicia declaró que tal práctica concertada es una forma de coordinación entre empresas que, sin haber desembocado en la celebración de un convenio propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas (véanse las sentencias de 16 de diciembre de 1975, SuikerUnie y otros/Comisión, 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartado 26 , y de 31 de marzo de 1993, AhlströmOsakeyhti ö y otros/Comisión, C-89/85 , C-104/85, C-114/85, C-116/85, C- 117/85 y C-125/85 a C-129/85, Rec. p. I-1307, apartado 63)".

 Esa misma sentencia del Tribunal de Justicia en sus párrafos 30 y 31 refiere que:

 "(30) Y en el caso analizado se ha constatado la existencia de contactos directos entre competidores con el fin de coordinar su comportamiento competitivo en materia comercial de fijación de precios mínimos lo cual es contrario a la competencia. En tales circunstancias, contrariamente a lo que defiende el órgano jurisdiccional remitente, no es necesario examinar los efectos de una práctica concertada cuando quede acreditado su objeto contrario a la competencia. (31).Por lo que respecta al análisis del objeto contrario a la competencia de una práctica concertada como la controvertida en el litigio principal, ha de recordarse, en primer lugar, que, como señaló la Abogado General en el punto 46 de sus conclusiones, para tener un objeto contrario a la competencia, basta con que la práctica concertada pueda producir efectos negativos en la competencia. Dicho de otro modo, sólo tiene que ser concretamente apta, teniendo en cuenta el contexto jurídico y económico en el que se inscribe, para impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el mercado común. La cuestión de si tal efecto se produce realmente y, en su caso, en qué medida, únicamente puede ser relevante para calcular el importe de las multas y los derechos de indemnización por daños y perjuicios".

 No es comprensible una conducta de acordar unos precios mínimos para el alquiler de vehículos sin conductor así como algunas condiciones comerciales comunes si no lo es bajo el prisma de tratar de uniformar las condiciones comerciales y de eliminar la incertidumbre y, por ello, con el objeto de restringir, falsear o eliminar la competencia; y, además, es lo cierto que tales conductas tenían aptitud para distorsionar la libre competencia y cualquiera de las entidades implicadas, desplegando la diligencia exigible, podía fácilmente concluir que tal comportamiento podía tener un efecto restrictivo de la competencia. Por ello la conducta analizada es perfectamente subsumible en el artículo 1 de la Ley 15/2007 .

 QUINTO. - La CNC ha calificado, además, esas conductas como infracción única y continua que se desarrollaron desde el 27 de mayo de 2005 hasta el 26 de octubre de 2011 - fecha en la que la CNC realizó las primeras inspecciones- , periodo en el que varias empresas actuaron con un plan único y homogéneo de actuación conjunta participando en la adopción de acuerdos dirigidos a determinar y fijar los precios mínimos y condiciones comerciales en el sector de alquiler de vehículos sin conductor. Para la CNC la mercantil recurrente tuvo una participación completa si bien limitada en el tiempo desde su incorporación al cártel en fecha 16 de diciembre de 2010 hasta el mes de octubre de 2011.

 La mercantil recurrente insiste, desde distintos puntos de vista como se irá viendo a lo largo de esta sentencia, que difícilmente su conducta puede integrarse en el concepto de infracción única y continua y ello porque desconocía el contenido de los acuerdos globales adoptados por las cinco empresas que constituyeron lo que se denomina cártel. Insiste en que su participación, en su caso, tuvo lugar en un espacio temporal muy reducido y en un ámbito de actuación muy restringido, como era su participación en el aeropuerto de Málaga.

 Para dar adecuada respuesta a dicha afirmación debemos recordar la jurisprudencia comunitaria del Tribunal de Justicia que ha establecido las pautas o elementos que deben tomarse en consideración para calificar una conducta como infracción única y continua que parten de un presupuesto irrenunciable, como es la existencia de un plan único de actuación conjunto de las distintas entidades implicadas. En este sentido puede citarse la Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2012, Asunto C- 441/11 , apartado 41, en el que se indica que:

 "Según reiterada jurisprudencia, una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, actualmente 101.1 del TFUE , puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto ( sentencias Comisión/AnicPartecipazioni, antes citada, apartado 81, así como de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Rec. p. I-123, apartado 258)".

 En el cártel que ahora se revisa concurren los requisitos exigidos por la jurisprudencia comunitaria toda vez que consta que se adoptaron por diversas empresas competidoras entre sí varios acuerdos bajo el interés de una actuación común y preconcebida que afectaban a la competencia al imponerse unos precios mínimos comunes en relación con el alquiler de vehículos sin motor en los aeropuertos con afluencia importante de turistas y por sí solo podía restringir la libertad de las partes de actuar independientemente en el mercado. Y ello permite encuadrar todas las conductas bajo el concepto de infracción única y continua sin perjuicio de que en cada caso concreto se especifique el periodo de participación de cada una de las empresas a efectos de graduación de la sanción de multa. Como así ha sucedido en relación con la ahora recurrente.

 SEXTO.- La mercantil recurrente refiere que es difícil que se le pueda imputar una infracción única y continua cuando el ámbito territorial en el que podían, en su caso, producir los efectos de las prácticas restrictivas de la competencia era el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta afirmación nos obliga a examinar cual fue el mercado geográfico relevante. La recurrente niega que se estuviera ante un ámbito supra-autonómico puesto que se estaba ante un sector económico que producía efectos en un ámbito geográfico muy localizado como eran los aeropuertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en los que la recurrente ejercía su actividad económica alquilando vehículos sin conductor en zonas con especial movimiento de turistas.

 Para determinar el ámbito geográfico relevante es necesario especificar las características del cártel examinado. Como ya se ha expuesto supuso la adopción de acuerdos para fijar precios mínimos en el mercado de alquiler de vehículos sin conductor en los aeropuertos de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Baleares, Valencia y Cataluña; aeropuertos todos ellos en los que existe una importante afluencia de turistas que ya en el propio aeropuerto solicitan vehículos sin conductor por periodos cortos que coinciden con periodos vacacionales.

 Frente a ello la recurrente refiere que su actuación solo pudo afectar al aeropuerto de Málaga porque los eventuales acuerdos solo podían aplicarse a los contratos de alquiler de vehículos sin conductor suscritos únicamente en el citado aeropuerto por lo que el ámbito geográfico relevante no tuvo un ámbito supra-autonómico.

 La resolución sancionadora señala cual es en el caso examinado el mercado relevante y el mercado geográfico relevante al exponer:

 "(153) En el caso del expediente de referencia, el mercado relevante se centra en el mercado de alquiler de coches sin conductor, a corto plazo y, por tanto, el producto analizado consiste en el arrendamiento al cliente durante un periodo limitado de tiempo de un vehículo y está dirigido básicamente a personas que no cuentan con medio de transporte en el lugar de destino vacacional o de negocios.

 (154) Asimismo y dadas las características económicas en España, el turismo ha favorecido un importante desarrollo de este mercado, en particular en determinadas zonas del territorio nacional.

 .....

 (161) En cuanto al mercado geográfico, reiterada jurisprudencia comunitaria ha definido el mismo como "la zona geográfica donde se comercializa el producto en cuestión y donde las condiciones de competencias son lo suficientemente homogéneas como para permitir la evaluación de la repercusión del poder económico de una determinada empresa.

 (162) Tanto la práctica comunitaria como la nacional han coincidido en numerosas ocasiones en establecer que el mercado de los servicios de alquiler operativo de vehículos es de ámbito nacional debido, entre otras razones, a la importancia de contar con una red capilar de mantenimiento y asistencia en el territorio nacional, a las distintas normativas nacionales en el ámbito fiscal, a las diferentes condiciones de las carreteras en cada Estado, aspecto éste que influye de forma determinante en las necesidades y preferencias de los clientes, así como a la inexistencia de productos estandarizados a nivel europeo.

 (163) A todo lo anterior hay que añadir que derivada de la estrecha relación con el turismo en este mercado, la actividad del mismo se concentra en los principales destinos turísticos del país. Así, según los datos del año 2009 del DIRCE 200 (Directorio Central de Empresas, del Instituto Nacional de Estadística) el 80% de las empresas dedicadas al alquiler de vehículos se concentran en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia, Andalucía, Baleares, Canarias y Madrid. De lo anterior se deduce la clara asimetría geográfica que existe en el mercado derivada de la ya mencionada relación con el turismo".

 Esta Sección anticipa que rechaza la alegación formulada por la recurrente sobre este punto. Así de acuerdo con la Comunicación de la Comisión Europea relativa la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia (Diario Oficial nº C 372, de 9 de diciembre de 1997) se define el ámbito geográfico del mercado relevante como

 "la zona en la que las empresas afectadas desarrollan actividades de suministro de los productos y de prestación de los servicios de referencia, en la que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse de otras zonas geográficas próximas, debido, en particular, a que las condiciones de competencia en ella prevalecientes son sensiblemente distintas a aquellas".

 Y el Tribunal de Primera Instancia de 11 de diciembre de 2003, Asunto T-61/99, Adriática di NavigazioneSpA, especifica que es lo que debe entenderse por mercado geográfico relevante cuando refiere que

 "puede imputarse a una empresa la responsabilidad de un cartel en conjunto, aun cuando solo haya participado directamente en uno o varios de los elementos constitutivos de dicho cártel, si sabía que la colusión formaba parte de un plan de conjunto destinado a falsear el juego normal de la competencia. En consecuencia, la Comisión sostiene que el hecho de que la demandante participase en las practicas colusorias únicamente por lo que respecta a la línea que explotaba no descarta su responsabilidad por el conjunto de la infracción dado que tenía conocimiento de la existencia de un plan de conjunto de las compañías marítimas con objeto de fijar los precios. Así pues, el hecho de que participase solo en uno de los aspectos de las practicas colusorias, el relativo a los servicios de transporte prestados entre Brindisi y Patras, solo tiene consecuencias en relación con su grado de participación en el acuerdo y con su responsabilidad por este aspecto del acuerdo, pero no tiene ninguna relevancia en la definición del mercado afectado".

 En el caso examinado, los acuerdos colusorios adoptados no afectaban de forma separada e individualizada a cada uno de los aeropuertos afectados sino que formaban parte de un sistema colusorio más amplio por el que se fijaban precios y condiciones comerciales que afectaban a aeropuertos de distintos lugares del territorio nacional que tenían en común que eran aeropuertos en los que había un importante mercado para el alquiler de vehículos sin conductor a corto plazo como eran los turistas que llegaban en periodos y temporadas de vacaciones. Y esa trama común y homogénea es lo que justifica que la CNC haya considerado a la recurrente como responsable de una infracción única y continua al margen de su campo geográfico concreto de actuación y al margen del periodo de actuación de la misma que tendrá relevancia a los efectos de graduar la cuantía de la multa que pueda imponerse.

 SÉPTIMO. - Una vez determinado el ámbito supra-autonómico de las practicas colusorias imputadas por la CNC corresponde examinar cual fue la participación concreta de la recurrente en la adopción de los referidos acuerdos y prácticas anticompetitivas. Y ello nos conduce a examinar si hay prueba sobre su culpabilidad.

 La recurrente niega su participación en las reuniones en las que presumiblemente se adoptaron los acuerdos de fijación de precios mínimos en el sector económico señalado. La CNC le imputa responsabilidad por su participación en las cuatro reuniones celebradas en el periodo que va desde el 16 de diciembre de 2010 hasta el mes de octubre de 2011; concretamente, en las reuniones celebradas en fechas 16/12/2010, 11/1/2011, 26/1/2011 y 16/3/2011.

 Nuevamente insiste la recurrente en la idea de que no es factible que pueda incluirse su participación en un plan conjunto, si como es su caso, su conocimiento y participación no tuvo lugar desde sus inicios, en el mes de mayo de 2005, sino en su fase casi final.

 Su tesis debe rechazarse con arreglo a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia como así se refleja en la reciente sentencia de 24 de junio de 2015 donde se expone:

 "Según reiterada jurisprudencia, una infracción del artículo 81 CE , apartado 1, puede resultar no solo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado pueden también constituir, por sí mismo y aisladamente considerados, una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un plan conjunto, debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto ( Sentencia Comisión /VerhuizingenCoppens C-441/11 P, EU:C:2012:778, apartado 41 y jurisprudencia citada).

 Una empresa que haya participado en tal infracción única y compleja mediante comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de acuerdo o de practica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 81 CE , apartado1, y que pretendían contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede así ser también responsable de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el periodo de su participación en dicha infracción. Así sucede cuando se acredita que la citada empresa intentaba contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes y que tuvo conocimiento de los comportamientos infractores previstos o ejecutados por otras empresas para alcanzar los mismos objetivos o que pudo de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo ( sentencia Comisión /VerhuizingenCoppens C-441/11 P, EU:C:2012:778, apartado 42 y jurisprudencia citada).

 En consecuencia, una empresa puede haber participado directamente en todos los comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción única y continuada, en cuyo caso la Comisión puede imputarle conforme a Derecho la responsabilidad de todos esos comportamientos y, por tanto, de dicha infracción en su totalidad. Asimismo, una empresa puede haber participado directamente solo en una parte de los comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción única y continuada, pero haber tenido conocimiento de todos los otros comportamientos infractores previstos o ejecutados por los demás participantes en el cartel para alcanzar los mismos objetivos o haber podido preverlos de forma razonable y haber estado dispuesta a asumir el riesgo. En tal caso, la Comisión también pude lícitamente imputarle a dicha empresa la responsabilidad de la totalidad de los comportamientos contrarios a la competencia que componen tal infracción y, por consiguiente, de esta en su totalidad ( sentencia Comisión /VerhuizingenCoppens C-441/11 P, EU:C:2012:778, apartado 43 y jurisprudencia citada)".

 Debemos así analizar si existe o no prueba de la participación de la recurrente en el cártel con conocimiento de los acuerdos anticompetitivos adoptados, con independencia de que la recurrente no conociera ni se reuniera desde el inicio de la actuación del plan conjunto.

 En este tipo de actuaciones es difícil encontrarse con la existencia de pruebas directas que permitan acreditar la participación en las conductas infractoras; lo normal es que sea a través de indicios. Pues bien, la prueba de indicios está ampliamente aceptada por la jurisprudencia constitucional desde la SSTC 174 y 175/1985 , y resulta práctica habitual en materia de cárteles, siempre que los indicios resulten probados de forma directa, tengan fuerza persuasiva, produzcan una convicción suficiente en el juzgador, se encuentren en directa relación con las consecuencias que se pretenden extraer de los mismos y no exista una explicación alternativa que permita desvirtuar las conclusiones a las que llega la Administración.

 La recurrente apoya su defensa refiriendo que no puede aceptarse su participación en las reuniones en las que la CNC entiende que intervino por la mera mención manuscrita realizada por un tercero en la que se indica "          Dionisio "(Automotive) -folios 4147 y 4881 del expediente administrativo- cuando se desconoce por la empresa quien es dicha persona pues nunca ha trabajado para la misma. Es cierto que esa manifestación de un tercero - nota manuscrita recabada en la inspección de la sede de RECORD- debe ser valorada con prudencia y debe ser corroborada por otros elementos probatorios. Es posible que quizás esa afirmación hubiera podido tener la transcendencia que quiere atribuirle la recurrente si la CNC basara su participación única y exclusivamente en esa nota manuscrita de un tercero. Esa afirmación pudiera plantear algunas dudas a esta Sala si no hubiera más indicios que acreditasen su participación y conocimiento de los acuerdos anticompetitivos. Lo que sucede es que, además, en este caso junto a las citadas notas manuscritas en las que se indica su asistencia a las citadas reuniones resulta que recibió y envió información sobre precios y tarifas a través del correo electrónico de una trabajadora de la recurrente. En este sentido consta en el expediente administrativo que           Gregorio -agente comercial de la mercantil sancionada- envía dos correos electrónicos (folios 8206 y 8248 del expediente administrativo) con fechas 22 de febrero de 2011 y 18 de marzo de 2011 especificando como asuntos: "Nuevos precios Abril" y "Mayo y Junio" . Correos que a su vez reciben respuesta con información sobre los acuerdos adoptados en relación con los precios y periodos de aplicación. No se puede justificar ahora que desconociese cualquier referencia en relación con el contenido de los acuerdos sobre los precios mínimos que se estaban fijando cuando la citada agente comercial de la mercantil recurrente en el correo enviado en fecha 22 de febrero de 2011 expone:

 "Primero he de decir que NO me constaba nada del cambio de precios que habéis acordado en la última reunión, porque nadie me ha informado. Seguramente habría recibido tal información de inmediato, si se habría acordado subir los precios en vez de bajarlos (lo mismo que ya había ocurrido anteriormente con la bajada de los precios de invierno)...Soy, naturalmente, partidaria de mantener los precios lo más altos posible, pero tampoco puedo permitir que automotive cars salga desventajada tras estos acuerdos en cuanto al flujo de reservas y rentabilización de flota, circunstancia dada, mientras que en las páginas web de ciertos colaboradores salgan precios de ventas lejos de la supuesta fórmula de cálculo en base a precios mínimos acordados - vuelvo a mi "eterno" ejemplo de Bookingcentre- online, donde en Octubre se ven precios de salida de ¤ 112,20 y ¤ 115, mientras que automotive cars está publicado con ¤ 125 , el coche más económico (lo cual equivale al precio mínimo acordado de ¤ 100.--, una vez descontado su 20% de comisión).....como podéis ver en las websites, hoy automotive cars está aún saliendo con los precios mínimos acordados la penúltima vez (¤100).....Aparte de esto, sigo pensando que para atraer volumen de reservas es AHORA, cuando hay que ofertar precios relativamente bajos (para Mayo, Junio y sobre todo, Octubre, hablando de temp.media) e ir subiéndolos conforme se acerquen las fechas de entregas y disminuya la disponibilidad de flota. Así conseguiríamos "reeducar" a nuestros clientes, porque verían que sale premiado con precios bajos el que haga su reserva con bastante tiempo de antelación y no al revés, y como todos sabemos, nos permitiría obtener una previsión de flota más razonable y fiable, etc, etc".

 Y la respuesta que se obtiene a ese correo se emite en fecha 22 de febrero y se afirma:

 "Me consta que te habían informado de los nuevos precios entre 01/04 y 14/04 empezando en 80¤ que comentamos en nuestra última reunión. Según he comprobado, estos precios de 80¤ los habéis enviado para toda la temporada media, es decir, 01/04- 14/04, 24/04-30/06 y Octubre. ¿es esto así? ¿quiere decir que no queréis seguir con el acuerdo? Obviamente no pretendo decirte lo que hacer, tan solo pretendo saber a qué atenerme y cómo actuar". (folio 8207 del expediente administrativo).

 Junto a esos correos figuran otros recibidos en fechas 21 y 22 de febrero relativos a "tarifas" y "nuevos precios de abril" (folios 8208 y 8213 del expediente administrativo) cuyo contenido es muy relevador en relación con la participación y conocimiento de la recurrente:

 "En la reunión de la semana pasada habíamos quedado en ofertar del 01.04 al 14.04 el grupo más pequeño por 85 euros y el grupo del Focus o similar por 106 euros" .

 No es admisible que la recurrente justifique ahora su defensa afirmando que la citada trabajadora no tenía entre sus funciones la de representar a la empresa ni la de fijar los precios comerciales. No es creíble que la citada trabajadora actuara por su cuenta sin conocimiento de la empresa para la cual trabajaba pues con dicha actuación no se alcanza a comprender que provecho o beneficio podía obtener la trabajadora actuando por su cuenta como ahora le reprocha la recurrente cuando, por otra parte, si hubiera sido cierta esa afirmación la recurrente hubiera interpuesto frente a la trabajadora algún tipo de acción de responsabilidad dadas las graves consecuencias que se derivaban de su actuación. Nada de esto consta por lo que es presumible la connivencia de la trabajadora con la empresa para la que trabajaba cuando, además, el correo electrónico utilizado por la trabajadora era el correo de la empresa (          DIRECCION000 ).

 Por otra parte, tampoco puede admitirse la afirmación de la recurrente cuando considera que carece de responsabilidad porque creyó que eran reuniones en las que se trataban temas beneficiosos para todas las empresas competidoras pero sin intención de alterar la libre competencia entre ellas. En este aspecto se recuerda la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia en la sentencia ya referida del Asunto T-Mobile cuando destaca en sus párrafos 53, 61 y 62 que:

 "(53). A la luz de las consideraciones que preceden, debe responderse a la segunda cuestión que, en el marco del examen de la relación de causalidad entre la concertación y el comportamiento en el mercado de las empresas que participan en ella -relación exigida para determinar la existencia de una práctica concertada en el sentido del artículo 81 CE , apartado 1-, el juez nacional está obligado a aplicar, salvo prueba en contrario que incumbe aportar a estas últimas, la presunción de causalidad establecida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual las referidas empresas, si permanecen activas en el mercado, tienen en cuenta la información intercambiada con sus competidores. ....(61). En tales circunstancias, procede considerar que el punto decisivo no es tanto el número de reuniones celebradas entre las empresas interesadas como el hecho de saber si el contacto o los contactos que se han producido han dado a éstas la posibilidad de tener en cuenta la información intercambiada con sus competidores para determinar su comportamiento en el mercado de que se trate y sustituir conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas. Dado que ha quedado demostrado que dichas empresas han llegado a concertar su comportamiento y que han permanecido activas en el mercado, está justificado exigir que aporten la prueba de que dicha concertación no ha influido en su comportamiento en el referido mercado.(63). Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión que, siempre que la empresa participante en la concertación permanezca activa en el mercado de que se trate, es aplicable la presunción de que existe una relación de causalidad entre la concertación y el comportamiento de dicha empresa en el mercado, incluso si la concertación se basa solamente en una única reunión de las empresas interesadas".

 En el caso analizado no consta que la recurrente al recibir la información antes relatada a través, especialmente, de los correos electrónicos se apartara expresamente del grupo o manifestara su oposición a ese tipo de prácticas, al contrario consta su seguimiento y control especifico de terceras empresas incumplidoras y, además, seguía activa en el mismo sector de actividad lo cual permite concluir que su participación era activa y conocía los acuerdos que se estaban adoptando sobre precios mínimos según temporada y gamas de vehículos.

 OCTAVO.- También se expone por la recurrente que no se puede exigir responsabilidad a la sociedad matriz por los actos realizados por la filial.

 En la resolución sancionadora que se revisa se ha imputado responsabilidad solidaria a la matriz por la conducta anticompetitiva realizada por la filial en el cártel porque se ha entendido que concurrían los presupuestos que permitían imponer dicha responsabilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.2 de la LDC .

 Sobre este extremo, debemos recordar que de acuerdo con reiterada jurisprudencia comunitaria se desprende que el comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas ( Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de junio de 2015 que recoge las sentencias Akzo Nobel y otros/Comisión, C-97/08 P, EU:C:2009:536, apartado 58; Alliance One International y Standard CommercialTobacco/Comisión y Comisión/Alliance OneInternactional y otros.....). Y en la citada sentencia de 24 de junio de 2015 se recogen los criterios que permiten presumir esa influencia económica de la matriz sobre la filial al señalar que el conjunto de vínculos económicos, organizativos y jurídicos demuestran una capacidad de control de la matriz para ejercer una influencia determinante sobre la filial y entre esos criterios señala los vínculos de capital existentes entre la matriz y la filial reflejan una capacidad de la matriz para ejercer una influencia en la gestión diaria de la filial; el interés financiero de la matriz en las actividades de la filial constituye una motivación suficiente y evidente para ejercer una influencia; la matriz puede tener interés en ejercer un control sobre los precios fijados por la filial en la medida en que estos producirán efectos en la cuenta de resultados de dicha sociedad y, por consiguiente, en los beneficios que obtenían sus accionistas.

 No es suficiente con negar responsabilidad de la matriz como hace la recurrente en su escrito de demanda. La jurisprudencia comunitaria ha considerado que en los casos en los que, como así sucede en el supuesto analizado, la matriz participa del 100% del capital social de su filial existe una presunción "iuris tantum" de que la matriz ejerce una influencia decisiva en el comportamiento de su filial, que corresponde desvirtuar a la matriz aportando pruebas que demuestren que la filial determina de modo autónomo su conducta en el mercado. Prueba que no figura en el caso analizado. Presunción que se admite en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 2011(C-521/09 P) al señalar que:

 "(60) Procede recordar , por un lado, que dicha presunción se basa en la constatación de que, salvo en circunstancias completamente excepcionales, una sociedad que es titular de la totalidad del capital de una filial puede, por el mero hecho de ser titular de dicha cuota, ejercer una influencia determinante en la conducta de dicha filial y, por otro lado, que para probar la falta de ejercicio efectivo de ese poder de influencia normalmente lo más eficaz es buscar elementos en la esfera de las entidades contra las que opera dicha presunción. (61) En dichas circunstancias, si para destruir dicha presunción , a la parte interesada le bastase con formular meras afirmaciones sin fundamento, aquella se vería ampliamente privada de su utilidad".

 NOVENO. - Finalmente la recurrente refiere que la sanción de multa es desproporcionada en cuanto a su cuantía.

 En este caso la sanción se ha impuesto con arreglo a los criterios fijados en la "Comunicación de la CNC sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1 , 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea" (BOE de 11 de febrero de 2009). Y por ese único motivo, esta Sección estima y acepta la afirmación de la recurrente de que la cuantía de la multa impuesta debe anularse porque no respeta el principio de proporcionalidad como así se ha declarado por el Tribunal Supremo en la sentencia dictada en fecha 29 de enero de 2015 (casación 2872/2013 ), criterios jurídicos que se han mantenido posteriormente en numerosas sentencias. Y ello nos llevan a la estimación del recurso contencioso administrativo pero exclusivamente en este punto y se ordena a la Comisión Nacional de la Competencia a que proceda a cuantificar de nuevo la multa de acuerdo con la interpretación que de los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007 se hace por el Tribunal Supremo en esa sentencia.

 DÉCIMO.- Toda vez que se ha estimado parcialmente el presente recurso contencioso administrativo no se hace un pronunciamiento especial sobre las costas procesales causadas en esta instancia tal como dispone el artículo 139.1 de la LJCA en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre.

FALLAMOS

 Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencioso administrativo nº 507/2013, promovido por la Procuradora de los Tribunales Dña. Inmaculada Guzmán Altuna, en nombre y en representación de las mercantiles "IDAPI, S.A." y "AUTOMOTIVECARS MALAGA, S.L.", contra la Resolución dictada en fecha 30 de julio de 2013 por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el expediente sancionador nº        NUM000 , resolución que agota la vía administrativa, y, en consecuencia, se anula por ser contraria al ordenamiento jurídico pero en el único y exclusivo aspecto relativo a la cuantía de la multa impuesta que se deja sin efecto por entenderse que ha sido desproporcionada y se ordena a la CNC que fije de nuevo la cuantía de la multa con arreglo a la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en la sentencia referida en el fundamento de derecho noveno de esta sentencia.

 No se hace un pronunciamiento especial sobre las costas procesales causadas en esta instancia.

 Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la misma cabe recurso de casación, siguiendo las indicaciones prescritas en el artículo 248 de la Ley Orgánica 6/1985 .

 Lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 17/03/2016 doy fe.