Id. Cendoj: 28079230062016100171
ECLI: ES:AN:2016:1650
ROJ: SAN  1650/2016
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 184/2016
Fecha de Resolución: 12/05/2016
Nº de Recurso: 4/2013
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: ANA ISABEL RESA GOMEZ
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000004 / 2013

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 00036/2013

 Demandante: ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS DE LA CARNE DE ESPAÑA (ANICE)

 Procurador: Dª MARTA HERNÁNDEZ TORREGO

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PRODUCTORES DE CARNE DE VACUNO (ASOPROVAC NACIONAL)

 Abogado Del Estado

 Ponente IIma. Sra.: Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 Madrid, a doce de mayo de dos mil dieciséis.

 Visto el recurso contencioso administrativo núm. 4/2013 que ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS DE LA CARNE DE ESPAÑA (ANICE), representada por la Procuradora Sra. Hernández Torrego frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 7 de noviembre de 2012, relativa a expediente sancionador por incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia, con una cuantía de 31.500 ¤, siendo codemandada ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PRODUCTORES DE CARNE DE VACUNO (ASOPROVAC NACIONAL) , actuando en su nombre y representación el Procurador D. Javier Freixa Iruela y siendo Ponente la Iltma. Sra. Dª ANA ISABEL RESA GÓMEZ, Magistrada de la Sección, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO -. La representación procesal indicada interpuso recurso contencioso-administrativo ante esta Sala contra la Resolución de referencia mediante escrito de fecha 4 de enero de 2013. Por Decreto del Sr. Secretario se acordó tener por interpuesto el recurso, ordenando la reclamación del expediente administrativo.

 SEGUNDO -. En el momento procesal oportuno la representación procesal de la actora formalizó la demanda mediante escrito de 25 de junio de 2013 en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de rigor, termino suplicando se dicte sentencia por la que con estimación del recurso se anule la resolución impugnada.

 TERCERO -. El Abogado del Estado contestó a la demanda para oponerse a la misma, y con base en los fundamentos de hecho y de derecho que consideró oportunos, terminó suplicando la desestimación del recurso, petición que igualmente reiteró la codemandada en su escrito de contestación.

 CUARTO -. Solicitado el recibimiento del pleito a prueba, fue practicada la que propuesta se declaró pertinente con el resultado obrante en autos y tras evacuar las partes el trámite de conclusiones, quedaron los autos conclusos y pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 11 de mayo de 2016 en el que efectivamente se deliberó, votó y falló, habiéndose observado en la tramitación del presente recurso todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO .- Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 7 de noviembre de 2012 (Expediente S/0289/10, INDUSTRIA CÁRNICA), cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

 "PRIMERO.- Declarar que en este expediente ha resultado acreditada una infracción del Artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia , de la que son responsables la Asociación de Industrias de la Carne (AICE) y la Federación Catalana de Industrias de la Carne (FECIC).

 SEGUNDO.- Imponer a la Asociación de Industrias de la Carne (AICE) una multa sancionadora por importe de treinta y un mil quinientos euros (31.500 ¤) y a la Federación Catalana de Industrias de la Carne (FECIC) una multa sancionadora por importe de treinta y un mil quinientos euros (31.500 ¤).

 TERCERO.- Declarar, al amparo del artículo 53.1.c) de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , que en este expediente no ha resultado acreditada la existencia de una infracción del Artículo 1 de la citada Ley , por parte de CONFECARNE

 CUARTO.- Instar a la Dirección de Investigación para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta Resolución."

 La hoy actora AICE es una organización empresarial que agrupa a más de 800 empresas del sector cárnico (mataderos, salas de despiece e industrias de elaborados cárnicos), distribuidas por toda la geografía española englobando a empresas cárnicas dedicadas a todo tipo de carne.

 AICE es la mayor asociación cárnica de España, tanto por el número de empresas, como por su producción conjunta, que supera el 60% del total nacional, destacando en algunos productos, como los derivados del cerdo ibérico, donde se alcanza más del 90% del total.

 AICE tiene como objeto informar y asesorar a sus empresas asociadas sobre temas que afectan a su funcionamiento o que pueden ser de su interés, tanto a través de circulares periódicas como mediante respuesta a las consultas que directamente le plantean sus asociados. Así como la representación y defensa de los intereses de la industria cárnica española ante las diversas instancias de la Administración, tanto nacional como en la Unión Europea.

 A nivel nacional se integra en la, "Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas" (FIAB), y en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Asimismo, AICE en miembro fundador de CONFECARNE.

 Las prácticas consideradas en la Resolución de la CNC tuvieron lugar en el sector cárnico que es el de la producción y comercialización de animales vivos con destino a la industria cárnica, concretamente, el mercado de producción y comercialización de animales vivos en mataderos.

 El sector viene regulado por el Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas.

 Se trata de un sector fundamental si tenemos en cuenta que las industrias cárnicas constituyen el cuarto sector industrial de nuestro país, y que la estructura del sector empresarial presenta un número significativo de pequeñas y medianas empresas, junto a algunos grandes grupos que tienden a controlar las cadenas alimentarias desde la producción hasta la distribución final.

 Más concretamente las prácticas sancionadas en este caso tienen relación directa con la traslación del coste derivado de la retirada y destrucción de los Materiales Específicos de Riesgo (MER) en el sector cárnico.

 Hasta el año 2010, la traslación de ese coste de los MER estaba regulado por la Orden APA/1556/2002 y el 29 de abril de 2010 se aprobó, con entrada en vigor el 8 de mayo de 2010, la Orden ARM que modificó la citada Orden de 2002 y en la que se estableció:

 "(...) Esta orden tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que deberán cumplir los documentos relativos a las operaciones que se realicen entre los sujetos que participan en la cadena alimentaria cárnica en relación con la producción, retirada y transporte, tratamiento y destrucción o destino autorizado, de los subproductos regulados por el Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de subproductos de origen animal no destinado a consumo humano, así como delimitar el momento a partir del cual se generan estos subproductos. (...)

 Lo dispuesto en la presente orden se aplicará a las operaciones que se realicen en la cadena alimentaria cárnica a partir del momento de sacrificio del animal en matadero u otra instalación autorizada para el sacrificio de animales con destino a consumo humano, momento de inicio de la generación de los subproductos y de la correspondiente repercusión de costes hacia delante a lo largo del resto de la cadena alimentaria, quedando fuera del ámbito de aplicación de esta Orden la operación por la cual el ganadero entrega el animal a un operador comercial o a una empresa o industria cárnica para su sacrificio. (...) "

 SEGUNDO .- En la Resolución impugnada se contiene la siguiente relación de "HECHOS"; relevantes ahora y que no han sido desvirtuados en el proceso:

 - Con fecha 4 de junio de 2009, se emitió un informe jurídico a petición de CONFECARNE en relación con la repercusión a los ganaderos del coste de las operaciones de retirada y destrucción de los MER bajo el título "Proyecto de Nota Informativa a nuestras empresas asociadas",. Se transcriben a continuación determinados párrafos del informe jurídico (negrita y subrayados originales):

 "(...) Ante las informaciones contradictorias y noticias difundidas por la Comisión Nacional de Subproductos de Origen Animal No Destinados al Consumo Humano (SANDACH) en relación a la práctica de la repercusión a los ganaderos del coste de las operaciones de retirada y destrucción de Materiales Específicos de Riesgo (MER), creemos necesario clarificar lo siguiente:

 Sobre la gestión de los MER:

 1. La práctica consistente en la repercusión a los ganaderos del coste de las operaciones de retirada y destrucción de los MER tiene un sólido apoyo jurídico en el hecho de que los MER no tienen su origen o causa en las empresas cárnicas sino en los ganaderos, cuyos animales generan el riesgo, por tanto, son ellos los que deben soportar sus consecuencias jurídicas y el coste de su eliminación para que los animales puedan ser vendidos y puedan acceder a la cadena alimentaria.(...)

 2. La necesidad de soportar el coste de la retirada y destrucción de los MER no es sólo una consecuencia de la responsabilidad general de los ganaderos, como propietarios de los animales que contienen los MER (...) sino también de la normativa en materia de residuos (. ..) y del principio general de que "quien contamina paga" . (...). En nuestro caso está claro que el ganadero es el productor o poseedor, por ser la persona cuya actividad produce los residuos, al criar y engordar los animales, y los tiene en su poder, junto con los animales, hasta que los vende. Por ello su obligación es (...) la de hacerse cargo de la gestión de los residuos pagando su importe, o contribuir económicamente a los sistemas públicos de gestión.

 3. "El error en el informe del abogado del Estado que al parecer cita la comisión SANDACH, radica en negar que los ganaderos tengan la condición de productores (...). Los ganaderos sí realizan esa actividad de producción (cría y engorde de los animales) que tiene que ver con la generación de los MER (...). Los ganaderos son los generadores del riesgo derivado de la existencia de los MER. Las empresas cárnicas contribuyen a la eliminación del riesgo aislando y extrayendo los MER y gestionando su destrucción en la forma oficialmente autorizada, cargando el importe de este servicio a parte del coste general de su actividad como empresa cárnica.

 4. Ni la Orden APA/1556/2002 (...) alteran para nada los anteriores comentarios.

 5. Desde 1998 se está descontando por las empresas cárnicas a los ganaderos el coste de la extracción de los MER, siendo estos actos propios de extraordinaria importancia para comprender la corrección de la actuación de las empresas cárnicas. (...)".

 - Con fecha 8 de junio de 2009, AICE publicó la circular 59/09 dirigida a sus asociados y titulada "Diversas aclaraciones sobre la gestión de los MER. Posteriormente, con fecha 15 de junio de 2009, FECIC publicó la circular 20/09 dirigida a sus asociados y titulada "Gestión de los materiales específicos de riesgo". En ambas Circulares, se transcriben directamente de forma literal y completa todos los párrafos del "Proyecto de Nota Informativa a nuestras empresas asociadas" referidos en el Hecho Acreditado 3.1 anterior, y en la de AICE figura el siguiente encabezamiento:

 "RESUMEN: Adjunto les trasladamos unas aclaraciones sobre la legalidad y fiscalidad de la gestión de los materiales específicos de riesgo (MER)".

 - Con fecha 9 de julio de 2009, tuvo lugar una reunión de la Junta General de CONFECARNE en la que se informa de las novedades sobre la repercusión del coste de la extracción y eliminación de los MER y se exponen las implicaciones que una modificación normativa podría suponer en materia de defensa de la competencia. En concreto, en el acta de dicha reunión se señala lo siguiente:

 "(...) 4.- NOVEDADES SOBRE LA REPERCUSIÓN DEL COSTE DE LAS HARINAS [D. XXX y D. XXX], , quienes se han incorporado a la reunión de la Junta General, en su calidad de Asesores Jurídicos, informan a los asistentes de la propuesta de la Administración de evitar en el futuro la repercusión del coste de la extracción y eliminación de los MER a los ganaderos. [D. XXX] hace referencia a su informe jurídico, elaborado a petición de Confecarne, donde se manifiesta de manera inequívoca la plena legalidad de las actuaciones de los mataderos de vacuno. (...). En relación a la posible modificación de la Orden APA 1556/2002, que modificará el actual estatus de la traslación del coste de las harinas de carne hacia la distribución comercial, [D. XXX] expone las connotaciones que ello podría suponer en materia de defensa de la competencia, acordándose efectuar un puntual seguimiento de esta cuestión por si, en un futuro próximo, el MARM procediera a modificar dicha Orden Ministerial.

 El informe elaborado por [D. XXX] con el titulo "Proyecto de Nota Informativa a nuestras empresas asociadas", y emitido con fecha 04.06.09, se unió como uno de los antecedentes al Orden del día de la Junta.

 - Para determinar si, de conformidad con lo denunciado por ASOPROVAC, la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de España y ASAJA, las industrias cárnicas denunciadas en el escrito de 7 de julio de 2010 habían descontado en sus liquidaciones a los ganaderos los gastos de eliminación y destrucción de MER, utilizando otros conceptos análogos o similares, tales como "descuento comercial", "descuento pactado", "descuento servicios varios", etc.., la DI llevó a cabo un análisis de una muestra de las facturas emitidas por las empresas denunciadas a sus proveedores.

 Del análisis de las facturas disponibles, si bien se observa que en las liquidaciones realizadas por las empresas cárnicas a sus proveedores, aportadas por los denunciantes, aparecen conceptos como "DESCUENTO COMERCIAL", "DESCUENTO", "GASTOS MATANZA", dichos conceptos tienen importes variables entre las empresas con diferencias de hasta 0,4¤/kg entre alguna de ellas, y en ningún caso aparece un concepto que se denomine MER u otro análogo que pudiera indicar que los descuentos previstos en esas facturas se refieran al traslado de los MER al ganadero.

 Por otra parte, todas las empresas cárnicas denunciadas, en contestación a los requerimientos de información realizados el 15 de octubre de 2010, señalan que tras la publicación de la Orden ARM/1163/2010 no están repercutiendo el coste de la retirada y eliminación de los MER a sus proveedores, y prácticamente todas, salvo FRIBIN, que ha aportado un acuerdo comercial donde aparece un descuento del 1% como "bonificación comercial acordada", señalan que no tienen acuerdos de suministro con los ganaderos en los que pudiera aplicarse un descuento lineal de un porcentaje fijo en todas las entregas de ganado para sacrificio.

 Las respuestas a cada una de las cuestiones planteadas se resumen en la tabla elaborada por la DI y que figura en la resolución impugnada.

 Teniendo en cuenta lo anterior, no existen en el expediente indicios de la repercusión del coste de la extracción y eliminación de los MER por parte de las industrias cárnicas denunciadas en el escrito de 7 de julio de 2010 a sus proveedores de ganado de vacuno y porcino en los meses de mayo y junio de 2010.

 TERCERO.- Los motivos de recurso alegados por la actora pueden resumirse como sigue:

 - Vulneración de los principios de cosa juzgada administrativa y non bis in ídem.

 - Inexistencia de recomendación colectiva alguna contraria al artículo 1 LDC en la Circular 59/09 de AICE.

 - Por último, vulneración del derecho a la libertad de expresión.

 El Abogado del Estado rebate todas y cada una de tales alegaciones y solicita la desestimación del recurso.

 CUARTO.- Empezando por la alegada infracción del principio jurídico "non bis in ídem" hemos de partir de la jurisprudencia comunitaria sobre esta materia, que comparte valores comunes, como no podía ser de otra manera, con los distintos Tribunales llamados a tratar la incidencia de la prohibición de la doble sanción al mismo sujeto, por unos mismos hechos.

 Así, el apartado 598 de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (STPI) de 18 de junio de 2008, asunto Hoescht T-410/03 , nos recuerda con carácter general que "El principio non bis in idem, también recogido en el artículo 4 del Protocolo nº 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, constituye un principio fundamental del Derecho comunitario cuyo respeto garantiza el órgano jurisdiccional ( sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 2006, SGL Carbon/Comisión, C-308/04 P, Rec. p. I-5977, apartado 26), para añadir en el apartado 600 que "Más concretamente, el Tribunal de Justicia ha recordado que la aplicación del principio non bis in idem está supeditada a un triple requisito de identidad de los hechos, unidad de infractor y unidad de interés jurídico protegido. El citado principio prohíbe, por tanto, sancionar a una misma persona más de una vez por un mismo comportamiento ilícito con el fin de proteger el mismo bien jurídico (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 145 supra, apartado 338).

 En esta misma línea, aunque con matices relevantes para este caso, nuestro Tribunal Constitucional, siguiendo al TEDH, recuerda en la STC 2/2003 de 16 de enero , Pleno, que: "desde la STC 2/1981, de 30 de enero , hemos reconocido que el principio non bis in idem integra el derecho fundamental al principio de legalidad en materia penal y sancionadora ( art. 25.1 CE ) a pesar de su falta de mención expresa en dicho precepto constitucional, dada su conexión con las garantías de tipicidad y de legalidad de las infracciones. Así, hemos declarado que este principio veda la imposición de una dualidad de sanciones "en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento" ( STC 2/1981 , FJ 4; reiterado entre muchas en las SSTC 66/1986, de 26 de mayo , FJ 2 ; 154/1990, de 15 de octubre , FJ 3 ; 234/1991, de 16 de diciembre , FJ 2 ; 270/1994, de 17 de octubre, FJ 5 ; y 204/1996, de 16 de diciembre , FJ 2).

 La garantía de no ser sometido a bis in idem se configura como un derecho fundamental ( STC 154/1990, de 15 de octubre , FJ 3), que, en su vertiente material, impide sancionar en más de una ocasión el mismo hecho con el mismo fundamento, de modo que la reiteración sancionadora constitucionalmente proscrita puede producirse mediante la sustanciación de una dualidad de procedimientos sancionadores, abstracción hecha de su naturaleza penal o administrativa, o en el seno de un único procedimiento (por todas, SSTC 159/1985, de 27 de noviembre , FJ 3 ; 94/1986, de 8 de julio , FJ 4 ; 154/1990, de 15 de octubre, FJ 3 ; y 204/1996, de 16 de diciembre , FJ 2). De ello deriva que la falta de reconocimiento del efecto de cosa juzgada puede ser el vehículo a través del cual se ocasiona ( STC 66/1986 , FJ 2), pero no es requisito necesario para su producción ( STC 154/1990 , FJ 3).

 La garantía material de no ser sometido a bis in idem sancionador, que, como hemos dicho, está vinculada a los principios de tipicidad y legalidad de las infracciones ( SSTC 2/1981 , FJ 4 ; 66/1986 , FJ 4 ; 154/1990, FJ 3 ; y 204/1996 , FJ 2), tiene como finalidad evitar una reacción punitiva desproporcionada ( SSTC 154/1990, de 15 de octubre , FJ 3 ; 177/1999, de 11 de octubre , FJ 3; y ATC 329/1995, de 11 de diciembre , FJ 2), en cuanto dicho exceso punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano de previsibilidad de las sanciones, pues la suma de la pluralidad de sanciones crea una sanción ajena al juicio de proporcionalidad realizado por el legislador y materializa la imposición de una sanción no prevista legalmente".

 Debemos señalar que tal motivo ya fue invocados por la otra entidad sancionada, FECIC, en el recurso nº 11/2013, resueltas por la Sentencia de esta Sección de fecha 4 de abril de 2014 , cuyos argumentos deben ser reiterados por razones de unidad de criterio.

 Decíamos entonces:

 " Comenzando por la primera de las alegaciones de la parte actora, esto es, la vulneración de los principios de cosa juzgada administrativa y non bis in idem, no puede decirse que la CNC ya valorase las conductas sancionadas y objeto de la actual impugnación en la anterior Resolución de 4 de octubre de 2010, de vigilancia del expediente 556/03. Frente a lo que se dice en la demanda acerca de que este expediente debe ser resuelto con los mismos criterios que se resolvió el anterior al ser los elementos coincidentes, olvidando la recurrente con tal modo de razonar que en la precedente Resolución de 4 de octubre de 2010 no se valoraron si las circulares remitidas por la actora y AICE fueran o no constitutivas de infracción anticompetitiva, cuestión ésta que excede del marco de un expediente de vigilancia que es el que terminó mediante la Resolución de 4 de octubre de 2010 que se limitó a determinar si se había cumplido o no la precedente Resolución de 13 de febrero de 2004.

 Sin embargo, ahora, lo que la Dirección de Investigación, tal y como pone de relieve la propia CNC en su resolución, propone al Consejo en el expediente de vigilancia 556/03 es que declare el incumplimiento de aquella otra Resolución de 2004 porque considera que no se ha llevado a cabo la intimación al cese de la conducta en tanto que las Circulares en cuestión son una reiteración de la conducta que fue sancionada en dicha Resolución. Lo que el Consejo resuelve respecto a esta propuesta no es que la remisión de las circulares en cuestión no sea constitutiva de infracción alguna de la LDC (fundamentalmente porque no podía hacerlo), sino que no se aprecian indicios del concreto incumplimiento que se proponía por el órgano instructor a efectos de incoarse el correspondiente procedimiento sancionador por infracción del artículo 62.4 c) de la LDC .

 En definitiva, una cosa es que no haya indicios de incumplimiento de una resolución y otra cosa es que, si se entiende que los hechos en cuestión pudieran ser constitutivos de una infracción anticompetitiva, se pueda incoar el correspondiente procedimiento sancionador para decidir, con todas las garantías, sobre tal cuestión en un marco distinto e independiente, que es lo que acontece con el análisis de las conductas que desde 2009 se vienen produciendo, incluyendo las Circulares, y cuya legalidad no había sido analizada sino hasta que se dicta precisamente la resolución objeto del actual recurso.(...)"

 QUINTO.- Por lo que respecta a las demás cuestiones planteadas, ya recibieron respuesta igualmente en la referida sentencia en los siguientes términos "Continúa la recurrente negando la existencia objetiva de la conducta sancionable basándose en que las Circulares ya fueron valoradas por el Consejo en su Resolución de 4 de octubre de 2010, reiterando que la Comisión SANDACH hizo una interpretación de la legislación reguladora de los MER y que las citadas Circulares no son sino el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

 Pero, y frente a lo que en la demanda se alega, la conducta en este caso consistió en recomendar a sus empresas asociadas que repercutiesen a los ganaderos los costes de retirada y eliminación de los MER mediante el envío de las circulares que justificaban la legalidad de dicha repercusión. Como se refleja en la Resolución el contenido de ambas circulares es el mismo variando únicamente el encabezamiento de la AICE y FECIC, ambas transcribían el Informe y comunicaban a los asociados que la repercusión a los ganaderos del coste de las operaciones de retirada y destrucción de los MER era legal, fomentando una pauta común de comportamiento al respecto.

 Como declarábamos en nuestra SAN de 29 de junio de 2011 , y así se recoge en la propia Resolución de la CNC, " ha resultado suficientemente probada la existencia de recomendación colectiva tendente a limitar la competencia en la libre formación de los precios. Tal conducta consiste en una acción coordinada tendente a eliminar la incertidumbre en el comportamiento del competidor... ".

 En definitiva, la Sala comparte las consideraciones acerca de la conducta enjuiciada que se contienen en la resolución impugnada cuando considera que tal conducta, por su contenido, enviar sendas Circulares por parte de AICE y FECIC defendiendo la legalidad de trasladar los costes de retirada de los MER , por su difusión, pues se dirigieron a todos sus asociados y por quien las efectúa, dos asociaciones representativas del sector, tiene por objeto propiciar el alineamiento en el comportamiento de las industrias cárnicas en su relación con los ganaderos y en lo que se refiere a la repercusión a éstos del repetido coste y, por ende, es apta para falsear la libre competencia, al facilitar la unificación de la conducta de empresas competidoras (...).

 Debe añadirse que lo que la resolución enjuicia, es la elaboración y difusión de las circulares, en tanto en cuanto vulneran la libre competencia, y que constituye, en todo caso, el límite al que la libertad de expresión debe quedar supeditada.

 SEXTO.- De lo anterior deriva la procedencia de desestimar el recurso con la paralela confirmación de la resolución impugnada por su conformidad a Derecho. De conformidad con el art. 139-1 de la LRJCA de 13 de julio de 1998, en la redacción dada por la reforma operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, debe condenarse a la parte recurrente al pago de las costas procesales.

F A L L A M O S

 En atención a lo expuesto la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido:

 DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS DE CARNE DE ESPAÑA (ANICE), antes AICE, contra la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 7 de noviembre de 2012, a que las presentes actuaciones se contraen y, en consecuencia, confirmar la resolución impugnada por su conformidad a Derecho. Con expresa imposición de costas a la parte actora.

 Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la misma no cabe recurso de casación, siguiendo las indicaciones prescritas en el artículo 248 de la Ley Orgánica 6/1985 , y testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 12/05/2016 doy fe.