Id. Cendoj: 28079230062016100173
ECLI: ES:AN:2016:1653
ROJ: SAN  1653/2016
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 187/2016
Fecha de Resolución: 27/04/2016
Nº de Recurso: 292/2013
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: ANA ISABEL RESA GOMEZ
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000292 / 2013

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 02815/2013

 Demandante: CAMPEZO CONSTRUCCIÓN S.A.

 Procurador: Dª MARÍA LUISA NOYA OTERO

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IIma. Sra.: Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a veintisiete de abril de dos mil dieciséis.

 Visto el recurso contencioso administrativo núm. 292/2013 que ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido CAMPEZO CONSTRUCCIÓN S.A., representada por la Procuradora Sra. Noya Otero frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 30 de abril de 2013, relativa a expediente sancionador por incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia, con una cuantía de 133.696¤, siendo Ponente la Iltma. Sra. Dª ANA ISABEL RESA GÓMEZ, Magistrada de la Sección, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO -. La representación procesal indicada interpuso recurso contencioso-administrativo ante esta Sala contra la Resolución de referencia mediante escrito de fecha 2 de julio de 2013. Por Decreto del Sr. Secretario se acordó tener por interpuesto el recurso, ordenando la reclamación del expediente administrativo.

 SEGUNDO .- En el momento procesal oportuno la representación procesal de la actora formalizó la demanda mediante escrito de 12 de noviembre de 2013 en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de rigor, termino suplicando se dicte sentencia por la que con estimación del recurso se anule la resolución impugnada.

 TERCERO .- El Abogado del Estado contestó a la demanda para oponerse a la misma, y con base en los fundamentos de hecho y de derecho que consideró oportunos, terminó suplicando la desestimación del recurso.

 CUARTO -. Solicitado el recibimiento del pleito a prueba, fue practicada la que propuesta se declaró pertinente con el resultado obrante en autos y tras evacuar las partes el trámite de conclusiones, quedaron los autos conclusos y pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 20 de abril de 2016 en el que efectivamente se deliberó, votó y falló, habiéndose observado en la tramitación del presente recurso todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO .- Es objeto de impugnación en este recurso contencioso-administrativo el acuerdo dictado por la Comisión Nacional de la Competencia el día 30 de abril de 2013 en el expediente sancionador S/0385/11 Campezo Construcciones contra la referida entidad, por supuestas prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).

 La resolución impugnada tiene la siguiente parte dispositiva:

 " PRIMERO.- Declarar que en este expediente ha resultado acreditada una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia , de la que es responsable CAMPEZO CONSTRUCCIÓN S.A., consistente en acordar de forma secreta el vencedor y la modificación de las ofertas económicas a presentar en licitaciones públicas para la conservación, mejora, renovación y rehabilitación de firmes y plataformas de carreteras.

 SEGUNDO.- Imponer a CAMPEZO CONSTRUCCIÓN S.A una multa sancionadora por importe de ciento treinta y tres mil seiscientos noventa y seis euros (133.696¤).

 TERCERO. - Instar a la Dirección de Investigación para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta Resolución."

 SEGUNDO -. Son datos fácticos a tener en cuenta para la resolución del presente contencioso, los siguientes:

 1.- Con fecha 19 de octubre de 2011 el Consejo de la CNC dictó resolución en el marco del expediente S/0226/10 considerando acreditada una infracción del artículo 1 de la LDC por parte de 47 de las empresas imputadas, entre ellas CAMPEZO ASFALTOS DE CASTILLA Y LEÓN, S.L. (anteriormente denominada OSCAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L.) y GRUPO CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.L. (como responsable solidaria), ambas pertenecientes al grupo CAMPEZO. En esta misma resolución, el Consejo de la CNC, acordó " instar a la Dirección de Investigación la incoación de expediente sancionador contra CAMPEZO CONSTRUCCIÓN, S.A. por su participación en los hechos que se describen en esta Resolución" ,

 2.- El 7 de noviembre de 2011 la Directora de Investigación acordó la incoación de expediente sancionador contra CAMPEZO CONSTRUCCIÓN, S.A., por la existencia de indicios de infracción del artículo 1 de la LDC , consistentes en su participación en acuerdos de reparto de licitaciones y fijación de precios de cara a concursos públicos para la rehabilitación y pavimentación de firmes y carreteras convocados en el territorio nacional y que tras la tramitación pertinente finalizó con la resolución ahora impugnada.

 En cuanto a la parte

 CAMPEZO CONSTRUCCIÓN, S.A. , es una empresa constructora perteneciente al 100% a GRUPO CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.L., radicada en Guipúzcoa, que se encarga de la explotación de plantas de aglomerado asfáltico y de hormigones, así como de la adquisición, explotación, rehabilitación de cualquier tipo de cantera y la fabricación, venta y colocación de productos químicos relacionados con el asfalto. Su matriz, GRUPO CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S . L . fue sancionada por RCNC de 19 de octubre de 2011, expediente S/0226/10, con una multa de 100.000 euros de forma solidaria con su filial CAMPEZO ASFALTOS DE CASTILLA Y LEÓN, S.L. (anteriormente denominada OSCAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L., OSCAL), por la participación de esta última en un cártel en relación con la licitación de PROVILSA (clave 4.1-BU-29), en UTE con CAMPEZO CONSTRUCCIÓN, S.A., empresa de su mismo grupo. La Resolución fue confirmada por SAN de 31 de enero de 2013 (recurso 0000557/2011 ).

 TERCERO.- La resolución impugnada después de analizar el marco normativo e indicar cuál es el mercado relevante, considera acreditados los siguientes hechos:

 CAMPEZO CONSTRUCCIÓN S.A. se presentó mediante una Unión Temporal de Empresas (UTE) con una empresa de su mismo grupo, CAMPEZO ASFALTOS DE CASTILLA Y LEÓN, S.L. (anteriormente denominada OSCAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L.), a la licitación de PROMOCIÓN DE VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURAS Y LOGÍSTICA, S.A. (PROVILSA), una empresa pública de la Junta de Castilla y León, convocada el 5 de marzo de 2009 para la conservación y modernización de carreteras "C- 15. BU-561 de Villarcayo (CL-629)-Santelices (BU-526), P.K. 0,000 a 20,200", con la clave 4.1-BU-29 (folio 177).

 El presupuesto máximo de dicha licitación se fijaba en 1.930.607,55 euros, siendo invitadas 11 empresas (tres de ellas formando UTE con otra) a presentar 8 ofertas económicas. La apertura de pliegos tuvo lugar el 25 de junio de 2009.

 Las 11 empresas licitantes (tres de ellas en UTE) fueron: CAMPEZO CONSTRUCCIÓN, S.A. (en UTE con CAMPEZO ASFALTOS DE CASTILLA Y LEÓN, S.L.), con oferta de 1.804.152,76 euros y baja del 6,55%; TEBYCÓN, S.A. con oferta de 1.805.118,06 euros y baja del 6,5%; EXCAVACIONES SAIZ, S.A. (en UTE con COMPAÑÍA GENERAL DE HORMIGONES Y ASFALTOS, S.A.) con oferta 1.775.000 euros y baja del 8,06%; MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A. con oferta de 1.810.909 euros y baja del 6,2%; CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE FIRMES CPA, S.A. con oferta de 1.773.263,03 euros y baja del 8,15%; PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE CASTILLA, S.A. con oferta de 1.785.554,65 euros y baja del 7,51%; ALARIO OBRA CIVIL, S.L. (en UTE con EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A.) con oferta de 1.787.742 euros y baja del 7,4%; y ASFALTOS DE LEÓN, S.A. con oferta de 1.882.342,36 euros y baja del 2,5%

 La ejecución de la obra fue adjudicada con fecha de 29 de julio de 2009 a la empresa CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE FIRMES CPA, S.A. con una oferta de 1.773.263,03 euros, equivalente a una baja del 8,15.

 La oferta vencedora de la empresa CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE FIRMES CPA, S.A. había sido previamente acordada en el marco de un cártel.

 Concretamente, de cara a esta licitación, se celebró una reunión el 16 de junio de 2009, en el Hotel Landa de Burgos, como acredita la Resolución del Consejo de la CNC del 19 de octubre de 2011 en el expediente S/0226/10 (folio 24).

 Como señala dicha Resolución, la existencia de dicha reunión ha sido reconocida por las empresas EXCAVACIONES SAIZ, S.A. y COMPAÑÍA GENERAL DE HORMIGONES, S.A. (folios 71 y 91). Asimismo, la existencia de la reunión y del acuerdo específico para el reparto de dicha licitación ha quedado acreditada por los siguientes medios:

 a) folio 219, documentación manuscrita aportada por el denunciante del expediente S/0226/10;

 b). folio 220, archivo Excel encontrado en la inspección de la sede de EXCAVACIONES SAIZ, S.A. realizada el 15 de octubre de 2009, denominado "REP. SUBASTAS RESTRINGIDAS.xlsx". Incluye los datos de la licitación de PROVILSA, 4.1-BU-29.BU- 561. Además, en este archivo queda reflejado el funcionamiento del cártel. En este documento se incluyen:

 i. el presupuesto de la licitación;

 ii. las bajas ofertadas por cada una de las empresas que se corresponden con las bajas que habrían realizado estas empresas de no alcanzar un acuerdo;

 iii. la baja acordada de 8,15%, que será la baja ofertada por la empresa que resultó adjudicataria de la licitación, CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE FIRMES CPA, S.A. (CPA).

 iv. dos fechas, 25 de enero y 25 de abril (correspondientes a las fechas de los pagarés que se acuerda emitir);

 v. el concepto "Diferencia", que se obtiene de multiplicar el presupuesto de la licitación por la diferencia entre la baja que habría ofertado el vencedor CPA de 28% y la baja decidida del 8,15%, dividido por 100;

 vi. el concepto "Suma Bajas (%)", resultado de sumar todas las bajas competitivas de cada empresa participante;

 vii. el concepto "Importe por punto", resultado de dividir la "Diferencia" entre la "Suma de Bajas". Así se obtiene la cantidad correspondiente a cada empresa por cada punto porcentual de su baja competitiva;

 viii. las cantidades a recibir por cada empresa por participar en la licitación modificando su baja, resultado de multiplicar el "Importe por Punto" por la baja competitiva de cada empresa. A mayor baja, mayor pago;

 ix. la suma de las cantidades a recibir por cada empresa, que coincide con la "Diferencia";

 x. junto a las fechas 25 de enero y 25 de abril aparecen las cantidades de 15.925,88 que se corresponden con la mitad de 31.851,75, cantidad que le correspondería recibir a EXCAVACIONES SAIZ, S.A. por participar en la licitación en UTE con COMPAÑÍA GENERAL DE HORMIGONES Y ASFALTOS.

 c . y folio 222, documento recabado en la Inspección de fecha 15 de octubre de 2009 de la sede de CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE FIRMES CPA, S.A. En él se hace referencia manuscrita a la reunión de 16 de junio de 2009.

 Durante la mencionada reunión, cada una de las empresas participantes en esta licitación habría informado a las demás de la oferta económica, concretamente de la baja, que tendría preparada para participar en la licitación, llegando a la conclusión de que la empresa adjudicataria de esta obra, en condiciones competitivas, habría sido CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE FIRMES CPA, S.A., con una baja del 28%.

 Fijada la baja vencedora (8,15%) se procedería a calcular la diferencia entre el presupuesto inicial vencedor y el nuevo presupuesto, obteniéndose la cantidad a repartir y la parte correspondiente a cada una de las participantes. La cantidad total a repartir entre las once empresas participantes en esta licitación (seis de ellas en tres UTE), pertenecientes al cartel, por modificar sus ofertas económicas sería de 383.225,60¤. Esto queda acreditado en el archivo Excel de EXCAVACIONES SAIZ, S.A. denominado "REP. SUBASTAS RESTRINGIDAS.xlsx", mencionado anteriormente.

 El método para asegurar el pago de las cantidades acordadas era la emisión por parte de la futura empresa adjudicataria (en este caso de CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE FIRMES CPA, S.A.) de pagarés por valor de la cantidad correspondiente a cada empresa.

 Existe referencia a los mencionados pagarés en el archivo Excel de EXCAVACIONES SAIZ, S.A. denominado "REP. SUBASTAS RESTRINGIDAS.xlsx." citado anteriormente, así como en encontrado en la inspección realizada el 15 de octubre de 2009 en la sede de CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE FIRMES CPA, "PREV. JEFE. C. ELEC.xls"(folio 222).

 En este último archivo Excel aparece el valor de los pagarés relacionados con la licitación de PROVILSA con vencimiento de enero de 2010. El total de "los vencimientos de PROVILSA" de enero de 2010 incluidos en este archivo, 157.310,93 euros, coincide con el 50% de la cantidad a repartir entre las empresas participantes en la licitación 4.1-BU-29 de PROVILSA recogida en el archivo Excel de EXCAVACIONES SAIZ, S.A. "REP.SUBASTAS RESTRINGIDAS.xls" de 383.225,60 euros minorada por la cantidad correspondiente a la propia CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE FIRMES CPA, S.A. por participar en el cartel y modificar también su oferta, 68.603,78 euros.

 Existe además fotocopia de los dos pagarés con vencimientos 25 de enero de 2010 y 25 de abril de 2010 emitidos por CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE FIRMES CPA, S.A. a CAMPEZO CONSTRUCCIÓN, S.A. (folio 218). Cada uno de estos pagarés tienen un valor de 29.597,63 euros, valor que coincide con la mitad de la cantidad correspondiente a CAMPEZO ASFALTOS DE CASTILLA Y LEÓN, S.L. (anteriormente denominada OSCAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L.) y CAMPEZO CONSTRUCCIÓN, S.A. por su participación mediante UTE en la licitación de PROVILSA, conforme a lo que aparece en el archivo Excel de EXCAVACIONES SAIZ, S.A. "REP.SUBASTAS RESTRINGIDAS.xls". Dicha cantidad también aparece en el archivo Excel de CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE FIRMES CPA, S.A. denominado "PREV.JEFE.C.ELEC.xls".

 En resumen, la licitación pública 4.1-BU-29 (BURGOS) "C-15. BU-561 de Villarcayo (CL-629)-Santelices (BU-526), P.K. 0,000 a 20,200", con presupuesto máximo de 1.930.607,55 euros, de no haber sido acordada la modificación de las ofertas económicas por el cártel, habría sido adjudicada a CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE FIRMES CPA, S.A. con una baja de 28% y presupuesto de 1.390.037,44 euros, mientras que a consecuencia del acuerdo de colusión, la empresa vencedora continuó siendo CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE FIRMES CPA, S.A., pero con una baja de 8,15% y un presupuesto de 1.773.263,03 euros, siendo la diferencia entre ambas ofertas, 383.225,60 euros. Esta cantidad fue repartida entre las ocho empresas participantes en esta licitación (once considerando las tres UTE), entre ellas CAMPEZO CONSTRUCCIÓN, S.A. y CAMPEZO ASFALTOS DE CASTILLA Y LEÓN, S.L. (anteriormente denominada OSCAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L.).

 CUARTO.- En la demanda se combate la resolución impugnada sobre la base de los siguientes motivos: a) Infracción del principio jurídico "non bis in ídem" pues la incoación se realiza por los mismos hechos y conductas por los que fue sancionada la empresa del mismo grupo Campezo Asfaltos de Castilla y León SL, en el expediente S/0226/10 y b) Vulneración del principio de presunción de inocencia.

 Empezando por la alegada infracción del principio jurídico "non bis in ídem" hemos de partir de la jurisprudencia comunitaria sobre esta materia, que comparte valores comunes, como no podía ser de otra manera, con los distintos Tribunales llamados a tratar la incidencia de la prohibición de la doble sanción al mismo sujeto, por unos mismos hechos.

 Así, el apartado 598 de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (STPI) de 18 de junio de 2008, asunto Hoescht T-410/03 , nos recuerda con carácter general que "El principio non bis in idem, también recogido en el artículo 4 del Protocolo nº 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, constituye un principio fundamental del Derecho comunitario cuyo respeto garantiza el órgano jurisdiccional ( sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 2006, SGL Carbon/Comisión, C-308/04 P, Rec. p. I-5977, apartado 26), para añadir en el apartado 600 que "Más concretamente, el Tribunal de Justicia ha recordado que la aplicación del principio non bis in idem está supeditada a un triple requisito de identidad de los hechos, unidad de infractor y unidad de interés jurídico protegido. El citado principio prohíbe, por tanto, sancionar a una misma persona más de una vez por un mismo comportamiento ilícito con el fin de proteger el mismo bien jurídico (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 145 supra, apartado 338).

 En esta misma línea, aunque con matices relevantes para este caso, nuestro Tribunal Constitucional, siguiendo al TEDH, recuerda en la STC 2/2003 de 16 de enero , Pleno, que: "desde la STC 2/1981, de 30 de enero , hemos reconocido que el principio non bis in idem integra el derecho fundamental al principio de legalidad en materia penal y sancionadora ( art. 25.1 CE ) a pesar de su falta de mención expresa en dicho precepto constitucional, dada su conexión con las garantías de tipicidad y de legalidad de las infracciones. Así, hemos declarado que este principio veda la imposición de una dualidad de sanciones "en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento" ( STC 2/1981 , FJ 4; reiterado entre muchas en las SSTC 66/1986, de 26 de mayo, FJ 2 ; 154/1990, de 15 de octubre , FJ 3 ; 234/1991, de 16 de diciembre , FJ 2 ; 270/1994, de 17 de octubre, FJ 5 ; y 204/1996, de 16 de diciembre , FJ 2).

 La garantía de no ser sometido a bis in idem se configura como un derecho fundamental ( STC 154/1990, de 15 de octubre , FJ 3), que, en su vertiente material, impide sancionar en más de una ocasión el mismo hecho con el mismo fundamento, de modo que la reiteración sancionadora constitucionalmente proscrita puede producirse mediante la sustanciación de una dualidad de procedimientos sancionadores, abstracción hecha de su naturaleza penal o administrativa, o en el seno de un único procedimiento (por todas, SSTC 159/1985, de 27 de noviembre , FJ 3 ; 94/1986, de 8 de julio , FJ 4 ; 154/1990, de 15 de octubre, FJ 3 ; y 204/1996, de 16 de diciembre , FJ 2). De ello deriva que la falta de reconocimiento del efecto de cosa juzgada puede ser el vehículo a través del cual se ocasiona ( STC 66/1986 , FJ 2), pero no es requisito necesario para su producción ( STC 154/1990 , FJ 3).

 La garantía material de no ser sometido a bis in idem sancionador, que, como hemos dicho, está vinculada a los principios de tipicidad y legalidad de las infracciones ( SSTC 2/1981 , FJ 4 ; 66/1986 , FJ 4 ; 154/1990, FJ 3 ; y 204/1996 , FJ 2), tiene como finalidad evitar una reacción punitiva desproporcionada ( SSTC 154/1990, de 15 de octubre, FJ 3 ; 177/1999, de 11 de octubre , FJ 3; y ATC 329/1995, de 11 de diciembre , FJ 2), en cuanto dicho exceso punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano de previsibilidad de las sanciones, pues la suma de la pluralidad de sanciones crea una sanción ajena al juicio de proporcionalidad realizado por el legislador y materializa la imposición de una sanción no prevista legalmente".

 De acuerdo con la jurisprudencia citada, este principio general del derecho vedaría a la CNC la posibilidad de sancionar de nuevo si existe identidad de sujetos, hechos y fundamento jurídico entre este expediente sancionador y el expediente S/0226/10, Licitaciones de Carreteras. Ahora bien, en este caso, no se produce esta triple identidad, en particular, porque no existe identidad en los sujetos, esto es, en aquel expediente no fue sancionada CAMPEZO CONSTRUCCIÓN S.A.

 En el expediente sancionador S/0226/10 fueron imputadas CAMPEZO ASFALTOS DE CASTILLA Y LEÓN S.L. y su matriz, Grupo CAMPEZO DE OBRAS Y SERVICIOS S. L., y fue sancionada la primera declarándose responsable solidaria del pago de la multa a la segunda, prueba de ello es que tal y como se recoge en la Resolución de este Consejo de 19 de octubre de 2011, expediente S/0226/10, el Grupo Campezo alegó entonces a la Propuesta de Resolución de la DI que fue CAMPEZO CONSTRUCCIÓN S.A., que no estaba imputada en aquel expediente, la empresa que realmente participaba en la UTE con CAMPEZO ASFALTOS DE CASTILLA Y LEÓN S.L. y no su matriz (folio 110).

 Por otra parte, la Sentencia de esta Sección de fecha 31 de enero de 2013 por la que se desestima el recurso nº 557/2011 interpuesto por Campezo Asfaltos de Castilla y León SLU y Grupo Campezo Obras y Servicios, S.L. contra la resolución de la CNMC de fecha 19 de octubre de 201, recaída en el expediente S/0226/10 , en su fundamento de derecho segundo y partiendo de los antecedentes de hecho de la resolución impugnada señala:

 "1.12. CAMPEZO ASFALTOS DE CASTILLA Y LEÓN, S.L. (anteriormente denominada OSCAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L., OSCAL). Empresa constructora con sede en Palencia, especializada en construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería (puentes, túneles, etc.), así como la explotación de plantas de aglomerado asfáltico y de hormigones. El accionista único es Grupo Campezo Obras y Servicios SL (100%). El 15 de octubre de 2009 fue inspeccionada por la CNC.

 1.34. GRUPO CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.L. (CAMPEZO). Empresa matriz del Grupo Campezo, con sede en San Sebastián. Sus principales accionistas son Calcinor Construmat SL (51% del capital social) y Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras SA (44% del capital social). Las empresas que constituyen este grupo empresarial son: Campezo Asfaltos de Castilla y León SL (100%), también imputada en este expediente, Campezo Participadas SL (100%), Proyectos y Obras PABISA SA (100%), Campezo Construcción S.A. (100%), Campezo Medio Ambiente SA (99,99%) y GUIPASA SA (99,99%). La sede de esta empresa fue inspeccionada por la CNC el 15 de octubre de 2009. Campezo Construcción S.A ha participado en una de las licitaciones investigadas en este expediente en UTE con CAMPEZO ASFALTOS DE CASTILLA Y LEÓN, S.L. aunque no ha sido imputada."

 Es decir, la propia sentencia reconoce que aun cuando la ahora actora ha participado en una de las licitaciones investigadas, lo que será objeto de tratamiento en el fundamento jurídico siguiente, no ha sido imputada, lo que impide apreciar la infracción del principio invocado. El hecho de que ambas empresas pertenezcan, a un mismo grupo empresarial -Grupo Campezo Obras y Servicios, S.L. (Campezo)-, no significa que estemos en presencia de una única entidad, pues todas las componentes de dicho grupo conservan su propia personalidad jurídica y como tales, responden de sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de la empresa matriz, por lo que el presente motivo debe ser desestimado.

 QUINTO .- Y en cuanto a la alegación de vulneración del principio de presunción de inocencia, no podemos sino traer a colación el criterio ya sostenido en la referida sentencia de 31 de enero de 2013, recurso 557/11 , donde idénticas cuestiones a las ahora planteadas fueron resueltas en el siguiente sentido:

 "En concreto, se trata aquí de la licitación 4.1 -BU-29 (BURGOS) con un presupuesto de 1.930.607,55 euros.

 Según la Resolución impugnada la oferta vencedora de CPA habría sido acordada por el cártel en la reunión del 16 de junio de 2009, celebrada en el Hotel Landa de Burgos. Las bajas que cada empresa habría presentado están recogidas en la documentación manuscrita aportada por el denunciante y en el Archivo Excel de todo Excavaciones Saiz (folio 1106), figurando en el Excel que la empresa adjudicataria de esta obra, CPA habría presentado una baja del 28%.

 CAMPEZO ASFALTOS DE CASTILLA Y LEÓN, S.L. (anteriormente denominada OSCAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L.), ha participado en una licitación (4.1-BU-29) en UTE con CAMPEZO CONSTRUCCIÓN S.A. Su identidad aparece reflejada en documentación que acredita la colusión en dicha licitación y que revela su participación en la reunión de 16 de junio de 2009. Consta asimismo acreditado que CPA realizó pagos a CAMPEZO (HP 6.1).

 La parte alega que la oferta presentada por CAMPEZO CONSTRUCCIÓN S.A. y OSCAL en UTE ante PROVILSA fue presentada por D.            Domingo el 17 de junio de 2009, después de que se le hubieran revocado los poderes el 13 de mayo de 2009. Insinúan que este señor pudiera haber conspirado esta maniobra con el denunciante.

 CAMPEZO ASFALTOS DE CASTILLA Y LEÓN, S.L. (anteriormente denominada OSCAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L.), ha participado en una licitación (4.1-BU-29) en UTE con CAMPEZO CONSTRUCCIÓN S.A. Su identidad aparece reflejada en documentación que acredita la colusión en dicha licitación y que revela su participación en la reunión de 16 de junio de 2009. Consta asimismo acreditado que CPA realizó pagos a CAMPEZO (HP 6.1).

 La parte alega que la oferta presentada por CAMPEZO CONSTRUCCIÓN S.A. y OSCAL en UTE ante PROVILSA fue presentada por D.            Domingo el 17 de junio de 2009, después de que se le hubieran revocado los poderes el 13 de mayo de 2009. Insinúan que este señor pudiera haber conspirado esta maniobra con el denunciante.

 Este relato merece ciertas puntualizaciones. Lo que CAMPEZO ha acreditado es que, en una determinada fecha a una nutrida lista de personas -incluido el Sr.            Domingo , pero también el Sr.            Nicanor que en la fecha de la inspección seguía siendo Director Financiero del Grupo Campezo, folio 188- le fueron revocados los poderes de representación de la empresa CAMPEZO CONSTRUCCIÓN S.A. Sin embargo, a pesar del requerimiento del Consejo CAMPEZO, no se ha completado esta prueba de descargo poniendo de manifiesto si con posterioridad a dicho acto se le renovaron a esta persona los poderes de representación en esta empresa del grupo o en otra, lo que la habría permitido presentar la oferta.

 Además, tales afirmaciones resultan cuanto menos chocantes por cuanto viene a decir CAMPEZO que un empleado suyo, pretendidamente sin poderes, no le representa y además se presenta a un concurso firmando en nombre de la empresa, superando los trámites administrativos, entre ellos el bastanteo de poderes por la Abogacía del Estado, a sus espaldas. Ciertamente no resulta de recibo esta afirmación, pues ¿acaso se quiere decir que CAMPEZO no se extrañó cuando recibió notificaciones, o vio publicado su nombre en un concurso al que había sido invitado, y al que se presentó sin su conocimiento?. Resulta cuando menos extraño que una persona sin poderes elabore y presente una oferta a una subasta administrativa en nombre de dos empresas de grupo sin que nadie del grupo lo advierta. Tal grado de negligencia, de ser posible, solo puede ser considerado culpable. En este contexto parece lógico que no se haya cumplimentado debidamente la propia prueba propuesta para intentar ocultar, tras una débil cortina de humo, el hecho incontestable que todos los actos en relación con el concurso público al que se refiere, fueron realizados con el consentimiento de la empresa y, en definitiva, que la alegación exculpatoria resulta inverosímil.

 CAMPEZO sostiene que los pagarés se emitieron, pero según la prueba practicada ante la Dirección de Investigación, en vez de hacerse a nombre de CAMPEZO S.A., el Banco Gallego emitió a nombre de CPA pagarés por los importes que se imputan a CAMPEZO, pero en blanco. También alega la parte que no tiene constancia de que tales pagarés se cobraran o descontaran en el Banco Gallego. Considera que han podido ser manipulados y se recuerda en este sentido la querella admitida a trámite contra el denunciante.

 En primer lugar, el hecho de que se emitieran en blanco no resta validez a la prueba aportada por el denunciante: en las fotocopias de los pagarés se aprecia el nombre de CAMPEZO escrito a mano (folio 6).

 En segundo lugar, este relato no deja de suponer de manera implícita un reconocimiento por la parte de que los pagarés concernientes al acuerdo colusorio se emitieron. El resto de partes en el acuerdo y, en concreto, CPA, actuaron además en la confianza de que CAMPEZO formaba parte del mismo. El pago acordado CAMPEZO por parte de CPA fue realizado en el marco de los acuerdos colusorios descritos, todo ello sin perjuicio de los pleitos que entre CAMPEZO y su apoderado (o ex apoderado) puedan mediar. Por otra parte, el hecho de que no haya constancia que esos pagos fueran descontados en el Banco Gallego no supone que no se hiciera en otra entidad.

 A la vista de todo ello, puede concluirse que CAMPEZO ASFALTOS DE CASTILLA Y LEÓN, S.L. es responsable de la infracción por su participación en el acuerdo ilícito relativo a la licitación 4.1-BU-29. (...)

 5. La conducta por la que se sanciona a la ahora recurrente, que la CNC entiende tipificada en el art. 1 de la Ley 15/2007 es la participación en la organización de un mecanismo para acordar ofertas en las licitaciones públicas de conservación, mejora, renovación y rehabilitación de firmes y plataformas. Este mecanismo de coordinación operaba en licitaciones organizadas en base al procedimiento restringido; entre las empresas invitadas a presentar oferta económica se producían contactos y reuniones, que tenían por objeto analizar, para una o varias licitaciones, las ofertas que las empresas invitadas a cada una de ellas tenían previsto presentar en condiciones competitivas.

 Conocidas las bajas competitivas y la empresa que habría resultado vencedora sin acuerdo, se mantiene a la misma pero se acuerda una nueva baja para el vencedor mucho más reducida que la que habría ofertado en condiciones de competencia. El resto de empresas realizarían ofertas con bajas inferiores a la acordada para la vencedora. No se ha establecido si existe algún método sistemático para calcular la nueva baja a ofertar por la empresa adjudicataria, pero en todos los casos sería más reducida que las bajas competitivas recogidas en los documentos manuscritos de las reuniones.

 CAMPEZO ha participado en una licitación en UTE con CAMPEZO CONSTRUCCIÓN S.A. Su identidad aparece reflejada en la documentación que acredita la colusión en dicha licitación y revela su participación en la reunión de 16 de junio de 2009. Consta asimismo acreditado que CPA realizó pagos a CAMPEZO. (...)

 Las pretendidas alegaciones exculpatorias de la actora siguen hasta el momento sin acreditar, particularmente las pretendidas maniobras o conspiraciones de terceras personas.

 Los pagarés fueron emitidos, si bien según la prueba practicada ante la Dirección de Investigación, en lugar de hacerse a nombre de la recurrente, el Banco Gallego los emitió a nombre de CPA, pero en blanco, lo que no resta validez a la prueba aportada en su día por el denunciante ya que en las fotocopias de los pagarés se aprecia el nombre de CAMPEZO escrito a mano.

 Como acabamos de decir en nuestra SAN de 24 de enero de 2013 (recurso nº 695/2011 ): "El punto de partida para valorar la conducta de la actora es que se ha presentado a una licitación pública en UTE con otra empresa, siendo la baja a formular uno de los elementos más importantes en la licitación, y habiéndose acreditado que EXTRACO en la licitación litigiosa (4.1-BU-29) participó en la conducta contraria al artículo 1 LDC y apareciendo el nombre de la recurrente junto con el de EXTRACO en los documentos producidos a raíz de la reunión de 16 de junio de 2009 (folio 7 y 1106). Si a esto se suma que su nombre aparece en solitario en la hoja Excel hallada en la inspección en la sede de CPA, ganadora de la licitación 4.1-BU-29 la Sala considera que la Administración ha establecido un conjunto probatorio que acredita no solo su participación en la infracción sino la concurrencia del elemento subjetivo de la infracción, siendo responsable al menos a título de negligencia.

 Por su parte, la actora, no ha practicado prueba en contrario, limitándose a formular alegaciones sobre su falta de conocimiento de la conducta de EXTRACO. El hecho de que la UTE no se formalice sino una vez resultado adjudicataria no constituye, en contra de lo que alega la recurrente, una causa de exención de responsabilidad: la configuración legal de esta figura no exige que la empresa que se presenta en UTE con otra a una licitación la "vigile" como alega la actora, pero si supone el que la oferta presentada la realicen ambas, y el que se firmase el compromiso el mismo día en que se realizó la reunión de Burgos no exime de responsabilidad a la recurrente máxime cuando aparece nominalmente, y separada de Extraco en uno de los documentos relevantes .

 Por otra parte, y en contra de lo que igualmente sostiene la actora, si se ha acreditado la existencia de un acuerdo colusorio en la licitación de PROVILSA: en el conjunto del expediente se acreditó la conducta por medio de la documentación entregada por el denunciante, la documentación hallada en los registros de sedes de empresas, consistente con la anterior, los documentos y archivos excel localizados en lugares diferentes y que guardan total coherencia y relación unos con otros. A esto se suma el propio resultado de las licitaciones, las bajas ofertadas coinciden con las que aparecen en la documentación aportada o incautada. Yario por valor de 11.453,38 euros, precisamente la mitad del total que le correspondería por aplicación de los cálculos sobre el exceso obtenido gracias al acuerdo ilícito en relación con la baja que se pretendía ofrecer, y a tales efectos es irrelevante el que la CNC no haya acreditado que fuese cobrado. La mera existencia del pagaré, efectivamente, no habría acreditado la participación de la actora en el cartel, pero junto a este, se encuentran los demás indicios que sumados, permiten concluir su responsabilidad por la infracción litigiosa.

 Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, contenida en reiteradas sentencias (174/1985 , 175/1985 , 229/1988 ), y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias de 18 de noviembre de 1.996 , 28 de enero de 1.999 y 6 de marzo de 2.000 ) puede sentarse que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria. Para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales: los indicios han de estar plenamente probados -no puede tratarse de meras sospechas- y se debe explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el imputado realizó la conducta infractora; pues, de otro modo, ni la subsunción estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el producto deductivo es arbitrario, irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al estimar que la actividad probatoria puede entenderse de cargo."

 Esos mismos razonamientos nos llevan a declarar cumplidas las mismas exigencias respecto de la participación de CAMPEZO en los hechos investigados, los mismos que en aquella otra sentencia analizábamos en relación precisamente con idéntica licitación (4.1 -BU-29)."

 SEXTO.- Por tanto habiéndose planteado el presente recurso en términos totalmente idénticos a los resueltos en el recurso nº 557/11, no cabe sino llegar a la misma conclusión y proceder, en consecuencia a su desestimación y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a la parte actora.

 Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente

FALLAMOS

 Que debemos DESESTIMAR el recurso interpuesto por la representación procesal de CAMPEZO CONSTRUCCIÓN S.A. contra la resolución de la CNMC de fecha 30 de abril de 2013, a la que la demanda se contrae que declaramos ajustada a Derecho. Se imponen las costas a la parte actora.

 Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la misma no cabe recurso de casación, siguiendo las indicaciones prescritas en el artículo 248 de la Ley Orgánica 6/1985 , y testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 12/05/2016 doy fe.